En julio de 2008, el Instituto de Salud Pública clausuró el laboratorio Bestpharma y anunció el retiro de todos sus productos. Luego de 31 sumarios desfavorables, se detectó que vendía un medicamento contra el cáncer que era inservible y cuyo registro ya había sido cancelado. Pero Bestpharma nunca dejó de vender sus productos al sistema público. Desde entonces, hospitales, consultorios y hasta la Subsecretaría de Salud le han comprado más de $250 millones en medicamentos. Esto, luego de que la Corte Suprema determinara que no podía producir, pero sí importar. Lo mismo que siempre ha hecho Bestpharma.

Recién comenzaban a presentarse las primeras enfermedades respiratorias de la temporada, cuando en abril de 2003 se encendieron las alarmas en los consultorios de San Antonio: la Amoxicilina era vomitada por los niños. A simple vista, el polvo no presentaba anomalías, pero el procedimiento para reconstituir la fórmula en un jarabe con gusto a naranja, terminaba con olor y sabor repugnantes. Con asco, los pequeños lo rechazaban. Unas semanas antes, una alerta similar había surgido en el Servicio de Salud del Bío Bío. No había dudas, una importante partida de uno de los antibióticos infantiles de mayor uso presentaba fallas. La situación era compleja: si los pacientes no toman los antibióticos en la cantidad adecuada, la enfermedad persiste y se hace resistente al medicamento.

El Instituto de Salud Pública (ISP) identificó el fármaco como Amoxicilina Suspensión Oral 250 mg/ml importada y comercializada por Bestpharma S.A. Analizadas las muestras retiradas desde ese laboratorio, los resultados fueron categóricos: había un error en la fórmula.

Los problemas con la Amoxicilina no serían los únicos en el largo historial que enfrentó a Bestpharma y los fiscalizadores sanitarios. En ese primer semestre de 2003 se inició una cascada de acusaciones contra el laboratorio que culminó en 31 sumarios del ISP con sentencia desfavorable entre 2005 y 2008. Bestpharma debió desembolsar 9.700 UTM en multas por sus errores.

No obstante, al año siguiente -y gracias a los bajos precios que ofrecía- Bestpharma se convirtió en el principal proveedor del sistema de salud. La Central de Abastecimiento (Cenabast) -entidad que intermedia gran parte de los medicamentos que usa el sector público y que acaba de ser reestructurada por la insalubridad de sus bodegas- llegó tener a Bestpharma como proveedor del 30% de su cartera.

Finalmente, en la pugna entre precios y calidad de los medicamentos, primó la segunda. El 8 de julio del año pasado el ISP clausuró el laboratorio de producción de Bestpharma y dos días después ordenó el retiro de sus medicamentosEl comunicado del ISP no dejó espacio a interpretaciones: “Por cuanto el Laboratorio Bestpharma no puede, ni ha podido garantizar la calidad de los productos farmacéuticos por ellos fabricados, importados y distribuidos, se ha ordenado el retiro inmediato de todos los productos farmacéuticos de Bestpharma”.

Parecía el fin de Bestpharma. CIPER constató que no fue así. El laboratorio sigue abasteciendo a hospitales públicos y consultorios. Según el registro de ChileCompra, entre el 10 de julio de 2008 -cuando el ISP anunció la sanción- y el 6 de agosto de 2009, se cursaron un total de 604 órdenes de compras, lo que suma ventas por $258.914.483. Entre sus clientes se cuenta, incluso, la Subsecretaría de Salud.

La mano de la justicia

Las enérgicas sanciones contra Bestpharma fueron el corolario de un escándalo mayúsculo. Diez días antes del comunicado que puso fuera del circuito a todos los productos de ese laboratorio, el ISP lo sentenció a pagar 2.000 UTM ($71 millones) por la comercialización de Tamoxifeno, indicado para el cáncer de mamas, a sabiendas de que ya se había cancelado su registro sanitario por inservible. El medicamento no se diluía. Para las pacientes, tomar agua o Tamoxifeno de Bestpharma, daba lo mismo. No era la primera vez. En febrero del mismo año, el laboratorio ya había sido multado con 600 UTM ($20 millones) por distribuir otra partida del fármaco con la misma falla.

Naomicina, Cloramfenicol Inyectable, Hidrocortisona, Penicilina Benzatina, Ranitidina Inyectable, Calcio Carbonato, Etambutol, Levotiroxina, Lidocaína, Vecuronio y hasta los populares Paracetamol y Ácido Acetilsalicílico, son otros medicamentos de Bestpharma objeto de sumarios condenatorios del ISP por fallas de calidad. La empresa incluso entregó al sistema de salud más de 37 mil inhaladores de Salbutamol -producto clave en invierno para tratar a niños obstruidos- con fallas en el dispensador de dosis. Además, no sólo el Tamoxifeno fue comercializado por el laboratorio en contra de una resolución previa del ISP. Ocurrió también con Etambutol, un antituberculoso.

Fue la reiterada mala calidad de los productos de Bestpharma, que ponían en riesgo la salud de miles de chilenos, lo que conminó al ISP a efectuar un sumario sobre las condiciones generales con que operaba y que culminó con la clausura de su laboratorio de producción. Pero la empresa se reservó una carta: frente a la resolución que pretendía sacar sus productos del mercado, presentó un recurso de protección. Y ganó.

La Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó el 5 de diciembre de 2008 que la orden de retiro de los medicamentos era arbitraria. Los jueces argumentaron que dicha medida fue fundada por el ISP en la resolución previa que cerró el laboratorio de producción. Y esa resolución, indica el fallo, terminó con la mencionada clausura del local y tres multas que suman 1.500 UTM “agotándose en consecuencia (…), los efectos de esta sanción”. Por lo mismo, dictaminaron los magistrados, se requerían otros sumarios para sacar de circulación medicamentos que a la fecha contaban con registro sanitario.

El fallo fue ratificado por la Corte Suprema el 9 de febrero de este año. De la resolución judicial se desprende que el retiro sólo afecta a productos fabricados por Bestpharma, debido a que su laboratorio de producción fue clausurado. “En consecuencia, Bestpharma S.A. no puede producir (…), pero sí puede distribuir productos importados terminados, ya que también tiene autorización como droguería”, fue la información proporcionada a CIPER por el ISP.

En los hechos, la justicia sólo le prohibió a Bestpharma envasar medicamentos. Pero los jueces pasaron por alto un hecho clave: Bestpharma nunca elaboró fármacos, sino que siempre comercializó productos importados. Así lo establece la autorización que le dio el ISP en 1997para instalar un laboratorio exclusivamente “destinado al envase y empaque de productos farmacéuticos a granel”.

Si los jueces hubiesen revisado las sentencias de los 37 sumarios que afectaron a Bestpharma entre 2005 y julio de 2008, habrían constatado que en 24 de ellos se indica expresamente que son medicamentos importados (los restantes no hacen mención al origen del producto). Sobre los fármacos que traen del extranjero, los laboratorios tienen la obligación de realizar un control de calidad que certifique que se ajustan a las especificaciones con las que el ISP autorizó su registro sanitario. Y de acuerdo al archivo del ISP, el control de calidad de Bestpharma a sus productos importados ha fallado a lo menos en 27 ocasiones entre 2005 y agosto de este año.

Que Bestpharma era importador y no fabricante de medicamentos, era un hecho público y notorio. Ya en 2003, la Cámara de Diputados tocó ese tema al encomendar a su Comisión de Salud un estudio sobre los sumarios por denuncias contra fármacos que permanecían pendientes en el ISP. En el acuerdo de los diputados -adoptado sin votos en contra el 9 de abril de ese año- se lee: “Que Bestpharma importa productos farmacéuticos que no cumplen con el reglamento del Sistema de Control de Productos Farmacéuticos (…); que Bestpharma no es laboratorio, sino sólo importador, pese a lo cual su nombre legal es “Laboratorio Bestpharma S.A.” (…); que Bestpharma ha sido denunciado reiteradamente, por diversas irregularidades, al ISP, sin que éste haya adoptado medidas efectivas en su contra”.

El dictamen de la Suprema fue un golpe duro para la plana mayor del ISP. Después del fallo judicial que prohibió la distribución de la “píldora del día después”, a pesar de que el ISP le había dado luz verde, esta es la segunda resolución judicial que anula una medida de alto impacto en el mercado farmacéutico adoptada por la máxima autoridad en la materia. La directora del ISP, Ingrid Heitmann, se excusó de entregar su opinión. Fue su firma la que rubricó la resolución del el 5 de marzo de este año que rectificó su decisión anterior: “Déjase sin efecto la orden de retiro de los productos farmacéuticos importados o distribuidos por Bestpharma S.A.”. Con esta resolución, el laboratorio volvió a las licitaciones de medicamentos para el sector público (al que había dejado de abastecer temporalmente a fines de septiembre del 2008, a la espera del fallo judicial), aunque desde enero de 2009 ya le vendía insumos médicos y productos veterinarios.

Fallas en el sistema

-Se judicializó un tema técnico -dice un funcionario del ISP- y quedó en manos de abogados. Le decimos al juez “nosotros ya no confiamos en estos señores porque han distribuido medicamentos que tenían prohibición de vender, modificaron fórmulas que no podían cambiar, distribuyeron antibióticos e inhaladores para niños que no funcionan”, pero el juez nos responde: “Hay que ver medicamento por medicamento si falla o si cumple el registro sanitario que le permite venderlo”. (Vea el escrito con los argumentos del ISP ante la Corte).

Los jueces no tomaron en cuenta que el sistema se basa en la confianza de que el laboratorio, una vez que obtiene el registro sanitario para un medicamento, supuestamente va a distribuir las nuevas partidas del producto con la misma fórmula y calidad que autorizó el ISP. “Y esa confianza, después de casi 30 errores en tres años, Bestpharma la perdió”, asegura un especialista del ISP.

La misma explicación entrega un experto en compras de medicamentos para el sector público: “Hay laboratorios que se presentan ante el ISP a pedir el registro sanitario con un producto de excelente calidad. Pero después, al fabricar o importar nuevas series bajo el mismo registro, cambian la calidad de los componentes”.

Para prevenir esos errores, que pueden ocasionar graves daños a la salud, el ISP estableció una fiscalización denominada “Control de Estantería”, la que permite revisar sin denuncia previa las contramuestras que debe guardar el fabricante o importador. “Pero son muy pocos los funcionarios para esa labor. Los recursos son escasos incluso para fiscalizar las denuncias y pueden pasar meses entre que el ISP recibe una denuncia y que analice las contramuestras. Y los sumarios se cierran hasta dos años después de la denuncia”, señala la misma fuente.

Hecho en China

La mayoría de los chilenos ignora que muchos de los medicamentos que consume son fabricados en China e India. Por sus bajos precios de allá los importan algunos laboratorios. Todo funcionó bien hasta que Cenabast decidió averiguar en esos mercados y envió especialistas. Y se encontraron con laboratorios de excelente calidad, pero también con productores que funcionaban casi en el patio de la casa. “Las autoridades chinas nos dijeron: aquí la responsabilidad es del que compra, no del que vende “, recuerda una fuente del organismo.

Lo anterior resultó preocupante ya que el ISP aceptaba que un laboratorio importador inscribiera a más de un fabricante extranjero para un registro sanitario, con lo que luego se podían mezclar buenos y malos productores para el mismo medicamento. Cenabast llegó a verificar hasta 14 productores para a un registro. Por eso, a comienzos de 2006 le pidieron al ISP operar con la fórmula “un registro, un productor”.

Después de las resoluciones que ordenaron la clausura de su laboratorio y el retiro de sus productos, se cerraron otros seis sumarios con sanciones para Bestpharma. Tres de ellos explicitan que son medicamentos importados. El último está fechado el 19 de febrero de este año, sólo diez días después de que la Corte Suprema le permitiera seguir importando.

Uno de estos sumarios indica que distribuyó Bromuro de Vecuronio -un relajante neuromuscular que se usa en intervenciones quirúrgicas- elaborado con una fórmula distinta a la autorizada por el ISP, la que no provocaba el efecto esperado. Bestpharma había solicitado agregar a un nuevo fabricante -Korea United Pharm. Inc- en su registro sanitario, el que utilizó una fórmula que no conocía el ISP.

Estos últimos seis sumarios se originaron en denuncias previas a las duras sanciones de 2008. En el último año, Bestpharma no presenta denuncias. Los ejecutivos del laboratorio no concedieron entrevistas a CIPER ni respondieron las preguntas enviadas a través de Imaginacción -la empresa del ex ministro Enrique Correa que se encarga de sus comunicaciones-, pero su gerenta general, Elizabeth Pinilla, envío una carta en la que asegura que han desarrollado “una serie de medidas que buscan adoptar estándares internacionales en todos los procedimientos involucrados en la comercialización de nuestros productos”.

La ejecutiva indicó que “la empresa ha iniciado un programa voluntario de certificación de sus proveedores de origen, en conjunto con el ISP (…) nuestros proveedores se someterán a las auditorías que realice personal del Instituto, directamente en las plantas de fabricación del exterior”. Consultado al respecto, el ISP respondió que no se trata de un programa especial para Bestpharma, sino de una iniciativa más amplia: “El ISP está implementando un programa de visitas a laboratorios extranjeros, dando preferencia aquellos de mayor riesgo, como los que producen vacunas. Una de las visitas fue realizada a un proveedor de Bestpharma”.

Elizabeth Pinilla destaca que Bestpharma es una empresa de capitales chilenos que ha abastecido la red asistencial del sector público durante 22 años. Efectivamente, la sociedad que dio origen a Bestpharma fue constituida el 21 de julio de 1987. Aún no se cumplía un año desde que Winston Chinchón Bunting había dejado de ser ministro de Salud, cuando sus hermanos Walter y Nelson -a través de su sociedad Inserco Ltda- ingresaron al negocio farmaceútico. Bestpharma S.A. nació para abastecer la misma red estatal que Winston había encabezado apenas 11 meses atrás, como penúltimo titular de la cartera de Salud bajo el gobierno militar.

Tarjeta roja en Cenabast

Si bien Bestpharma despachó más de 600 órdenes de compras públicas desde que el ISP clausuró su laboratorio, llama la atención que Cenabast no le ha comprado en este período. Las licitaciones que ha ganado son todas realizadas de manera directa por hospitales y consultorios.

A partir de 2006, Cenabast tomó una serie de medidas preventivas tras detectar que algunos laboratorios se adjudicaban licitaciones ofreciendo precios inusualmente bajos, pero luego no disponían del producto en el plazo estipulado. Y cuando finalmente lo entregaban, era de un fabricante distinto al que habían informado. La sospecha es que el laboratorio, después de ganada la licitación, recién salía a buscar un productor extranjero que le vendiera el medicamento a un precio que cuadrara con lo ofrecido.

La batalla por ganar licitaciones a bajos precios obligó a algunos laboratorios a abandonar la fabricación o importación de ciertos medicamentos. “Para esos productos quedamos con un oferente único, dueño del mercado. Al dejar de distribuir un medicamento, para los laboratorios es alto el costo de retomar su comercialización y pedir un nuevo registro sanitario. Entonces, el oferente único se aseguraba dos o tres años corriendo solo. Y cuando ya no tenía competencia, volvía al precio habitual o incluso superior”, asegura un funcionario de Cenabast.

Las bases de las licitaciones fueron modificadas. Cenabast implementó un test aleatorio de diez medicamentos al mes. Este Control de Especificaciones Técnicas (CET), que en el fondo complementa el “Control de Estantería” del ISP, fue el que permitió detectar el Tamoxifeno defectuoso.

Si un fármaco “cae” en un CET o es sumariado por el ISP, su laboratorio no puede ofrecer ese medicamento durante un año a Cenabast. Además, en el mismo lapso, a otros productos del mismo laboratorio se les castiga con cinco puntos menos en las licitaciones. Lo mismo si entregan medicamentos fuera de plazo. Con las nuevas reglas, Bestpharma llegó a acumular hasta 30 puntos menos y de controlar el 30% de la cartera de Cenabast en 2004 pasó a sólo un 0,6% en 2008, hasta desparecer este año.

-Antes, para los gerentes de los laboratorios era más rentable arriesgarse a mandar el producto malo al mercado. Si lo descubrían, pagaba una multa y le retiraban el medicamento, pero seguía con otros productos. Ahora es más rentable que lo retire por decisión propia o se queda fuera del mercado un año -explican en Cenabast.

Bestpharma, a través de su gerenta general, asegura que no participa en las licitaciones de Cenabast por otras razones: “la alta morosidad que tiene dicho organismo con sus proveedores y el que, como es de conocimiento público, no cumple con las normas sanitarias y de control de los productos albergados en sus recintos”.

Compras en hospitales y consultorios

La rectificación del sistema no se ha replicado en hospitales y consultorios. Los jefes de Farmacia de tres hospitales capitalinos, que adjudicaron licitaciones a Bestpharma en el último año, argumentan que las bases no les permiten castigar oferentes en el puntaje y los obligan a escoger el menor precio. En cambio, la jefa de Farmacia del Hospital San José, Elizabeth Romero, afirma que las comisiones que evalúan las compras en cada hospital pueden incorporar a las bases criterios sobre calidad y oportunidad de las entregas. En ese hospital, Bestpharma no se ha presentado a ninguna licitación desde julio de 2008.

La gerenta de Bestpharma, Elizabeth Pinilla, afirma que un factor importante para que consultorios y corporaciones municipales prefieran sus productos es “el acceso al crédito”. La ejecutiva sostiene que “estos dos aspectos, precios y facilidades de crédito, son cualidades altamente valoradas por la salud municipalizada y que se vieron afectados con las resoluciones aplicadas por la autoridad, pues dichas condiciones no son aplicadas por otros actores del mercado, con lo cual, se ha limitado el acceso de los medicamentos a los sectores más vulnerables del país”.

A diferencia de la mayoría de los laboratorios, que se adecuaron a los nuevos estándares, Bestpharma escogió el camino legal para obligar a Cenabast a seguir con el formato antiguo. Alegando que no se le adjudicaban las licitaciones aunque ofrecía el menor precio, el laboratorio consiguió que la justicia acogiera a tramitación 15 juicios. Según el registro de Cenabast, hasta ahora hay nueve terminados, siete de ellos con fallo adverso a Bestpharma.

El dictamen de la Suprema que anuló la decisión del ISP de sacar los medicamentos importados por Bestpharma del mercado, aún genera polémica, pero no cambios. Porque la defensa de Bestpharma insiste en el mismo argumento: ellos ofrecen los precios más bajos y los organismos públicos están obligados a escogerlos. “Si Bestpharma quiere discutir de precios y no de parámetros de salud, hablemos de precios: cuando su paracetamol falla y no le baja la fiebre a las guaguas, basta que uno de los niños convulsione y el gasto en UCI, equipos e insumos, convierte la compra en un pésimo negocio. Pagué 70 pesos por un comprimido que normalmente me costaba cien, pero el sistema terminó gastando $10 millones para atender a un niño”, afirma un especialista de Cenabast.

El Ministerio de Salud confirmó que altas dosis del anticoagulante heparina causaron la muerte, en el Hospital Félix Bulnes, de dos mujeres sometidas a cesárea que sufrieron hemorragias, al igual que otras cuatro pacientes que quedaron con graves secuelas. Aunque dicho medicamento no está indicado para ese procedimiento quirúrgico, es un hecho que algunos médicos habían alertado hace meses sobre problemas en la calidad de algunas marcas de heparina que se aplican en hospitales públicos. Así lo reveló una investigación de CIPER publicada el 17 de octubre de 2008. Ese reportaje dejó en evidencia los reparos de los cirujanos a usar algunas heparinas porque su baja calidad obligaba a ocuparla en altas dosis, lo que ponía en riesgo a los pacientes. Mientras las autoridades siguen investigando por qué se usó ese anticoagulante en estas seis cesáreas, CIPER reproduce para sus lectores el reportaje originalmente titulado “Escaso control de medicamentos (I): El riesgo que corren los pacientes de hospitales”, escrito por la periodista Francisca Skoknic.

El 12 de octubre de 2003, Juan Esteban Mendoza compró un antibiótico llamado Metronidazol. Y en el interior del envase, Mendoza no sólo encontró las píldoras que le habían recetado: también descubrió un insecto que no supo identificar. El sumario iniciado tras su denuncia tardó tres años en concluir. El laboratorio responsable era BestPharma, que ya entonces acumulaba decenas de multas de distinta gravedad. La más alarmante se originó cuatro años más tarde, cuando se detectó que uno de los medicamentos de BestPharma para tratar el cáncer de mama -Tamoxifeno-, no tenía efecto.

Meses después, el Instituto de Salud Pública (ISP) decretó la clausura del Laboratorio BestPharma, luego que éste sumara 56 sumarios sanitarios. La medida encendió la primera alerta seria sobre la calidad de los fármacos que los chilenos consumen a diario.

“La única diferencia entre el medicamento y el veneno es la dosis”, advierte el presidente del Colegio de Químico Farmacéutico, Elmer Torres. Y no es el único riesgo: ante la ceguera total de quien no sabe qué contiene la píldora que ingiere o la inyección o el suero que le están aplicando, es posible utilizar una droga no más potente que un caramelo, confiando inocentemente en su efecto terapéutico. Entre ambos peligrosos extremos, un mundo de posibilidades imposibles de detectar para un paciente común.

Tras la polémica pública por el cierre de BestPharma, la inquietud sobre la calidad de los medicamentos quedó instalada. La investigación realizada por CIPER comprobó otros hechos de mayor gravedad que requieren respuesta.

Pacientes que no se duermen

Cuando los pacientes de la nueva unidad de endoscopía del Instituto del Cáncer empezaron a no dormirse o simplemente se sacaban los tubos en medio del procedimiento, los médicos sospecharon que algo andaba mal con el Midazolam, la droga usada para inducir el sueño.

En el vecino Hospital San José también había problemas con el Midazolam: de pronto empezaron a gastar más del doble de ampollas que utilizaban para sedar a los pacientes en ventilación mecánica. Una tercera señal se originó en el Hospital San Borja Arriarán al detectar que los tiempos de respuesta de sus enfermos para la mencionada droga se estaban alargando demasiado.

Fueron tantos los reclamos que, a fines del año pasado, en el Instituto del Cáncer se decidió someter el Midazolam a un estudio interno para verificar su eficacia. La jefa de Farmacia, Verónica Rabanal, informó a CIPER de los resultados: se analizaron 40 casos y constataron que “sobre el 60% de los pacientes el efecto no era el óptimo”. Estaban usando copias del medicamento de referencia, o de la droga original de marca que patentó el laboratorio que lo creó.

El Hospital San José también hizo su propio estudio aplicando una escala que mide qué tan despiertos están los pacientes. “Se vio que era mucho más efectivo el Midazolam original, así es que nos cambiamos”, dice la jefa de Farmacia, Elizabeth Romero. El cambio de marca trajo un efecto inmediato: “De 4.500 ampollas que yo compraba, pasé a 1.500″, agrega Romero. Pero el triple de efectividad no fue suficiente, pues el medicamento innovador cuesta unas cuatro veces más que sus competidores. Por eso, ahora probarán con nuevas marcas.

En la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Borja Arriarán hicieron un estudio similar con el Midazolam original y el que copió la marca. “Fue hace varios años, pero recuerdo que la diferencia en el tiempo de respuesta era bastante”, dice la jefa de Farmacia, Angelina Oyarzún. Desde entonces, en la unidad de cuidados intensivos sólo usan el Midazolam original. “No podemos arriesgar nada con los casos críticos”, explica Angelina.

El Midazolam es una benzodiazepina cuyo efecto es hipnótico y sirve para inducir a la anestesia. Como todas las drogas de su tipo, una dosis excesiva puede ser riesgosa, pero ninguno de los expertos consultados pudo decir con certeza si aumentar la dosis de un producto menos eficaz puede causar daños secundarios. Y todos insistieron en que primero es necesario saber exactamente por qué el fármaco no está siendo efectivo.

Lo anterior sólo será posible después de los análisis que está haciendo el Instituto de Salud Pública (ISP) sobre el Midazolam tras recibir denuncias de dos hospitales. La sorpresa fue descubrir que el procedimiento iniciado por el ISP no se originó en los reclamos y estudios de ninguno de los tres establecimientos hospitalarios antes nombrados, sino del Sótero del Río y el Gustavo Fricke. Ello habla de la magnitud del problema.

A fines del año pasado, el Instituto del Cáncer sometió el Midazolam – una benzodiazepina cuyo efecto es hipnótico y sirve para inducir a la anestesia- a un estudio interno para verificar su eficacia. La jefa de Farmacia, Verónica Rabanal, informa que se analizaron 40 casos y constataron que “sobre el 60% de los pacientes el efecto no era el óptimo”. Estaban usando copias del medicamento de referencia, o de la droga original de marca que patentó el laboratorio que lo creó.

-En las drogas de síntesis química como el Midazolam, si dice 500 miligramos, tiene que actuar como tal, si no es así, quiere decir que, probablemente, o hay menos del principio activo -no los 500 miligramos que dice- o hay algún componente en la formulación que está inhibiendo la absorción o la acción farmacológica del producto -dice la directora del ISP, Ingrid Heitmann.

El método para comprobar la efectividad de una droga como el Midazolam ha sido relativamente fácil: el paciente se duerme o no. Pero determinar si otros medicamentos tienen problemas similares, no es posible. Así lo afirmaron a CIPER las jefas de farmacias del Instituto del Cáncer y de los hospitales San Borja Arriarán y San José. Y el temor es que otras drogas sean también poco efectivas y nadie pueda percibirlo a simple vista.

Según la directora del ISP, eso no es posible: “Si un producto tiene problemas, al final siempre lo vas a notar por una cosa o por otra”.

Para la jefa de farmacia del Hospital San José, en cambio, el asunto es mucho más riesgoso con otros remedios, como los antibióticos, ya que no hay cómo medir su efectividad. La químico farmacéutica Elizabeth Romero explica que estos fármacos se prueban a través de “sensidiscos”, un método que permite saber si los microorganismos que causan una infección reaccionan al antibiótico.

-Y claro, a través de ese método yo compruebo la eficacia del fármaco original, pero yo puedo estar usando una copia, un similar de marca, y con ése yo no logro nada. Lo pruebo (el método) con el original y al paciente lo trato con la copia -se lamenta Romero, pues sabe que los “sensidiscos” sólo existen para los medicamentos originales o de referencia y no para los genéricos.

Aún más difícil es el problema con las drogas oncológicas, dice la químico farmacéutica Verónica Rabanal, del Instituto del Cáncer, pues sus efectos se miden a muy largo plazo. La profesional no se siente respaldada por el ISP y cree que hace falta un ente regulador que obligue a hacer más pruebas sobre la efectividad de los productos.

Su colega del San José coincide con la necesidad de un cambio: “No hay una política de medicamentos que permita que usemos un producto que realmente sea seguro y efectivo frente al paciente. No lo tenemos. No es que el Instituto no haga nada, es que no tiene herramientas para hacerlo”.

Anticoagulantes que te pueden desangrar

Como jefe de cardiocirugía en el Hospital San Juan, el doctor Eli Villalabeitia sabe lo sensible que es el uso del anticoagulante antes de entrar a pabellón. Por eso es duro a la hora de exigir que el que más necesita para operar, la heparina, sea de buena calidad.

“La heparina es un medicamento muy crítico en cirugía cardíaca. Tuvimos experiencias con laboratorios cuyas heparinas era muy malas”, dice Villalabeitia. Para evitar problemas, sólo utiliza una marca, que sabe que es la que actúa en las dosis y tiempos esperados. Cuando en el hospital compran de otra, simplemente no opera. Así de sensible es el tema.

La directora del ISP, Ingrid Heitmann, plantea que no es un problema de marca, sino que las últimas investigaciones han revelado que en los medicamentos de síntesis biológica, como la heparina o la insulina, la dosis está asociada a la marca. De hecho, actualmente el ISP trata a cada una como un producto nuevo y debe presentar sus propios estudios.

-Lo que nosotros no podemos ver es si la dosis que tiene que usar es exactamente la misma que para otra marca. Eso es de responsabilidad del médico. Algo a lo que los médicos no estaban acostumbrados, porque antes los pocos productos biológicos que se producían eran los de marca y nada más- dice.

Pero Villalabeitia rebate ese argumento. Con 15 años como cirujano cardiaco, sabe perfectamente que hay variaciones de dosis, pero dice que cuando se superan los máximos recomendados hay riesgo de peligrosos efectos no deseados, como sangramiento excesivo. A su juicio, claramente hay un problema de calidad con las heparinas presentes en el mercado chileno.

-Esto es igual que la revisión técnica de los autos. Algunos no cumplen pero tienen certificados. A lo mejor hay dos que pasan la norma, pero eso no quiere decir que sean de la misma calidad. Lo mismo pasa con los medicamentos. Pasan la norma del ISP, pero sus calidades son muy distintas- asegura.

Genéricos no tan genéricos

“Una droga genérica es igual a la ‘droga de nombre y marca’ en dosis, seguridad, intensidad, calidad, en la forma en que funciona, la forma en que es tomada y debe ser usada”, señala la Food and Drug Administration (FDA), la agencia reguladora de los medicamentos en Estados Unidos. En Chile, ninguno de estos atributos puede ser endosado a los medicamentos genéricos. De hecho, para los puristas hablar de genéricos ya es una exageración. En estricto rigor no los hay, porque a diferencia de Estados Unidos, en Chile no existe una símil de la FDA que realice los tests que permitan comprobar que los medicamentos de referencia u originales, son iguales a sus genéricos o copias.

De acuerdo a las estadísticas, esa falencia ya comienza a ser un problema. De acuerdo a datos del International Marketing System o IMS Health -empresa internacional que audita datos de ventas- correspondientes al primer semestre de este año, sólo el 19,1% de los medicamentos consumidos en Chile son de marca, mientras que el 36,2% son clasificados como genéricos y el 44,7% como similares.

El presidente del Colegio Médico, Pablo Rodríguez, explica que a partir de 1967, el Laboratorio Chile -entonces estatal- empezó a producir el Formulario Nacional de Medicamentos, que no era otra cosa que medicamentos genéricos de buena calidad y a bajo precio. Por eso, dice Rodríguez, los doctores se acostumbraron a recetarlos y existe una cultura de genéricos más grande que en otros países. El escenario cambió cuando en los años 80 el Laboratorio Chile fue privatizado: “Hoy día vienen medicamentos de fuera, genéricos de mala calidad”, asegura el dirigente gremial.

La directora del ISP reconoce que en Chile no hay equivalencia terapéutica certificada por ese organismo. Y ello porque aún no son obligatorios los exámenes de bioequivalencia: el análisis que mide que dos drogas con los mismos compuestos tengan una formulación que se comporte de la misma forma al ser consumido por una persona (los mismos tiempos y cantidades de absorción de la droga).

De allí que, cuando un profesional de la salud cambia un medicamento recetado por otro que en el papel tiene la misma fórmula, no puede garantizar que el efecto será el mismo.

-Si el producto tiene un perfil de concentración igual al de referencia, dices que es bioequivalente y por lo tanto puede ser intercambiable. Sin esos estudios, tú no puedes asegurar la intercambiabilidad. Ese es el problema -explica la académica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, Maria Nella Gai.

¿Y qué pasa si no son bioequivalentes? Gai nos lleva a los extremos iniciales: si la forma en que se aprovecha el medicamento es menor al producto de referencia, puede haber falta de efecto (el caramelo); si es mayor, puede haber problemas de toxicidad (el veneno). Todo depende del fármaco. “Sin los estudios, no puedes garantizar la eficacia y la seguridad”, afirma Gai. Eficacia y seguridad son justamente dos de las exigencias que -junto a la calidad-, le impone la ley al ISP.

“Tuvimos experiencias con laboratorios cuyas heparinas era muy malas”, dice el jefe de cardiocirugía en el Hospital San Juan, doctor Eli Villalabeitia, al referirse al anticoagulante que necesita para operar. Explica que cuando se superan los máximos recomendados hay riesgo de peligrosos efectos no deseados, como sangramiento excesivo. Para evitar problemas, sólo utiliza una marca, que sabe que es la que actúa en las dosis y tiempos esperados. Cuando en el hospital compran de otra, simplemente no opera.

Además de no ser obligatorios los exámenes de bioequivalencia, sólo el medicamento de referencia debe presentar estudios clínicos para obtener un registro del ISP. Las copias o genérico que se registran después, se basan en los mismos estudios.

-El ISP autoriza y registra. Alemania tiene 4 ó 5 Omeprazol; Chile tiene 20, porque entra todo lo que llega. No se sigue ningún procedimiento, es como inscribir zapatos, lo dijo el Colegio Médico. El ISP permite cualquier cosa y después, si se mueren los viejos, reacciona. Eso no es normal -acusa el director del Centro de Investigaciones Farmacológicas y Toxicológicas de la Universidad de Chile, Iván Navarro, quien también dirigió el ISP.

Ingrid Heitmann conoce estas críticas que recaen sobre el ISP, pero replica que son cada vez menos reales. Respecto a los genéricos, explica que se exige el boletín analítico del producto, que demuestra características físicas, químicas, principio activo, disolución, estabilidad. Este boletín es el resultado de estudios hechos por un laboratorio acreditado por el ISP. Además, cada compañía debe guardar muestras de cada uno de sus lotes, los que son revisados por el instituto en caso de que se detecten problemas de calidad.

Y en cuanto a la bioequivalencia, la directora del ISP asegura que “cada vez estamos más cerca de que los estudios sean una realidad”. En el papel, éstos se incluyeron en la normativa el 2005, pero su puesta en práctica se ha retrasado. Recién en mayo se publicó la resolución con los dos primeros medicamentos que se someterán a revisión, lo que abrió un nuevo flanco de críticas. Primero, porque a una tasa de dos productos al año, el avance es mínimo y en palabras de la misma doctora Heitmann, “terminaríamos el año del cuete”.

Por eso la idea es que todos aquellos medicamentos cuyos fabricantes han hecho sus propios estudios de bioquivalencia o están certificados por otras agencias, sean reconocidos, lo que incentivaría la realización de estudios voluntarios. Así, el 2009 ya podrían encontrarse los primeros medicamentos con sello de bioequivalencia, luego de que se certifiquen los laboratorios que pueden hacer los tests. De todos modos el proceso será lento, pues los análisis se exigirán al renovarse el registro, lo que ocurre cada 5 años.

La otra crítica a este proceso es respecto a los dos primeros productos elegidos para ser analizados. Uno es un antiepiléptico; el otro, la clorfenamina, un antialérgico de uso común y sin ningún riesgo. La doctora Heitmann reconoce que la decisión no fue la más acertada, pero cree que al menos servirá para que la gente perciba el cambio, pues la clorfenamina es de consumo bastante masivo.

Buenas prácticas

La realización de exámenes de bioequivalencia es un avance, pero para que tenga algún sentido debe garantizar que todos los medicamentos son fabricados bajo las mismas condiciones. Este requisito, a ojos de los expertos, aún está lejos de cumplirse en Chile.

El marco de referencia para poder garantizar la calidad de fabricación es la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP por su sigla en inglés), un mecanismo impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que, de acuerdo a la normativa chilena, debía cumplirse el 2002, pero que al igual que la bioequivalencia, se ha retrasado.

-Hace 5 años no se le podía pedir a la industria porque no lo tenían. Entonces, ¿nos íbamos a quedar de un día para otro sin medicamentos? Si tú le pides a la industria que de un año a otro haga todas las inversiones, los precios se te van a ir para arriba -argumenta la directora del ISP.

Además, los requisitos van aumentando. Por eso, según datos de Heitmann, hoy Chile tiene un nivel de cumplimiento del 95% de la guía anterior y de un 75% de la que se implementó el año pasado, lo que a su juicio es muy positivo.

Lo que hacen las GMP es garantizar que los laboratorios cumplen los mejores estándares de calidad de fabricación y que lo hacen siempre, con lo cual se puede confiar que un lote de medicamentos fue producido en las mismas condiciones que otro. Es decir, si el lote A es bioequivalente con el medicamento de referencia, también debería serlo el lote B. Una máxima que hoy en Chile no necesariamente funciona.

De acuerdo a la normativa actual, después de que el ISP aprueba el registro de un medicamento, el laboratorio no está obligado a mantener el mismo proveedor. Eso permite que en teoría alguien puede registrar un remedio producido en Estados Unidos o cuyos principios activos son traídos de Europa, pero luego, con la misma autorización, importar el producto desde un país asiático. Esto cambiará con un nuevo reglamento que actualmente tramita el ISP y que exige ligar el registro a una planta GMP específica.

En la actualidad no existe ninguna certeza de la calidad de los productores extranjeros. Esta preocupación comenzó hace pocos años con el explosivo crecimiento de las importaciones indias, aunque hoy, de acuerdo a estimaciones del ISP, el 40% de los medicamentos importados son fabricados en China.

En esto, dicen los expertos, se aplica una regla similar al resto de los productos del gigante asiático: en un mismo país se fabrican medicamentos y principios activos de altísima calidad, que de hecho son utilizados por los países desarrollados, así como también fármacos de pésimas condiciones. El problema es que no sabemos de cuáles estamos consumiendo.

-En Chile hay medicamentos de alta calidad, pero no podemos aseverar que todo lo que está presente en el mercado lo sea. No hay una calidad homogénea, principalmente en lo referente al producto importado de diversos orígenes, pues las plantas locales son auditadas constantemente. En países de la región, como Argentina, Brasil, Colombia y México, para otorgar el registro sanitario es necesario primero que la autoridad sanitaria visite las plantas para asegurarse que son GMP -afirma María Angélica Sánchez, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa, que reúne a los productores chilenos).

La crítica se repite entre distintos actores de la industria y es recogida por la directora del ISP, Ingrid Heitmann. Las visitas a plantas en el exterior ya empezaron con Hungría y Uruguay, países a los que seguirán El Salvador y China. Al gigante asiático se viajará para revisar laboratorios capaces de producir las vacunas contra la influenza para el próximo año. La idea es coordinar el trabajo con otras agencias de la región para sumar fuerzas.

Controles y sanciones

Para cumplir su objetivo de preservar la calidad de los medicamentos, el ISP también cuenta con herramientas que operan una vez que los productos ya están en el mercado. La más importante es el control de estantería, que implica hacer estudios de laboratorio a los fármacos que ya entraron a la cadena de comercialización. No se trata de un control aleatorio: se elige tipos de productos que han tenido problemas o son sensibles por alguna razón.

De acuerdo a la normativa actual, después de que el ISP aprueba el registro de un medicamento, el laboratorio no está obligado a mantener el mismo proveedor. Eso permite que en teoría alguien puede registrar un remedio producido en Estados Unidos o cuyos principios activos son traídos de Europa, pero luego, con la misma autorización, importar el producto desde un país asiático.

Durante 2007 se analizó el 2% de los medicamentos comercializados (60 especialidades de 4.000 autorizadas). Según Ingrid Heitmann, los resultados están bajo el umbral considerado aceptable: se detectó un 5% de fármacos defectuosos. El dato cobra perspectiva cuando añade que cuando se iniciaron los controles de estantería, hace menos de una década, más del 15% de los remedios analizados tenía algún problema.

Pese al notable avance, muchos lo consideran insuficiente. José Manuel Cousiño, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de la Industria Farmacéutica (CIF, reúne a los grandes laboratorios extranjeros), es de los que cree que la autoridad no está asegurando la calidad de los medicamentos. Su diagnóstico es que hay fallas regulatorias y que éstas podrían de alguna forma rectificarse con un buen control de estantería, lo que a su juicio no sucede.

“Con los resultados de los controles de estantería, el ISP infiere que la calidad de los medicamentos es adecuada. Y no es suficiente para afirmarlo. Para que esa muestra sea significativa tiene que ser representativa del mercado”, opina la doctora Margarita Charlin, ex directora médica de Merck Sharpe & Dome. Hoy está a cargo de CTS (Clinical Trials Support) y como parte de un estudio, analizó los resultados de la siguiente etapa de control del ISP: los sumarios sanitarios, sistematizando la información pública incluida en 285 procesos sancionatorios.

Los datos entre 2004 y 2008 arrojan una clara diferencia entre BestPharma y el resto de los laboratorios. Sin contar sanciones por irregularidades como la publicidad o el etiquetado, los resultados de Charlín arrojan que el clausurado laboratorio tuvo 30 sanciones por calidad durante ese periodo. Muchísimo más atrás le sigue Laboratorio Chile con 8 casos, luego Sanderson (7), Recalcine (6) y Andrómaco, Biosano y Mintlan (4 cada uno).

Descontando BestPharma, su conclusión es que la mayoría de los problemas involucrados en los sumarios tiene que ver con productos inyectables, pues es más fácil detectar fallas de calidad, como ampollas que no se disuelven o elementos visibles en un líquido transparente. “Las cosas más finas no se detectan”, enfatiza.

¿Se esconde entre todos ellos otro BestPharma? Al menos no hay casos tan flagrantes. El presidente del Colegio Médico, Pablo Rodríguez, es muy crítico a la normativa que regula el uso de medicamentos, pero a pesar de todo se atreve a decir que la calidad de éstos en Chile es buena con un argumento tranquilizador: “Chile tiene muy buenos indicadores sanitarios que fueron logrados con los medicamentos disponibles”.

Primera solicitud

El día 7 de abril de 2009 CIPER ingresó a la Fiscalía Nacional Económica una solicitud de acceso a información pública, en la que pedía los siguientes antecedentes:
a) Los documentos recibidos por la FNE desde 1995 a la fecha con denuncias o antecedentes relativos a colusión de precios entre cadenas de farmacias o entre cadenas de farmacias y laboratorios productores de medicamentos.
b) Las resoluciones de los fiscales nacionales de la FNE de 1995 a la fecha que no dieron lugar a investigaciones basadas en las denuncias o antecedentes citados en el párrafo anterior.
c) Las resoluciones de los fiscales nacionales de la FNE de 1995 a la fecha que sí dieron lugar a investigaciones basadas en las denuncias o antecedentes precitados.
d) Las resoluciones de los fiscales nacionales de la FNE desde 1995 a la fecha que dieron por terminadas investigaciones sobre posible colusión de precios entre cadenas de farmacias o entre cadenas de farmacias y laboratorios, sin presentar esos casos ante la Comisión Resolutiva Antimonopolios o el Tribunal de la Libre Competencia.

Dos días más tarde, el 9 de abril, el fiscal Enrique Vergara comunicó que la solicitud había sido acogida y nominó como contraparte a la Jefa de Relaciones Institucionales, Mónica Salamanca. Aunque la Ley de Transparencia aún no entraba en vigencia, la FNE decidió responder la petición usando los mecanismos definidos en esa norma, lo que facilitó el procedimiento.

La respuesta a la solicitud, con copia de los documentos, fue recibida el 24 de abril. No obstante, algunos antecedentes afectaban a terceros (generalmente autores de denuncias) los que debían ser informados de su derecho a manifestar oposición a la entrega de los documentos. De los diez terceros consultados, uno se opuso, seis accedieron y tres ya no estaban ubicables en los domicilios registrados en sus denuncias. Respecto de estos últimos, el fiscal resolvió “adjuntar las denuncias, resguardando la identidad del denunciante, a fin de cumplir con el principio de transparencia, pero a la vez vamos a cautelar los derechos de terceros”. Esos documentos se entregaron con los nombres de los denunciantes tarjados.

La respuesta definitiva, con los antecedentes que afectaban a terceros, se recibió el 14 de mayo (Vea los documentos contenidos en esta respuesta, Parte I y Parte II).

Segunda solicitud

El 27 de abril, ya bajo las normas de la Ley de Transparencia (que entró en vigencia el 20 de ese mes), CIPER solicitó a la FNE acceso a la siguiente información pública:
a) El estudio sobre mercado farmacéutico informado por el fiscal nacional económico a la Comisión Preventiva Central en el Oficio 572 del 7 de agosto de 1984.
b) El estudio sobre el mercado farmacéutico informado por el fiscal nacional económico a la Comisión Preventiva Central en el Ord. 475 del 16 de agosto de 1990.
c) El estudio solicitado al fiscal nacional económico Francisco Fernández, en las cartas del 27 de marzo de 2000 y 11 de julio de 2000 suscritas por Raúl Álvarez, presidente de Unfach.
d) Copia de las acciones entabladas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a consecuencia de la investigación ROL 554-03 FNE. Los dictámenes, resoluciones o fallos del TDLC relacionados con esas acciones entabladas por la FNE,
e) Copia de las acciones entabladas ante el TDLC a consecuencia de la investigación ROL 516-03 FNE y de los dictámenes, resoluciones o fallos de ese tribunal originados por estas acciones.

El 14 de mayo CIPER recibió la respuesta del fiscal a la segunda solicitud, con cuatro documentos adjuntos y una referencia para buscar información en un archivo público.

Documentos PDF
Respuesta inicial a primera solicitud.
Contiene:
- Resolución del fiscal del 13.03.08 de inicio de investigación por alza de precios de anticonceptivos que origina proceso por colusión Rol Nº 1129-08.
- Resolución del fiscal del 09.05.03 que acoge denuncia de particular contra laboratorio e inicia investigación.
- Ord. 484, 485, 486, 487, 497 y 503 (todos de julio de 2006). Fiscal informa a denunciantes resultados de investigación Rol Nº 554-03 contra Ahumada, SalcoBrand y Cruz Verde.

Segunda respuesta a primera solicitud (Parte I).
Contiene:
- Denuncia de particular del 10.10.03, por supuesta alza concertada en precio de venta de tres fármacos.
- Denuncia de particular por supuesta concertación de precios en cuatro medicamentos entre Ahumada y Cruz Verde.
- Denuncia de particular del 13.10.04 contra cadenas de farmacias, por supuesta concertación de precios, precios depredatorios y concentración monopólica.
- Denuncias de Raúl Álvarez (Unión de Dueños de Farmacias) del 27.03.00, 04.05.00, 12.02.04 y 08.11.04. Acusa a laboratorios de discriminar a farmacias independientes.

Segunda respuesta a primera solicitud (Parte II).
Contiene:
- Denuncia de Miguel Alfaro Bravo del 05.11.03, contra las cadenas de farmacias por supuesta concertación de precio.
-Denuncia de Carlos Vallejo Mora (Farmacias Independientes de Concepción) del 15.11.04, por discriminación de laboratorios a favor de cadenas de farmacias.
-Denuncia de laboratorio Bestpharma del 25.04.03, por competencia desleal en medicamentos genéricos inyectables.
- Denuncia de Angélica de las Mercedes Lillo Urzúa del 01.09.08, contra SalcoBrand por alza de anticonceptivo.
- Denuncia de Guido Girardi y Gabriel Silber del 02.06.08, contra cadenas de farmacias por alzas de precios excesiva y eventual colusión.

Respuesta a segunda solicitud.
Contiene:
- Ord. Nº 572 de 1984 con el primer estudio sobre mercado de productos farmacéuticos realizado por la FNE.
- Ord. 475 de 1990 con el segundo estudio sobre mercado de productos farmacéuticos realizado por la FNE.
- Requerimiento contra laboratorios con fecha 28.01.2003.
- Resolución 708 del 08.10.2003 sobre el requerimiento anterior.

Vea también:
Farmacias y laboratorios: el prontuario de infracciones a la libre competencia

A un mes de que se desatara en México la crisis por la aparición de la entonces llamada “gripe porcina”, una periodista mexicana cuenta cómo se vivió y que dejó la experiencia que tuvo a su país en estado de alerta máxima. Las medidas que sirvieron y las que sólo alentaron la paranoia, y las dudas que aún persisten sobre el comportamiento del virus, ayudan a iluminar la forma en que se debe enfrentar en Chile una enfermedad que recién llega.

El 23 de mayo se cumple un mes desde que el gobierno mexicano sonó la alerta sanitaria por el hallazgo del virus AH1N1 que a los mexicanos nos puso los pelos de punta, nos proscribió al encierro, y que, estornudo a estornudo, sigue alterando nervios en todo el mundo.

Ahora que el marcador oficial nos da 74 mexicanos muertos y 3 mil 734 contagiados y que la cordura va dejando atrás a la histeria, me aventuro, con más dudas que certezas, a esbozar algunas de las lecciones que aprendimos desde el epicentro de la pandemia.

1. No hay remedios salvavidas

La reacción que siguió al anuncio del nuevo virus fue de psicosis. En cuestión de horas la estampida desapareció cubrebocas, antivirales, vacunas, botellas de cloro y geles desinfectantes de las vitrinas de las farmacias. Pensábamos que íbamos a morir fulminados por un microbio hasta entonces desconocido, emparentado con el cerdo, que posiblemente se transportaba en el aire y mataba como gas letal.

Paradójicamente, con el tiempo vimos que el contagio se evitaba con apartarnos de las personas con gripe, cuidando no compartir mocos, apretones de mano y saliva, y siguiendo los consejos maternos de la infancia: lávate las manos con agua y jabón.

2. La paradoja de los antivirales

Pronto supimos que había una cura para esta peste: el antiviral Tamiflu era el eficaz remedio que sacaba a la mayoría de los enfermos de la cama.

Antes de poder asegurarnos una dosis (lo cual era altamente improbable en un país con 105 millones de habitantes y una reserva de 1 millón de frascos), el gobierno recogió todas las cajas en existencia.

La lógica del embargo es que lo peor que uno puede hacer es automedicarse sin tener certeza del contagio, pues, además de agotar las reservas nacionales, el uso indiscriminado de Tamiflu hace al virus más resistente.

Lo malo es que los estudios en Estados Unidos indican que la mitad de los enfermos pueden ser asintomáticos, no presentan gripe, fiebre e insuficiencia respiratoria aguda (los síntomas que el gobierno mexicano estableció como los oficiales y únicos dignos de tratamiento). La “prueba rápida” que se aplica en los centros médicos de México sólo acierta en el 60 por ciento de los casos. Si se suma la mala suerte (no hay fiebre y la prueba falla y, por lo tanto, el gobierno niega los medicamentos), quienes creen que están contagiados recurren al mercado negro donde un tratamiento cuesta 675 pesos (55 dólares).

3. La mitológica vacuna

Desde el principio se nos dijo que no debíamos preocuparnos por la falta de vacunas porque, de todos modos, ninguna servía para contrarrestar esta nueva cepa. Esa fue una verdad a medias. O una mentira piadosa.

La vacuna que se aplica a niños y ancianos en invierno para la “influenza estacional” no protege totalmente del nuevo virus, pero sí “parcialmente” (la mayoría de los enfermos fueron jóvenes que no estaban en el rango de edad de vacunación).

El hallazgo no sirvió de mucho: las escasas vacunas sobrantes se usaron para inmunizar a médicos, enfermeras y a los impopulares políticos; el resto de mortales no tuvimos acceso.

4. Las dudas sobre el cubrebocas

Con el paso de las semanas, la dictadura del cubrebocas (el uniforme oficial mexicano) comenzó a cuestionarse. Se volvía más dudoso su uso cuando uno miraba al Ministro de Salud y al propio Presidente rodeados de funcionarios, todos sin la mascarilla salvavidas encima de nariz y boca. ¿Acaso ellos sí eran inmunes?
En una entrevista con el diario El País, el funcionario encargado de vigilar la epidemiología de los mexicanos reconoció que el rectángulo celeste no evitaba el contagio pero se lo repartían a la gente para que se sintiera más segura. Quienes leímos la entrevista jubilamos su uso.

No ocurrió así entre los médicos que estuvieron en las trincheras, en la primera línea de fuego contra “el bicho”. Uno de ellos, en pleno campo de batalla hospitalario me dio una explicación sensata para su uso: “El cubrebocas sirve sólo para no contagiar a otros y empeorar la situación. ¿Te imaginas que seas portador y por andar sin cubrebocas el virus se expanda y llegue a los lugares donde no hay doctor ni agua?”. Ni hablar.

Al día siguiente el médico tuvo que ser aislado y yo suspiré de alivio.

5. El comportamiento del virus

El virus no se contagia por comer carne de cerdo. No salta más de dos metros en un salivazo. No se transporta en el aire. Tiene la posibilidad de mantenerse un par de horas agazapado en alguna superficie inerte (por ejemplo, un teléfono celular) en forma de moco o saliva. El virus tarda en incubar cerca de tres días por lo que una persona contagiada no se da cuenta hasta que comienza a sentir los síntomas de la gripe, casi siempre aderezados con calentura de 39 grados. El cuerpo contagiado se convierte en propagador del virus aproximadamente cinco o siete días, dependiendo de si tomó antivirales los primeros días. Si muere, el virus muere con él.

No hubo gran diferencia de género entre los enfermos, aunque quienes cayeron en cama fueron poco más mujeres que hombres, y una cuarta parte eran amas de casa. La mayoría de los contagiados tenía de 20 a 54 años.

6. El virus respeta pasaporte

Desde que se tuvo evidencias de la letalidad del AH1N1 surgió una duda: ¿el virus respeta la nacionalidad o por qué los contagiados mueren en México y no en Estados Unidos? Sospechábamos que ocurría algo extraño. Hasta el momento sólo tres estadounidenses han fallecido (uno de ellos mexicano).

Pronto empezó a caer la venda: los mexicanos estamos acostumbrados a no acudir al doctor porque los servicios médicos son costosos y el servicio público es de mala calidad y está sobresaturado. Para no enfrentarnos a la burocracia, tenemos la costumbre de aguantarnos el dolor, de automedicarnos o de acudir con médicos pasantes que recetan remedios “similares”, más baratos y con fórmulas parecidas.

Esa costumbre estranguló a varios.

7. Una enfermedad clasista

Al principio, cuando no se conocía la existencia del virus y sus síntomas se confundían con neumonías, murieron por igual pobres y ricos, en hospitales públicos y privados.

Una vez que se supo la identidad del microbio (influenza tipo A H1N1) murieron enfermos que se aguantaron la gripe durante varios días y que llegaron moribundos a los servicios de urgencias. Casi siempre fallecieron quienes tuvieron que ser “entubados” para respirar.

El deficiente sistema de salud terminó por darles el empujón al abismo.

La muerte por influenza en México tuvo el rostro de médicos, como el subdirector de un hospital público que estuvo en una infinita lista de espera mientras se liberaba una cama, un neumólogo y unos antivirales. O de un migrante recién retornado de Estados Unidos que pasó sus últimas horas en una silla, compartiendo el aire y el hombro con otros enfermos en la sala de urgencias. O de una joven arquitecta recluida sin diagnóstico junto a pacientes contagiados porque tenía algo parecido a una gripa. O de un chofer que tuvo que esperar su turno para que en el hospital hubiera un ventilador disponible que le ayudara a respirar.

Los fallecidos compartían entre sí un historial de diagnósticos errados o tardíos, el peregrinar previo entre clínicas (públicas, privadas o “similares”), el purgatorio en salas de espera, la indisposición de fármacos que les salvarían la vida. Y, obvio, la mayoría eran pobres. Sus vidas quedaron estranguladas en el embudo de un sistema de salud que arrastra males crónicos degenerativos.

8. No es una muerte suave

Cuando descubrimos que los narcotraficantes matan más personas al día que el “pinche virus”, nos arrancamos el cubrebocas y salimos a las calles a abrazar a todo viejo conocido. Pensamos que era una gripe cualquiera que había sido sobredimensionada. Un virus suavecito.

Pero las narraciones de varios familiares de enfermos que escuché no describen una muerte linda, sino espantosas agonías (“llegó escupiendo flemas de sangre”, “le chillaba el pecho cada vez que intentaba respirar”, “tenía los pulmones manchados por dentro”, “comenzó a convulsionarse”, “ya tenía los pulmones destrozados”, “después del pulmón le falló el riñón, y luego el corazón”, “se puso morado de sus pies y manos porque le faltaba el aire”, “las anginas las tenía supuradas”, “le dolía la espalda mucho de puro respirar”, “la agarró una diarrea y mucho vómito”, “estaba bien y de pronto se sintió mal y ya no podía moverse”, “se la pasó comiendo puro suero y agua, no quería tragar nada”).

No fue una muerte suave, fue una tragedia.

9. Se comportó distinto

El virus atacó a ciertos organismos jóvenes y sin historial de enfermedades (que no llegaron a tiempo a los servicios de salud para contrarrestar el malestar con antivirales), pero se aprovechó más de gente enferma.

Las listas preeliminares de muertos conocidas hasta ahora (ninguna avalada por el gobierno) dan cuenta de que en la temporada murió más gente con diabetes, insuficiencias cardiacas, renales o respiratorias, con problemas de obesidad o tabaquismo, o que arrastraba problemas del sistema inmunológico. Esas enfermedades, al parecer, alentaron la agresividad del virus.

En los registros fúnebres sus causas de fallecimiento quedaron camufladas.

10. Hubo uno o dos virus, o muchos asintomáticos

“Yo limpiaba los vómitos y los mocos de mi hija, yo dormía con ella en el hospital y no me contagié. Así que ella no murió de influenza porque si fuera así ya estaría contagiada”, me dijo la mamá de una universitaria, y escuché la misma deducción en distintas casas donde se guardaba luto.

Es cierto, no todos los que estuvieron en contacto con un enfermo se contagiaron. De hecho, fueron los menos.

Lo que sí encontré fueron muchas familias que, después de haber convivido con un enfermo, sentían ardor en nariz y ojos, rasposa la garganta, ganglios inflamados, cansancio, tos y gripa. Varios periodistas también tuvimos esos síntomas.

Ese es otro misterio pendiente resolver: o el virus no era tan contagioso, o la mayoría de los organismos dieron la batalla inmunológica y la ganaron, o hay dos tipos de virus (uno suave y otro agresivo) o habemos muchos asintomáticos propagando la enfermedad sin darnos cuenta.

11. No sabemos qué pasó

A un mes nos quedan muchas dudas. ¿El gobierno sabía y ocultó la información para no incomodar al presidente Barack Obama en su visita por México? ¿Cuál es la cifra real de muertos? ¿De cuántos no se tomó muestra para su análisis o su sangre quedó atrapada en el laberinto burocrático y no llegó a los laboratorios? ¿Cuántos de los registrados como fallecidos por neumonía, insuficiencia respiratoria o causas colaterales murieron por esta influenza? ¿Qué está pasando en las comunidades campesinas donde no hay doctor? ¿Cuántas personas fueron rasuradas de las listas de muertos en los estados donde este año hay elecciones? ¿Quién fue el caso “Zero”, dónde se contagió y cuándo murió? ¿Por qué, si el virus empezó en las granjas de Estados Unidos mostró su cara más brutal en México? ¿Hay dos tipos de virus o se comporta como esquizofrénico? ¿El asesino fue el sistema de salud?

12. Las ruinas que dejó

“…Ni siquiera en los momentos de mayor dramatismo los datos que comunicaban las autoridades daban cuenta de una epidemia devastadora. La conglomeración humana más grande del planeta apenas ha registrado un manojo de muertes (…) me atrevo a decir que la desproporción de la reacción oficial ha sido inmensa”, escribió en el diario Reforma el columnista Jesús Silva-Herzog Márquez al día siguiente de que se declaró que en la ciudad de México había dejado de morir gente.

Los comentarios en las calles y las columnas periodísticas siguieron el mismo tono.
El tiempo dirá si México “salvó a la humanidad”, como proclamó el Presidente en una declaración que parece sacada del cómic de los “Cuatro Fantásticos” o si se adelantó a tomar medidas draconianas como cerrar negocios, suspender clases, alentar el encierro, que, a la larga, resultarán más dañinas que el propio virus.

Lo cierto es que cuando salimos a la calle encontramos a la economía en caída libre, los turistas ahuyentados, la industria porcina hecha ruinas, la fama nacional destrozada y una persecución contra mexicanos en todo el mundo. De ahí, la duda: ¿era para tanto?

13. La oportunidad para no tomar tan en serio

El virus nos llevó a situaciones límites. De pronto nos convertimos en protagonistas de la película “Epidemia” y esperábamos que las potencias internacionales nos aventaran una bomba. Hubo compras de pánico, mutación de hábitos y vestimenta, enclaustramiento forzoso, veda de besos y caricias.

Estos días se normalizó la desconfianza (si abordabas el Metro sin tapabocas eras suicida y si estornudabas eras asesino) y la única comunicación posible, para muchos, fue por Internet donde surgieron, también, los mejores chistes y las reflexiones filosóficas sobre si el futuro nos alcanzó, las megaurbes llegaron a su fin y nos relacionaremos vestidos con escafandras.

A no pocos de mis conocidos el encierro les sirvió para replantearse su vida.

“Me di cuenta que era una autómata, siempre fui del trabajo a la casa, sin disfrutar la vida, y he decidido no volver a hacerlo”, compartió en la clase de yoga una empresaria de 50 años. Otro amigo ahora está vendiendo sus muebles, desocupando su departamento y abandonando el país. Se va con un mal sabor de boca, una sensación de que nos manipularon a través del miedo, nos ocultaron información, nos cortaron el contacto físico y apestaron la economía.

La influenza sirvió también para implantar la dictadura de la higiene (¿quién no lleva un gel antibacterial en la bolsa?).

“¿Quiénes somos? Los del cubrebocas. Una prenda nos unifica y revela novedades: los ojos de Lorena son más hermosos. Y cuando el cubrebocas reposa en su cuello, recuperamos el milagro de ver un rostro. ¿Qué lección dejará la enfermedad? Entre otras, el renovado asombro de vernos cara a cara”, escribió Juan Villoro en una columna que se volvió de culto.

Puertas adentro de casa ocurrieron muchas cosas, muestra de ello es que la violencia intrafamiliar aumentó 30% por la epidemia de madres enloquecidas por sus hijos. Aún falta descubrir cuántas parejas salieron del encierro directo a firmar el divorcio y si en ocho meses habrá un nacimiento inusual de niños de la generación de la peste.

*Marcela Turati, reportera mexicana que cubrió la epidemia para la revista Proceso

Nota: Los comentarios pueden tardar en aparecer. Son bienvenidas todas las opiniones pero no se publicarán comentarios injuriantes. CIPER se reserva el derecho a moderar y/o editar los comentarios.

Desde 1982 los laboratorios y las cadenas han sido “clientes premium” de la FNE, del TDLC y de las antecesoras de ese tribunal: la Comisión Preventiva y la Comisión Resolutiva. Unas 15 resoluciones, dictámenes y fallos -además de decenas de oficios- de estos organismos, han intentado subsanar las distorsiones de este mercado. En concreto, han tratado de obligar a los laboratorios a no ofrecer descuentos a las cadenas que discriminen a los más chicos y que no les sugieran el precio de venta al público, además de exigir a las farmacias que exhiban los precios.

Rodríguez Grez -penalista, reconocido profesor de Derecho, fundador del grupo subversivo Patria y Libertad y defensor de Augusto Pinochet- probablemente vivía días de desencanto cuando en 1982 ingresó su escrito a la FNE. El equipo económico del gobierno militar había puesto proa hacia el libremercadismo de los gremialistas, desestimando las recetas proteccionistas del nacionalismo. A los pequeños y medianos empresarios agrícolas, camioneros, almaceneros, comerciantes, fabricantes de ropa y calzado, no sólo los golpeaba la recesión de los 80, sino que se les venía encima el tren de las importaciones y de la concentración del mercado.

En defensa de los dueños de farmacias independientes, el abogado presentó a la FNE el Memorandum 1153. No fue una quijotada. Su escrito fue el detonante de las normas que desde hace un cuarto de siglo intentan transparentar las ventas de laboratorios a farmacias y de farmacias a consumidores. Normas que gozan de plena vigencia, pero no de buena salud, porque no se cumplen ni se fiscalizan adecuadamente.

Precios sugeridos, facilitadores de la colusión

En 1980 se decretó la libertad de precios para los medicamentos, los que hasta entonces eran vendidos bajo normas que aseguraban al dueño de farmacia una ganancia de 20% a 30%. Ya se había derogado la “Ley del circuito”, que ponía barreras a la entrada del negocio -las farmacias prácticamente se heredaban de padre a hijo- y determinaba que no se podía instalar un local a menos de 400 metros de los ya existentes.

Ese paraíso que permitía a los químicos farmacéuticos llegar a la vejez sin sobresaltos, y que se justificaba por el “rol social” de la farmacia y su sistema de turnos de urgencia, se vio amenazado casi de inmediato por emergentes cadenas que compraban en mayor volumen a laboratorios y droguerías (distribuidores mayoristas). Eran las farmacias del Indio, Santos, Andrade y Chile. Así se llamaban las “cadenas” de entonces que, entre todas, manejaban menos de un 10% del mercado, una minucia comparadas con las de hoy. Aún así, la concentración metía miedo.

El memo de Rodríguez cayó en tierra fértil: el escritorio de Waldo Ortúzar. Fiscal nacional económico de la época, Ortúzar también fue férreo defensor de asegurar el derecho a competir de las pequeñas y medianas empresas. Ya en 1978 se había asentado una de las piedras angulares que hoy se esgrime para perseguir la colusión de FASA, Cruz Verde y SalcoBrand. Ese año, la Comisión Preventiva (antecesora del TLDC) prohibió a cosméticos Avon sugerir a los minoristas el precio de venta al público:

“Toda sugerencia o recomendación de precio al público hecha por el productor o proveedor al comerciante que compra sus bienes para revenderlos, es objetiva y formalmente contraria a las normas sobre libre competencia”, se lee en el dictamen de la Comisión Preventiva Nº 171 / 96.

Abogados de estudios especializados en libre competencia y que han representado a laboratorios, estiman que el mismo mercado la ha convertido en una norma obsoleta: “La sugerencia de precios hoy es una práctica válida, muy aceptada en Europa y en Estados Unidos, sobre todo cuando una compañía productora pone en juego su imagen. Por ejemplo, en el mercado de los perfumes, que tienen una gran inversión de posicionamiento de marca, es válido que sugieran el precio de reventa, porque un precio muy bajo puede afectar su imagen”.

No obstante, aunque el proveedor argumente que sólo busca proteger bienes asociados a su marca -como imagen y prestigio-, el dictamen de 1978 es taxativo en prohibir “aún cuando los propósitos perseguidos por quien formula la sugerencia no contemplen la uniformidad en los precios”.

Una fuente ligada a FASA considera cuando un laboratorio tiene posición de mercado, la sugerencia de precios se puede transformar en un elemento distorsionador. Además, la sugerencia “genera incentivos para que se cumpla con esos precios y, por lo tanto, genera incentivos para interactuar”. Si bien en FASA estiman que en el actual caso de colusión esto no fue relevante, sí lo fueron los incentivos a vendedores y ejecutivos de las cadenas por obtener rentabilidad de grupos de productos, lo que los llevó a actuar coordinadamente con los laboratorios para terminar con la “guerra” y subir los precios al mismo tiempo.

Los laboratorios, dice la misma fuente, sugieren porque saben que “si el precio es mayor o menor, puede cambiar la decisión de compra. Les conviene porque logran encadenar precios para distintos segmentos y también para sacar nuevos medicamentos”. Pone el ejemplo de dos anticonceptivos similares, del mismo laboratorio, pero orientados a públicos diferentes, uno más caro que el otro. Si las farmacias cambian esa relación de precios y bajan drásticamente alguno, la inversión del laboratorio en posicionar segmentadamente sus dos marcas queda arruinada. Es una de las razones, dicen en el entorno de FASA, por las que el proveedor intenta mantener el control del precio. El problema, comenta una fuente ligada a los laboratorios, es que las farmacias no toman en cuenta las sugerencias y se enfrascan en guerras que primero desploman los precios y luego los suben, dando la sensación de que son muy caros, “matando el producto”

Más allá de que algunos abogados y economistas consideren que el mercado ya validó la sugerencia de precios y que la norma, en la práctica, está obsoleta, lo cierto es que está vigente, y no sólo para el mercado farmacéutico. El último caso acogido por los organismos antimonopolios es de 2001, cuando el dictamen 1160 y la resolución 626 obligó a las empresas de comida para mascotas Pet Market y IAMS Eukanuba dejar de sugerir precios a los minoristas.

Reservadamente, el fiscal nacional económico, Enrique Vergara, ha recalcado ante su equipo que para la FNE el mercado se rige por normas y no por costumbres. Lo plasmó en su requerimiento de diciembre de 2008, al explicar cómo se coordinaron las alzas de medicamentos: “Iniciar este proceso de alzas no fue, por lo demás, particularmente difícil, pues bastó con aprovechar las listas de precios de los laboratorios, que incluyen los precios de venta a público sugerido (PVPS) pues, pese al reproche que ha merecido en esta sede –v.gr., Dictamen N° 383/1983 de la H. Comisión Preventiva Central-, es práctica generalizada en la industria que los laboratorios remitan sus listas de precios, incluyendo tales sugerencias”.

Por eso resultó sorprendente que las defensas de SalcoBrand y Cruz Verde confirmaran ante el TLDC, al responder la actual denuncia de colusión, que es común que los laboratorios les sugieran precios. En la página 26 de su respuesta al actual requerimiento de la FNE, la defensa de SalcoBrand señala: “Sólo de manera azarosa los precios sugeridos por los laboratorios se han traducido en precios efectivos de Salcobrand S.A. (…) las conductas de sugerencia de precios y de coordinación y monitoreo de variaciones de precios por parte de los laboratorios, no pueden ser entendidas como sintomáticas de un acuerdo de alza”.

“La sugerencia en sí misma, no es reprochable”, opina un abogado que ha sido consultado por laboratorios que podrían verse comprometidos en la investigación de la FNE.

-Lo reprochable -continúa el profesional- sería que a través de la sugerencia lo que realmente se esté haciendo sea coordinar precios. Creemos que no es el caso de los laboratorios que nos han consultado. No hay exactamente una coordinación, en el sentido de que un ejecutivo del laboratorio tuvo un rol para organizar los precios, sino que hay correos electrónicos que estarían en manos de la FNE del tipo “tal cadena está dispuesta a comprar a tanto y vender a tanto”, que es más bien parte del regateo.

Con la firma de Larroulet

La sugerencia de precios no se hace a los dueños de farmacias chicas, sino sólo a las cadenas. Eso, a juicio del presidente de la Unión de Dueños de Farmacias (Unfach), Raúl Álvarez, demuestra que siempre ha operado un entendimiento entre algunos laboratorios y las cadenas de farmacias al margen de las normas que han dictado los organismos antimonopolio. Efectivamente, las regulaciones que se han impuesto apuntan a que las ofertas de precios y condiciones de pago de los laboratorios no discriminen entre farmacias grandes y pequeñas. Eso se traduce en la obligación de los laboratorios de mantener las listas de precios y las condiciones de venta en exhibición, para que todos tengan acceso a la misma escala de descuentos.

-Las normas dicen que no puede haber un trato preferente o discriminatorio, porque los laboratorios deben tener una política pública de descuentos y ofrecerla a todos por igual. La escala de descuentos debe ser razonable, porque es lógico que los que compran en mayor volumen obtengan un descuento mayor, pero no al punto de que después puedan vender al público bajo el precio de costo al que compran muchos que sólo alcanzan el primer tramo de esa escala-, dice una fuente del Ministerio de Salud que ha proporcionado material a la FNE.

La denuncia que hizo Rodríguez Grez en 1982 indicaba que había proveedores que hacían descuentos sin criterios objetivos, incluso pactados verbalmente, que resultaban discriminatorios para algunos detallistas. Su memo le dio oportunidad al fiscal Ortúzar de realizar un extenso estudio del mercado farmacéutico en 1983, que incluyó una encuesta a los laboratorios. El trabajo lo hizo la Unidad de Investigación Económica de la FNE y sus resultados fueron comunicados por Ortúzar a la Comisión Preventiva en el Oficio 572.

Las conclusiones del estudio dieron pie para que la Comisión Preventiva emitiera el dictamen 436 / 811, el que hasta hoy es un pilar de la regulación a la que se somete este mercado. Firmado por un Cristián Larroulet que a los 30 años ya actuaba como presidente de la comisión (actualmente dirige el Instituto Libertad y Desarrollo), el dictamen hizo suyas las conclusiones del sondeo:

• No había “objetividad en las escalas de descuentos” por plazo de pago y muchas veces esas escalas se incumplían
• Las escalas de descuento por volumen eran “discriminatorias y no objetivas”.
• Había diferencias excesivas en todo tipo de descuentos máximos y mínimos, “que impiden o entorpecen la competencia entre los revendedores”.
• Discriminación explícita: algunos laboratorios tenían “condiciones escritas distintas para mayoristas y minoristas, cualesquiera que sean las condiciones de pago y volumen”.
• Ausencia de información: Algunos laboratorios informaban las condiciones de venta sólo a través de sus vendedores (“Incluso, se califica como confidencial la información”).
• La competencia basada en el porcentaje de descuentos provocaba “un alza artificial en el precio neto de los productos”.
• Los sistemas de comercialización perjudicaban a las farmacias pequeñas y a los consumidores, “a los que no se trasladan los descuentos que obtienen algunos establecimientos”.

Para reparar la situación, la Comisión Preventiva dictaminó que en adelante los laboratorios y las farmacias debían cumplir con las siguientes obligaciones:

• Los laboratorios deben mantener una lista de precios única y pública (precio base de contado sin descuentos), que debe ser ofrecida a todas las farmacias, grandes o pequeñas.
• Los laboratorios deben establecer condiciones de venta -descuentos y ofertas, por volumen o plazo de pago- precisas, generales, razonables, no discriminatorias (es decir, ofrecidas por igual a farmacias grandes y pequeñas) y públicas.
• Los laboratorios deben eliminar las ofertas combinadas y ventas atadas.
• Las farmacias deben exhibir el precio de venta al público en cada uno de los envases de los productos o “confeccionar la información de un modo razonable para el conocimiento del público”. El precio exhibido “debe ser real, esto es, el precio al que se ofrece la mercadería y que verdaderamente se cobra al consumidor”.

Larroulet declinó comentar con CIPER los alcances del dictamen que rubricó en 1983 y que defendía con entusiasmo el derecho de los pequeños empresarios a gozar de los beneficios de la libertad de competencia y que resultó premonitorio sobre los riesgos de la concentración del mercado. Mirando el comportamiento del rubro en la actualidad, sólo preguntó: “¿Todavía está vigente?”. Tras recibir con cierta sorpresa la respuesta positiva –las normas se actualizaron en una resolución del año 2001 y hubo laboratorios multados en 2005-, se excusó de hablar por el largo tiempo transcurrido.

El factor Cruz Verde

El mismo año en que se emitió el dictamen 436 / 811, nació en Valparaíso la sociedad conformada por Inversiones Mobiliarias Cerro Alegre y Sociedad Comercial Farmacéutica (Socofar), la que en 1985 adoptaría el nombre de Farmacias Cruz Verde Ltda. Al año siguiente, el grupo ya estaba en la mira de la FNE.

En 1986, la fiscalía acogió una denuncia de 24 farmacias de la Región de Valparaíso contra Socofar (distribuidora de medicamentos y representante legal de Cruz Verde) por “discriminación”. Se le acusaba de ofrecer mejores precios a sus locales relacionados y no hacer extensiva esa oferta a todo el mercado. Socofar se defendió asegurando que las diferencias no se debían a una oferta discriminatoria, sino a que había suscrito con algunas farmacias un “contrato de mandato mercantil” por el que compraba productos para estos locales cobrándoles una comisión que se calculaba al final de cada mes. La Comisión Resolutiva desistió de multar a Socofar, pero le ordenó “hacer pública y de general aplicación la modalidad de distribución que ha adoptado con las farmacias relacionadas”.

Con el retorno de la democracia, la Unfach elevó sus quejas al flamante ministro de Economía, Carlos Ominami, quien accedió a solicitar a la FNE un segundo estudio general del mercado farmacéutico en 1990. El sondeo estableció que no había grandes distorsiones, pero la Comisión Resolutiva insistió en mantener las regulaciones para evitar ofertas de laboratorios que discriminaran en favor de las cadenas. La calma duró poco.

En 1993 Cruz Verde desembarcó en Santiago con una agresiva política de precios bajos que desató una guerra animada por la cadena porteña y las capitalinas Ahumada, Salco y Brand.

-Todos vendían medicamentos incluso bajo el costo al que los compraban a los laboratorios -señala una fuente de la FNE de esa época- y decían que no era problema por su modelo de negocios, porque los medicamentos son sólo una parte de los productos que venden y no necesariamente la más importante. A diferencia de la farmacia tradicional, son pequeños supermercados que venden hasta leche, pañales, revistas, bebidas, cosméticos y un sinnúmero de cosas. Entonces aseguraban que el balance final era azul.

Hasta hoy las cadenas argumentan que pueden vender ciertos grupos de medicamentos bajo el costo en determinadas campañas promocionales, porque la rentabilidad está en otros productos. Pero, más allá de si el balance final es positivo, existe el antecedente de una farmacia que fue requerida por la FNE, a solicitud de la Comisión Preventiva, por afectar la libre competencia al vender sólo un par de productos bajo el costo. El caso ocurrió en 1988 y fue protagonizado por la farmacia Marsil, que vendía los medicamentos Aspirina y Mejoral con precios bajo el costo al que nominalmente los adquiría. La comisión también pidió requerimientos contra los laboratorios Sydney Ross y Bayer, por facturar a Marsil “con descuentos especiales no ofrecidos por dichos laboratorios en forma pública al resto de sus clientes”.

-Vender bajo el costo -opina un abogado experto en competencia- puede ser una conducta de “precio depredatorio”, que está prohibida en las normas de libre competencia. No se puede vender bajo el costo de manera permanente, cuando se persigue una posición de dominio en el mercado o desbancar a la competencia. Pero la doctrina y la jurisprudencia han aceptado que se venda bajo el costo cuando es una oferta por estacionalidad, liquidación de stock, introducción o posicionamiento de un producto, pero siempre que sea por un periodo acotado.

Tal como ocurrió con FASA en el caso de colusión actual, la guerra de 1993 terminó con una cadena confesando a la FNE que había participado en una coordinación de precios con la competencia. Esa vez fue Cruz Verde. Alegó que había sido “presionada” por la competencia, como se lee en la Resolución 432 que terminó con multas para todas las cadenas, incluida la que se autoinculpó.

Fuentes de la FNE de esa época dicen que cuando Rodrigo Asenjo asumió como fiscal en marzo de 1994, se encontró con que los representantes de Cruz Verde tenían una relación cercana con algunos funcionarios de la fiscalía -como sucedía con la subfiscal Eliana Carrasco- fundada en que ellos habían confesado la colusión y pretendían tener ingerencia en la forma en que se llevaba la indagatoria.

Asenjo -a diferencia de lo que ha pasado con la investigación actual- separó aguas radicalmente de la cadena que destapó la colusión. No sólo desestimó ofrecerle algún acuerdo, sino que prohibió a sus subalternos reunirse con representantes de cadenas y dejó que el tribunal (en ese caso la Comisión Resolutiva) evaluara si Cruz Verde merecía algún gesto de benevolencia. Lo tuvo. Sus tres competidoras fueron multadas con 2 mil UTM y la cadena porteña sólo con mil UTM. Un dato curioso es que la resolución lleva la firma del abogado Pedro Mattar, quien entonces integraba la comisión, luego fue fiscal y ahora es defensor de Cruz Verde.

El tercer estudio

Con el gobierno de Ricardo Lagos, llegó a la cabeza de la FNE Francisco Fernández. La Unfach lo bombardeó con antecedentes sobre supuestas irregularidades entre laboratorios y cadenas. El 27 de marzo de 2000, a sólo dos semanas de iniciada la gestión del nuevo gobierno, la Unfach le envió una extensa carta en la que exponía diversos ejemplos de descuentos y promociones que ofrecían los laboratorios a las cadenas y no a las farmacias independientes, además de entregar antecedentes sobre el incumplimiento de las normas que obligan a los laboratorios a informar sus precios y condiciones de venta.

Fernández, en sus oficios 1047 (del año 2000) y 767 (del 2001), informó a la Comisión Resolutiva las denuncias de la Unfach acerca de “numerosas situaciones y conductas de la industria farmacéutica que perjudican a las pequeñas y medianas farmacias”, las que en lo principal quebrantaban las disposiciones acerca de transparencia en los precios, no discriminación en las condiciones de venta y prohibición de sugerir precios. La Comisión Resolutiva le solicitó una encuesta para determinar la veracidad de la denuncia. Tras este tercer estudio general del mercado farmacéutico, el fiscal informó: “Los antecedentes fundamentan la presunción de conductas anticompetitivas por parte de las farmacias de cadena, que se expresan en variaciones sistemáticas de sus precios por sobre las del IPC y la escasa diferenciación de precios entre las distintas cadenas”.

Producto del estudio, el fiscal propuso a la Comisión Resolutiva que se dictara un instructivo general para el mercado de los medicamentos, el que finalmente se concretó en la Resolución 634, de 2001. En lo medular actualiza las disposiciones del antiguo dictamen 436/811, estableciendo que los laboratorios deben exhibir en sus oficinas y en sus páginas web la lista de precios de sus productos, duración de las ofertas, tasa de interés aplicada al crédito, descuentos por plazo de pago y escala de volúmenes con sus porcentajes de descuento, entre otras cosas. Por último, ordena que “los proveedores facturen de forma específica, y separada de otros pagos, los que efectúen por concepto de comercialización (vitrinaje, promociones u otros)”.

Se trata de una resolución que siempre ha sido resistida por la industria farmacéutica. El último intento por modificarla ocurrió en 2006, cuando el TDLC rechazó una solicitud de la Asociación de Industriales Farmacéuticos Chilenos (Asilfa) que pretendía flexibilizar las regulaciones.

Entre los abogados ligados al tema de la competencia también hay quienes creen que la norma está obsoleta y que incluso puede inducir a su incumplimiento. “Pone un rol a los proveedores, con lo cual las negociaciones pasan a hacerse bajo la cuerda. Los precios (declarados) pasan a ser de papel porque siempre hay mil mecanismos para evadir la norma”, asegura un abogado que ha defendido a cadenas farmacéuticas.

Un año después de emitida la resolución, en 2002, cuando la FNE ya estaba en manos de Mattar, se fiscalizó su aplicación. La FNE solicitó a la Comisión Resolutiva que sancionara por incumplimiento a Andrómaco, Pharma Investi, Merck Sharp & Dome, Abbott, Bristol Meyers Squibb y Bestpharma. La comisión Resolutiva no los multó, porque consideró que las actas de los inspectores no expresaban un criterio objetivo, debido a que no se estableció previamente qué se entendería por “demora en la entrega de la información” o “cuándo se considera que la información entregada es parcial”. El único juez que integraba la comisión, el ministro supremo Adalis Oyarzún, fundó su voto disidente en que las justificaciones de los laboratorios “carecen de fundamentación seria” y estuvo por fijar las multas en 500 UTM.

Precios que enferman

La Unfach dirigió a lo menos seis cartas a Mattar -quien se desempeñó en la FNE hasta mayo de 2006-, le solicitó audiencia y acceso al estudio de mercado que había hecho su antecesor en 2001, peticiones que -según cuenta Raúl Álvarez- no tuvieron respuesta.

En sus denuncias, la Unfach presentaba casos de descuentos y promociones que los laboratorios hacían con cadenas y que -a pesar de las normas de 2001- no se ofrecían a las farmacias pequeñas. Algunos laboratorios publicitaron que por cada tres frascos de un medicamento el consumidor tendría un cuarto gratis si los compraba en una cadena determinada. Otros hicieron acuerdos con instituciones de adultos mayores a los que ofrecían descuentos si compraban sus productos en una cadena específica. En algunos centros de salud o clínicas los médicos ponían en sus recetas un código de barras para que el paciente comprara en una cadena con descuento.

En 2004 un estudio de la gubernamental Comisión de Reforma de la Salud, determinó que “en los últimos cinco años (1999-2003) el costo de la vida (IPC) en Chile ha aumentado 14,07%, sin embargo, el precio promedio de los medicamentos ha aumentado en 63,46% (…) la misma tendencia al alza ocurre en las ventas al por mayor, en consecuencia, no son sólo las cadenas de farmacias quienes han contribuido a provocar esta alza, sino también los laboratorios”.

Al año siguiente la FNE fiscalizó en los laboratorios el cumplimiento de las normas sobre publicidad de precios y condiciones de venta. Esa vez la mano fue más dura y la Comisión Resolutiva terminó multando a Socofar (de Cruz Verde) y Abbott con 80 UTA (Unidades Tributarias Anuales), lo que ese año equivalía a $29.095.680; a Pharma Investi con 40 UTA ($14.547.840); a Sanderson con 30 UTA ($10.910.880) y a Recalcine con 10 UTA ($3.636.960).

La mano podría seguir endureciéndose ahora para los laboratorios. De hecho, el Ministerio Público abrió una causa penal por la colusión, en la que ha incautado documentación de cinco laboratorios, según informó La Tercera el miércoles 13 de mayo. CIPER solicitó entrevistas a nueve gerentes generales de laboratorios, pero sólo uno accedió. Se trata de José Plubins, máximo ejecutivo de Bagó, quien finalmente suspendió la entrevista el mismo día en que estaba programada. Su secretaria dijo que se enfermó. Esa misma mañana La Tercera había informado que el Ministerio Público allanó Bagó y retiró un computador de su área comercial.

Multimedia

La crisis desatada por la gripe porcina pilló a México sentado en la exclusiva mesa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pero sin las herramientas básicas para enfrentar un problema sanitario. La influenza se extendió ayudada por la carencia brutal de los elementos más básicos para cortar la cadena de contagio en los hospitales, desde las mascarillas hasta el simple jabón. Seis de cada diez mexicanos quedan fuera del servicio de salud, acusan los expertos. Y la llegada de la gripe porcina desnudó la dura realidad.

Encontró la puerta abierta y entró sin llamar. Nadie previno su llegada. Al menos nadie avisó con tiempo a los mexicanos que se toparon de frente con el virus de la influenza humana y no pudieron reconocerlo porque avanzaba encubierto: disfrazado de gripe, mostrando síntomas que en los hospitales subestimaron y confundieron. Aun para los muertos, no hubo diagnóstico acertado. “Neumonía atípica” o “insuficiencia respiratoria aguda”, se consigna en el acta de defunción de cientos de fallecidos, los que entre marzo y abril no alcanzaron a conocer el origen de su enfermedad ni llamaron la atención de las autoridades sanitarias mexicanas.

-Váyase a su casa, es sólo una gripa –le dijeron a Viviana Zaragoza Reyes en el hospital público Enrique Cabrera, de la Ciudad de México, el jueves 9 de abril, tres días antes de su muerte por influenza humana.

La suya no fue una muerte suave. La joven de 23 años, que estudiaba para ser educadora y cantaba en el coro de la Iglesia, pasó sus últimas horas entubada en una cama del hospital, después de vomitar flemas con sangre toda una noche y con una fiebre que la quemó por dentro.

Ahora lo sabe su familia, que se unta el luto de otra víctima del virus: el nieto Pedro, de 25 años, fallecido el 26 de abril ya con el diagnóstico del virus y encendida la alerta sanitaria en el país.

A Pedro sí lo aislaron en el hospital público Balbuena. También la administraron un antiviral, el Tamiflu, que ya nada pudo hacer por él, pues a falta de seguridad social y sin saber el origen de su malestar, había peregrinado antes por farmacias donde venden medicamentos “similares” a los más pobres y a un hospital donde le pedían mil 500 dólares por asegurarle el ingreso.

Llegó tarde a la atención que pudo salvar su vida.

Sólo el 23 de abril, cuando el gobierno federal presentó al mundo un virus nuevo que provoca la influenza, la familia Reyes supo que eso era lo que había matado a Viviana –la menor de sus nueve hijos– y lo que tenía en cama a su hijo Mariano y a su nieto Pedro. Y como ellos, a cientos de jóvenes sanos.

Pero en los primero días de abril, cuando la joven se quejó de fiebre, dolor de cabeza y garganta, no hubo quien advirtiera el origen de su enfermedad. Paracetamol, napromexeno, un jarabe para la tos y enjuagues bucales fueron la receta. Tres días después, luego de baños con agua fría para aplacar su temperatura, agonizaba en el mismo hospital público que la había devuelto a su casa. No la aislaron ni se tomaron precauciones sanitarias para tratarla. Murió el 12 de abril. Su certificado apunta que fue de neumonía.

Para entonces, médicos y enfermeras de ése y otros hospitales de la red del sistema de salud pública de la Ciudad de México, epicentro del virus, trataban apenas con sorpresa el inesperado aumento de enfermos por padecimientos respiratorios.

Durante las primeras semanas de abril, en el hospital Enrique Cabrera, donde murió Viviana, la enfermera Liliana Durán recibía pacientes con extrañas manifestaciones de influenza que primero se creía que era estacional. Pero llegaban graves y en menos de un día, o a las pocas horas, morían. Fue hasta el día 20 que al personal médico lo vacunaron, pero las dosis no alcanzaron para todos.

El 23 abril, a las 11 de la noche, el ministro de Salud mexicano, José Ángel Córdova, apareció con cara larga en televisión para anunciar la mortal epidemia y las primeras medidas de seguridad sanitaria, entre ellas, la suspensión de clases y la veda de besos y caricias para cortar la cadena de contagio. A hospitales como el Cabrera llegó tarde la advertencia: hasta el 27 de abril tomó precauciones, como restringir servicios de urgencias, cancelar cirugías y suspender partos y habilitar un área para recluir a los enfermos con síntomas de “posible influenza”. Sólo hubo equipo especial y tapabocas de alta seguridad para el personal de esa área. No para el resto.

Decretos, silencios y muertes

La gente entró en pánico. En pocas horas las farmacias agotaron los tapabocas, las vacunas, los antivirales. Los supermercados agotaron sus garrafones de agua, latas de atún, sacos de arroz. Los mexicanos se uniformaron con el tapabocas azul y se encerraron en sus casas. Afuera de los hospitales familias enteras esperaban noticias de los suyos. El gobierno se otorgó facultades extraordinarias para ingresar a los hogares, acompañado del Ejército, para aislar enfermos.

Pronto se conoció que una mujer en Oaxaca, estado del sur del país, había muerto el 13 de abril por la nueva cepa a ojos de las autoridades sanitarias mexicanas. Su muestra había sido enviada a Canadá para comprobar que se trataba del enemigo enmascarado. Para entonces, la capital mexicana ya había registrado 108 fallecimientos por causas respiratorias, desde el primero de abril.

Después se supo que en marzo, en la comunidad La Gloria, ubicada en el municipio de Perote, del estado de Veracruz, 400 de sus 3 mil habitantes habían padecido un brote epidemiológico que tuvo como síntomas fiebres altas, tos severa, dolor intenso en los huesos, flemas y náuseas. El origen de la “extraña enfermedad” se adjudicó a los desechos porcinos de la trasnacional Granjas Carroll de México.

Hasta el momento las pruebas científicas no son suficientes para señalarla como origen del virus la influenza A H1N1. Mientras, La Gloria aprovecha la fama de su “paciente cero” -un niño de cinco años de nombre Edgar Hernández que sobrevivió a la enfermedad- para llamar la atención de las condiciones sanitarias que enfrenta a causa de las granjas porcinas.

Desde marzo, en silencio, la epidemia se expandió progresivamente por el país, donde las autoridades sanitarias locales siguen reportando muertos y contagios por la nueva cepa de un virus que tomó al país con la guardia baja. De poco sirvieron las recomendaciones que en 1999 lanzó la Organización Mundial de la Salud para que las naciones, entre ellas México, elaboraran sus propias vacunas ante el riesgo de una pandemia de influenza. Tampoco sirvió el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza, que presentó en 2005 el gobierno mexicano ante el organismo internacional. No tuvo la reserva de antivirales consideradas en el papel.

El virus de la influenza humana reveló ante el mundo las carencias de un país que se sienta a la mesa del selecto grupo de la OCDE y vuelve a casa sólo para encontrar que en la alacena y el botiquín falta lo indispensable. Vacunas, por ejemplo. Un reportaje del periódico El Universal, da cuenta de ello: hace 30 años, el país producía 90 por ciento de las vacunas que requería su población. Actualmente, sólo elabora dos de las 12 que componen el cuadro del Programa Nacional de Vacunación.

Aunque en 2008 el gobierno compró una planta para la elaboración de vacunas contra la influenza, ésta comenzará su producción recién en 2011.

-El gobierno federal gasta en la compra de vacunas en el exterior, pero al mismo tiempo, como lo revelan las estadísticas oficiales, en los últimos seis años hubo una disminución en la cobertura de vacunación y lo que se ve claramente es que los casos de influenza aumentaron en los primeros meses de este año. Ahora, se deberá investigar si el sistema falló en detectarlo tempranamente -dice Mario Luis Fuentes, ex funcionario y director del Centro de Estudios de Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS).

Las autoridades sanitarias dicen que no. Incluso celebran su “oportuna” actuación y la suficiencia de dosis de vacunas contra la influenza estacionaria. Lo dicen en público, porque en privado el balance es negativo. El martes 28 de abril, en una reunión que convocó a 12 eminencias de la virología en México, se admitió que el país carecía de técnicas rápidas de diagnóstico de influenza tipo A y de personal capacitado para realizar esas pruebas, relata la doctora Leticia Cedillo, quien acudió a esa reunión realizada en las instalaciones de Birmex, la paraestatal que en 1999 creó el gobierno mexicano para la elaboración de vacunas y que se devoró en su organigrama a los institutos nacionales de Higiene (encargado de hacer vacunas) y Virología.

-Ahora, México no sólo carece de capacidad científica y tecnológica para la producción de vacunas. También carece de centros de reacción rápida contra la influenza, que pueda producir diagnósticos y vacunas, dependiendo del patógeno que se está teniendo -afirma Selene Zárate, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Sin equipo, sin protección

Médicos y enfermeras son el otro rostro de esta peste moderna. A tientas, sin aviso, intuyeron que algo raro había en el ambiente y comenzaron a implementar medidas de protección, muchas veces tardías.

Irma Inés Cabello trabaja desde hace 18 años en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del DF. Es terapeuta fisiológica en el área de rehabilitación, donde enseña a los pacientes a respirar, toser y sacar flemas. Como el resto de los trabajadores del hospital, supo a finales de marzo del aumento de muertes por neumonía atípica (o fuera de temporada) por los comentarios entre médicos. Sólo se enteró de dónde estaba parada a fines de abril, por los noticieros de televisión.

Cortos de equipo, el personal médico de los hospitales capitalinos, lo mismo de la red federal que local, improvisaron medidas para aislar la avalancha de pacientes con neumonías atípicas y, en algunos casos, dieron la pelea para exigir equipamiento especial. Al cabo de cuatro días de emergencia sanitaria, Irma Inés y una docena de trabajadores del INER denunciaron ante la prensa la falta de insumos de protección básicos: cubrebocas de alta eficiencia (N95), gorros quirúrgicos, goggles, batas, guantes, gel y hasta jabón.

“Pedimos insumos porque no tenemos”, dijo Maru Vargas, enfermera con 35 años de servicio en el INER cuando salió a protestar el lunes 27 a medio día con varios preocupados colegas. Se quejó de que llevaba cubrebocas como única protección, a pesar de que atendió a los enfermos de Urgencias.

-Todos los pacientes se mezclaron, los que tienen crisis asmática, tuberculosis o influenza. Y allí los tienen, esperando juntos, contagiados o no contagiados, hasta que se desalojen las camas -dijo Vargas.

El sistema de salud al desnudo

La influenza humana, antes porcina, desnudó ante el mundo las debilidades del sistema de salud mexicano, donde los pacientes tienen que mendigar un turno para una diálisis de riñón, las listas de espera para recibir tratamiento son infinitas y cada paciente tiene que llevar sus gasas y bisturí para su operación. Donde los doctores marchan por falta de insumos.

-Los médicos sí estábamos preparados para esta contingencia, pero todo se atoró en el sistema organizacional: no se dieron órdenes desde oficinas centrales, apenas se están armando los espacios en los hospitales, no hay un seguimiento epidemiológico para los infectados y sus familias, no se ha armado al equipo de atención médica de cada hospital y no aparece el equipo esencial que teníamos -se quejó un médico del servicio público capacitado para el control de epidemias. Ahora está aislado en casa, porque resultó contagiado.

Este es el sistema de salud que tienen que enfrentar las personas contagiadas por influenza. El mismo que gana anualmente el primer lugar en recomendaciones por violación de derechos humanos; en el que se venden los exámenes para residencias médicas, las licitaciones las ganan los amigos de los gobernadores y los compadres ocupan secretarías de salud y direcciones de hospitales.

Este es el argumento de algunos especialistas para explicar por qué el virus, extendido en 22 países y salvo una excepción, sólo ha cobrado vidas de mexicanos. Su fuerza, en este país, se alimenta de un sistema de salud enfermo, que el virus dejó expuesto.

¿Retorno a la normalidad?

-Si la prestación de los servicios de salud ya tenía retos mayúsculos con la pobreza y las enfermedades crónicas, esta epidemia lo llevó a su prueba de fuego -dice Mario Luis Fuentes, director de CEIDAS.

Los datos oficiales sostienen el diagnóstico: 20.767 unidades médicas, muchas con más de 30 años en servicio; 2.462 laboratorios clínicos; y para cada mil habitantes, el servicio de 2,1 médicos y 1,1 camas hospitalarias a su disposición. Cifras que la OMS considera insuficientes para los casi 107 millones de mexicanos.

-Seis de cada diez mexicanos quedan afuera del servicio de salud -agrega la doctora Nashieli Ramírez, directora de la Organización no Gubernamental Ririki.

Frente al rezago en la cobertura de servicios médicos, en la década de los ’90 se planeó un sistema para incorporar a la gente sin seguridad social, pero no se preocuparon por mejorar y dar mas estructura y servicios de salud.

Actualmente, la mayoría de los médicos están en las ciudades y los hospitales de especialidades, concentrados en la ciudad de México. Con la epidemia, las cirugías se postergan para reservar las camas a los enfermos de gripe porcina que llegan graves. “Y en el abandono quedó el Estado proveedor, que garantiza el acceso a la salud”, agrega Ramírez.

Aunque hubo medidas para romper la cadena de contagio, queda pendiente cómo harán los mexicanos para seguir las recomendaciones sanitarias, entre ellas lavarse las manos con frecuencia, en un país donde el agua es casi un lujo. Una tercera parte de los 38 millones de menores de 18 años vive en una casa sin agua corriente. 40% de las escuelas primarias tienen baños en pésimo estado.

Queda también contar el número de muertos en los estados, porque las cifras apenas comienzan a llegar.

La vida continúa

El miércoles 6 de mayo, con autorización gubernamental, la Ciudad de México y el resto del país retomaron progresivamente el ritmo de su actividad. Luego de una semana de embozo y paro obligado en escuelas, restaurantes y algunos comercios y empresas, por fin el retorno a la normalidad, aunque bajo normas sanitarias que prevengan el contagio.

La emergencia pasó, afirma el gobierno federal, que sigue con las cuentas de los muertos: 42 hasta el corte del 6 de mayo, a partir de tres mil 452 muestras analizadas, y mil 112 casos confirmados. México, a la cabeza de los países con casos reportados.

Sin embargo, bajo las cifras oficiales, se quedan perdidos los casos ya imposibles de comprobar: los de neumonía atípica, bronconeumonía o neumonía comunitaria, como decretan cientos de actas de defunción: 264 registradas entre el primero y el 26 de abril, sólo en la Ciudad de México. Los muertos que hay detrás de cada una de ellas comparten un historial de diagnósticos errados o tardíos, el peregrinar previo entre clínicas (públicas, privadas o “similares”), el purgatorio en salas de espera, la indisposición de fármacos que les salvarían la vida.

Son las muertes que desnudan las debilidades de un sistema de salud colapsado. Un sistema que en algunos casos terminó por darle a la gente un puntapié al abismo. Si lo sabrá la familia Zaragoza Reyes, que en 15 días vistió luto dos veces. Primero por Viviana y luego por Pedro. Y ahora espera la recuperación de Mariano, el tercero de los hijos que enfermó por el virus de influenza humana, internado en la clínica 8 del Instituto Mexicano de Seguro Social, de donde lo habían rechazado antes dos veces. Pudo ingresar gracias a una carta extendida por el INER en la que decían “que lo tenían que atender en su clínica”, relata Amada Reyes, su madre.

Ahora los sobrevivientes de la familia Zaragoza Reyes permanecen en encierro, en una pequeña casa de interés social, sin cubrebocas para no contagiarse. Bajo vigilancia médica y epidemiológica que consiguieron después de relatar su caso en radio. Las autoridades sanitarias dieron con ellos, los vacunaron y, de paso, los regañaron por recurrir a los medios. Optaron por el silencio a cambio de una buena atención para Mariano. La familia sigue en cuarentena y la ciudad ha regresado a su rapidez cotidiana. El virus deja de ser noticia.

Las compañías farmacéuticas encargadas de la vacuna contra la gripe porcina suben en Bolsa. Son 20 multinacionales las que trabajan para vender el remedio contra la epidemia, como hacen cada año con un nuevo brote de gripe. Su rol viene fraguándose meses antes de que hubiera una persona infectada. Las autoridades estadounidenses ya empezaron a repartirles muestras de los primeros casos, pero difícilmente tendrán un medicamento antes de tres meses. En 2010, las vacunas moverán 10.000 millones de dólares en todo el mundo.

Esta semana las informaciones con cifras de afectados por la epidemia de gripe porcina se han visto mezcladas con la subida en Bolsa de las compañías farmacéuticas encargadas de crear una posible vacuna. Son 20 multinacionales que trabajan para después vender el remedio contra la epidemia, como hacen cada año con el nuevo brote de la gripe. Y en Estados Unidos pueden llegar a facturar 2.000 millones de dólares con cada temporada de vacunaciones.

Entre las compañías ‘favorecidas’ en Bolsa por este episodio de emergencia sanitaria está Baxter, que ya ha avisado a México y la OMS de que está trabajando en un remedio para la epidemia.

Según Steve Baragano, experto para la Sociedad Nacional de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, los laboratorios tardarán más de tres meses en contar con una vacuna, por mucho que las compañías farmacéuticas estén prometiendo una respuesta más rápida. Los expertos defienden que es imposible predecir cuándo se puede producir la siguiente mutación de un virus que se contagie entre humanos, por lo que la búsqueda de vacunas contra ellos siempre va por detrás.

El papel de las empresas farmacéuticas en esta crisis sanitaria viene fraguándose meses antes de que hubiera una primera persona infectada, o apareciese el llamado “caso cero”. Y también puede que dure unos meses más, quizás años.

En Estados Unidos, la compañía Novartis consiguió un acuerdo para crear la vacuna contra la gripe aviar una semana antes de la investidura de Obama. Un contrato de 487 millones de dólares para crear la vacuna contra un virus —como el actual o el de la gripe aviar en Asia hace seis años—, en un plazo de seis meses después de declarado el brote. En total, Novartis se compromete a producir hasta 3 millones de vacunas cada año, insuficientes en caso de un contagio a nivel mundial.

Sin vacuna hasta después del verano

Las autoridades norteamericanas han empezado a repartir muestras de las personas infectadas a los laboratorios que investigan la vacuna. Los miembros del Centro de Control de Enfermedades quieren que estén en todos los laboratorios dentro de dos semanas, según declararon a la agencia Associated Press. Aún así no esperan resultados hasta septiembre.

La complicación en el caso de esta epidemia, tanto para las administraciones como para los laboratorios, está en que el virus cuenta con una mutación desconocida en los laboratorios. Ahora hay que encontrarle un remedio y llegar a tiempo. Aunque las personas diagnosticadas con el virus de la nueva gripe han sido tratadas con antigripales, ningún país cuenta, por ahora, con una vacuna para proteger a sus ciudadanos en caso de que la epidemia se extienda.

Según nos cuenta David Relman, investigador de microbiología de la Universidad de Stanford, tendremos que esperar hasta después del verano: se tardan 3 meses como mínimo en crear una vacuna para un nuevo virus, teniendo en cuenta que las muestras se comporten de forma predecible en el laboratorio. Los investigadores trabajan introduciendo una muestra del virus de una de las personas ya contagiadas en huevos de gallina, pero el virus no ha crecido ni evolucionado tan rápido como se esperaba.

“El virus de la gripe se caracteriza por ser muy poco predecible y cambiar muy rápidamente. Además, la cantidad de vacunas que podamos crear depende de si los laboratorios están dispuestos a abandonar lo que están haciendo ahora para centrarse en un remedio contra la gripe porcina”, explica Relman, experto en evolución de bacterias, sus posibles mutaciones y nuevas formas de detectarlas.

Una de esas multinacionales que tendría que dejar otros proyectos de lado es Baxter, que ha recibido la epidemia con una importante subida en Bolsa. Sin embargo, el pasado mes de febrero estuvo implicada en una polémica por la mezcla de un virus de la gripe que ahora ha mutado con el de la gripe común, que nos afecta todos los inviernos y que sí se contagia entre humanos. Todo ocurrió en Austria, pero el laboratorio que estaba investigando una nueva vacuna con vistas a la licencia que podrían obtener después, envió muestras a Alemania, la República Checa y Eslovenia.

El factor humano

Las decisiones y errores humanos pueden influir tanto en la solución de esta epidemia como han contribuido a su propagación. Según Relman, “el hecho de que se produzca una epidemia cuenta con muchos factores, entre ellos el azar, pero nosotros podemos ayudar a que ocurra más a menudo de lo esperado: no es casualidad que el último gran brote de la gripe aviar fuera en las grandes ciudades de Asia. Las dimensiones, aglomeración de personas y la contaminación de la capital de México son sólo algunas de las características que comparten los focos de ambas epidemias”.

“También se trata de las cosas que estamos haciendo, no sólo del virus. El ser humano incrementa las posibilidades de éxito de una epidemia como ésta, poniendo algunas circunstancias a su favor. Es increíble el grado de mezcla entre personas y animales y su movimiento por el globo, tanto de unos como de otros. Antes, podía haber un virus como éste y viajar de unos animales a otros, pasando desapercibido para los humanos. Pero ahora que estamos mezclados con ellos, los efectos del virus se ven amplificados“, explica Relman.

Sigue siendo un interrogante si la convivencia entre animales y humanos, nuestros desplazamientos por el globo y otros factores, como el error ocurrido en el laboratorio de Baxter en Austria por distribuir una mezcla equivocada, influyen en la aparición de estas epidemias. Pero, al igual que una crisis sanitaria como la actual tiene su impacto negativo en la economía, por su efecto en el turismo y otras inversiones, las vacunas aportan el lado positivo. En 2010, llegarán a mover 10.000 millones de dólares en todo el mundo. Y dos de las 20 farmacéuticas que trabajan en una posible vacuna, GlaxoSmithKline y Aventis Pasteur, dominan la cuarta parte de este mercado.

“La verdad es que no sabemos el tiempo que tardan los virus en hacer los cambios necesarios para saltar de los animales a los humanos, pero hay determinados factores que les ayudan”, dice Relman. El tiempo dirá si los intereses de las farmacéuticas por triunfar con la vacuna es uno de ellos.

*Cristina Fernández Pereda es corresponsal en Estados Unidos para el sitio español SOITU.ES.

Una empresa del holding de los Harding vendió 1,4 toneladas de efedrina a un laboratorio sospechoso de desviar la sustancia a la fabricación de drogas ilícitas, agravando los problemas de los dueños de Farmacias Cruz Verde. La Fiscalía Occidente incautó desde las oficinas de una de sus empresas toda la documentación de la venta. La investigación continúa sin que hasta ahora se hayan encontrado vínculos de la empresa con algún delito.

El escándalo por la acusación de colusión entre tres cadenas de farmacias para subir los precios de más de 200 medicamentos tiene a Cruz Verde y a sus dos competidoras, FASA y Salcobrand, en medio del huracán. Al proceso que instruye el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) se ha sumado una seguidilla de acciones judiciales iniciadas por consumidores que se sienten afectados por el alza de productos de primera necesidad y que exigen reparación. Pero para los propietarios de Cruz Verde hay más problemas. El holding de la familia Harding se acaba de ver afectado por un importante caso de tráfico de drogas.

La historia se desencadenó en la tarde del lunes 23 de marzo cuando un equipo de detectives y funcionarios de la Fiscalía Occidente llegaron hasta las oficinas de Munnich Pharma, empresa farmacéutica propiedad de los Harding. La orden que llevaban era clara y precisa: incautar todos los antecedentes vinculados a la venta a Laboratorios Arama de 1,4 toneladas de efedrina, sustancia utilizada como precursor químico para la fabricación de drogas sintéticas, cuyo consumo y venta está prohibido.

La diligencia policial fue una de las tantas ordenadas por la Fiscalía Occidente en la investigación de la llamada “Operación Cristal”, que ese mismo día se desplegó en varios puntos de Santiago y que culminó con el hallazgo de la sustancia en una bodega de Recoleta. El local pertenecía a la empresa Biotonic y era arrendado por Laboratorios Arama. Seis personas resultaron detenidas.

El fiscal Emiliano Arias explicó a CIPER que el rol de Munnich Pharma en este caso se limita a la importación y posterior venta de 1,4 toneladas de efedrina a Arama durante el 2008, y que no se han encontrado antecedentes que vinculen a la empresa de los Harding con el delito de desvío de precursores. De allí que, hasta ahora, las diligencias vinculadas a Munnich Pharma se hayan limitado a la incautación de la documentación relativa a la transacción. Pero el fiscal también informó que todavía queda mucho por investigar ya que las pesquisas incluyen toda la cadena de hechos que debería haber finalizado con el envío de la sustancia a México.

Según Arias, Arama pagó a Munnich $30 millones (aproximadamente US$ 50 mil) por la efedrina, que estaba embalada en sacos de 25 kilos contenidos en 60 tambores. El valor del mismo producto puesto en México podría llegar a los US$ 13 millones.

Un profesional vinculado a la actividad de Cruz Verde fue enfático en señalar a CIPER que no hay nada irregular en la venta a Arama, de quien Munnich era proveedor regular. “Lo que haya pasado después con la efedrina no es responsabilidad de la empresa. Es la autoridad la que debe fiscalizar, no quien vende el producto”, sostuvo.

“Droguería Munnich Limitada” o “Munnich Pharma Medical Limitada” son dos de los nombres que pueden usar “Guillermo Harding y Compañía Limitada”. Según se publicó en el Diario Oficial el 29 de diciembre de 1998, los socios de esta compañía son Socofar (99%) y Guillermo Harding Alvarado (1%), y funciona con los tres nombres indistintamente. De hecho, en los archivos de Dicom, tanto “Guillermo Harding y Cía” como “Droguería Munnich” aparecen operando bajo el mismo RUT (80.447.400-5). La sociedad, de acuerdo con el extracto publicado en el Diario Oficial del 5 de enero de 1995, es propietaria del 10% de Farmacias Cruz Verde (el 90% restante es de Socofar, el holding del grupo).

Una importación masiva

A pesar de que la conexión entre los dueños de Cruz Verde y la investigación judicial por el tráfico de efedrina apenas ha sido mencionada por los medios, el hecho es parte del comidillo de la industria farmacéutica en estos días. Lo que llama la atención es el gran volumen de efedrina importado por Munnich Pharma el año pasado, dato que fue confirmado por CIPER gracias a antecedentes de tres organismos oficiales.

De acuerdo a los datos recopilados, durante 2008 se importaron a Chile 2,3 toneladas de efedrina, toda de origen indio. De ese total, empresas vinculadas al holding de los Harding adquirieron 1,6 toneladas, es decir, el 68% del total nacional. Al menos el 87,5% de lo importado por Munnich Pharma fue vendido a Arama.

Los otros laboratorios que importaron efedrina el 2008 fueron Reutter (600 kilos), Sanderson (30 kilos), Laboratorio Chile (50 kilos), Biosano (30 kilos) y Pasteur (20 kilos). En los tres años anteriores Munnich no trajo al país más de 300 kilos, pero otras empresas sí importaron volúmenes mucho mayores.

De acuerdo a la Ley de Drogas, todos aquellos que “produzcan, fabriquen, preparen, importen o exporten precursores o sustancias químicas” que sirvan para producir estupefacientes o sicotrópicos, deben estar inscritos en un registro que maneja el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace). Y la efedrina forma parte de las 65 sustancias que califican según la ley. Actualmente hay 137 empresas inscritas en el registro, entre ellas Munnich Pharma. Cada vez que una empresa importa efedrina, debe informar al Conace y actualizar el registro. Posteriormente también se deben informar las ventas de los fármacos importados, pero en este caso no se exige a sus compradores estar registrados.

La misma normativa obliga a los importadores a “informar inmediatamente a las autoridades competentes de cualquier operación de la que sean parte y sobre la cual tengan certeza o indicio que sustancias químicas controladas puedan ser desviadas para la fabricación ilícita de drogas, absteniéndose de realizar la operación sin efectuar previamente dicha comunicación”. Sin embargo, la disposición tiene dos debilidades mayores. Por un lado, es difícil concluir que una empresa tuvo sospechas de un ilícito y no lo comunicó; por otro, el no cumplir la disposición no tiene ninguna penalidad.

La evidencia del vacío legal que surgió con el descubrimiento de la “Operación Cristal”, hizo que las autoridades reaccionaran anunciando posibles cambios a la normativa. Entre ellos se menciona la prohibición del uso de efedrina en los recetarios magistrales así como condicionar la venta de medicamentos que incluyan esa sustancia a la retención de la receta. Otra modificación sería el uso de nuevas herramientas que permitan una mayor trazabilidad (rastreo de toda la cadena de comercialización) de la efedrina desde el momento de su importación.

Las modificaciones legales en estudio buscan reducir la posibilidad de desvíos para la elaboración de drogas ilícitas. Y ello, porque además de adelgazantes y unos pocos medicamentos autorizados, es en esa producción donde se canaliza mayoritariamente el uso de efedrina. El ministro de Salud, Álvaro Erazo, afirmó que incluso se estudiaría la posibilidad de prohibir completamente la efedrina, para lo cual se analizaría su reemplazo en la fabricación de fármacos medicinales contra el asma, la tos y la gripe.

Según explica el jefe de Control y Sustancias Químicas del Conace, Eduardo Zúñiga, desde hace ya un par de años las autoridades estaban preparadas para el fenómeno de la efedrina ante la información de lo que estaba ocurriendo en otros países. De hecho, se creó una mesa de trabajo sobre precursores químicos en la que participan las policías, el Conace, el Ministerio Público y el Instituto de Salud Pública, entre otros. Fue a fines del año pasado y en esa instancia que la institución hizo ver el notorio aumento de las importaciones de la sustancia que había registrado una de las empresas.

A ello se sumó que por esa misma época, la Policía de Investigaciones fue alertada por el descubrimiento en México de un cargamento de efedrina cuyo origen sería Chile. En diciembre la Fiscalía Occidente comenzó la investigación de la “Operación Cristal” con el apoyo de la Brigada Antinarcóticos del Aeropuerto. Las interceptaciones telefónicas de los implicados jugaron un rol clave en las pesquisas. De acuerdo a la versión entregada por la fiscalía, el 11 de marzo se realizaría un nuevo envío a México y su desarrollo empezó a ser vigilado por las policías de ambos países. Se suponía que traficantes recibirían el envío en el aeropuerto de Ciudad de México, pero nunca llegaron.

Se cree que lo que abortó la operación fue un hecho no planificado ocurrido en Santiago ese mismo día. Tres mexicanos fueron detenidos luego de que intentaran enviar 111 kilos de efedrina por correo aéreo a su país. La noticia se divulgó rápidamente y se presume que alertó a los destinatarios del otro cargamento que ese día volaba rumbo al Distrito Federal mexicano. Si bien se sospecha que los sujetos detenidos en Santiago podrían estar ligados a los mismos traficantes de la “Operación Cristal”, hasta ahora no está claro cuáles son los nexos.

Mientras la investigación continúa, en el Conace también están alertas. El jefe de Control y Sustancias Químicas de la entidad explica que a partir de 2002 México vive un grave problema de tráfico de efedrina debido a su uso en la producción de metanfetaminas. Las drogas sintéticas se masificaron rápidamente y hoy, según datos de la ONU, se consumen más drogas sintéticas en el mundo que la suma de cocaína y heroína. Ante esa explosión, las autoridades de México intentaron restringir la venta de efedrina hasta decretar su prohibición en 2008. Entonces, el tráfico empezó a hacerse a través de países del sur, como Argentina, donde la penetración de las mafias mexicanas se ha transformado en un grave problema.

En Chile el problema recién comienza a mostrar indicios, pero aún no se ha comprobado la extracción de la efedrina desde medicamentos autorizados, como en México. El consumo también es mínimo. Según las encuestas del Conace, el medio local no registra una penetración masiva de metanfetaminas y sólo hay un 0,1% de prevalencia de consumo de drogas sintéticas en el país.

Mientras la nueva guerra de las farmacias recién comienza en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, los consumidores pueden ahora, a la luz de los documentos aportados en su confesión por Farmacias Ahumada (FASA), ver cómo sus bolsillos perdieron en la colusión con Cruz Verde y Salcobrand. CIPER elaboró a partir de esos antecedentes un listado de medicamentos y las alzas que experimentaron. Además, entrega el sistema “muy planificado, casi matemático” utilizado para subir sincronizadamente los precios que reveló FASA en una minuta.  Y desde tribunales, otra batalla entre Cruz Verde y FASA aporta otros datos que hacen más complejo el escándalo.

La nueva guerra de las farmacias parece estar recién comenzando. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) prepara con extremo sigilo las pruebas para el proceso que lleva a cabo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), pero ya ha mostrado sus primeras cartas. El detallado requerimiento por colusión que presentó en diciembre contra Cruz Verde, Salcobrand y Farmacias Ahumada (FASA) da cuenta de que antes de la confesión de esta última el fiscal Enrique Vergara ya tenía bastante claro cómo habían operado las cadenas que concentran el 90% del mercado de venta de medicamentos en Chile para concertar sus alzas de precio.

Luego, ya con la colaboración de FASA, el tribunal recibió un completo reporte con los movimientos de precios en el período en que las cadenas se habrían coludido por intermedio de laboratorios: entre noviembre de 2007 y abril de 2008. Las fechas están enmarcadas por dos hechos importantes en esta trama. Antes de iniciarse la colusión, la guerra entre las empresas del rubro había llegado a su punto más álgido. Dejando de lado a Salcobrand, FASA y Cruz Verde se enfrentaban a muerte en el 17º Juzgado de Civil.

Fue en agosto de 2007 que los consumidores fueron bombardeados por una campaña publicitaria cuyo lema era “Desafío Cruz Verde, Precios Bajos sin Competencia”. En ella, Cruz Verde comparaba una lista de sus precios con los de FASA, concluyendo que éstos últimos eran mucho más caros. Indignada, su competidora la demandó por US$ 15 millones, acusándola de competencia desleal. El 6 de noviembre de 2007 el tribunal admitió una medida precautoria y ordenó cancelar la campaña. Coincidencia o no, por esa misma fecha FASA reconoce que comienza la colusión. Pese a que hay quienes consideran este hecho como el punto de partida, profesionales cercanos a ambas empresas lo dudan, pues la relación siguió siendo muy tensa, con millonarios gastos en estudios mientras el juicio avanzaba sin respiro, hasta hoy, cuando está a punto de fallarse.

El fin del acuerdo de colusión también habría sido gatillado por hechos externos a las compañías. Según el escrito presentado por la FNE, la concertación de precios sólo se detuvo en abril de 2008, luego de que la fiscalía citara a los gerentes generales y comerciales de las empresas involucradas para que declararan sobre las alzas de precios.

El cronograma según FASA

La confesión de FASA incluyó la entrega de una serie de documentos al TDLC. Además de los gráficos de precios que están disponibles en el sitio web del tribunal (Ver recuadro), la compañía entregó una minuta explicativa de las alzas de los precios. Como añade una fuente ligada a la compañía, es ahí donde se puede ver que todo fue “muy planificado, casi matemático” gracias a que los laboratorios transmitían la información entre las cadenas.

“El cronograma deja en evidencia que tal mecanismo de alza de precios resultó de una coordinación entre las tres cadenas de farmacias requeridas. En suma, tal mecanismo consistió en que, para una determinada lista de medicamentos, una cadena de farmacias (muy habitualmente Salcobrand) subía el primer día los precios del conjunto de los medicamentos de la lista; al segundo día, cada una de las otras dos cadenas de farmacias (habitualmente FASA y Cruz Verde) subía el precio de un subconjunto (cerca de la mitad) de los medicamentos de la misma lista; y al tercer día, estas otras dos cadenas subían respectivamente los precios del subconjunto de productos cuyos precios no habían alzado el día anterior. Esto daba por resultado que, habitualmente, al tercer día hábil, los precios se habían alineado al alza entre las tres cadenas. Este sistema, con ciertas variaciones, se aplicó en el período señalado por parte de FASA, Salcobrand y Cruz Verde para parte importante de los medicamentos identificados en el requerimiento de la FNE”, dice la minuta de FASA a la que CIPER tuvo acceso.

En la siguiente imagen, se puede ver cómo operaba en la práctica:

Siguiendo la argumentación pública de FASA, en cuanto a que los máximos ejecutivos no sabían de la colusión, una persona ligada a la empresa asegura que fue a la luz de dicho cronograma que se dieron cuenta de que sí estaban involucrados. De acuerdo a la misma versión, FASA había establecido una política de “seguidor de precio”, es decir, a través de distintos estudios igualaba a sus competidores. Sin embargo, como se puede apreciar en la línea 307 de la planilla Excel hecha por la compañía (Ver documento), hay ciertos precios que primero fueron subidos por FASA y luego imitados por la competencia, lo que demostraba que la empresa sí había liderado algunas de las alzas.

De acuerdo a la misma minuta, la información que sustenta los análisis de precios fue recopilada en base a las boletas de las otras cadenas de farmacias a partir de las encuestas ordinarias y extraordinarias, encuestas que fueron personales o mediante consultas telefónicas y se reflejaron en archivos de respaldo internos de FASA

Fasa también entregó gráficos de la evolución de los precios de los remedios en las tres cadenas. Algunos de los más importantes se pueden ver en la siguiente infografía presionando con el mouse el nombre del medicamento. En ellas se muestra en verde el “Precio de Venta al Público” (PVP) de Cruz Verde, en azul el de Salcobrand y con una línea roja el de Fasa:

Si bien Cruz Verde y Salcobrand han negado enfáticamente haber tomado parte en la colusión que confesó FASA, los documentos aportados por esta última no ayudan a ninguna de las tres compañías. En total, FASA identifica 298 alzas para 220 medicamentos, pues en algunos casos los precios subieron más de una vez. A partir de la información entregada por FASA sobre los precios encuestados en SalcoBrand y Cruz Verde, CIPER elaboró una nueva tabla en la que es posible seguir la evolución en el tiempo de cada uno de los medicamentos (Ver documento). Ahí se aprecia, por ejemplo, la evolución del anticonceptivo Marvellon-20 para pasar de $2.666 el 24 de diciembre a $8.749 el 25 de enero en Cruz Verde.

Breve colusión, grandes ganancias

En su requerimiento ante el TDLC, la fiscalía cifró en $27.000 millones el monto de los ingresos brutos extras para las tres cadenas como producto de la colusión. Al desagregarlo por cadena, atribuyó $ 7.616 millones a FASA, $13.107 a Cruz Verde y $6.539 millones a Salcobrand. Este dato será relevante en tribunales a la hora de calcular eventuales compensaciones a los usuarios. Según una fuente ligada a una de las compañías, el cálculo de la FNE es extremadamente exagerado.

Si la FNE estuviera en lo cierto, estaríamos hablando no sólo de mucho dinero, sino de montos que pueden resultar clave en un momento difícil para la industria producto justamente de la guerra de precios.

FASA es la única de las tres cadenas que está en bolsa y sobre la que se tienen antecedentes públicos. Durante 2008, sus ganancias cayeron en 90,9% debido una reestructuración administrativa y a que debió financiar el aumento de su participación en su operación en México. En total, FASA obtuvo $732 millones en utilidades, una décima parte de lo que la FNE le atribuye como ingresos gracias a la colusión.

Su competidora Cruz Verde tampoco tuvo un buen año. De acuerdo a las declaraciones de Guillermo Harding a El Mercurio, “el resultado fue negativo en 2007 y en 2008 fue de apenas un 0.5%”.

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La confesión de Farmacias Ahumada a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de que se coludió con sus competidoras para aumentar los precios de los medicamentos ha generado una fuerte polémica. Sin embargo, las cadenas farmacéuticas ya habían sido sancionadas por la misma irregularidad en 1995. En esa ocasión, fue Cruz Verde quien denunció a sus competidores, pero también recibió una multa.

La investigación la inició el entonces fiscal nacional económico Gilberto Villablanca en diciembre de 1993 debido a que desde agosto los precios de los medicamentos habían bajado en el marco de una verdadera guerra desatada por el ingreso de Cruz Verde al mercado de Santiago. Luego, para resarcirse de las pérdidas, en enero de 1994 los precios de los remedios subieron en promedio un 30% y más de la mitad de ellos eran idénticos en las distintas farmacias.

Pese a que Ahumada, Salco y Brand (entonces compañías distintas) negaron las acusaciones, Guillermo Harding, presidente de Cruz Verde, las acusó de estructurar “orquestadamente” una baja de precios para sacar a su empresa del mercado, por lo que debió ceñirse a la misma política para competir. Luego, asistió a una reunión con los representantes de las otras cadenas y con Alejandro Weinstein, de Laboratorio Recalcine, donde se planteó la necesidad de aumentar en conjunto los precios, dejar de hacer publicidad y detener la apertura de nuevos locales. Harding dijo haberse negado a esta propuesta y denunció los hechos a la FNE.

Tras el cambio de gobierno en 1994, el nuevo fiscal, Rodrigo Asenjo, prosiguió las pesquisas y llevó el caso a la Comisión Resolutiva Antimonopolios, antecesora del Tribunal de la Libre Competencia. En su resolución 432, la comisión sancionó a Salco, Ahumada y Brand a pagar 2.000 UTM y a Cruz Verde, 1.000 UTM. En la época, las sanciones correspondían a $40 y $20 millones respectivamente.

El fallo fue suscrito por el entonces ministro de la Corte Suprema Enrique Zurita, el ex director del INE Alexis Guardia, el ex decano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Guillermo Patillo, y Pedro Mattar, quien subrogaba al superintendente de Valores y Seguros. Ese último asumió luego la FNE y actualmente defiende a Cruz Verde de las acusación de colusión.

A diferencia de Mattar, que entonces sí creyó en la culpabilidad de Cruz Verde, Patillo estimó que Cruz Verde no debía ser sancionada ,ya que había sido presionada por las otras cadenas. Además, a su juicio debían ejercerse acciones penales contra las otras farmacias . Sigue creyendo que en casos tan serios como éstos, es necesario hacer denuncias penales.

En este caso no las hubo pero las cadenas recurrieron a la Corte Suprema para reclamar el fallo de la Comisión Resolutiva, el que finalmente fue confirmado.