Siete de los ocho concejales de Conchalí, encabezados por el UDI Rubén Carvacho, pidieron al Tribunal Electoral destituir al alcalde Rubén Malvoa (RN) por notable abandono de deberes y por haber agotado los $1.100 millones de presupuesto de la Corporación Municipal de Educación Salud y Atención de Menores (Coresam). El déficit financiero provocó un paro de funcionarios de la salud por 10 días en protesta por no recibir los sueldos de abril y sus cotizaciones desde marzo. Lo peor es que ya no quedan recursos para solventar las remuneraciones de los trabajadores por el resto del año. La gestión de Malvoa está en la mira. Perdió un proyecto adjudicado por US$ 1millón para la construcción de un centro cultural y concejales denuncian la existencia de una bodega repleta de ayuda para damnificados por el terremoto que no ha sido entregada. De fondo, las acusaciones cruzadas entre adherentes y detractores del alcalde que incluso han terminado a los golpes. Hoy, Conchalí es una olla de presión a punto de estallar.

Como todos los miércoles, este 3 de junio a las 10:30 estaba programada una nueva sesión del concejo municipal de Conchalí. En la añosa casona de estilo colonial donde funciona el edificio consistorial se rumoreaba con fuerza que el alcalde Rubén Malvoa (RN) no aparecería. Desde febrero que no asistía y sus detractores creían que no se atrevería a dar la cara, luego de que siete de los ocho concejales solicitaran sus destitución al Tribunal Electoral y de que agudizara la polémica despidiendo a las secretarias de todos los concejales.

Por eso a muchos les extrañó ver la presencia del alcalde, que aparecía después de cuatro meses de vacaciones, licencias médicas, días administrativos y una que otra esporádica visita. Lo esperaba un ambiente tenso. Afuera, un puñado de vecinos levantaba sus pancartas con frases como “¡Malvoa no lo piense más, renuncia!” o “¡Cultura de Conchalí, Q.E.P.D!”.

La reunión se inició según lo presupuestado en el acta. Primero se leyó un informe de la Contraloría General de la República sobre los movimientos financieros del municipio y luego se fueron sucediendo los temas hasta que, sorpresivamente, el golpe que una detractora del alcalde dio a uno de sus adherentes volvió la situación inmanejable. El intercambio de gritos y manotazos bastaron para que segundos más tarde Malvoa suspendiera la reunión por falta de garantías.

Para el concejal UDI Rubén Carvacho, archienemigo de Malvoa, esta acción fue un nuevo argumento para cuestionar al alcalde: “El patrón de fundo que tenemos en la comuna, vino, estuvo un rato, suspendió la sesión porque algo le molestó y se fue. Pero el problema sigue”.

A raíz de aquel incidente, al concejo pactado para el 9 de junio llegaron fuerzas policiales a custodiar el lugar. La decisión fue tomada por la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, la cual decretó una medida de protección para preservar la seguridad de los asistentes a los concejos municipales. La orden se extiende por 60 días y se mantendrá en evaluación. Dicha maniobra no fue bien recibida por los concejales, quienes nunca se enteraron de aquella resolución y decidieron suspender el concejo antes de que se iniciara. Según cuenta Carvacho, la sesión no podía desarrollarse “por falta de garantías democráticas”. Además, anuncia la presentación de una querella por malversación de los fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP)

Conchalí, una de las comunas más populares de Santiago, es hoy una olla a presión. Históricamente se ha caracterizado por tener organizaciones comunales fuertes y una tradición política diversa, pero más ligada a la centro-izquierda. La disputa alcaldicia había sido siempre entre la Concertación y la UDI, tal como lo explica el administrador municipal entre el periodo 2003 a 2007, Alejandro Vargas: “En tiempos de la dictadura militar, hubo un bastión de trabajo popular importante por parte de la UDI que hasta ahora les había permitido pelear por la alcaldía”.

También es una tradición la batalla por las finanzas municipales. Así ocurrió en el periodo 2000-2004, cuando la alcaldesa UDI Pilar Urrutia y su antecesor, el PPD Carlos Sottolichio, se enfrascaron en una dura disputa por el manejo financiero de la comuna. Ya entonces los concejales de la Concertación culpaban a la alcaldesa de acumular un déficit de $1.300 millones en la Corporación Municipal de Ecuación, Salud y Atención de Menores (Coresam), mientras el municipio denunciaba irregularidades en la gestión anterior. Paradójicamente y con guerrilla de por medio, tras la muerte de Urrutia, fue Sottolichio quien la reemplazó en el cargo.

Sin embargo, en las últimas elecciones municipales de octubre de 2008, fue el RN Rubén Malvoa –yerno de la alcaldesa UDI de Renca, Vicky Barahona y esposo de la diputada (RN) Karla Rubilar– quien rompió con la tradición y destronó a Carlos Sottolichio por apenas mil votos. Comenzaba así una larga lucha y acusaciones cruzadas por supuestos conflictos de interés, mala gestión, gastos innecesarios, pérdida de proyectos e incluso acumulación de insumos para la ayuda de damnificados del terremoto en bodegas municipales

LA ACUSACIÓN ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL

Rubén Malvoa lleva un año y cinco meses como alcalde de Conchalí. A la fecha, entre licencias médicas, vacaciones y días administrativos se ha ausentado 54 días hábiles. La gente que acude con regularidad al municipio reclama que rara vez se le ve: “El alcalde es un fantasma, yo entiendo que él es joven y que está recién comenzando pero cuando uno tiene estos cargos tiene que mostrar interés. Él simplemente no aparece”, relata la presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores, Mariela Cáceres.

La acusación que realizaron siete de los ocho concejales al Tribunal Electoral es por notable abandono de deberes y gastar el presupuesto anual de la Coresam -que asciende a $1.100 millones-, dinero que se utilizó para saldar sueldos, cotizaciones previsionales, compromisos de trabajadores con entidades financieras que se les habían descontado de la planilla pero no cancelado e indemnizaciones de profesores para su jubilación.

Sobre el origen de la deuda, hasta ahora no hay forma de cuadrar la caja entre las denuncias de sus detractores y las explicaciones del alcalde. Uno de los argumentos de Malvoa para defenderse de las acusaciones en su contra es la deuda con que se le entregó el municipio el 2008. Según el alcalde, la gestión de Sottolichio dejó un déficit que supera los $4.000 millones.

Un memorándum elaborado por la directora de administración y finanzas del municipio, Mirencho Videla, señala que “en ningún informe de esta Dirección hemos indicado un déficit de $4.000 millones”. De acuerdo a Videla, el déficit del presupuesto municipal para el año 2009 (fecha en que asume Malvoa) era cercano a los $1.700 millones. A este monto Malvoa suma los $1.900 millones que adeudaría la Coresam y $1.200 millones correspondientes a la deuda histórica de los profesores. En total, la deuda estimativa asciende a unos $4.700 millones

El ex alcalde Sottolichio sólo reconoce haber dejado una deuda flotante (compromisos pendientes) por $400 millones, más otros $300 millones de la Coresam. El ex secretario general Fernando Echeverría y el ex jefe de finanzas Fernando Liberona, de la anterior administración, apoyan dicha tesis pero dicen no tener un balance que permitan ver con claridad estas cifras.

El 20 de julio de 2009, el alcalde de Conchalí contrató los servicios de la empresa Direct Media para realizar una auditoría financiera a la Corporación Municipal de Educación Salud y Atención de Menores entre el periodo 2004 a 2008. En este informe se basa su defensa. Los resultados de la auditoría de Direct Media aparecen también en un informe que la Contraloría emitió el 1 de junio recién pasado, lo que fue presentado en el último concejo como una validación de la defensa de Malvoa por parte del organismo contralor. Sin embargo, en la Contraloría aclaran que los datos sólo fueron citados y que para validarlos se necesitaría hacer una larga auditoría.

Los concejales que pidieron la destitución de Malvoa desconfían del informe de Direct Media. La empresa se especializa en el rubro de las encuestas electorales en la Quinta Región, específicamente del partido al cual pertenece el alcalde, Renovación Nacional. Si bien se pudo constatar que la auditoría efectivamente se realizó, no queda claro con qué experiencia cuenta dicha empresa en el área de auditorías financieras. En su página web no aparece tal servicio y todas las licitaciones que se ha adjudicado en ChileCompra han sido por encuestas telefónicas. Consultado por CIPER, Juan Ignacio Sánchez, representante de la empresa, afirmó que hace sólo un mes dejaron de ofrecer el servicio de auditoría, y declinó precisar qué otros clientes han tenido, argumentando que son demasiados.

Es importante señalar que en el documento entregado por Direct Media, queda consignado que la colaboración por parte de la corporación para realizar la auditoría fue escasa, lo cual resta validez al proceso de recopilación de información y a las conclusiones finales del informe, tal como lo señala el escrito: “Resulta insuficiente realizar la entrega de un opinión asertiva y competente, por cuanto pese a las reiteradas insistencias, fue imposible acceder a la información que se requirió”.

SIN FONDOS PARA PAGAR LOS SUELDOS

Más allá de las responsabilidades individuales, las deudas existen y gatillaron una gran crisis a nivel comunal. El lunes 3 de mayo alrededor de 400 funcionarios de la salud decidieron ir a paro por el no pago de sus remuneraciones del mes de abril y problemas con las cotizaciones que se arrastraban desde marzo. Además, se les descontaba por planilla las deudas que tenían con distintas entidades, sin que la corporación hubiera cancelado dichos montos, por lo que muchos trabajadores cayeron en Dicom y otros no pudieron optar a créditos.

El problema es más grave aún. Al interior de la misma corporación admiten que no tienen recursos para solventar los sueldos de los trabajadores a partir de julio. El encargado de la Comisión de Salud del concejo, Ricardo Montero, admite la incertidumbre que se vive por la situación: “Nosotros no tenemos un peso para traspasarle a la corporación. Entregamos todo el presupuesto del año y eso se gastó en los sueldos de los trabajadores. No sabemos qué va pasar con los siete meses que quedan del año”.

El concejo municipal aceptó traspasar la totalidad de los fondos del año para saldar la deuda y finalizar con el paro. Sin embargo, hubo un hecho previo que encendió las alarmas del concejo y sentó un precedente para lo que vendría: “Nosotros aprobamos el presupuesto del 2010 por $1.100 millones. Cuando aprobamos este presupuesto, dijimos que aprobábamos las platas de los tres primeros meses y que después ellos tenían que dar una cuenta financiera. Nos fuimos en febrero, y cuando volvimos, nos encontramos con la noticia de que le habían entregado tres cuotas adicionales sin nuestro consentimiento”, argumenta el concejal Montero.

Un informe emitido por la Contraloría General de la República, constató la irregularidad: “La Municipalidad de Conchalí infringió el acuerdo del concejo municipal Nº 120 de 2009, que aprobó el otorgamiento de un aporte anual condicionado a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Conchalí, toda vez que efectuó tres nuevos traspasos en enero y febrero de 2010, sin la condición estuviera cumplida”.

El desorden y las faltas que se han cometido en el municipio de Conchalí mantienen a los trabajadores en una incómoda posición. No tienen estabilidad laboral y nadie les asegura que a fin de mes tendrán su sueldo para solventar sus gastos y el de sus familias.

La presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Salud, Marcela Navarro, compartió con CIPER su incertidumbre:

-Sentimos miedo, la gente se pregunta si vale la pena quedarse. Si vamos a estar todos los fines de mes con la misma historia, es difícil. Aquí la gente está súper comprometida con lo que se hace, tanto en salud y en educación. Pero el ambiente no es del más agradable. Te afecta el clima laboral, también emocionalmente, porque necesitamos saber que nuestro trabajo es bien valorado y que finalmente será remunerado.

SIETE CONTRA UNA

La única concejala que no firmó la solicitud de destitución de Rubén Malvoa fue su compañera de partido Paulina Rodríguez, quien además se desempeñó como secretaria personal de la esposa de Malvoa, la diputada (RN) Karla Rubilar y hoy es su jefa de gabinete. En declaraciones recogidas por El Mercurio el viernes 14 de mayo, Rodríguez defiende a Malvoa: “Es una aprovechamiento de los concejales, ya que el alcalde no se encuentra con buena salud para estar en el municipio. Lo que están haciendo no tiene fundamentos y van a tener que mostrar la suficiente hombría para asumir sus responsabilidades”.

Para el ex alcalde Carlos Sottolichio, la concejala Rodríguez está inhabilitada para emitir una opinión. Considera que la doble función que desempeña es un problema al momento de dirimir cuál es la verdadera realidad en este complejo escenario: “Es impresentable. Este es un caso patético en que la familia aparece financiando con recursos del Estado a una persona que la debe fiscalizar. Porque la concejala debe fiscalizar al alcalde, pero ella recibe un sueldo de su señora”.

Fuera de Conchalí, Malvoa cosecha más apoyo que en su propia comuna, donde hasta sus compañeros de alianza UDI son sus enconados opositores. De hecho, es el gremialista Rubén Carvacho quien lidera la solicitud de destitución en su contra.

En Renovación Nacional, el alcalde ha sido respaldado al más alto nivel. Primero fue el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien dijo que siempre que un alcalde tuviera problemas el gobierno le iba a brindar una mano. Luego, el presidente de RN, Carlos Larraín, y su mesa directiva le dieron un espaldarazo público. A juicio de Larraín, existe una “obsesión política” contra Malvoa.

En entrevista con CIPER, el alcalde Malvoa dice no temerle a las acusaciones en su contra:

-Tengo absoluta tranquilidad con respecto a esa acusación. Aquí lo importante es que dentro del requerimiento los concejales tienen dos peticiones que dieron no ha lugar de plano: la suspensión inmediata mientras se investigaba y unos peritajes que claramente no correspondían. Lo que da más pena y lata es que los concejales buscan fiscalizarme por responsabilidades heredadas cuando ellos no fiscalizaron. La deuda es real, aquí el desfinanciamiento de la municipalidad se compone por deudas e ingresos contemplados pero no recibidos.

MANEJO DE GESTIÓN

Entre las críticas que se le hacen a Malvoa, quizás la más reiterada y la que llama más la atención es la de no tener capacidad para conducir y llevar adelante la gestión del municipio. El paro de la salud evidenció un desorden administrativo que si bien se arrastra desde hace tiempo, el propio Malvoa tampoco ha podido subsanar. Sólo la concejala Rodríguez apoya irrestrictamente la labor realizada por el alcalde y culpa del problema al déficit heredado.

El concejal Carvacho sostiene que el problema no pasa por un tema en particular, sino más bien por sus aptitudes para desempeñar el cargo: “Te puedo afirmar con mucha responsabilidad que aquí estamos frente a una persona que no tiene idea lo que es su rol como alcalde, que no sabe dirigir una comuna y que además no tiene interés en hacerlo”

Uno de los proyectos más ambiciosos de la comuna en el área de la cultura en los últimos años es la construcción de un Centro Cultural que reemplace al antiguo Centro Leganés, expropiado del lugar en donde funcionaba y por el cual el municipio obtuvo $500 millones, de los cuales la mitad fueron ocupados para pagar deudas de otras áreas.

El Consejo de la Cultura y las Artes le adjudicó un proyecto a Conchalí por un millón de dólares (hoy equivalentes a $540 millones) para la construcción de un nuevo complejo a mediados del 2007, es decir, durante la administración anterior. Pese a que el Área de Cultura del municipio presentó un informe, no hubo ninguna respuesta por parte de las autoridades.

Tuvo que pasar más de un año para que se retomaran las conversaciones. En ese momento, el artista y diseñador gráfico, Gabriel Labra, se hizo cargo del proyecto: “Me cansé y renuncié porque había un nivel de inoperancia increíble. Esto fue en marzo del año pasado. Entonces decidí llevar esto adelante con las organizaciones y con el concejal Alberto Castillo, que es el presidente del Comité de Cultura. Ahí nosotros teníamos mucha más fuerza porque aquí adentro nadie me hizo caso”.

En mayo de 2009, el encargado de Infraestructura del Consejo de Cultura, Jorge Moreno, visitó el concejo y presentó formalmente el ofrecimiento para la adjudicación de los fondos. En aquella ocasión el alcalde se sorprendió y señaló que pondría toda su voluntad política para sacar adelante el proyecto. Aproximadamente ocho meses pasaron. Nada se hizo. La excusa: el proyecto dependía del Gobierno Regional

-Este proyecto prácticamente se volvió a perder, le habían dado una segunda oportunidad y el alcalde no hizo nada, pese a que seguía diciendo que sí hacia cosas -acusa Labra

Moreno volvió a insistir en el concejo municipal manifestando que el proyecto era totalmente factible pero con menos posibilidades debido al retraso. Y que si la municipalidad de Conchalí quería participar, se requería la voluntad política del alcalde y del concejo, la que en concreto se debía expresar en el compromiso de contratar un gestor cultural para que realizara el levantamiento de la situación cultural de Conchalí. El concejo escogió al mismo Labra para desarrollar el plan, pero recién en diciembre se le encomendó su gestión con un plazo máximo de dos meses, justo en época de elecciones y vacaciones, por lo que dice que le fue prácticamente imposible reunirse con los grupos para levantar la información correspondiente.

Hoy el dinero adjudicado por el Consejo de Cultura ya se dio por perdido. Lo anterior provocó que grupos y artistas de la comuna formaran el Movimiento Autónomo Cultural de Conchalí (MACC) “a partir de la necesidad de coordinación de un frente fiscalizador para las agrupaciones culturales y artistas que se ven enfrentados a las consecuencias de la nula gestión en materias culturales por parte del municipio.” (Ver declaración completa)

La idea de construir el Centro Cultural sigue en pie, pero más austero. Labra junto al concejo están en tratativas para comprar una casa con los fondos que quedaron de la expropiación del Centro Leganés y levantar ahí un lugar para desarrollar la labor cultural de la comuna.

-La ministra Paulina Urrutia me señaló que el ministerio no tenía recursos. Después apareció este nuevo proyecto y tengo una reunión con el ministro actual para ver cómo se implementa. Pero claramente ser alcalde significa hacer gestión y para eso hay que priorizar y distinguir lo importante de lo menos importante. No quiero que suene como excusa, pero nuestra prioridad ha sido enfocarnos al terremoto y claramente yo creo que un centro cultural puede esperar un poco más que mejor salud, medicamentos o recuperar la vivienda de gente que perdió sus casas-, se defiende Malvoa.

El último acontecimiento que desnudó la falta de gestión en Conchalí tiene que ver justamente con la forma en que se apoya a los afectados por el terremoto. Ocurrió el martes 1 de junio y según relata Rubén Carvacho, los concejales Héctor Aravena, Alberto Castillo y María Guajardo Silva acudieron a las bodegas municipales para verificar si había quedado algún material de la ayuda para los damnificados. Luego de reiteradas conversaciones con funcionarios para abrir las bodegas, finalmente accedieron a una de ellas. Para su sorpresa, denuncian que se encontraron con 400 colchones, 400 frazadas, 200 camarotes, 200 cajas de mercadería (el resto se tuvo que botar por su mal estado) y 130 mediaguas. Nadie sabe por qué están ahí y todavía no han sido repartidos a los damnificados.

Rubén Malvoa defiende su gestión. Afirma que finalmente será la gente la que decidirá si el trabajo realizado fue el positivo o negativo: “Las personas que tú viste acá (en el concejo) son los mismos de siempre, no puede tolerar que la gente en la calle me quiera. Yo he salido a terreno desde que volví de mi licencia, sacamos a la municipalidad a la calle y no tuve ningún reclamo. La gente entiende que uno es humano y que se puede enfermar. Pero la mala gestión, eso lo va a decidir la comunidad cuando vayamos a la reelección y espero que uno de los siete tenga la valentía de enfrentarme”.

Al cierre de esta investigación, se sumó una nueva deuda a las alicaídas arcas del municipio de Conchalí: $14 millones de déficit por el no pago de insumos en dos liceos de la comuna. El Abdón Cifuentes y el Poeta Federico García Lorca estuvieron por tres días sin suministro de luz, lo que se solucionó firmando un nuevo convenio. No obstante, la deuda aún no ha sido saldada, por lo que se suma a la larga lista de números rojos que mantienen a la municipalidad de Conchalí al borde del colapso financiero y administrativo.

Los 22 municipios de la Región Metropolitana que renovaron un contrato con la empresa KDM para el manejo de su basura deberán desembolsar más de US$ 240 millones durante los próximos 16 años, alargando hasta 2027 el efecto de una licitación que se realizó en 1995. El acuerdo fue impugnado por la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por considerar que establece barreras de entradas a un mercado donde KDM tiene 58% de participación. La Contraloría también expresó sus reparos porque el contrato se renovó automáticamente y con dos años de anticipación. El tema ha generado polémica en varios municipios y tiene reminiscencias de la “guerra de la basura” que vivió Santiago la década pasada.

El Consejo de Alcaldes Cerros de Renca no tiene personalidad jurídica, ni estructura legalmente reconocida. Y sin embargo, existe. Lo integran 16 municipalidades de la zona norte metropolitana. Están unidas por la basura, que solían botar en el vertedero Cerros de Renca y que desde 1996 envían al relleno sanitario Lomas Los Colorados que la empresa KDM tiene en Til Til. Todas, menos Huechuraba, son cuestionadas porque aceptaron la renovación automática del contrato para seguir enviando ahí sus desechos hasta el 2027, período en el que desembolsarían más de US$ 240 millones. A ese monto hay que sumar los pagos de otros siete municipios del sector sur que adhirieron al mismo convenio, los que también están bajo la lupa.

En octubre pasado la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) solicitando anular el contrato. El principal argumento es que su cláusula de renovación automática indefinida –por 16 años cada vez– constituye una barrera de entrada a un mercado considerado relevante. El mismo que fue fuente de un duro conflicto la década pasada, que tuvo a Santiago en alerta sanitaria, a las empresas del rubro bajo fuertes críticas y al ex intendente Marcelo Trivelli al borde de enfrentar una acusación constitucional (Ver recuadro). “En el negocio de la basura lo más limpio es la basura”, decía Trivelli, una frase que desde entonces se repite para graficar la mala fama que ronda al sector.

En los municipios saben que la decisión sobre la disposición de los desechos siempre se transforma en un gran problema y por eso muchos alcaldes quisieran evitar tener en sus manos una decisión que los involucre. Esta vez 22 de ellos estuvieron a punto de lograrlo gracias a la renovación automática del contrato con KDM, pero la grabación de una conversación privada subida a YouTube, las sospechas de lobby, el requerimiento de la FNE y los reparos de la Contraloría hicieron que el asunto no pasara inadvertido.

Cuestionamientos legales

Los organismos que velan por la libre competencia pusieron sus ojos en la basura en 1996, cuando un dictamen de la desaparecida Comisión Preventiva Central advirtió de la concentración que se da en este mercado. Alertó específicamente de los negocios ligados al Grupo URBASER-KIASA (KDM, Starco y Demarco) y recomendó que todas las licitaciones le fueran consultadas antes de su ejecución y que la FNE vigilara el mercado. Desde entonces los actores de la basura han estado bajo la lupa.

Es por eso que, de oficio, la FNE recurrió ahora al tribunal. Consideró que el contrato con KDM –que concentra un 58% del mercado– inhibe el ingreso de otros competidores, debido a que es de largo plazo y tiene renovación automática ilimitada por 16 años cada vez. Además, la fiscalía estima que en el primer periodo ya se amortizó la inversión y atribuye a KDM la intención de controlar el mercado, entorpeciendo la libre competencia y creando barreras artificiales.

El tema afecta no sólo a los 16 viudos del vertedero Cerros de Renca, que en 1978 conformaron el consejo del mismo nombre (Pudahuel, Renca, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Cerro Navia, Lampa, Colina, Quilicura, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta, Independencia, Santiago, Huechuraba y Conchalí) sino también a otros nueve que se sumaron más tarde al acuerdo (La Reina, Curacaví, Ñuñoa, Providencia, La Cisterna, San Miguel, Llay Llay, San Joaquín y Maipú).

El TDLC aún está notificando a los 22 municipios que renovarán el contrato (Huechuraba, San Joaquín y Maipú no lo harán), pero en el intertanto la Contraloría asestó dos duros golpes que hasta ahora no han sido publicitados. El 4 de noviembre, a propósito de una auditoría a las concesiones en Lo Barnechea, ordenó anular la renovación del contrato entre esa comuna y KDM.

La Contraloría hizo ver que el municipio no logró acreditar la existencia del Consejo de Alcaldes Cerros de Renca, al que dijo pertenecer. Además consideró que las cláusulas de renovación automática “pugnan con el principio de transparencia”, establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado. Por último, estimó que la coexistencia de convenios firmados con anterioridad a la legislación actual soslaya el hecho de que las “prórrogas indefinidas se ven legalmente restringidas” y “vulneraría el principio de igualdad ante la ley” consagrado en la Constitución. Por todo lo anterior, dictaminó que Lo Barnechea debía dejar sin efecto el decreto del 27 de julio de 2009 que renovó el contrato.

Aunque la auditoría se hizo en forma independiente al requerimiento de la FNE y ambos procesos no tienen relación, desde la municipalidad se dijo a CIPER que no podía cumplir con la instrucción de la Contraloría debido a que está pendiente el fallo del TDLC.

La licitación original fue adjudicada el 10 de mayo de 1995 a las empresas Kiasa y Demarco (KDM). Un mes más tarde, el 10 de junio, se suscribió el convenio en cuyo punto sexto se lee: “el contrato será renovado automáticamente por periodos iguales y sucesivos de 16 años cada uno si ni una de las partes da aviso por instrumento público, al menos con dos años de anticipo a la fecha original del término del contrato”.

El 13 de enero recién pasado la Contraloría emitió un nuevo documento sobre el referido contrato, esta vez por requerimiento del senador Alejandro Navarro, la empresa Proactiva, los municipios de Santiago y Renca y la abogada Marcela Müller. Ahí profundizó los argumentos ya esgrimidos y agregó que las renovaciones automáticas pueden ser legales siempre que existan razones fundadas explicitadas en las bases. Sin embargo, señaló que aún en esos casos la renovación debe realizarse sólo seis meses antes de la expiración del contrato –no con dos años de anticipación– y aunque sea automática, debe aprobarla el concejo municipal.

El dictamen se conoció cuando 22 municipios ya habían renovado con KDM, pero el secretario ejecutivo del consejo de alcaldes y ex director metropolitano de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Alejandro Smythe (Ver recuadro) sorprende al asegurar que siempre estuvo contemplado que el tema volviera a pasar por los concejos en 2011, pero que no podían dejar de pronunciarse en 2009 porque se habría generado una renovación tácita. “Saben que tienen que hacerlo (volver a votar la renovación), eso nunca se ocultó y es una consideración que todos tienen clara”, dice Smythe, quien reconoce que desde el punto de vista de KDM el contrato ya se da por renovado. En la empresa no accedieron a hablar por existir un litigio pendiente en el TDLC.

¿Qué pasa si en esa segunda votación un municipio cambia de idea y decide no renovar? No es difícil prever una demanda indemnizatoria de la empresa, lo que restringe la libertad de los concejos y transforma la votación en una formalidad.

CIPER entrevistó a media docena de directores jurídicos que según Smythe siempre estuvieron al tanto de que el tema debía revisarse en 2011, pero nadie mencionó esa supuesta segunda votación. El director jurídico de Quinta Normal, Mario González, confirma que nunca se habló de esa posibilidad pues se consideró que el plazo de los seis meses lo establecía una ley posterior al contrato. El tema tampoco está mencionado en el informe técnico que se envió a los alcaldes en marzo de 2009 ni fue tocado en los concejos de comunas como Las Condes y Lo Barnechea, según consta en sus actas.

Fácil despacho en Cerro Navia, polémica en Maipú

El tema empezó a conversarse en el seno del Consejo de Alcaldes Cerros de Renca el 25 de noviembre de 2008, en un encuentro al que asistió una treintena de directores Jurídicos y de Aseo y Ornato de sus municipios. Aunque no quedó en el acta, de acuerdo a uno de los presentes, al comenzar la reunión la entonces secretaria ejecutiva del consejo, Gloria Guerra, supuso que todos optarían por renovar. No fue así. “Una directora dijo que el tema era bastante serio y propuso una comisión técnica que evaluara el tema e hiciera un informe para los alcaldes”, cuenta uno de los asistentes.

En la reunión se sugirió llamar a licitación para tener opciones más baratas y buscar un tratamiento más ecológico de la basura. Finalmente, se aceptó constituir un comité técnico que emitiría un informe sobre la conveniencia de renovar con KDM.

Renovar significaba amarrar los próximos cuatro periodos alcaldicios a KDM y alargar el contrato por un total de 32 años, pero resolver un tema complejo sin mayor complicación. No hacerlo implicaba abrir un proceso de licitación en que los oferentes compitieran por precio y servicios, aunque sin tener la certeza de que el nuevo contrato sería más conveniente. Pese a que si ya se recuperó la inversión podría esperarse que el precio bajara, varios recibieron la señal de que en una nueva licitación sucedería lo contrario.

Después de tres meses de trabajo y al menos cuatro borradores, el comité técnico del Consejo de Alcaldes Cerros de Renca presentó su informe en marzo de 2009, el que posteriormente se envió a los alcaldes. En él se analizaban las alternativas del mercado y se sugería que la mejor opción era renovar el contrato. Uno de los principales temores fue que una nueva licitación generara un aumento de tarifas.

El informe era sólo una recomendación y la decisión la tomó cada municipio. Cerro Navia fue uno de los primeros en acoger la sugerencia de renovar, el 1 de abril de 2009, con el único voto en contra del concejal Mauro Tamayo (PC). “La discusión y aprobación fue súper rápida. Dejar amarrado a los cuatro periodos de alcaldía futuros es imprudente”, es su argumento.

El administrador municipal, Marcelo Torres Ferrari (RN), fue quien expuso ante el concejo las recomendaciones del informe y defiende la decisión de renovar: “Cerro Navia está a ocho kilómetros de la estación de transferencia, por lo tanto pensar en otro relleno sanitario para la comuna es imposible, salvo que la autoridad hubiese dicho algo antes para pensar en dónde podemos disponer nosotros”.

Torres tiene un doble papel, pues además de su cargo administrativo en Cerro Navia es concejal por Maipú. Ahí trabajó anteriormente como director jurídico durante la gestión alcaldicia de su correligionario y actual diputado Roberto Sepúlveda, quien protagonizó diversas polémicas por la basura. En 2002 decidió, sin consultar al concejo, que tras el cierre del vertedero de Lepanto la basura de la comuna sería enviada al relleno de KDM en Til Til, pues el que había en su comuna, Santiago Poniente (de Coinca, hoy Proactiva) no cumplía con estándares ambientales. Un año más tarde encabezó una bullada licitación por la recolección de la basura, al adjudicar el contrato a Demarco (KDM), pese a que su oferta era $1.400 millones más cara que la que la precedía. Y en 2004 Sepúlveda terminó preso en Capuchinos por clausurar Santiago Poniente aunque un fallo judicial ordenaba abrirlo, pese a sus faltas ambientales.

El año pasado Maipú vivió el más bullado de los procesos ligados a la renovación del contrato con KDM. A sólo cuatro días de la fecha límite, el 27 de julio, el alcalde Alberto Undurraga (DC) informaba al concejo que legalmente no se podía renovar el contrato con dos años de anticipación, sino sólo hasta seis meses antes (ver acta). Como KDM no accedió a postergar la fecha, se había iniciado el proceso para notificar a la empresa de la no renovación. Ponía así en tabla un tema que durante el fin de semana anterior había estado en boca de muchos maipucinos que escucharon en You Tube una grabación con una conversación entre el concejal Torres y el gerente general de KDM, Fernando León.

“Personas escudadas en el vil anonimato de la web, no han trepidado en hacer burdos montajes, en la que se exhibe una supuesta conversación entre el suscrito, el gerente general de la empresa KDM y otras personas, acusándome de colusión”, dijo entonces Torres. Como miembro del Comité de Seguimiento del Relleno Santiago Poniente –cuyas faltas siempre ha condenado– Torres cree que todo era parte de un montaje para que se hiciera una licitación que favoreciera a ese recinto. Anunció una querella que nunca presentó. Quien sí hizo una denuncia fue el alcalde Undurraga, pero el caso no avanzó en la fiscalía debido a que la mala calidad de la grabación impedía identificar las voces.

Hoy Torres admite que era su voz la que se escuchaba conversando con Fernando León, pero reclama que en la edición se eligió lo más “tóxico”. CIPER tuvo acceso a la grabación completa, de 56 minutos, realizada el 8 de julio de 2009, donde se escucha a otras dos personas conversando con Torres y León, a quienes llaman Eduardo y Juan Pablo.

El tema del diálogo es la presentación que debía hacer Torres ante la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) al día siguiente, donde pediría la revocación y el cierre de Santiago Poniente. Se habla de que la parte técnica ya fue presentada y ahora vienen las conclusiones, que está todo hecho y creen que no va haber ningún problema. “Vamos a decir que en vista de los incumplimientos, la comunidad pida el cierre del relleno (…) Estamos contra el tiempo, pero con el lobby que nosotros hicimos, deberíamos estar listos para que se revoque”, señala una de las voces.

El propio gerente general de KDM pareciera operar para sacar a Santiago Poniente del mercado capitalino, que actualmente sólo tiene un tercer relleno activo (Santa Marta). “En el fondo esa conversación fue súper legítima, fue a propósito de una entrega de una auditoría ambiental del relleno sanitario Santiago Poniente para pedir la revocación de su resolución de calificación ambiental y en su momento ellos aprovechan de decir ‘oye y qué pasa en Maipú’ y yo lógicamente conté lo que pasaba en Maipú, que yo sentía que las cosas estaban amarradas”, explica Torres.

El concejal ha insinuado que la amistad entre el alcalde Undurraga y el fiscal Nacional Económico, Enrique Vergara, podría haber motivado el requerimiento de la FNE, algo que también fue planteado por el alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI) a radio Bío Bío en noviembre pasado. Quienes apoyan esta tesis creen que Undurraga le pidió a Vergara que cuestionara el contrato de KDM, lo que es desmentido por el edil.

El alcalde de Maipú asume que su caso es distinto al de otras comunas. Su municipio nunca licitó y al igual que otros del sector sur, sólo adhirió al contrato. “Me parecía impresentable que si no hicimos licitación entonces, ahora renováramos otros 16 años sin licitar”, explica Undurraga.

Renovar o no renovar, el dilema

Otros dos municipios siguieron los mismos pasos de Maipú. En Huechuraba la renovación fue rechazada por la alcaldesa Carolina Plaza (ex UDI) y todos los concejales (ver acta) , pese a que su director jurídico, José Rossi, dijo en varias sesiones que “no hay inconvenientes en proceder a la renovación”. En un concejo famoso por la división política de sus integrantes, sorprende la unidad con que enfrentaron la materia.

En San Joaquín la decisión se tomó el 16 de julio. “Decidimos no renovar y llamar a licitación, para ver todas las ofertas que ofrece el mercado”, señala el director jurídico del municipio, Patricio Varela.

Otro caso particular es el de Renca. Ahí aseguran que preferían no renovar, pero cedieron ante el riesgo de que las tarifas subieran. Ningún alcalde quería asumir el costo político de llamar a una licitación que podía ser más costosa que el contrato vigente. “Siempre nos opusimos, pero si no renovábamos teníamos que sacar la basura nosotros mismos. Por eso cotizamos con otros vertederos, pero incluso si nos daban facilidades salía más caro”, cuenta uno de los encargados del proceso en Renca.

Este municipio consultó a la Contraloría. Sin embargo, la respuesta tardó meses y llegó recién en enero pasado. Demasiado tarde. “Hicimos todos los pasos previos para que quedara documentado que nuestra postura era no renovar y que finalmente la decisión fue por un tema de precio”, continúa la misma fuente.

Renca es uno de las pocas comunas que se presentará con defensa particular ante el TDLC, aunque aún no oficializa a quién contratará. El mismo camino siguió Las Condes, que entregó patrocinio a abogados del municipio, y Ñuñoa, que habría fichado a Carlos Zepeda, socio del estudio del senador Alberto Espina (RN).

El resto del Consejo de Alcaldes decidió enfrentar en conjunto el TDLC y escogió un bufete de peso: Ablagli Zaliasnik. La elección se realizó luego de un concurso en el que participaron tres estudios destacados en el prestigioso ranking internacional de Chambers. Sabían que se venía una pelea dura y necesitaban artillería pesada.

Baterías jurídicas

La Fiscalía demandó a 22 municipios ante el TDLC, sin considerar que hay algunos que interpretan que todavía tienen plazo para manifestarse sobre la renovación, ya que adhirieron al contrato más tarde y establecieron que la fecha de término sería posterior. “Todos los contratos tienen la cláusula de renovación automática, por lo que eventualmente la obstrucción a la libre competencia se mantendría en caso de que esos municipios decidan renovar”, explica una fuente cercana a la fiscalía.

En el consejo de alcaldes dicen tener confianza. “Hay variables ambientales asociadas a la basura que son muy distintas a cuántas tiendas de Coca Cola puedes tener, entonces la fiscalía se ha centrado en conceptos puramente economicistas de mercado, y es ahí donde los alcaldes divisan una oportunidad de ganar el juicio”, explica el secretario ejecutivo del consejo, Alejandro Smythe. Además del relleno en Til Til (de KDM), sólo están operativos Santa Marta en Talagante (de Coinca) y Santiago Poniente en Maipú (de Proactiva). Los dos últimos tienen restricciones de capacidad, han registrado problemas en su funcionamiento y están lejos de las comunas del sector norte (lo que encarece el transporte).

Entre los argumentos jurídicos que preparan los municipios se cuenta que el TDLC en sus instrucciones de carácter general N°1/2006 se refirió a la existencia del contrato renovable de KDM sin cuestionarlo. “El tribunal, a petición de la fiscalía impartió una serie de recomendaciones para el sector, manifestándose respecto del contrato. En ese momento no puso reparos a la cláusula de renovación”, dice una fuente ligada a la defensa. En esta lógica también se evalúa alegar prescripción, pues el contrato se firmó hace más de 15 años.

Desde esa época el panorama ha cambiado. Antes de la inauguración de Lomas Los Colorados, no existían en Chile rellenos sanitarios, sólo vertederos. El proyecto de KDM fue un avance. Además, contemplaba reutilizar una línea férrea abandonada para trasladar los residuos. Pero cinco años más tarde la situación cambió a raíz de la crisis sanitaria que generó el cierre del vertedero Lepanto. La empresa Emeres –administrada por municipalidades del sector sur– convocó a licitación internacional. Dos empresas se adjudicaron la licitación. “Hasta antes del 2000 KDM era el rey de la basura, pero después se meten Santa Marta, que tiene la zona sur, y Proactiva, que tiene el sector poniente. Evidentemente KDM vio en esta situación que podía peligrar su liderazgo”, dice un alto ejecutivo del rubro.

El 50% de la propiedad de la KDM está en manos de la compañía chileno-norteamericana Kenbourne Ingeniería Ambiental (Kiasa) y la otra mitad la tiene Urbaser, filial del grupo español ACS, que preside el empresario Florentino Pérez, también dueño del Real Madrid.

En 2006 Las Condes cerró La Puerta, el emblemático colegio del ex alcalde Joaquín Lavín. Los alumnos y el presupuesto fueron trasladados a su establecimiento hermano en Colina, a cargo del también UDI, Mario Olavarría. Su director, Raúl Suazo, acaba de dejar el puesto luego de que la Dirección del Trabajo constatara que acosó sexualmente a una secretaria. Además, quedó al descubierto otro caso similar y ex funcionarios denunciaron insinuaciones de Suazo hacia alumnas. También se acusa al establecimiento de inflar el número de matrículas para mantener las subvenciones que entregan Las Condes y el gobierno. El Ministerio de Educación lleva a cabo dos procesos administrativos por faltas graves en el mismo colegio y se apresta a iniciar una tercera investigación.

En 2003, a tres años de asumir en la municipalidad de Colina, el alcalde UDI Mario Olavarría inauguraba en la comuna de la zona norte una de las obras más simbólicas y mediáticas de su gestión. El Colegio Especial La Puerta -orientado a jóvenes con graves problemas de conducta, deserción escolar y compromiso delictual- era una réplica de un proyecto del mismo nombre creado seis años antes por el entonces alcalde de Las Condes Joaquín Lavín.

Aunque la idea no era suya, pues era copiada de un exitoso proyecto surgido en Nueva York, le granjeó simpatías en sectores populares y una alta exposición pública. La imagen de un Joaquín Lavín sentado en el pasto y comiendo completos junto a jóvenes marginales de Las Condes, con ritmo de rap como música de fondo, contribuyó a catapultar su carrera a La Moneda.

Con este precedente, el alcalde de Colina se propuso superar lo que hizo Lavín en Las Condes. De paso, además, siguió la idea del ex alcalde RN de Peñalolén, Carlos Alarcón, que en 1998 abrió en esa comuna una primera sucursal de La Puerta.

Asistido por empresas privadas, el alcalde de Colina construyó una versión mejorada del colegio, que contaba con un nuevo edificio, laboratorios, multicancha, huerto, muro de escalada y piscina. Un lujo de colegio municipal. La inauguración, que demandó una amplia cobertura periodística, contó con la presencia de Lavín y los parlamentarios UDI de la zona.

Al menos de fachada, era un proyecto ejemplar y ambicioso que terminó devorando a la obra madre: en 2006, cuando el colegio La Puerta de Las Condes fue cerrado por motivos presupuestarios, sus alumnos fueron derivados a Colina.

Sin embargo, a cinco años de su inauguración, el Colegio Especial La Puerta de Colina está bajo cuestionamiento. A la reciente salida del ex director, quien fue acusado de maltrato y acoso sexual por parte de funcionarios y profesores, además de insinuaciones hacia alumnas, se suman denuncias de irregularidades en el cobro de subvenciones millonarias por alumnos que supuestamente provienen de Las Condes.

Aunque la situación viene siendo denunciada hace tres años por parte de funcionarios del colegio, recién ahora, que comienza a salir a la luz pública, han comenzado a tomar cartas en el asunto. El primer paso fue marginar a los denunciantes, a lo que siguió la renuncia del cuestionado director.

La Dirección del Trabajo ya se pronunció y el Ministerio de Educación se encuentra investigando los hechos. Casualmente, la Contraloría está realizando una auditoría aleatoria sobre la Corporación de Educación de Colina, que podría entregar nuevas luces.

Colina 3

Pese a los reparos de algunos concejales, que se mostraron sorprendidos por el anuncio, en marzo de 2006 el colegio La Puerta de Las Condes fue cerrado. En la sesión ordinaria N° 517 del Consejo Municipal de esa comuna, celebrada el 2 de enero de ese año, el concejal UDI José Rabat, miembro de la Comisión de Educación, expuso que el colegio “funciona en condiciones bastante precarias en una casa antigua, acomodada para ese propósito”, y que el “el costo por alumno es bastante superior al promedio normal de los colegios municipales”. En seguida, como el alcalde Francisco De la Maza (UDI) se encontraba ausente, dio a conocer las negociaciones para que los alumnos de Las Condes fueran trasladados a Colina.

Un concejal del mismo partido, Mauricio Camus, mostró sus reparos a la idea. Aunque les faciliten un bus a los alumnos de Las Condes, difícilmente llegarán a clases en Colina, apostó.

Uno del PPD, Hugo Unda, ironizó con que el colegio “pasaría a ser el Colina 3”, aludiendo a las cárceles de Colina 1 y 2.

Y el concejal RN Carlos Larraín consideró que la versión original de La Puerta “era un proyecto interesante, pero nació bajo un signo un poco mediático, lo cual lo dañó, porque cuando se comenzó con el proyecto se tuvo que salir a buscar a los alumnos a otras comunas debido a los apuros artificiales que operaban (…) En este proyecto se cometieron algunos errores, por lo que quizás, en lugar de clausurar el colegio, se podría hacer un esfuerzo en reanalizar y reorientar la situación”.

A la luz de los antecedentes conocidos ahora, las aprensiones no eran infundadas.

Alumnos fantasma

El traslado se concretó con un aporte aproximado de $ 80 millones por parte de Las Condes y cerca de 60 alumnos y cuatro profesores provenientes de esa comuna. Entre estos últimos se encontraba Enrique Aedo, quien se integró como subdirector del colegio de Colina.

Aedo cuenta a CIPER que a su llegada se encontró con problemas serios. Los alumnos afuerinos eran duramente hostigados por los de Colina, al punto que en una oportunidad el bus que los trasladaba fue apedreado por los propios compañeros. “La intención era buena, pero los jóvenes que llegaron de afuera no fueron debidamente acogidos ni siquiera por la dirección del colegio, a la que le interesaba únicamente los aportes que entregaba Las Condes, que no eran menores”.

Según éste y otros testimonios coincidentes, desde un comienzo la inasistencia de alumnos foráneos fue masiva y creciente. “De los cerca de 60 alumnos que costeaba Las Condes en ese tiempo, a Colina llegaban 20 ó 25, cuando más”, relata el ex subdirector. “Había muchos alumnos que no iban o derechamente no existían, alumnos fantasma que en Colina se los pasaba como presentes para no perder los aportes que entregaba Las Condes, además de las subvenciones del Ministerio de Educación. Había chiquillos que no iban nunca, que faltaban como seis meses, pero al final se les tomaba una prueba guiada en la que se los hacía pasar de curso”.

Dice Aedo que el director de entonces, Raúl Suazo Bustos, era quien fomentaba el falseamiento de listas. Y que si bien dio a conocer la situación a las autoridades de las corporaciones de educación de Colina y Las Condes, no fue atendido.

En diciembre de 2006, una vez que denunció las anomalías, su contrato no fue renovado.

“Pienso que las autoridades de Las Condes pecaron de exceso de confianza”, agrega el ex subdirector. “Tal vez por una cuestión política, como ambos municipios eran de la UDI, hicieron la vista gorda sobre lo que estaba pasando”.

De manera indistinta, en Colina y Las Condes desconocen haber recibido denuncias al respecto.

Doble subvención

Entre 2007 y 2008, los alumnos financiados por Las Condes promediaron los 70. Un número similar pertenecía a Colina. Las Condes dispuso de un presupuesto anual que el último año alcanzó a los $ 84 millones y que provienen de esa comuna y en menor medida del gobierno central a través del sistema de subvenciones.

De acuerdo con las órdenes de pago de la Secretaria Regional de Educación, el colegio la Puerta de Colina -a través de la Corporación de Educación de esa comuna- cobró $62.495.265 en 2007 y $77.308.319 en 2008, sin considerar asignaciones adicionales que suman otros $ 10 millones al año aproximadamente.

Las subvenciones del Ministerio de Educación se cancelan cada mes, atendiendo al promedio trimestral de asistencia de alumnos. Un sistema que presenta vulnerabilidades y que a fines de 2007, a propósito de un informe de Contraloría que detectó graves irregularidades y desorden administrativo en el manejo de cuentas en la Secretaría Regional Ministerial, acusó un fraude millonario y derivó en la destitución de la ministra Yasna Provoste.

Al “desorden administrativo” se han sumado casos de fraudes por parte de establecimientos que han presentado alumnos fantasma, duplicados o desertores que oficialmente figuran con asistencia regular. Los testimonios recogidos por CIPER apuntan a que algo similar puede estar ocurriendo en Colina.

Acoso sexual

Una vez que Enrique Aedo abandonó La Puerta, otros dos ex funcionarios fueron testigos de que el falseamiento de listas siguió siendo una constante.

Elizabeth Poyanco, ex orientadora e inspectora general del colegio, dice a CIPER que a partir de 2007 “las matrículas eran infladas con alumnos fantasmas” con el propósitos de asegurar los aportes entregados por Las Condes y el ministerio. “Como no alcanzábamos a llenar las matrículas, el director nos obligaba a inventar nombres y que a esas alturas pertenecían a otros colegios o habían desertado. Las listas no eran reales”.

Marcelo Muñoz, quien ofició de inspector general hasta febrero de 2009, también presenció la adulteración de matrículas. “Nosotros éramos obligados a inflar las listas de alumnos bajo la presión de que si no lo hacíamos nos despedían”, asegura.

Dice además que la presión no sólo provenía del director del colegio, sino también de la Corporación de Educación de Colina. “Ellos fueron informados y no hicieron nada. ¿Qué más podíamos hacer nosotros?”, plantea el ex inspector general, que también ha trabajado en otros colegios vinculados a municipios de la UDI. “Cualquier denuncia por escrito hubiera significado nuestra salida inmediata. De hecho, todos los que denunciamos la situación fuimos despedidos”.

En rigor, la reciente salida de Poyanco, Muñoz y otros cuatro profesores estuvo mediada por una denuncia de acoso sexual que afectó al ex director de La Puerta, Raúl Suazo (ver recuadro). La denuncia de una secretaria del colegio derivó en una investigación de la Dirección del Trabajo, que en noviembre de 2008 acreditó los hechos, y sacó a la luz otro caso de acoso sexual que incriminaba a Suazo. Por intermedio de un posterior sumario administrativo, quedaron al descubierto “insinuaciones de carácter sexual de parte del director” hacia alumnas.

El sumario administrativo fue ordenado por la municipalidad una vez conocido el resultado de la investigación de la Dirección del Trabajo. En él testificaron contra el ex director la mayoría de los funcionarios que luego fueron marginados del colegio. Raúl Suazo, el director acusado, permaneció en su cargo y poco después fue suspendido. En marzo último renunció. De acuerdo a la Corporación de Educación de Colina, el “sumario no llegó a término producto de la renuncia”. Pese a que la Dirección del Trabajo había constatado en noviembre que las acusaciones contra Suazo eran ciertas, la Corporación insiste en que “nunca se ha acreditado el acoso sexual laboral, pues el único en poder de resolverlo es el fiscal a cargo del sumario”.

En la mira del ministerio

Para el presente año, el municipio que dirige Francisco De la Maza comprometió aportes por cerca de $96 millones. Los alumnos matriculados por Las Condes suman 68 y por cada uno de ellos la comuna paga $122.454 al mes. El Ministerio de Educación, en tanto, ha entregado $6.869.220 mensualmente, además de asignaciones especiales, por los 153 alumnos declarados. Al menos en lo que respecta a los alumnos provenientes de Las Condes, esa cifra no parece responder a los hechos.

Según pudo constatar CIPER en terreno, la mañana del viernes 17 de abril, en el bus que transporta a los alumnos provenientes de Las Condes sólo llegaron nueve. Cuatro días después, el martes 21, no superaron los 25.

El nuevo director colegio, Gumercindo Gatica, dice desconocer las denuncias sobre falseamiento de listas. Sin embargo, atendiendo a la naturaleza del colegio, asevera que la asistencia suele ser muy variable. “Te puedo decir que la asistencia del último mes fue bastante baja. Recién ahora estamos empezando a normalizarnos y el otro mes la cosa estaría más encaminada. Es una realidad muy especial. Nosotros aquí tenemos niños con dificultades de muy baja autoestima, problema con la justicia y de adicciones fuertes. El problema del embarazo adolescente también es un factor muy importante. Acá hay mucha estigmatización”.

A través del Departamento de Comunicaciones de la comuna, en la Corporación de Educación de Colina defienden la integridad de un proyecto orientado a “niños y jóvenes en alta vulnerabilidad social, y cuyas familias también presentan graves complicaciones”. Así y todo, destacan que “la mayoría de los jóvenes que egresan del colegio son reinsertados en el sistema. En los siete años de existencia del colegio se ha logrado el ingreso a la universidad de alumnos y otros han encontrado el desarrollo laboral”.

Señalan además que “la matrícula varía en el transcurso del año, puesto que por tratarse de un colegio de especiales condiciones por su tipo de alumnos, también se procede a matricular a niños y jóvenes en distintos meses del año (…) Nos hemos preocupado de que ellos asistan regularmente a clases, sin embargo, ello no siempre se da con la continuidad deseada porque, nuevamente, hablamos de niños y jóvenes con graves problemas de drogas, alcohol, delincuencia y cuyas familias muchas veces no pueden entregar el apoyo necesario para su formación. Por este motivo, a diferencia de los establecimientos tradicionales, donde sí se presenta una gran correlación entre matrícula y asistencia, no hay inconsistencia”.

Aunque en el Ministerio de Educación confirman que actualmente se siguen dos procesos administrativos por faltas graves en contra del colegio, en Colina dicen desconocerlos. Hay también una tercera investigación en marcha producto de una denuncia por el tema de las subvenciones. Además, hace un mes que la Contraloría realiza una investigación de rutina que abarca a la totalidad de los establecimientos administrados Colina.

Otro tanto están haciendo en Las Condes. Según señalan en la Corporación de Educación de esa comuna, tal como lo han hecho en otros años, se encuentran en proceso de verificación de las direcciones de los alumnos que figuran matriculados en La Puerta de Colina.

Esta semana dos emblemáticos proyectos inmobiliarios sufrieron duros traspiés. Ya no está claro si Horst Paulmann podrá construir el edificio más grande de Sudamérica o de Chile cuando retome las obras de Costanera Center y tres inversiones ligadas a importantes grupos empresariales en Pudahuel deberán esperar a que el gobierno subsane una serie de problemas detectados por la Contraloría.

La agrupación “Defendamos la Ciudad” es como una pulga en la oreja de autoridades y empresas inmobiliarias. Los dueños de los más importantes proyectos han debido enfrentar una persistente artillería de recursos legales y denuncias a la Contraloría del representante de la organización, Patricio Herman, quien suele ir aliado con los vecinos. Prolífero redactor de columnas y reclamos, Herman y su agrupación obtuvieron esta semana dos victorias respecto a millonarios y emblemáticos megaproyectos.

El primero de ellos es Costanera Center, del empresario Horst Paulmann. Desde que se puso la primera piedra del edificio, la organización alegó que los permisos de edificación eran ilegales. Recién ahora que las obras están paralizadas por la crisis económica pero alcanzaron un importante grado de avance, el secretario regional ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, Carlos Estévez, determinó el 17 de marzo que la Municipalidad de Providencia efectivamente autorizó el inicio de las obras con permisos mal otorgados (ver documento).

El error estuvo en que la construcción se inició en 2006 con un permiso de edificación aprobado el 2001. Y se puso en marcha pese a que se habían anexado nuevos terrenos y ampliado notablemente la superficie a construir, lo que la Municipalidad de Providencia consideró que sólo eran modificaciones. Según el seremi Estévez, correspondía tramitar un nuevo permiso de edificación. Adicionalmente, cuestionó que los nuevos predios no se hubieran fusionado antes de la otorgación del permiso, como lo exige la ley.

La nueva decisión de la autoridad ministerial incluye la exigencia de un nuevo cálculo de los estacionamientos que debe incluir el proyecto. Un punto que ya la organización que lidera Herman había cuestionado, pues se utilizó una norma incorrecta que derivó en un menor número de plazas que las que correspondía.

La resolución también cuestiona la forma en que se calculó las rasantes aplicables del edificio y por lo tanto la altura que éste puede tener. Estévez instruyó a la Dirección de Obras Municipales de Providencia a tomar las medidas necesarias para solucionar los problemas. Aunque los trabajos de Costanera Center ya se encuentran bastante avanzados, Patricio Herman estima que cuando Paulmann retome las faenas ya no podrá construir los 65 pisos proyectados, sino a lo más entre 48 y 50. De ser así, ya no podrá ser el edificio más alto de Chile, el récord llegará a las manos de Abraham Senerman, con su edificio que tendrá 52 niveles.

Pero todo lo anterior es teoría. Porque aunque altas fuentes del Minvu reconocen que el proyecto adolece de “serios problemas” y debería recortar varios pisos, también prevén que el caso llegará eventualmente a manos de la Contraloría, cuya jurisprudencia indica que se privilegia el derecho adquirido del titular del proyecto. Y en caso de que las obras estén iniciadas, hasta ahora siempre se ha permitido continuarlas según el diseño original. De acuerdo a esta lectura, a lo más habría un sumario contra las autoridades municipales.

Obstáculos para una nueva ciudad en Pudahuel

El segundo triunfo de “Defendamos la Ciudad” se obtuvo tras enviar a lo menos once escritos a la Contraloría con argumentos para que ésta no tomara razón de las resoluciones del gobierno regional metropolitano que modifican el Plan Regulador Metropolitano, las que permitirían la construcción de tres megaproyectos inmobiliarios en Pudahuel. El 27 de marzo, el contralor Ramiro Mendoza devolvió al gobierno las resoluciones enumerando una serie de cuestionamientos (ver documento). Esto implicará cambios y un severo atraso en la puesta en marcha de los megaproyectos, cuyos dueños ya estaban preocupados por la excesiva demora en la tramitación de los permisos.

Las iniciativas contemplan una inversión de unos US$ 4000 millones e involucran a importantes grupos económicos: Urbanya, de Santa Cruz-Yaconi; Ciudad Lo Aguirre, de Hurtado Vicuña y Cruzat; y Enea, de Enersis. Entre los tres suman 1.500 hectáreas y con ellos debuta el sistema de Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC), que en este caso requería cambiar el uso de suelo de agrícola a urbano.

Entre otros puntos, la Contraloría estimó que los planos presentados tienen errores. Urbanya incluye áreas de riesgo de inundación y parques metropolitanos e intercomunales, mientras que los proyectos de Enea y Ciudad Lo Aguirre se extienden sobre zonas de parque metropolitano.

Lo más grave según los requirentes, es que no se adjuntó el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), como lo exige la ley. El cuestionamiento del ente contralor señala que el estudio que las inmobiliarias entregaron no está concluido ni considera un plan de inversiones con obras de mitigación, así como las expropiaciones que serían necesarias.

La respuesta a estos cuestionamientos la dio el propio seremi Carlos Estévez, quien le bajó el perfil a los argumentos de la Contraloría. En declaraciones a El Mercurio, negó que hubiera ilegalidades, sino simplemente observaciones que deben ser subsanadas. Esto fue ratificado a CIPER por una alta fuente del Minvu, la que estimó que bastará con enviar correcciones o explicaciones. En cuanto al Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), indicó que no es necesario porque no es un permiso de edificación sino un cambio en el plan regulador. Ahora deberán conseguir que la Contraloría concuerde con esta tesis.

Pese a los inconvenientes generados a todos estos proyectos por los reclamos de “Defendamos la Ciudad”, el funcionario del Minvu valoró su trabajo por representar un nuevo estilo de participación de la sociedad civil: “Tiene un lado muy positivo, y es que obliga a la gente a hacer las cosas bien y de forma prolija. Eso es bueno para la sociedad”.

Obras ejecutadas sin permisos de construcción vigentes, estacionamientos insuficientes y una serie de violaciones a la legislación urbanística y ambiental son las que conforman la no difundida génesis del suspendido proyecto de Cencosud, que pasó de ser el aspirante a símbolo de la industria a emblema de la crisis. Tanto los privados como las diversas autoridades –municipios y ministerios, entre otros- que debían fiscalizar la polémica obra cometieron diversas infracciones, que acá detalla, muy en su estilo, uno de los principales críticos de las irregularidades del sector inmobiliario.

Por Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad”

En Chile las autoridades recurren permanentemente a la utilización del eufemismo “error administrativo” para explicar las anomalías y/o ilegalidades cometidas por ellas mismas, muchas veces para favorecer a ciertos connotados actores del sector privado. Uno de estos tantos casos lo constatamos con la difundida paralización de faenas de la construcción que pretendió llegar -con una de sus torres- a los 300 metros de altura en la comuna de Providencia, colindante con la comuna de Las Condes y enfrente de la ladera sur del río Mapocho.

La megalomanía de algunos arquitectos nacionales que querían ser reconocidos como top dentro de sus pares y del propietario del proyecto, Horst Paulmann -quien contrató al renombrado arquitecto extranjero César Pelli para que desarrollara su ambicionada torre-, produjo el proyecto inmobiliario más irrespetuoso de los conocidos a la fecha. Pelli, desde su espectacular oficina en New York (USA), diseñó un edificio sin consideraciones con el entorno urbano. Esta enojosa situación deriva de la mala costumbre que tenemos en Chile de mirar reverencialmente hacia el primer mundo. Así fue cómo esos libertinos profesionales ocuparon en sus planos con cemento toda la superficie del terreno, sin entregar ni un mísero centímetro para los peatones que iban a circundar el complejo comercial.

Pero la torre de Babel chilensis de 70 pisos y 300 metros de altura, por diferentes motivos, está suspendida mucho más abajo, hasta que “existan las condiciones de mercado que garanticen su éxito empresarial”, como diría un encumbrado hombre de negocios.

PERMISO DE EDIFICACION SIN VALIDEZ

Pues bien, la proyectada torre más alta de Sudamérica y -según algunos- del hemisferio Sur, comenzó a construirse, sin un permiso de edificación válido, en la primera semana de marzo de 2006, en un terreno de 4,6 hectáreas situado en el cuadrante conformado por las avenidas Vitacura y Andrés Bello, canal San Carlos y fondo de las viviendas situadas en Nueva Los Leones de la mencionada comuna. Lo anterior, a pesar de que el artículo 5.1.19. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) impide el inicio de obras si no se cuenta con el permiso respectivo. En el mega proyecto se preveía una circulación promedio diaria de 45.000 personas y como el 100% de la superficie del extenso predio se ocupaba con concreto armado, las áreas verdes se iban a ejecutar en las azoteas de las edificaciones (¿?).

Aunque el lector se muestre incrédulo, cuando le pedimos al Director de Obras de Providencia una serie de documentos que servían para fundamentar el permiso de edificación, éste -con cierta ingenuidad funcionaria- nos contestó que Cencosud, es decir, Costanera Center, no le permitía dar a conocer esos documentos a terceros interesados, cuando todos sabemos que esa documentación es pública. Al mantener la información en secreto para ser obediente con el titular del proyecto, ese funcionario municipal violó una serie de leyes referidas a la probidad administrativa, transparencia, libre acceso a la información pública y otras tantas de las existentes en el papel.

Procedió en tal sentido, porque en Chile las instituciones funcionan a medias. Pero estamos tranquilos porque a partir del próximo 14 de Abril de 2009, con la vigencia de la Ley 20.285 de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, las cosas cambiarán radicalmente. En esa fecha empezarán a operar las multas y las sanciones en contra de los funcionarios públicos apegados al trasnochado secretismo, y cuando éstos sean reincidentes operará la suspensión en el cargo.

Desde ya advertimos a todos aquellos privados que les gusta sacar ventajas en sus negocios, coludidos con funcionarios públicos, que nuestra fastidiosa Fundación se transformará en “clienta frecuente” del Consejo respectivo. Porque somos promotores del sistema económico de libre mercado, en donde todos los actores actúen en igualdad de condiciones, situación inexistente en nuestro país. Por ello y por otras razones, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE), con sede en Paris, Francia, se ha negado a admitir a Chile en su seno. Recomendamos leer “Evaluaciones del desempeño ambiental en Chile”, publicado en el 2005 por la OCDE y la CEPAL.

Pues bien, a la fastuosa inauguración de la construcción de este complejo comercial de 689.553 metros cuadrados, el más grande en la historia del país, asistieron –entre otros, y todos con relucientes cascos blancos- Ricardo Lagos, que dejaba el poder en los días siguientes, y un feliz Cristián Labbé, quien decía que en su municipio no hay trabas burocráticas a la inversión. Esto último era muy bien recibido por Horst Paulmann, el próspero empresario que iba a destinar 600 millones de dólares a esta aventura.

Recordemos que en aquella época no se hablaba todavía de la crisis financiera provocada por los mentirosos derivados, conocidos como “activos tóxicos”, que se inventaron en Wall Street y se distribuyeron por el mundo.

Como las obras se iniciaron a la chilena, es decir, aplicándose la práctica de los hechos consumados, y como nosotros denunciamos la irregularidad, el edil, con cierta incomodidad, argumentaba por la prensa que existía un permiso del año 2001. Pero no aclaraba que el mismo contemplaba 491.794 metros cuadrados y que éste procedía de uno anterior del año 2000, con 238.992 metros cuadrados en un terreno de sólo 3,2 hectáreas, el cual, a su turno, provenía de un permiso del año 1991, teniéndose en cuenta que los permisos vencen indefectiblemente a los 3 años de su autorización.

Para darle credibilidad a esos permisos caducados se les asignó la expresión “para ampliar y alterar”, aludiendo cada uno de ellos al inmediatamente anterior. Pero para hacer posible lo descrito, tal como está establecido en el 2º párrafo del artículo 5.1.18. de la OGUC, el máximo del aumento de la superficie edificada puede ser hasta el 5%. Y ello no se dio en la especie.

Por otro lado, el artículo 1.4.17. de la OGUC indica con toda claridad que los permisos caducan automáticamente a los 3 años de concedidos si no se han iniciado las excavaciones y realizados los trazados, lo que significa que la argucia de aprobar modificaciones tras modificaciones para mantener vigente un proyecto no tiene fundamento normativo alguno.

En marzo de 2007, un año después que se iniciaron las faenas de construcción, se otorgó un nuevo permiso, también con ese rótulo, el que sí contemplaba los metros cuadrados construidos anunciados por los comunicadores del proyecto. Entre los permisos del 2001 y del 2007, para salvar las apariencias, la municipalidad aprobó una simple resolución de anteproyecto, figura que la norma vigente contempla para otras situaciones y en ningún caso para justificar la validez de un proyecto sustentado en permisos expirados.

LOS ESTACIONAMIENTOS INEXISTENTES

La seguidilla de permisos otorgados durante 16 años, emanados unos de otros, se acogieron a las permisivas y antiguas normas de un Plan Seccional CCU del año 1980: tenía ese nombre porque la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) del gobierno militar le había entregado normas de edificación muy atractivas a los dueños de la CCU, empresa dueña del terreno en ese entonces. Paulmann lo compró en 1988 y el Plan Seccional CCU, después de una serie de modificaciones, se mantiene vigente hasta la fecha, ya que quedó a firme en la modificación de enero del 2007 del Plan Regulador de Providencia, aprobado por el Minvu.

Pero en este permiso de 2007, entre otras cosas, no se respetó el distanciamiento equivalente a 1/5 de la altura total de la edificación, vulnerándose la Circular 168 de abril de 2006, emitida por la División de Desarrollo Urbano del Minvu. También se violó el artículo 7.1.2.9. del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), ya que los 4.500 estacionamientos considerados (aunque últimamente la prensa habla de 5.900), son insuficientes. Dado el destino comercial del proyecto, se debe aplicar un estándar de un estacionamiento por cada 35 metros cuadrados, lo cual implica que el proyecto debería disponer de más de 10.000 estacionamientos. En su oportunidad señalamos que las rampas vehiculares de acceso al edificio y las caleteras de incorporación al flujo vehicular por la Avenida Andrés Bello quedan fuera del predio y sobre un bien nacional de uso público, lo que es hasta burlesco.

La municipalidad de Providencia -creyendo que todos somos ignorantes- ha interpretado alegremente que al no existir una norma en el Plan Seccional CCU que determine los estándares de estacionamientos, el proyecto Costanera Center queda liberado de dicha exigencia, olvidando que en la ciudad de Santiago existe un PRMS aprobado en 1994 que establece las exigencias mínimas por sobre los instrumentos de planificación territorial. Y les recordamos a esas autoridades locales que el propio Plan Seccional CCU indica en la letra “c” de su artículo 3° que la “capacidad máxima de edificación”, “quedará regulada por la estricta aplicación de las normas sobre agrupamiento de los distanciamientos, rasantes, superficies de patios, etc. establecidas por la presente Ordenanza especial, por la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización en aquellos aspectos que la presente Ordenanza no contempla”.

Este último acto administrativo contaba con una desactualizada Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del 2001, modalidad que no considera la participación ciudadana de los vecinos. Por ello, Marcelo Böhm, presidente de la Junta de Vecinos del sector, reclamaba airadamente que ellos nunca fueron consultados por este proyecto tan invasivo que cambiaba sus estilos y calidades de vida. En ese permiso también se consignó un incompleto Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) del 2003 y por ello recién hace dos meses, el Seremi de Transportes, aprobó un nuevo EISTU correspondiente al volumen de la construcción.

Claro que Cencosud no desea asumir su responsabilidad pecuniaria en la ejecución de todas las medidas de mitigación vial, entre otras, el puente sobre el río Mapocho y el túnel bajo la Avenida Andrés Bello. Y el gobierno, con suma y vergonzosa paciencia, está pensando qué hará ante esta negativa.

También hay que tener presente que Cencosud inició las obras sin siquiera haber ingresado la adenda de la antigua DIA al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya que ello correspondía por cuanto se había modificado el proyecto. En todo caso y en rigor, el cambio hacía necesario un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por la envergadura de la intervención urbana. La Ley Nº 11.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, en su artículo 8º, establece que las obras de los proyectos que se someten al SEIA se pueden iniciar tan sólo cuando estén calificados favorablemente por la Corema.

EL HELIPUERTO DEL EX HOSPITAL MILITAR

También debemos tener presente que en la fecha de la iniciación de la obra (marzo de 2006), ya se hablaba de la demolición del antiguo Hospital Militar que enfrenta el proyecto en discusión, por cuanto ese centro de salud se trasladaba a la comuna de La Reina. Por ello, todos los agentes públicos y actores privados relacionados con el negocio no le dieron importancia al Oficio Reservado Nº 09/2/1/68/139/550 del Director de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos del 12 de noviembre de 2001. Allí, esta autoridad sectorial preguntaba a la Municipalidad de Providencia cómo se iba a resolver la situación del cono de aproximación del helipuerto de ese hospital ante las elevadas alturas de las torres de Costanera Center. Ahora bien, ya que el edificio de ese hospital no se demolerá porque continuará funcionando por muchos años en el sistema público de salud, corresponde preguntarse ahora qué sucederá con su helipuerto.

En una de esas, alguna autoridad light podría clausurarlo, en atención a que la vida humana en el actual sistema económico no debe interferir en los desarrollos inmobiliarios.

Después de este sucinto relato queda en evidencia que hubo demasiada negligencia, por parte del aparato del Estado, en toda la tramitación de los permisos de edificación, ambientales y de transporte. Y para no aburrir a los lectores no nos referiremos a otras tantas irregularidades, muchas de las cuales ya se las hemos hecho notar al Minvu.

Haciendo un borrón y cuenta nueva, sostenemos que si se aplican correctamente todas las normas de la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, como las del Plan Seccional CCU que no colisionen con las del PRMS, el paralizado proyecto de Cencosud podría tener un coeficiente de constructibilidad aceptable, que lo haría compatible con la escala del barrio. Hasta sería posible que Paulmann tome la decisión de reiniciar las obras, recontratando, por lo tanto, a sus ex trabajadores.

Según nuestros cálculos, el nuevo y hasta amigable complejo inmobiliario Costanera Center podría tener unos 450.000 m2 y la torre símbolo tendría que ser un tanto más baja, ya que ningún edificio puede superar la altura determinada por el encuentro de las rasantes. Recordemos que esta torre deslinda por el oriente con la faja de protección del canal San Carlos. En todo caso, si se cumple la normativa vigente establecida en la OGUC, tal torre estaría perdiendo el récord de altura que nos habían anunciado tiempo atrás.

Dado que el caso lo hemos denunciado -con bastante acopio documental- al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, esperamos que su División de Desarrollo Urbano y su Secretaría Regional Metropolitana, en base a las atribuciones que les entrega el artículo 4º de la Ley, en conjunto emitan el informe técnico-legal necesario para que el proyecto, enmarcado ahora en todas las normativas aplicables, sea un verdadero aporte a la ciudad. En tal sentido, la opinión pública y nuestra Fundación, estarán atentas al desarrollo de los hechos.

*Patricio Herman es presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.

El equivalente a un 10% del total invertido en la autopista urbana Vespucio Sur desembolsará el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para costear 224 obras que repararán daños provocados a vecinos. La concesionaria no pondrá un peso. Aunque el MOP le ahorró -con un resquicio- someter el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la Contraloría obligó al ministerio a hacer ese trámite y los costos los asumirá la cartera. Durante un mes CIPER recorrió las zonas con más impactos negativos de la ruta y comprobó el daño en la calidad de vida de cientos de residentes de barrios populares.

Unos US$ 25 millones le costará al fisco la “avivada” del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que intentó saltarse la presentación de la autopista urbana Vespucio Sur al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). A tres años de que se inaugurara la vía, el MOP fue obligado por la Contraloría a ingresar la autopista al SEIA y el trámite se concretó el pasado viernes 26 de diciembre. La presentación se hizo a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que reconoce 224 puntos que deben ser reparados porque afectan a unos dos mil vecinos de diversos sectores aledaños a la vía.

Estas 224 obras surgieron de las “observaciones” hechas por los residentes afectados y por los municipios. Lo grave es que son las mismas que han venido presentando lo vecinos desde el momento en que las palas hicieron los primeros hoyos para construir la vía, en 2003. De hecho, el procedimiento del SEIA que el MOP intentó eludir precisamente está diseñado, entre otras cosas, para formalizar la incorporación de las “observaciones de la ciudadanía” a este tipo de proyectos.

De haber seguido la ruta del SEIA, el MOP o la concesionaria que explota la vía habrían invertido oportunamente en las correcciones -durante la etapa de construcción- y estas intervenciones tardías se habrían evitado. Pero ahora el costo de las reparaciones se ha disparado porque a estas alturas es necesario incorporar el precio de demoler, para luego reconstruir.

El grueso del gasto se hará en los diez barrios donde se desarrollarán las obras de mayor impacto. Estas intervenciones se concentran entre la comuna de La Granja, por el oriente, y Lo Espejo, por el poniente. Ahí, entre otros trabajos, se rediseñarán las zonas donde emergen tres túneles de pasos vehiculares y el entorno de dos pasarelas, se ampliará un tramo de la caletera sur, se instalará una pista de aceleración y se construirán dos cruces vehiculares nuevos.

El costo de demoler

Las nuevas obras beneficiarán directamente a no más de dos mil personas que quedaron expuestas de manera permanente a altos niveles de ruido, con serias dificultades para desplazarse y en riesgo de sufrir accidentes. Claramente, el número de beneficiados es bajo para el alto monto de la inversión, lo que grafica el pésimo negocio que hizo el MOP al hacerle el quite al SEIA.

El inspector fiscal del MOP para Vespucio Sur, Alejandro Molina, reconoce que el costo de las obras habría sido mucho menor si las “observaciones de la ciudadanía” se hubiesen tomado en cuenta cuando se construía la ruta, pero no aventura cifras respecto de cuánto se habría ahorrado:

-Para el MOP es mucho más barato hacer la participación ciudadana y tomar la decisión de cambiar un poste antes de la construcción que después. Siempre es más caro arreglar que hacer algo nuevo.

El mismo Molina dice que uno de los puntos que más les pesa es que la opinión pública interprete las decisiones del MOP en Vespucio Sur como discriminación social, porque afectaron a barrios populares. Pero, se trata de una comparación que surge espontánea si se toma en cuenta el respeto del MOP a los plazos legales para que los vecinos de Pedro de Valdivia Norte, en Providencia, presentaran sus reparos al túnel del cerro San Cristóbal y porque en la construcción de Vespucio Oriente operará sin trabas la participación de los residentes de Ñuñoa, La Reina, Vitacura y Las Condes. Eso no ocurrió en las comunas más pobres que traviesa Vespucio Sur -La Granja, San Ramón, La Cisterna y Lo Espejo-, que han sido las más activas para acusar los efectos adversos de la vía en sus barrios, al punto que en estos tres años se han negado a completar el trámite de recepción de obras de las caleteras.

Dino Navarro, jefe de la División de Coordinación Técnica de Concesiones, explica que no se trató de un acto de discriminación y que se debe tomar en cuenta que Vespucio Sur fue una de las primeras autopistas urbanas, con un diseño que se remonta a fines de los años 90, cuando la “sensibilidad” ambiental era menor:

-Hace diez años la necesidad fuerte era construir infraestructura vehicular, porque el país tenía un déficit que se calculaba en esa época en el orden de los US$ 10 mil millones. Hoy ya está completa le ley sobre impacto ambiental y su reglamento, por lo que se ha incorporado como parte del concepto global en el desarrollo de las obras del MOP.

Más allá del “aprendizaje” que haya tenido el MOP, lo cierto es que la autopista se inauguró hace sólo tres años, en 2005, y que al momento de iniciar sus operaciones bastaba con mirar como quedaron algunos barrios para darse cuenta de que -con ley ambiental completa o sin ella- el MOP no podía abandonar a esos ciudadanos. Pero lo hizo. Y sólo una resolución de la Contraloría lo obligó a corregir su error.

Cemento y asfalto

“¿Cómo pudieron hacer esto? ¡A esta gente la liquidaron!”. El reclamo sale de la boca del Director del Tránsito de la Municipalidad de San Ramón mientras camina por el inhóspito peladero de cemento y asfalto en que quedó convertida la primera cuadra de calle Carlos Dávila. Manuel Pavez trata de soportar el calor del mediodía, pero el sol rebota en el concreto y se devuelve en una oleada infernal que recalienta las suelas. No hay un centímetro cuadrado de sombra. De los aromos y acacios que alguna vez ornamentaron aceras y antejardines, no queda ni la nostalgia. Los arrancaron los constructores de la autopista Vespucio Sur. Los mismos que tapizaron con concreto de esquina a esquina.

-Es bueno que haya venido a esta hora -dice Pavez-, para que vea por qué los vecinos viven encerrados. No es sólo el calor, también por el ruido y porque les dejaron unas veredas estrechísimas.

Allí, justo en la calle Carlos Dávila, emerge un túnel de dos vías que atraviesa la autopista Vespucio Sur a nivel subterráneo. Sus residentes se sacaron el premiado. Por Dávila pasan, obligados, los vehículos que van a la municipalidad, al hospital y a Carabineros, y también los peatones que se dirigen al Metro o al Transantiago. Durante todo el día, el paso subterráneo traga buses y camiones. Cada un, dos por tres, los motores resuenan y el ruido se amplifica en el socavón. Y cada ciertos intervalos la tronadura obliga a hablar a gritos para ser escuchado.

¿Podría ser peor? Lo es. El túnel fue hecho en curva y una pista emerge justo frente a una casa. “Vivimos con miedo”, dice la dueña de la vivienda que queda en la mira de los conductores.

-La primera vez que nos reunieron, nos mostraron unas imágenes de cómo íbamos a quedar con la autopista. Tenía áreas verdes y pantallas para el ruido. Nunca más vi las famosas pantallas -dice Andrea Sarobe, representante de la “Agrupación Social y Comunitaria de Residentes de Carlos Dávila y Otros”, una organización que nació para batallar cuando la calidad de vida de los vecinos se diluyó entre el cemento y el alto tráfico.

El pasado 26 de diciembre, por primera vez desde que se inauguró la autopista, los residentes de las diversas zonas afectadas por la vía recibieron una noticia esperanzadora. La resolución de la Contraloría había surtido efecto. Ese día el MOP ingresó al SEIA una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la que detalla los 224 trabajos de reparación.

El inspector fiscal Alejandro Molina confirmó que el costo de las obras llegará a los US$ 25 millones. La cifra representa casi un 10% del monto total -US$ 280 millones- que se invirtió en la autopista. Otras fuentes del ministerio estiman que el desembolso superará los US$ 30 millones.

Lagos: “Símbolo del avance de Chile”

Patricio Herman, presidente de la Agrupación Defendamos la Ciudad, fue quien denunció ante la Contraloría cómo el MOP eludió el SEIA.

-Si pasaba por el SEIA -explica Herman- los vecinos iban a objetar partes del proyecto. Acá se facilitó el negocio al concesionario y se le evitó la molestia de gastar en obras que mantuvieran la calidad de vida de los vecinos. La Contraloría nos dio la razón y la autopista tuvo que ingresar al SEIA. Ahora, esto lo pagará el Estado. Todos vamos a pagar para facilitarle el negocio a la concesionaria. Eso nos parece inaceptable. Si es necesario, vamos a denunciar estos hechos al Ministerio Público.

Vespucio Sur recorre casi 24 kilómetros sin cruces a nivel y cuenta con 15 telepeajes (ver plano de ubicación). A pesar de sus características, el MOP no la calificó como autopista -eso lo habría obligado a someterla al SEIA-, sino como “autovía”, amparándose en el Decreto 83/85 del Ministerio de Transportes. Además, ante la Contraloría el ministerio argumentó que a la fecha de la licitación las normas ambientales no habían definido el término “autopista”.

La Contraloría estimó que el decreto de Transportes no era aplicable, pues sólo clasifica las vías con “criterios de operación de tránsito y flujos de circulación”, y consideró que este caso requería una norma de clasificación ambiental. Por lo mismo, el contralor dictaminó que no habiendo a esa época una definición de “autopista” en las normas ambientales, correspondía aplicar la del Diccionario de la Real Academia Española, que calzaba a la perfección con la obra: “Carretera con calzadas separadas para los dos sentidos de la circulación, cada una de ellas con dos o más carriles, sin cruces a nivel”.

El 29 de noviembre de 2005, ya en los descuentos de la campaña presidencial de ese año, el Presidente Ricardo Lagos cortó la cinta de Vespucio Sur. Y en su discurso no habló de “autovía”.

-Hoy, a partir de esta autopista -dijo Lagos-, vamos a tener un símbolo del avance de Chile.

Pero más allá del beneficio que acarreó este “símbolo” en materia de conectividad vial, lo cierto es que tenía gruesas fallas, como lo reconoce el inspector Molina. Un ejemplo son los cruces en La Granja, San Ramón y La Cisterna, donde las veredas y calzadas son tan angostas que los postes quedaron en medio de las aceras:

-Hay postes en las veredas -admite el funcionario- y yo no lo voy a justificar. Hay que expropiar más. En vez de haber expropiado un metro y medio había que expropiar cinco. Es imposible la circulación por las veredas.

Convenio monumental

Algunos funcionarios del MOP reconocen que ingresar al SEIA habría retrasado la construcción de la autopista debido a los plazos contenidos en las normas ambientales, arriesgando a que el corte de cinta se realizara cuando ya estuviese decidida la elección presidencial de 2005.

Mediante un “convenio complementario” el MOP encargó obras adicionales a la concesionaria. Entre estos trabajos se contaba nada menos que las estaciones de Metro y el traslado de las tuberías y líneas de servicios básicos, como agua potable, electricidad y telefonía. El volumen de las nuevas obras hizo temer que la autopista no estuviera operativa en las fechas previstas, por lo que se compensó a la sociedad concesionaria con UF 730.012 por “gastos de aceleración”, para que habilitara las vías a más tardar el 1 de diciembre de 2005. Y se otorgó a la empresa UF 716.110 por “pérdidas de ingreso”, debido al retraso en el inicio de la operación.

Los convenios complementarios permiten al MOP entregar obras millonarias, sin licitación, a empresas ya favorecidas con concesiones. Un estudio publicado por el CEP indica que el 25% de la inversión total en obras concesionadas ha sido pagado por el fisco por estas negociaciones sin licitación. La asociación de Concesionarios de Obras Públicas (Copsa) calcula esa cifra en 18,6%. En todo caso, el primer convenio complementario de Vespucio Sur fue monumental, si se toma en cuenta que la licitación de la autopista tenía un presupuesto estimado de UF 9.200.000 y que el convenio fijó el costo de las obras adicionales en UF 8.138.024.

“Fue un fraude”

El director de Obras de la comuna de Lo Espejo, Gerardo Alonso, afirma que todo el proceso de construcción se hizo de espaldas a los municipios:

-Nos mostraron un montón de elementos visuales que graficaban cómo iban a quedar las pasarelas, las protecciones contra el ruido, las áreas verdes. Después descubrimos que nos habían mostrado un recorrido virtual que pasaba por sectores más al oriente o más al poniente, pero que no era de nuestra comuna.

Alonso indica que nunca les mostraron un plano o maquetas, sólo imágenes genéricas: “Realmente fuimos sorprendidos. Para nosotros fue un fraude”.

El Secretario Comunal de Planificación de La Granja, Jorge Córdova, corrobora que los municipios no conocieron planos y que la actitud del MOP fue una defensa permanente de la concesionaria, ajustándose estrictamente a las bases de la licitación, aunque fuese obvio que eso incubaba un perjuicio para los residentes:

-Hubo situaciones -cuenta Córdova- desastrosas desde el principio. El atravieso de Coronel lo metieron literalmente a presión en el perfil que tenía la calle. Ahí quedó la salida del paso bajo nivel, una calzada de una pista y una acera de unos 80 centímetros con los postes al medio. Pero estuvieron negados desde el principio para hacer mayor expropiación, áreas verdes o dejarlo como paseo peatonal.

La asesora urbanista de Lo Espejo, Verónica Belaúnde, ratifica que no recibían información y que desde el MOP les respondían que lo que se construía en la franja concesionada era responsabilidad del ministerio y no del municipio. Cuenta que tuvo que aprender a jugar rudo:

-En el proceso de expropiación nunca estuvimos informados, salvo cuando nos expropiaron un terreno municipal. Pero acá llegaron los tasadores porque requerían los “informes previos”. Esa fue nuestra oportunidad, nuestro negocio. Teníamos obligación de pasarles lo que pidieran, como a todo ciudadano, pero como era tan urgente para ellos, les dijimos: “Bueno, lo podemos sacar rápido, pero tú me pasas los planos”. Así nos fuimos informando de las expropiaciones de todos los terrenos y qué iba a ocurrir en nuestro tramo.

Pablo Badenier, secretario ejecutivo de Medio Ambiente y Territorio del MOP, explica que una vez que la Contraloría ratificó que Vespucio Sur debía entrar al SEIA, el ministerio optó por hacerlo con el formato de una DÍA y no de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

-El EIA -comenta Badenier- permite una participación ciudadana formal. Pero en sus plazos de 60 días no alcanzábamos a hacer bien la participación. De hecho, el proceso para construir la DÍA tomó un año Y se pudo tener una participación igual o mejor que en un EIA.

La recopilación de información fue encargada a la consultora SIGA. Con esos antecedentes se hizo la nómina de 224 obras que fueron incorporadas a la DÍA como “Compromisos ambientales voluntarios”. El Artículo 15, letra D, del reglamento del SEIA indica que estos compromisos son aquellos “no exigidos por la legislación vigente, que el titular del proyecto o actividad contemple realizar”. Según informó la Conama Metropolitana, al ser incluidos en la DÍA estos compromisos adquieren carácter de obligatorios:

-Pasan a ser parte de las condiciones de viabilidad ambiental del proyecto (…) Como son compromisos voluntarios, la forma y los plazos para su ejecución dependerán de manera exclusiva de la forma en que el titular los ha contemplado. Sin embargo, en la medida que la ejecución de los compromisos no señale de manera expresa plazos de ejecución, debe entenderse que su exigibilidad será inmediata –se informó en el organismo.

En este caso, la DIA no incluye plazos, lo que significa que una vez resuelta favorablemente la calificación ambiental, el MOP debe poner en marcha los procesos para efectuar estas obras, pero es un hecho que tomarán tiempo:

-Algunas requieren generar proyectos de ingeniería y de planimetría de las expropiaciones. Estamos hablando de plazos bastantes significativos -dice Dino Navarro, de Concesiones.

Las sanciones a que se expone el MOP si no cumple los “compromisos” son más bien simbólicas: amonestación, multa de 500 UTM (unos $18,8 millones de pesos) o revocación de la resolución que aprobó el proyecto. Y cuesta imaginar que se clausure una autopista, que funciona hace tres años, por una resolución ambiental.

Día de los inocentes

Badenier reconoce que los antecedentes que originaron los “compromisos ambientales voluntarios” eran conocidos por el MOP, debido a que los vecinos y municipios ya se los habían presentado. Respecto de por qué se tomaron en cuenta recién ahora, cuando están obligados por la Contraloría, explica:

-Gracias a muchas observaciones de la ciudadanía, se mejora la operación. Pero son mejoras a nivel micro. Ninguna observación de la ciudadanía va a llevar al inspector fiscal a construir una pasarela, pero sí a reinstalar pantallas acústicas y señalética. Ahora se recogieron, de manera más integral, observaciones que requieren financiamiento no de la mantención u operación de la autopista, sino de volver a tener un acuerdo con la concesionaria.

A pesar de las palabras de Badenier, la Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. (conformada por Itinere Chile, Sacyr Chile y Acciona Concesiones Chile), no tiene interés en discutir cómo se financiarán estas obras. La empresa informó a CIPER que no haría declaraciones sobre un proceso en que -a su juicio- no le cabe participación.

-La concesionaria ejecutó las obras de acuerdo a las bases. No hay duda, la responsabilidad es del ministerio -señaló una fuente relacionada con las empresas concesionarias.

Pero hay puntos que deben acordarse con la empresa y que inquietan a los municipios. En Lo Espejo, por ejemplo, se preguntan cómo se hará el puente en calle Ferrocarril, porque consideran poco probable que la concesionaria acepte que le corten el flujo de las vías expresas durante la construcción. El inspector fiscal señala que hay mecanismos que permiten instalar el viaducto casi sin afectar el tránsito: “Se puede traer la estructura hasta en helicóptero (…), pero cortar la vía resulta muy caro para el país”.

La presentación de la DIA sufrió un retraso de tres meses -inicialmente estaba programada para septiembre-, pero a pesar del aplazamiento todos sabían que su ingreso al SEIA debía hacerse en 2008. Así lo comprometió el ministro Sergio Bitar cuando a fines de julio el MOP confirmó que preparaba la declaración. El 29 de ese mes, Bitar apareció temprano en el paso subterráneo de La Granja. Estaba invitado a tomar desayuno en casa de la vecina María Angélica López.

-El ministro no podía creer cómo nos habían dejado -recuerda la residente Lidia Abarca-, con cemento por todos lados y con los postes de la luz metidos en las casas, porque no cabían en las veredas.

Justo cuando Bitar se retiraba, Andrea Sarobe no perdió la oportunidad de llevarlo al cruce de Carlos Dávila.

-Cuando se bajó del auto, le dije: “Ministro, esto en Las Condes no hubiera ocurrido”. Él miraba y miraba, en silencio. Cuando vio que el túnel desemboca frente a una casa, dijo: “Vamos a solucionar esto. Va a estar entregado de aquí a fin de año”.

Efectivamente, cinco días antes de que acabara el 2008, entre Navidad y Año Nuevo, el MOP presentó la DIA. Fue el viernes 26 de diciembre, cuando muchos hicieron sándwich para disfrutar del último fin de semana largo del año. Entre viejos pascueros, asados y fuegos pirotécnicos, sólo una breve nota de El Mercurio del 28 de diciembre -el día de los inocentes- dio cuenta de los US$ 25 millones que costará reparar el daño causado por el MOP a decenas de familias de barrios populares.

El 5 de enero venció el plazo legal de 30 días para la entrega de la declaración de patrimonio que deben realizar todos los alcaldes y concejales después de asumir o dejar su cargo. Según el Decreto Nº 45 (2006) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que modifica la Ley Nº 18.575, el formulario debe ser llenado por los funcionarios de alta jerarquía de la administración del Estado, ejecutivos de empresas públicas, parlamentarios y miembros de los tribunales superiores de justicia cada cuatro años, cada vez que la persona sea nombrada en un nuevo puesto de la administración pública y al concluir el período de su función. También cuando su patrimonio sufra cambios significativos. Todos conocen la ley. Por lo mismo, todos los alcaldes –electos, reelectos y salientes– deberían ya haberla enviado. Pero la transparencia no parece ser la tónica de la administración local.

CIPER fue esta semana a Contraloría para revisar las nuevas declaraciones patrimoniales de los 49 alcaldes reelectos y salientes del Gran Santiago (22 de Santiago norte y 27 de Santiago sur), los 27 ediles de las principales comunas de regiones y los 36 nuevos jefes en las alcaldías del mismo grupo. En total, eran 132 planillas de las 345 que deberían haber ingresado en los archivos del órgano fiscalizador. Pero de ellas, sólo encontramos 16: tres de alcaldes que dejaban el sillón edilicio, siete de los que fueron reelectos y seis de personas nuevas en el cargo.

De las otras 116, aún no se sabe nada.

Sanciones inefectivas

La ley es clara: existen sanciones para la no entrega o presentación tardía de las declaraciones de patrimonio. Según el artículo 24 del Decreto Nº 45, “se presume que el funcionario o autoridad ha incurrido en infracción a su obligación de presentar la declaración de patrimonio, si trascurren más de treinta días desde que la declaración fuere exigible y ésta no se hubiere efectuado”. En estos casos, la sanción consiste en una multa que va desde las 10 a las 30 UTM (entre $375.000 y $1.125.000). Pero estas sanciones casi nunca son efectivas.

El fin del proceso es que los ciudadanos puedan fiscalizar si hay enriquecimiento ilícito por parte de sus autoridades. Y a mediados de 2006, todos los funcionarios públicos que están obligados a llenar el formulario con datos específicos sobre sus bienes inmuebles, vehículos motorizados, valores transables, derechos en sociedades y comunidades y pasivos superiores a las 100 UTM, debían presentar sus declaraciones. Pero al revisarlas en agosto pasado, CIPER descubrió que durante dos años el ex alcalde de Ancud, Pablo Ossio (DC), simplemente hizo caso omiso a esa obligación. Y no es que la haya hecho a tiempo y se haya perdido en el trayecto a la Contraloría Regional. Tampoco que a sus asesores se les haya olvidado enviarla. Ossio llenó el formulario recién el 11 de agosto del año pasado y sólo incluyó un crédito de consumo por $4.000.000. Pero en todo ese tiempo, nadie lo fiscalizó.

Tampoco nadie lo hizo con los alcaldes suplentes de Arica e Iquique, el independiente Waldo Sankán y la también independiente, pero apoyada por la Alianza, Myrta Dubost. Ambos iniciaron el período anterior como concejales de sus comunas e hicieron sus declaraciones según ese cargo, pero asumieron la jefatura de sus municipios luego de que sus antecesores fueran destituidos –Carlos Valcarce, en Arica, por fraude al fisco y Jorge Soria, en Iquique, por notable abandono de deberes y faltas a la probidad, además de estar acusado de fraude al fisco, negociación incompatible y otras irregularidades–. Sin embargo, ninguno actualizó su declaración al asumir el mando municipal. Pero al menos uno de ellos reparó el error.

Después de las elecciones municipales del año pasado, tanto Sankán como Dubost fueron confirmados como alcaldes. Y la de Dubost es una de las nueve declaraciones que ya ingresaron a la Contraloría desde regiones. En la casilla donde debe poner el cargo que ostenta ya no dice concejal, sino alcaldesa. Pero esa no es la única diferencia con su formulario anterior.

Las actualizaciones que llegaron

Cuando Myrta Dubost era concejala por Iquique, según su declaración de patrimonio sólo poseía $10 millones en bienes muebles y una cuenta corriente. No indicó ni el tipo de bienes ni el monto o a qué banco correspondía la cuenta. Pero dos años después, el formulario que presentó como alcaldesa es muy distinto.

Dubost hizo su declaración el penúltimo día de 2008 y en ella no aparecen ni la cuenta corriente ni los $10.000.000 en bienes muebles. Pero agrega un auto Honda de 1996 y seis sociedades, de las cuales tres (Ocean Investments Ltda., Pacific Trading Ltda. y South Investments Ltda.), según ella misma indica, no han tenido movimiento desde hace más de 20 años. Lo que llama la atención es que no haya incluido en su declaración anterior las sociedades D y G Asociados Ltda., en la que participa desde 1996, ni Chileminmetals S.A. y Quebrada del Desierto S.A.C., en las que posee derechos a través de D y G Asociados desde 2005.

La actualización de Dubost no fue la única que llegó a la Contraloría. Al menos otras siete declaraciones corresponden a actualizaciones por reelección. Una de ellas es la de la alcaldesa de Concepción, Jaqueline Van Rysselberghe (UDI), una de las pocas que evidencia un incremento en su patrimonio.

Mientras que en el formulario que la edil penquista presentó en 2006 aparecía su domicilio, además de un sitio eriazo avaluado en $120,5 millones y una cuenta corriente sin fondos, en la declaración que entregó ahora ya no aparece su dirección ni el sitio eriazo. Sin embargo, asegura tener dos sitios más, cuyo valor suma $225 millones. Además, ahora tiene dos cuentas corrientes con fondos que adicionados superan por poco los $5.000.000.

Otro de los alcaldes reelectos cuya actualización resulta llamativa es el de Coquimbo, Oscar Pereira (DC). En su declaración anterior , Pereira puso en la casilla destinada al organismo en que se desempeñaba “Jubilado SNS”, pero ahora rectificó: llenó el espacio con “I. Municipalidad de Coquimbo”. Ya no aparecen los dos créditos Corfo que tenía para pagar los estudios de sus hijos y sus acciones en Coopeuch pasaron de $1.860.000 a $6.152.744.

Otro cambio que mostró en el nuevo formulario fue su profesión: en 2006 se identificó como auxiliar de enfermería; ahora figura como paramédico.

El patrimonio de los que se van

De los 36 alcaldes incluidos en la lista de declaraciones que CIPER solicitó ver en Contraloría y que dejaron su puesto en el municipio, sólo tres han cumplido con la obligación de presentar el formulario con el detalle de su patrimonio. Y los tres son de regiones: Arturo Molina (Calama), Carlos Arellano (Rancagua) y Aldo Bernucci (Chillán).

El primero en hacerla fue Molina (DC), el 27 de noviembre de 2008. Según su “actualización por cese de funciones”, su patrimonio sólo ha variado en cuanto al valor de su auto y el vehículo de su mujer, además de la eliminación de una deuda de casi $6,5 millones . Todo lo demás sigue igual.

El radical Aldo Bernucci llenó el formulario el 5 de diciembre de 2008, un día antes de dejar la alcaldía chillaneja y ni siquiera se dio la molestia de rellenar las casillas referentes al cargo que dejaba. Ya no incluye su casa en Valdivia, pero en su reemplazo hay otra que no corresponde a su domicilio. Tampoco están los cerca de $7.000.000 que en 2006 tenía repartidos en una cuenta corriente, un fondo mutuo y una cuenta diferida. Ahora sólo anota una cuenta corriente con un fondo de dos millones de pesos. Y es mucho más que lo declarado por el ahora ex alcalde de Rancagua, Carlos Arellano (DC).

El formulario previo de Arellano da a entender que cuando llegó al mando del municipio no tenía nada. Ni propiedades ni vehículos ni bienes transables. Ni siquiera debía plata. Al parecer, durante los cuatro años que estuvo en el sillón edilicio no le fue muy bien: ahora sólo incluye $13,5 millones en deudas.

Los nuevos jefes

Dos días después de asumir la alcaldía de Lo Barnechea, Felipe Guevara (RN) llenó la primera declaración de patrimonio que hace como jefe municipal. En ella consignó que llevaba 25 días en el cargo, una casa en la misma comuna, un departamento destinado a la renta en Las Condes y un terreno en Cochamó, Puerto Varas. También incluye pasivos por $190 millones, un depósito a plazo de $35.000.000, una sociedad individual de responsabilidad limitada y acciones en D&S, Enersis y LAN, cuyo valor suma $11,8 millones.

Al otro lado de Santiago, Cristián Balmaceda (independiente pro Alianza) ganó en las elecciones con el 61,66% de los votos y llegó a reemplazar a Jaime Escudero (PPD), quien fue su contendor en la pelea por estar al frente de la municipalidad de Pirque entre 2008 y 2012. Balmaceda hizo su declaración el 26 de diciembre e incluyó dos sitios en Los Maitenes (avaluados en $68 millones), tres vehículos, dos sociedades y dos pasivos. Y a pesar de que su patrimonio está lejos de ser despreciable, no se compara con lo que su antecesor declaró tener en 2006 .

Escudero no ha presentado su actualización por cese de funciones, pero además de los tres caballos que tenía a su haber –dos tasados en 1,5 millón de pesos y el tercero en un millón–, uno de los cuales llevaba el sugerente nombre de “Tirano”, lo más llamativo de su declaración patrimonial eran sus acciones en la Sociedad Agrícola La Higuera Ltda., cuyos títulos representaban la cantidad de $3.325.000.000. De todas formas, Balmaceda no consigna el valor de sus participaciones en las sociedades Comercial El Llano de Pirque Ltda. –en la que posee el 50% de los derechos– ni en Inversiones Balún Ltda. –donde es dueño del 12,5%–, por lo que es imposible asegurar que su patrimonio sea menor.

Finalmente, al otro lado de la moneda está la declaración del nuevo alcalde de San José de Maipo, Luis Pezoa (RN). De las seis declaraciones que ya fueron ingresadas en la Contraloría por parte de alcaldes nuevos, la de él destaca por su austeridad. En el formulario, el edil de RN sólo indica poseer un millón de pesos guardados en una cuenta corriente en el BCI. Y eso sería todo.

El problema es que, de acuerdo a la investigación realizada por CIPER, los estudios de impacto ambiental para determinar cuán profunda debía ser la obligada descontaminación de esos terrenos antes de ser habitados, han experimentado sucesivas modificaciones e irregularidades, las que culminaron con la calificación de “Parques y Jardines” para un área que -según los estudios encargados por las petroleras- podría contener el cancerígeno benceno y otros compuestos similares más abajo de un metro de profundidad.

Así, de no mediar una intervención de las autoridades, en el gran espacio ubicado frente al Pacífico, entre el Regimiento Coraceros y terrenos de la Armada, miles de viviendas podrían ser compradas por quienes ignoran que el saneamiento que están dispuestas a pagar las petroleras Copec, Shell, Esso y Sonacol, de sólo un metro de profundidad, y aceptado por la autoridad ambiental, encierra un peligro de incalculables proporciones para sus moradores. Un precedente que sirve de ejemplo es la pesadilla que se vivió a partir del 2001 en Paulínia, Brasil, error que les significó a las petroleras perder millones de dólares.

Pero de todo aquello no se habla. Porque desde que las petroleras acordaron con las autoridades viñamarinas abandonar el terreno donde por casi un siglo operaron plantas de almacenamiento de combustibles, fábricas de lubricantes y agroquímicos, la atención se concentró en los cerca de US$ 60 millones que salieron al ruedo en la disputa inmobiliaria por la adquisición del paño más grande y mejor ubicado de la ciudad: las 17,8 hectáreas ubicadas en la recta Las Salinas. En una comuna donde ya casi no queda suelo para construir, todos comenzaron a llamarlo “el último filete”.

Desenredando la madeja

Acceder a los voluminosos legajos que conforman los estudios de impacto ambiental del terreno en cuestión fue fácil. Muy distinto fue entender la lógica del itinerario que siguió su aprobación. La aceptación de “buena fe” por parte de la autoridad de informes pagados por los mismos dueños del terreno que se exigía descontaminar; parámetros para medir tóxicos potencialmente cancerígenos que fueron reemplazados por otros más permisivos y autoridades que presionaron para apurar la aprobación de un proceso sin el saneamiento que garantice la salud de la población, son sólo un ejemplo de las múltiples irregularidades detectadas por CIPER en el “Proyecto de Recuperación Terreno Las Salinas”.

Para el cierre definitivo del negocio hoy sólo falta un trámite: la designación de la empresa auditora ambiental que fiscalizará la limpieza del terreno y que saldrá de una terna propuesta por las mismas petroleras. Pero un reciente dictamen de la Contraloría puso en tela de juicio gran parte del proceso, al invalidar una norma dictada por el Ministerio de Vivienda. Ésta eximió a las empresas de la obligación de limpiar el paño para que quedara apto para proyectos inmobiliarios, traspasando tal responsabilidad a los futuros compradores.

Así se llamó la evaluación de impacto ambiental a la que debieron someterse entre el 2002 y el 2007 Copec, Shell, Esso y Sonacol para poder desocupar y vender los 178 mil metros cuadrados junto a la playa, en la Ciudad Jardín, contaminados por hidrocarburos, pesticidas y varios compuestos peligrosos. Un desconocido proceso que resolvió la primera experiencia en Chile de reconversión de extensos suelos degradados por uso industrial para destinarlos a la actividad inmobiliaria.

En esos cinco años, en una batalla silenciosa y de escritorio, las petroleras lograron “bajar” los estándares de descontaminación a los mínimos necesarios y no para zonas residenciales, sino para áreas verdes. Así, Copec, Shell, Esso y Sonacol ganarán millones de dólares con la venta del terreno y ahorrarán otros tantos al sólo cumplir con una descontaminación que alcanza un metro de profundidad en los 13 puntos del terreno (según los estudios hechos por las mismas petroleras) que tienen contaminantes en una proporción que pone en riesgo la salud.

Para el cierre definitivo del negocio hoy sólo falta un trámite: la designación de la empresa auditora ambiental que fiscalizará la limpieza del terreno y que saldrá de una terna propuesta por las mismas petroleras. Pero un reciente dictamen de la Contraloría puso en tela de juicio gran parte del proceso. El ente fiscalizador invalidó una norma urbanística dictada por el Ministerio de Vivienda durante los momentos más críticos del conflicto, y que eximió a las petroleras de la obligación de limpiar el paño para que quedara apto para proyectos inmobiliarios, traspasando tal responsabilidad a los futuros compradores.

Fue precisamente esa resolución de Vivienda la que le despejó el camino a la Municipalidad de Viña del Mar para modificar el uso de suelo del sector y decretarlo como “zona de riesgo” por contaminación, pero permitiendo que el saneamiento definitivo se postergue incluso hasta el momento en que deba tramitarse la recepción final de lo que allí se construya. Es decir, cuando las torres de departamentos y hoteles ya estén terminados. La colisión de normas generada por el dictamen de Contraloría generó preocupación en las autoridades locales, empresas inmobiliarias y petroleras. Y ello porque el dictamen abrió una brecha que algunos expertos en medio ambiente pretenden aprovechar para exigir revisión del hasta ahora desconocido proceso ambiental, mientras que organizaciones vecinales locales estudian recurrir a la justicia.

La revisión hecha por CIPER de las decenas de documentos que se acumularon desde el 2002, más entrevistas con varios de los especialistas y ex autoridades que estuvieron involucrados en un proceso asumido desde un comienzo como el precedente para futuros casos similares, permitió establecer, primero, los principales puntos de fricción. Dos aristas marcan el límite que las petroleras no estaban dispuestas a traspasar y que determinaban la profundidad de la descontaminación a la que la ley los obliga: cuál era el nivel mínimo aceptado de contaminantes bajo tierra y si los tóxicos afectaron o no los terrenos colindantes al codiciado terreno.

El resultado indica que las petroleras impusieron su parecer en ambos frentes de conflicto. Pero la investigación de CIPER descubrió informes y recogió testimonios inéditos que cuestionan tanto la transparencia del proceso como los estudios que sirvieron para la aprobación del tipo de descontaminación a la que estaban obligadas Copec, Shell, Esso y Sonacol antes de vender. Entre ellos, borradores que la consultora contratada por las petroleras olvidó accidentalmente, filtraciones de hidrocarburos en las inmediaciones de la playa y la opinión del Instituto de Salud Pública, que no participó en el proceso conducido por la Conama.

Qué hay bajo tierra

El apelativo de “filete” que se le dio al codiciado terreno de las petroleras en la Quinta Región tiene asidero. A comienzos de esta década los analistas del sector calculaban que la plusvalía del terreno se dispararía por lo menos a las 60 UF por metro cuadrado cuando se retiraran las instalaciones, y a mucho más con el terreno construido. Eso hizo que inicialmente las petroleras pensaran en urbanizar ellas mismas el paño. Pero las complicaciones ambientales posteriores hicieron que abandonaran la idea. Poco después anunciaron que lo venderían. Y en ningún caso por menos de US$ 60 millones, una cifra que sigue sobre la mesa hasta hoy.

Ahí el problema se traspasó a los posibles compradores. Para dimensionar la rentabilidad del negocio era requisito previo sincerar cuán contaminado estaba el paño. Eso lo resolvería la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que se desarrollaría el 2002. Como las petroleras ya estaban trabajando con la filial chilena de la consultora holandesa Arcadis Geotécnica, la contrataron como su interlocutor ante la Conama. Arcadis elaboró durante el 2001 dos informes iniciales: “Estudio de Suelos” y “Estudio de Evaluación de Riesgos”.

Para el primer estudio examinaron el lugar, practicaron calicatas o excavaciones de prospección, y recogieron 1.594 muestras del terreno, de las cuales 233 fueron analizadas por reconocidos laboratorios holandeses, según Arcadis. Los resultados arrojaron la presencia de más de 240 sustancias derivadas o relacionadas con la actividad de hidrocarburos y otros contaminantes, en distintas cantidades y valores, que sirvieron de base para todo el proyecto. El informe también describe las condiciones generales del terreno y sus antecedentes históricos.

El segundo estudio “de Evaluación de Riesgos”, concluyó en lo que muchos temían: tanto el suelo como el agua del terreno presentaban grados de contaminación que superaban lo admitido en 13 puntos de los 165 que se examinaron. Entre varios otros contaminantes detectados figuraban “concentraciones de metales -bario, cobre, plomo y zinc-; agroquímicos, xilenos, clorofenoles, bifenilos policlorurados, hidrocarburos poliaromáticos y aceites minerales”. Las muestras de agua subterránea arrojaron presencia de “benceno, xileno, naftaleno, fenantreno y aceites minerales”. Todo lo anterior detallado en minuciosas tablas de medición.

Lo sorprendente es que, los científicos resultados de ambos estudios, tuvieron un mínimo impacto en el proceso de evaluación de impacto ambiental que siguió a continuación.

Y ello, a pesar que entre los agroquímicos a los que alude el informe figuran compuestos como el DDT, DDE, DDD y drines, los que junto a los clorofenoles forman parte de la denominada “docena sucia”, ampliamente rechazada en todo el mundo: el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) decretó su eliminación en el Convenio de Estocolmo, el que Chile suscribió en 2005. Dichas sustancias corresponden a los residuos que dejó una planta de producción de pesticidas que Shell operó en ese lugar hasta una fecha que los representantes de las petroleras -según explicaron a CIPER- fijan “hasta el año ’90 ó ‘91″.

Todas estas mediciones Arcadis las realizó en base a una propuesta que las petroleras avalaron y anunciaron en ese primer informe: para todo el proceso se iba a adoptar la severa norma holandesa de evaluación de riesgo. La Conama local la aceptó. Y se entiende. Como Chile no cuenta con una norma específica para este tipo de situaciones, en subsidio la legislación sugiere adoptar una referencia extranjera. Ese vacío se convertiría muy luego en una pesadilla para los responsables del proceso.

Un problema de “buena fe”

Aunque durante el 2002 las petroleras en reiteradas ocasiones informaron a la prensa que el EIA avanzaba rápido y que “en unos pocos meses” limpiarían el suelo y lo venderían, ocurrió todo lo contrario. Tras recibir varias observaciones de las autoridades competentes, la Conama regional devolvió los estudios con una precisión que desató el primer problema: sólo las petroleras eran responsables del saneamiento del terreno, y en ningún caso el futuro comprador.

-Eso no les gustó, nada. En el fondo era decirles a las petroleras que ellas debían pagar por la descontaminación. Conama siempre aplica el criterio “el que contamina, paga” -recuerda la abogada María Isabel Mallea, ex secretaria de la Conama V Región.

Dos aristas marcan el límite que las petroleras no estaban dispuestas a traspasar y que determinaban la profundidad de la descontaminación a la que la ley los obliga: cuál era el nivel mínimo aceptado de contaminantes bajo tierra y si los tóxicos afectaron o no los terrenos colindantes al codiciado terreno. La autoridad siempre sostuvo que éstos sí podían desplazarse horizontalmente –por sí mismos o a través de la napa-, pero las petroleras hasta hoy replican que eso es imposible. Al final impusieron su idea, sin que la Conama efectuara monitoreos en las áreas vecinas.

Luego de pedir postergación del plazo, meses después, las petroleras presentaron la documentación para la primera adenda o versión que recoge las correcciones. Y fue entonces que se produjo el primer cambio polémico: en esa entrega las petroleras abandonaron la norma holandesa -la misma que antes habían defendido- y la reemplazaron por una norteamericana. Ello implicó cambiar los modelos de cálculo de contaminantes y el software que permitía “tabular” los datos recogidos en terreno, además de traducirlos a niveles que revelaran riesgos para la salud humana. En el argot técnico, éstos últimos eran expresados en “valores objetivos de concentración” (VOC). Al igual que los dos estudios anteriores, la adenda fue elaborada por Arcadis Geotécnica y financiada por las cuatro petroleras.

Las empresas propietarias del terreno justificaron su decisión en que la norma desechada imponía el uso de programas computacionales que no permitían medir adecuadamente la presencia de algunos tóxicos, como el aceite mineral. Y argumentaron además, que el nuevo estándar norteamericano era “sobre conservador” para calcular los VOC de “inhalación de vapores en espacios cerrados”. Nada dijeron sobre un pequeño detalle: ni la Conama ni ningún organismo estatal competente en el proceso tenía la tecnología para comprobar la existencia de elementos nocivos para la salud.

No fue la única sorpresa del segundo informe presentado por las petroleras ante la Conama. Con el nuevo modelo, dijeron, los valores de concentración de sustancias más estrictos no eran los que se necesitan para uso inmobiliario, sino para un escenario que fue técnicamente definido como “Parques y Jardines”.

Los dos cambios introducidos por las empresas petroleras provocaron reclamos de organizaciones ambientalistas y vecinales, las que infructuosamente plantearon a las autoridades que eso obligaba a reiniciar el proceso desde cero, ya que el cambio de norma se iba a traducir en márgenes de limpieza menos rigurosos. Tuvieron eco en determinados especialistas de la Conama local, pero sólo en privado.

-El tema político era más complejo que el técnico, porque como no hay norma, da para interpretaciones muy flexibles. Los ambientalistas querían el máximo y los inversionistas el mínimo -reconoce en privado una fuente que asesoró de cerca a las petroleras.

Como contraparte de las petroleras estaba en ese momento Rodrigo Jerez, entonces jefe de la Unidad de Control de la Contaminación de la Conama V Región, y a cargo del proyecto. Hoy ya no trabaja en ese organismo y es uno de los pocos que conoció directamente este proceso y que accedió a entregar su opinión oficialmente:

-El modelo holandés es más restrictivo que el norteamericano; y esto porque los territorios de los Países Bajos son muy pequeños. Los norteamericanos no tienen problemas de espacio y su sistema ambiental es en algunos casos más flexible que el europeo. La verdad es que se cuida el ambiente, pero son un poco más relajados -dice.

Las cifras avalan los dichos de Jerez. Por ejemplo, para limpiar el suelo y dejarlo apto para uso residencial o de primera vivienda, la norma holandesa exige que en el primer metro la concentración de benceno -uno de los químicos más dañinos para la salud- no puede ser mayor a 0,4 miligramos por kilo de tierra. En cambio, la norma norteamericana aplicada para reacondicionar el terreno para áreas verdes acepta hasta un tope de 15 miligramos por kilo.

Pese a que varias autoridades locales criticaron que se aceptara un estándar que nada tenía que ver con el uso inmobiliario que se le iba a dar al terreno en cuestión, la Conama regional validó los valores requeridos para “Parques y Jardines”. Y lo hizo sin jamás comprobar esos valores con exámenes propios en terreno. Según los expertos que consultó CIPER, la legislación ambiental considera que en aspectos como éste el sistema descansa “sobre la buena fe” del titular del proyecto -en este caso, las petroleras- y porque además, la autoridad carece de los medios para efectuar mediciones tan específicas y costosas.

-Efectivamente, uno hace un acto de fe. Es uno de los problemas que tiene la legislación ambiental chilena -confirma Jerez, quien agrega que en todos los proyectos ambientales “es exactamente igual”.

La aceptación de la “normativa norteamericana” tuvo otros efectos polémicos. Al aplicarla en una tabla, ésta identifica contaminantes específicos y puede calificarlos en cantidades riesgosas hasta el primer metro de profundidad. De ahí para abajo también los detecta, pero no los estima peligrosos (“no aplican”, en lenguaje técnico). Habiendo aceptado también que el marco era “Parques y Jardines”, daba lo mismo si esos contaminantes existían. La única excepción “peligrosa” de dicho estándar es el benceno, un componente volátil que tiende a subir y a liberarse en contacto con el aire.

Pero medir la “excepción” benceno fue complejo. Porque en las tablas que las petroleras y Arcadis entregaron a la Conama local, las sustancias ubicadas bajo el primer metro fueron identificadas como “hidrocarburos totales”, resumidos como “TPH Suma” o “TPH totales”, es decir, una mezcla de elementos que no distingue cuál es cuál y en la que puede estar presente el benceno u otro volátil similar. En mediciones hechas a medio metro hubo puntos en que se hallaron 34 mil miligramos de TPH por kilo, pero a seis metros y medio los TPH llegaban a 40 mil miligramos por kilo. Pero eran sólo eso: “TPH Suma”. Con esos datos fue imposible saber cuánto benceno había en los TPH bajo el primer metro.

Está científicamente comprobado que la inhalación de benceno en espacios cerrados -como podría ocurrir si éste “sube” por tuberías de un edificio o traspasa estructuras- puede producir mareos, somnolencia y pérdida de conocimiento. En casos de exposición prolongada es cancerígeno.

Como al parecer nadie había reparado en los peligros que encierra esa falta de medición, CIPER decidió consultar al Instituto de Salud Pública si el benceno puede estar presente en los “TPH Suma”. La jefa del Laboratorio de Suelos y Residuos Peligrosos de dicho organismo, Isabel Guerrero, contestó: “Sí, es posible que estén presentes. Se debe verificar con algún tipo de análisis”.

También se le preguntó directamente a la gerencia de medio ambiente de Arcadis Geotécnica. “Los TPH pueden contener hidrocarburos volátiles, entre ellos el benceno. Dada la importancia de este compuesto, se hicieron análisis específicos para determinar su presencia en forma separada”, fue la respuesta.

Los análisis efectivamente se hicieron. Pero para sorpresa de muchos, las mediciones de benceno que se realizaron con la tabla norteamericana no superaron el límite de los 15 miligramos por kilo. Las muestras más altas se ubicaban en tres puntos donde arrojaron entre 0,6 y 1,14 miligramos por kilo, valores que sí exceden el tope aceptado por la tabla holandesa. Pero la Conama también decidió “hacer buena fe” de dichos cálculos.

Fue el primer gran triunfo de las petroleras. No sería el único. Entre el 2005 y 2007, cuando las empresas propietarias del codiciado terreno elevaron el caso a las instancias superiores de la Conama, ésta les pidió suprimir del EIA la fase de desarrollo inmobiliario que estaba explícitamente declarada en el informe original. Por lo que les pidieron reemitirse a los valores exigidos sólo a lo estrictamente relacionado con el saneamiento para “Parques y Jardines”. Eso fue todo.

Con esas dos resoluciones, dos triunfos, las empresas petroleras dueñas del terreno sólo quedaron obligadas a sanear el primer metro de suelo en los trece puntos en que se detectaron contaminantes que excedían la norma norteamericana. Lo que hubiera más abajo, no era su problema. Un argumento que repitieron cada vez que vecinos, organizaciones ambientales y autoridades locales pidieron en las observaciones al EIA que se sometieran a estándares más estrictos.

-La imagen que se usaba en las discusiones internas era “¿qué pasa si un niño de las futuras viviendas come tierra?”. Y la norma que ellos presentaban para ‘Parques y Jardines’ cumplía, aunque nosotros sabíamos que era para un proyecto inmobiliario… Lo que ocurre es que sanear un metro, aún con todas las restricciones que supone hacerlo para “Parques y Jardines”, es más barato que hacerlo para ocho o diez metros de profundidad -dice Isabel Mallea, abogada y ex secretaria de la Conama local.

El ahorro que significa la diferencia entre limpiar un terreno para “parques y jardines” y para viviendas fue un gran triunfo para las petroleras. La técnica de remediación ya acordada con la autoridad contempla retirar el suelo dañado sólo en los 13 puntos y no en todo el terreno, llevarlo a instalaciones de la empresa Hidronor -ubicada en Santiago y especialista en residuos peligrosos- y limpiarlo o reemplazarlo por material “sano”.

Para tener una idea de los costos, CIPER consultó a empresas especializadas en traslado de tierra y escombros que han operado en el área de Las Salinas. En una de ellas, un ejecutivo señaló que por cada metro cúbico de material extraído se cobra $350 por cargarlo en camiones y otros $100 por cada kilómetro de viaje.

Hechos los cálculos pertinentes, para remediar uno de los 13 puntos (que involucre un área de 20 metros por 20 metros, según un promedio estimado por Copec), los resultados son los siguientes. El escenario “Parques y Jardines”, es decir, remover y trasladar a Santiago un metro de profundidad, les costaría a las petroleras $ 4.140.000. En cambio, remover la tierra hasta al menos cinco metros bajo el suelo, elevaría los números a $20.700.000 por cada sector contaminado. Pero para tener una dimensión exacta, esta última cifra habría que multiplicarla por todos los puntos que deberían sanearse (muchos más de 13), pero además calcularla en base a una profundidad que habría sido posible determinar si se hubiese efectuado un correcto estudio de impacto ambiental.

Lo anterior, claro sin considerar el precio que cobraría Hidronor por recibir el material, limpiarlo, ni menos llevarlo de vuelta a Viña del Mar u otro destino.

De la puerta para fuera

A pesar de los problemas resueltos, el Estudio de Impacto Ambiental avanzó lentamente, ya que surgió otro de los principales puntos polémicos: si los terrenos aledaños a las antiguas plantas de combustible estaban contaminados, entonces las petroleras también tendrían la obligación de limpiarlos.

El principio básico que esgrimió la autoridad fue que si los hidrocarburos o cualquier otro contaminante se desplazaban horizontalmente, contaminarían otras áreas. Lo mismo si “bajaban” hasta la napa o flujo de agua subterránea -que en esa zona se ubica en el rango de los cinco metros de profundidad, es decir, fuera del escenario “Parques y Jardines”-, porque desde allí se desplazarían en otras direcciones.

No era una objeción nueva. Ya en la primera fase del proyecto, cuando la Seremi de Salud hizo sus observaciones, recordó una experiencia ocurrida a fines de los ‘90 en la zona relacionada con “desplazamiento de hidrocarburos por la dinámica de las napas subterráneas”. Más de un año después de la ruptura de un oleoducto de Sonacol en el sector de Reñaca Alto, el combustible había aflorado a cierta distancia.

Cada vez que se hacía la objeción, las petroleras replicaban que no había ninguna evidencia de que contaminantes provenientes del terreno se hubiesen desplazado a otras zonas. Y lo sostienen hasta hoy.

CIPER descubrió que uno de los estudios encargados por las petroleras a la consultora Arcadis aún contenía las correcciones hechas en su etapa de borrador. Una de ellas sostiene que “existen antecedentes de presencia de hidrocarburos en aguas subterráneas durante excavaciones realizadas años atrás en el predio ubicado al sur del sitio, antiguamente utilizado por los talleres de mantenimiento del Regimiento Coraceros”, es decir, en el terreno colindante. Otras contienen frases como “Ojo. Yo dejaría eso si corresponde a la verdad”.

-Esto tiene que ver con el comportamiento del suelo. Aquí está el cerro atrás, nosotros y el mar. Por lo tanto, la gradiente hidrogeológica que se midió es hacia el mar. Lo que haya sucedido en los años de operaciones de las plantas estaba refrendado por los Planes de Vigilancia Ambiental Acuáticos, que indicaron que no tuvimos incidencia en el borde costero. Por lo tanto, hacia los terrenos de la Armada, uno no tendría que preocuparse. Y hacia el lado del ex regimiento Coraceros, tampoco -asegura Renato Gaete, jefe del área de medio ambiente de Copec.

Desde el 2002 y hasta el 2004, los especialistas de Arcadis y Conama se enfrascaron en discutir si los contaminantes podían o no desplazarse horizontalmente. La consultora privada desplegó varias veces modelos y cálculos para demostrar que eso era imposible, y que sólo se movían verticalmente. Lo mismo afirma el gerente de Desarrollo de Copec y vocero de las cuatro petroleras, Arturo Natho:

-El hidrocarburo tiene un comportamiento que es bastante vertical, cae como piedra para abajo, por suerte. Así que si cayó aquí, no te pasa para acá.

Ninguna de esas argumentaciones hicieron cambiar de opinión a los técnicos de la Conama regional. Ellos siempre insistieron en que los tóxicos pudieron haberse propagado a los predios vecinos, ya que el flujo de agua subterránea lo permitía. Por eso se sorprendieron desde el inicio del proceso del EIA, en 2002, cuando las petroleras presentaron sus primeras estimaciones acerca del alcance de la contaminación, antes de medirla: curiosamente, todos los gráficos sostenían que el radio de posible alcance de los químicos llegaba justo hasta los límites del predio. Ni un metro más allá.

Otros informes sugieren que los técnicos de Conama tenían razón. CIPER revisó el “Estudio de Suelos, Planta Las Salinas, Viña del Mar”, que Arcadis elaboró luego de excavar el terreno para retirar las primeras muestras, con las que más tarde se determinaría la contaminación del terreno. El documento, fechado en diciembre de 2001, se compone de un texto en formato Word de 22 páginas. Pero al imprimirlo, la sorpresa fue que se obtuvo uno de 37 páginas y con numerosos párrafos y títulos tarjados. Fue la función “control de cambios” de dicho procesador de texto, que conserva las modificaciones hechas a un documento -aunque éstas se hayan borrado- la que permitió ver lo que se trató de ocultar.

Gracias a que los redactores del estudio no deshabilitaron esa herramienta, CIPER descubrió que hubo no sólo párrafos, sino capítulos enteros que fueron eliminados del informe, que más tarde fue incorporado al Estudio de Impacto Ambiental en la Conama. Y en algunos de esos párrafos suprimidos aparece claramente sugerida la presencia de contaminantes fuera del límite del terreno de las petroleras.

El punto 2.2, titulado Características del sitio y áreas vecinas, oficialmente tiene sólo dos párrafos, pero el original incorporaba un tercero. Allí se lee: “…existen antecedentes de presencia de hidrocarburos en aguas subterráneas durante excavaciones realizadas años atrás en el predio ubicado al sur del sitio, antiguamente utilizado por los talleres de mantenimiento del Regimiento Coraceros”. La ex unidad militar -donde hoy existen cuatro enormes torres de departamentos- era inmediatamente contigua al terreno de las petroleras.

Para Renato Gaete, jefe del área de medio ambiente de Copec, eso no significa nada. Junto con subrayar que los hidrocarburos no se mueven horizontalmente, explica que el Regimiento Coraceros era “un regimiento motorizado y el Ejército tenía un sistema de estanques y combustibles propio. Le hacían cambios de aceite a los tanques, por lo que se asumió que era de ellos”.

Otra “corrección” figura en el punto “2.3 Geología e Hidrología“. El texto tarjado representa lo que fue borrado:

“Mediciones del nivel freático realizadas en pozos de monitoreo indican que el agua subterránea en el Sitio se encuentra entre 5 y 7 m de profundidad por debajo de la superficie del terreno. La principal dirección del flujo subterráneo es hacia el Sur-poniente , correspondiente a una elevación entre 3 y 5 m.s.n.m.m. La principal dirección del flujo subterráneo es hacia el poniente, excepto en el sector de Planta Esso en que se observa un flujo hacia el surponiente.”

En el resto del texto original tarjado por Arcadis también se aprecian algunas apreciaciones de los redactores, como “Ojo. Yo dejaría eso si corresponde a la verdad”, que obviamente también fueron suprimidas. Pero nadie más que los analistas de Arcadis tuvo acceso en ese momento a las correcciones al estudio.

Los participantes del proceso coinciden en señalar a Sat Sansar Singh, nombre con el que sus alumnos de yoga conocen al especialista Luis Eduardo Ugalde Abaroa, como uno de los redactores y autores del documento. Pero Ugalde contestó que ya no trabaja en Arcadis Geotécnica y que requería una autorización por escrito de sus antiguos jefes para dar una entrevista.

Consultada la gerencia de medio ambiente de Arcadis sobre las interrogantes que plantea el descubrimiento de las correcciones al estudio oficial, la respuesta fue que “podría corresponder a un documento borrador de trabajo en equipo, en el que obviamente se encontrarán modificaciones, más aún cuando a esa fecha se continuaban haciendo mediciones y corroborando información de campo”.

Le mostramos el documento a Rodrigo Jerez, a cargo de supervisar el proyecto en Conama V Región. Muy sorprendido, afirma que nunca vio esas correcciones, y advierte que la evaluación ambiental del proyecto de las petroleras habría sido muy distinta si hubiese conocido esos antecedentes: “Si yo hago un juicio de lo que está tarjado, aparecen otras condiciones que fueron las mismas dudas que se nos generaron en la evaluación del proyecto. Aquí hay muchas cosas que podrían confirmar nuestra teoría, que ellos lo tenían claro pero lo eliminaron. Y eso repercute en la evaluación del proyecto”.

¿Petróleo en la playa?

Otro hecho aún más curioso también podría cuestionar la tesis de las petroleras de que la contaminación se limitó a su terreno y no afectó a las inmediaciones. Ocurrió el 2006, cuando el EIA ya había sido aprobado con condiciones por la Conama regional y las empresas peleaban por la aprobación definitiva ante la Conama nacional. El 6 de septiembre de ese año, personal de la constructora Siglo Verde realizaba excavaciones cerca de los restos de la antigua maestranza Edwards y Cerutti, situada justo al frente del polémico terreno, sólo que al otro lado de la recta Las Salinas y a la altura de 19 Norte.

Cuando los operarios se encontraron con restos de un muro subterráneo que debían demoler, de pronto una de sus grietas comenzó a filtrar una sustancia líquida, oscura, espesa y de un olor penetrante. También hallaron -según testigos- restos de tambores viejos y oxidados. Los trabajadores informaron a la Municipalidad de Viña, la que inspeccionó el sitio junto a personeros de Copec y Esso. Dos días después, las petroleras enviaron un equipo de la empresa Ecotecnos, que retiró el material, tomó muestras y las envió a laboratorios de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM).

El único registro público del accidente corrió por cuenta de una breve nota publicada dos días después de ocurrido por El Mercurio de Valparaíso. Bajo el título “Hallan napa con combustible”, se describió el hallazgo como “una napa subterránea cuyas aguas están mezcladas con residuos de combustible”, y se precisó que el material “fue encontrado a 5 metros de profundidad”, a “escasos metros de la playa”. Se anunció también que la UTFSM enviaría los resultados en diez días.

En una región donde este tipo de incidentes literalmente son “estrujados” por la prensa local, de éste nunca más se supo por los diarios. Nadie informó de sus resultados. Pero especialistas de la reconocida universidad viñamarina confirmaron a CIPER que las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Ensayos de Materiales y Control de Obras (LEMCO), dependiente de su Departamento de Obras. Lo sorprendente es que hasta hoy resulta imposible conocer qué contenía lo que encontraron los trabajadores de Siglo Verde, y si esos datos desmienten o no la tesis de las petroleras. En LEMCO contestaron que los exámenes dependen de “clientes con los que se mantienen estrictos acuerdos de confidencialidad”, por lo que denegaron nuestra petición de conocer los resultados.

La única pista adicional es un comentario del vocero de las petroleras, Arturo Natho, a raíz de la discusión por la posible contaminación en los alrededores: “Tomamos hartas muestras de la playa. La playa está limpia, se chequeó, y en la única parte en que se evidenció algo era frente al Coraceros y a la Esso, donde estaba Edwards y Cerutti, que yo creo es de donde salió el tema de Siglo Verde”.

Sin embargo, en la documentación oficial online del EIA de Las Salinas no se encontró ningún informe sobre dichas pruebas, pese a que sí fueron pedidas en reiteradas ocasiones por autoridades locales.

Para aclarar en parte estas dudas, recurrimos nuevamente al Instituto de Salud Pública, esta vez para preguntar en qué dirección tienden a moverse los contaminantes subterráneos en un caso como éste. Su jefa del Laboratorio de Suelos y Residuos Peligrosos, Isabel Guerrero, contestó: “Se pueden mover en distintas direcciones, dependiendo de las condiciones ambientales -como por ejemplo, la temperatura- y la mecánica y química del suelo”.

En tierra de nadie

Las controversias relatadas alargaron el EIA hasta octubre del 2004, cuando el estudio pasó a manos de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), el organismo político-técnico que le da el visto bueno a los proyectos. En una polémica asamblea que apenas cumplió con el quórum, marcada por una agria discusión entre autoridades locales que pedían más resguardos para la salud y el entonces gobernador provincial -y hoy intendente- Iván de La Maza, el organismo finalmente aprobó el proyecto por ocho votos a favor, tres abstenciones y uno en contra. El acta de la sesión describe lo ocurrido.

La resolución exenta 203/2004 aprobaba el saneamiento para “Parques y Jardines”, aunque con detalles contradictorios. Uno de los considerandos del texto -el 10.20- dice que “quedará expresamente prohibida la plantación de hortalizas o cultivos en toda la superficie” del predio. Pero también fijó condiciones que indignaron a las petroleras: el documento imponía tablas con valores más estrictos para tóxicos como el benceno, el tolueno y el xileno. Eso obligaba a un saneamiento más acucioso.

Las empresas replicaron ante el consejo de ministros de la Conama, a través de un recurso de reclamación. Y argumentaron que les habían “mezclado las tablas”.

En marzo de este año, el municipio viñamarino finalmente pudo publicar el seccional que permite construir edificios en el terreno, pero sujeto a congelamiento mientras no se levante la categoría de “Zona de Riesgo” que la afecta. La ordenanza respectiva dice que si “las obras de mitigación deben desarrollarse en conjunto con la ejecución del proyecto, deberá acreditarse su completa realización antes de la recepción definitiva de la obra”, es decir, cuando los proyectos inmobiliarios estén terminados y listos para ser habitados.

- Eso hacía incompatible todo lo que se había hecho, la metodología y el resultado con esa tabla. Se hacía incompatible con los 13 puntos, porque si no se nos transformaban como en 40. Y eso hubo que pedir aclararlo, porque si no, no teníamos cómo gestionar el proyecto- explica Gonzalo Puelma, jefe de Medio Ambiente, Prevención y Seguridad de Copec.

Pero el trámite se estiró tres años más. La dilación impacientó a las petroleras y también a las autoridades viñamarinas. Pero la mayor inquietud se desató entre las inmobiliarias interesadas en el codiciado paño. A esas alturas, las firmas constructoras ejercían una presión sin discreción sobre el municipio que lidera Virginia Reginato para que empezara a confeccionar el seccional que cambiaba el uso de suelo al predio y lo dejaría listo para construir.

La disputa por el paño se trasladó a los diarios. Uno de los más importantes empresarios del rubro inmobiliario, Abraham Senerman -actualmente construye el millonario complejo Titanium La Portada, en Vitacura- declaró públicamente su interés en comprar el “último filete”. A esa competencia se sumaron inversionistas del Reino de Bahrein, en el Golfo Pérsico, que viajaron hasta la Ciudad Jardín para explorar el negocio. Senerman, quien ya tiene diseñado un gigantesco proyecto para Las Salinas, llegó a ofrecer US$ 55 millones por el paño, suma que las petroleras rechazaron por encontrarla muy baja.

En esas condiciones, la dilación del estudio ambiental terminó en drama. La espera de las petroleras terminó recién el 9 de marzo de 2006, el penúltimo día del mandato de Ricardo Lagos, cuando el consejo de ministros de la Conama aprobó sólo parcialmente el reclamo. Las petroleras no quedaron satisfechas: querían garantía de que no quedara ningún margen de interpretación posible que las obligara a descontaminar más de un metro de profundidad. Lo intentaron con un recurso de aclaración. Fue rechazado. Insistieron con un segundo recurso. Y finalmente, en diciembre pasado, obtuvieron lo que querían.

Para entonces, la Municipalidad de Viña ya había ejecutado los cambios al seccional que determinan el uso del sueño en esa zona, luego de una larga negociación en que las empresas inmobiliarias interesadas les hicieran todo tipo de peticiones. Finalmente se optó por “reconvertir” el predio para una amplia variedad de construcciones. Entre otras, la ordenanza publicada en marzo de este año cita departamentos, hoteles, comercio, restaurantes e incluso edificios para educación “pre básica, sala cuna y jardín infantil”.

Todo ello quedó sujeto a un estudio de impacto ambiental que la propia municipalidad de Viña debía realizar. Y nuevamente la sorpresa. Aunque para el EIA municipal las autoridades comunales contrataron a una consultora, también se basaron en los estudios de Arcadis, la misma firma pagada por las petroleras. Es más: la asesora elaboró nuevos informes que también fueron financiados por los dueños del terreno. Al menos eso es lo que reconocieron en Arcadis.

-Con el propósito de incluir mayores exigencias en el plan seccional, la municipalidad estimó conveniente declarar la zona como de riesgo. Dado que nuestra empresa cuenta con la mayor experiencia y conocimiento en materias de evaluación de riesgo, las compañías petroleras nos encargaron desarrollar estos antecedentes, los que fueron aportados durante el proceso de evaluación del plan seccional para ser tomados en consideración- nos dijo la gerencia de medio ambiente de la consultora.

Se repitió el áspero tira y afloja entre Arcadis y la Conama regional y nuevamente surgió la discusión respecto de quién iba a limpiar el terreno para que quedara apto para la construcción de viviendas. Y también, quién controlaría ese proceso de limpieza.

En ese proceso fue crucial una norma que el ministerio de Vivienda dictó el 10 de marzo de 2006, justo un día después de la bullada resolución del consejo de ministros de la Conama sobre el terreno: la circular 0099 de la División de Desarrollo Urbano, más conocida como DDU 162. Dicho texto no hizo más que recordar que otras reglamentaciones exigen “estudios fundados” que acrediten que el riesgo ha sido superado, incluyendo la “evaluación de impacto ambiental correspondiente”. Pero en las últimas dos líneas agregó que las obras de mitigación del suelo son responsabilidad “del titular de cada uno de los proyectos de edificación que se solicite aprobar”.

La última frase ayudó a cerrar la discusión entre la Conama y la Municipalidad de Viña, que respondía duramente a cada petición de resguardo sanitario que le hacían las autoridades ambientales. También zanjó en el papel el cuestionamiento de la Conama acerca de que el EIA municipal dejaba en tierra de nadie la responsabilidad de la limpieza del suelo para fines inmobiliarios. Pero no apagó las críticas de organismos locales como la Seremi de Salud, que dio su visto bueno de mala gana y a última hora.

Tras obtener la aprobación de la Corema en noviembre de 2007 -que tampoco fue unánime-, el municipio publicó el seccional en un anuncio que fue celebrado por Reginato y otras autoridades locales. A solicitud de CIPER, el municipio envió la ordenanza del seccional, que declaró el predio como zona de riesgo, recogiendo la legislación urbanística y la DDU 162, pero agregó: “En el evento que los referidos estudios establezcan que las obras de mitigación deban desarrollarse en conjunto con la ejecución del proyecto, deberá acreditarse su completa realización antes de la recepción definitiva de la obra”.

Lo anterior significa que una vez que las petroleras vendan el terreno -sólo descontaminado en su primer metro-, el que lo compre podrá construir y al mismo tiempo sanear el resto del suelo. Incluso podrá postergar la limpieza hasta poco antes de la recepción final, cuando las nuevas edificaciones ya estén terminadas. Con ello se excluye toda garantía que evite que quien construya no limpie el suelo.

En teoría, el asunto no debiera ser tan simple para el futuro comprador. Pero es sólo teoría. Fuentes de la Conama regional advierten -en privado- que la ordenanza municipal dejó las cosas “en un rango bastante interpretable, que depende de cuán bueno sea el abogado de la empresa constructora que compre el paño”. A ello se suman las falencias ya descritas de la legislación. Por ejemplo, el EIA sólo es obligatorio para proyectos de una superficie igual o superior a una hectárea o 10 mil metros cuadrados, y el predio de Las Salinas tiene 17,8 hectáreas. Si los futuros dueños del paño lo subdividen en lotes inferiores al límite ambiental, nadie les podrá exigir que se sometan a examen ni menos a que descontaminen en detalle.

Por eso mismo, en su momento, las autoridades locales con competencia ambiental le pidieron a la alcaldesa Reginato que en el seccional fijara subdivisiones con un mínimo de una hectárea. La respuesta fue una rotunda negativa basada en que eso “rigidiza las posibilidades de gestión en el sector”.

El ex jefe de la Unidad de Control de Contaminación de la Conama de Valparaíso, Rodrigo Jerez, revela detalles de un proceso marcado por la ausencia de normas y que, a su juicio, dio luz verde a un plan que no elimina todos los riesgos de que sustancias nocivas afecten a los futuros residentes del codiciado sector costero viñamarino.

Rodrigo Jerez recibe a CIPER en su despacho de la Oficina Nacional de Emergencias, donde se desempeña ahora. En 2004 este ingeniero en Seguridad Industrial especializado en emergencias ambientales era jefe de la Unidad de Control de Contaminación  de la Conama V Región. Entonces libró un duro round con las petroleras. Sabía que en los terrenos de Las Salinas no se construirían “Parques y Jardines”, como aseguraba el proyecto de las compañías, sino residencias, y trató de torcerle la mano al mercado.

En Chile no existen normas para remediar suelos contaminados y Jerez solicitó una serie de monitoreos anexos a este plan de saneamiento para resguardar a los futuros residentes del sector.
Las “herramientas complementarias”, como las llama, no pasaron la prueba y las petroleras no fueron obligadas a realizar esos monitoreos. Jerez no se siente derrotado. Enfático, dice que lo único que hoy se puede construir ahí son “Parques y Jardines” y que persiste el riesgo de que en el subsuelo haya compuestos altamente nocivos, como el benceno, que afloren cuando se hagan los subterráneos de edificios.

“Lo dije en la Conama, lo dejé por escrito y hoy lo puedo hablar en términos netamente profesionales no siendo ya funcionario de la Conama: lo que se aprobó garantiza sólo la construcción de ‘Parques y Jardines’. Si se construye cualquier cosa más abajo de un metro de profundidad, la evaluación del proyecto tiene que ser revisada y actualizada”.

“Era muy ingenuo pensar que esas 17 hectáreas se iban a utilizar para un lindo jardín. Las condiciones donde están emplazadas son para otro negocio. Por lo tanto, las herramientas que nos quedaban fueron monitoreos complementarios a la norma. Ellos apelaron y llegaron hasta la Corte para decir que incluso cuando caminaban les pedían monitoreos”.

-¿Por qué se aceptó el límite de un metro?
-Ese es un problema del proyecto. Lo presentaron con una asesoría que yo no puedo calificar si fue buena o mala. Yo sólo califico si aplica o no para el requerimiento que se establece, en este caso para “Parques y Jardines”. Lo presentaron inicialmente con un sistema y después lo cambiaron.

-Primero lo presentaron con una norma holandesa y la autoridad ambiental lo aceptó, con la salvedad de que la remediación debía ser hecha por las petroleras y no por el futuro comprador.
-Así es, correcto.

-Pero después cambiaron a una norma estadounidense y para “Parques y Jardines”, argumentando que era más restrictiva.
-El modelo holandés es más restrictivo, porque los territorios de los Países Bajos son pequeños y hacen los mejores esfuerzos para mantenerlos. La justificación que dieron (para cambiar) fue que la norma de EE UU estaba mejor asociada a los productos de las petroleras. Ellos decían que era por la experiencia (de Texas) conocida internacionalmente, lo cual es cierto. El tema es si se está de acuerdo con aplicar esa norma para el objetivo que se quiere. Cuando uno hace remediación, independiente de la sustancia, la primera pregunta antes de operar es “¿Para qué queremos dejar apto este terreno?”.

-Y en este caso es para “Parques y Jardines” y la norma norteamericana aplica para eso. Pero en la discusión interna de la Conama regional, sabían que esto iba a tener uso residencial…
-Era muy ingenuo pensar que esas 17 hectáreas se iban a utilizar para un lindo jardín. Las condiciones donde están emplazadas son para otro negocio. Por lo tanto, las herramientas que nos quedaban fueron monitoreos complementarios a la norma. Ellos apelaron y llegaron hasta la Corte para decir que incluso cuando caminaban les pedían monitoreos. Eso lo conozco muy bien, porque fui yo el impulsor de hacer esos controles. En gran medida para resguardar lo que sabíamos que podía ocurrir: que se construyeran allí viviendas y no sólo parques y jardines.

-¿Qué controles ellos rechazaron y a su juicio eran clave?
-La construcción en altura obliga a hacer construcción subterránea para sustentación. Ellos rebatieron el monitoreo de los volátiles en el suelo y dentro de los edificios futuros si se llegara a construir. De las sustancias que están ahí, algunos son volátiles y generan problemas porque viajan por el suelo y salen al exterior. Los volátiles son capaces de pasar fundaciones y lo más probable es que ingresen a un tercer o cuarto subterráneo. Al ingresar esos volátiles, algunos son cancerígenos, tienden a ascender…

-Buscan tuberías, efecto chimenea, tiraje…
-Exactamente. Los gases van a buscar por donde salir, por la caja de ascensores, los ductos de ventilación. También manifesté mi preocupación por la red de incendios: dónde va a estar ubicada, si va a ser abastecida con aguas de napas, porque si el suelo está contaminado, el agua está contaminada. Puedo aceptar volátiles presentes, pero tengo que controlarlos. Si acepto que son 5, perfecto, porque eso no me genera una atmósfera explosiva. Pero hay que monitorearlo, porque si son 7, 10 ó 15, la cosa es distinta. La aprobación del proyecto (en 2004) fue por esas restricciones complementarias que colocamos. Se aprobó para “Parques y Jardines”, pero con todo lo complementario “en caso de”. Fue la manera de asegurarnos de que si la obra final no fuese parques y jardines, tuviéramos herramientas.

-Pero las petroleras reclamaron contra esa resolución.
-Ellos apelaron y lo someten a consideración de la Dirección Ejecutiva de Conama de Santiago. El tema salió de la región en 2004 y pasó a nivel central.

-La resolución final, ¿en qué cambió respecto de la que ustedes entregaron?
-La Dirección Ejecutiva consideró que lo que nosotros habíamos planteado estaba orientado a otro proyecto. Nosotros utilizamos todo un sistema complementario pensando en que el proyecto se transformaría en otra cosa y la Dirección Ejecutiva leyó que nosotros estábamos tomando resguardos para otro proyecto y no para el que se estaba evaluando. Y el que se estaba evaluando era muy concreto: “Parques y Jardines”. Sacaron todos esos resguardos que colocamos. ¿Qué quedó? La Resolución de Calificación Ambiental fue mucho más estricta que lo que pudimos haber hecho regionalmente, porque fueron tajantes y pusieron artículos que no dejan posibilidad a otro tipo de construcciones que no fuesen parques y jardines.

-Pero lo que hizo la autoridad central de Conama fue aceptar endosarle al futuro comprador la responsabilidad de sanear el terreno si quiere construir a una profundidad de más de un metro.
-Correcto, pero eso ya es otro proyecto.

-Pero sólo están obligados a presentar estudios de impacto ambiental por contaminación de suelos los terrenos de más de una hectárea. ¿Qué pasa si las petroleras venden en lotes de menos de una hectárea o el futuro comprador divide sus proyectos en terrenos más chicos?
-No ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La Ley 19.300 es explícita para ingresar remediación o recuperación de suelos contaminados: de una hectárea para arriba. Si un terreno es menor, no califica. Lo cual  hoy técnicamente es muy cuestionable. El problema lo puedes tener concentrado en 10 metros cuadrados.

-¿Qué pasa si quiero construir en una esquina en plena ciudad donde antes hubo una estación de servicio?
- Te van a responder: “Cumpla con todos los requerimientos que exige la municipalidad y construya”. No van a hacer ninguna recuperación de suelo. Cero. Y no es exigible tampoco por la municipalidad. Y me parece gravísimo, porque las grandes contaminaciones urbanas de suelo tienen que ver con estaciones de servicios o bodegas de sustancias químicas. Hay referencias de todo el mundo, las hay en Argentina y Brasil.

-¿Qué tipo de accidentes se han descrito a nivel internacional?
-Ninguno con grandes muertes, pero el problema es que estos sitios no generan un efecto agudo, sino crónico. Es poco probable, pero no imposible, una explosión. Pero la gente que habita ahí puede adquirir algún cáncer. Cuando se descubre ese cáncer podría derivarse una línea investigativa que establezca que fue adquirido por exposición a los “Betex” (benceno, tolueno y xileno). Había zonas en Sao Paulo donde sentían olor a combustible que les aparecía por el baño, por el lavamanos, el lavaplatos, sufriendo cefaleas, dolores de estómago.

-Respecto de lo que había en el suelo de Las Salinas, ¿la autoridad ambiental tomó muestras propias o sólo conoció los estudios de las muestras que tomaron los consultores de las petroleras?
-Se hace un acto de fe y se reconocen los análisis que hacen los dueños de los proyectos. En todos los proyectos ambientales es igual.

-¿Ustedes no ponen un inspector certificando que las muestras de tierra que se extraen correspondan a las que se declaran?
-No. Ese es uno de los problemas que tiene la legislación ambiental chilena. Uno hace un acto de fe y evalúas y revisas esos datos que te presentan. Te dicen “aquí me aparecieron 5 mg de arsénico” y uno hace un acto de fe de que efectivamente ahí hay 5 mg de arsénico.

-Es decir, ¿en el análisis de las muestras participa sólo el que la extrae y luego las envía a un laboratorio para que sean analizadas?
-Las envía a un laboratorio y si mi memoria no me falla estas muestras fueron analizadas en Holanda. La información está en el “Estudio de Riesgo del Suelo de Las Salinas”. Es información pública. Y ahí te vas a dar cuenta de que el suelo tiene contaminación desde la capa superficial hasta las aguas subterráneas, en todo el perfil.

-¿A qué profundidad están las aguas?
-En el orden de los 4,5 metros. En países desarrollados, cuando se construyen este tipo de obras, incorporan en su gestión ambiental el monitoreo del suelo y del agua, porque si detectan que el suelo se está contaminando, rápidamente deben extraer esa contaminación para que no llegue al agua. Porque al momento de llegar al agua subterránea el problema se te arrancó y es carísimo remediarlo, porque el agua es dinámica y el suelo es relativamente estático. Se necesita mucha investigación para establecer hasta dónde llega la influencia (del contaminante) y nuestra legislación desgraciadamente habla de que el proyecto está circunscrito al terreno que presenta el titular.

-Por eso ustedes propusieron un monitoreo en los sectores aledaños y ellos se negaron porque no es su terreno.
-Esa fue mi gran pelea. No existe una muralla o algo que diga “para allá no pasa el contaminante”. Eso lo demuestras haciendo calicatas y mallas de monitoreo.

-Entonces, una inmobiliaria puede construir una torre en Las Salinas y no va a estar obligada a hacer un monitoreo cada cierto tiempo.
-Hoy no podría construir. Eso es lo que se resolvió jurídicamente. Hoy ahí no se puede construir nada en altura.

-Pero puede presentar un proyecto mayor a una hectárea y someterlo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
-Supongamos que su proyecto es de dos hectáreas y debería ingresar al SEIA. Ahí la constructora tendrá que hacer sus fundaciones bajo un proyecto específico para eso. Y si el EIA le exige monitoreos permanente para poder construir, tendrá que hacerlos.

-¿Y si presenta un proyecto de una superficie menor a una hectárea?
-Ahí solamente tiene que cumplir la normativa sectorial, lo que le pueda exigir la municipalidad, el Ministerio de Salud, el Minvu, como construye cualquier cristiano. Ellos podrían considerar que el proyecto, por su ubicación, podría revestir algún problema y sugerir la pertinencia de ingresarlo al SEIA.

-Esas restricciones están planteadas en el plano regulador cuando se declaró área de riesgo.
-Así es. Efectivamente estaba en el proyecto del seccional y me tocó participar en la evaluación de área de riesgo. La Conama podía recomendar declarar zona de riesgo, pero el Minvu tiene esa atribución jurídica. Y lo sugerimos.

-Los ejecutivos de Copec dicen que en el subsuelo sólo detectaron un compuesto que se denomina TPH Suma, aseguran que son componentes pesados y que sólo migran hacia abajo…
-Hasta que llegan a las aguas subterráneas.

-¿Existe la posibilidad de que en estos TPH Suma hayan hidrocarburos livianos?
-Sí, claro.

-¿Y que en ellos haya Betex?
-Claro. Lo que pasa es que tú dices hidrocarburo y cuando empiezas a hacer la fragmentación, cuando vas con el zoom, puedes encontrar el A y el B.

-Por lo tanto, si tal como lo indican los planos que entregaron las petroleras hay sectores con 40 mil mg de TPH por kilo de suelo a 6,5 metros de la superficie, ¿hay un riesgo cierto de que ahí abajo haya Betex?
-Así es.

-¿Eso no obligaría a hacer la remediación hasta los 6,5 metros al menos en ese punto?
-Así es.

-Siendo así, ¿por qué ustedes sólo le aceptaron remediar hasta un metro, si puede haber benceno superando la norma para subsuelo que ellos mismos propusieron?
-Ahí está la maldad del modelo, porque tú al modelo le colocas datos. Y le colocas como dato el TPH, no le colocas la fragmentación de ese TPH.

-¿Usted piensa que por eso cambiaron del modelo holandés al modelo de EE UU?
-Claramente. Sin duda.

-El estudio de las petroleras sostiene que las napas escurren principalmente desde el talud rocoso al mar en sentido poniente.
-La napa de agua de toda esta zona tiende a este sentido (muestra en dirección surponiente).

-Pero ellos no declararon eso.
-No pues.

-¿Cómo sabe que la napa escurre surponiente?
-Por los estudios de la Dirección General de Aguas (DGA). Esa fue una gran lucha y por eso no quisieron monitorear cuando les pedimos que lo hicieran fuera de los límites del terreno, en Coraceros y en todo el perímetro, incluso en la playa. Ellos utilizaron un criterio jurídico por sobre el técnico. El criterio técnico te obliga, en gestión de sitios contaminados, a monitorear todo lo que sea necesario. Es al revés: partes desde donde tienes contaminante y te vas abriendo desde el centro en anillos, todo lo que sea necesario hasta que no detectes (contaminación).

-Pero las petroleras rechazaron hacer monitoreos fuera del terreno.
-Ese es un gran problema, porque la ley define que los proyectos están circunscritos a un área: “De aquí hasta acá y punto”. Esa es una de las limitantes jurídicas que tenemos.

-Si ustedes sabían que el dato de ellos era inexacto, por los antecedentes de la DGA, ¿por qué lo aceptaron?
-La propuesta de ellos es que el comportamiento de la napa es del talud hacia el mar. Los antecedentes que manejábamos y lo que yo también creo es que esto no es tan así, porque esto no se comporta lineal. Hay rocas y diferencias por depresiones, entonces el agua puede cambiar un poco de sentido. Eso tú lo compruebas con los monitoreos afuera.

-Por eso pidió monitorear afuera. Si con eso hubiese comprobado que el escurrimiento es surponiente, que había un riesgo de contaminación en Coraceros, ¿este plan de remediación hubiese servido tal como está hoy?
-No es suficiente.

-¿Usted hubiese exigido modificaciones sustanciales?
-Pero lógico, las hubiera sugerido. Es una alerta de que el problema no está confinado y los sigo convenciendo, toda la información técnica lo avala.

-Incluso aceptando el criterio de las petroleras de que lo único que está bajo el metro son TPH y que sólo migran verticalmente, en algún minuto se pueden encontrar con la napa y escurrir hacia lugares donde alguien podría captar agua, en Coraceros o el Sanatorio.
-Así es. De eso estoy convencido.

-¿Usted conoce este estudio que ellos presentaron? Aquí decía que el principal sentido de la napa es surponiente y que hay antecedentes previos de suelo con hidrocarburos en Coraceros, pero eso lo borraron en la versión final (Mira el informe).
- (Visiblemente sorprendido) Coincide con lo que yo te digo.

-¿Si hubiese conocido estos antecedentes, esta versión con “control de cambios”, cuando le tocó revisar el estudio, habría adoptado la misma decisión?
-Lo que me muestra aquí no lo había visto. Ahora, si yo hago un juicio de lo que está tarjado (en el texto), sin duda que al leer aparecen otras condiciones que fueron las mismas dudas que a nosotros se nos generaron en la evaluación del proyecto. Aquí hay muchas cosas que podrían confirmar nuestra teoría, que ellos las tenían claras pero las eliminaron. Y eso repercute en la evaluación del proyecto. Tú evalúas un proyecto en función de lo que te entregan. Pero si no te entregan necesariamente los antecedentes que corresponden y después aparecen…

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La automotora envuelta en la triangulación de contratos que culminó con la renuncia del jefe de seguridad ciudadana de Vitacura, Pedro Valdivia, cobra más de $433 millones anuales en Ñuñoa, donde tiene dos contratos. Uno se firmó en 1997 sin licitación y se ha renovado automáticamente hasta ahora. El segundo es con la Corporación de Educación y Salud, y fue suscrito a pesar de que el vicepresidente ejecutivo de esa entidad comunal es socio del dueño de Piamonte, Raúl Dell’Oro, y también del alcalde Sabat.

Piamonte S.A., la automotora envuelta en la trama que terminó con la salida del jefe de seguridad ciudadana del municipio de Vitacura, coronel (r) Pedro Valdivia, también hace negocios con la Municipalidad de Ñuñoa. Y el contrato que la liga al alcalde Pedro Sabat tiene características similares al que desató el problema que culminó con el alejamiento de Valdivia: Piamonte le arrienda al municipio de Ñuñoa todos los vehículos que conforman la flota de la seguridad ciudadana de la comuna.

Una diferencia con Vitacura es que en Ñuñoa la automotora también alquila los autos y camionetas que usan los restantes departamentos de la municipalidad, además de los buses que utiliza la Corporación de Educación y Salud de la comuna para acercar a los escolares a sus colegios. Todo ello le significa a Piamonte ingresos anuales que alcanzan a los $433.000.000. Dentro de los cerca de 30 vehículos que Ñuñoa arrienda a esta automotora figura el auto Toyota Camry que está al servicio personal del alcalde Pedro Sabat.

Otra diferencia con Vitacura es que en Ñuñoa no se puede triangular el contrato con Piamonte (ver recuadro) Y ello, porque los guardias de la seguridad comunal no son de una empresa privada, sino que dependen directamente de la Municipalidad. Aún así, los contratos que benefician a esta concesionaria de Fiat presentan ciertas peculiaridades en las que hasta ahora nadie había reparado. Una de ellas es que el contrato entre Piamonte y Ñuñoa por el arriendo de vehículos, se suscribió en 1997 y en estos 11 años nunca se ha licitado, aunque sobrepasa el monto máximo que exige la ley desde 2003 para obligar a una propuesta pública.

La segunda, es que el contrato de la Corporación de Educación y Salud de Ñuñoa con Piamonte se materializó a pesar de la relación comercial entre el propietario de la empresa automotora y uno de los máximos ejecutivos de la entidad comunal. En efecto, una escritura inscrita en el registro de comercio y fechada el 19 de marzo de 2003, indica que el vicepresidente ejecutivo de la corporación, Mario Gómez Puig, constituyó junto al dueño de Piamonte S.A., Raúl Dell’Oro, la sociedad “Instituto Tecnológico de Ñuñoa”. La sociedad figura sin RUT en el registro de Dicom y, según distintas versiones, era uno de los pasos para crear la Universidad de Ñuñoa, el fallido proyecto anunciando por Sabat y que encabezaría como rector Gómez Puig.

La sociedad entre el dueño de Piamonte y el vicepresidente de la Corporación Municipal de Educación y Salud de Ñuñoa, no fueron impedimento para concretar el contrato a pesar de que los fondos con que se cancela el arriendo de los vehículos son municipales. Y si bien Axel Müller, secretario general de la corporación, rehusó entregar copia de los contratos con Piamonte S.A., en el documento “Plan anual de desarrollo de la educación municipal” de Ñuñoa (Padem), se oficializó la cifra que el municipio destinó para pagar este servicio: $241.920.000 al año por ocho buses.

Aunque Müller reconoció que se trata de un programa que se ejecuta con fondos municipales, argumentó que siendo la corporación una institución de derecho privado, no está obligado a transparentar esa documentación. Y recomendó que fuera solicitada al contralor municipal que fiscaliza los pagos de dicha corporación.

Consultado el secretario general respecto de si no le parece irregular que la entidad haga negocios con una empresa cuyo dueño es socio del vicepresidente ejecutivo de la misma corporación, Müller dijo desconocer que Gómez Puig y Dell’Oro figuraban como miembros de la sociedad “Instituto Tecnológico de Ñuñoa”. Ello ha pesar de que hay recientes informaciones de prensa que han mencionado la participación de Gómez en esa sociedad junto a Dell’Oro, pues el dato surgió a propósito de la investigación que está haciendo la Contraloría a Sabat.

Müller aseguró que Gómez Puig nada tuvo que ver en el proceso para contratar a Piamonte, pues sostuvo que la decisión de tomar ese servicio de buses la adoptó el Concejo Municipal y que él firmó el contrato como representante legal de la corporación. No obstante, si se revisa la información de la página web de la corporación, queda claro que el máximo responsable del área administrativa es precisamente el vicepresidente ejecutivo.

El vicepresidente ejecutivo de la corporación ocupa el cargo en representación del alcalde Sabat. Según las propias palabras de Sabat, ambos son viejos amigos. El alcalde de Ñuñoa ha dicho que conoció a Gómez Puig porque fue su profesor y decano cuando era alumno de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, en 1978. La amistad se plasmó también en los negocios, porque Gómez Puig no sólo es socio del propietario de Piamonte S.A., Raúl Dell’Oro, sino también de Sabat. Los nombres del discípulo y el ex decano están registrados en la sociedad “Pedro Sabat y Cía”, la misma que está bajo la lupa de la Contraloría por distintas irregularidades en la comuna de Ñuñoa.

El organismo fiscalizador emitió un informe el pasado 21 de julio en el que cuestiona que Sabat haya nombrado a Gómez Puig como vicepresidente ejecutivo de la corporación municipal en circunstancias que mantenían esta relación comercial. El alcalde argumentó que había finiquitado esa sociedad antes del nombramiento, en abril de 2004, pero la Contraloría asegura que la sociedad sólo se disolvió en noviembre de 2007.

Tan estrecha es la amistad entre ambos, que Sabat mantiene a Mario Gómez Puig como jefe administrativo de la Corporación de Educación y Salud de Ñuñoa a pesar de que en 2005 el ex decano fue condenado en primera instancia a 541 días de presidio por el delito de infracción al artículo 26 bis de la antigua Ley General de Bancos, que sanciona a quienes alteren antecedentes para dificultar la labor fiscalizadora de la Superintendencia de Bancos. Gómez Puig era director del Banco Español Chile y en 1982 fue procesado y detenido en esta causa -que ahora se ve en la Corte de Apelaciones con el rol 28998 de 2005- en virtud de las acusaciones que aportó el entonces administrador provisional de esa entidad financiera, Eustaquio Martínez.

Mario Gómez Puig no respondió los llamados que le hizo CIPER

El ex decano es el segundo emprendedor que tiene problemas con la justicia con el que Sabat estrechó vínculos comerciales. El otro es Jaime Camhi Ramírez, administrador de la Automotora Pedro de Valdivia, propiedad del alcalde, que fue detenido por sus nexos con el narcotraficante Manuel Fuentes Cancino, “El Perilla”.

Para cerrar el triángulo de las amistades, el propio Sabat admitió, en una extensa entrevista publicada por La Nación el 3 de agosto pasado, que tenía una cercana relación con el dueño de Piamonte, Raúl Dell’Oro. El alcalde relató que fue Dell’Oro quien le ayudó a formar su Automotora Pedro de Valdivia.

-Cuando ya inicié el cuento (la Automotora Pedro de Valdivia), Raúl Dell’Oro, que era presidente de la Cámara Nacional de Comercio Automotriz, me prestó toda la asesoría- dijo Sabat en la entrevista.

La puesta en marcha del negocio personal de Sabat -en el que fue asesorado por Dell’Oro- se hizo, según las propias declaraciones del jefe comunal, entre diciembre de 2004 y febrero de 2005. De acuerdo con la información que proporciona el contralor municipal de Ñuñoa, Mario Araya, en esas mismas fechas se resolvió la segunda renovación -sin licitación- del contrato para arrendar vehículos que benefició a la empresa de Dell’Oro en Ñuñoa. Según informó el funcionario, esa renovación comenzó a regir en marzo de 2005.

El contralor municipal asegura que nada es ilegal en la relación contractual que ha tejido la Municipalidad de Ñuñoa con Piamonte S.A. Mario Araya explica que el contrato se firmó en 1997, cuando no había obligación de hacer licitación pública. Efectivamente, sólo a contar de 2003, con la instalación de ChileCompra y la entrada en vigencia de la Ley 19.886, se hizo obligatoria la licitación pública para aquellos servicios o adquisiciones que involucraran más de mil UTM (sobre $36 millones).

Aunque CIPER no tuvo acceso a los contratos entre Ñuñoa y Piamonte S.A., sí obtuvo la tabla con los gastos municipales hasta julio de 2008. La revisión de ese documento indica que este año se han pagado a la automotora dos cuotas mensuales, una que promedia los $12,5 millones y la segunda cercana a los $3,5 millones. Eso implica un pago anual de aproximadamente $192.000.000 a Dell’Oro. Si a eso se suman los $241.920.000 que paga la Corporación de Educación y Salud, la cifra global que Ñuñoa paga a Piamonte S.A resulta superior a los $433.000.000 anuales.

De acuerdo con la versión del contralor Araya, el contrato se hizo con la reglas de 1997, sin licitación, pero comparando cotizaciones de otros tres oferentes. CIPER no obtuvo copias de esas cotizaciones. El contralor municipal también confirmó que se estipuló la renovación automática del contrato cada cuatro años y que, de esa forma, la relación se extendió por igual periodo en 2001 y luego en 2005.

El año pasado, explicó Araya, la Contraloría General de la República emitió un dictamen estableciendo que este tipo de contratos no puede seguir renovándose de esa manera y que debe procederse a la licitación. El mismo funcionario informó que se están preparando las bases para lanzar en noviembre la propuesta pública para el arriendo de los vehículos, pues el nuevo contrato debe entrar en vigencia en marzo de 2009.

El contrato, de acuerdo a lo expresado por el contralor municipal, involucra el alquiler de unos 12 vehículos de seguridad ciudadana, otros 10 que se entregan a Carabineros para que funcionen como radiopatrullas, el auto del alcalde y una decena más de vehículos al servicio de las distintas direcciones municipales.