Los 22 municipios de la Región Metropolitana que renovaron un contrato con la empresa KDM para el manejo de su basura deberán desembolsar más de US$ 240 millones durante los próximos 16 años, alargando hasta 2027 el efecto de una licitación que se realizó en 1995. El acuerdo fue impugnado por la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por considerar que establece barreras de entradas a un mercado donde KDM tiene 58% de participación. La Contraloría también expresó sus reparos porque el contrato se renovó automáticamente y con dos años de anticipación. El tema ha generado polémica en varios municipios y tiene reminiscencias de la “guerra de la basura” que vivió Santiago la década pasada.
En 2006 Las Condes cerró La Puerta, el emblemático colegio del ex alcalde Joaquín Lavín. Los alumnos y el presupuesto fueron trasladados a su establecimiento hermano en Colina, a cargo del también UDI, Mario Olavarría. Su director, Raúl Suazo, acaba de dejar el puesto luego de que la Dirección del Trabajo constatara que acosó sexualmente a una secretaria. Además, quedó al descubierto otro caso similar y ex funcionarios denunciaron insinuaciones de Suazo hacia alumnas. También se acusa al establecimiento de inflar el número de matrículas para mantener las subvenciones que entregan Las Condes y el gobierno. El Ministerio de Educación lleva a cabo dos procesos administrativos por faltas graves en el mismo colegio y se apresta a iniciar una tercera investigación.
Esta semana dos emblemáticos proyectos inmobiliarios sufrieron duros traspiés. Ya no está claro si Horst Paulmann podrá construir el edificio más grande de Sudamérica o de Chile cuando retome las obras de Costanera Center y tres inversiones ligadas a importantes grupos empresariales en Pudahuel deberán esperar a que el gobierno subsane una serie de problemas detectados por la Contraloría.
Obras ejecutadas sin permisos de construcción vigentes, estacionamientos insuficientes y una serie de violaciones a la legislación urbanística y ambiental son las que conforman la no difundida génesis del suspendido proyecto de Cencosud, que pasó de ser el aspirante a símbolo de la industria a emblema de la crisis. Tanto los privados como las diversas autoridades –municipios y ministerios, entre otros- que debían fiscalizar la polémica obra cometieron diversas infracciones, que acá detalla, muy en su estilo, uno de los principales críticos de las irregularidades del sector inmobiliario.
El equivalente a un 10% del total invertido en la autopista urbana Vespucio Sur desembolsará el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para costear 224 obras que repararán daños provocados a vecinos. La concesionaria no pondrá un peso. Aunque el MOP le ahorró -con un resquicio- someter el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la Contraloría obligó al ministerio a hacer ese trámite y los costos los asumirá la cartera. Durante un mes CIPER recorrió las zonas con más impactos negativos de la ruta y comprobó el daño en la calidad de vida de cientos de residentes de barrios populares.
El 5 de enero se cumplió el plazo para que los alcaldes presentaran su declaración de patrimonio. Entre ediles entrantes y salientes de las 96 principales comunas del país, 132 declaraciones deberían haber llegado a la Contraloría. CIPER descubrió que sólo se han recibido 16. La ley estipula sanciones por la no entrega o presentación tardía del documento destinado a impedir enriquecimiento ilícito, pero en pocas ocasiones se hacen efectivas. Entre los que cumplieron, siete son alcaldes reelectos, tres son salientes y seis son ediles nuevos. Del patrimonio de 116 ediles nada se sabe.
Por Juan Pablo Figueroa, Paula Guerra y Cristina Soto, CIPER
Los mayores empresarios inmobiliarios llevan años esperando comprarle a Copec, Shell y Esso casi 18 hectáreas de terreno junto a la playa de la Ciudad Jardín. Su venta no será por menos de US$ 60 millones, pero el paño está contaminado por casi un siglo de almacenamiento de hidrocarburos, lubricantes y pesticidas. Las petroleras lograron que Conama aprobara un plan de saneamiento que les rebajó millonarios costos. Las obras se iniciaron esta semana. En la siguiente investigación, publicada en septiembde de 2008, CIPER descubrió informes y testimonios que cuestionan la transparencia del proceso: parámetros para medir tóxicos cambiados por otros más permisivos, estudios técnicos que omitían datos clave contra las petroleras y ordenanzas municipales que permitirán la construcción sin garantizar la salud de los residentes.
El ex jefe de la Unidad de Control de Contaminación de la Conama de Valparaíso, Rodrigo Jerez, revela detalles de un proceso marcado por la ausencia de normas y que, a su juicio, dio luz verde a un plan que no elimina todos los riesgos de que sustancias nocivas afecten a los futuros residentes del codiciado sector costero viñamarino.
La automotora envuelta en la triangulación de contratos que culminó con la renuncia del jefe de seguridad ciudadana de Vitacura, Pedro Valdivia, cobra más de $433 millones anuales en Ñuñoa, donde tiene dos contratos. Uno se firmó en 1997 sin licitación y se ha renovado automáticamente hasta ahora. El segundo es con la Corporación de Educación y Salud, y fue suscrito a pesar de que el vicepresidente ejecutivo de esa entidad comunal es socio del dueño de Piamonte, Raúl Dell’Oro, y también del alcalde Sabat.
El alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, aceptó la renuncia del coronel (r) de Carabineros Pedro Valdivia Castillo, quien ocupaba el cargo de Director de Operaciones del municipio desde 1997, puesto desde donde dirigía los servicios de seguridad ciudadana de esa comuna.
Aldo Sabat, mano derecha del alcalde Torrealba y hermano del jefe comunal de Ñuñoa, estaba al tanto de los vínculos entre el jefe de seguridad de Vitacura y la empresa de guardias SyP. De hecho, aunque Pedro Valdivia niega haber operado para SyP después del 2000, Sabat dice que el coronel (r) lo convenció de asociarse con esa empresa en 2004 para formar una compañía de cámaras de vigilancia y en la que ambos compartieron directorio.
Alcalde Torrealba confirmó su nueva destinación, la que se mantendrá mientras se investigan los negocios realizados entre el municipio y una empresa de seguridad privada vinculada al coronel (r). El edil confirmó que los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público y a la Contraloría, además de instruir dos sumarios en la comuna.
El coronel (r) Pedro Valdivia está acusado de usar la empresa de seguridad privada que fundó y administró hasta enero de este año (SyP) para triangular contratos de la Municipalidad de Vitacura a través de Piamonte S.A. Su cargo de director de Operaciones del mismo municipio lo tiene hoy bajo fuego cruzado de la Contraloría y de su ex socia y pareja. El mediático ex oficial de Carabineros dice que todo es “un problema sentimental”. Pero la historia que investigó CIPER es más compleja y está documentada.
El lunes 28 de julio CIPER solicitó a la Contraloría General de la República acceso a las declaraciones de patrimonio de los todos los alcaldes de la zona metropolitana y de las principales ciudades de regiones. La solicitud fue respondida al día siguiente y la Contraloría dio acceso a los documentos, destinando a un funcionario a tiempo completo para facilitar la consulta y fiscalizar que no se sacaran fotocopias, fotografías o copias en formato digital de los originales, en concordancia con el fallo del Tribunal Constitucional del 6 de diciembre de 2005. La consulta en lo referido a las declaraciones de los alcaldes metropolitanos se realizó los días 29, 30 y 31 de julio, y en relación a los documentos de los jefes comunales de provincia se efectuó los días 06 y 07 de agosto. Lea aquí las reproducciones de los documentos.
Durante dos años el alcalde de Ancud ignoró la ley que lo obliga a entregar a la Contraloría una declaración de patrimonio. Los alcaldes de Arica e Iquique tampoco cumplieron con los plazos para actualizar las declaraciones. Un dato sorprendente: el suspendido edil antofagastino Daniel Adaro declaró que guarda en su casa $22 millones.
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