Dos años después, en 2011, el programa se cerró. Y lo que en su minuto fue una “joya” de los planes sociales, terminó involucrando a prestigiadas instituciones que promueven los derechos de personas vulnerables -como la Fundación para la Superación de la Pobreza y el Hogar de Cristo- en denuncias por despidos de trabajadoras embarazadas.

El programa “Servicios Comunitarios” llegó a tener casi 12 mil contrataciones con una cobertura que abarcaba 33 comunas en las regiones Metropolitana, del Bio bío y Valparaíso. Para ejecutar el plan, la Subsecretaría del Trabajo destinaba fondos que eran entregados a la Fundación para la Superación de la Pobreza (FSP), la que generaba los puestos de trabajo en los que eran capacitadas las mujeres. Una fórmula probada en países como España y Francia. En 2009 esos fondos sumaron $2.205 millones, según cifras difundidas por la FSP.

Con los dineros aportados por la subsecretaría, la FSP pagaba los sueldos de las trabajadoras, las que accedían a puestos de empleo que duraban seis meses -con uno de capacitación- abiertos por instituciones asociadas a la Fundación, como el Hogar de Cristo, el Centro de Profesionales Para la Acción Comunitaria (Ceppac), el Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes (Sedej), el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), el Servicio de Salud de Talcahuano y la Municipalidad de Peñalolén, entre otras entidades. Las trabajadoras cumplían turnos de seis horas de lunes a viernes.

Tras el advenimiento del actual gobierno, todo se desencajó. En 2010 la Subsecretaría del Trabajo puso fin al financiamiento del programa y en mayo de 2011 el plan se cerró de manera definitiva. En esas fechas se cumplió el último ciclo de trabajo de seis meses y ya no hubo nuevos cupos.

Teóricamente, las últimas trabajadoras cumplirían su contrato a plazo fijo y el programa sencillamente se extinguiría. De esa forma, los empleadores no quedarían con obligaciones laborales pendientes hacia las mujeres. Debía ser un cierre ordenado y sin sobresaltos. Pero no fue así. A los técnicos del Ministerio del Trabajo que ordenaron el cierre del programa se les escapó un detalle: el pago a las trabajadoras embarazadas, protegidas por el fuero maternal.

DIECISÉIS DEMANDAS

Cuando el programa estaba vigente, si una trabajadora quedaba embarazada automáticamente se le contrataba en el ciclo laboral siguiente por otros seis meses, a objeto de respetar su fuero. Aún así, antes del cierre del plan hubo cinco trabajadoras que demandaron a la FSP dentro de su período de fuero.

Para las que se embarazaron en el último grupo, no hubo extensión del empleo. Esto originó 11 causas en la justicia laboral en las que la FSP demandó a mujeres por desafuero, pues no aceptaron poner fin al vínculo laboral de manera voluntaria. Sólo una de las trabajadoras obtuvo un fallo favorable. Otras trabajadoras embarazadas llegaron a acuerdo con la Fundación y, aunque hicieron la denuncia en la Inspección del Trabajo, su caso no llegó a tribunales.

En total, fueron 16 las trabajadoras que enfrentaron procesos judiciales (11 demandadas por la FSP y cinco como demandantes) a lo largo de todo el programa.

En el mundo de las ONG dedicadas a atender comunidades vulnerables, el tema fue un escándalo. Nada menos que instituciones como la Fundación para la Superación de la Pobreza y el Hogar de Cristo estaban envueltos en juicios por despido de mujeres que contaban con fuero maternal.

CIPER entrevistó a seis de las mujeres que trabajaron en el último ciclo del programa y que quedaron embarazadas. Tres de ellas pidieron la reserva de sus nombres. Las otras tres son Rosa Pino (25 años), Susana Fuentes (35) y Mirian Navarrete (40). Todas participaron en programas para el Cuidado del Adulto Mayor en sus comunas. Rosa lo hizo a través del Hogar de Cristo en San Bernardo. Susana y Mirian en la comuna de El Bosque, por medio de una ONG.

De acuerdo con los registros de la Dirección del Trabajo, al término del último ciclo de contratos, en mayo de 2011, la mayoría de las mujeres embarazadas dio aviso a esa repartición. Fueron inspectores de esa institución los que inicialmente pidieron a la FSP que las reintegrara, debido al fuero maternal que las protegía. Así se había hecho en los años anteriores, cuando la Fundación incluía automáticamente a las embarazadas en un nuevo ciclo del programa. Pero en 2011 la situación fue muy distinta.

PRESIONES PARA FIRMAR

Todas las trabajadoras entrevistadas recuerdan el programa “Servicios Comunitarios” como una excelente experiencia, en lo laboral y personal. Pero también coinciden en calificar como complejo y desafortunado el término de contrato.

-Luego de la capacitación que duraba un mes con una enfermera, se comenzaba a trabajar con los viejitos. En diciembre yo quedé embarazada y en enero di aviso a mi supervisora, la que incluso llamó frente a mí a una persona de la Fundación. Desde allá le dijeron que no me preocupara, que me reintegrarían apenas se terminara el programa. Por eso, apenas terminó el plazo, en marzo, fui a la Inspección del Trabajo -cuenta Rosa Pino.

En mayo, cuenta, la comenzaron a llamar desde la FSP para que firmara el finiquito: “Yo lo firmé en la Fundación, pero muy presionada”, dice. Las presiones que relata fueron corroboradas por las restantes entrevistadas.

-Me dijeron que no había plata, que tenía que firmar, que si no lo hacía me iban a demandar y que ellos iban a ganar igual. Después me llevaron a una notaría en ese mismo momento y mi papá me dijo por teléfono que no firmara. Así que la firma no sería legal. Me demandaron. Me desilusioné mucho, porque incluso dijeron que yo no había avisado. Mintieron en varias cosas. Juan Pablo Díaz, por ejemplo, el jefe de Remuneraciones (de la FSP), dijo que yo ya no trabajaba para ellos. Lo bueno es que yo tenía todos los papeles -cuenta Rosa Pino.

Rosa fue la única que ganó su juicio. Recibió un dinero de finiquito e indemnización. CIPER constató que hubo otros casos en que la FSP terminó entregando una suma importante de dinero, equivalente al periodo de fuero -entre $1,5 millón y dos millones de pesos-, luego de llegar a un convenio con las trabajadoras. Pero también se dieron situaciones como la de Susana Fuentes, que sólo recibió un cheque por $530 mil. Ella afirma que lo aceptó porque se sintió “presionada” por los llamados que recibió de la Fundación en mayo y debido a su precaria situación económica:

-Firmé cuando me lo pidieron. Recibí varias llamadas de la Fundación, como cuatro en una mañana. Ese día fuimos con la Mirian (Navarrete). Yo necesitaba la plata, no como mi amiga Mirian, que pudo esperar. Ella se fue a juicio y aunque lo perdió, recibió otra cantidad mucho mejor. Yo fui al otro día a firmar y recibir el cheque por $530 mil. La persona que atendía llamó desde ahí a Juan Pablo Díaz y yo escuché lo que le decía: “Dile que reciba el cheque, si no vamos a ir a juicio y lo va a perder”. Yo les dije que podía hacer aseo ahí en la Fundación, que tenía muchos problemas económicos, que me dieran trabajo. Pero ellos sólo estaban preocupados de que firmara. No me quedaba otra. Imagínese, con cuatro hijos.

En siete de las causas, las trabajadoras fueron defendidas por abogados de la Corporación de Asistencia Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia, en tribunales de Santiago, San Miguel y San Bernardo. Y aunque las defendió la misma institución, con idénticos casos y argumentos, los resultados fueron dispares. Rosa Pino dice haber sentido un gran respaldo de su abogado, Pablo Acuña, que a la postre resultó victorioso. Pero Mirian Navarrete cuenta que su defensora desde un principio le dijo que este era “un caso perdido”.

El director de la Corporación de Asistencia Judicial, Claudio Valdivia, explica que su entidad también considera un éxito lograr un acuerdo con la contraparte:

-La corporación presta servicios de asistencia jurídica y judicial gratuita con ciertos criterios de focalización. En la asistencia jurídica, por ejemplo, la remuneración (del defendido) no puede sobrepasar los $ 388 mil. Todos los que están bajo esa cantidad cuentan con nuestra defensa (…). Con respecto a los resultados, nosotros también consideramos exitoso cuando el juez lleva a las partes a un acuerdo. Por lo que podríamos decir que el 90% de nuestras defensas tiene un término exitoso.

Como lo corrobora Valdivia, en general el procedimiento terminó en un acuerdo. De las 11 demandas por desafuero interpuestas por la Fundación contra las mujeres y las otras cinco interpuestas por trabajadoras contra la FSP -por “despido injustificado” y “cobro por prestaciones”-, en su mayoría los jueces propiciaron el acuerdo, como se aprecia en los documentos de estas causas que se pueden revisar en la web del Poder Judicial.

En el caso de Rosa Pino, la única mujer que ganó su juicio, ella trabajaba para la FSP a través del Hogar de Cristo. La favoreció una cláusula del convenio entre esa institución y la FSP (ver recuadro), que consideraba expresamente la continuidad laboral de las mujeres con fuero maternal: “En el caso de que existan trabajadoras comunitarias que se acojan a la condición de fuero maternal, garantizar al momento del cierre de los servicios la colocación de estas personas en la institución socia o en su defecto otra institución, en la cual éstas puedan llevar a cabo las labores para las que originalmente han sido contratadas”.

RÉPLICA DE LA FUNDACIÓN

Parte de la respuesta oficial de la FPS a CIPER, dice que el 99% de las trabajadoras eligieron la renuncia voluntaria: “Los 11 casos de los juicios por desafuero, corresponden a mujeres que no renunciaron voluntariamente, pues preferían completar el proceso judicial de desafuero. En esos casos se negociaron sumas mayores, dado que la Fundación tenía un plazo límite para cargar los arreglos al programa, con lo cual se optó en los juicios pendientes por pagar el tiempo restante de fuero e indemnizaciones por término de contrato cuando había operado un reintegro, por dos o más embarazos sucesivos”.

La misma respuesta enfatiza el contraste entre “el cierre exitoso de proceso para 1.400 personas versus las 11 que probablemente manifiestan un malestar contra el trato por parte de una persona, y que paradójicamente son las que asumieron el litigio. Creemos que es lo propio de quien cree tener un derecho que va más allá del que realmente le corresponde”.

Finalmentel la FPS defendió el rol de su jefe de Remuneraciones, Juan Pablo Díaz: “Durante su trabajo de más de dos años en el programa, gestionó más de seis mil contratos y finiquitos, y nunca tuvimos quejas o reclamos en su contra”.

EL FIN DEL PROGRAMA ESTRELLA

En 2004, luego de la mala imagen que proyectaban los programas pro empleo por irregularidades detectadas en Lota, Coronel y la Quinta Región, el gobierno de Ricardo Lagos solicitó a la FSP que ejecutara un programa de inserción laboral con plazos fijos, que incluyera capacitación y asegurara un posterior impacto en la comunidad.

El programa se inició en 2005 y se basó en una propuesta que había entregado la misma Fundación a los candidatos presidenciales en 1999. El plan hacía mención a generar “segundos perceptores” de ingresos familiares, los que en su mayoría solían ser mujeres, y a considerar trabajos dentro de la comunidad. Ambos factores se presentaban como importantes gatilladores de “empleabilidad”.

-Pensábamos, entre muchas otras cosas, cómo lograr que personas discapacitadas, como los ancianos, por ejemplo, pudieran salir a tomarse un café, vivir algo distinto -dice Leonardo Moreno, director de la FSP.

En su última evaluación, hecha en 2009, se estableció que “Servicios Comunitarios” generaba condiciones efectivas de “empleabilidad” a través del desarrollo de un trabajo remunerado y la continuidad de estudios. Con una tasa de inserción laboral post-egreso de un 54% era un programa altamente apreciado por su impacto en el entorno y el posterior desarrollo laboral de las beneficiadas.

Sus objetivos eran, entre otros, entregar servicios de calidad, propender a la “empleabilidad”, complementar políticas públicas y fomentar la responsabilidad social y vocación de servicio público de los profesionales jóvenes de Servicio País, los que supervisaban, apoyaban y dirigían los trabajos, estableciendo reuniones semanales con las contratadas.

Para Verónica Monroy, directora social del Hogar de Cristo, el programa representaba una oportunidad de desarrollo por el impacto en la calidad de vida que los beneficiados experimentaban:

-La evaluación que tenemos es muy buena. La Fundación necesitaba lugares, destinos laborales, donde poder ubicar a las trabajadoras comunitarias y para el Hogar de Cristo fue un apoyo, un aporte muy importante. Además, estaba la asesoría del Servicio País, muy técnica, que se instalaba dentro de nuestra organización, fomentando metas como el hábito laboral o los horarios en las trabajadoras.

CONCURSO Y PRECIO

Con el ascenso de la Alianza al gobierno, las políticas de programas sociales fueron rebarajadas. Bajo el espíritu de profundizar la transparencia en el uso de lo recursos, la “concursabilidad” se convirtió en el principal eje para la elección de los programas que se aplicarían. Así, “Servicios Comunitarios”, que antes era “un caballito de batalla” por sus resultados, ahora sólo tenía la posibilidad de concursar a un fondo junto a otras instituciones.

Una fuente del Ministerio del Trabajo señaló a CIPER que, en ese contexto, el criterio imperante para elegir los programas fue “el precio”. Un programa caro, como “Servicios Comunitarios”, no fue privilegiado en la nueva política pública. La idea era bajar los costos, explicó el mismo funcionario.

A fines de diciembre pasado CIPER solicitó una respuesta del subsecretario de Trabajo, Bruno Baranda, para que explicara las razones del término de un programa social ranqueado entre los diez mejores por la Dirección de Presupuesto. También para que indicara cómo abordó el gobierno el problema de las demandas contra mujeres embarazadas por el cierre de un programa que financiaba su cartera. Baranda no concedió la entrevista. Tampoco lo hizo la ministra Evelyn Matthei, a quien se le solicitó en esas mismas fechas.

De manera informal, un funcionario que tramitó las solicitudes de CIPER dijo que las acciones ejercidas por un privado (en este caso, la Fundación) una vez que ha recibido los dineros del ministerio, son de su responsabilidad y no de la cartera. Agregó que si había un acuerdo entre privados (la FSP y el Hogar de Cristo) para dar continuidad laboral a mujeres embarazadas, correspondía a ellos hacerse cargo de los efectos de dicha cláusula.

Leonardo Moreno, director de la FSP, se defiende:

-Antes de la Reforma Procesal Laboral, cuando una mujer quedaba embarazada la insertábamos apenas se activaba el programa nuevamente. Porque, además, los procesos de desafuero eran tan largos que la reinsertábamos inmediatamente. Y en especial con el Hogar de Cristo, ya que su alcance e infraestructura es tan grande, que lo permite. Por ello establecimos esa cláusula en el convenio con ellos. Pero era sólo con las mujeres con desafuero, que pertenecían a un 20% de los beneficiados que seguían ligados al programa luego de los seis meses. No se quería reeditar por ningún motivo lo ocurrido en los antiguos programas pro empleo, donde en algunas regiones de abusó del ‘no empleo’. La idea era concluir, sí o sí, con el egreso (del beneficiado). Pero con mujeres embarazadas no teníamos problemas en reinsertarlas inmediatamente.

En el Hogar de Cristo afirman que a ellos incluso les convenía mantener a las mujeres en sus puestos de trabajo, ya que en programas como el del cuidado del adulto mayor es tanta la intensidad de la capacitación y su posterior implementación, que apenas se lograba un apresto.

-Sólo te puedo decir que el Hogar respeta el fuero maternal de sus trabajadoras, siempre. Pero es lamentable la presión que se ejerce a una institución que se ve obligada a pedir desafuero porque no tiene dinero en sus bolsillos -dice Verónica Monroy.

Moreno acusa una falta de experiencia del gobierno en políticas públicas: “No hay otro programa que dé trabajo, servicio a su comunidad y aumente la ‘empleabilidad’ al mismo tiempo. No creo que la política social se resuelva con subsidios, más bien se resuelve con trabajo. El Ingreso Ético Familiar no puede ser la única política social”.

Cuando el 4 de octubre pasado el juez Fernando Valderrama Martínez cerró la audiencia de sobreseimiento definitivo de todos los acusados de “asociación ilícita terrorista” por la colocación de artefactos explosivos al menos en 25 ocasiones en la Región Metropolitana -entre el año 2005 y 2010-, el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, fue sorprendido por la última resolución del letrado. De inmediato el magistrado lo condenó a pagar a las 14 defensas y a todas las partes que intervinieron en la investigación y la preparación del frustrado juicio oral que nunca se efectuaría a raíz de esa misma audiencia.

Ese día, el juez Valderrama aseguró en su fallo que existe una norma expresa que advierte que será responsabilidad del Ministerio Público responder por los honorarios de cada uno de los abogados defensores. Y estimó que “existen razones fundadas para ello, consistentes en los motivos plausibles para haber deducido acusación y luego decidir sobreseer definitivamente a los imputados”. Es decir, por haber lanzado la piedra y ahora esconder la mano.

Desde esa fecha y tras la evidente molestia del fiscal Guzmán, quien heredó la causa más polémica que ha enfrentado el Ministerio Público en los últimos dos años, la Fiscalía Metropolitana Sur ha interpuesto todos los recursos procesales posibles para intentar revertir esta situación. Y en todos, a excepción de las admisibilidades de dichas acciones legales, ha perdido.

Y ayer no fue la excepción, pues la fiscalía recibió un nuevo golpe: ahora deberá pagar a los abogados defensores por las audiencias que suscitaron sus apelaciones. Así las cosas, deberá cancelar los honorarios por el año y medio de investigación del denominado “caso bombas”, las siete semanas de preparación de juicio oral y las citas en la Corte para evitar solventar los gastos de los más de 20 profesionales que se han involucrado en el proceso.

En su exposición ante los jueces de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, el fiscal Guzmán aseguró que la ley beneficia al Ministerio Público, pues el persecutor interpreta que las normas del Código de Procedimiento Civil, que contiene las reglas comunes a todo procedimiento, están sobre el Código Procesal Penal, que es la norma que se usa para el sistema de actual de persecución criminal. O sea el primer texto legal es el que debía ser aplicado para regular las llamadas “costas”. Pero sus alegaciones fueron absolutamente desechadas por los sentenciadores.

Los ministros Mario Rojas, Pilar Aguayo y el abogado integrante Rodrigo Asenjo, no sólo aseguraron en su fallo que cargar las costas a la fiscalía es la única forma de tratar con seriedad, prudencia y respeto a los imputados, sino que estimaron que tampoco es valorable que en la Cuarta Sala del tribunal de alzada existiera un voto de minoría que no respaldó la idea de desechar más de 4 mil pruebas para el juicio oral. Esa pruebas presentadas por la fiscalía fueron desestimadas por el juez de garantía Luis Avilés, quien además recibió un espaldarazo implícito el martes pasado cuando el Pleno de la Corte no votó en mayoría para sancionarlo por sus dichos de que la investigación y tesis de los fiscales del caso parecían más “sociología barata” que una indagatoria seria, con pistas y hechos comprobables sobre quiénes eran los responsables de colocar los artefactos explosivos en bancos, automotoras, empresas eléctricas e iglesias.

Por último, los ministros y el abogado integrante resaltan que el Ministerio Público también deberá responder monetariamente por los costos de las audiencias en el tribunal de alzada desde octubre hasta la fecha.

Los abogados de los 14 acusados en el caso ya presentaron al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago sus pretensiones de honorarios, donde algunos estiman que los gastos de su representación son de 15 millones, mientras que otros se conforman con 6 millones de pesos. La Fiscalía ya puso el grito en el cielo y pretende que esos gastos no sean superiores a un millón y medio o dos millones cuando mucho.

La disputa por fijar el valor del trabajo de los defensores será una nueva batalla que se desarrollara como colorarlo de un proceso que al partir el 14 de agosto de 2010 fue calificado de inmediato por lo familiares de los detenidos como “un montaje”, ideado desde el Ministerio del Interior y con la complacencia del Fiscal Regional Metropolitano Sur por esa época, Alejandro Peña. Ocho meses después Peña terminó trabajando en una de las oficinas de Palacio bajo las órdenes del titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter.

En declaraciones reproducidas por radio Cooperativa, el abogado Mauricio Daza, defensor de uno de los acusados por la fiscalía, lamentó que la obligación de pagar las costas se adopte contra el Ministerio Público y no “en contra del patrimonio personal de los grandes responsables de esta situación, que son, ni más ni menos, el ministro Hinzpeter y el ex fiscal Peña”.

Si el Ministerio Público termina pagando el costo de las defensas de los hoy 14 sobreseídos por “asociación ilícita terrorista”, el Fisco podría llegar a pagar 200 millones de peso por lo más alto y 20 millones por lo bajo. Saque usted las conclusiones de lo que la Ley Orgánica de la Fiscalía asegura es un trabajo “objetivo e imparcial” para encontrar a los responsables penales de los delitos cometidos en el territorio nacional.

Siguiendo el principio del valor de toda vida humana, no nos referiremos a las muchas cualidades que adornaban a nuestro Walo, pero su amor a la justicia (estudiaba Derecho) nos motiva a mejorarla en su nombre.

En Chile hay una tolerancia injustificada para este delito, lo que se grafica entre otras cosas en las penas irrisorias para castigarlo. Endurecerlas no sirve si los organismos encargados de investigar lo hacen deficientemente, como ocurrió en este caso.

La causa fue tramitada bajo el RIT 3194-2010 y RUC 1000281038-2. Se condenó al conductor a 61 días de presidio menor en su grado mínimo, a una multa de 2 UTM mensuales y la suspensión de su licencia de conducir por 6 meses por su calidad de autor del delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad causando muerte.
La Fiscalía, que inicialmente formalizó al imputado por manejo en estado de ebriedad causando muerte, finalmente modificó la calificación jurídica, imputándolo sólo por manejo en estado de ebriedad.

Su principal fundamento fue que el informe de la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito de Carabineros (SIAT), hacía responsable a nuestro hijo del resultado del accidente. Dicho informe es desprolijo, superficial y carece de objetividad. Entre otros errores, subraya que la víctima falleció en el lugar cuando su deceso ocurrió horas después en la Clínica Alemana; describe menos daños de los objetivados en el automóvil; además de ser erróneo en la dinámica del accidente y parcial pues describe los efectos del alcohol sólo en la victima.

La ley exige del fiscal objetividad para el inculpado, pero en este caso su celo por este principio se parcializó, no teniéndolo para buscar la verdad, su misión principal. Basa sus conclusiones principalmente en el peritaje de la SIAT, manifiestamente erróneo. La mayoría de las diligencias que fueron esenciales para determinar la responsabilidad del accidente, se realizaron a requerimiento e insistencia nuestra a través de nuestro abogado, pero el fiscal las desestimó al momento de imputar. Si bien finalmente el tribunal confirmó nuestra tesis, la pena fue muy menor por la deficiente investigación.

La carga laboral del Ministerio Público y la SIAT no justifica la desidia en la indagación. Con el propósito de mejorar los procedimientos, enviamos nuestras apreciaciones al fiscal nacional, a quien agradecemos su comprensión y al general director de Carabineros, quien nos respondió avalando el informe de la SIAT.

Nos preocupan las victimas carentes de recursos, expuestas a la arbitrariedad de quienes deben investigar objetivamente. Nos preguntamos si este es un proceder habitual de estos organismos.

Saludos cordiales

Doctor Osvaldo Rodríguez Oliveri, jefe del Servicio de Urgencia del Hospital Barros Luco.
Doctora Gabriela Vera Muñoz, psiquiatra.

A Gregorio lo llevaron al Estadio Chile y a pesar de que logró salir de ahí, los militares fueron a detenerlo a su casa. Por 38 años su familia y sus amigos creyeron que estaba desaparecido. Pero el 5 de mayo de este año se enteraron que los restos de “Goyo” estuvieron enterrados en el Patio 29. En los noventa su cuerpo fue erróneamente identificado por el Servicio Médico Legal (SML) como el del doctor Enrique París, asesor de Allende y miembro del Comité Central del Partido Comunista.

Los errores en las identificaciones de los cuerpos del Patio 29 fueron tan macabros, que conmovieron al país entero cuando el 2006 se confirmaron las denuncias que había hecho la abogada Pamela Pereira sobre los errores en las identificaciones. De las 96 osamentas reconocidas hasta entonces por el SML (de un total de 126, donde figuraban 30 como NN) 48 familias supieron recién ese año que habían sepultado a la persona equivocada.

La metodología usada por el Servicio se había puesto en duda por primera vez en 1994, cuando el perito Iván Cáceres planteó a tribunales sus cuestionamientos. Al año siguiente la Universidad de Glasgow en Escocia, un centro especializado en el tema, recibió muestras desde el SML y confirmó que había errores. Según el informe elaborado entonces por el doctor Peter Vanezis, de la universidad escocesa, por lo menos en tres de los casos estudiados el Servicio había errado en las identificaciones.

Lo que aún perturba a los familiares de las víctimas es que el Informe Glasgow, como se conoce al estudio que hizo Vanezis y que fue pedido por el SML durante el gobierno de Eduardo Frei (1994-2000), sólo se conoció luego que la abogada Pamela Pereira denunciará su existencia en el 2002. Y según Lorena Pizarro – presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)- las responsabilidades por los errores aún no se han establecido. Hubo un sumario en el SML que encabezó la fiscal Constanza Collarte y la Cámara de Diputados elaboró un informe, pero a juicio de Pizarro, no fue suficiente: “Si bien la gente que perició ya no está en el SML acá las responsabilidades fueron políticas. Y ya es hora que en este país se empiece a buscar responsables, así sea el Estado porque no puso los insumos humanos y económicos”.

Está claro que las cosas no se hicieron bien. Así lo ha constatado el ministro Alejandro Solís que lleva la causa por las identificaciones. Desde el 2008 se han enviado al laboratorio de la Universidad del Norte de Texas muestras de 124 osamentas encontradas en el Patio 29. Y sólo dos cuerpos -que completaban el total de las 126 osamentas encontradas- no han sido periciados en ese laboratorio. Ambos restos corresponden a un par de ciudadanos bolivianos cuyas familias prefirieron restarse de este nuevo proceso de identificación. Jamás se sabrá si esos restos corresponden a ellos, o no.

En Texas las muestras de estas 124 osamentas se han sometido a varios exámenes de ADN; los mismos que se utilizaron para identificar a las víctimas del atentado contra las Torres Gemelas. A la fecha, se han logrado identificar 45 personas con un 99,9% de certeza: en 24 casos se han confirmado los resultados positivos que entregó el SML y en 16 se han constatado errores.

Los resultados son históricos. Sobre todo porque al rehacer su banco de datos, el SML le tomó muestras sanguíneas a los familiares de los 330 ejecutados y desaparecidos políticos entre septiembre del ’73 y marzo del ’74; ampliando así el rango de acción para las identificaciones. Gracias a esto, hoy han sido identificadas cinco personas que figuraban en los ‘90 como parte del grupo de los 30 NN que había en el Patio 29, mientras que dentro de los 16 errores han aparecido seis personas, entre ellas Gregorio Mimica, que ni siquiera figuraban como víctimas sepultadas en ese lugar.

Por estos días, cuando una serie de televisión levanta polvareda en la derecha al recordar la crueldad de la dictadura, siguen apareciendo cuerpos de personas que los militares quisieron desaparecer bajo la mirada permisiva de los colaboradores civiles de la dictadura. La semana pasada, el ministro Solís, lejos de las cámaras y micrófonos de la prensa, informó cinco nuevas identificaciones a los familiares.

“JUEGAN CON LOS SENTIMIENTOS”

A los amigos de Goyo les parece que su inesperada aparición entre las víctimas del Patio 29 esta es otra más de sus rebeldías. Por años, lo han recordado. Han escrito libros sobre su vida y hasta armaron un blog que reúne testimonios sobre él y también sobre la juventud que compartieron “cuando querían cambiar el mundo”. Así lo repetían este sábado en el Cementerio General frente a la tumba de su amigo. A ratos lloraban, a ratos reían. Por un instante, el panorama gris de cruces y mausoleos se alegró con el naranjo de las banderas que desplegaban la consigna de “La UTE vive”. Era el funeral simbólico. Uno donde sí se podía gritar ¡Compañero Gregorio, Presente!; porque en el funeral oficial, que fue en mayo, nada de eso estuvo permitido. La familia quiso estar sola. “Ellos son de derecha y nos culpan a nosotros de la muerte de Goyo“- dice Iris Aceitón, una de sus amigas.

Detrás de cada resultado que ha llegado de Texas hay historias de diferentes tenores. Victoria Baeza, asistente social del Programa de Derechos Humanos, bien lo sabe. Algunas son más alegres que otras. Como la de Juan Valdebenito, cuya esposa y conviviente lo buscaron juntas por años hasta hacerse amigas. En su caso, la identificación hecha por el SML en los ‘90 se confirmó. Lo mismo pasó con Raúl Jiménez, pero su esposa no quiso recibir los restos. Victoria Baeza cuenta que cuando Raúl desapareció, su mujer internó a sus hijos en una casa de menores y nunca más los vio.

- Cuando la llamamos para decirle que (la identificación de) los restos se habían confirmado, nos dijo que no quería saber nada, que esto a ella no la compensaba… Que tenía un matrimonio feliz y que le habían destruido la vida.

Lo peor de escuchar que tu familiar no es el que está sepultado, cuenta Mariela Pérez, “es cuando te dicen que tienes que devolver el cuerpo. Cuando eso pasa es como si te dispararan”. Y a ella, que buscó a su hermano durante 20 años y que en 1994 creyó que al fin lo estaba sepultando, le sucedió:

- Te cuestionai todo… ¿De qué sirvió buscarlo?… No sé, me da la idea que ya nunca más voy a saber de mi hermano. Y te digo, cuando salió Aylwin nosotros teníamos la ilusión de que lo íbamos a encontrar vivo. Pensábamos que cómo tenía 15 años le habían dado la oportunidad de vivir, pensaba que estaba todavía detenido. Incluso, creí que podía estar en Villa Baviera.

En mayo pasado a Mariela le informaron que el cuerpo que figuraba desde el ‘94 como su hermano Pedro Pérez fue finalmente identificado como José Miguel Valle; un muchacho también de 15 años que desapareció en octubre del ’73 en la población Santa Adriana. Así se lo comentó a Mariela el ministro Solís en una reunión a la que fue sola. Jamás pensó que hablarían de los resultados de Texas. Creía que era un trámite más. ”De haberlo sabido- dice Mariela- me habría hecho acompañar”. El impacto fue muy fuerte. Sobre todo cuando se encontró con las hermanas de José Miguel afuera de la oficina del ministro.

- “Cuando llegué, una de ellas gritó “¡Mira, ella es!” y me dijo algo así como “es mi hermano” y yo no entendía, le dije “¡¿qué…?!”.

Cada vez que Solís entrega estos resultados cita a ambas familias. Habla con cada una por separado y les entrega un documento con el resumen del caso (Vea uno de estos documentos). Lo que, habitualmente, ocurre es que la gente quiere conocerse. A Mariela la familia de José Miguel le agradeció por haberlo cuidado todos estos años. Ella escuchó, pero después quiso hablar.

- Les dije que comprendía su felicidad porque había aparecido la persona que tanto buscaron, pero les pedí que entendieran mí dolor, lo que estaba entregando… Porque, mal que mal, fue mi hermano.

En la situación de Mariela lo que queda- luego de devolver el cuerpo- es esperar por nuevos resultados: 79 son los restos que aún falta por identificar y dentro de ellos podría aparecer Pedro. Pero para ella nada de esto es consuelo.

- Uno siente que juegan con sus sentimientos, que se ríen. Y lo que más me molesta es que las cosas no se hicieron bien, que los presidentes unos a otros se han tirado la pelota y nadie ha querido hacerse responsable de lo que nos pasó.

¿RESTOS MEZCLADOS?

Las nuevas identificaciones han demostrado la gravedad de los errores. Por ejemplo, los familiares de Carlos Reyes se enteraron a través de los resultados de Texas que habían tenido el cuerpo de Luís Dávila por años. Como es costumbre, devolvieron los restos pensando que no sabrían más de Carlos. Hasta que un nuevo resultado de Texas determinó que Carlos había sido identificado erróneamente como Luís Jiménez. En estos tres casos, al ordenar las cosas: los familiares de Carlos Reyes devolvieron el cuerpo que tenían, pero luego encontraron a su pariente; los deudos de Luis Dávila encontraron a su familiar y devolvieron los restos que tenían hasta entonces, los que pasaron a ser NN; pero al final de la cadena, la familia Jiménez devolvió los restos que había sepultado y se quedó sin nada.

Es tal el enredo, que las familias evitan decirles a las madres de las víctimas que sus hijos han vuelto a desaparecer. Es mejor que la madre de Fernando Olivares Mori piense que los datos que quedaron registrados en el documental que filmó Silvio Caiozzi siguen siendo reales. Así lo decidieron sus hijos, quienes a principios del 2010, se enteraron que los restos que homenajearon en ese video no eran de su hermano sino que correspondían a los de Francisco Zúñiga; un garzón de 22 años, que era padre de dos niños cuando desapareció.

Los resultados no fueron aceptados por la familia Olivares Mori. Ellos insisten que el cráneo que reconocieron alguna vez sí es de Fernando. Y hay un detalle, que a su juicio, lo prueba: el diente que le quebró un Patria y Libertad en una pelea en la época de la UP. Además, dicen, como el cuerpo está fragmentado les parece probable que en el SML se hayan mezclado los huesos de su hermano con los de Zúñiga.

- Yo siempre he dicho que ahí se armó un rompecabezas nada de científico y eso no lo quieren reconocer -dice Carlos Olivares, quien además fundamenta sus dudas en una conversación que tuvo con el abogado de la familia, Nelson Caucoto.

Al teléfono, el abogado Caucoto menciona que él cree que los resultados entregados ahora por Solís son irrefutables. Sin embargo, cuenta que en los ‘90 vio una escena en el SML que le preocupó. Y no sólo se la contó a la familia Olivares, sino que la mencionó en varios alegatos.

-Yo observé que en un saco de papas habían hartos cráneos y que un funcionario los iba poniendo en un mesón donde habían unos huesitos… Él iba pegando esos huesitos en el cráneo, con ese pegamento amarillo que se llama U-HU. Los iba haciendo calzar, armando un puzzle. Esto lo he comentado porque me pareció poco científico.

A estas alturas, Miguel, otro de los hermanos Olivares Mori, no cree ni en los procedimientos de antes ni en los de ahora.

- Nada de esto me da confianza. Porque cuando los que están ahora ponen en duda la experiencia de la doctora Patricia Hernández (que trabajó en las identificaciones en los ’90), yo pongo en duda la experiencia de ellos. La doctora Hernández trabajó con lo que le entregaron y ellos están haciendo lo mismo ahora. Si en esos años la identificación se centró en el cráneo, ¿por qué no enviaron entonces muestras del cráneo para que fueran identificadas? Sólo enviaron dientes y una muestra de la pierna. Entonces, me parece raro.

TRES TIPOS DE ADN

Las dudas de la familia Olivares Mori fueron acogidas por el ministro Solís; quien dio la orden de volver a exhumar el cadáver de Zúñiga y enviar una muestra del cráneo al laboratorio de Texas, aún cuando en el proceso del Patio 29, dice el ministro, no se tiene conocimiento de osamentas mezcladas. Sin embargo, la gravedad de los errores impide que las dudas de los Olivares sean descartadas. Sobre todo entendiendo que este proceso de identificaciones se rehace por recomendación de forenses internacionales que realizaron una auditoria científica el 2006, determinando que existieron serias desprolijidades en el SML.

- Ahora hay que tener en cuenta que en los ‘90 no había exámenes científicos para cotejar el ADN. Por lo tanto, el 22º Juzgado del Crimen tomó como antecedente lo que le contaba la gente: cómo estaba vestido su familiar, si tenía una fractura en la mano o en los dientes. En el SML se les pedía una foto que se superponía al cráneo y, sí había puntos de contacto, decían “esta comparación fotográfica demuestra que son los restos de fulano”. Con esos datos que, obviamente, son insuficientes, se hizo la entrega a los familiares -dice Solís.

Hoy, el método que se utiliza en Texas para la identificación es científico. En el laboratorio hay muestras de dientes y de los huesos largos de la pierna de 124 osamentas del Patio 29. Los expertos piden estas piezas porque son las consideradas ricas en ADN, que es la molécula que almacena las características genéticas heredadas. A cada pieza se le realizan varios exámenes hasta extraer tres tipos de ADN: el mitocondrial (heredado de la madre), el del cromosoma Y (heredado del padre) y el nuclear (que combina ambos). Los resultados pueden tardar años. Pero una vez obtenidos todos, explica la doctora Alejandra Jiménez –coordinadora del Programa de Derechos Humanos del SML- se logra un completo perfil genético de los restos, que se inserta en una base de datos donde se cruza con el perfil genético de cada familia.

- Y la base de datos dice “un momento, de todas estas familias, estos restos óseos aquí tienen mucho parecido”. Así se coteja uno a uno y se van arrojando las identificaciones, como ha ocurrido en estos 45 casos (ya identificados) -explica la doctora.

El problema es que no todos los restos óseos han arrojado estos tres tipos de ADN. Hay situaciones donde sólo quedan registros de ADN mitocondrial, que únicamente determina que la identificación anterior no fue correcta. Eso le dijeron a Eliana Largo hace un mes: que los restos que creía de su hermano Luis, no eran de él y que, por el ADN que arrojan, tampoco se sabe de quién son.

Tal como Mariela y los hermanos Olivares, Eliana hizo su duelo con un cuerpo equivocado. Pero en su situación hay un dato que escandaliza: la identificación de su hermano fue una de las tres cuestionadas en el Informe Glasgow ya desde 1995. Por los errores en el proceso inicial y por todo el tiempo en que la información se mantuvo oculta, Eliana demandó al Fisco por falta de servicio en dos oportunidades. El 2008 la jueza del 21º Juzgado Civil, Patricia Castro, dictaminó como indemnización $10 millones para ella y otros $ 10 millones para su hermana. Eliana apeló y hoy -que los resultados de Glasgow se confirman- el Consejo de Defensa del Estado busca un avenimiento. Todo esto, dice, ha sido otra “bofetada”.

Próximamente, el ministro Solís citará a 15 familias para informarles lo mismo que a Eliana: que los restos sólo han arrojado ADN mitocondrial. Esto, según lo explica la doctora Jiménez, sucede por el paso del tiempo.

- Es lo que siempre sospechábamos: el ADN está fragmentado y no está rindiendo información genética suficiente para comparar. Además, la complejidad de estas identificaciones la ofrece también la historia de los hechos: la manera en que las víctimas fueron asesinadas, ocultadas y dispuestas en fosas clandestinas. Eso también determina lo que se pueda lograr o no. Entonces, lo que podemos decirle a la familia Largo Vera es que en estos 45 restos identificados no está su ser querido y el que le entregaron no era el suyo, pero no sabemos si puede estar en el resto -explica Jiménez.

Como en la mayoría de los casos los padres están muertos, los perfiles genéticos de las familias se armaron con muestras sanguíneas de familiares vivos (hermanos, hijos, primos, tíos). Lo que hará tribunales ahora será exhumar cadáveres de los padres para extraer una muestra de resto óseo, a la que se le apliquen los exámenes de ADN en Texas, para así completar un perfil genético de la familia más rico. “En la medida que tengas más información genética, más posibilitas que se compare entre perfiles”, dice Jiménez.

Aquella solución podría determinar una identidad, pero también puede fallar. Sobre todo porque además de aquellos restos que sólo arrojan ADN mitocondrial hay otros que no han arrojado ADN de ningún tipo. Y dos –que corresponden a los bolivianos cuyas familias se restaron del proceso- de los cuales jamás se tendrá certezas.

A las 23 familias de las víctimas cuyos restos aún no arrojan ADN, el ministro Solís las citó a una reunión el miércoles 20 de julio. Junto a la doctora Jiménez, les explicó que para ellos todavía no hay noticias. Entonces, una señora viejita, de pelo cano, preguntó donde estaba el chaleco de su hermano.

- Porque cuando lo identifiqué él estaba con un chaleco de lana que le había tejido yo. A mí el chaleco me sirvió para identificarlo y tal vez pueda ayudar ahora. Porque tiene que estar ahí, señor ministro, porque a mí me preguntaron si quería llevármelo… Pero yo les dije que no, que lo dejaran en la tumba, o si no me iba llorando.

Paraguay era sólo la primera fase de la peculiar operación de contratación de mano de obra barata que Errázuriz puso en marcha. En su carta deja constancia que ya tenía programados dos nuevos puntos de embarque de trabajadores extranjeros: Ucrania y Bielorrusia.

En la misma carta, Errázuriz argumenta que se hace urgente la apertura de fronteras para trabajadores extranjeros ante “la gravedad del problema de falta de mano de obra existente en el país”, la que atribuye a “los subsidios que se entregan a los Municipios convertidos en nuevas fuentes del tristemente célebre PEM y POHJ del Gobierno Militar”.

Después del escándalo provocado por la denuncia interpuesta por una parte de los 69 trabajadores paraguayos que trajo hasta sus empresas en Chile y de la investigación en curso por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, Errázuriz mantiene su postura. Y no está solo. Las organizaciones gremiales de los empresarios del sector agrícola reclaman lo mismo y bregan porque el porcentaje de trabajadores extranjeros permitidos por empresa -determinado en el Código Laboral- suba de un 15% a un 25 por ciento.

Así de claro lo dejaron establecido durante la reunión que el pasado 13 de junio sostuvieron los directivos de la Sociedad Nacional de la Agricultura (SNA) con Sebastián Piñera: necesitan extranjeros para esta temporada de cosecha, la que se inicia en Copiapó a principios de diciembre. La misma petición recibió la ministra Evelyn Matthei al día siguiente de asumir como ministra del Trabajo por parte de la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó (APECO). Mientras que José Antonio Galilea, ministro de Agricultura, ha estado en conversaciones con la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX) abordando el mismo punto.

A buena parte de los temporeros esta demanda le huele mal. Intuyen que la verdadera intención de los empresarios es llenar sus campos con trabajadores extranjeros vulnerables que acepten trabajar por salarios aún menores que los que actualmente se pagan en el sector. Un temor que no sólo se ve acrecentado luego del episodio de abusos por los que se investiga a Francisco Javier Errázuriz. Este se suma a otros y en especial a un problema que sacudió el año pasado a Copiapó justo durante la cosecha.

LOS ILEGALES DE CABO DE HORNOS

Fue el 28 de enero de 2010. Esa misma noche la PDI realizó una fiscalización en el fundo Cabo de Hornos, ubicada a 20 kilómetros de Copiapó, en la comuna de Tierra Amarilla. La alerta fue anónima: en el fundo había extranjeros ilegales trabajando como temporeros. Pero cuando la policía llegó al predio, todo estaba en orden. No era casual. Minutos antes 22 inmigrantes – peruanos y bolivianos- fueron obligados a subir en dos buses sin mayores explicaciones.

-Nos sacaron del campamento a las doce y media de la noche con el pretexto de llevarnos a Tierra Amarilla diciéndonos que venía Investigaciones y por eso nos debían esconder. Pero no sabíamos que nos llevaban a Caldera. Nos engañaron y nos dejaron ahí. Nosotros no tenemos dinero y hace una semana que no comemos -dijo la temporera boliviana Elsa Machaca al Diario de Atacama.

Luego de ser abandonados en Caldera los inmigrantes volvieron al fundo y se quedaron apostados en las afueras exigiendo su sueldo. Ahí los encontraron funcionarios de la PDI que, nuevamente, fueron al lugar informados por llamados anónimos. Los temporeros de Copiapó también fueron alertados y de inmediato se comunicaron con los inmigrantes.

Los relatos de los temporeros extranjeros impactaron a sus pares nacionales. Rosa Ortega, temporera y dirigenta del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Eventuales y Transitorios del Valle de Copiapó (SINAGET), relata la escena que le describió uno de los extranjeros y que se vivió al interior del bus en que los sacaron de emergencia ante la inminente llegada de la policía. Le preguntaban al chofer a dónde iban, qué pasaba con sus sueldos y él sólo respondía “tengo órdenes de dejarlos acá”, dice Rosa. Por esos días fue la Pastoral Migrante de Copiapó la que alojó a los temporeros extranjeros.

-Estaban espantados y buscaron la forma más rápida de volverse a su país –dice Jorge Alfaro, encargado de la casa de acogida.

Los temporeros inmigrantes declararon ante la PDI que trabajaban en el fundo Cabo de Hornos para el contratista agrícola Gabriel Duque. Dos días antes de que éste abandonara a los 22 trabajadores extranjeros en Caldera, la Intendencia de Atacama lo había multado por tener trabajando ilegalmente en el mismo fundo a 2 peruanos y 1 boliviano (26 de enero del 2010). Su reincidencia tuvo un costo, aunque mínimo: la Intendencia le cursó una nueva multa por $1.185.686 el 9 de febrero.

Las denuncias de maltrato laboral hechas por los trabajadores extranjeros motivaron una nueva fiscalización en terreno de la Inspección del Trabajo. Del 28 de enero al 1 de febrero de 2010 el funcionario George Astudillo visitó el fundo de propiedad de la empresa Cabo de Hornos S.A., donde los extranjeros ilegales prestaban servicios. Así consta en el Informe de Fiscalización. Al contratista, le aplicaron otras 9 multas que en total suman $17 millones, por no escriturar contratos, no determinar horas ordinarias y extraordinarias, no pagar remuneraciones y no informar a los trabajadores de los riesgos laborales, entre otros motivos. También por no tener el mínimo exigido de trabajadores chilenos: 85 por ciento.

Lo increíble es que cada una de estas multas se encuentra aún en trámite de cobranza. Al teléfono, Gabriel Duque dice que no ha pagado porque no es efectivo que haya llevado a los 22 extranjeros ilegales a trabajar al fundo Cabo de Hornos. Reconoce que por más de nueve años fue contratista de esa empresa, pero señala que luego de lo ocurrido cambió el rubro agrícola por el de maquinaria pesada.

“Mi versión de los hechos es que el 17 de enero falleció mi hermano y no volví en un mes o dos meses a Copiapó”, dice Duque, quien afirma que fue la propia empresa la que hizo el trato directamente con los trabajadores y que se aprovecharon de su ausencia para culparlo. “Ella fue la que los botó”, acota.

La historia que cuenta la empresa es distinta. La versión que le entregaron al Diario de Atacama fue que no eran responsables debido a que las contrataciones las había hecho un subcontratista: Duque. Al ser contactados por CIPER, Fernando Taborga -gerente de Cabo de Hornos S.A- negó incluso que los extranjeros hubieran estado trabajando en el fundo. A pesar del Informe de Fiscalización de la Inspección del Trabajo que lo señala y de las 22 amonestaciones que la Intendencia le aplicó a los extranjeros ilegales, donde figura como domicilio el Campamento Fundo Cabo de Hornos en Tierra Amarilla. Taborga no volvió a responder nuestros llamados.

Duque mantiene su versión. Y agrega un dato: que la razón para evacuar a los extranjeros a mitad de la noche fue porque ya se sabía de la fiscalización que la PDI iba a realizar. “Si estas fiscalizaciones desde la Inspección del Trabajo se les avisan a los campos siempre”, dice el contratista, quien reconoce que en sus inicios trabajó con ilegales. Agrega que ésta es una práctica habitual en todo el Valle de Copiapó y que algunos empresarios -que no menciona- le habrían pedido que trajera exclusivamente peruanos ilegales. “Pero el riesgo que se corre es tremendo”, explica.

Y aunque el problema de trata de personas de Cabo de Hornos hasta ahora es único en Copiapó, fuentes de la PDI mencionan que desde 2009 las alertas por extranjeros ilegales trabajando en los campos van en aumento. Pero las multas son muy pocas.

De 2009 a la fecha la Intendencia ha sancionado por este hecho no sólo a Duque sino que también al empresario Gonzalo Moreno Prohens en dos oportunidades, a Agrícola Valle Escondido S.A., a Agrícola Copayapu S.A., al contratista Luis Cepeda Jelves y a Uberlinda Zepeda, capataz en terreno de Víctor Salazar, contratista también de Cabo de Hornos S.A.

LA DEMANDA DE LOS EMPRESARIOS

En las paredes de la oficina de Ronald Bown- presidente de la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX)- hay varios diplomas y dos imágenes que se distinguen: un cuadro con un racimo de uva morada y una estampa de José María Escrivá, el fundador del Opus Dei. Sentado en su escritorio y con la foto del santo asomando detrás de su espalda, Bown dice que desconoce el problema ocurrido en el fundo Cabo de Hornos. Sobre Francisco Javier Errázuriz tiene una opinión clara.

-Yo creo que Francisco Javier Errázuriz siempre ha sido bastante creativo, individualista, y creo que trató de hacer algo que a lo mejor lo quiso hacer con buena intención, no sé. Porque, efectivamente, es una señal de que hay problemas. Es una señal de alguien que está diciendo necesito gente para capacitarla y que se fidelice conmigo. A lo mejor no lo hizo bien, pero lo que queda es ese mensaje.

La idea de traer trabajadores extranjeros al campo chileno emergió con fuerza en 2007, justo cuando los agricultores de Copiapó se quejaban de la ausencia de temporeros durante la época de cosecha. “En ese momento perdieron gran parte de la producción”, recuerda Bown.

Por esos años, la ASOEX junto a los miembros de la directiva de la SNA se reunieron con el ministro de Agricultura, Álvaro Rojas, en varias oportunidades. La ASOEX había elaborado un documento -“Crisis en la Fruticultura: escasez de trabajadores y bajo tipo de cambio”- donde plantearon como solución a la escasez de mano de obra la elaboración de una “nueva y moderna política inmigratoria” que facilitara al empresariado la contratación de temporeros extranjeros.

La demanda no tuvo eco durante el gobierno de Michelle Bachelet, que propició el incentivo a los trabajadores chilenos a través de mejores salarios. Algo que para los empresarios era inviable. En el documento de ASOEX, justo en la página 7, hay un párrafo que lo especifica:

-Sería sencillo proponer que para evitar la escasez de trabajadores rurales, el sector ofrezca mayores salarios. Pero esta situación es financieramente inviable en las actuales circunstancias debido a que el bajo nivel de tipo de cambio actual no lo permite.

La reciente protesta de los agricultores en Requínoa, a principios de junio, demuestra que está vez el sector está decidido a ser escuchado por el gobierno. Reclaman que las autoridades no han puesto atención a una situación “crítica”. Y los aspectos centrales de su reclamo son la baja del dólar, la falta de créditos, el aumento de los costos de producción y la escasez de mano de obra.

Según Rafael Prohens, presidente de Asociación de Productores y Exportadores del Valle de Copiapó (APECO), la situación hoy respecto a este último punto es peor que en 2007. Y afirma que si en esos años faltaba gente para cosechar, en 2010 no se pudo cosechar el 10% por falta de mano de obra. Las razones que esgrime son variadas. Entre ellas, la baja en la migración interna. Las temporeras del sur, a su juicio, ya no tienen necesidad de venir al norte porque en su sector ha crecido considerablemente el cultivo de cerezos y arándanos. A eso se suma los efectos del terremoto: el miedo a trasladarse. Y la dura competencia por mano de obra que les genera la minería.

-La gente del sur y del norte se queja de que las mineras les están levantando a los tractoristas. Se los llevan a trabajar a Calama y los suben arriba de máquinas pesadas con un salario 2 ó 4 veces más grande del que ofrecemos nosotros -dice Prohens.

Los que deciden trabajar en la zona cobran más caro, afirman los empresarios. Luis Mayol, presidente de la SNA, señala que en Copiapó, para retener a la gente durante la temporada pasada, algunos empresarios le pagaron a los temporeros entre 20 y 25 mil pesos diarios. Lo anterior, sumado al poco interés que provoca el campo entre los jóvenes, hace crisis. Sobre todo cuando prefieren trabajar “en el supermercado con aire acondicionado en vez de estar trabajando en el parronal a todo sol”, dice Mayol.

De allí que la propuesta de los dirigentes del empresariado agrícola busque ampliar el 15% permitido para la contratación de mano de obra extranjera. Subir al 25% es lo que más se escucha, pero el porcentaje depende de las necesidades de cada región. Los empresarios creen que hay que discriminar qué lugares necesitan mano de obra extranjera y cuáles ya cuentan con trabajadores chilenos suficientes.

-Uno no puede decir con esto traigo 100% de peruanos a Copiapó y me ahorro plata. Si el Valle de Copiapó requiere 120 personas, nosotros creemos que deben ser 120 personas las que deben entrar, no 180 -dice Ronald Bown.

Lo que sí les preocupa es que se genere competencia desleal entre las empresas. Por eso, proponen una redistribución de los inmigrantes. Que además deberán ser traídos en forma temporal y por un “intermediario” que los reclute en el exterior.

-El inmigrante tiene que estar atado a alguien o a una empresa que diga “necesito 55 personas que vengan a trabajar por 3 meses y que tengan las siguientes características”. Esa persona tiene que responsabilizarse por esa gente. No solamente desde el punto de vista de traerlos sino que también de devolverlos. No queremos que se nos utilice para que lleguen al país en forma poco clara, o que se queden acá -aclara Bown.

En Copiapó, según Prohens, no sólo los empresarios agrícolas requieren de mano de obra extranjera. Los contratistas de la pequeña y mediana minería también. Desde 2009 a la fecha, en la Intendencia de Atacama hay multas aplicadas a empresas del rubro minero por trabajadores extranjeros ilegales. La Minera Carmen Bajo figura con 2 ciudadanos rumanos y la Sociedad Contractual Minera Trinidad con otros 2 ciudadanos peruanos.

Para Prohens esto demuestra que la necesidad de traer extranjeros no tiene que ver con la necesidad de abaratar costos, sino que con una realidad: “Porque no queremos entrar en la ilegalidad, queremos que esto sea legal, que al extranjero se le pague un contrato, las imposiciones y que tenga un salario digno igual al del trabajador nacional”.

HUASOS DESPIERTOS

Pero la propuesta de los empresarios debe leerse en contexto. Sobre todo cuando diciembre de 2007 está marcado por un hecho histórico: por primera vez los temporeros denunciaron los abusos laborales cometidos en el sector. Y el epicentro de la protesta fue precisamente Copiapó, ciudad que a juicio de los empresarios, hoy da la señal respecto de la baja en la mano de obra.

Los diarios de la época calcularon alrededor de 3 mil temporeros protestando y haciendo barricadas en plena carretera. La denuncia era necesaria porque las malas condiciones laborales -dice Rosa Ortega, dirigenta del SINAGET-, iban escalando. Había faenas sin baños y campamentos donde los temporeros del sur dormían sobre colchones con hoyos. Las consecuencias del uso de plaguicidas no eran informadas. Y hubo casos de temporeras que tuvieron hijos con malformaciones.

A lo anterior, se agregó la figura del contratista que vino a mermar el ingreso del temporero. Antes el trabajador cobraba cada actividad por separado. Quitar las frutas malas de una mata o descargar cajas de un camión tenía valores diferentes. “Pero con los contratistas se mezcló todo en un combo, y así bajó la remuneración”, dice Rosa. Los contratistas sabían su negocio. Por parra cosechada le cobraban $300 al empresario y le pagaban $30 pesos al temporero. $270 pesos era su ganancia.

-Todo esto se fue acumulando y llegó un momento que los trabajadores dijimos “no podemos permitir más que se nos siga robando” –dice Rosa Ortega.

Luego de las protestas, se formó una mesa tripartita de diálogo agrícola en Copiapó entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores de la zona. Sólo dos empresas del valle accedieron a pagar un sueldo base de $250 mil para sus trabajadores. Según el SINAGET, aquello sólo duró la temporada de 2008. Desde entonces no se cumple.

Los sueldos que reciben los temporeros siguen siendo inestables. Por lo general, se hace un contrato por el mínimo y luego sobre esa base se entregan bonos de producción, lo que ellos llaman “el trato”. Es esto precisamente lo que va variando y produciendo una disparidad en los salarios según el tipo de fruta, región, empresario o contratista. Hay casos, como el del temporero Fernando Hinostroza en Copiapó, que durante la cosecha pasada sacó $780 mil en enero. Por caja de uva Thompson, la empresa Aconex -hoy en quiebra- le pagaba $300. Logró hacer entre 80 y 150 cajas diarias, trabajando todos los días, de lunes a sábado, desde las 8:00 hasta las 18:00. Ésta ha sido la única vez que Fernando, que trabaja hace 12 años en la zona, sacó esa cantidad.

Cuando Luis Mayol dice que se han pagado hasta 25 mil pesos diarios en Copiapó durante la cosecha, se refiere a casos como los de Fernando Hinostroza, que son aislados. Porque también abundan los ejemplos como el de la temporera Sonia Sagredo que en plena cosecha en Casablanca logró sacar en el mes de abril, llenando más de 40 baldes de uva por día, $134 mil líquidos. Le descontaron dos días que faltó a trabajar y Sonia demandó al contratista Gerardo Galdames por no haberle pagado las horas extra.

Los salarios en la agricultura están lejos de ser atractivos. Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), afirma que es esa la razón por lo que los trabajadores buscan cambiar de rubro. Temporeras y temporeros están emigrando hoy a otros sectores, como el comercio y la minería en busca de mejores salarios.

-Los trabajadores de la fruta han ido encontrando esa veta de que hoy día hay más trabajo en las minas y por supuesto que han ido a trabajar para allá. Pero de ahí a que haya tanta falta de mano de obra… Yo pienso que la gente no quiere trabajar por los salarios tan bajos que se están pagando. Y de eso se espantan los empresarios, de eso se asustan y dicen: estos huasos están despertando –dice Alicia Muñoz.

Para la presidenta de ANAMURI es importante fijar cuanto antes un sueldo base de $250 mil como se prometió alguna vez. Para que desde ese piso se haga el trato. Y para que ese trato no sea dispar, tanto ANAMURI como SINAGET están de acuerdo en impulsar un Tarifado Nacional que establezca los valores de cada trabajo agrícola y que se vuelva a contabilizar cada uno de ellos por separado, como era antes de la irrupción de los contratistas.

La propuesta no ha tenido eco entre los empresarios agrícolas. A mediados de junio le entregaron a la ministra Matthei el Estatuto del Temporero; un documento elaborado por la SNA y la ASOEX además de algunas agrupaciones campesinas que pretende reformar la legislación actual en materia del trabajador agrícola dándole la posibilidad al empleador de extender la jornada laboral y elaborar contrato al décimo día de trabajo, entre otras garantías. Además, se menciona la posibilidad de hacer una negociación colectiva, pero aclaran que en caso de que el sindicato no exista, ésta se realizará con un grupo negociador. Apenas se menciona el derecho a sala cuna y nada se dice respecto a la eliminación de la Ley de Subcontratación.

Si los empresarios hoy están empecinados en abrir la frontera es porque hasta hace dos años aún había gente dispuesta a trabajar en la cosecha de temporada, y como eran los contratistas los que se quemaban contratando al ilegal, los empresarios no necesitaban tan urgentemente regularizar la situación de los extranjeros, afirma el contratista de Cabo de Hornos, Gabriel Duque. Y agrega que ahora se hace necesario “porque los chilenos ya se saben todas las leyes y quieren sacar ganancias donde pueden. Por eso, en el sector se prefiere a los extranjeros: porque es mano de obra más barata”.

Rafael Prohens, desde Copiapó, rechaza lo afirmado por Duque e insiste en que este no es un tema de salarios:

-Ahora yo no sé y hago la pregunta: ¿es tan malo que la gente compita por calidad? Si al final de cuentas esto es lo mismo que cuando 30 personas postulan a un trabajo, entonces todos se esmeran en ser los mejores.

Para el ex ministro de Agricultura Álvaro Rojas tanto en esos años como ahora traer extranjeros es una salida fácil. Si bien el problema de la mano de obra existe, a su juicio esto se resuelve ofreciendo mejores condiciones laborales para fidelizar a los trabajadores:

-Acá no hay ninguna razón que no sea económica para traer extranjeros. Porque la escasez de mano de obra deja de ser escasez dependiendo del precio que se pagué. A lo mejor en Chile no hay personas dispuestas a trabajar por $12 mil, pero sí lo hay por $15 mil. Tiene que ver con el precio, porque si esa mano de obra extranjera viene a presionar el precio de la mano de obra a la baja y no al alza va a haber un efecto macro económico local y a la gente le van a pagar menos –dice Rojas.

DESIGUALDAD

A los trabajadores chilenos les preocupa que en caso de llegar al campo, los extranjeros lo hagan en condiciones inferiores a las de ellos. En eso, todos están de acuerdo. Incluso aquellos trabajadores que negociaron con los empresarios para aprobar el Estatuto del Temporero. Una de las firmas que está en ese documento es la de Segundo Steilen, presidente de Confederación Nacional Campesina (CNC), quien menciona que en las conversaciones futuras sobre la incorporación de extranjeros el objetivo como organización será delinear bien las condiciones en que se debe traer al inmigrante.

-Hoy día tenemos algunas precariedades en nuestro sector que tienen que ver con la salud, la vivienda. Entonces, si esa gente se viene para acá, la pregunta es: ¿en qué condiciones van a vivir? Ya es complicado que llegue nuestra gente a los policlínicos rurales. Hay que ir a sacar hora para que a la gente la atiendan, no es nada tan fácil.

Sobre las implicancias de traer inmigrantes más allá de la agroindustria, Álvaro Rojas ya en 2007 había acuñado una frase del escritor suizo Max Frisch: “Queríamos mano de obra y llegaron personas”. Cinco años después, vuelve a insistir en este punto:

-Siempre señalé que esto debe ser algo muy meditado por la autoridad. Porque se van a contratar trabajadores, pero van a llegar personas: con ideas, con familias, con hijos. Y uno no puede impedir que en cuatro meses esas personas no tengan la oportunidad de divertirse, de salir, de que los niños vayan al colegio, que los lleven al consultorio si se enferman. La previsión y todo ello son costos que los paga un sistema público no del todo bien dotado. Por eso lo de los trabajadores paraguayos puede ser un buen presagio de lo que puede ocurrir en la agricultura. Porque si uno escucha las acusaciones del empresario involucrado, él quería que le trabajaran no más y ahí es cuando la cita de Frisch cobra sentido.

Luis Mayol desdramatiza el asunto. Para él no es tal el impacto social que podría provocarse: “Porque no es lo mismo que llegué un turco a Alemania que llegué un peruano a Chile. Hay muchas más similitudes, empezando por el idioma, es más fácil que se asimile”. Y vuelve a reiterar que la intención de esta propuesta es que “el trabajador que venga lo haga en las mismas condiciones que el chileno”.

Por lo que ocurre en terreno, hace tiempo que las organizaciones que se ocupan de los derechos de los inmigrantes vienen denunciando que el trabajador extranjero está en una situación mucho más vulnerable que el chileno. Porque llega a un país donde muchas veces está solo, no tiene redes, desconoce sus derechos y en materia laboral debe encontrar a un empleador que le dé trabajo para obtener una visa por un año y se comprometa al término del contrato a pagarle el pasaje de regreso. Aquél resquicio legal llamado “visa sujeta a contrato” es la figura tipificada en la Ley de Migraciones -que data de 1975- y que genera un alto grado de dependencia entre el inmigrante y su empleador; propiciando abusos laborales.

Para la abogada colombiana Helena Olea, directora de la Clínica Migrante de la Universidad Diego Portales, la cláusula del pago del pasaje es un arma muy fuerte que tienen los empleadores.

-Así es como se empiezan a propiciar ambientes como los de la trata de personas. Porque si un empresario trae a un grupo de paraguayos, calcula lo que le vale el pasaje. Entonces dice: bueno, este trabajador me va a valer 50 mil pesos más de lo que me vale un chileno, entonces lo contrato, pero le voy a ir descontando de su sueldo el valor del pasaje. Así se van generando esquemas adicionales de subordinación que no tiene un trabajador chileno -dice Olea.

Muchos de estos trabajadores por desconocimiento o por miedo a quedarse sin visa si el empleador decide terminar el contrato, callan los abusos de los que son objeto. Por eso, Olea señala que de materializarse la demanda de los empresarios, ésta debiera considerar la abolición de la visa sujeta a contrato y en su lugar habría que implementar una visa temporaria de trabajo. Al respecto, ni la SNA, ni la ASOEX, ni la APECO han discutido por ahora la posibilidad de modificar la Ley de Migraciones.

Respecto a los temores, Prohens señala que da la sensación que se quiere establecer que ser temporero es una actividad denigrante. “¿Porque solamente pueden venir ejecutivos a trabajar a Chile, porque los trabajadores no?”.

Frente a la demanda de los empresarios de abrir las fronteras a los trabajadores extranjeros, la presidenta de ANAMURI, Alicia Muñoz, lo primero que plantea es la vulnerabilidad de los inmigrantes en un sector donde ya hay muchos abusos laborales.

-Es cosa de ver el pedido que hizo el señor Fra-Fra de gente humilde que no reclamara… Entonces, ¿qué se arrastra detrás? Los empresarios hoy, cuando hay un Presidente de la mano de ellos, no tienen ningún empacho en hacer lo que hizo el Fra- Fra. Y si abren las fronteras, ¿quién se los va a impedir?

-Don Juan Pablo no ha venido por acá hace tiempo, aunque la casa ya está casi terminada. Le faltan puros detalles, no más –dice el cuidador que cierra el paso, confirmando que la propiedad es de Juan Pablo Valenzuela Miranda.

No han sido buenas las últimas semanas para Valenzuela y quizá por eso no ha puesto pie en su flamante refugio de montaña. De hecho, esa propiedad es una de las que se mencionan en la denuncia interpuesta en su contra por las religiosas de la congregación Misioneras Catequistas de la Sagrada Familia. Ellas son las sostenedoras del colegio Providencia, de Parral, donde Valenzuela ha ejercido como subdirector, aunque no es docente, y ha oficiado como asesor jurídico, sin ser abogado.

Las monjas concurrieron al Ministerio Público el 9 de junio pasado y lo acusaron de “apropiación indebida” de fondos. Ellas sospechan que los más de $132 millones que Valenzuela ha invertido en propiedades en el último año pueden haber salido de las arcas de su colegio parralino. El establecimiento atiende a 1.500 alumnos y recibe más de $120 millones mensuales por concepto de subvención y aporte solidario de los apoderados.

La historia tiene además una arista que sorprende y sirve de combustible a aquello de “pueblo chico, infierno grande”: la superiora de la congregación, Ana Águila, la Madre Anita, respalda a Valenzuela, con quien tiene una relación de extrema confianza, y así lo hizo saber al cuerpo docente y administrativo del Colegio Providencia. En los hechos, la denuncia ante la fiscalía es síntoma de un quiebre profundo entre la superiora y el resto de las religiosas que dirigen la congregación.

El episodio que dejó a Valenzuela navegando en aguas tormentosas comenzó a escribirse el 24 de abril pasado. Ese día Chilevisión informó sobre la denuncia de un profesor que aseguró que las listas de asistencia de otro colegio que tiene la congregación en la localidad de Las Camelias, en la comuna de Retiro, eran adulteradas para cobrar dolosamente las subvenciones estatales.

La acusación dio origen a una investigación del Ministerio de Educación. Para enfrentar la denuncia, la dirección del colegio fue asumida por la religiosa Mireya Alfaro, la Madre María Jesús, quien convocó como asesor jurídico al ex alumno de las monjas y abogado parralino Daniel Castillo. En medio de esa indagatoria y al tomar contacto con funcionarios de Educación que trabajan en el área de las subvenciones, la religiosa fue alertada sobre el conjunto de propiedades que había adquirido desde julio de 2010 el subdirector del Colegio Providencia, Juan Pablo Valenzuela. Las sospechas se basan en que las inversiones descubiertas no tendrían relación con los ingresos que percibía Valenzuela por su trabajo en el establecimiento.

FINIQUITO Y AUDITORIA

El sábado 21 de mayo se celebró en Santiago el “Encuentro Fraterno” que anualmente reúne a todas las integrantes de la congregación. Aunque no estaba en tabla, la jornada fue aprovechada para citar de manera extraordinaria el Consejo Superior, órgano máximo de la Congregación. Ahí se expusieron las sospechas que recaían sobre Valenzuela y se solicitó a la superiora que explicara el rol que el subdirector cumplía en materias administrativas.

Valenzuela siempre había estado bajo la mira de un grupo importante de religiosas. La congregación tiene 91 años dedicada a la educación, administra nueve colegios, atiende a más de 6 mil alumnos y en toda su historia la directora y subdirectora de cada establecimiento siempre fue una consagrada. Eso hasta 2008, cuando sin poner sobre aviso a las hermanas, la Madre Anita designó a Valenzuela como subdirector del colegio de Parral. Aquello preocupó a varias religiosas, debido a que consideran que la historia personal de Valenzuela no es compatible con un alto cargo en un colegio administrado por monjas.

La nominación de Valenzuela fue traumática en la forma, pues se anunció en la liturgia del inicio de clases de 2008 sin que la hasta entonces subdirectora Soledad Soto, con más de 30 años de docencia en el colegio, supiera que sería relevada. Y también lo fue en el fondo, porque Valenzuela, que hasta entonces se desempeñaba como asesor jurídico del colegio, había tenido un niño con la hija de uno de los profesores y poco tiempo después tuvo una niña con una joven docente del mismo establecimiento. A eso sumaba otro hijo con una pareja anterior. Ahora mantiene una relación con la secretaria administrativa del colegio. Además, ha enfrentado por lo menos dos juicios por alimentos.

-Toda persona es libre de hacer lo que quiera con su vida privada, pero para ocupar un puesto en un colegio de religiosas no nos parecía adecuado. Varias personas se lo hicimos saber a la Madre Anita, incluso otras hermanas de la congregación, pero ella no quiso escuchar -señala un apoderado que se relaciona habitualmente con Valenzuela.

El Consejo Superior de las religiosas está integrado por siete hermanas. Y en la reunión urgente del 21 de mayo, fueron cuatro las que inclinaron la balanza contra Juan Pablo Valenzuela, a pesar de la defensa que hizo la Madre Anita. La cita se selló con dos acuerdos. El primero estipuló que al día hábil siguiente, el lunes 23 de mayo, se procedería al finiquito de Valenzuela como subdirector del Colegio Providencia y como asesor jurídico del colegio de Las Camelias, función que ostentaba en paralelo. Y, en segundo término, que se realizaría de inmediato una auditoria financiera y administrativa al colegio Providencia.

REUNION CON EZZATI

El abogado de Valenzuela, Iván Quijada, asegura que su cliente firmó el finiquito en los primeros días de junio y que la auditoría está en marcha hace dos semanas, realizada por un equipo que habría sugerido el obispo de Linares, Tomislav Koljatic.

Las religiosas que interpusieron la denuncia en la fiscalía de Parral señalan que la Madre Anita no les ha dado copia del finiquito y que no les ha informado sobre la supuesta auditoría. De hecho, ellas se reunieron el miércoles 25 con el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, para ponerlo al tanto de la situación, porque la congregación tiene su sede central en su diócesis. Y Ezzati les sugirió que la auditoría la hiciera una funcionaria del arzobispado de su confianza, Nelda Campos, quien hasta ahora no ha recibido luz verde desde el colegio para proceder.

La Madre Anita tiene su lugar de trabajo en la sede central de la congregación, en la calle Maturana de Santiago, pero desde que se inició el conflicto ha permanecido en Parral, en la casa que tienen las religiosas dentro del colegio.

En un contacto telefónico con CIPER, Juan Pablo Valenzuela aseguró que la denuncia sólo cuenta con el respaldo de la religiosa que la interpuso, la Madre María Jesús, y que el resto de la Congregación, incluida la superiora, no apoyan la judicialización del tema.

Pero la investigación de CIPER arrojó que la Madre María Jesús, ecónoma y administradora de los bienes de las religiosas, no está sola. El 7 de junio, ante la nula respuesta de la Madre Anita respecto de los acuerdos suscritos en la reunión del 21 de mayo, la vicaria de la congregación, la hermana Yolanda Covarrubias, la Madre María Soledad, tomó las riendas del asunto como segunda al mando. Para ello, requirió un certificado extendido por el Arzobispado de Santiago que la acredita como representante legal de la congregación. Y fue ella la que mandató a la Madre María Jesús y al abogado Castillo para que presentaran la denuncia ante la fiscalía, lo que se concretó el 9 de junio. Castillo además, anuncia que presentará una querella contra Valenzuela.

-Lo que hay acá es una congregación que reúne a cerca de una treintena de consagradas y de ellas hay por lo menos 21 religiosas que respaldan lo obrado por su Consejo Superior y por las madres María Soledad y María Jesús -sostiene Castillo.

El único finiquito que han tenido a la vista las religiosas es el que puso fin a la asesoría jurídica que brindó Valenzuela al colegio de Las Camelias. Fue firmado por la Madre Anita y Juan Pablo Valenzuela en Parral el 23 de mayo pasado, pero fue legalizado en una notaría de Linares. El documento contiene una cláusula sorprendente, que estipula que los términos del finiquito así como los argumentos utilizados para poner fin a la relación laboral son confidenciales y queda prohibido a las partes hacer mención de ellos. El incumplimiento, dice el texto, dará derecho a la contraparte a cobrar 10 mil UF (unos 218,5 millones de pesos):

-Para máxima claridad, ninguna de las partes abajo firmantes, podrá referirse a la otra en caso alguno y bajo ninguna circunstancia, en términos que involucren menosprecio, ofensas o injuria o cualquier forma de menoscabo –establece el finiquito.

LAS PROPIEDADES

Juan Pablo Valenzuela aseguró a CIPER que las propiedades cuyas escrituras fueron acompañadas por la denunciante suman cerca de $40 millones y que pudo financiarlas con diversos créditos. Su abogado, Iván Quijada, estimó que los créditos que pidió su cliente para solventar estas operaciones suman unos $30 millones, y que el resto lo cubrió con ahorros y otros ingresos.

-Él tiene negocios en el rubro agrícola, además de una sociedad de asesoría jurídica con un hermano. Tiene ingresos permanentes en los colegios desde hace diez años. Es soltero y vive con su mamá. Así que tiene capacidad de ahorro. Vamos a entregar a la fiscalía todos los documentos que acreditan los recursos con los que hizo estas compras de propiedades -dijo Quijada.

Respecto de los juicios por pensión alimenticia y los desembolsos que Valenzuela debe hacer para mantener a sus tres hijos, Quijada indicó que sólo estaba informado de que su cliente llegó a acuerdo con la profesora que es madre de su hija menor y que “eso se inició como una reclamación por régimen de visitas”. Sobre los otros casos, señaló que no tenía antecedentes.

En contraste con las cuentas que saca Valenzuela, CIPER tuvo acceso a las escrituras de las cuatro propiedades que acompañaron la denuncia: la inversión total suma $53,5 millones. Se trata de una parcela en el sector de Los Molinos, en Parral, que adquirió en $16 millones; otra parcela en el mismo lugar que compró en $14 millones; una casa también en Parral por $18 millones y el sitio en Bullileo que le costó $5,5 millones.

Además, el abogado Castillo señaló a CIPER que tuvo acceso a una escritura de compraventa de un inmueble que está en la notaría de Gloría Acharán, en Santiago, fechada el 29 de abril de 2011, bajo el repertorio 17.523. En esa escritura, señala Castillo, figura como comprador Juan Pablo Valenzuela y como vendedor “Francisco Javier Bizama Cifuentes y otra”. El abogado asegura que la venta es por 3.018 UF (casi $66 millones) y que el pago fue acreditado por Valenzuela mediante un vale vista que permanece en custodia en la misma notaría. La operación no se había cerrado, dijo Castillo, porque faltaba la firma de uno de los vendedores.

El abogado Quijada dijo a CIPER que no tenía información sobre esta última compra y no descartó que se haya financiado con un préstamo hipotecario, pero subrayó que no está dentro de los documentos que acompañan a la denuncia.

Con esta última compra en curso, las inversiones inmobiliarias hechas por Valenzuela desde julio del año pasado a la fecha totalizan cerca de $119,5 millones. A ello debe agregarse el costo de la casa que se construyó en Bullileo, cifra que el abogado Quijada estimó en conservadores $14 millones, pues incluyó hasta la piscina. Eso da un total de $133,5 millones.

A ese paquete debe sumarse la nueva, amplia y moderna casa construida por Valenzuela en Parral y que habita junto a su madre en calle Ignacio Carrera Pinto Nº 97. El inmueble es de estilo ecléctico y más ostentoso que bello. Resaltando entre las modestas viviendas aledañas por detalles como una puerta con marco de madera y un gran vidrio grabado con las iniciales VM, la casa despierta las fantasías de los parralinos, quienes aseguran que Valenzuela trajo muebles desde España para alhajarla.

Respecto de los costosos vehículos que utiliza Valenzuela y que despiertan envidia o admiración en el pueblo, Quijada dijo que el moderno BMW en que se desplazaba hasta hace poco, era producto de un leasing que tuvo que deshacer. La amplia camioneta Chevrolet Traverse 2009 está a nombre del hermano menor y socio de Valenzuela, Miguel Luis, y figura en prenda por el préstamo que facilitó su compra.

LOS FONDOS SEP

Raúl Zuñiga fue profesor en el Colegio Providencia por más de 20 años. Encabezó la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento hasta el último día del año pasado, cuando Valenzuela le anunció su despido.

Zúñiga fue el encargado de postular al colegio en 2008 a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), que otorga más dinero fiscal por atender a menores vulnerables. Según cuenta, al postular ese año el colegio sólo gastó en una capacitación realizada por Santillana precisamente para instruir a los docentes en cómo integrarse al sistema SEP. Sin embargo, al revisar en un portal del Ministerio de Educación, se encontró con un documento que resume la rendición que hizo el colegio del uso de la subvención SEP en 2008 y en el que figura un gasto de $4.736.760 correspondientes a “supervisión de prácticas pedagógicas en aula”.

-Ese gasto no se hizo en 2008, porque la supervisión en aula la hice yo y otra colega pero recién a contar de 2009 -dice Zúñiga, quien asegura que el manejo administrativo de la subvención estaba en manos de Valenzuela.

El mismo docente indica que en noviembre de 2010 se realizó en el colegio una supervisión de los gastos de la SEP por parte del Departamento Provincial de Educación. Durante esa visita inspectiva, recuerda, Valenzuela le pidió que firmara un anexo con una cláusula transitoria para su contrato en el que se establecía que desde marzo de 2009 -casi dos años antes- recibía mensualmente $470 mil “con expreso cargo a la Ley SEP”. En total, debía haber cobrado $ 9.400.000 en los dos años. Pero Zuñiga afirma tajante “jamás recibí ese dinero”. Hasta la fecha de su finiquito en diciembre de 2010, sus liquidaciones de sueldo no incluyeron ese pago.

CIPER tuvo a la vista documentos que demuestran que otros docentes firmaron contratos bajo la administración de Valenzuela que indicaban que recibirían remuneraciones con cargo a la Ley SEP desde marzo de 2009, por montos que involucran a lo menos unos $20 millones. Hasta la fecha, en sus liquidaciones de sueldo no figuran pagos por ese concepto.

UN PUESTO SOLITARIO

Mientras la investigación de la fiscalía de Parral sigue su curso, en paralelo corre la arista eclesial del conflicto. Para este sábado 18 de junio, estaba programada una reunión de las religiosas, incluyendo a la superiora, con el arzobispo Ezzati. Fuentes allegadas a la congregación indicaron a CIPER que esa cita sería crucial para definir el futuro de la Madre Anita.

CIPER intentó comunicarse con la Madre Anita. Concurrimos dos veces hasta el Colegio Providencia, pero las llamadas y los recados que se le dejaron no fueron respondidos.

La superiora está cuestionada debido a que no cumplió con los acuerdos adoptados en la sesión del Consejo Superior del 21 de mayo o, al menos, no informó oportunamente de su cumplimiento, lo que desembocó en la formalización de una denuncia que dañó severamente la imagen de la congregación. Además, en franca oposición al Consejo Superior, a la hermana vicaria y a la hermana ecónoma, le brindó respaldo público a Valenzuela.

En efecto, el sábado pasado, frente a varios testigos, la Madre Anita le señaló al constructor Mario Cisternas, encargado de levantar un auditorio en el colegio, que debía entenderse con Valenzuela para seguir adelante con la edificación. Y antes, el jueves 26 de mayo, reunió a todo el personal del Colegio Providencia y anunció que Valenzuela había renunciado, que ella lo apreciaba y que había aprendido mucho de él en los diez años en que trabajaron juntos. También pidió que la entendieran porque el cargo que ella ostentaba era un puesto de “mucha soledad” y que antes que religiosa, era mujer y tenía sentimientos.

-Una declaración así, en boca de una mujer consagrada, es fuerte y da para pensar muchas cosas. Quedamos realmente sorprendidos -comentó una de las profesoras presentes en esa reunión.

El estudio constató que el riesgo de sobreendeudamiento de las personas en Chile es elevado, sobre todo entre los grupos de bajos ingresos que acceden a créditos en casas comerciales. De acuerdo a los datos recopilados, el promedio de los deudores de empresas como Ripley, Falabella, París, Hites o La Polar tenía un ingreso apenas superior a los 200 mil pesos. Y la mayoría eran mujeres.

A partir de este trabajo, el gobierno de Michelle Bachelet elaboró las bases del proyecto de ley de deuda consolidada, cuyo objetivo, entre otras cosas, es generar una gran base de datos de endeudados que dé mayor transparencia al sistema.

Pero este importante proyecto de ley se topó con un lobby poderoso e influyente: el de las propias casas comerciales que se oponen a entregar información de sus clientes argumentando que “nos costó años construir nuestras bases de datos”. El gobierno de Bachelet cedió ante esta presión. Y solo en los últimos meses de gestión se decidió a enviar la iniciativa al Congreso, la que actualmente duerme a la espera de indicaciones de la nueva administración.

Según Larraín, generar esa base de datos es una de las decisiones que habría que adoptar ahora para evitar descalabros como el de La Polar. Otra medida tanto más importante es otorgarle a la Superintendencia de Bancos atribuciones reales que le permitan fiscalizar al retail con las mismas herramientas con que auditan a los bancos.

Esta institución, denuncia el economista, no tiene cómo conocer el estado real de las cuentas del retail. ¿Por qué? Por lo que se establece en el Capítulo 3 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile, que comenzó a regir en 2004 y que les permitió a las casas comerciales saltarse el control del organismo regulador.

-En 2007, usted alertó sobre el peligro que encierra para el país las debilidades del sistema financiero y el riesgo de sobreendeudamiento de las personas. ¿Qué sabemos hoy sobre ese problema?
No mucho más, y ese es el problema. Si uno mira la evolución de los créditos de consumo de los bancos y las casas comerciales, estos han crecido fuertemente. Pero el tema de fondo es que hay un universo de personas que tiene la capacidad de endeudarse en el comercio con mucha facilidad, que puede tener tarjetas en varias casas comerciales y que son de segmentos bajos (C3, D), respecto de las cuales hay una gran incertidumbre en cuanto a su verdadero nivel de endeudamiento. Ello, a su vez, genera dos dificultades: que los agentes que otorgan créditos -tanto de bancos como de casas comerciales- no cuentan con la información adecuada para evaluar los riesgos; y por otro lado, el potencial sobreendeudamiento de la gente, en particular, personas de bajos ingresos.

-Según un estudio del Banco Central, a nivel continental Chile es el país con más tarjetas de crédito circulando. Si hubiese mucha gente endeudada y sin capacidad de pagar, tendríamos más casos como La Polar. De alguna manera, la gente se endeuda pero paga…
Le insisto, el problema es que no tenemos cómo saber cuál es el nivel real de endeudamiento en las casas comerciales.

-La Superintendencia de Bancos informa periódicamente sobre el número de tarjetas, las deudas a corto plazo que tienen los clientes, la mora…
Claro, están los datos, pero si se analizan los antecedentes de mora de La Polar y se comparan con lo que está apareciendo actualmente, son cifras que no tienen nada que ver, porque la información no es confiable.

-¿Y la información de las otras casas comerciales tampoco es confiable?
No lo sabemos. Ahora, yo creo que hay casas comerciales que tienen estándares de gestión de riesgo súper buenos.

-¿Cuáles son esos estándares?
Hay que partir por el gobierno corporativo, la primera falla que encontramos en este caso.

-Pero se supone que en el directorio de La Polar estaban los mejores, ejecutivos y economistas egresados de las más prestigiosas universidades, con una vasta experiencia de negocios…
Aquí no estás enjuiciando a las personas, sino si se hizo o no lo que había que hacer. Un directorio define los grandes lineamientos. Las áreas ejecutivas le proponen una política y ellos tienen que aprobarla. Segundo, el directorio tiene que preocuparse que dentro de la entidad existan los controles adecuados, entre otras cosas, para garantizar que la política se cumpla. Entonces aquí pudo haber dos problemas: que la política de otorgamiento de créditos era muy permisiva; o que la política estaba bien pero no se cumplió.

-¿Qué cree usted que pasó?
No lo sé. Pero lo que sí sé es que la práctica de otorgamiento de créditos fue muy permisiva.

-¿Lo sorprendió el caso de La Polar o se olía que algo andaba mal?
Uno podía sospechar, porque había antecedentes para sospechar. Primero, se trata de una entidad que tiene muchas menos sucursales que Ripley, por ejemplo, y sin embargo poseía una cartera de créditos mucho más grande. Esa es una alerta. Segundo, el que haya obtenido tan buenos resultados en medio de la crisis, sobre todo comparada con sus pares.

-¿Le parece posible que nadie supiera que las cifras de endeudamiento eran falsas?
El tema de las repactaciones no es una materia que salte a la vista en forma evidente, hay que indagarlo. Hay que hacer análisis estadístico.

-¿Para quién no es evidente?
Para alguien de afuera que está mirando un balance y un estado de resultados.

-No es ése el caso de un director, me imagino…
No, en eso el gobierno corporativo falló. Me da lo mismo si sabían o no, porque si no sabían es tan malo como si hubiesen sabido y hubiesen dejado que pasara. En los dos casos falló. En un caso por negligencia; y en el otro, por falta de competencia.

-Además del gobierno corporativo, ¿qué otro control falló?
Los auditores externos. Siempre se equivocan, como en el caso de Enron.

-¿En qué se parece el caso de La Polar al de Enron?
En el caso de Enron hubo un problema de maquillaje contable, de alguna manera originado en que los ejecutivos tenían stock options. En el fondo, el resultado de la empresa se traducía en incentivos para ellos. Entonces ellos tenían toda la motivación para disimular los estados financieros.

-Aquí ocurrió algo similar. Según se publicó, el directorio en 2010 cobró premios por resultados financieros…
Eso me parece muy complicado, porque altera los contrapesos que tiene que haber. Una de mis funciones como director es monitorear lo que hacen los gerentes, pues tengo que proteger el interés de los accionistas.

-Ahora, ¿cómo es posible que una empresa pueda repactar un crédito de un consumidor por sí y ante sí?
Eso habla del nivel de desprotección a que están sometidos los consumidores.

Amarrados de pies y manos

-Falló el directorio, fallaron también las auditoras…
Lo que pasa es que la fortaleza de los auditores es evaluar la materialidad de los estados financieros, es decir, certificar que esos estados no tienen errores significativos, cosa que en este caso sí tenían. Las provisiones no reflejaban el verdadero riesgo de la cartera de endeudados. ¡Ese es un error brutal! Por eso, cuando se trata de entidades crediticias, y este es el tema de fondo, el único control en el que yo confío es el de la Superintendencia de Bancos.

-¿No la Superintendencia de Valores?
La Superintendencia de Valores no tiene nada que ver en esto. Su tarea es garantizar que el mercado reciba toda la información que necesita. Pero la llamada a evaluar el riesgo es la Superintendencia de Bancos.

-¿Y por qué no lo hace?
Porque no tiene las facultades para hacerlo. No puede evaluar la cartera. No puede ir a meterse a la entidad a mirar el endeudamiento: me refiero a revisar, a carpetear. La superintendencia es la única que da confianza, porque tiene la capacidad y los incentivos para hacer esto. Pero no tiene las atribuciones. Y ello porque el Capítulo 3 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile estableció que la Superintendencia de Bancos podía fiscalizar a las empresas, pero bajo determinadas condiciones. Y todas las casas comerciales se acogieron a una regla determinada que finalmente establece que la superintendencia sólo puede fiscalizarlas a través de auditores o evaluadores. Y eso hace una diferencia brutal. O sea, si yo hubiese estado en el rol del Superintendente de Bancos, no acepto esta norma del Central.

-¿De cuándo es la norma?
Del 2004: del gobierno de Ricardo Lagos.

-Lo que usted me está diciendo es que producto de esa norma, la Superintendencia de Bancos solo puede supervisar a través de la información que entregan las empresas…
Formalmente lo que se les pide a los auditores es lo mismo que puede hacer la Superintendencia de Bancos, es idéntico. Pero el resultado práctico es que hay diferencias. Y habrá siempre, porque los auditores y evaluadores no están preparados para hacer esto como corresponde. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que todas las casas comerciales sean malas. El punto es que, en la práctica, son negocios financiero-bancarios con otro nombre y por lo tanto requieren una fiscalización como tales.

-Parece que hay muchos interesados en que nadie se meta a revisar ni a regular el problema del endeudamiento. Los estudios del Banco Central al respecto son tibios, siempre diciendo que no hay nada para alarmarse…
Yo no califico intenciones, sino hechos. Y para mí esta norma está mal hecha. Tan simple como eso. Esto tiene consecuencias muy complejas. Porque hay una desprotección brutal y un riesgo de sobreendeudamiento muy relevante para mucha gente. A la luz de los acontecimientos recientes es evidente que la norma debe ser modificada si se quiere prevenir que se repitan hechos similares en el futuro.

-¿Usted cree que podríamos tener más casos como el de La Polar?
No tengo ninguna información como para afirmarlo, pero mientras no tengamos la certeza de que hay un fiscalizador que sabe hacer su pega y está encima, vamos a tener esa incertidumbre.

Las presiones del retail

-El gobierno acaba de anunciar que va a acelerar la creación del Sernac Financiero, ¿sirve de algo?
Eso es para protección de los consumidores… Pero mientras no haya un tema de consolidación de deuda y alguien que esté evaluando las prácticas de otorgamiento de crédito, el riesgo va a estar siempre presente. Porque hoy uno puede ir a cada casa comercial y éstas están ofreciendo distintos tipos de créditos, dos o tres veces el sueldo de un consumidor.

-En 2008, en medio de la discusión sobre el proyecto de ley de deuda consolidada, Juan Cúneo, uno de los principales accionistas de Falabella y el ahora ex gerente general de La Polar, Pablo Alcalde, visitaron al entonces ministro Edmundo Pérez Yoma para plantearle su rechazo a la iniciativa. Ahí tenemos dos ejemplos de representantes máximos de casas comerciales que van a pedir que no se legisle para generar un sistema más transparente. Parece que aquí no hay buenos y malos…
En este país se suele legislar después de que hay problemas. En este gobierno, el de Sebastián Piñera, me llamaron para hacerme consultas sobre este tema y les plantee lo mismo que he dicho siempre: que lo que hay que hacer es tener una base de datos consolidada. El arte aquí es tener un gobierno con el suficiente liderazgo para resolver el problema de políticas públicas involucrado, y a la vez dar tranquilidad a las casas comerciales de que los bancos no van a terminar atacando a sus clientes.

-¿En otros países cómo se controlan estos riesgos?
Lo que pasa es que el tamaño de la industria del retail es un caso particular de Chile. No conozco otros países donde la industria financiera del retail sea más grande que la industria financiera regulada. Ahora, una de las cosas que mostró la última crisis es que da lo mismo el nombre de la entidad. Si ésta tiene un tamaño relevante y realiza actividad crediticia o financiera, hay que supervisarlo con la misma metodología que a los bancos.

-Hasta ahora, sin embargo, todo indica que esto va a seguir igual…
No lo sé, porque el gobierno no la va a tener fácil, pues tiene una presión súper fuerte de la opinión pública que no se resuelve con la creación del Sernac Financiero. Más allá de la chimuchina política la pregunta es: ¿cómo hacemos para minimizar el riesgo de que esto vuelva a ocurrir? En mi opinión, la única manera es que la Superintendencia de Bancos fiscalice a estas entidades.

“Domingo Soto me ofreció depositarme alrededor de 2 millones 350 mil pesos mensuales y ante esa oferta le señalé que entendía esos dineros como un préstamo (…) La deuda que tengo con Domingo Soto es de 60 millones”, dijo Olavarría, agregando que a la fecha de su declaración no había devuelto un solo peso de la supuesta deuda.

No fueron los únicos ingresos adicionales a su sueldo de alcalde que Olavarría se vio obligado a reconocer en esa oportunidad. Además de dar cuenta de sus rentas como abogado independiente que variaban entre los $500 mil y los $800 mil, en una segunda declaración dijo haber realizado trabajos de asesoría legal para una empresa llamada Inversiones Patagonia y cuyo dueño es el mismo jefe de gabinete que le realizó millonarios depósitos. Por esa aparente asesoría el alcalde dijo haber recibido honorarios por $10 millones.

Hasta ahí la versión pudo responder a una cierta lógica. Al menos tener una explicación medianamente razonable. Pero lo que definitivamente el alcalde UDI no pudo explicar es el origen de cerca de 60 millones adicionales a su sueldo de alcalde que reportan dos de sus cuentas corrientes entre 2006 y 2007 y que no dicen relación con los préstamos de Soto López ni con ingresos suplementarios como abogado.

Esa inconsistencia fue precisamente uno de los principales argumentos utilizados por la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Alma Sánchez, querellante en la causa, para conseguir que la Corte de Apelaciones volviera a abrir la investigación que se seguía al alcalde de Colina, su ex jefe de gabinete, el agente inmobiliario Nabil Mansour y el vicepresidente ejecutivo del Tottus Francisco Leyton. La apelación obedeció a una acuerdo de suspensión condicional propuesto por la fiscalía local de Colina que eximía de responsabilidad a los imputados a cambio de firma mensual y la devolución de los dineros comprometidos en el fraude.

En un fallo unánime, a principios de junio la segunda sala de la Corte de Apelaciones le dio la razón al CDE por considerar que “los hechos materia de la formalización, hasta ahora reunidos, aparecen como graves y reiterados”. El pronunciamiento excluyó al ejecutivo del Tottus, por cuanto el CDE no apeló en su caso. Con esta salvedad, la justicia ordenó a la fiscalía que siguiera adelante con la investigación y echó abajo un controvertido acuerdo que, además de garantizar impunidad, allanó el camino para que a fines de mayo Mario Olavarría volviera a ser elegido Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Su suerte ahora depende de un recurso de queja presentado por sus abogados ante la Corte Suprema.

CAJA PAGADORA

Descontando su sueldo como alcalde, entre 2006 y 2007 las cuentas corrientes del edil reportaron depósitos por $129.213.134. Una suma que se acerca a las 6 mil UF que el ejecutivo del Tottus Francisco Leyton admitió haber pagado como “comisión” al agente inmobiliario Nabil Mansour, quien decía actuar en representación del municipio de Colina. Los pagos se efectuaron en dos cheques por $64 y $47 millones.

De acuerdo con la tesis del CDE, cerca de la mitad de esos dineros que se suponen coimas llegaron a manos de Olavarría por medio de su jefe de gabinete, Domingo Soto López, quien actuó como caja pagadora al intermediar entre el agente inmobiliario y el alcalde.

Soto López compareció en abril de 2009 en la fiscalía local de Colina. Al ser consultado sobre su relación con el agente inmobiliario, admitió que si bien no lo recordaba con precisión, “pude haber prestado servicios a Nabil Mansour” por medios de las empresas Inversiones Patagonia y Decsa S.A., ambas de propiedad del asesor del alcalde. Así Soto López intentó explicar por qué el agente inmobiliario aparece pagando $41 millones a la primera empresa y cerca de $20 a la segunda.

Domingo Soto es un antiguo operador de la UDI que trabajó con el ex senador y ministro de Pinochet Sergio Fernández antes de hacerse cargo de las piletas municipales de Providencia. Su ascenso definitivo a las grandes esferas de la política ocurrió de la mano de Mario Olavarría, quien en 2000 ganó la alcaldía de Colina y lo nombró su jefe de gabinete.

Desde 2003, mientras asesoraba al alcalde, Soto López abrió una serie de empresas que prestaron servicios al municipio de Colina y a la UDI. En su declaración de abril de 2009, Soto dijo que entre 2004 y 2005, a través de las empresas Impacto y Decsa S.A. -la misma que sirvió para pagar las coimas del Tottus-, “hice prácticamente toda la campaña de la UDI en pendones y marketing”.

Según declaraciones de los imputados del caso Tottus, estuvo presente en que se decidió el arriendo de los terrenos municipales. También fue objeto de indagaciones en una causa paralela por irregularidades por $700 millones en contratos para la venta externa de permisos de circulación emitidos por la municipalidad de Colina.

En esta última causa fueron formalizados Débora Sepúlveda y Carlos García, administradora y secretario municipal, respectivamente. Aunque se descubrieron millonarios depósitos entre el jefe de gabinete del alcalde y su administradora municipal -depósitos que también fueron justificados como préstamos y pagos por servicios y asesorías-, la fiscalía propuso a los involucrados una suspensión condicional por considerar que arriesgaban penas bajas.

De esta forma, a comienzos de 2011 los dos más altos funcionarios municipales después del alcalde quedaron libres de toda sanción a cambio de firma mensual y la devolución de los dineros en cuestión. La misma fórmula que unos meses después la fiscalía de Colina propuso a los involucrados en el caso Tottus.

LOS AUTOS DE NABIL

En su segunda y última declaración a fiscalía, ocurrida el 24 de abril de 2009, Mario Olavarría desconoció que el agente inmobiliario Nabil Mansour haya actuado en representación del municipio. Lo desconoció no obstante que Mansour portaba una carta con sello municipal que acreditaba su condición de representante de la alcaldía. La fiscalía también reunió correos electrónicos que corroboraban lo propio.

Lo que Olavarría no pudo negar, ante una consulta puntual, fue que la camioneta Hyundai Santa Fe que entonces usaba en calidad de alcalde haya pertenecido a una de las empresas de Nabil Mansour, que la ofrecía en arriendo al municipio junto a varios otros vehículos de su propiedad utilizados por funcionarios de Colina.

El alcalde también admitió que Domingo Soto participó en calidad de “asesor” de las reuniones en que se decidió el arriendo de los terrenos municipales para la construcción del Tottus. Mientras tanto, el mismo asesor prestaba servicios a la alcaldía por medio de sus empresas, a la vez que pagaba millonarias sumas por supuestas asesorías legales prestadas por el alcalde.

Más allá de lo impresentable que resulte esta figura, en los alegatos ante la Corte de Apelaciones la abogada Alma Sánchez, en representación del Consejo de Defensa del Estado (CDE), puso el acento en las cuentas del alcalde. Junto con recalcar que entre 2006 y 2007 las cuentas corrientes del jefe comunal reportaron depósitos por más de $120 millones que no decían relación con sus ingresos legales, puso en duda que éste haya tenido la necesidad de requerir millonarios préstamos de su ex jefe de gabinete.

Para ello citó su declaración de intereses de 2006 publicada por CIPER, donde el propio Olavarría consigna que en esa época de supuestos apremios económicos mantenía en el Banco de Chile un depósito a plazo por $26 millones. Además, la abogada destacó que en 2005 el alcalde había adquirido una propiedad en Colina por un valor fiscal de casi $27 millones y tenía otra en la misma comuna por un valor comercial aproximado de $150 millones. Frente a estos datos, la abogada Sánchez se preguntó cómo era posible que una persona con esa cantidad de bienes y capitales tenga necesidad de solicitar préstamos a un subalterno para pagar la pensión alimenticia.

SANCIÓN SIMBÓLICA

La resolución de la segunda sala de la Corte de Apelaciones no sólo significó un duro revés para el alcalde, su ex jefe de gabinete y el agente inmobiliario. También acusó una derrota para el Ministerio Público, que ha sido criticado por ofrecer suspensiones condicionales en casos como el de Colina y la diputada Claudia Nogueira (UDI) por usufructúo de fondos destinados a pagar asesorías parlamentarias, bajo el argumento de que los involucrados arriesgan bajas penas.

De prosperar la investigación, y resultar condenado por cohecho y soborno, Olavarría arriesga una pena que no lo llevaría a la cárcel pero sí le impediría ejercer cargos públicos. Una sanción simbólica, más aún considerando que desde fines de marzo ocupa la presidencia de la Asociación Chilena de Municipalidades. Un influyente organismo que reúne a los alcaldes del país y opera como interlocutor del gobierno en la aplicación de programas y políticas sociales. La presidencia dura dos años y es fruto de un acuerdo político en que Alianza y Concertación se turnan para ejercerla.

Para Víctor Maldonado, ex director ejecutivo del organismo, la acusación contra Mario Olavarría resiente el prestigio de la asociación de alcaldes. “Al permanecer en el cargo no sólo le está causando un enorme daño a la asociación, sino también a su propio partido, del cual es vicepresidente por ser el jefe de los alcaldes de la UDI”, dice Maldonado.

El alcalde UDI había sido formalizado por la fiscalía tras constatarse que recibió millonarios depósitos de su ex jefe de gabinete, Domingo Soto, que suponen pagos provenientes de coimas por autorizar la instalación de un supermercado Tottus en terrenos municipales. Sin embargo, en una controvertida decisión, a fines de abril último la misma fiscalía propuso la suspensión condicional de la causa a cambio de la devolución de dineros y la firma mensual de Olavarría y su ex jefe de gabinete, además del agente inmobiliario Nabil Mansour y el vicepresidente ejecutivo de Tottus Francisco Leyton.

El fallo de ayer obliga a la fiscalía a revocar la suspensión de la causa y continuar con la investigación para los tres primeros acusados. Para el ejecutivo de Tottus no hubo pronunciamiento, pues el CDE no apeló en ese caso atendiendo a que, a diferencia de los otros, estaba acusado de un delito de menor gravedad como es el soborno.

La decisión judicial fue adoptada en forma unánime por los ministros Emilio Elgueta y Patricia González, y el abogado Ángel Cruchaga. En el fallo se indica que “los hechos materia de la formalización, hasta ahora reunidos, aparecen como graves y reiterados y la salida alternativa de autos no se condice con los requisitos y fines perseguidos por esta medida”.

En el CDE consideran que se trata de una resolución inédita en este tipo causas. De hecho, el consejo había apelado sin éxito a la suspensión condicional propuesta por la Fiscalía Local de Colina para Débora Sepúlveda y Carlos García, administradora y secretario municipal de Colina, respectivamente. Estos funcionarios de confianza del alcalde Olavarría, segundo y tercero en la jerarquía del municipio, estaban formalizados por irregularidades en contratos para la venta de permisos de circulación y sortearon un juicio oral a cambio de firma mensual y la devolución de dineros cuyo origen se suponía ilícito.

En el caso del alcalde Olavarría, en los alegatos de ayer lunes la abogada Alma Sánchez, del CDE, partió preguntándose por qué si el Ministerio Público se opone a las suspensiones condicionales en casos de conductores que son sorprendidos conduciendo con más de 1.5 gr/l de alcohol en la sangre, no aplica el mismo criterio para delitos más graves como los que se acusa al alcalde de Colina. Luego la abogada pasó a resumir los antecedentes que pesan en contra de Olavarría y que a juicio de la querellante son suficientemente consistentes para llevarlo a juicio.

Citando la investigación del Ministerio Público, la abogada reparó en las inconsistencias de los ingresos del alcalde de Colina, quien entre 2006 y 2007 registró ingresos por casi $130 millones cuyo origen no tiene cómo justificar. Más aún considerando que su sueldo de alcalde es de $2.8 millones y debe pagar una pensión alimenticia de $2 millones.

Al explicar el origen de millonarios depósitos bancarios realizados a su favor en el mismo periodo por Domingo Soto, su ex jefe de gabinete, Olavarría declaró que se trató de préstamos que aquél le realizó en un periodo de aprietos económicos ante su separación matrimonial. Las indagatorias de la fiscalía de Colina determinaron que el agente inmobiliario Nabil Mansour, que actuó como intermediario en el arriendo del terreno donde se construyó el Tottus, realizó millonarios depósitos en la cuenta bancaria de Domingo Soto.

El abogado de Olavarría, Matías Balmaceda, dijo a CIPER que se reunirán con los representantes de la Fiscalía Local de Colina para evaluar la presentación de un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones para revertir el fallo de la Corte de Apelaciones. Junto con admitir que existen bajas probabilidades de que el recurso sea admitido, Balmaceda críticó la decisión de la segunda sala de la Corte de Apelaciones por cuanto “se cumplen cabalmente los dos requisitos para decretar la suspensión condicional: que la pena sea inferior a tres años y que el imputado no tenga antecedentes. Por eso, por decir lo menos, nos resulta extraña la decisión de la corte. Más aún considerando que se revocó la suspensión para tres de cuatro imputados”.

La resolución del tribunal de alzada puede significar un importante precedente para el Ministerio Público, que ha sido cuestionado por acceder a suspensiones condicionales de funcionarios públicos acusados de irregularidades y que sin ser juzgados se mantienen en sus cargos a cambio de un pago y firma mensual. Uno de los casos más polémicos es el de la diputada UDI Claudia Nogueira, quien estaba imputada por fraude al fisco y hoy encabeza la comisión investigadora del controvertido caso Kodama.

Hoy, al leer las opiniones o, más bien las dudas sobre la muerte del Presidente Allende, me he decidido a hablar con la esperanza de que, al menos, quienes me conocen, reflexionen sobre sus opiniones y dudas.

Soy médico neuropsiquiatra. En 1973 era jefe de Clínica del Servicio de Neurología del Hospital José Joaquín Aguirre. Durante la huelga médica permanecí a cargo de las especialidades, junto a los doctores Pedro Castillo, por cirugía y Moisés Brodsky, por medicina. Ambos están muertos.

El día 11 de septiembre llegué al servicio, luego de dejar a mis hijos en el domicilio de mis padres. Escuché el último discurso del Presidente en el auto de la doctora Ella Palma, que sollozaba silenciosamente.

Inmediatamente pensé en la tragedia que se nos avecinaba, especialmente en los miles de ciudadanos que habían creído y confiado en el gobierno, definido como popular, por el propio Presidente.

Pero más allá de estos pensamientos la desesperanza me sobrepasaba por un motivo muy especial: casi todo el equipo médico del Presidente estaba compuesto no sólo por mis compañeros de curso, sino por inseparables y entrañables amigos, que sin vacilar y sin recibir remuneración alguna se habían integrado, según su especialidad, al equipo que cuidaba la salud del Presidente.

Lo vivido, las amenazas, el asesinato de Schneider y muchos actos de violencia habían obligado a su hija Beatriz, también médico, a buscar forma de proteger a su padre, ante cualquier emergencia.

Junto a profesionales y alumnos de la Escuela de Medicina entre ellos, la que más tarde fue la Presidente, Michelle Bachelet; personal de servicio, enfermeras, auxiliares, observamos incrédulos y perplejos desde la terraza del hospital José Joaquín Aguirre el bombardeo a La Moneda.

¿Qué habría pasado con todos los que estaban allí? ¿Qué habría pasado con el Presidente? ¿Qué habría pasado con mis amigos y compañeros: el doctor Alejandro Cuevas (anestesista), Patricio Guijón (cirujano), Hernán Ruiz y José Quiroga (cardiólogos), Patricio Arroyo (medicina general) y Oscar Soto (internista), que aunque no había sido compañero de curso lo conocía en forma personal por haber cuidado a su suegro.

Luego del bombardeo, desesperada, llamé por teléfono a las casas de mis amigos y colegas. ¿Estarían vivos, estarían muertos? ¿Dónde estarían? Finalmente, cerca de las 17.30 de la tarde me contestó Hernán Ruiz; sus palabras han quedado grabadas para siempre en mi memoria: “Pacita, me dijo, todo terminó, Allende se suicidó, el Pachi (Patricio Guijón) se quedó junto a Allende y quedó detenido”.

Patricio Guijón siempre ha dicho la verdad, es una persona transparente, directa, sin ambiciones de figurar ni de recibir nada de nadie. Fue conducido a la Escuela Militar y luego a la Isla Dawson; nunca se ha quejado del trato recibido, tanto de militares como de algunos de los presos que estaban con él y que dudaban de su versión.

A fines de diciembre de 1973, sin previo aviso fue trasladado al Cuartel General de Investigaciones en Santiago y encerrado en una celda, donde le ayudaron a resistir la privación del sueño, la incomunicación, el maltrato y los insultos, las palabras que le dijo el profesor Edgardo Enríquez: “Mantenga siempre su cuerpo y su mente limpia”. Así lo hizo. Al cabo de una semana, lo sacaron de su celda, le entregaron una camisa blanca y lo llevaron a los estudios de televisión. Allí, ante las cámaras, repitió lo que siempre ha dicho: la verdad.

Al día siguiente, fue a mi casa y me relató en detalle todo lo sucedido: el suicidio de Allende que vio personalmente; cómo se acercó al Presidente una vez que su cráneo voló por el aire, cómo tomó la metralleta y la puso entre sus piernas; cómo había tomado una silla y se quedó junto a él y cómo, en un acto irracional, le tomó el pulso. Sin duda estaba en un estado estuporoso o semi-estuporoso, luego de haber vivido esa inconmensurable tragedia.

El General Palacios entró a la pieza al cabo de un tiempo que Patricio no sabe calcular: ¿Qué hace usted aquí? El solo contestó: Soy médico. Entonces el general le dijo: Cúreme esta herida que tengo en la mano. Después de un rato, Patricio le dijo: General, abajo deben estar mis otros colegas.

El general bajó con él la escalera y le hizo nombrar uno a uno a los médicos del equipo presidencial: Hernán Ruiz, Alejandro Cuevas, José Quiroga, Patricio Arroyo y Oscar Soto. Nombró además a Enrique París y Eduardo Paredes. Ambos respondieron cuando los hicieron levantarse que no estaban ahí en su calidad de médicos. No nombró a Jorge Klein porque no lo conocía. Los tres estaban hasta hace poco desaparecidos y la historia de sus vidas y de sus muertes es la historia de cientos de desaparecidos de quienes no se sabe con seguridad qué hicieron finalmente con sus cuerpos, qué hicieron con sus vidas.

A todos los médicos les pidieron el carnet y se los retuvieron; luego se fueron caminando hacia sus casas. Patricio Guijón fue trasladado sin ninguna explicación a la Escuela Militar y luego a la Isla Dawson. Así fue y así es la historia.

Dra. Paz Rojas Baeza