Vea la serie completa:
-Punta Peuco I: La fallida operación de inteligencia de Álvaro Corbalán.
-Punta Peuco II: Los cachureos del Guatón Romo.
-Punta Peuco III: El otro muro que divide a militares y carabineros.

Punta Peuco no aparece en los mapas pese a estar a 50 kilómetros y a sólo 30 minutos de Santiago. Pero sí tiene tradición carcelaria: un terreno abandonado entre las pocas viviendas del pueblo era el último vestigio de una antigua colonia de presos de baja peligrosidad que allí funcionó. El terreno quedó como propiedad de Gendarmería y en enero de 1995, ante la inminente primera condena al general (r) Manuel Contreras por el crimen de Orlando Letelier (perpetrado en Washington, en septiembre de 1976), sería el lugar escogido para construir allí la nueva cárcel especial para el ex jefe de la Dina y los uniformados condenados por crímenes de derechos humanos.

Tras sortear una crisis política provocada por el rechazo de Ricardo Lagos, ministro de Obras Públicas de la época, a firmar el decreto que daría inicio a su construcción, y luego un conato de rebeldía del ex jefe de la DINA, finalmente en octubre de 1995, Contreras ingresó a Punta Peuco en calidad de preso. Durante meses tanto el militar condenado como la nueva cárcel acapararon la atención del Ejército, de la inteligencia del gobierno, de las policías y de los medios.

Quince años más tarde, cuando el ex suboficial de carabineros Francisco Toledo ingresó a Punta Peuco por un delito que cometió en 1985, todo era distinto. Manuel Contreras ya no estaba recluido allí, sino en el Penal Cordillera, un recinto militar más exclusivo e íntimo. Ya no había integrantes del Ejército en la custodia, sino sólo gendarmes; y los presos veían transcurrir sus días sumergidos en el olvido. Muchos de sus hijos, en cambio, vivían afuera otra historia: sentían constantemente temor al rechazo social provocado a veces al sólo escuchar su apellido en público.

Eso fue exactamente lo que le ocurrió a la única hija del carabinero Francisco Toledo: perdió una beca en la universidad en la que estudiaba. Según cuenta su madre, bajó sus notas porque sentía pánico de que algún compañero le enrostrara: “¡Tu papá mató a los hermanos Vergara!”. Su pesadilla era que precisamente la encararan durante una disertación.

Francisco Toledo fue condenado a siete años como uno de los autores del homicidio de Rafael Vergara Toledo, un muchacho de 18 años que el 29 de marzo de 1985 recibió 8 balazos (entre ellos, uno en la nuca y otro en la región lumbar) durante una jornada de protesta y cuyo cuerpo fue encontrado en la vía pública al lado de su hermano, Eduardo (23 años), también asesinado. Veinticinco años se demoró la justicia en arrojar su veredicto.

Los hermanos Vergara Toledo vivían en la Villa Francia, una población de Santiago que fue epicentro de masivas protestas contra la dictadura en esos años. Ambos militaban en el MIR y su muerte se transformó en un símbolo para los jóvenes que luchaban contra el régimen militar. Con los años, ese símbolo varió para representar el descontento social con la democracia y siguió mutando hasta llegar a nuestros días transformado en una amalgama de protestas y brote delictivo. Lo cierto es que desde ese primer 29 marzo de 1985, en que los hermanos Vergara fueron víctimas de la violencia política, ningún aniversario ha dejado de ser violento.

Elisa, la esposa del ex suboficial de carabineros Francisco Toledo, le explicó a su hija que “el papá cumplía órdenes y ese día estaba trabajando”. Al igual que la mayoría de las esposas de uniformados presos por crímenes cometidos durante la dictadura, Elisa cree en la inocencia de su marido y está en desacuerdo con el desarrollo de los juicios.

Elisa y Francisco se conocieron cuando ella tenía 14 años. Juntos construyeron una familia que Elisa describe como “ejemplar”: su esposo siempre fue un padre preocupado, “que llevaba a nuestra hija a la universidad todos los días. La niña era su regalona”. Elisa siente dolor y rabia por esta separación.

Cada domingo ambas visitan a Francisco Toledo en Punta Peuco, quien está recluido en el “Módulo 2”, donde comparte con otros ex uniformados a quienes Elisa no conocía, con excepción del subteniente (r) Alex Ambler, el ex jefe de su marido que también está condenado a siete años por la muerte de los hermanos Vergara Toledo. A todos ellos Elisa los encuentra “excelentes personas y buenos compañeros de presidio”.

-Yo puedo evaluar a estas personas por como están ahora, yo no sé los casos en que se vieron involucrados –explica Elisa.

No es extraño que Elisa no conozca los delitos por los que están presos los compañeros de módulo de su marido. Al igual que en todas las cárceles del mundo, en Punta Peuco los motivos del encierro son tema tabú entre los internos. Ese mecanismo de defensa no funciona igual para todos los familiares de los presos. Entre los hijos la pregunta ronda. Un día su hija le contó a Elisa que en Internet había una página donde sólo con el apellido de una persona era posible saber por qué delito estaba condenado. La joven le dijo que así podían saber las acusaciones en contra de los compañeros de encierro de su padre.

Elisa la paró de inmediato:

-¿Por qué lo vas a hacer?, le dije. ¿Por qué mejor no conoces a la persona como es ahora y te fijas en cómo te saludó? Lo demás, respétaselo. Si algún día él te quiere decir “yo estoy involucrado en esto o me enjuiciaron por esto”, lo escuchas. Pero ahora, no corresponde.

Elisa le planteó el secreto como una forma de respeto, lo que implica suponer que la verdad es una ofensa. La hija de Francisco Toledo, aceptó: “Mamá, tienes toda la razón”, le respondió.

Para este reportaje alrededor de una veintena de familiares de militares presos (entre esposas, madres, hijas y hermanas) fueron contactados, pero la mayoría se negó a hablar. Algunas esposas, evidenciando en sus palabras y tono de voz mucha rabia acumulada, aprovecharon de repetir una y otra vez: “La historia está tergiversada”.

Sandra Contreras (42 años) no está de acuerdo.

EN TIERRA DE NADIE

Sandra Contreras sí cree en los hechos que se probaron en tribunales y que condenaron a su padre, el ex suboficial de Ejército Manuel Contreras Donaire, a 8 años de prisión por haber degollado al líder sindical y presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, en febrero de 1982.

A Sandra, a sus tres hermanos y a su madre, Manuel Contreras Donaire los golpeaba cuando gozaba de la libertad. Lo hacía si lo contradecían o si se reían cuando él quería descansar. Una vez le dio un combo a su hija Sandra y la botó por la escalera. “En el Hospital Militar tuve que contar que me caí en una bicicleta”, recuerda la mujer. Nunca lo denunciaron. La madre y todos los hermanos soportaron en silencio. Por eso, cuando Sandra supo que su padre se iba preso a Punta Peuco, se alegró:

-Yo me decía que de alguna forma este huevón va a tener que pagar –recuerda.

Sandra dejó de ver a su padre a fines de los ’80, cuando Manuel Contreras Donaire se separó de su mamá. Sus hermanos, en cambio, mantuvieron el contacto. Sandra era la única que no sólo le tenía rabia por lo violento que había sido con ellos, sino por haber asesinado a Tucapel Jiménez. Durante la dictadura, Sandra participó de la pastoral de una iglesia en Renca y conoció las poblaciones:

-Vi hambre, injusticia, vi a los milicos ahí. Yo era la oveja negra de mi familia.

En julio de 2005, el ex Presidente Ricardo Lagos le otorgó a Contreras Donaire el indulto presidencial con beneficio de remisión condicional de la pena. El presidente argumentó que el indulto se debió a la ayuda que prestó para resolver el caso. “Gracias a él, en buena medida, pudo aclararse el crimen”, dijo Lagos. El hijo del dirigente sindical le respondió al Mandatario: “Le pediría al Presidente y al ministro de Justicia, que antes de tomar una medida así leyeran el fallo, porque el indultado es uno de los autores materiales. Carlos Herrera Jiménez fue el que efectuó los disparos a mi padre y este asesino (Contreras Donaire) fue el que lo degolló”.

Para la fecha del indulto, julio de 2005, Contreras Donaire llevaba seis años en la cárcel. Le faltaban dos años para cumplir su condena. Según consta en el expediente judicial, el suboficial jamás reconoció su participación en los hechos pese a que el ministro Sergio Muñoz probó que fue él quien degolló a Tucapel Jiménez.

Dos años después de haber recuperado su libertad, el ex sub oficial se divorcio legalmente de la madre de Sandra y las dejó sin nada. Como la hija quería que su mamá recibiera una pensión decente decidió llamar a Tucapel Jiménez hijo, que ya era diputado PPD. Sentía que su familia y la de él habían sido víctimas de la misma plaga: malos hombres. Como si la pertenencia de las personas no fuera un asunto de sangre ni de raza ni de patrias, sino de calidad humana.

Sandra lo llamó sin pensarlo mucho: “Hola, soy la hija del hombre que mató a su papá”. Tucapel escuchó su infierno y la ayudó a conseguir abogados.

Cada cierto tiempo toda esa historia regresa, como el crimen de los Toledo regresa en cada violento 29 de marzo, día del joven combatiente.

El año pasado, por ejemplo, Sandra no se perdió capitulo de las series “Los archivos del cardenal” (TVN) y “Los 80” (Canal 13), dos producciones con las que la televisión chilena intentó saldar parte de sus deuda de silencio sobre lo vivido por miles de compatriotas en los ’70 y ‘80. La ficción les permitió mostrar ese mundo desde una óptica que al periodismo le resulta muy difícil: a través de la vida cotidiana del torturador, el increíble doblez del alma humana capaz de electrocutar a un hombre en la mañana y en la tarde partir de buen humor a elegir regalos de Navidad para los hijos. Mostrar la violencia como una actividad laboral con una “terrorífica normalidad” de la que habla la filósofa Hannah Arendt, cuando describe al criminal nazi Otto Adolf Eichmann.

Para Sandra, la hija de Manuel Contreras Donaire, mirar esos personajes fue verse a sí misma. A veces no era capaz de terminar los capítulos:

-Yo miraba “Los 80” y decía: mi papá era así, él trabajaba en eso. Ver el programa me producía tanta angustia… no hay palabras… Me lo imagino electrocutando personas, forzándolos con golpes… y no podía dejar de pensar que cuando era chica viví bien gracias a todas las aberraciones que él hizo, gracias a todas las familias que él hizo mierda –dice Sandra.

“MIS CULPAS O COMO SE LLAME”

Fernando Valdés Cid, teniente (r) de Carabineros, estuvo preso durante tres años en el “Módulo 2” de Punta Peuco.

Valdés era policía de calle. Ingresó a la institución en 1977, tres años después del Golpe. Practicaba kárate, judo y su pasatiempo era salir a cazar. En 1982, siendo subteniente, Valdés fue encargado reo por la Fiscalía Militar de Valparaíso como autor del delito de violencia innecesaria causando lesiones leves a Oscar Uribe. Posteriormente fue absuelto. En 1984 lo acusaron de matar al obrero del POJH Nelson Carrasco, detenido en San Bernardo el 27 de marzo de ese año por un piquete de 19 carabineros que encabezaba Valdés. La madre del obrero denunció la desaparición de su hijo y el cuerpo fue encontrado a la orilla del canal “El Espejino”, el 11 de abril.

El Segundo Juzgado Militar de Santiago determinó que Carrasco fue golpeado en el furgón policial brutalmente y luego fue lanzado al canal junto a otros detenidos donde se ahogó.

A Valdés lo condenaron a seis años de presidio por “violencia innecesaria con resultado de muerte”. En 1988 ingresó a la Escuela de Carabineros a cumplir prisión preventiva por alrededor de tres años, tiempo que se le abonó cuando llegó a Punta Peuco a cumplir su condena el año 96.

El crimen cometido por Valdés es probablemente el más actual de todos los reseñados en esta serie. El delito se ha mantenido en el tiempo, en dictadura y en democracia: el uso de la fuerza policial del Estado sin freno es lo que reclamaron los habitantes de Aysén este verano, lo que vienen reclamando los mapuches por décadas y lo que probaron los estudiantes en las manifestaciones del año pasado.

Sobre su responsabilidad en la muerte del obrero Nelson Carrasco, Fernando Valdés dice:

-Siempre lo he recordado como una pena grande…Para una familia perder un hijo no es fácil, ¿cierto? Yo perdí a mi madre hace poquitos días, yo sé lo que es, puedo sentir lo que es. Pero antes, igual sentí siempre pena. Lo llevó en mi corazón, es una cosa… el haber estado o no ahí, el haber hecho o no, el haber ayudado o no, el haber cooperado o no, o haber evitado o no, todas esas cosas me las preguntó…

Valdés habla de Carrasco y finalmente, cuando ya no puede eludir más el punto clave de su muerte, pareciera que aquello que el mismo se pregunta por alguna razón prefiere no respondérselo:

-Yo no lo maté. Hablan de que al lanzarlo al agua, después este chiquillo se murió ahogado. O sea, que yo le pegué solo, le pegué a los otros cuatro o cinco que andaban ahí, hice todo esto solo. Eso es lo que pienso. Pregúntese usted qué pasó. Yo no me voy a preguntar más que pasó. Yo para mis adentros tengo mis propias responsabilidades, culpas o como se llame…

Cuando Fernando Valdés ingresó a Punta Peuco, su hijo mayor sabía dónde estaba: una prisión militar. Pero al que tenía 6 años le dijo que el papá trabajaba en el campo y que Punta Peuco era el lugar donde dormía cuando la noche se ponía peligrosa. Valdés le explicó así al niño la presencia de los barrotes y los gendarmes armados las tres veces que lo fue a ver. Los malos estaban afuera.

Ahora que ese hijo creció, nunca le ha vuelto a preguntar. Valdés es de la idea de olvidar. “Lo que pasó ya fue, ya pagué”, dice.

Si su memoria ha bloqueado la fecha exacta en que salió de Punta Peuco, las imágenes de lo que pasó ese día las tiene bien vivas: su esposa y su hermano lo fueron a buscar y le pasaron una botella de whisky que se fue tomando de a poco al recorrer libre nuevamente las calles. Al lunes siguiente volvió a trabajar a la misma empresa en la que se desempeñó luego de su retiro de Carabineros el ’87. Nadie le puso problemas por su prontuario, como les ocurre a todos los que salen de la cárcel.

Así, el oficial de Carabineros -bajo, macizo, calvo, de brazos peludos, al que le decían “El Mono”- volvió a pasearse por los campos de la Sexta Región como si los tres años en la cárcel no hubieran existido. Salvo por la pistola.

-Yo tomé precauciones. Me hice de un arma porque tenía temor que me llegara alguna represalia aquí afuera. Y aunque como ex preso no tenía permiso para portar armas, anduve con una ilegalmente durante un año.

LAS FIESTAS DE CONTRERAS

Es muy probable que las represalias que temía Fernando Valdés Cid cuando salió en libertad no fueran sólo de los opositores a Pinochet. Y ello porque a fines de 1995, cuando empiezan a llegar a Punta Peuco los primeros condenados del Caso Degollados, este oficial de Carabineros se convirtió en el primer preso de esa peculiar prisión en denunciar -a la revista Qué Pasa- los privilegios para el día de Año Nuevo que tenían el ex jefe de la DINA y su segundo en el organismo de represión: Pedro Espinoza.

“Las fiestas del Mamo Contreras y los cumpleaños de Espinoza eran verdaderos carnavales. Porque a ese sector no entraba Gendarmería, era exclusivo para el Ejército”, dice hoy Valdés, quien además recuerda que estaba molesto porque los militares tenían teléfonos en sus habitaciones y visitas fuera de horario:

-Pero para nosotros, los carabineros, no había nada de eso. Entonces, lo que yo decía era que si estamos todos en la misma, apechuguemos todos en igualdad de condiciones –afirma el oficial retirado.

No fue esa la opinión de todos sus compañeros de Módulo. Para algunos de los carabineros del Caso Degollados, las denuncias de Valdés fueron una deslealtad hacia Manuel Contreras ya que era gracias a él que estaban en esa cárcel y no en una con todos los presos comunes. Pero Valdés no se arrepiente:

-Yo he sido mucho más leal que muchos de ellos. Ahí tú tienes al Mamo Contreras gritando como condenado, involucrando más gente. ¿Por qué no se queda callado? Eso no corresponde. ¿Va a salir en libertad con eso? Que muera callado, como buen soldado no más –dice a CIPER.

LOS ORIGENES

Mientras allí estuvo recluido, Manuel Contreras siempre hizo valer que gracias a él existía esa cárcel especial, custodiada por miembros del Ejército que se cuadraban ante ellos y los trataban como sus superiores.

-Yo fui a una cárcel que la tuvieron que construir especialmente para mí. Si no, no voy a la cárcel –dijo Contreras en una entrevista con Chilevisión hace dos años.

Y esta vez Contreras sí dice la verdad. Porque fue la anunciada primera condena al ex jefe de la DINA la que gatilló en enero de 1995 la decisión de construir una cárcel especial para el general. El arquitecto socialista Claudio Martínez, entonces director de Gendarmería, le propuso al Ejército el terreno que tenía la institución en Punta Peuco.

El Ejército, que presionaba por esa cárcel especial, aceptó. No así el ministro de Obras Publicas, Ricardo Lagos, quien rechazó la orden del Presidente Eduardo Frei de firmar el decreto de emergencia para iniciar la construcción. No estaba dispuesto a quedar como el autor de un penal especial para militares. A Frei no le quedó otro camino que enviar un proyecto de ley al Congreso. En febrero de 1995 se inició la construcción. Cuatro meses más tarde, el 14 de junio de 1995, el gobierno de Eduardo Frei despachó el Decreto 580 que creó el “Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco”.

Claudio Martínez recuerda que siempre en las conversaciones que tuvo sobre la nueva cárcel había oficiales del Ejército presentes:

-Ellos estaban detrás de esto, y no podría haber sido de otra forma. Hacer una cárcel especial en ese momento no era para darles privilegios a los militares, era por seguridad de la ciudadanía. Pinochet, el ex dictador, era el comandante en jefe del Ejército todavía. ¿Qué habría pasado si al jefe de la policía secreta de la dictadura le daban muerte adentro de una cárcel común? –explica.

Contreras fue condenado por el ministro Adolfo Bañados el 30 de mayo de 1995 a 7 años de presidio como uno de los autores del asesinato del ex canciller de Allende, Orlando Letelier. Pero no inauguró la nueva cárcel. Argumentó estar enfermo. El primero en llegar a Punta Peuco fue el brigadier en servicio activo Pedro Espinoza Bravo, el segundo hombre operativo de la DINA, quien también fue condenado por el crimen de Letelier. Y lo hizo el 19 de junio, el mismo día que el Ejército lo llamó a retiro, despojándolo de su escudo protector.

Espinoza dijo a la prensa: “El Ejército me entrega”. El traslado se hizo en la madrugada. Claudio Martínez, director de Gendarmería y quien lo recibió en Punta Peuco, recuerda que Pedro Espinoza llegó acompañado de una comitiva de familiares, amigos y militares:

-Eran como 50 personas y la escena fue bien dura, porque Espinoza llega a una reja y yo estoy adentro esperándolo. En dos segundos tuve que pensar: lo dejo entrar a él o los dejo entrar a todos. Y los dejé entrar a todos. Y cuando entraron, ¡empezaron a sacarle fotos a la cárcel!

Una vez que Espinoza se quedó sólo allí dentro, Martínez dice que “el ambiente era igual al de un velorio”. Y se mantuvo durante cuatro meses con el brigadier como el único preso de la nueva cárcel. El 22 de julio de ese año, unas 300 personas, entre militares y civiles, se manifestaron en Punta Peuco para apoyarlo: cantaron el himno patrio e hicieron un pic- nic en los alrededores.

La tensión iba creciendo. Y llegó a su punto máximo cuando los dos hijos del brigadier –ambos militares activos- sobrevolaron la cárcel en helicóptero. “Fue una provocación si se quiere”, dice Martínez. Provocación que replicó Espinoza anunciando en octubre una huelga de hambre en contra del Ejército. Pero desistió. Justo a tiempo para recibir al nuevo habitante VIP de Punta Peuco: el general (r) Manuel Contreras.

Después de intentar resistir el encarcelamiento y mantener la impunidad de la que había gozado durante dos décadas, atrincherándose en el Regimiento Sangra en Osorno y en el Hospital Naval de Talcahuano, Manuel Contreras llegó a Punta Peuco en octubre de 1995. Su único compañero de módulo, Pedro Espinoza, lo consideraba un traidor.

-Como la relación entre ambos era tensa, instalaron un sistema de semáforo en los espacios comunes para no encontrarse -recuerda Martínez.

Para custodiar a dos presos, el Ejército designó a cinco oficiales y 66 suboficiales y clases, según informó a CIPER la institución. Ellos formaban un anillo de seguridad interno mientras que Gendarmería quedó a cargo de la custodia externa. “Lo que yo percibí es que el Ejército tenía mucho temor de que Espinoza o Contreras, fruto del encierro, entregaran algún tipo de información” dice Martínez.

Una tesis viable frente al último crimen que la justicia chilena le acaba de adjudicar a Espinoza en noviembre de 2011: fue procesado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Jorge Zepeda como autor material del homicidio del ciudadano estadounidense Charles Horman (cuya historia dio origen a la película Missing), una muerte que el régimen militar siempre negó.

Lo que nadie niega hoy son los privilegios de los que gozó Manuel Contreras mientras estuvo en Punta Peuco y que denunció el carabinero Fernando Valdés Cid. De partida, nunca fue tratado como un preso por el personal militar de custodia, sino como sus subordinados.

-El Mamo trataba a los oficiales de Ejército que lo custodiaban como goma. Siempre hacia peticiones a través de ellos y presionaba a Gendarmería. Por él se tuvo que habilitar una enfermería con médico y hasta se trajo un mozo que le preparaba las comidas –dijo a CIPER un ex gendarme que trabajó en Punta Peuco en esos años.

En 2001 Manuel Contreras cumplió su primera condena y se fue de Punta Peuco a su casa, con detención domiciliaria por los múltiples procesos en curso. Como prueba de su importancia, casi dos años después, en 2003, la custodia del Ejército terminó. Justo en el momento en que Ricardo Lagos creaba la Comisión Valech que investigó los casos de prisión política y tortura. Más de 35 mil personas prestaron testimonio mientras en Punta Peuco recibían a nuevos habitantes de la cárcel especial: Álvaro Corbalán y Hugo Salas Wenzel, ambos de la CNI, entre ellos.

Fue el momento también en que los presos de Punta Peuco iniciaron una batalla por la obtención de beneficios carcelarios. Había que atraer a nuevos socios que apoyaran su petitorio.

RAZONES DE ESTADO

En 2003, el sacerdote Alfonso Baeza, vicario de la Pastoral Social, visitó en Punta Peuco a los carabineros del Caso Degollados. Fueron los propios presos quienes le pidieron a Marcelo Mancilla, el sacerdote de Gendarmería que los asistía espiritualmente y con quien Baeza tiene muy buena relación, que lo llevara.

Querían que Baeza intercediera por ellos ante las autoridades de la época tal como lo estaba haciendo por los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR); el brazo armado del Partido Comunista que en dictadura preparó entre otras acciones el fallido atentado de septiembre de 1986, donde planeaban matar a Augusto Pinochet en la ruta de regreso desde su casa en El Melocotón. En democracia no sólo cayeron en prisión los hombres del dictador, sino que también lo hicieron aquellos que se opusieron a él.

Recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), los frentistas iniciaron periódicas huelgas de hambre para negociar el indulto presidencial. Por su labor pastoral y su trabajo activo en dictadura, Baeza medió con el gobierno. Y a 30 años del Golpe, los presos de Punta Peuco consideraron que la visita de un sacerdote que congeniaba con la izquierda era una buena forma de levantar la bandera de los otros “presos políticos”.

Baeza recuerda la visita: “Querían decirme que se estaba cometiendo una injusticia con ellos porque también eran presos políticos y no tenían acceso a la libertad condicional ni a ningún beneficio carcelario”.

A primera vista, la exigencia del empate de los presos de Punta Peuco parecía de justicia básica. Pero en lo medular, para Baeza había diferencias profundas con los presos políticos del CAS. La primera y más importante era que los frentistas se habían comprometido a no volver a ocupar jamás los medios violentos:

-Pero los presos de Punta Peuco ni siquiera habían dejado en claro ante los tribunales lo que habían hecho ni quienes les dieron las órdenes. En Punta Peuco me di cuenta que no se podía discutir con ellos, que ahí no había conversión. La verdad, me parece que hay algunos como Manuel Contreras, el jefe de la Dina, y otros, que volverían a hacer lo mismo -dijo Baeza a CIPER.

El lobby de los presos de Punta Peuco siguió. Mediante las visitas de sus familiares al Congreso y las cartas que enviaban desde la cárcel a diferentes políticos, lograron cierta acogida e incluso eco a su situación. Fue así que en septiembre de 2005, meses después de que el entonces Presidente Lagos le otorgara el indulto presidencial a Manuel Contreras Donaire, los senadores Hernán Larraín (UDI), el almirante (r) Jorge Arancibia (UDI), Baldo Prokurica (RN) y Enrique Silva Cimma y Edgardo Boeninger, ambos senadores designados de la Concertación, presentaron un proyecto de ley que favorecía a los uniformados condenados con dos tipos de beneficios.

El primero fijaba una pena única de 10 años de presidio por la totalidad de los delitos cometidos, quedando sujetos a arraigo y al régimen de libertad vigilada por el resto de la condena original; y el derecho de la remisión condicional de la pena a los sentenciados que durante el cumplimiento de la condena cumplieran 70 años de edad.

Dos años más tarde, en noviembre de 2007, el Senado lo rechazó. La polémica que provocó el indulto de Lagos a uno de los asesinos de Tucapel Jiménez no dejó espacio para nuevos beneficios.

Las razones del ex Presidente para otorgarle indulto a Manuel Contreras Donaire fueron finalmente de Estado. Algo que Lagos explica hoy como un gesto oportuno. Durante su gobierno había indultado a varios frentistas. Era hora de hacerlos con “los otros”:

-Había que decir, bueno han pasado 15 años desde la recuperación de la democracia y ahora mandamos nosotros. Porque cuando yo llegué a La Moneda y salía al extranjero me preguntaban: “¿Usted efectivamente es el Presidente o sigue mandando Pinochet?”. Yo ya había nombrado a una mujer socialista y torturada por los militares en el Ministerio de Defensa, se habían dictado las reformas constitucionales que permitían destituir a los altos mandos. ¿Por qué no hizo una cosa de ese tipo Frei? Porque iban a creer que seguían mandando los militares. Pero esta decisión era mía, y era mía porque había cambiado el país.

Los cambios sociales son sutiles, complejos de precisar. Y lo que Lagos describe como “cambio del país”, el juez Joaquín Billard lo ve mucho más restringidamente. En todos estos años investigando los crímenes de la dictadura, al único militar que el juez Billard ha visto cambiar es a Carlos Herrera Jiménez, oficial de Ejército, ex miembro de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y de la CNI, quien ha pedido públicamente perdón a la familia de Tucapel Jiménez, a quien asesinó junto a Manuel Contreras Donaire:

-Herrera Jiménez siente que los mandos de la época lo engañaron, que lo convencieron de que lo que estaba haciendo era por el bien de la Patria. Y él ahora, sentado y mirando el techo, se da cuenta que todo eso era una estupidez –afirma el juez Billard.

Pero al inicio, el juez Billard cuenta que los militares acusados llegaban a tribunales altaneros porque no creían que iban a ser juzgados: “¡Ellos pensaron que no los iban a procesar nunca! ¡¿Cómo pudieron pensar eso?! ¿Cómo pudieron creer: “yo mato a este gallo y nadie me va a hacer nada”? ¡Qué manera de estar endiosados!”.

Mario Carroza, otro de los ministros que ha investigado violaciones a los derechos humanos a lo largo de lo años, coincide con Billard en la sensación de impunidad con que vivían los agentes: “Eran personas a la que les gustaba tener poder, sentir que el resto dependía de ellos. A otros les gustaba hacer de espías”, dice.

Pero la estructura ligada al sistema que los protegía y les proveía de impunidad, y que estaba asentada también en el Poder Judicial, ya no existe. El juez Carroza trabaja desde esa línea los interrogatorios: haciéndoles ver que ahora son personas comunes y corrientes:

-Trato de hacerles entender que hicieron cosas más allá de lo común y corriente, y cuando eso pasa, las personas entran en la etapa delictual. Si alguna vez ellos pensaron que estaban en una guerra, no soy quién para decir que no es así. Pero después de 1975 ya no hubo guerra. Ahí les digo que deben saber por qué actuaron así. Sopesar si actuaron mal y responder por eso. Cuando los interrogo, yo trato de señalarles que hay un momento donde tomaron una decisión y que la suya fue equivocada -dice el juez.

Por esas equivocaciones, a septiembre de 2011, según la base de datos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, había 249 uniformados condenados en última instancia. Una cantidad que en todos los análisis tanto en Chile como en el extranjero se pone al lado de los 3.186 compatriotas desaparecidos y ejecutados durante el régimen militar. Dos situaciones dramáticamente dispares.

DAR VUELTA LA HOJA

El hijo de Tucapel Jiménez jamás pensó que además de todo lo vivido, iba a tener que lidiar con el arrepentimiento de uno de los asesinos de su padre. Con ese perdón que Carlos Herrera Jiménez le ha pedido públicamente a través de los medios de comunicación a lo que se suma su petición reiterada a reunirse con él en Punta Peuco. El diputado ha considerado esa posibilidad. Pero le cuesta:

-No me veo sentado al frente del asesino de mi papá. Como diputado uno quisiera decir “lo hago a cambio de información, para que otras familias tengan esa tranquilidad espiritual”, pero la verdad es que no he llegado a ese grado de convencimiento de que me vaya a servir o le vaya a servir a otras personas. Pero si sirviera de algo, haría el sacrificio -dice el hijo de Tucapel Jiménez.

El padre de Tucapel se había convertido a inicios de los ’80 en una de las voces más importantes en contra del régimen, al punto de iniciar la preparación del primer paro nacional de trabajadores en 1981. Su alta convocatoria y su alianza con el ex presidente Eduardo Frei Montalva, asesinado también un mes antes que el líder sindical, encendieron todas las alarmas en el círculo de Pinochet. De ahí que el diputado PPD quiera honrar su figura enfrentándose a su asesino en nombre de otros, pero es el hijo el que hoy no puede. Ahora Tucapel tiene sus propios hijos que jamás aceptarían algo así.

-Mucha gente piensa que es parte de la estrategia de Carlos Herrera juntarse conmigo para recibir el indulto. Yo soy contrario a los indultos, pero pienso que él debiera tener beneficios carcelarios. Herrera colaboró con la justicia, y si sus peticiones de perdón fueron estrategia y una mentira, no importa mientras haya colaborado –dice el diputado Jiménez, quien asume que es imposible dar vuelta la página.

“Yo me voy a morir recordándolo. Hasta en pequeñas cosas cotidianas, como cuando juega Colo- Colo, el equipo de fútbol que a él le gustaba, no puedo dejar de acordarme de mi papá”, dice Tucapel Jiménez.

Las palabras del hijo de Tucapel Jiménez grafican lo difícil que resulta para los familiares de los presos de Punta Peuco intentar lidiar afuera con el rechazo. Más difícil si lejos de mostrar arrepentimiento, algunos intentan usar antiguas estrategias de extorsión para obtener beneficios. Como lo hizo Álvaro Corbalán, involucrando de paso a otros presos.

Luego de leer el primer reportaje de esta serie, el senador Francisco Chahuán y el sacerdote Cristián Precht, a quien la madre de Corbalán le pedió acogida para su hijo, dijeron a CIPER que ya no concurrirán más a Punta Peuco. Para ambos su rechazo a ser involucrados en cualquier acción que se asocie a una operación de inteligencia, es lo que motiva su decisión.

La razón de porqué escribo esta nota está en el reportaje sobre la Unidad de Punta Peuco, investigación de CIPER Chile realizada por la periodista Verónica Torres, y donde se denuncia la existencia de una operación de inteligencia basada en el documento Memorándum N° 01 que tiene relación con el interno ÁLVARO CORVALÁN.

Mientras me desempeñé como Subdirector Operativo de Gendarmería de Chile, nunca se me informó de estos hechos, por lo que me llama poderosamente la atención el detalle que da el interno sobre quiénes ocupan los puestos estratégicos en la Dirección Nacional la Institución. Cabe preguntarse si las recomendaciones que da sobre remover y ascender a algunos oficiales fueron seguidas por la institución.

Desde hace un año aproximadamente, fui desafectado de Gendarmería de Chile conjuntamente con siete Oficiales Superiores del Grado de Coronel que cumplían funciones como Directores Regionales. Las razones esgrimidas por el actual Director Nacional, Luis Masferrer, y el Ministerio de Justicia de la época, Felipe Bulnes, fueron que nuestra salida obedecía a “cambio de liderazgo” y así se transmitió a la ciudadanía a través de los medios de comunicación.

Para todos los oficiales en cuestión, esta explicación ocultaba otra razón: endosarnos la responsabilidad por los lamentables hechos ocurridos en la cárcel de San Miguel donde fallecieron 81 internos. Esto, producto del anuncio de culminación de la investigación por parte del Fiscal Peña, donde se formalizó al Director Regional Metropolitano Coronel Carlos Bustos y otros oficiales que cumplían funciones en la Unidad.

El coronel Bustos fue sindicado por las autoridades como culpable de los hechos sin considerar que llevaba tres meses en el cargo, pues había sido trasladado desde la zona norte del país. El coronel Bustos tuvo NULO apoyo de parte del Director Nacional. De hecho el único recuerdo que tiene este oficial respecto de la actuación el Director es que al momento en que lo formalizaron la autoridad estaba preocupada del recinto carcelario donde lo dejarían si quedaba en prisión preventiva.

Lo cierto es que eso no ocurrió y que en el Sumario Administrativo, que culminó hace pocos días, se le aplicó la medida disciplinaria de “Censura”.

En el descabezamiento del alto mando ninguno de los asesores del Director tuvo la capacidad para analizar y visualizar que el servicio quedaría sin coroneles para asumir el mando de las Direcciones Regionales, la Jefatura de las Unidades de Alta Complejidad y Departamentos dependientes de la Subdirección Operativa.

Tal falta de prolijidad en las decisiones se debe en mi opinión a que este descabezamiento tenía un solo propósito: proteger la figura del Director e incluso la del Ministro. Que ninguna responsabilidad sobre estos hechos cayera sobre sus carreras políticas. Las autoridades, vaya novedad, simplemente cortaron el hilo por la parte más delgada.

La parte delgada del hilo, cosa curiosa, son los funcionarios que mantienen andando, con enorme esfuerzo un sistema penitenciario que está hacinado.

Trabajé 30 años en gendarmería y durante los cuales implementé la Subdirección Operativa, fui alcaide de la Penitenciaría de Santiago y Jefe del Departamento de Seguridad, entre otras funciones en las que debí aplicar el liderazgo que se me cuestionó en el retiro. Duele que la lealtad con que trabajé con el Director Nacional, no haya tenido una respuesta recíproca. El Director se dejó convencer por asesores que tienen una mirada penitenciaria restringida, pues son oficiales de oficina en los que sólo predominan sus intereses personales y no el buen funcionamiento del servicio.

El objetivo que me impulso a hacerme presente ante tal situación, es porque el documento de Corbalán expresa dudas razonables sobre los criterios con los que se toman las decisiones en Gendarmería. Es necesario que las autoridades se convenzan de una vez que Gendarmería debe estar a cargo de Oficiales de las Institución ya que tienen un real conocimiento del trabajo penitenciario y pueden seguir una dirección permanente de liderazgo.

Llama poderosamente la atención que en septiembre fuera llamado a retiro el coronel Heriberto Muñoz Díaz, Jefe del Departamento de Seguridad, el mismo que el interno Corbalán señala como poco confiable para la Administración Penitenciaria. El coronel Muñoz, durante la actual administración, trabajó ardua y profesionalmente haciendo cumplir todas las medidas de seguridad para todos los internos privados de libertad ¿Es que el director Masferrer le hizo caso a la sugerencia de Corbalán?

Para finalizar, me pregunto si el llamado a retiro del alto mando institucional provocó un mejoramiento en Gendarmería ¿Mejoraron los estándares de seguridad? ¿Ha disminuido el hacinamiento en las cárceles? ¿Cuál ha sido el resultado de estas decisiones? Seguramente su asesor Emilio Alfaro Bravo, quien le aconsejó el llamado a retiro del alto mando en su época, guiándolo equivocadamente, ya estará pensando bajo qué paraguas protegerse para el futuro. Desleal y no reconocido por la oficialidad de la institución por su forma traicionera de actuar de acuerdo a la Administración de turno, otro oficial que es mencionado por el interno Corbalán es quien tiene el parentesco y es indicado como “el mejor oficial con vasto conocimiento penitenciario”. Lo cierto es que ha sabido navegar solapadamente en las diferentes aguas, gestando situaciones acomodativas para él y un grupo de oficiales, sin conocer de verdad lo que ocurren en las unidades penales, por lo que ha tenido una baja presencia en estos lugares, amén de que cuando estuvo en terreno, provocó solamente evasiones de internas.

Saquen sus conclusiones a quien me refiero. ¿Es entonces un buen asesor?

El Director Nacional se encuentra encapsulado por un grupo de que lo tiene mal orientado, es como lo deben sentir los Directores Regionales y Oficiales de la Institución. Qué pena dan los hechos narrados en el reportaje de CIPER, ya que pareciera que todas las sugerencias efectuadas en el documento del citado interno, habrían sido acogidas por el Director Nacional.

Jaime Concha Soto, Coronel (R) de Gendarmería.

Vea también: Punta Peuco II: Los cachureos del Guatón Romo

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Con su metro ochenta a cuestas, José Florentino Fuentes Castro se pasea por la cocina del módulo que habita en Punta Peuco con un paño en el hombro. Viste buzo y zapatillas. Cuando era joven, por su contextura gruesa le decían “El Buey”. Aunque usa audífonos, apenas escucha. Su esposa nos pide que le hablemos fuerte y “bien modulado para que él pueda leer los labios”.

Es el domingo 18 de diciembre. En la puerta de su celda Fuentes Castro colgó una imagen del Viejo Pascuero. Luego de estar más de 15 años encerrado, su celda es su verdadera casa. Está condenado a cadena perpetua y probablemente, como Osvaldo Guatón Romo, también muera en la cárcel. En 1985, cuando él tenía 35 años y era un suboficial de Carabineros, degolló a Santiago Nattino, militante comunista, publicista y pintor. Nattino tenía entonces 61 años, uno menos de los que Fuentes Castro tiene hoy.

“Recuerdo que Nattino no dijo nada, iba muy débil; se lo puso en el suelo de espalda. Sáez (el carabinero Alejandro Sáez) lo tomó de la cabeza y el Pegazo (el carabinero Claudio Salazar) le tomó los pies, estaba también el Fanta (el civil y ex dirigente comunista Miguel Estay). Yo le hago un corte”, confesó Fuentes finalmente ante un juez después de transcurridos nueve años del crimen.

En esa misma terrible jornada del 29 de marzo de 1985 fueron asesinados también los militantes comunistas José Manuel Parada, entonces jefe de documentación de la Vicaría de la Solidaridad; y Manuel Guerrero, dirigente gremial de los profesores. El triple crimen se conoció como el Caso de los Degollados. Su brutalidad heló la sangre de los opositores a Pinochet, precisamente lo que sus autores intelectuales buscaban.

“José Fuentes fue castigado a cuatro días de internación en celda solitaria por amenazar a otro carabinero, el coronel (r) Iván Quiroz, ex alto mando de la CNI y brazo derecho de Álvaro Corbalán”.

La crisis económica a partir de 1983 había provocado masivas protestas en Santiago y otras ciudades del país. Al comenzar el segundo semestre de 1984, la gente estaba ganando la calle y perdiendo el miedo. Era necesario hacérselos encontrar de nuevo. Paralizarlos de terror. A Fuentes sus superiores le dijeron que Nattino, Parada y Guerrero “eran responsables ideológicos de las muertes de varios carabineros y que, debido a que los tribunales eran inoperantes, había que buscar justicia propia”, contó Fuentes a Ciper.

La esposa de Fuentes agregó que a su marido lo picanearon con otro motivo más: “Le dijeron que tenía que mojarse el potito y demostrar que no era como su papá”. El padre de Fuentes era un comerciante aparentemente ligado al Partido Comunista.

Tras azuzar a los demonios, otros más arriba en la escala del poder pudieron usufructuar del pavor generado, sin mancharse las manos. Fuentes dice que sólo conoció a los oficiales que tenía inmediatamente sobre él. Son también carabineros y están presos en Punta Peuco. Al igual que un grupo de militares a los que tanto detesta.

-Ninguno de estos huevones son héroes. No merecen privilegios. Son todos asesinos. Se creen que son O’Higgins, pero son todos delincuentes –dice José Fuentes Castro respecto de los militares.

Las palabras de Fuentes no hacen más que evidenciar uno de los hechos de los que jamás se habla cuando se menciona a Punta Peuco: el profundo quiebre entre militares y carabineros y entre oficiales y suboficiales. Un muro invisible los separa y el transcurso del tiempo y la continuidad de ciertos privilegios no ha hecho más que reforzarlo.

APUNTEN AL MODULO 1

José Fuentes vive en el Modulo 4 de la cárcel especial. A los oficiales de Ejército de más alto grado los ubican en el Modulo 1. Están separados sólo por unos centenares de metros. Y aunque Punta Peuco es, como toda cárcel, un botadero en que la sociedad deja sus problemas y sus desechos, en su interior son otras las normas que rigen. Otros códigos que hacen que un militar que ha matado se sienta superior a un carabinero también criminal. Y ambos se sienten algo muy distinto al gendarme que debe custodiarlos.

El Módulo 4 tiene una reja como puerta de entrada y una caseta de vidrio desde la cual un gendarme armado los vigila. Pegada en el vidrio está la lista de libros del penal: “Quijote de la Mancha”, “Dulces Chilenos”, “Barrabas”, “Tarde he llegado a amarte”, “Adagio Confidencial”, “Historia de las Elecciones: Tomo I”, “La Quinta Montaña” de Paulo Coelho, “Mala Onda” y “Sobredosis” de Alberto Fuguet. También hay una hoja firmada por el alcaide que pide “que se eviten los garabatos y los gritos” durante los horarios de visita. Pero este domingo al menos casi no hay ruido, salvo por una radio que suena desde una de las celdas.

La celda de José Fuentes es una pieza individual. Pero debe compartir la ducha, la cocina y un hall, que los internos acondicionaron como living-comedor. Allí hay un gran ventanal que da a un patio donde se distinguen un par de árboles, una hilera de rosales rojos y amarillos, cultivos de ají y acelga y una gruta donde instalaron una figura de la Virgen del Carmen.

Estar allí en ese ambiente apacible, con José Fuentes Castro, uno de los criminales más conocidos de la dictadura, es como estar acompañando a un jubilado que pasa sus últimos días en una casa de reposo. Pero la percepción es un error, por supuesto, porque por esas habitaciones se pasean libremente César Palma, civil, ex miembro del Comando Conjunto; Rubén Barría, carabinero, condenado por el homicidio de un grupo de menores en Puente Alto; Maximiliano Ferrer Lima, ex alto mando de la DINA y ex jefe del grupo más secreto de la Brigada de Inteligencia del Ejército, BIE, entre otros.

De pronto, se abre la reja exterior del módulo y un gendarme ingresa a la carrera trayendo una encomienda. Tras él se asoma Basclay Zapata, El Troglo. Es flaco y de ojos pequeños y su tez morena hacen más notorias sus canas. Viste polera de fútbol y se inclina para decirle al gendarme: “mi cabo, ¿lo ayudo?”.

Por su físico a Zapata le resultaría difícil amedrentar a un curso de niños de octavo básico. Pero en el libro “119 de nosotros” Viviana Tamblay cuenta cómo en los ’70, Zapata sí provocaba terror cuando era uno de los más activos agentes operativos de la DINA. Viviana dice que su hermana Bárbara y el marido de ésta, Edwin van Yurik, fueron detenidos por la DINA y llevados a Londres 38. Viviana no supo más de sus parientes (ambos militantes del MIR) hasta que logró hablar con Cristián -hermano de Edwin- quien sobrevivió luego de ser detenido y torturado:

-Me dijo que jamás olvidará el dolor e impotencia que sintió en esos momentos de ingreso al infierno. Lo llevaron a una pieza a mirar primero la tortura de su hermano Edwin. En el recinto estaban Osvaldo Romo y Basclay Zapata. Luego trajeron a Bárbara y Zapata la violó. Edwin se levantó ensangrentado por los golpes recibidos y lo escupió con su propia sangre.

Hay decenas de otros testimonios que cuentan en detalle los horrores a los que sometía a los prisioneros Basclay Zapata. Nada de aquello se delata en el caminar del hombre empequeñecido que ahora acompaña al gendarme a la cocina. Fuentes lo mira pasar y dice en voz baja: “Este es el asesino más grande de la historia”. Viniendo de uno de los degolladores, la frase suena terrorífica.

Desde 2007 Basclay Zapata y José Fuentes Castro son compañeros de módulo en Punta Peuco. El problema es que Fuentes no lo soporta. Cuenta que apenas Zapata llegó, se apropió del taller de carpintería que está en el patio. Puso unos banderines que dicen “COMANDO” y dos fotos donde Basclay Zapata aparece posando junto a Augusto Pinochet. Así marcó la diferencia.

-Acá en Punta Peuco hay dos cárceles y los milicos mandan en las dos -dice Fuentes.

Fuentes relata que para el terremoto de febrero de 2010, los gendarmes fueron a su módulo a ver cómo estaban los reclusos. “Pero luego se fueron y cerraron con llave, no obstante que ocurrían réplicas constantes a esa hora y existía un peligro evidente”. Un detalle a Fuentes no se le olvida: “Las puertas del Módulo 1, el de los oficiales de Ejército, quedaron abiertas”.

CIPER consultó a Gendarmería sobre este incidente. El Departamento de Comunicaciones informó: “No existe registro alguno que indique que no se le abrieron las puertas a los internos del Módulo 4 y sí a los del Módulo 1. Ese tipo de detalles tan subjetivos no se anotan, tan sólo que no hubo heridos en Punta Peuco y nadie se escapó”.

En el Módulo 1 estuvo preso entre 1995 y 2001 el general (r) Manuel Contreras, ex director de la DINA, a cuyo encarcelamiento se debe la creación de Punta Peuco. En esos años los presos militares ni siquiera tenían contacto visual con Gendarmería. La cárcel se había diseñado para que los militares fueran custodiados por militares y los gendarmes quedaban afuera del módulo. Al punto que con sus cámaras ni siquiera podían enfocar hacia el interior del recinto. Más que círculos de vigilancia parecían dos anillos de protección a los presos. A Contreras se le permitía celebrar su cumpleaños como si estuviera en su casa, con brindis hasta tarde y visitas fuera de horario.

A partir de 2003, Gendarmería quedó a cargo de la custodia total. Pero los militares que llegaron al Módulo 1 jamás dejaron de sentirse merecedores de un trato “vip”. Ahora sus ocupantes de más alto rango son el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, el general (r) Raúl Iturriaga Neumann (quien se declaró en rebeldía el año 2007 negándose a cumplir presidio en Punta Peuco tras ser condenado a 5 años y un día como autor del secuestro del militante del MIR Luis San Martín Vergara, desaparecido desde 1974); y el ex jefe operativo de la CNI, el mayor (r) Álvaro Corbalán Castilla (quien fue también comandante del Cuartel Borgoño de la CNI y de la División Antisubversiva y tuvo relación directa con Augusto Pinochet). Ambos se consideran “presos políticos”.

En septiembre de 2010, para el Bicentenario de la Independencia, los presos de Punta Peuco organizaron una huelga de hambre. Buscaban que el Presidente Sebastián Piñera los incluyera en la propuesta del “Indulto Bicentenario” presentado por la Iglesia Católica, luego de que en julio el Presidente dijera en una conferencia de prensa en La Moneda que quedarían excluidos de estos beneficios los condenados por delitos especialmente graves, “como lo son los delitos de lesa humanidad”.

Participaron Iturriaga, el coronel Juan Morales Salgado; los brigadieres Fernando Polanco, José Zara y Christoph Willike; el teniente coronel Emilio Neira, el mayor Carlos Herrera Jiménez y los tenientes Jorge Vargas Bories y Sergio Rivera (este último ex oficial de la Marina).

Se autodenominaron “Agrupación de Militares Presos” y enviaron un comunicado al diario La Nación explicando que con la huelga buscaban la libertad de todos los suboficiales y civiles presos (que fueron agentes en los grupos de inteligencia de la dictadura); y la pena única y máxima de 10 años para los casos donde la condena fuera igual o mayor a esa cantidad, incluido el presidio perpetuo. “Del mismo modo como se hizo en los gobiernos de los ex presidentes Aylwin y Lagos para liberar a 282 presos políticos por actividades subversivas” agrega el comunicado.

La huelga duró menos de una hora.

-Y ese día, este tonto del Basclay Zapata gritaba: ¡la huelga, la huelga! -recuerda José Florentino Fuentes Castro.

Al día siguiente, Jorge Balmaceda, el abogado de Raúl Iturriaga, informó al diario La Nación que los nueve militares habían declinado la huelga luego que el comandante de la Guarnición de Ejército de la Zona Metropolitana, general Marcos López, les pidiera “a los ex uniformados no empañar las actividades programadas por las Fuerzas Armadas para conmemorar el Bicentenario”.

Una versión muy distinta entrega José Fuentes Castro. El afirma que los militares sencillamente no se atrevieron a seguir adelante.

No es extraño que Fuentes sea acusado por sus compañeros de ser un interno “conflictivo”.

El 6 de diciembre de 2009 -según aparece en un documento de Gendarmería- José Fuentes fue castigado a cuatro días de internación en celda solitaria por amenazar a otro carabinero, el coronel (r) Iván Quiroz, ex alto mando de la CNI y brazo derecho de Álvaro Corbalán. Fuentes le dijo a Quiroz “que lo mataría por cuanto no tenía nada que perder señalando como motivación de su amenaza que la esposa de Quiroz Ruiz habría lanzado el auto particular de esta sobre su esposa”, se relata en el documento.

La disputa con Quiroz Ruiz fue temeraria. Este coronel de Carabineros tiene fama de duro, cruel y despiadado. Está preso por los 12 asesinatos de la Operación Albania y lo espera una nueva condena por el secuestro, tortura y muerte de los últimos cinco desaparecidos en Chile, en septiembre de 1987. Por eso mismo Quiroz se resistió hasta el final en llegar a Punta Peuco. En 2008 permaneció más de cuatro meses prófugo hasta que fue aprehendido en San Pedro de la Paz, cerca de Concepción. Allí se había atrincherado en un círculo de protección que hasta hoy le sigue siendo fiel.

Nada de aquello le importó a José Fuentes. Igual arremetió. Y lo mismo hizo el 12 de mayo de 2010, cuando lo volvieron a sancionar por haber escupido en la cena del carabinero Blas Barraza, condenado por el homicidio del sacerdote Gerardo Poblete (el 21 de octubre de 1973), “quien golpeó con el puño a Fuentes en la zona dorsal produciendo la reacción de Fuentes quien lo amenazó con un cuchillo”.

Fuentes dice que fue un plan urdido en su contra entre Gendarmería y otros internos para que terminara sus reclamos en contra del alcaide de entonces, Eduardo Muñoz, quien aparece en los documentos incautados a Álvaro Corbalán como uno de los gendarmes de plena confianza.

-Yo no tengo enemigos, pero no desconozco que algunos de ellos me tengan a mí como su enemigo. Algunos de ellos me prejuzgan, llegando incluso a hablar de mí sin haber intercambiado nunca palabra alguna conmigo. Muchas veces me sorprendo yo mismo de que se me trate como un individuo propenso a la violencia y no como un defensor de mis derechos frente a la opresión exagerada de ellos mismos –dijo José Fuentes a CIPER.

Este ex suboficial de Carabineros afirma que todos estos años de encierro le han permitido retomar con más fuerza los “ideales que tenía en mi juventud”. Ideales que según él, heredó de su padre, Florentino Fuentes, un comerciante de la localidad de El Sauce afín al Partido Comunista, quien ya había fallecido en los días de 1985 cuando Fuentes mató a Santiago Nattino.

LA EXPLICACION DEL JUEZ

“Hay más suboficiales que oficiales presos. Pareciera que nadie comandó el combate a la subversión que, por cierto, lo hubo en Chile”, dijo Herrera Jiménez a la revista Cambio 21.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard, quien investigó el asesinato del sacerdote salesiano Gerardo Poblete, entre otros muchos crímenes cometidos durante los 17 años de dictadura, tiene una explicación polémica sobre esas brutalidades y sobre el tipo de hombres que está encerrado en Punta Peuco:

-Después del Golpe de Estado, se dejó a la ciudadanía en manos de gente baja. Cuando llegaba a una casa una patrulla, no era una patrulla de generales: era de conscriptos. ¿Y qué es un conscripto? Un gallo de la población La Bandera al que le pasan un fusil y lo sueltan. ¿Es distinguido, es pariente del Duke de York? No. Es un roto de mierda. Se dejó a la ciudadanía en manos de esa gente. Y esta no es una conclusión que sacó sólo yo. La sacan todos los que han investigado estos casos. Le digo más, si volviera a haber un Golpe de Estado, ¿a quién cree que mandarían? A esos mismos. ¿Y qué harían? Lo mismo. Por eso, hay que cuidar la democracia –sostiene el juez Billard.

Lo que dice el juez es una de las interpretaciones más usadas para explicar la amplia gama de formas de matar y torturar a las que acudió la dictadura. En los círculos sociales altos chilenos, que admiraban a Pinochet por haber extirpado “el cáncer comunista”, se sigue nombrando a la violencia de esos años como “excesos” de unos pocos que desobedecían las órdenes del mando.

Esa discriminatoria explicación, distorsiona la realidad. Por una parte, presume el buen comportamiento de los oficiales (evidentemente no hay pruebas de que la violencia o las conductas sicopáticas estén asociadas a determinado nivel de ingreso o de formación). Pero además, al atribuir las brutalidades a los jóvenes pobres que hacían el servicio militar -que por entonces era obligatorio- o que se desempeñaban al igual que Fuentes Castro como suboficiales, se deja libre de toda responsabilidad a la estructura militar a la que estaban sometidos. Ignora las órdenes que emanaban de “generales” y del poder que tenían éstos de mandar a matar “al roto” desobediente si no se portaba como el “roto de mierda” que necesitaban para sus fines.

Un oficial de Ejército que llegó a ser uno de los más feroces agentes operativos de la CNI y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), pone las cosas en una perspectiva distinta. Se trata de Carlos Herrera Jiménez, autor del homicidio del sindicalista Tucapel Jiménez, entre otros delitos graves que lo tienen recluido en Punta Peuco, condenado a cadena perpetua. Herrera Jiménez es uno de los pocos oficiales que se ha arrepentido públicamente de sus delitos y ha desarrollado una reflexión al respecto en la que crítica justamente el hecho de que los oficiales no han asumido que detrás de cada uno de los horrores hubo una orden y un superior.

Las cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, lo avalan. A septiembre del 2011, había sólo 40 generales procesados o condenados de todas las ramas castrenses, versus 82 coroneles, 42 mayores y 338 suboficiales.

-Hay más suboficiales que oficiales presos. Pareciera que nadie comandó el combate a la subversión que, por cierto, lo hubo en Chile. La gran mayoría de los oficiales, al momento de deponer judicialmente, o eran analistas o se desempeñaron como funcionarios administrativos o bien repartían el rancho -dijo Herrera Jiménez a la revista Cambio 21.

El oficial DINE hizo esas declaraciones para criticar el homenaje que organizó el alcalde de Providencia Cristián Labbé al brigadier (r) Miguel Krassnoff, quien fue alto mando de la DINA y está condenado a más de 100 años de cárcel por crímenes que él jamás ha reconocido. En el homenaje organizado por Labbé en el Club Providencia -y que fue cuestionado por Contraloría-, se lanzó la cuarta edición del libro “Miguel Krassnoff: Prisionero por servir a Chile”, de Gisela Silva Encina.

-No resulta creíble que el Poder Judicial se haya equivocado en más de 20 oportunidades al dictar sentencia condenatoria en contra del brigadier -afirmó Herrera.

Y aunque criticó a Labbé por el homenaje, puntualizó¬: “Más equivocado ha estado Krassnoff al insistir majaderamente en su inocencia”.

Para Herrera Jiménez, junto con la deuda no asumida por la oficialidad chilena hay también otra responsabilidad ausente: “Ciertamente fuimos el brazo armado de la derecha económica. Qué duda cabe… Quizás por ello ahora nos desprecian. Atávicamente este sector político se ha servido de los militares. La historia es pródiga en señalar los hechos que así lo señalan”, dijo.

En una línea más íntima, Herrera ya había hablado de esa utilización en una entrevista concedida a Mónica González en 2001.

-¿Ha hablado de todo esto con su esposa? ¿Necesita su perdón?
No, lo hago porque así sé que todo aquello que viví es verdad. Si bien es cierto estuve en todas las cosas de las que hemos hablado, ¡también vivo con mi familia!, con hijos que son críticos. Mire… ¡no me es… fácil! Aún no he superado el hecho de que apenas llegué a Chile desde Argentina, me dieron esa terrible patente de asesino. Frente a mis hijos es una situación bastante difícil. Porque igual uno tiene que inculcarles a los hijos valores, la necesidad de cumplir con las normas mínimas de convivencia social…Y perfectamente podrían haberme dicho: “¡Y con qué moral me lo estás diciendo!”. Esa tranca a lo mejor la tengo todavía… Julia me reprocha muchas veces el que no sea todo lo severo que debiera con ellos. A lo mejor, yo mismo me retaco, porque pienso que mis hijos van a decir: “¡Con qué moral me habla este viejo!”. Sí…, es cierto, debo tener muchas trancas… Y cuando pienso que todo eso lo hice a la edad que tiene mi hijo mayor ahora… Lo miro, ¡y es un niño! Debo tener trancas, muchas trancas. Mire, no estoy legitimando lo que viví, tampoco lo que hice. Lo legitimé en esa época, pero nunca lo gocé. “¡SI, ME SIENTO USADO!”

En Punta Peuco, enemistado con los otros militares, Herrera Jiménez dedicó tiempo a hacer grabaciones de lecturas para un instituto de ciegos, como relató una nota en The Clinic. Entre los libros que grabó, está La Divina Comedia. Resulta impactante oírlo declamar los versos de Dante, en particular la inscripción que están en la puerta del Infierno y que recibe a las almas pecadoras:

“Vosotros que entráis aquí, abandonad toda esperanza”.

Para las familias de muchos de los hombres que hoy cumplen condena en Punta Peuco, no hay frase más exacta. (Continuará)

* Esta investigación fue financiada por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS – PERÚ).

Vea la primera parte de esta serie. Punta Peuco I: La fallida operación de inteligencia de Álvaro Corbalán.

Todo lo que queda del ex agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) Osvaldo Romo, está en una caja de cartón que lleva años arrumbada en la oficina del juez Alejandro Solís. Los actuarios la llaman “los cachureos del Guatón Romo”. Adentro hay cientos de hojas sueltas escritas a mano, plagadas de faltas de ortografía y una veintena de cuadernos de tapas de colores –cuadernos de niños– llenos con la misma letra abigarrada. Romo los escribió en los siete años que estuvo preso en Punta Peuco. Todos los escritos tratan de lo mismo: recuerdos dispersos sobre el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y sus militantes a los que persiguió y ayudó a masacrar. Reflexiones a veces delirantes y otras veces salvajes, mezcladas con ataques de culpa. Entre líneas se respira el pánico que tuvo a morir en la cárcel.

Sobre Agustín Reyes, militante del MIR de 23 años, detenido el 27 de mayo de 1974 y a quien Romo llevó al centro de tortura Londres 38, el ex agente escribió: “no puedo olvidarlo”. Dice que era un hombre con “garra como mirista”, que tenía “la postura de un buen soldado aguerrido y valiente”. A Ramón Martínez, miembro del Comité Central del MIR, y a quien Romo detuvo y trasladó herido de bala al centro de tortura Villa Grimaldi, le pide que le guarde “un puesto en tu ejército de la otra vida, tú designa cuál”.

Al morir en 2007, Romo cumplía condena por el secuestro calificado de siete miembros del MIR hoy desaparecidos (Jorge Espinosa, Ricardo Troncoso, Diana Arón, Manuel Cortes Joo, Hernán González, María Elena González y Elsa Leuthner). Según los datos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, desde 1992 –cuando Romo fue arrestado en Brasil y deportado a Chile- el ex agente arrastraba procesos como autor de 34 secuestros calificados, coautor de 22 secuestros calificados y autor de 14 casos de tortura.

Una insuficiencia cardíaca acabó con Romo. Su cuerpo ocupó el nicho 32 del Cementerio General y sus textos fueron a parar a la caja de los cachureos. Nadie fue a despedirlo al cementerio y la fotografía de su ataúd en un carro, arrastrado por un único enterrador, sin cortejo, sin familia ni camaradas, sin los homenajes de los que se sirvieron de su trabajo, es el retrato de la más completa soledad y de la forma cómoda en que una parte de la sociedad chilena espera que desaparezca esta pavorosa parte de nuestra historia.

La caja con los escritos de Romo la heredó Basclay Zapata, El Troglo, otro feroz agente de la DINA que cumplía condena en Punta Peuco y con quien el Guatón Romo trabajó en tres centros de tortura: Londres 38, Villa Grimaldi y José Domingo Cañas. Zapata tiene un prontuario tan vasto como el de Romo: tres condenas como cómplice de cuatro secuestros calificados, siete condenas como autor de 12 secuestros calificados y una condena como cómplice de un homicidio calificado. Entre sus procesos pendientes figura uno como coautor de 46 secuestros calificados y otros 12 casos de tortura en Villa Grimaldi.

El juez Alejandro Solís le incautó la caja a El Troglo mientras investigaba “Villa Grimaldi”, pensando que podía haber algo que lo ayudara a esclarecer las desapariciones ocurridas en aquél temido recinto. Pero no. Lo que quedó ahí era la conversación de Romo con sus fantasmas.

Dentro de esa caja hay una agenda del año 2003 que tiene en la portada la cara del ratón Mickey. Romo la usaba como diario de vida. Cada día copiaba el santoral y las temperaturas máximas y mínimas. Cuando le traían mantequilla y té no olvidaba anotar ese acontecimiento. También los días en que debía ir a declarar por alguno de sus crímenes. Y están sus notas de los fines de semana, en los que esperaba una visita y no llegaba nadie. El resto son páginas en blanco. Solo las temperaturas y los santos permiten notar que ha transcurrido un día. Las jornadas en blanco probablemente las pasaba escribiendo los cuadernos donde habla con sus fantasmas.

19 de enero: No vino nadie. La Sra. Paty me dijo que venía. No-no-no.

21 de marzo: comienzo del otoño. San Eugenia y Clementina.

2 de mayo: Fui al 8 juzgado. Careo con la Sra. Periodista del (MIR) Gladys Armijo (Gladis Díaz) que realizó acusaciones fuertes en contra de mí. San Atanasio.

29 de junio: no vino nadie. Colo-Colo 3 / U. de Concepción 2. River Plate Campeón de Argentina. 5°C – 18 °C. San Pedro- San Pablo.

16 de julio: hoy falleció Celia Cruz de Cuba a los 78 años. 3°C- 17°C. Nuestra Señora Del Carmen.

“Don Osvaldo se sentía traicionado por los militares. Decía que estaba preso por ellos, que él no debería estar preso. A uno que siempre le tuvo mucha rabia era al coronel Marcelo Moren Brito. Él sabía que no iba a durar mucho en Punta Peuco y no quería morir ahí”, dice Víctor Varas, un ex militar y enfermero de Gendarmería.

18 de septiembre: buena comida- almuerzo bueno. Carne y Ensalada. Tedeum- Nunca más, el Cardenal. Repitió las palabras de Cheyre. 9°C-17°C. Fiestas Patrias.

19 de septiembre: Día del Ejército. 8°C-19°C

30 de septiembre: Salí 9° juzgado Sra. Raquel Lermanda sobre dos miristas. Uno vivo me vino acusar de que yo lo torturé- el jefe gordo. Creo que fue el equipo de los gordos, no yo. 10°-24°c. San Gerónimo.

11 diciembre: desocupan tres piezas llega gente. Me comunicaron que esta concedido el permiso del teléfono de Brasil. 11°-29°C. San Dámaso.

13 de diciembre: fue detenido Sadam Hussein 12°C-29°C Sta. Lucia- Aurora.

24 de diciembre: 43 años casado. 12°C- 31°C. Sta. Adela.

Ese año, 2003, se cumplieron 30 años del Golpe de Estado, el momento en que Osvaldo Romo se comenzó a transformar en el feroz criminal que terminó siendo. En su agenda, el 11 de septiembre sólo anotó: “No salí. Doctor Cosme: peso 86,400. Glicemia 138. 4C 22C. Orlando – Rolando”. Al final agregó tres lugares de Santiago, que tal vez tengan algo que ver con lo que hizo ese día: “En Lo Hermida. La Pincoya. Estadio Víctor Jara”. Nada más.

Las palabras de la filósofa Hannah Arendt, escritas a propósito del criminal nazi Otto Adolf Eichmann, se respiran en cada línea de la cotidianeidad de Romo: “Lo más grave en el caso de Eichmann es que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y siguen siendo, terrible y terroríficamente normales”.

Aunque esperamos que en los criminales la maldad deje un rastro fácilmente reconocible, lo cierto es que la capacidad de hacer mucho daño a otros puede ser algo que personas comunes y corrientes hagan solo en sus ocho horas de trabajo y pensando en que sólo se trata de sus obligaciones laborales. El mal, sugiere Arendt, tienen una gran capacidad de encarnarse en las vidas banales.

“NO PUEDO OLVIDAR A ESTOS VALIENTES”

La mayoría de las páginas escritas por Romo en la cárcel hablan sobre el MIR, el movimiento fundado en 1965 y al cual Pinochet ordenó eliminar. Sus miembros -estudiantes y trabajadores de 20 a 30 años- comulgaban con el “derrocamiento del sistema capitalista” según reza la declaración de principios. Querían reemplazar el sistema por un gobierno de obreros y campesinos, cuya tarea fuera reconstruir el socialismo “y extinguir gradualmente el Estado hasta llegar a la sociedad sin clases”. Para lograrlo el MIR declara en sus principios que es necesario “un enfrentamiento revolucionario de las clases antagónicas”. De ahí que la DINA se preocupará durante los primeros años del golpe, de hacer desaparecer a sus miembros a los cuales Romo conocía bien.

Antes de ser agente de la DINA, Romo militó en la Unión Socialista Popular (USOPO), encabezada por Raúl Ampuero y se convirtió en dirigente revolucionario de la mítica Población Lo Hermida, donde llegó a emplazar al propio Salvador Allende. Desde allí estableció estrechos lazos de confianza con los dirigentes del MIR que hacían trabajo político en las poblaciones. Entonces nadie se habría imaginado que el “Comandante Raúl”, como le decían a Romo, sería capaz de saltar a los 36 años de un bando a otro después del Golpe y transformarse en el verdugo de sus amigos. Muchos de los jóvenes hoy desaparecidos fueron delatados, detenidos y torturados por él. La traición fue, sin duda, un capítulo de la dictadura que Romo escribió en primera persona. Todavía no queda claro por qué lo hizo.

En una declaración del 2001 que dio en tribunales a propósito de su rol en la desaparición de la periodista y militante del MIR, Diana Arón, Romo se refirió a ella como una mujer “encantadora” a quien había conocido en 1969 en “una toma de terrenos de La Bandera”. Años más tarde, a esta misma mujer que en ese momento estaba embarazada, Romo la detuvo para llevarla al centro de torturas Villa Grimaldi. Pero antes, según dicen los testigos en el proceso, le propinó unos disparos mientras ella escapaba de los agentes de la DINA; tal vez pensando en ese maldito día en que conoció en La Bandera al camarada que la hizo desaparecer.

La traición de Romo -si es que la traición puede entenderse- es una de las menos digeribles. Tiene un sabor distinto a la de Marcia Merino, ex militante del MIR, que luego de ser brutalmente torturada por la DINA terminó colaborando con ellos. Romo, en cambio, no fue forzado a entrar al infierno. Él vio la puerta abierta y quiso cruzarla. En el libro “Confesiones de un Torturador” de la periodista Nancy Guzmán, se relata que a días del Golpe, Romo fue detenido y llevado a la Escuela Militar donde iba a ser fusilado.

Julio Rada, un funcionario de investigaciones, lo reconoció pues lo había interrogado años antes por el robo de un auto. Rada se dio cuenta de que podía usarlo. Lo llevó a un cuartel de la policía. “Si quieres salvarte debes colaborar”, le dijo. Lo puso en una celda donde había detectives sospechosos de ser de izquierda y Romo delató a los policías.

Poco después, seguramente recomendado por Rada, el interventor militar de Madeco, Jaime Deichler, integrante de la red DINA en Buenos Aires, lo contrató para que hiciera lo mismo en esa empresa, la que financió parte de la planilla de colaboradores de la DINA. Su reguero de sangre se hizo conocido. Y en 1974, el oficial Miguel Krasnoff reclutó a Romo para que integrara la agrupación “Halcón I” de la DINA, cuyo objeto era aniquilar al MIR. Fue un año y medio sangriento; toda la carga criminal de la que se lo acusa la acumuló entre 1974 y 1975, año en que finalmente los servicios de seguridad del régimen militar decidieron enviarlo a Brasil con una beca de por vida.

“Una insuficiencia cardíaca acabó con Romo. Su cuerpo ocupó el nicho 32 del Cementerio General y sus textos fueron a parar a la caja de los cachureos. Nadie fue a despedirlo al cementerio y la fotografía de su ataúd en un carro, arrastrado por un único enterrador, sin cortejo, sin familia ni camaradas, sin los homenajes de los que se sirvieron de su trabajo, es el retrato de la más completa soledad”.

El detective Luís Henríquez, que lo capturó en Brasil en 1992, recuerda que la DINA se vio obligada a enviar al ex agente al extranjero. “Romo cometió errores y dejo varias huellas” explica. Luego de las detenciones, Romo volvió varias veces a las casas de los familiares de los militantes del MIR secuestrados a pedirles comida y dinero para los presos. En esas visitas, Romo obviaba un dato esencial: ya estaban desaparecidos.

-Romo era un delincuente -subraya Henríquez.

Como algunos familiares lo conocían de sus tiempos de militante de izquierda, escribieron su nombre cuando estamparon las denuncias por las desapariciones en tribunales. “Sólo un juez se atrevió en 1975 a dictar una orden de detención en contra de Osvaldo Romo, la que nunca se cumplió. Eso fue lo que alertó a la DINA y lo que finalmente motivó que lo enviaran a Brasil, uno de los países que en ese entonces pertenecía a la Triple A, la Liga Anticomunista”, dice Henríquez.

En un peritaje psiquiátrico de 2003, Romo habló sobre su misión en la DINA. La diligencia médica está anexada en el expediente por el homicidio de Lumi Videla, una importante dirigenta del MIR asesinada por la DINA en 1974, durante una sesión de tortura mientras estaba detenida en el Cuartel Ollagüe, cuyo cuerpo fue arrojado luego a la embajada de Italia. Romo le dijo al psiquiatra Roberto Araya, que aceptó colaborar con la dictadura con la condición de que “no cayeran inocentes” y de “minimizar las bajas”. Según transcribió el siquiatra, “su labor era confeccionar un ‘mapa’ y delatar a cada miembro del MIR y aclarar el organigrama de este grupo. Se excusa diciendo que él no mató a nadie y que el MIR había buscado ese destino previamente”.

La descripción de su ingreso a la DINA como una hazaña heroica, contrasta con el relato que hizo en 1995 frente a las cámaras de la cadena Univisión de la forma -con lujo de detalles- en que les aplicaba corriente a los detenidos para hacerlos hablar. En un país donde algunos no saben cómo llamar al periodo dónde Romo era uno de los miles de agentes operativos, sus frases pueden aclarar el punto: “Se les amarra y se les ponen perros metálicos en la vagina, en los pezones, en la boca y en los oídos, y se les da vuelta la máquina. Se les moja un poquito para que sea más fuerte el primer golpe y hablen rápido…”

El Romo de las declaraciones es descrito en la ficha médica como un obeso mórbido, enfermo de diabetes. Un hombre común de 64 años que “camina aparatosamente, arrastrando los pies”. El siquiatra no observa rasgos de demencia: “Habla de sí mismo con deleite, a sabiendas de haberse transformado en un personaje histórico (¿mitológico?). Su actitud también demuestra una convicción de privilegio ante la ley y una seguridad excesiva en su impunidad”.

En 1992, la jueza Dobra Lusic, que investigaba la desaparición del militante del MIR Alfonso Chanfreau Oyarce, detenido el 30 de julio de 1974, logró ubicar a Romo en Brasil y consiguió que fuera deportado. Era uno de los primeros procesos por violaciones a los derechos humanos que se investigaba en democracia. Y Romo uno de los primeros agentes en ser detenido. Su familia se quedó allá. Romo creía que en Chile tendría el apoyo del Ejército. Pero él no era militar. Y pronto entró a cumplir condena a la cárcel pública de Colina como un reo especial, pero reo al fin. Sólo su abogado Enrique Ibarra -coronel (r) del Ejército e integrante del equipo jurídico de esa institución- lo visitaba. Entonces fue cuando se hizo amigo de Víctor Varas, un ex militar y enfermero de Gendarmería.

Varas se refiere a Romo como “Don Osvaldo”.

-Don Osvaldo se sentía traicionado por los militares. Decía que estaba preso por ellos, que él no debería estar preso. A uno que siempre le tuvo mucha rabia era al coronel Marcelo Moren Brito, su jefe en la DINA. Él se portó muy mal con Don Osvaldo, nunca le tendió una mano. Y él me decía: “Ubique al coronel Moren Brito”. Lo llamé muchas veces por teléfono y al final, nunca hizo nada. Don Osvaldo quería que lo fuera a ver y que lo ayudara a salir de la cárcel a causa de su enfermedad, porque él sabía que no iba a durar mucho y él no quería morir ahí. Él quería irse con su familia a Brasil -contó Víctor Varas a CIPER

Hasta que llegó el minuto en que Romo decidió entregar en tribunales los nombres de los miembros de la DINA. Tal como lo hizo en los ’70, volvió a delatar. Los jueces y policías consultados por CIPER concuerdan que Osvaldo Romo se convirtió en una pieza clave para resolver muchos casos de desaparecidos y ejecutados. El 21 de enero de 1999 declaró en el proceso por la desaparición de Luis Dagoberto San Martin e identificó a Ciro Torré, un ex agente operativo de la DINA: “Estuvo en la Venda Sexy, era oficial y llevaba detenidos a Villa Grimaldi”.

También aportó a la investigación por la Operación Colombo, como se llamó a la detención, tortura y desaparición de 119 personas, mayoritariamente del MIR, que la DINA (usando medios de comunicación extranjeros) hizo parecer asesinados por sus propios camaradas. Romo declaró ante el juez Juan Guzmán que uno de los 119, Teobaldo Tello Garrido, fue detenido y muerto en Villa Grimaldi por Marcelo Moren, el jefe que lo olvidó. (Moren hoy está recluido en el Penal Cordillera cumpliendo 21 condenas por secuestros calificados y homicidios que suman 103 años de presidio).

Romo también acusó a Manuel Contreras, el jefe del aparato represivo que obedecía e informaba a Augusto Pinochet, de las desapariciones de: Luis Gajardo Zamorano, Sergio Tormen, Manuel Ramírez Rosales, Jorge Elías Andrónico Antequera, Jacqueline Binfa, Carlos Cubillos Gálvez y Luis Fernando Fuentes, entre otros.

“La mayoría de estas detenciones fueron programadas por un organismo que se denominó Dirección Nacional de Inteligencia con la sigla DINA, que estaba a cargo del entonces coronel Manuel Contreras Sepúlveda y como subjefe está Pedro Espinoza Bravo, quien fue reemplazado en octubre de 1975 por Raúl Iturriaga Neunmann. La DINA tenía centros de funcionamientos denominados José Domingo Cañas u Ollagüe a cargo de Marcelo Moren Brito y Maximiliano Ferrer Lima; Londres 38 o Yucatán a cargo de Eduardo Nekelmann y Gerardo Urich; y Villa Grimaldi o Terranova, a cargo de Cesar Manríquez Moyano, Benyerot y Patricia Almuna. La DINA operaba con dos grandes grupos, el grupo Caupolicán a cargo de Marcelo Moren Brito y el grupo Tucapel, de cuyo jefe no recuerdo el nombre”.

Así como antes había hecho un mapa del MIR, Romo entregó a la justicia un mapa de la DINA.

A partir de entonces algunos ex agentes se acercaron a Osvaldo Romo, quien había sido trasladado a Punta Peuco el 2000. En la caja de los cachureos hay una lista con las visitas que Romo recibió el 24 de febrero de 2007: Ricardo Lawrence Mires y Eduardo Neckelmann Schultz, ambos ex miembros de la DINA. Lawrence pertenecía la Brigada Lautaro y Neckelmann, según lo declarado por Romo, estuvo a cargo de Londres 38. A Lawrence de poco le valió esa reunión. En 2008 fue condenado como coautor del secuestro calificado de Ariel Santibáñez, militante del MIR. A la fecha está procesado como autor de dos homicidios calificados, coautor de 46 secuestros calificados correspondientes a la Operación Colombo, además del proceso donde el sobreviviente Félix Lebrecht lo sindica como autor de su detención ilegal.

Los últimos años de encierro, Romo estuvo casi todo el tiempo solo. A veces lo iban a ver una monja y también Patricia Obando, la esposa de Víctor Varas. Enemistado con los otros presos y transformado en el peor monstruo de la dictadura, el antiguo poblador de una precaria casita de Lo Hermida, describía aquellos militantes del MIR que masacró:

“Yo hoy quiero preguntar, el porqué Los Mataron. Estos jóvenes que eran profesionales, que eran Idealistas yo podría hasta decir que ellos podían ser fanáticos con los pobres del campo y de la ciudad, en todos los centros de trabajo del país. Ellos están todos hoy muertos, esto porque ellos tenían vínculos con personal uniformado de todo Chile, esto fue un trabajo sucio, de los elementos que pensaron con la cabeza torpe que solo tenía musculo, ellos no tenían Postura ni Conducta, ellos no saben que es el arte y que es la ciencia, y al final que ética profesional, yo no puedo olvidar a estos valientes, a ninguno de ellos que tenían gran talento y tenían virtud en la sangre” (Las mayúsculas corresponden al texto de Romo)

Son páginas delirantes, en las que parecen fundirse el miedo, la soledad, la culpa y los fantasmas.

* Esta investigación fue financiada por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS – PERÚ).

Vea las fichas de todo los condenados en Punta Peuco en la pestaña “Documentos asociados”.

En mayo del año pasado, personal de Gendarmería detectó una operación de inteligencia en la cárcel de Punta Peuco. Estaba diseñada por el oficial de Ejército Álvaro Corbalán Castilla, ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y ex integrante del Comando Conjunto, condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos en la dictadura de Augusto Pinochet.

El hecho fue relatado a CIPER por funcionarios de la institución que pidieron reserva de su identidad. La operación tenía como pieza central un documento que fue incautado en la celda de Corbalán, en el Módulo 1 del penal, y cuyo destinatario era el Presidente Sebastián Piñera.

En el memorando de 10 páginas, al que CIPER tuvo acceso, Corbalán le expresaba al Mandatario la intención de colaborar con su gobierno desde la cárcel para evitar que regresara nuevamente la Concertación al poder. “El voluntario apoyo que progresivamente se propone, será entregado a partir de esta fecha (mayo 2011) y tiene como único objetivo hacer llegar un aporte en beneficio que a este gobierno le vaya lo mejor posible y que no volvamos a caer en las manos de la Concertación”, escribió.

Corbalán sugirió en su escrito vías para neutralizar políticamente a Michelle Bachelet y esbozó estrategias para detener “la acción subversiva” en La Araucanía y de los grupos anárquicos. Aunque no explicitó esas vías en su escrito, no es un misterio cuál es su estilo en materia de inteligencia. Quedó estampado como una marca de fábrica en la Operación Albania (junio de 1987) donde 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron detenidos por la CNI en distintos lugares, luego fueron asesinados y trasladados a un sitio donde se hizo creer que habían muerto combatiendo contra los CNI.

Disfrazar como una batalla lo que fue una masacre: esa era su rúbrica.

Junto con el general (r) Manuel Contreras y otros miembros de la DINA, como los oficiales de Ejército, Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza, Corbalán es uno de los militares con más condenas por violaciones a los derechos humanos. Tiene cadena perpetua por el homicidio calificado del carpintero Juan Alegría Mundaca (asesinado el 11 de julio de 1983 y cuya muerte fue presentada como el suicidio del homicida del líder sindical Tucapel Jiménez), además de las condenas por el homicidio calificado de la joven militante del MIR Paulina Aguirre (asesinada el 29 de marzo de 1985, la misma noche en que mataron a los hermanos Vergara Toledo en Villa Francia); por la muerte del periodista y dirigente del MIR José Carrasco Tapia (asesinado el 8 de septiembre de 1986) y por los 12 homicidios de la Operación Albania.

Según la base de datos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, a la fecha Corbalán suma además una condena en primera instancia como autor de cuatro homicidios calificados, tres acusaciones por homicidios y secuestros calificados y cuatro procesamientos, entre ellos, uno por torturas en contra del diputado Sergio Aguiló (diciembre de 1981).

Un aspecto muy delicado del documento que le incautaron a Corbalán, son los detalles que el ex agente menciona sobre las vidas privadas y profesionales de los funcionarios de Gendarmería que lo custodian en Punta Peuco. Corbalán da pruebas de conocer la vida íntima de oficiales de alto rango en Gendarmería e incluso del director nacional, Luis Masferrer, datos que son presentados tal como se hacía en los dossier de quienes eran objeto de seguimiento por las brigadas de la CNI.

Corbalán se apoya en estos antecedentes para sugerir que se destine en puestos estratégicos a funcionarios de lealtad confirmada con el nuevo gobierno. Uno de ellos es Eduardo Muñoz Bravo, alcaide de Punta Peuco en 2009 y actual asesor del subdirector operativo de Gendarmería. Corbalán lo retrata como “el mejor elemento de la institución”, propone que sea reclutado por la Agencia Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior (ANI) y que además trabaje cerca del director nacional Masferrer, informándole de lo que pasa al interior del servicio.

Los funcionarios que denunciaron la existencia de esta operación de Corbalán a CIPER, sostienen que mientras Muñoz Bravo estuvo a cargo de Punta Peuco tuvo muy buenas relaciones con el ex agente de la CNI. Por eso, no les resultan extraños estos elogios y tampoco los que le prodiga a Emilio Alfaro -primo de Muñoz Bravo y actual asesor de Masferrer- a quien Corbalán califica como “alguien indispensable y de total confiabilidad”.

Dentro de los funcionarios mal catalogados por el prisionero de Punta Peuco, está el coronel Heriberto Muñoz Díaz, ex jefe del Departamento de Seguridad de Gendarmería. Según las fuentes consultadas por CIPER, mientras el coronel Muñoz estuvo en ese cargo, ordenó que los militares presos fueran esposados a sus controles médicos en el Hospital Militar, tal como lo fija el procedimiento de Gendarmería para el traslado de todos los presos comunes. La medida fue rechazada por los ex militares y en 2011, durante la visita que hicieron ministros de la Corte de Apelaciones a Punta Peuco, alegaron que se trataba de un trato “innecesario y humillante”.

Corbalán le escribió a Piñera que el coronel Heriberto Muñoz no reunía las condiciones necesarias para el puesto de jefe del Departamento de Seguridad. Meses después de la incautación del documento, el funcionario fue desvinculado de Gendarmería.

Los miembros de la institución que hablaron con CIPER creen que la sugerencia de Corbalán fue uno de los motivos de su salida. CIPER solicitó en reiteradas oportunidades una entrevista con Luis Masferrer, pero la Dirección de Comunicaciones de la institución indicó que el director no se referiría al tema.

VOCES DEL PASADO

No está claro qué efectos tuvo al interior de Gendarmería el documento de Álvaro Corbalán. Pero algo debió pasar. Sobretodo por la cantidad de información altamente privada sobre el propio director (Masferrer) y altos mandos de la institución. Pero también debieron haber leído la parte del documento en que Corbalán señala que un senador de la alianza oficialista debía servir de correo para comunicaciones futuras. Consultado por este medio, dicho parlamentario negó tener conocimiento del documento como asimismo cualquier interés del gobierno de recibir esta asesoría: “Decir que el Presidente Piñera esté interesado en algún informe de inteligencia del señor Corbalán, es falso”.

Lo que sí es un hecho es que éste no fue ni el primero ni el último intento de los presos de Punta Peuco por volcar a su favor las decisiones del gobierno de Piñera. Para ellos, es durante esta administración que se les presentan las mayores opciones de obtener beneficios, los que, según insisten, les fueron negados en los gobiernos de la Concertación.

A esta última estrategia de Corbalán hay que sumarle otras iniciativas fallidas, como fue el intento de obtener el indulto presidencial durante el Bicentenario, ofensiva en la que contaron con el respaldo de la Iglesia Católica y que incluyó un comunicado donde ex oficiales de Ejército anunciaron una huelga de hambre en Punta Peuco, la que finalmente nunca se concretó.

Tras ese fracaso, los presos y uniformados pinochetistas y nacionalistas, agrupados en la Corporación 11 de Septiembre – fundada por el propio Álvaro Corbalán en 1999- instauraron el “Día del Preso Político Militar”. La idea fue azuzada desde la cárcel por Corbalán, quien- según señalan funcionarios de Gendarmería y otras personas que visitan con cierta regularidad Punta Peuco- recibe constantemente la visita del presidente y vicepresidente de la Corporación 11 Septiembre: los oficiales en retiro Juan González Fernández (ex integrante de la Brigada de Inteligencia del Ejército, BIE) y Gastón Frez (ex ministro de ODEPLAN de Pinochet), respectivamente.

Las reuniones “estratégicas” Corbalán las realiza allí y en el Hospital Militar, establecimiento al que llega frecuentemente y que se ha convertido para el ex jefe operativo de la CNI en un espacio de cierta libertad que le ofrece las regalías que no tiene en la cárcel: recibe visitas todos los días y a cualquier hora (en Punta Peuco sólo miércoles y fines de semana) y tiene libre disposición del teléfono.

CIPER fue testigo de ello el pasado 14 de diciembre, cuando el ex agente de la CNI celebró su cumpleaños 61 en el pensionado del hospital. Lo visitaron algunos amigos y su esposa, una modelo argentina con la que se casó en Punta Peuco en 2009 y con quien tiene hijos. Corbalán se pasó el día riendo, festejando y tocando guitarra mientras dos gendarmes armados custodiaban desde el hall del pasillo.

Desde la cárcel y el hospital, Corbalán coordinó en 2011 el documental “Pinochet” que fue estrenado en Miami el 10 de marzo pasado en el Festival Internacional del Gran Cine Hispanoamericano (FIGCH), organizado por la Federación de Editores Hispanos integrada en su mayoría por cubanos anticastristas. La película, respaldada por la Corporación 11 de Septiembre y la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional (Unofar), ganó el premio “Hispania de Oro” al mejor documental 2012 y es una oda a una de las dictaduras más condenadas de Latinoamérica.

Esta mirada complaciente e interesada sobre el pasado no es una característica sólo de Punta Peuco y del mundo del pinochetismo. Basta recordar que a fines del año pasado, el Ministerio de Educación se involucró en una polémica que parecía extemporánea: se decidió oficialmente usar en los textos escolares la expresión “gobierno militar” en vez de la palabra “dictadura”, para referirse al periodo de Pinochet. La decisión, que terminó siendo reconsiderada, da cuenta de una de las almas de la coalición que gobierna y que tiene en el alcalde de Providencia Cristián Labbé, a su más desembozado defensor. Poco antes de ese episodio, Labbé organizó en su comuna un homenaje a Miguel Krassnoff, otro ex agente de la DINA, recluido en el Penal Cordillera, y que debe cumplir más de 100 años de encierro por delitos de lesa humanidad.

A esa alma lo que dice Álvaro Corbalán le produce nostalgia.

CÁRCEL PARA UNOS POCOS

Según la última actualización de la Base de Datos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en septiembre de 2011 había 249 agentes de la dictadura condenados en última instancia por violaciones a los Derechos Humanos. De ellos, 177 gozan de libertad vigilada o remisión condicional de la pena, tres de libertad condicional y sólo 64 cumplen presidio efectivo. De los 64 uniformados condenados, 49 están en el penal especial de Punta Peuco, nueve en el Penal Cordillera y los seis restantes cumplen condena en cárceles comunes fuera de Santiago (donde han sido trasladados a petición de ellos para estar cerca de sus familias).

De los 49 represores que actualmente cumplen condena en Punta Peuco, 25 son miembros del Ejército, 20 pertenecen a Carabineros, uno a la Marina y tres forman en las filas de los agentes civiles de los organismos de seguridad (Vea las fichas de todo los condenados en Punta Peuco en la pestaña “Documentos asociados”). Si bien durante el actual gobierno ninguno de ellos ha conseguido el indulto ni tampoco la amnistía, sí lograron mejorar su situación obteniendo beneficios intrapenitenciarios en los últimos dos años.

CIPER accedió a través de la Ley de Transparencia a las solicitudes de salida dominical realizada por los internos de Punta Peuco durante 2010 y 2011. En 2010 los ex militares solicitaron en 36 oportunidades la salida dominical y dos veces la salida de fin de semana, mientras que el 2011 las solicitudes dominicales se elevaron a 100, las de fin de semana a cinco y se agregaron dos peticiones de salidas controladas al medio libre.

Los informes del Consejo Técnico entregados por Gendarmería a CIPER (ver Consejo Técnico 2010 y 2011) dan cuenta que entre febrero y diciembre de 2010 se otorgó la salida dominical a cuatro internos mientras que de enero a octubre de 2011, nueve uniformados condenados fueron beneficiados con la salida dominical y tres con la de fin de semana.

En la mayoría de las peticiones los presos esgrimen solo argumentos legales, pero hay algunos que reflexionan sobre el pasado y en un tono que está lejos de los homenajes del alcalde Labbé. Así se lee, por ejemplo, en la solicitud hecha el 1 de marzo del 2011 por Alejandro Sáez Mardones, uno de los carabineros presos por el Caso Degollados.

“Cuando en el año `85 ocurrieron los hechos que he lamentado desde el momento mismo de su ocurrencia, el país vivía una etapa de conflictos políticos y sociales que no me permitió visualizar la diferencia entre opositores políticos y enemigos del régimen militar del cual yo serví como miembro de Carabineros de Chile. A su vez, el grado de cabo que tenía en la institución no me permitía desmarcarme de las órdenes que se me daban. Evidentemente es cierto que un cabo de Carabineros no tenía ninguna posibilidad de representar una orden a un superior jerárquico, y lo más posible es que si así lo hubiese hecho, me habría costado la vida. No obstante, señor Alcaide, no hay que olvidar que también el paso del tiempo ha permitido que pague mi condena en su totalidad. No he visto crecer a mis hijos, ni hoy a mis nietos”.

Pese a la influencia que aún poseen algunos de estos presos, es indudable que el encierro ha mellado el ánimo de los hombres que creyeron que serían recordados como héroes. Los que más se resisten a aceptar su situación son los que se vanaglorian de haber sido leales a Pinochet pese a que éste jamás reconoció las órdenes que le dio a los aparatos represivos que él controlaba.

Álvaro Corbalán es uno de ellos. Lloró la muerte del general en Punta Peuco en diciembre de 2006 y escribió un libro sobre las anécdotas que vivió con él. Pese a su prontuario, Corbalán sigue pensando que fue un gran soldado. Tal vez incluso un héroe. En el libro que escribió sobre sus encuentros con Pinochet, el ex jefe operativo de la CNI habla de sí mismo en estos términos:

“Corbalán fue el Agente Secreto con mayor cantidad de cursos y especializaciones, hizo toda su carrera militar en el área de inteligencia, cumplió delicadas misiones de Seguridad Nacional en el extranjero y el día que se conozcan los detalles de ella, será admirado y respetado por todos los chilenos, sin distinciones políticas”.

El ex subdirector de la PDI, Luis Henríquez -que en los inicios de los ’90 investigaba las primeras causas de derechos humanos- recuerda que durante los interrogatorios, Corbalán en vez de dar su nombre entregaba su número de matrícula militar: “Así trataba de decirnos que él era un prisionero de guerra”. Ahora, cuando los jueces van a la cárcel a interrogarlo, da su nombre y les lanza una que otra frase altanera mientras los recibe vestido de impecable terno, colleras y una piocha del Ejército en la solapa de su chaqueta.

Al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza le ha dicho que a él le debe sus ascensos en el Poder Judicial. Y a otro de los integrantes de esa misma corte, el ministro Joaquín Billard, le dijo en Punta Peuco que la próxima vez que viniera a tomarle declaración iba a haber una alfombra roja en la entrada “pero no para recibirlo a usted, sino porque yo me voy a retirar”.

Desde que está preso, Corbalán adquirió la costumbre de enviar costosas tarjetas navideñas al exterior, las que manda a confeccionar especialmente y en las que vierte algunas de sus frases para la historia. Destinatario principal de éstas fue el propio Pinochet, además de militares y amigos del espectáculo, del Poder Judicial, políticos y sacerdotes. En la que envió en diciembre del 2011, el ex agente de 61 años se muestra debilitado:

“No he podido estar peor, pero es el único tiempo con que cuento y sabiendo sufrir, se sufre menos. Me han lastimado, pero nunca pudieron usarme para herir a mis subalternos y con decepción, he comprobado en los hechos, que una gran mayoría de mis superiores decidieron no optar por la valentía. Nos ordenaron combatir a gente que no conocíamos, y nos adjudicaron responsabilidades individuales que no se asumieron por las cúpulas que dieron la orden. Con ningún otro ser humano he tenido más problemas que conmigo mismo. Vivo en la insurrección permanente de mis cinco sentidos y soy dueño de tan poco… cada día menos. Cuesta conocer la palabra tragedia, pero Punta Peuco facilita las cosas, este Punta Peuco que uno no sabe si es origen o fin”.

Tras el fracaso de su intento de conseguir el indulto Bicentenario, Corbalán debió tener claro que Punta Peuco es el fin. Al menos el suyo. Es probable, entonces, que su operación de 2011 solo pretendiera garantizar una custodia de Gendarmería de confianza que le permitiera alivianar sus días. Aunque también pudo querer dejar sobre la mesa presidencial la oferta de una “experticia” que no pasa de moda; entreabrir la puerta de ese sótano que es Punta Peuco y mostrar los métodos y las convicciones que están encerrados ahí, por si la historia los convoca de nuevo. Una rendija que se abre cuando la Alianza gobernante no está del todo convencida sobre cómo llamar a la dictadura ni cuestiona decididamente el homenaje que hizo el alcalde Labbé a Krassnoff.

Pero el sótano de Punta Peuco no se puede entreabrir sin que de inmediato se asomen los habitantes de esa cárcel. En sus rostros envejecidos se ocultan las atrocidades que cometieron. CIPER investigó durante varios meses la vida de los hombres encerrados en Punta Peuco y de sus familias. Ellos no son los que se beneficiaron con la violencia de esos años, sino los pocos que pagaron: los más brutos y violentos. Los que actuaron por miedo, por obediencia o por sus sicopatías, pero sin saber el plan global donde las atrocidades que cometían eran sólo un engranaje más. Tal vez el mejor ejemplo de eso es Osvaldo Guatón Romo.

Próximo reportaje: Los diarios del Guatón Romo

* Esta investigación fue financiada por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS – PERÚ).

Raúl López Fuentes fue el primero en relatar a la policía paso a paso lo que Daniel Zamudio no pudo contar, porque después de esa noche, la madrugada del 3 de marzo, ya nunca más pudo emitir sonido. Durante tres horas, López y tres de sus amigos lo masacraron sin piedad en el Parque San Borja. 25 días después, Daniel murió. Tenía 24 años. Junto a López estaban Alejandro Angulo Tapia, que hace unos meses se presentó en un programa de televisión como imitador de Michael Jackson; Fabián Mora Mora, el más joven, un estudiante de psicopedagogía que interrumpió sus estudios cuando el año pasado falleció la tía con la que vivía; y Patricio Ahumada Garay, el “Pato Core”, el más violento y el único que no debería haber estado allí.

De los cuatro agresores, sólo Mora no registraba antecedentes. Angulo tenía dos detenciones, una en 2008 por hurto y otra en febrero de 2011 por robar y lesionar a dos ciudadanos peruanos. López había sido detenido cuatro veces en los últimos cuatro años, tres de ellas por hechos violentos. Pero lo del Pato Core, de 25 años, es otra cosa. Lo de él es un prontuario.

Antes de cumplir la mayoría de edad, Patricio Ahumada ya tenía en su cuenta nueve detenciones en el Servicio Nacional de Menores (SENAME), una de ellas a los 16 años, cuando lo encontraron en Quilicura portando un bate de béisbol modificado con clavos en su punta. Después de cumplir 18, su historial delictivo incluye otras 14 detenciones y cuatro juicios por hurtos, amenazas con arma blanca, robos con intimidación y con violencia. La última vez que cayó en manos de la policía, el 29 de marzo de 2007, Ahumada había amenazado a un hombre en Providencia para que le entregara su billetera, su mochila y su reloj. Se los quitó. Después le pegó y lo botó. En el suelo, le dio patadas y golpes de puño antes de irse. Ese mismo día Carabineros lo detuvo. Eso le significó una condena por cinco años y un día en la cárcel de San Miguel y la mala suerte de vivir la peor tragedia ocurrida en un centro penitenciario en el país.

El 8 de diciembre de 2010, la cárcel donde estaba recluido Ahumada ardió en llamas. Esa madrugada, 81 presos murieron calcinados. Pero el Pato Core se salvó. Como después del incendio se hicieron cambios a la infraestructura del penal, Ahumada fue trasladado junto a gran parte sus compañeros de prisión a Colina I, donde terminaría de cumplir su pena en noviembre de 2012. Pero eso no ocurrió. A fines de septiembre del año pasado, el Consejo Técnico le otorgó libertad dominical. Uno de los beneficios que contempla Gendarmería para reos de buena conducta y que demuestran un cambio que permite su reinserción en la sociedad. Un sistema positivo para la reintegración de personas que han delinquido, pero con fallas en su aplicación que han permitido que desde enero de este año, tres personas hayan sido liberadas para luego cometer delitos de extrema violencia. El caso del Pato Core es uno de ellos.

EL NEONAZI, EL FEMICIDA Y EL VIOLADOR

Como Patricio Ahumada no había terminado la enseñanza media, estando recluido postuló a un instituto donde podría nivelar sus estudios. Un punto macizo que se agregó a la buena conducta que exhibió durante los cuatro años que llevaba preso para que el Consejo Técnico del penal le concediera el permiso para salir todos los domingos. Eso fue el 29 de septiembre de 2011. Por un mes, Ahumada cumplió sin problemas el beneficio: después de salir por las mañanas, cada domingo por la noche volvió a Colina I para cumplir su condena. Por eso, el 28 de octubre lo autorizaron para salir sólo con fines educativos. Desde entonces, los días sábado podía salir para estudiar entre las 9:00 y las 18:00 horas en la escuela para adultos. Luego volvía a la cárcel y el domingo salía nuevamente. Uno de esos días, el sábado 7 de enero, escribió en su muro de Facebook: “Que se mueran todos”.

El Pato Core de nuevo cumplió. Entonces, por unanimidad del Consejo Técnico, de nuevo le otorgó un beneficio. Esta vez fue la libertad por todo el fin de semana. Eso partió el 25 de enero de este año y en eso estaba cuando la madrugada del 3 de marzo se encontró en el Parque San Borja con Daniel Zamudio y lo torturó hasta dejarlo a medio morir. Por supuesto, no volvió al penal.

Los beneficios de libertad a Patricio Ahumada, el simpatizante del movimiento neonazi que quebró una botella en la cabeza de Daniel Zamudio para luego marcarle con el vidrio roto tres svásticas en el cuerpo y quebrarle las piernas, fue sólo uno de los más de 7.000 beneficios que Gendarmería otorgó en 2011. Se los dieron a pesar de que dos informes psicológicos que se le habían practicado en la prisión eran negativos. Según esos reportes, el Pato Core no debía salir en libertad. Así fue que se transformó en uno de los tres errores en los últimos meses del sistema que entrega beneficios a reos de buena conducta.

El primero de esos errores fue el 11 de diciembre de 2011, cuando Carlos Deformes Lerdo, de 41 años, salió de la cárcel de Colina II con libertad dominical. Gendarmería le dio el beneficio “toda vez que ha realizado un buen aprovechamiento de su tiempo en reclusión y una salida al medio libre lo ayudará a consolidar los logros ya alcanzados”. Según publicó La Tercera, los diez integrantes del Consejo Técnico analizaron su caso con tres informes: uno psicológico, uno social y otro ocupacional. Todos indicaron que Deformes estaba apto para reintegrarse a la sociedad. Pero el mismo día que salió, ingresó a la fuerza a un departamento de una pareja en Ñuñoa, amarró al hombre y violó a la mujer. No volvió a la prisión. En los días siguientes, con otros dos asaltos con intimidación, se convirtió en el delincuente más buscado del país, hasta que el 24 de ese mismo mes Carabineros lo atrapó. Poco menos de 30 días después, Carlos Deformes se suicidó en prisión.

Después vino el caso de Carlos Almendras Almendras. Él cumplía desde 2004 una condena de 15 años en Colina II por dos robos con intimidación. Así fue hasta el 12 de febrero de este año, cuando Gendarmería decidió concederle la libertad dominical. Ese día salió libre, pero no volvió. Tres días después, apuñaló 15 veces a su mujer e hirió a su hija en Lo Barnechea.

¿Qué está fallando en el sistema de beneficios carcelarios? En la siguiente entrevista que CIPER realizó al subdirector técnico de Gendarmería, Miguel Ángel Jiménez Segura, se explica cómo funcionan los Consejos Técnicos que la institución tiene en cada penal del país y cómo se decide quién está apto para reinsertarse en la sociedad, pasando por alto informes que recomiendan lo contrario. También cómo los beneficiarios quedan en libertad de acción, sin ningún tipo de control, mientras están en la calle.

-Estamos trabajando en mejorar la política de otorgamiento de beneficios, no para disminuirlos, sino para disminuir el riesgo. Pero ese riesgo siempre va a existir –dice Jiménez.

En esa época, el de Baeza era un nombre desconocido. Pero cinco años después figuraría en todos los medios de circulación nacional como el hombre clave en el cuestionado monto de $17 mil millones que fijó el Serviu por los trabajos de la constructora Kodama y cuyo pago fue congelado. Su rol en esa negociación como asesor personal, abogado y amigo de la entonces ministra de Vivienda, Magdalena Matte, fue determinante para que se hiciera público lo que pasó con los canteros de Colina.

La primera batalla legal de los trabajadores del basalto fue contra la sucesión de Fidel Aguilera, a quien en 1978 le fueron traspasadas las pertenencias mineras denominadas Canteras 1 a 6 luego de que la Junta Militar disolviera el Sindicato de Canteros de Colina. Para 2005, en ese flanco los canteros ya habían salido victoriosos en dos sentencias de primera y segunda instancia que reivindicaban el dominio de esos terrenos a su favor. Y un año después, en agosto de 2006, la Corte Suprema emitió una sentencia definitiva que consolidó la titularidad de la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina sobre las pertenencias mineras en disputa. La pelea por la posesión bajo tierra había acabado, pero en la superficie la historia era otra.

Los canteros no eran dueños de los terrenos superficiales. En 1986, la Sociedad Teo Harseim S.A.C.I. adquirió unas 815,9 hectáreas del Fundo Las Canteras, que en gran parte está sobre las pertenencias mineras de la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina. A través de su filial Inmobiliaria La Reserva S.A., pretendía construir condominios y casas en un terreno considerado como uno de los más importantes trofeos en disputa por las más poderosas empresas inmobiliarias.

Como eran cerca de 260 hectáreas en que ambos detentaban derechos de propiedad y de concesión minera, los planes de La Reserva S.A. derivaron en disputas legales que obligaron a los canteros a requerir asistencia legal de forma urgente. Esa ayuda llegaría de la mano de Baeza. Aceptarla fue la peor de las decisiones de los canteros.

LA APARICIÓN DEL ASESOR

Ante la ofensiva de Inmobiliaria La Reserva S.A. por hacerse del control de los terrenos de Chicureo, el 8 de junio de 2005 los canteros firmaron un Convenio de Explotación de Pertenencias Mineras con la sociedad Inmobiliaria Santa Isidora S.A., representada por Sebastián Fernández Riesco. Por medio de ese documento, los canteros se comprometían a venderle a la inmobiliaria el material de desmonte a $100 por metro cúbico. Por su parte, Santa Isidora S.A. se comprometía a “brindar a Los Canteros todo el apoyo legal necesario obligándose a invertir una suma no inferior a 15.000 UF para el estudio de antecedentes técnicos y legales como asimismo la contratación de los abogados necesarios para asegurar el éxito en el o los juicios de recuperación de las pertenencias mineras ‘La Cantera Uno a Seis’”. La empresa de Fernández Riesco ya había decidido que la oficina que se encargaría de eso sería Baeza, Larraín y Rozas Ltda. Fue entonces cuando apareció el abogado Álvaro Baeza en medio de un negocio que, para él, terminó siendo redondo.

Para mayo de 2007, en los terrenos superficiales que pertenecen al Grupo Harseim –ex dueños del Hotel Ritz Carlton– había tres sectores ya urbanizados: Alto La Reserva, San Ignacio y La Pedregosa. El día 15 de ese mes, asesorados por Baeza, los canteros firmaron un Acuerdo Marco con Inmobiliaria La Reserva S.A. que prometía dejar sin efecto los procesos judiciales previos, lograr el desarrollo sustentable de las actividades tanto de los mineros como de la inmobiliaria y dar por terminadas las controversias judiciales anteriores. Pero el resultado fue distinto y terminó despojando a los artesanos de las piedras de cerca de 210 hectáreas, equivalente al 70% del espacio destinado a la explotación minera, a cambio de prácticamente nada.

En abril del año pasado, poco después de que Baeza se hiciera conocido por su rol como asesor clave en la fijación del monto irregular de $17.000 millones por parte del Serviu a la constructora Kodama por el atraso en la construcción del corredor del Transantiago en Pedro Aguirre Cerda, CIPER publicó una investigación sobre el polémico acuerdo. Es el mismo documento que a principios de este año fue considerado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como un “ardid engañoso” y que, junto a otros 11 contratos anexos firmados el mismo día, le significó a Baeza una formalización el lunes 26 de marzo por abusar maliciosamente de su oficio de abogado, perjudicar a su cliente (los canteros) y privilegiar los intereses de otros partícipes en la negociación, donde él, como socio de una de las empresas, tenía intereses personales.

LOS FUNDAMENTOS DE LA FISCALÍA

Poco después de firmado el contrato, los canteros de Colina denunciaron ante el Ministerio Público al hombre que los “asesoró” por estafa, apropiación indebida y prevaricación.

El Acuerdo Marco que negoció Baeza, además de sellar la cesión de gran parte de los terrenos de la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina al Grupo Harseim, acordó el usufructo minero y la servidumbre negativa a favor de La Reserva S.A. Por cada uno de los contratos se estableció como precio un peso. Además, “como contraprestación económica por cualquier causa pasada, presente o futura con relación a este acuerdo, a la actividad canterera y a las causas señaladas (…) y, en particular, por el costo que ha significado a Los Canteros los distintos juicios”, se estableció que la inmobiliaria pagaría un total de 40.000 UF (poco más de $738 millones) a la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina. Pero los trabajadores no vieron ni un solo peso: todo fue para Baeza.

Esa fue una de las bases del argumento de la fiscal jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos, Ximena Chong, para acusarlo formalmente por prevaricación ante el Tribunal de Garantía de Colina. Según Chong, el monto de los honorarios que negoció Baeza directamente con su contraparte (Inmobiliaria La Reserva S.A.), además de configurar un conflicto de intereses, representa aproximadamente un 1.000% de las contraprestaciones recibidas por sus representados y alrededor del 20% del valor de los predios superficiales que posee el Grupo Harseim. La fiscal también cuestionó la entrega de dos servidumbres a los canteros avaluadas en 4.000 UF, gravámenes que según ella, los predios superficiales deben soportar por ley. En otras palabras, a los canteros les correspondían legalmente esas servidumbres sin la necesidad de que La Reserva se las otorgara.

A lo anterior, Chong sumó la serie de contratos anexos que se firmaron el mismo día y que complementan el Acuerdo Marco. El primero de ellos fue firmado sólo por Baeza y el presidente de los canteros, Elías Aravena Villarroel, quien según el periodista Nicolás Candel en una columna publicada en CIPER, después de firmado el acuerdo, “se fugó” a Casablanca donde construyó una casa y un nuevo taller de piedra. A través de ese documento, cinco de las seis canteras fueron divididas para dar origen a 54 nuevas pertenencias mineras, 25 de las cuales luego fueron vendidas a la inmobiliaria filial del Grupo Harseim, que fue en definitiva lo que selló la cesión de las 210 hectáreas.

En esa compraventa, también se incluyó la Cantera 3 (la única que no fue dividida), la que de acuerdo a un peritaje geológico tiene un contenido de basalto de 40 millones de toneladas de piedra, estimadas en un valor de $35.000 por tonelada, equivalentes a unas 63,6 millones de UF. El precio de esa transacción se fijó en sólo 5.000 UF que la inmobiliaria pagó mediante el otorgamiento de las servidumbres de ocupación y tránsito -una por 12 años y la otra por 20-, las mismas que el CDE dice que debió haber cedido gratuitamente.

LOS INTERESES PERSONALES DE BAEZA

De las pertenencias mineras restantes, nueve fueron arrendadas a Canteras Quintay S.A., una sociedad de Sebastián Fernández Riesco. Ese contrato, a juicio de la fiscal, resultó particularmente perjudicial para los canteros por varios motivos. Uno de ellos es que se trata de una empresa que también fue representada por Baeza, por lo que en el documento figura como representante de ambas partes, pero velando sólo por los intereses de una. Otro es porque el precio fijado del arriendo, $100 por metro cúbico de piedra de desmonte (reajustable según el IPC anual), es indirecto y fijado de forma unilateral por la empresa y porque el arriendo es por 50 años con una cláusula muy particular: a contar del año 12, el contrato es transferible. Otro documento señala que a partir de entonces, Canteras Quintay S.A. lo cederá a Inmobiliaria La Reserva S.A. a cambio de 5.000 UF que ya se pagaron y que no fueron a parar ni a las arcas de los canteros ni a la cuenta de la sociedad de Fernández Riesco, sino que a la billetera del abogado Baeza.

Lo anterior, según la fiscal Chong, agudiza el carácter perjudicial del contrato para la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina y la preferencia de los intereses de La Reserva S.A., del mismo Baeza y de Canteras Quintay S.A. Pero la fiscal no agregó otro dato que podría resultar agravante: a la fecha en que se firmaron estos contratos –mayo de 2007- y hasta septiembre de 2009, Baeza participó en la propiedad de Canteras Quintay S.A. a través de su sociedad Inmobiliaria, Asesoría e Inversiones Los Pellines Ltda.

A eso se suma el contrato donde Baeza representa a otra sociedad, Inmobiliaria Santa Teresita de Chicureo Ltda., y a través del cual la empresa recupera unos terrenos que en una transacción previa había cedido a los canteros para luego venderlos a La Reserva S.A. en cerca de 27.000 UF.

Al final de todos los movimientos ocurridos a mediados de 2007, los canteros de Colina perdieron 210 hectáreas y cinco lotes a cambio de dos servidumbres avaluadas en 4.000 UF a las que podrían haber accedido por la vía jurisdiccional sin que les puedan ser negadas. Baeza, en cambio, recibió unas 45.000 UF (aproximadamente $800 millones).

El 19 de noviembre de 2009, dos años después de firmados los contratos que despojaron a los canteros, según consta en una escritura pública, Baeza le prestó 58 millones de pesos a Matte para que comprara ese mismo día 11 lotes en Santo Domingo (donde el abogado posee dos propiedades), cuatro de ellos a Inmobiliaria Madreselva S.A., representada por el presidente de Unión Española, Jorge Segovia, y otros siete predios al ciudadano español Ramiro Núñez Navarro. Cuatro meses después, Matte asumió como ministra de Vivienda y le pidió a Baeza que fuera su asesor. Después vino el escándalo por el monto irregular que se le pretendió pagar por sus trabajos a Kodama. El cuestionamiento y las acusaciones al rol jugado por Álvaro Baeza en la determinaciòn de la cantidad y la oportunidad en que se le pretendía pagar a Kodama, sellaron la salida de Matte del ministerio. La ex ministra declaró ante la justicia que no tuvo ninguna relaciòn directa en la fijación de los montos que involucró esa transacción. La investigación del Ministerio Público por lo que se denominó el “caso Kodama” sigue abierta y pronto podría llevar a Baeza nuevamente al banquillo de los acusados junto a otros funcionarios del Serviu y el Ministerio de Vivienda, esta vez por fraude al fisco.

Revise el fallo de la Corte Suprema

Estaba por terminar 2011 cuando el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina emitió el fallo que dos familias esperaban hacía ya dos años. Ese que determinaría si Richard Joey Aguinaldo, el sacerdote filipino acusado de abusar de dos niños en el exclusivo colegio en Chicureo, el Liceo Alemán del Verbo Divino, era o no culpable. Para las familias había sido un proceso largo y, sobretodo, duro. Una semana antes de la audiencia, los menores tuvieron que enfrentarse a Aguinaldo en un careo que revivió cada uno de los detalles de lo ocurrido en 2009, cuando tenían sólo cuatro años. Las tocaciones, las amenazas; todo lo que llevó a uno de ellos a separar su fotografía del set que en una oportunidad le mostró la Policía de Investigaciones y decir: “Éste es el hombre malo”.

A principios de 2010, CIPER publicó una investigación sobre la denuncia contra Aguinaldo. Después de acreditar el abuso, uno de los padres se reunió con el sacerdote Herbert Becker, entonces rector del colegio en Chicureo y hoy director nacional de pastoral en la Universidad San Sebastián. Allí le informó lo que estaba pasando con su hijo. De la agresividad que manifestaba en el último tiempo y de las conductas erotizadas. De la probabilidad de que el abuso detectado haya ocurrido al interior del colegio. El hombre recuerda muy bien el diálogo con el rector ese 21 de septiembre de 2009:

-“¿Y usted qué quiere que haga?”, me preguntó. “Que se investigue internamente”, le contesté. Lo vi tan pasivo que le dije que si no tomaba medidas, lo iba a dar a conocer a la comunidad. “Si usted decide hacer eso”, me respondió, “es mejor que se retiren con su familia del colegio”.

Días después, Becker habló frente a la comunidad del colegio y dijo frente a todos que se investigaría, que el culpable tendría que pagar y que las familias recibirían todo el apoyo del Liceo Alemán. Lo que vino fue algo completamente distinto. Los abogados del colegio que supuestamente ayudarían a las familias, se dedicaron a defender a Aguinaldo, el sacerdote acusado. En el colegio comenzó a circular información desmintiendo a los denunciantes y defendiendo la integridad del sacerdote filipino. Y después de que la Fiscalía de Colina ordenara su detención, la Congregación del Verbo Divino lo ocultó en una casa cerca de Los Ángeles, en la VIII Región. En la investigación judicial quedó acreditado que, cuando la Policía de Investigaciones llegó a buscarlo, los sacerdotes dijeron que no estaba.

Poco después, el papá de uno de los menores se juntó con el cardenal y ex arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz. Luego de contarle cómo el colegio le había dado la espalda, Errázuriz le dio un pan de pascua y le prometió ayuda. Pero como Aguinaldo es miembro de una congregación, el arzobispado no tiene jurisdicción y ese tipo de denuncias las ve directamente el Vaticano. La ayuda prometida por el cardenal Errázuriz se quedó sólo en el pan de pascua.

Por eso, que a fines del año pasado la justicia ratificara la culpabilidad del cura filipino, para las dos familias que siguieron con el proceso hasta el final –aseguran que habría más casos de abusos, pero que no quisieron ir a la justicia–, el resultado fue una victoria. El 8 de enero se leyó la sentencia por dos cargos de abuso sexual impropio (uno en grado de autor y otro en tentativa) contra Aguinaldo. Se le condenó a cuatro años de presidio menor en su grado máximo y a 200 días de presidio menor en su grado mínimo, aunque, por su buena conducta previa, podrá pasar los próximos cinco años bajo libertad vigilada.

EL FALLO DE LA SUPREMA

Parecía que el calvario de las familias terminaba, pero no. El mismo día que se emitió la sentencia, la Congregación del Verbo Divino publicó un comunicado donde decía que “sin dejar de respetar los fallos de los tribunales de justicia, (la congregación) le brindará todo su apoyo (a Aguinaldo), para que ante otras instancias tenga la oportunidad de demostrar su total inocencia. Con este objeto, se ejercerán todos los recursos legales que contempla el ordenamiento jurídico, ya que este proceso no está aún completamente finalizado”. El paso siguiente que dio la defensa del cura fue recurrir a la Corte Suprema para solicitar la nulidad del juicio. Hoy, después de revisar los antecedentes, en un fallo unánime de la Sala Penal, esa solicitud fue rechazada.

La petición que hicieron los abogados de la Congregación del Verbo Divino se basó en que el derecho a defenderse de Aguinaldo fue vulnerado por “diligencias viciadas”. Supuestamente, algunas pruebas del Ministerio Público –como las que determinaron el lugar donde se llevaron a cabo los abusos– no habrían sido dadas a conocer a la defensa antes de presentarse en el juicio, lo que habría impedido la correcta preparación de un contrainterrogatorio o la solicitud de nuevas diligencias. El reclamo no es tanto a la fiscalía o a las policías, sino que al tribunal que consideró esas pruebas en la sentencia. Para la defensa de Aguinaldo, esa prueba era ilícita y no tenía valor. Con eso, pretendían justificar la nulidad del proceso.

La defensa también argumentó ante la Corte Suprema que las declaraciones de uno de los niños que reconocieron en Aguinaldo a su agresor, habrían sido inducidas por su madre y la intervención de una clarividente. También que ellos nunca supieron de la “existencia de una supuesta diligencia de reconstitución de escena” y que sólo se enteraron cuando dicha diligencia se presentó ante el tribunal, cuando un testigo la mencionó. Por eso se solicitó que dicha declaración, en la que se basaba la determinación de baño del colegio como lugar donde habrían ocurrido los abusos, no sea considerada válida.

A juicio de los magistrados de la Suprema, “lo presentado resulta suficiente para rechazar el recurso”. Los miembros de la Sala Penal consideraron que no se verifica la infracción sustancial al derecho de defensa del acusado. Que la sentencia determinó la existencia de dos ilícitos distintos y que la sentencia se basó en “21 elementos de cargo, entre testigos y documentos” para establecer que el baño del colegio fue el lugar donde se realizaron los abusos, y no sólo en la declaración impugnada por la defensa del cura.

En los próximos días, el cura deberá empezar a cumplir su sentencia.

A POR LOS ENCUBRIDORES

Para las familias de los niños, el rechazo de la Corte al recurso de nulidad significó la ratificación de que los abusos sí se cometieron y de que sus hijos no mentían. Mientras esperaban este fallo, algunos de ellos alegan haber sufrido persecuciones y hostigamientos por parte de defensores del sacerdote condenado. Pero puede ser que el proceso aún no haya llegado a su fin.

CIPER conversó con una de las familias de las víctimas. Para ellos, aunque ven la sentencia como un triunfo, el hecho de que el cura cumpla su condena en libertad es desalentador. Por eso ahora evalúan los pasos a seguir. Entre las posibilidades que barajan, está la de iniciar un proceso civil en contra de Aguinaldo por daños y perjuicios. Otra es establecer una querella por encubrimiento contra la Congregación del Verbo Divino. No sólo por no haber recibido el apoyo que le prometió en un primer momento el rector del colegio, Herbert Becker, sino que también por esconder a Aguinaldo y protegerlo cuando la justicia lo estaba buscando. Por entorpecer la investigación.

Dos años después, en 2011, el programa se cerró. Y lo que en su minuto fue una “joya” de los planes sociales, terminó involucrando a prestigiadas instituciones que promueven los derechos de personas vulnerables -como la Fundación para la Superación de la Pobreza y el Hogar de Cristo- en denuncias por despidos de trabajadoras embarazadas.

El programa “Servicios Comunitarios” llegó a tener casi 12 mil contrataciones con una cobertura que abarcaba 33 comunas en las regiones Metropolitana, del Bio bío y Valparaíso. Para ejecutar el plan, la Subsecretaría del Trabajo destinaba fondos que eran entregados a la Fundación para la Superación de la Pobreza (FSP), la que generaba los puestos de trabajo en los que eran capacitadas las mujeres. Una fórmula probada en países como España y Francia. En 2009 esos fondos sumaron $2.205 millones, según cifras difundidas por la FSP.

Con los dineros aportados por la subsecretaría, la FSP pagaba los sueldos de las trabajadoras, las que accedían a puestos de empleo que duraban seis meses -con uno de capacitación- abiertos por instituciones asociadas a la Fundación, como el Hogar de Cristo, el Centro de Profesionales Para la Acción Comunitaria (Ceppac), el Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes (Sedej), el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), el Servicio de Salud de Talcahuano y la Municipalidad de Peñalolén, entre otras entidades. Las trabajadoras cumplían turnos de seis horas de lunes a viernes.

Tras el advenimiento del actual gobierno, todo se desencajó. En 2010 la Subsecretaría del Trabajo puso fin al financiamiento del programa y en mayo de 2011 el plan se cerró de manera definitiva. En esas fechas se cumplió el último ciclo de trabajo de seis meses y ya no hubo nuevos cupos.

Teóricamente, las últimas trabajadoras cumplirían su contrato a plazo fijo y el programa sencillamente se extinguiría. De esa forma, los empleadores no quedarían con obligaciones laborales pendientes hacia las mujeres. Debía ser un cierre ordenado y sin sobresaltos. Pero no fue así. A los técnicos del Ministerio del Trabajo que ordenaron el cierre del programa se les escapó un detalle: el pago a las trabajadoras embarazadas, protegidas por el fuero maternal.

DIECISÉIS DEMANDAS

Cuando el programa estaba vigente, si una trabajadora quedaba embarazada automáticamente se le contrataba en el ciclo laboral siguiente por otros seis meses, a objeto de respetar su fuero. Aún así, antes del cierre del plan hubo cinco trabajadoras que demandaron a la FSP dentro de su período de fuero.

Para las que se embarazaron en el último grupo, no hubo extensión del empleo. Esto originó 11 causas en la justicia laboral en las que la FSP demandó a mujeres por desafuero, pues no aceptaron poner fin al vínculo laboral de manera voluntaria. Sólo una de las trabajadoras obtuvo un fallo favorable. Otras trabajadoras embarazadas llegaron a acuerdo con la Fundación y, aunque hicieron la denuncia en la Inspección del Trabajo, su caso no llegó a tribunales.

En total, fueron 16 las trabajadoras que enfrentaron procesos judiciales (11 demandadas por la FSP y cinco como demandantes) a lo largo de todo el programa.

En el mundo de las ONG dedicadas a atender comunidades vulnerables, el tema fue un escándalo. Nada menos que instituciones como la Fundación para la Superación de la Pobreza y el Hogar de Cristo estaban envueltos en juicios por despido de mujeres que contaban con fuero maternal.

CIPER entrevistó a seis de las mujeres que trabajaron en el último ciclo del programa y que quedaron embarazadas. Tres de ellas pidieron la reserva de sus nombres. Las otras tres son Rosa Pino (25 años), Susana Fuentes (35) y Mirian Navarrete (40). Todas participaron en programas para el Cuidado del Adulto Mayor en sus comunas. Rosa lo hizo a través del Hogar de Cristo en San Bernardo. Susana y Mirian en la comuna de El Bosque, por medio de una ONG.

De acuerdo con los registros de la Dirección del Trabajo, al término del último ciclo de contratos, en mayo de 2011, la mayoría de las mujeres embarazadas dio aviso a esa repartición. Fueron inspectores de esa institución los que inicialmente pidieron a la FSP que las reintegrara, debido al fuero maternal que las protegía. Así se había hecho en los años anteriores, cuando la Fundación incluía automáticamente a las embarazadas en un nuevo ciclo del programa. Pero en 2011 la situación fue muy distinta.

PRESIONES PARA FIRMAR

Todas las trabajadoras entrevistadas recuerdan el programa “Servicios Comunitarios” como una excelente experiencia, en lo laboral y personal. Pero también coinciden en calificar como complejo y desafortunado el término de contrato.

-Luego de la capacitación que duraba un mes con una enfermera, se comenzaba a trabajar con los viejitos. En diciembre yo quedé embarazada y en enero di aviso a mi supervisora, la que incluso llamó frente a mí a una persona de la Fundación. Desde allá le dijeron que no me preocupara, que me reintegrarían apenas se terminara el programa. Por eso, apenas terminó el plazo, en marzo, fui a la Inspección del Trabajo -cuenta Rosa Pino.

En mayo, cuenta, la comenzaron a llamar desde la FSP para que firmara el finiquito: “Yo lo firmé en la Fundación, pero muy presionada”, dice. Las presiones que relata fueron corroboradas por las restantes entrevistadas.

-Me dijeron que no había plata, que tenía que firmar, que si no lo hacía me iban a demandar y que ellos iban a ganar igual. Después me llevaron a una notaría en ese mismo momento y mi papá me dijo por teléfono que no firmara. Así que la firma no sería legal. Me demandaron. Me desilusioné mucho, porque incluso dijeron que yo no había avisado. Mintieron en varias cosas. Juan Pablo Díaz, por ejemplo, el jefe de Remuneraciones (de la FSP), dijo que yo ya no trabajaba para ellos. Lo bueno es que yo tenía todos los papeles -cuenta Rosa Pino.

Rosa fue la única que ganó su juicio. Recibió un dinero de finiquito e indemnización. CIPER constató que hubo otros casos en que la FSP terminó entregando una suma importante de dinero, equivalente al periodo de fuero -entre $1,5 millón y dos millones de pesos-, luego de llegar a un convenio con las trabajadoras. Pero también se dieron situaciones como la de Susana Fuentes, que sólo recibió un cheque por $530 mil. Ella afirma que lo aceptó porque se sintió “presionada” por los llamados que recibió de la Fundación en mayo y debido a su precaria situación económica:

-Firmé cuando me lo pidieron. Recibí varias llamadas de la Fundación, como cuatro en una mañana. Ese día fuimos con la Mirian (Navarrete). Yo necesitaba la plata, no como mi amiga Mirian, que pudo esperar. Ella se fue a juicio y aunque lo perdió, recibió otra cantidad mucho mejor. Yo fui al otro día a firmar y recibir el cheque por $530 mil. La persona que atendía llamó desde ahí a Juan Pablo Díaz y yo escuché lo que le decía: “Dile que reciba el cheque, si no vamos a ir a juicio y lo va a perder”. Yo les dije que podía hacer aseo ahí en la Fundación, que tenía muchos problemas económicos, que me dieran trabajo. Pero ellos sólo estaban preocupados de que firmara. No me quedaba otra. Imagínese, con cuatro hijos.

En siete de las causas, las trabajadoras fueron defendidas por abogados de la Corporación de Asistencia Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia, en tribunales de Santiago, San Miguel y San Bernardo. Y aunque las defendió la misma institución, con idénticos casos y argumentos, los resultados fueron dispares. Rosa Pino dice haber sentido un gran respaldo de su abogado, Pablo Acuña, que a la postre resultó victorioso. Pero Mirian Navarrete cuenta que su defensora desde un principio le dijo que este era “un caso perdido”.

El director de la Corporación de Asistencia Judicial, Claudio Valdivia, explica que su entidad también considera un éxito lograr un acuerdo con la contraparte:

-La corporación presta servicios de asistencia jurídica y judicial gratuita con ciertos criterios de focalización. En la asistencia jurídica, por ejemplo, la remuneración (del defendido) no puede sobrepasar los $ 388 mil. Todos los que están bajo esa cantidad cuentan con nuestra defensa (…). Con respecto a los resultados, nosotros también consideramos exitoso cuando el juez lleva a las partes a un acuerdo. Por lo que podríamos decir que el 90% de nuestras defensas tiene un término exitoso.

Como lo corrobora Valdivia, en general el procedimiento terminó en un acuerdo. De las 11 demandas por desafuero interpuestas por la Fundación contra las mujeres y las otras cinco interpuestas por trabajadoras contra la FSP -por “despido injustificado” y “cobro por prestaciones”-, en su mayoría los jueces propiciaron el acuerdo, como se aprecia en los documentos de estas causas que se pueden revisar en la web del Poder Judicial.

En el caso de Rosa Pino, la única mujer que ganó su juicio, ella trabajaba para la FSP a través del Hogar de Cristo. La favoreció una cláusula del convenio entre esa institución y la FSP (ver recuadro), que consideraba expresamente la continuidad laboral de las mujeres con fuero maternal: “En el caso de que existan trabajadoras comunitarias que se acojan a la condición de fuero maternal, garantizar al momento del cierre de los servicios la colocación de estas personas en la institución socia o en su defecto otra institución, en la cual éstas puedan llevar a cabo las labores para las que originalmente han sido contratadas”.

RÉPLICA DE LA FUNDACIÓN

Parte de la respuesta oficial de la FPS a CIPER, dice que el 99% de las trabajadoras eligieron la renuncia voluntaria: “Los 11 casos de los juicios por desafuero, corresponden a mujeres que no renunciaron voluntariamente, pues preferían completar el proceso judicial de desafuero. En esos casos se negociaron sumas mayores, dado que la Fundación tenía un plazo límite para cargar los arreglos al programa, con lo cual se optó en los juicios pendientes por pagar el tiempo restante de fuero e indemnizaciones por término de contrato cuando había operado un reintegro, por dos o más embarazos sucesivos”.

La misma respuesta enfatiza el contraste entre “el cierre exitoso de proceso para 1.400 personas versus las 11 que probablemente manifiestan un malestar contra el trato por parte de una persona, y que paradójicamente son las que asumieron el litigio. Creemos que es lo propio de quien cree tener un derecho que va más allá del que realmente le corresponde”.

Finalmentel la FPS defendió el rol de su jefe de Remuneraciones, Juan Pablo Díaz: “Durante su trabajo de más de dos años en el programa, gestionó más de seis mil contratos y finiquitos, y nunca tuvimos quejas o reclamos en su contra”.

EL FIN DEL PROGRAMA ESTRELLA

En 2004, luego de la mala imagen que proyectaban los programas pro empleo por irregularidades detectadas en Lota, Coronel y la Quinta Región, el gobierno de Ricardo Lagos solicitó a la FSP que ejecutara un programa de inserción laboral con plazos fijos, que incluyera capacitación y asegurara un posterior impacto en la comunidad.

El programa se inició en 2005 y se basó en una propuesta que había entregado la misma Fundación a los candidatos presidenciales en 1999. El plan hacía mención a generar “segundos perceptores” de ingresos familiares, los que en su mayoría solían ser mujeres, y a considerar trabajos dentro de la comunidad. Ambos factores se presentaban como importantes gatilladores de “empleabilidad”.

-Pensábamos, entre muchas otras cosas, cómo lograr que personas discapacitadas, como los ancianos, por ejemplo, pudieran salir a tomarse un café, vivir algo distinto -dice Leonardo Moreno, director de la FSP.

En su última evaluación, hecha en 2009, se estableció que “Servicios Comunitarios” generaba condiciones efectivas de “empleabilidad” a través del desarrollo de un trabajo remunerado y la continuidad de estudios. Con una tasa de inserción laboral post-egreso de un 54% era un programa altamente apreciado por su impacto en el entorno y el posterior desarrollo laboral de las beneficiadas.

Sus objetivos eran, entre otros, entregar servicios de calidad, propender a la “empleabilidad”, complementar políticas públicas y fomentar la responsabilidad social y vocación de servicio público de los profesionales jóvenes de Servicio País, los que supervisaban, apoyaban y dirigían los trabajos, estableciendo reuniones semanales con las contratadas.

Para Verónica Monroy, directora social del Hogar de Cristo, el programa representaba una oportunidad de desarrollo por el impacto en la calidad de vida que los beneficiados experimentaban:

-La evaluación que tenemos es muy buena. La Fundación necesitaba lugares, destinos laborales, donde poder ubicar a las trabajadoras comunitarias y para el Hogar de Cristo fue un apoyo, un aporte muy importante. Además, estaba la asesoría del Servicio País, muy técnica, que se instalaba dentro de nuestra organización, fomentando metas como el hábito laboral o los horarios en las trabajadoras.

CONCURSO Y PRECIO

Con el ascenso de la Alianza al gobierno, las políticas de programas sociales fueron rebarajadas. Bajo el espíritu de profundizar la transparencia en el uso de lo recursos, la “concursabilidad” se convirtió en el principal eje para la elección de los programas que se aplicarían. Así, “Servicios Comunitarios”, que antes era “un caballito de batalla” por sus resultados, ahora sólo tenía la posibilidad de concursar a un fondo junto a otras instituciones.

Una fuente del Ministerio del Trabajo señaló a CIPER que, en ese contexto, el criterio imperante para elegir los programas fue “el precio”. Un programa caro, como “Servicios Comunitarios”, no fue privilegiado en la nueva política pública. La idea era bajar los costos, explicó el mismo funcionario.

A fines de diciembre pasado CIPER solicitó una respuesta del subsecretario de Trabajo, Bruno Baranda, para que explicara las razones del término de un programa social ranqueado entre los diez mejores por la Dirección de Presupuesto. También para que indicara cómo abordó el gobierno el problema de las demandas contra mujeres embarazadas por el cierre de un programa que financiaba su cartera. Baranda no concedió la entrevista. Tampoco lo hizo la ministra Evelyn Matthei, a quien se le solicitó en esas mismas fechas.

De manera informal, un funcionario que tramitó las solicitudes de CIPER dijo que las acciones ejercidas por un privado (en este caso, la Fundación) una vez que ha recibido los dineros del ministerio, son de su responsabilidad y no de la cartera. Agregó que si había un acuerdo entre privados (la FSP y el Hogar de Cristo) para dar continuidad laboral a mujeres embarazadas, correspondía a ellos hacerse cargo de los efectos de dicha cláusula.

Leonardo Moreno, director de la FSP, se defiende:

-Antes de la Reforma Procesal Laboral, cuando una mujer quedaba embarazada la insertábamos apenas se activaba el programa nuevamente. Porque, además, los procesos de desafuero eran tan largos que la reinsertábamos inmediatamente. Y en especial con el Hogar de Cristo, ya que su alcance e infraestructura es tan grande, que lo permite. Por ello establecimos esa cláusula en el convenio con ellos. Pero era sólo con las mujeres con desafuero, que pertenecían a un 20% de los beneficiados que seguían ligados al programa luego de los seis meses. No se quería reeditar por ningún motivo lo ocurrido en los antiguos programas pro empleo, donde en algunas regiones de abusó del ‘no empleo’. La idea era concluir, sí o sí, con el egreso (del beneficiado). Pero con mujeres embarazadas no teníamos problemas en reinsertarlas inmediatamente.

En el Hogar de Cristo afirman que a ellos incluso les convenía mantener a las mujeres en sus puestos de trabajo, ya que en programas como el del cuidado del adulto mayor es tanta la intensidad de la capacitación y su posterior implementación, que apenas se lograba un apresto.

-Sólo te puedo decir que el Hogar respeta el fuero maternal de sus trabajadoras, siempre. Pero es lamentable la presión que se ejerce a una institución que se ve obligada a pedir desafuero porque no tiene dinero en sus bolsillos -dice Verónica Monroy.

Moreno acusa una falta de experiencia del gobierno en políticas públicas: “No hay otro programa que dé trabajo, servicio a su comunidad y aumente la ‘empleabilidad’ al mismo tiempo. No creo que la política social se resuelva con subsidios, más bien se resuelve con trabajo. El Ingreso Ético Familiar no puede ser la única política social”.

Cuando el 4 de octubre pasado el juez Fernando Valderrama Martínez cerró la audiencia de sobreseimiento definitivo de todos los acusados de “asociación ilícita terrorista” por la colocación de artefactos explosivos al menos en 25 ocasiones en la Región Metropolitana -entre el año 2005 y 2010-, el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, fue sorprendido por la última resolución del letrado. De inmediato el magistrado lo condenó a pagar a las 14 defensas y a todas las partes que intervinieron en la investigación y la preparación del frustrado juicio oral que nunca se efectuaría a raíz de esa misma audiencia.

Ese día, el juez Valderrama aseguró en su fallo que existe una norma expresa que advierte que será responsabilidad del Ministerio Público responder por los honorarios de cada uno de los abogados defensores. Y estimó que “existen razones fundadas para ello, consistentes en los motivos plausibles para haber deducido acusación y luego decidir sobreseer definitivamente a los imputados”. Es decir, por haber lanzado la piedra y ahora esconder la mano.

Desde esa fecha y tras la evidente molestia del fiscal Guzmán, quien heredó la causa más polémica que ha enfrentado el Ministerio Público en los últimos dos años, la Fiscalía Metropolitana Sur ha interpuesto todos los recursos procesales posibles para intentar revertir esta situación. Y en todos, a excepción de las admisibilidades de dichas acciones legales, ha perdido.

Y ayer no fue la excepción, pues la fiscalía recibió un nuevo golpe: ahora deberá pagar a los abogados defensores por las audiencias que suscitaron sus apelaciones. Así las cosas, deberá cancelar los honorarios por el año y medio de investigación del denominado “caso bombas”, las siete semanas de preparación de juicio oral y las citas en la Corte para evitar solventar los gastos de los más de 20 profesionales que se han involucrado en el proceso.

En su exposición ante los jueces de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, el fiscal Guzmán aseguró que la ley beneficia al Ministerio Público, pues el persecutor interpreta que las normas del Código de Procedimiento Civil, que contiene las reglas comunes a todo procedimiento, están sobre el Código Procesal Penal, que es la norma que se usa para el sistema de actual de persecución criminal. O sea el primer texto legal es el que debía ser aplicado para regular las llamadas “costas”. Pero sus alegaciones fueron absolutamente desechadas por los sentenciadores.

Los ministros Mario Rojas, Pilar Aguayo y el abogado integrante Rodrigo Asenjo, no sólo aseguraron en su fallo que cargar las costas a la fiscalía es la única forma de tratar con seriedad, prudencia y respeto a los imputados, sino que estimaron que tampoco es valorable que en la Cuarta Sala del tribunal de alzada existiera un voto de minoría que no respaldó la idea de desechar más de 4 mil pruebas para el juicio oral. Esa pruebas presentadas por la fiscalía fueron desestimadas por el juez de garantía Luis Avilés, quien además recibió un espaldarazo implícito el martes pasado cuando el Pleno de la Corte no votó en mayoría para sancionarlo por sus dichos de que la investigación y tesis de los fiscales del caso parecían más “sociología barata” que una indagatoria seria, con pistas y hechos comprobables sobre quiénes eran los responsables de colocar los artefactos explosivos en bancos, automotoras, empresas eléctricas e iglesias.

Por último, los ministros y el abogado integrante resaltan que el Ministerio Público también deberá responder monetariamente por los costos de las audiencias en el tribunal de alzada desde octubre hasta la fecha.

Los abogados de los 14 acusados en el caso ya presentaron al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago sus pretensiones de honorarios, donde algunos estiman que los gastos de su representación son de 15 millones, mientras que otros se conforman con 6 millones de pesos. La Fiscalía ya puso el grito en el cielo y pretende que esos gastos no sean superiores a un millón y medio o dos millones cuando mucho.

La disputa por fijar el valor del trabajo de los defensores será una nueva batalla que se desarrollara como colorarlo de un proceso que al partir el 14 de agosto de 2010 fue calificado de inmediato por lo familiares de los detenidos como “un montaje”, ideado desde el Ministerio del Interior y con la complacencia del Fiscal Regional Metropolitano Sur por esa época, Alejandro Peña. Ocho meses después Peña terminó trabajando en una de las oficinas de Palacio bajo las órdenes del titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter.

En declaraciones reproducidas por radio Cooperativa, el abogado Mauricio Daza, defensor de uno de los acusados por la fiscalía, lamentó que la obligación de pagar las costas se adopte contra el Ministerio Público y no “en contra del patrimonio personal de los grandes responsables de esta situación, que son, ni más ni menos, el ministro Hinzpeter y el ex fiscal Peña”.

Si el Ministerio Público termina pagando el costo de las defensas de los hoy 14 sobreseídos por “asociación ilícita terrorista”, el Fisco podría llegar a pagar 200 millones de peso por lo más alto y 20 millones por lo bajo. Saque usted las conclusiones de lo que la Ley Orgánica de la Fiscalía asegura es un trabajo “objetivo e imparcial” para encontrar a los responsables penales de los delitos cometidos en el territorio nacional.