La cumbre mundial económica de Pittsburgh tenía originalmente un racimo de objetivos destinados a una mudanza profunda de una estructura de acumulación caótica. De esa agenda quedará la consagración del G-20 como nuevo grupo de diálogo en la cumbre. El problema –dice el editor internacional de Clarín- es el tipo de futuro que se construye con 60 millones de desempleados nuevos, lo que eleva a 240 millones los cesantes en todo el mundo, según la ONU. Esto pone al mundo en una realidad que suena diferente a la agenda entusiasta de Pittsburgh y con el agravante de cierto socialismo que es sólo una máscara que oculta hábitos reaccionarios, intolerancia y autoritarismo.

En casi las mismas horas que el Consejo de Seguridad de la ONU proclamaba a un mundo escéptico que había firmado el final de las armas atómicas, a un rato de New York, en Pittsburgh, los líderes de este planeta se reunían para imaginar cambios radicales en el sistema financiero global e imponer controles sin precedentes a los mercados.

Las armas atómicas y los operadores creativos del sistema financiero no son lo mismo, pero pueden tener semejanzas. Una de ellas, seguramente, será su supervivencia. La decisión del Consejo, de un mundo sin bombas nucleares, es una ilusión moral. ¿Quién se opondría a esa meta? Pero la pregunta correcta, con respuesta innecesaria, es si eso es posible.

Así como el propósito del máximo organismo de poder en la ONU es menos pacifista que destinado a detener la proliferación atómica y particularmente la de Irán, la mirada sobre el mundo financiero dista de llegar a poner los cepos que impidan otra pesadilla. Ni se irán las armas nucleares ni se acabará con la fragilidad de un sistema de acumulación que garantiza ganancias abultadas y veloces. La mirada, insistente, respecto a que la crisis ya ha dado vuelta la página, observa sólo la recuperación de ese poder acumulativo. Pero es apenas una parte de una fotografía con esquinas inquietantes.

La noción de hasta dónde debería ir el puñal se aprecia en la historia. Cuando Richard Nixon desarmó en 1971 los acuerdos de Bretton Woods y declaró la inconvertibilidad del dólar para fortalecer la posición de Washington, acabó con el mundo hasta entonces previsible. Lo que vino después fue una competencia feroz entre las monedas, sus paridades y las tasas. Las industrias, para financiarse, apelaron a la naciente banca de inversión, que creaba instrumentos para generar liquidez. De ahí a las ganancias fáciles, lo que ahora se denomina con horror “la codicia”, no hubo más que un salto de unos años. No hay retroceso a la época de la previsibilidad.

La cumbre de Pittsburgh tenía originalmente un racimo de objetivos destinados a una mudanza profunda de esa estructura de acumulación caótica. Figuraban ahí el incremento de las reservas obligatorias, los encajes que deben retener los bancos para operar; el aumento del poder de voto de los emergentes dentro del FMI, una idea que EE.UU., cuyo nivel económico coincide con su poder de voto, avala a costas de los europeos, donde hay claros desequilibrios. Además, cuestiones más políticamente correctas como la reducción de los premios a los ejecutivos de los trapecios financieros y algún anuncio sobre cambio climático.

De esa agenda quedará la consagración del G-20 como nuevo grupo de diálogo en la cumbre. Y un avance hoy un poco difuso para que economías pujantes como Brasil, China e India tengan, en al menos dos años, mayor capacidad de incidencia en el FMI. Pero el tema al que Washington ha dado más prioridad, no está en esa lista. Es el que demanda una presión decidida para que China se haga cargo de la crisis mundial, aumentado sus importaciones y liquidando el preferencial ahorro de sus ciudadanos (40% contra 3% de los norteamericanos). Es un mercado de 1.300 millones de consumidores que el capitalismo real quiere dentro del plato para recuperar los ritmos anteriores de crecimiento.

“Querríamos ver a países como China importando más. Muchas veces las reservas no se usan de forma constructiva”, dijo el premier británico Gordon Brown, corriendo en apoyo de Washington. El diario El País de España, recordó las razones de esas palabras. Brown dejó en el camino sus compromisos de acompañar la gran reforma financiera (de la que la alemana Angela Merkel habló y mucho pero porque tenía elecciones cruciales el domingo pasado), debido a que en su país ese sector equivale al 15% del PBI, cota sin precedentes en otras economías.

Es cierto, el aumento de la actividad económica aliviaría la enorme deuda social que causó la crisis global. Hay 60 millones de desempleados nuevos, con lo que los desocupados suman 240 millones en todo el mundo, según la ONU. Un documento del FMI revelado en Washington hace dos días pinta de oscuridad el porvenir. “El producto per cápita no se recuperará al nivel anterior a la crisis porque el capital por trabajador, la tasa de desocupación y la productividad no mejorarán hasta dentro de siete años”. Esto pone al mundo en una realidad que suena diferente a la agenda entusiasta de Pittsburgh.

El problema es el tipo de futuro que se construye. En Europa, la Primera Guerra y los efectos económicos entre los derrotados (el tratado de Versalles, que puso a Alemania en un cepo) además de la asfixia que trajo la Gran Depresión, armaron el ambiente para sistemas populistas ultra nacionalistas que derivaron en el fenómeno fascista aupado por una burguesía muy asustada. La experiencia de los ’90, que construyó una pirámide que acumuló sólo en su vértice y dejó océanos de pobres y desempleados, sumada a la actual pesadilla económica y financiera, obliga a una mirada alerta del escenario que se ha montado.

El presente insiste en evocar aquel pasado. Cierto socialismo actual es sólo una máscara que oculta hábitos reaccionarios; que usa el discurso libertario y revolucionario pero tiene perfiles neofascistas. El caso del actual Irán de Mahmud Ahmadinejad es elocuente. Venezuela es otro experimento en riesgo de padecer esa deformación. Y no es el único ejemplo en la región. A todos los une el eje del control de la comunidad, un nacionalismo exacerbado, la visión paranoica de la prensa no tutelada y la instauración del concepto del gran hermano, que es un fenómeno netamente fascista. Es intolerancia y autoritarismo. El problema con el fascismo, como se dijo hace tiempo con talento, es no sólo lo que no deja hacer sino lo que obliga a hacer, a elegir, a leer, a mirar.

*Marcelo Cantelmi es editor internacional del diario Clarín de Argentina.

De acuerdo a distintos autores hay guerras necesarias, opcionales, pero también las hay estúpidas. La guerra contra la droga en América Latina –y su piedra angular, el Plan Colombia- caería en esta última categoría. No es simple estupidez. Es un negocio de miles de millones de dólares que explican muchas de las decisiones de Estados Unidos en la región.

Richard Haas, un politólogo que fue funcionario y consejero militar en las presidencias de ambos Bush (George H. y George W), distingue dos clases de guerras: las que son necesarias e inevitables y las opcionales. En su provocador libro Guerra de Necesidad, Guerra de elección (Simon & Schuster, 2009), Haas pone entre las primeras a la II Guerra Mundial, a la primera del Golfo y a la primera en Afganistán, cuando EE.UU. salió a buscar resuello tras los atentados del 11 de septiembre.

Por el lado de las opcionales, enumera la segunda de Irak, la de Vietnam y la actual en Afganistán, que va asumiendo ya el perfil del mayor desafío bélico para el gobierno de Barack Obama. Se dirá que es un poco fútil y polémica la idea. Las guerras no son otra cosa que las formas en que se resuelven contradicciones de poder -poder económico- no importa tanto si hubo o no chance de evitarlas. Pero lo cierto es que las guerras, además, son un buen negocio, también entre nosotros.

No lejos de estos debates, además de las dos alternativas que describe Haas, hay otros analistas como el politólogo y catedrático de historia de la Universidad de Nueva York, Greg Grandin, quien añade una tercera variedad: las guerras estúpidas. Al tope de la clasificación coloca el ejemplo de la guerra “fallida” contra el narcotráfico en esta parte del mundo, apuntando más bien a las formas que tomó esa confrontación que tiene a Colombia como uno de sus ejes centrales. Y al Plan Colombia de asistencia norteamericana como protagonista estelar.

En la misma estrategia o retórica antinarco se incrusta la decisión de EE.UU. de desplegar bases propias en más de media docena de cuarteles militares repartidos por toda Colombia. Uno de los sentidos de esa operación, que ha creado comprensibles agonías y recelos en la región, se puede encontrar como huellas muy marcadas recorriendo algunos pasos de la historia reciente del vínculo entre Washington y Bogotá. No es difícil acabar por descubrir que las cosas pueden ser mucho más pedestres que lo que indica cierta urgencia conspirativa. Veamos.

En un imperdible artículo publicado en The Nation, “What can Obama do in Latin America?” (¿Qué puede hacer Obama en América latina?), Grandin recuerda que el presidente norteamericano en plena campaña proclamó, justamente, que sólo se opondría a las guerras estúpidas. “Esta guerra (contra el narcotráfico) es una de esas, de las estúpidas”, dice enfático y explica: “No ha reducido la exportación de narcóticos a EE.UU., pero sí ha esparcido la violencia desde América Central a México, mientras afianzó el poder de los paramilitares en Colombia”.

El Plan Colombia es la pieza central de esa guerra -una iniciativa que, por su tamaño, convierte en casi nada al filoso tema de las bases norteamericanas- que no sólo este académico considera como una operación fallida. Es el mismo plan, aclaremos, que influyó en la otra guerra civil que se libra contra las FARC; pero ahí la guerrilla ha perdido frentes y efectivos debido a su decadencia ideológica, una extendida lumpenización y la consecuente deformación delictiva.

La guerra de los helicópteros

El Plan Colombia nació con la administración de Bill Clinton apuntando a los grandes carteles de la droga (no exactamente las FARC) cuando gobernaba el país sudamericano Andrés Pastrana. Ha implicado desde entonces una inversión de alrededor de US$ 6.000 millones. Y convertido a Colombia en uno de los mayores receptores mundiales de asistencia militar norteamericana. El problema han sido y siguen siendo los resultados.

El Brooking Institute, un poderoso think-tank demócrata, uno de cuyos miembros más prominentes, Carlos Pascual, acaba de ser designado embajador de los Estasdos Unidos en México, sostiene que la batalla centralizada en cada país contra el narcotráfico sólo ha servido para que las mafias se muden sin perder eficiencia. El caso de los carteles narcos de Colombia, donde se concentró esa batalla, es paradigmático sobre la consecuencia del crecimiento de las alternativas mafiosas en México. Para el Brooking el eje pasa por combatir con mayor énfasis el enorme consumo en Norteamérica, y destruir el contrabando de miles de armas que cada día pasan desde el sur al norte por la frontera mexicana.

Esa polémica importa poco a los protagonistas directos de la película. Las razones son sencillas. El dinero del Plan Colombia ha fluido como un río hacia proveedores gigantes de material bélico como United Technologies. Este coloso de la industria militar, basado en Connecticut, es el mismo que proveerá a México, como parte del cuestionado Plan Mérida (la versión azteca del antinarco aplicado en Colombia), de una flota de helicópteros Black Hawks que construye su subsidiaria Sikorsky. El anuncio lo hizo la canciller de Obama, Hillary Clinton, en marzo en México. Esos helicópteros operan también en Colombia.

Es interesante observar que cuando George W. Bush activó el Mérida, optó por dotarlo de helicópteros Bell, cuya planta está en su estado natal, Texas. La United Tech está radicada en Hartford, Connecticut, de donde proviene el halcón Joe Liberman, un influyente senador (primero demócrata luego independiente) que apoyó decididamente el belicismo de Washington en Irak y que, junto a su colega Christopher Dodd, introdujo una enmienda que autoriza al Pentágono, en consulta con los militares colombianos, a determinar cuál es el modelo más efectivo para luchar contra el narcotráfico.

La pelea por Colombia entre Sikorsky y Bell, con sus lobbies y una lluvia de cientos de miles de dólares que denunció el respetado Center for Public Integrity de EE. UU. (“The Helicopter War“), es uno de los capítulos poco transitados pero claves para comprender el sentido y permanencia de esta guerra. Y por qué es tan importante para esos sectores del poder en EE.UU. la figura de Alvaro Uribe y la gracia de su reelección. Es claro ya que las polémicas bases son una parte de su campaña electoral.

Vale la pena abundar. Según datos de 2007 consignados por la BBC, que cita a la especialista colombiana en lucha contra el narcotráfico Diana Murcia, al menos 35% de los fondos del Plan nunca llegaron a Colombia sino que pasaron en forma directa a los proveedores. “El programa iba a servir para reducir 50% la oferta de cocaína hacia EE.UU. y Europa, pero ha sido un total fracaso”, dijo.

Tanta evidencia puede más bien hacer poco sin un sistema regulatorio que controle los excesos. El almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., atajó hace poco el pedido para desmantelar el Plan Colombia afirmando en Bogotá que hay que “aprender de los enormes éxitos de este plan” y sugirió que tales enseñanzas deberían ser aplicadas en Afganistán, el nuevo Vietnam en proceso. El corresponsal en la Casa Blanca de The Washington Post, Scott Wilson, avanzó un poco más: urgió a Obama a usar a Colombia como el aula donde aprender cómo golpear al enemigo Talibán. Y preparar un ejército que lo haga, no importa a qué costo. Es un mundo pequeño.

*Marcelo Cantelmi es editor internacional del diario Clarín de Argentina

Los bandos que han formado Hugo Chávez y Álvaro Uribe se parecen más de lo que les gustaría reconocer. Denuncias que se caen a pedazos, medias verdades y el sueño del mandato perpetuo se aplica en ambos casos. Mientras el colombiano encuentra en su vecino nuevos argumentos para justificar la plataforma de “seguridad” que le brindaría Estados Unidos, el venezolano dispara contra Bogotá, mientras ignora los problemas de su caja fiscal y el descontento social.

La “revolución” bolivariana es el buque insignia de una tropa de líderes reformistas -o progresistas en la clave de ese nuevo conformismo que ilustraba Gramsci-, pero que distan como el último planeta del Sol de lo que fueron los ideales revolucionarios de los setenta cuya identidad dicen representar. Son conducciones nacidas como reacción a la deuda social y al debilitamiento democrático que dejó el discurso único de mercado. Y que exhiben en general una reducida capacidad de transformación con un apego -en algún caso casi despótico- al poder, debido seguramente a sus debilidades ideológicas. Cómo olvidar a Hugo Chávez en la campaña de 1998 proclamando una esotérica línea de mando: “Dios es el supremo comandante, seguido por Bolívar y luego por mí”.

Quizás el más controvertido de este clan sea el nicaragüense Daniel Ortega, que para volver al poder pactó contra su propia historia con los sectores más reaccionarios del país y del fundamentalismo católico. No está solo. El reciente golpe en Honduras retrasó 25 años la consolidación democrática en las Américas, una factura que pagará muy cara la región, pero es claro que el derrocado Manuel Zelaya se alistaba también a patear el tablero. Se le adelantaron. El prurito democrático o la verdad no es cuestión central en casi ninguno de estos jugadores ni tampoco entre sus rivales.

Los enemigos del chavismo y de sus socios suelen caer más veces que menos en los mismos lodos. La denuncia más reciente de Colombia por la supuesta entrega de Venezuela a las FARC de unos lanzacohetes de origen sueco es un capítulo sorprendente de estas maniobras. Esos aparatos llegaron a Caracas a comienzos de la década de los ochenta, unos 18 años antes de que Chávez se convirtiera en presidente. Pasaron demasiados gobiernos entremedio, en una nación donde la corrupción no cedió nunca, por lo que cualquiera podría ser responsable de ese delito, si es que existió. Aparte, quien conozca a las FARC sabe que esa guerrilla puede padecer hoy una crisis terminal de identidad y estar hundida en un penoso lumpenaje y desviaciones totalmente delictivas, pero ni aún así cargaría semejante vetusto armamento.

Los descubrimientos de la inteligencia de Bogotá suelen tener un timing que envidiaría un buen autor de Hollywood. Desde el interminable caudal de datos descubierto en las computadoras del finado capo guerrillero Raúl Reyes, que todo parecía atesorarlo en bits, hasta videos que develan el supuesto financiamiento de la guerrilla al gobernante ecuatoriano Rafael Correa, pero -lo dice la propia acusación-, entregado a individuos sin vinculación con el mandatario, su partido o su gabinete.

Estas desprolijidades asombran. Aunque fuentes venezolanas aceptan que una parte de los secretos en el procesador de Reyes, capturado tras el bombardeo colombiano que lo mató en Ecuador en marzo de 2008, sí son auténticos. Hubo ahí pruebas de todo pelaje que explican algún extenso silencio de los protagonistas y hasta ciertos acercamientos.

A despecho de verdades o mentiras, Colombia persigue un racimo de objetivos con su metralla de denuncias. Es el principal receptor de ayuda militar de EE. UU. en la región y agitar estos espectros sirve para justificar el gasto; consolida a Bogotá a ojos del poderoso lobby conservador de Washington como el que pone los límites a la pintoresca armada bolivariana y de ahí que le brinda no una sino siete áreas para bases militares norteamericanas. Este despliegue de “seguridad” le pavimenta a Alvaro Uribe la búsqueda de la segunda reelección con truco de referéndum incluido. Es el sueño de mandato perpetuo que seduce también a sus adversarios “progres” del vecindario que, como él, no tienen tampoco prejuicios en armar constituciones a la carta.

Chávez rompió relaciones comerciales con Colombia por aquello de las bases y redobló la ofensiva contra la prensa. Esto elevó la tensión en la región, pero habría que leer esos gestos también como reflejo de las contradicciones que sacuden al propio experimento venezolano. Veamos por qué.

El bolivariano tiene que atender un enorme gasto público que se expande además por su estrategia nacionalizadora. Sólo este año necesita US$ 30 mil millones para financiar un rojo al que hay que sumar gastos extrapresupuestarios y el pago de las empresas estatizadas, entre ellas Sidor de Techint. Puede hacerlo, pero la cuesta se empina por varios lados. El país gasta US$ 52 mil millones en importaciones, 60% de ellas en alimentos. Y sus exportaciones son de materias primas y muy poco con valor agregado. El desestímulo es enorme por un dólar oficial en cerca de 2 bolívares fuertes y el paralelo 200% más alto, casi en 6 BF, lo que habilita un evidente juego especulativo.

El ciclo de expansión que comenzó en 2004 se ha agotado: el primer trimestre de 2009 el PIB subió 0,3%, casi 4,7 puntos porcentuales menos que en el último de 2008. En sencillo: entra menos y sale la misma plata. Si en 2008 el sector público cerró con déficit y con un crudo a US$ 90, no es difícil imaginar el desafío hoy con el barril en US$ 65. La chance devaluatoria que podría quemar gran parte del gasto, causaría un golpe inflacionario extraordinario. El costo de vida llega a 28% anualizado según datos oficiales o 40% para los privados. El gobierno había prometido 12%. Agregue a eso que los salarios subieron 22,6% de promedio, es decir, bien debajo de la inflación; una desocupación que ronda 7,8% o el doble, depende de la fuente, y el dato de que la mitad de la mano de obra va en negro. No hay boina roja ni retórica que frene tal malestar social.

La ruptura con Colombia cesó compras a ese país por US$ 6.000 millones, pero es una canasta crítica: Caracas importa de Bogotá leche, huevo, pollo, carne y hasta pañales. Hace pocas semanas tres ministros de Chávez recorrieron Argentina y Brasil buscando con urgencia un nuevo proveedor con un costo en fletes no difícil de imaginar.

Con este cuadro no debería asombrar que en los informes del Banco Central venezolano no se actualicen las cifras de producción de petróleo, o de cemento, o las ventas en los Mercal, los mercados populares del Estado donde es fuerte el desabastecimiento. Por ello, cuando Chávez se lanza contra la prensa es posible sospechar qué es lo que no quiere que digan los medios. Lo que se amordaza es un escenario que no es idílico, donde subió a casi 40% la mora de créditos según la Superintendencia de Bancos o donde PDVSA, la petrolera estatal, la gran ubre de la Venezuela Saudí, le entrega al Banco Central sólo 40% de los petrodólares. El resto va a una serie de fondos que maneja directamente el Ejecutivo. Es la Caja de Chávez, que si el viento viene en contra no tiene relevo y comienza a hacer toda clase de ruidos que el gobierno tapa o intenta tapar con otros.

* Marcelo Cantelmi es editor internacional del diario Clarín de Argentina

El proyecto sobre el tabaco del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha revelado cómo los tentáculos de las redes internacionales de contrabando de cigarrillos se extienden por todo el mundo. Sudamérica juega un importante rol. Paraguay se ha convertido en uno de los mayores productores mundiales de cigarrillos de contrabando, con más de US$ 1.000 millones desaparecidos anualmente en el mercado negro. Aprovechan las facilidades de la Triple Frontera, por lo que los negocios se han expandido hacia las mafias brasileñas. Hoy fabricar cigarrillos en Paraguay es aún más barato que hacerlo en China y se han confiscado cajetillas paraguayas en lugares tan lejanos como Irlanda.

Guaíra descansa a orillas del parsimonioso río Paraná que dibuja una frontera natural entre Brasil y Paraguay. Aquí la tierra es roja, el paisaje llano con amplias plantaciones de soja y yerba mate. A simple vista Guaíra es una prolija ciudad de 30.000 almas en el oeste de Brasil. La gente conversa sentada en plazas y peluquerías. Las calles del centro están limpias, las casas recién pintadas y los teléfonos públicos tienen diseños tropicales – se puede llamar desde el intestino de un pez o desde el pecho de un loro.

Bajo esta superficie, la ciudad vive una realidad diferente. En septiembre pasado Guaíra copó los titulares de los diarios de Brasil cuando 15 personas fueron asesinadas a tiros en una casa cerca de la ribera. Las muertes, producto de una vendetta entre traficantes de droga, no son inusuales. Ubicada a 250 kilómetros de la Triple Frontera, donde convergen Brasil, Paraguay y Argentina, Guaíra es hoy un ajetreado y violento corredor regional de drogas y armas. Sin embargo, ningún otro producto se contrabandea más en esta ciudad, y es mejor negocio para los contrabandistas, que los cigarrillos paraguayos.

Docenas de lanchas atiborradas de cigarrillos cruzan a diario el río Paraná desde la vecina ciudad de Salto del Guairá, en Paraguay. Los contrabandistas inyectan miles de millones de cigarrillos en San Pablo, Río de Janeiro y otras ciudades brasileñas, donde el cigarrillo paraguayo, barato y libre de impuestos, se ha apropiado del 20 por ciento de todo el mercado. Guaíra está en el corazón del negocio, un portal estratégico y un sitio donde muchos de sus habitantes –la mitad de la población, según algunos residentes– depende directa o indirectamente del contrabando para su subsistencia. Algunos ganan millones en el mercado negro. El contrabandista más famoso de Guaíra, Roque Fabiano Silveira, se hizo de fortuna y de nombre contrabandeando cigarrillos paraguayos allende las fronteras.

Silveira, de 44 años, apodado Zero Um (El Capo), se radicó en Paraguay luego de ser acusado de orquestar el asesinato de un empresario de Guaíra, en 1996. En Paraguay su negocio despegó y en 1999 Silveira montó su propia fábrica de cigarrillos, en las afueras de Asunción. La tabacalera pronto se convirtió en la base de operaciones de una red de contrabando que abarcó dos continentes y caló hondo en Estados Unidos. A partir de 2003, Silveira se asoció con comerciantes de cigarrillos de Arizona y de las reservas indígenas del estado de Washington para contrabandear millones de cigarrillos paraguayos a través de los puertos de Miami, Norfolk y Baltimore. Los cartones eran distribuidos en varias ciudades del país y las ganancias se “lavaban” en cuentas bancarias de Paraguay y de Estados Unidos. Silveira no sólo fabricaba cigarrillos, dicen los fiscales estadounidenses del caso, sino que también aceitaba contactos en Sudamérica para garantizar el paso de los cargamentos hacia el norte. Sus ex socios dicen que era astuto y frío, con cierta debilidad por los trajes finos.

La historia de Roque Silveira es emblemática de la naturaleza y el alcance de la creciente industria tabacalera paraguaya. Expertos, investigadores y funcionarios de aduanas aseguran que se trata de una industria concebida y dedicada, casi en su totalidad, al contrabando internacional. Quince años atrás la producción de cigarrillos era mínima en Paraguay, uno de los países más pobres de Sudamérica, famoso por la corrupción endémica y el comercio de productos falsificados. Hoy Paraguay figura entre los principales países productores de cigarrillos de contrabando, responsable del 10 por ciento de todos los cigarrillos que se venden en el mercado negro a nivel mundial, dicen los expertos.

Los números cuentan la historia. En 2006, las fabricas paraguayas fabricaron 68 mil millones de cigarrillos, mas de 20 veces lo que consume el mercado local, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo (CIET), una ONG en Uruguay que analiza el mercado del tabaco en la región. La gran mayoría de la producción –90 por ciento de los cigarrillos valuados en 1.000 millones de dólares anuales – desaparece en el mercado negro, dicen las autoridades. Los cigarrillos paraguayos hoy inundan Brasil y Argentina, donde los impuestos al tabaco son mucho más altos que en Paraguay, y han sido confiscados también al otro lado del Atlántico, en países como Irlanda.

Fidel, Hamlet y Opus Dei

Si bien en el pasado las tabacaleras multinacionales tuvieron el monopolio del contrabando de cigarrillos en el mundo, hoy el comercio ilegal involucra una gran diversidad de grupos criminales que roba a los gobiernos dinero de impuestos, alimenta el crimen organizado y multiplica la adicción al tabaco. El crecimiento exponencial de la industria tabacalera paraguaya alarma por igual a las autoridades del salud, de aduanas y a la policía, quienes temen que Paraguay se convierta en la próxima pesadilla en el tráfico mundial de cigarrillos. Fuentes de la industria tabacalera internacional dicen que hoy es más barato fabricar cigarrillos en Paraguay que en China –el líder mundial del contrabando de cigarrillos— mientras que la calidad es muy superior.

Roque Fabiano Silveira fue condenado en Estados Unidos por contrabando de cigarrillos.

“Existe un peligro real de que la situación en Paraguay escale rápidamente,” dice Austin Rowan, director de operaciones anti-contrabando de la oficina anti-fraude de la Unión Europea. Lo distintivo de Paraguay, dicen las autoridades, es la gran cantidad de marcas que producen sus fábricas –mas de 2,600 se han registrado en el Ministerio de Industria y Comercio, incluidas “Dirty”, “Fidel”, “Hamlet” y “Opus Dei”—lo que complica aún más la tarea de quienes investigan el contrabando. En contraste, solo un puñado de marcas se vende en el mercado nacional, donde los fumadores pagan unos de los impuestos al tabaco más bajos del mundo.

“El negocio principal de estas empresas es el ilegal. Punto,” dice Alejandro Ramos de CIET. “Es un problema regional no sólo paraguayo”.

Las compañías tabacaleras multinacionales observan con no poca ansiedad la velocidad con que los paraguayos han creado una industria en los márgenes de la legalidad. Investigadores de las multinacionales dicen que los cigarrillos paraguayos son enviados a conocidos destinos de triangulación, como Aruba y Panamá, donde los cargamentos presuntamente entran en el mercado negro. En 2006, la aduana de Irlanda incautó un contenedor cargado con 5 millones de cigarrillos paraguayos escondidos entre madera. Mientras David Godwin, funcionario de aduanas, investigaba el caso, uno de sus colegas de la Unión Europa le dijo: “Si usted piensa que tiene problemas con China, el Medio Oriente y el resto, atájese porque no ha visto nada… la capacidad de producción en Sudamérica es infinita”.

Las tabacaleras en Paraguay van desde modernas plantas industriales con tecnología de punta alemana a ocasionales fábricas miniatura –también llamadas submarinos—que se montan dentro de camiones. Funcionarios del gobierno paraguayo dicen que si todas las maquinas del país trabajaran a máximo rendimiento, el país podría producir unos 100 mil millones de cigarrillos anuales –suficiente para abastecer casi dos tercios del mercado brasileño.

El contrabando fluye fácilmente en Paraguay, admiten los funcionarios. La industria tabacalera prácticamente no tiene controles y los fabricantes ilegales y los contrabandistas a menudo son protegidos por el poder de turno. Banqueros, políticos y hasta dueños de clubes de fútbol están involucrados en el negocio y hacen generosas contribuciones en tiempo de campaña. Y aunque la administración de Fernando Lugo –un ex Obispo Católico que el año pasado derrotó al Partido Colorado después de más de 60 años en el poder– ha prometido cambiar la reputación del país, ya han ocurrido algunos traspiés. En febrero el presidente nombró jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea a un militar condenado por contrabandear cigarrillos a Argentina (en medio de intensas criticas Lugo dio marcha atrás con el nombramiento).

Paraíso de Contrabandistas

El cigarrillo es un producto más que se compra y se vende en la economía informal de Paraguay, que floreció durante los 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner. Hasta su caída en un golpe de estado en 1989, Stroessner hizo del país un refugio para criminales de guerra Nazi, dictadores depuestos y contrabandistas.

La Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina es el epicentro de esta cultura de contrabando. Un corredor de drogas, armas, vehículos robados, y cualquier falsificación que uno se pueda imaginar –desde CDs hasta Viagra– esta región de espesa vegetación y espectaculares saltos de agua se ha convertido en el perfecto escenario para el comercio ilícito de cigarrillos paraguayos.

En el centro de Ciudad del Este, cajas de cigarrillos apiladas en la vereda esperan ser recogidas por los contrabandistas.

“Lo único que florece aquí es la ilegalidad”, dice Humberto Rosetti, fiscal de Ciudad del Este, el centro comercial de la Triple Frontera. El centro de la ciudad es un animado laberinto de calles estrechas atestadas de puestos callejeros, casas de cambio y tiendas, donde todo, desde mascotas exóticas hasta fusiles AK-47, se puede obtener con casi igual facilidad. Autos Mercedes Benz y BMW último modelo con vidrios polarizados cruzan la ciudad a gran velocidad y docenas de motos, algunas de ellas transportando familias enteras, serpentean a través de los embotellamientos del tráfico. En la “Calle de los Cigarrilleros”, como algunos han bautizado una de las arterias de la ciudad, cajas de “Eight”, “TE”, “Rodeo” y “Calvert”, las marcas favoritas de los contrabandistas, se apilan a lo largo de la acera. “Nuestras manos están atadas”, dice Rosetti, quien ha dirigido varios decomisos de cigarrillos en los últimos meses, sólo para ver cómo rápidamente jueces y funcionarios de aduanas devuelven las cargas a los traficantes.

Funcionarios del gobierno norteamericano califican a Paraguay como un “centro principal” de lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, armas y cigarrillos en América del Sur. Ciudad del Este es el corazón de este negocio. Las tabacaleras a menudo están vinculadas a casas de cambio donde se blanquea el dinero del contrabando, según ex empresarios tabacaleros y expedientes judiciales. Tan impenetrable es el sistema financiero de Ciudad del Este que agentes norteamericanos que infiltraron la organización de Roque Silveira no pudieron encontrar el dinero que ellos mismos ayudaron a lavar. “Tratamos de hacer el seguimiento del dinero”, dice el fiscal James Warwick quien trabajó en el caso. “¿Lo logramos? No”.

Varias tabacaleras paraguayas han levantado fábricas en Ciudad del Este y en la cercana Hernandarias. Desde allí, durante años, los cigarrillos se contrabandeaban al Brasil en furgonetas, camiones y hasta autobuses a través del Puente de la Amistad que une Ciudad del Este con su homólogo brasileño, la ciudad de Foz do Iguaçu. Brasil intensificó los controles en la frontera en 2005 de manera que los contrabandistas mutaron de las carreteras al agua. A partir del atardecer, lanchas de motor parten de cualquiera de los 300 muelles improvisados a lo largo de la periferia del lago Itaipú, formado por una de las represas más grandes del mundo construida sobre el río Paraná. Para llegar a algunos de estos puertos clandestinos se debe transitar por estrechos y tortuosos caminos de tierra a través de densos bosques. Una tarde de Marzo, reporteros de ICIJ que visitaron Puerto Codorso encontraron maquinarias del gobierno paraguayo arreglando el camino de los contrabandistas. El puerto parecía abandonado. Según contaron personas del lugar, los contrabandistas se habían tomado el día libre para velar a uno de los suyos, un ex policía, que había fallecido en un accidente de auto el día anterior.

“Cerramos un puerto y abren dos más al día siguiente”, dice Gilberto Tragancin, jefe de Aduanas de Brasil en Foz do Iguaçu. Con un litoral de más de 1.500 kilómetros, el Lago Itaipú es casi imposible de patrullar en su totalidad, explica Tragancin. A pocos metros de la oficina del jefe de Aduanas, una máquina de triturar cigarrillos está en plena acción. La máquina pulveriza cada día cerca de 500.000 paquetes de cigarrillos incautados: los restos son utilizados como fertilizantes y en la construcción de carreteras.

El flujo de contrabando de Paraguay a Brasil es de 20 a 30 mil millones de cigarrillos anuales, estiman los expertos. En contraste, dice Tragancin, las exportaciones legales de cigarrillos paraguayos a Brasil son nulas.

Además de la amenaza que significa para la salud pública, el contrabando de cigarrillos fortalece a grupos de crimen organizado que operan a lo largo de la frontera con Brasil. Tragancin dice que estos grupos están utilizando los canales del contrabando de cigarrillos para abastecer de armas y municiones a algunas de las facciones criminales más violentas de ese país, como el Primer Comando Capital (PCC), la principal banda delictiva de las prisiones de San Pablo.

De Paraguay al Mundo

Los traficantes internacionales rápidamente detectaron una oportunidad en el floreciente comercio ilícito de cigarrillos de Paraguay. El mayorista Stormmy Paul, un indio de la tribu Tulalip del estado de Washington, en Estados Unidos, viajó a Paraguay en el 2003 para hacer negocios. Paul había estado comprando cigarrillos chinos, incluso Marlboros falsificados, y revendiéndolos libres de impuestos a tiendas de tabaco en su estado, pero quería una mejor combinación de precio y calidad. Un socio de Brasil le ofreció contactos al sur de la frontera.

Contrabandistas quitan los asientos traseros de los automóviles para acomodar los cartones de cigarrillos de contrabando.

En Paraguay, Paul visitó un puñado de tabacaleras, pero una fábrica se destacó de inmediato: la fuertemente custodiada Tabacalera Central, en las afueras de Asunción. Los visitantes fueron recibidos por el dueño, Roque Silveira, quien los agasajó con un asado. Al término de la cena, el trato quedó sellado. Paul pagaría 2 dólares por cada cartón de cigarrillos fabricado por Silveira más un adicional de 2 dólares por cartón para un intermediario en Maryland que adulteraría los formularios de aduanas para sortear controles e impuestos en Estados Unidos. El acuerdo le dejaba a Paul una ganancia de 2 dólares por cartón.

“Me encantó Paraguay”, dice Paul, un locuaz hombre de negocios que cada semana dirige una ceremonia de antiguos rituales indígenas en su tribu ubicada al norte de la ciudad de Seattle. Paul recuerda a Silveira como “un empresario muy astuto…con cierta clase”. “Roque luce exitoso”, agrega.

A partir de fines de 2003 una banda de 11 personas, en su mayoría comerciantes norteamericanos de tabaco, contrabandearon a Estados Unidos más de 120 millones de cigarrillos paraguayos. El grupo luego los distribuía en varias ciudades del país, desde California a Carolina del Norte, de acuerdo con documentos judiciales. La banda cayó en abril del 2005 mientras los contrabandistas se reunían en Las Vegas. La justicia norteamericana los acusó de conspiración, contrabando, tráfico y lavado de dinero, entre otros cargos. Silveira pasó dos meses en la cárcel después de su arresto en el aeropuerto de Miami, pero el brasileño se ofreció a cooperar con las autoridades y finalmente fue condenado a sentencia probatoria.

Silveira pagó una multa y, para sorpresa de los paraguayos, quedó en libertad.

Río de la Muerte

Casi al mismo tiempo que los norteamericanos dieron a Silveira una palmada en la mano por sus crímenes, la justicia brasileña lo procesó en uno de las operativos anti-contrabando más grandes de la historia del país. La llamada Operación Bola de Fuego terminó con el arresto de más de 90 personas en 11 estados brasileños. De acuerdo con documentos judiciales, Silveira supuestamente controlaba tres diferentes redes criminales que contrabandeaban cigarrillos al populoso estado de Rio Grande do Sul.

Una Industria Fuera de Control Crédito: Stephen Rountree

En este caso, Silveira logró evadir la ley simplemente quedándose en Paraguay donde, según los fiscales brasileños, tiene “una vasta red de contactos y la suficiente capacidad financiera para vivir en la clandestinidad”.

Silveira se habría transformado en la cabeza del tráfico de cigarrillos de Paraguay a Brasil después del arresto en 2003 del legendario contrabandista Roberto Eleuterio “Lobao” Da Silva, según la policía brasileña. A partir de ese momento, en el lenguaje del contrabando, Silveira se “adueñó” de las rutas que conducen a millones de fumadores en las ciudades más grandes de Brasil.

Dos semanas después de la Operación Bola de Fuego, un aduanero brasileño fue asesinado en una desolada región de la frontera llamada Rio do Morte (Río de la Muerte). Una llamada anónima a la policía local reportó una camioneta quemada en la ruta. El cadáver carbonizado en el asiento del acompañante no pudo ser inmediatamente identificado por la policía: al hombre lo habían quemado vivo. Los expertos forenses finalmente dijeron que se trataba de Carlos Renato Zamo, un residente de Mundo Novo, al norte de Guaíra. Zamo era uno de los miles de agentes de aduanas que trabajan en las fronteras porosas de Brasil. Pero a través de los años, Zamo había acumulado una fortuna inusual para un empleado de gobierno. El agente tenía inversiones en San Pablo y Mato Grosso do Sul. Era dueño hasta de un avión.

La policía brasileña descubrió que Zamo trabajaba para Silveira y otros contrabandistas que supuestamente le pagaban 8,000 dólares mensuales para que sus cargas pasaran los controles de la frontera sin problemas. Pero Zamo había empezado a temer que lo descubrieran y decidió retirarse del negocio, según la policía. En una reunión, los contrabandistas supuestamente le habrían ofrecido incrementar los pagos, pero Zamo rechazó la oferta y dio aviso a sus colegas sobre los cargamentos del grupo.

Eventualmente cuatro personas fueron arrestadas en conexión con el asesinato de Zamo, pero no Silveira, que estaba prófugo en Paraguay. El día en que se anunciaron los arrestos, la policía brasileña describió a Silveira como “la gran cabeza” del contrabando en la región. “Todo ocurre bajo sus órdenes”, dijeron los funcionarios.

A través de su abogada en Asunción, Silveira declinó responder preguntas presentadas por ICIJ.

579 cigarrillos por segundo

Los fabricantes paraguayos de cigarrillos se apuran en puntualizar que ellos solamente están llenando un espacio en el mercado creado por las grandes compañías multinacionales de tabaco. En los años noventa, British American Tobacco y Philip Morris usaron a Paraguay para triangular cigarrillos y evadir impuestos. El esquema funcionaba así: las subsidiarias de la BAT y de Philip Morris en Brasil y Argentina exportaban legalmente miles de millones de cigarrillos a Paraguay. Los cigarrillos eran inmediatamente reingresados como contrabando a esos dos países y vendidos libres de impuestos en el mercado negro.

Esta práctica terminó en 1999 cuando el gobierno brasileño elevó drásticamente los impuestos a las exportaciones para desalentar el comercio ilegal. A partir de ese momento, docenas de fábricas de cigarrillos abrieron sus puertas en Paraguay, muchas de ellas propiedad de ciudadanos brasileños. En tres años, Paraguay llegó a tener más de 30 tabacaleras, algunas de las cuales falsificaban conocidas marcas internacionales.

El negocio local de falsificación ha caído marcadamente en años recientes luego de que los fabricantes se dieron cuenta de que había un mercado –en Brasil y en otros países – para las marcas baratas paraguayas. Hoy el número de fábricas se ha reducido a más de la mitad, pero no así la producción.

Gendarmes argentinos incautan cigarrillos Paraguayos "Rodeo" escondidos en la parte trasera de una camioneta.

Tabacalera del Este (Tabesa) es la principal fábrica de cigarrillos de Paraguay, una moderna planta de 17.000 metros cuadrados con una capacidad de producción de 1.500 millones de cigarrillos por mes –o 579 cigarrillos por segundo. La fábrica, localizada en la ciudad de Hernandarias, surte casi la mitad del mercado paraguayo con sus dos marcas insignias, Kentucky y Palermo. Pero al mismo tiempo que sirve a un mercado legítimo, la compañía supuestamente provee grandes cantidades de cigarrillos que terminan contrabandeados a Brasil y Argentina. Funcionarios de aduana en esos dos países dijeron a ICIJ que diariamente decomisan más cigarrillos de contrabando de Tabesa que de ninguna otra compañía. En 2006, Tabesa fue mencionada en la Operación Bola de Fuego entre las empresas paraguayas cuyos cigarrillos eran supuestamente contrabandeados al Brasil.

El empresario paraguayo Horacio Manuel Cartes está registrado como principal accionista y director de Tabesa en Informconf, una base de datos de negocios de Paraguay. Cartes comenzó distribuyendo cigarrillos dos décadas atrás y desde entonces ha construido un imperio que incluye un banco, un club de fútbol, y varios emprendimientos agrícolas – algunos de estos negocios registrados a nombre de familiares y socios.

José Ortiz, gerente general de Tabesa, habló con reporteros de ICIJ sobre los negocios de la compañía.

“Nosotros no sabemos dónde se consumen nuestros cigarrillos, y no es nuestro problema”, dijo Ortiz cuando se le preguntó acerca de la presencia de cigarrillos de Tabesa en Brasil y Argentina, dos mercado a los cuales la compañía no exporta legalmente. “Nosotros vendemos nuestros productos en Paraguay y pagamos impuestos internos”, agregó, sentado en su oficina en la planta de Tabesa. Lo que ocurre una vez que los cigarrillos salen de la fábrica no es la responsabilidad de la empresa, dijo Ortiz, una visión compartida por otros fabricantes paraguayos. “Mi trabajo es proveer al mercado”.

Ortiz dijo que Tabesa no vende directamente a los minoristas, sino a cuatro ó cinco distribuidores mayoristas. Nombró dos firmas mayoristas, una de las cuales, Tabacos del Paraguay, está afiliada a Tabesa. “Las demás no recuerdo”, dijo, reclinándose en su sillón de oficina de cuero negro y desviando el tema hacia las compañías multinacionales de tabaco. “Ellos son los padres y los abuelos de la criatura”, dijo Ortiz refiriéndose al caso de contrabando de BAT y Philip Morris en los noventa. “Nosotros estamos reemplazando el mercado que ellos abandonaron”.

El año pasado, Tabesa entró en el mercado de Estados Unidos con su marca Palermo y está ahora certificada para vender en al menos ocho estados, incluyendo Maryland y California. Palermo está también disponible online a través de sitios que venden cigarrillos desde reservas indígenas en Nueva York, pero Ortiz negó que Tabesa esté proveyendo a tiendas indígenas directamente. Funcionarios de Estados Unidos han identificado las reservas de Nueva York como grandes centros de contrabando de cigarrillos.

Guaíra: tierra de nadie

Fiscales y policías brasileños colocan a las fábricas paraguayas a la cabeza de la “organización criminal”, que según ellos maneja el contrabando de cigarrillos en la región. Érico Saconato, jefe de la policía federal brasileña en Guaíra, dijo que las fábricas trabajan mano a mano con “gerentes” a ambos lados de la frontera, quienes adquieren camiones y embarcaciones, sobornan a funcionarios públicos y contratan cuadrillas de jóvenes, pescadores y agricultores para transportar cargas de cigarrillos. En uno de los casos que involucra a Roque Silveira, fiscales brasileños dijeron en documentos judiciales que la banda adquirió grandes cantidades de cigarrillos de contrabando “directamente de las fábricas paraguayas” para su distribución en Rio Grande do Sul y ciudades fronterizas de Argentina.

El río Paraná dibuja una frontera natural entre Paraguay y Brasil.

“Todos los contrabandistas, grandes traficantes, en esta región son empresarios y políticos, que tienen buenos abogados, autos lujosos, familia”, dice Saconato. “Algunos incluso son líderes de iglesias evangélicas”.

La ciudad natal de Roque Silveira, Guaíra, ganó prominencia en el comercio de cigarrillos cuando los controles se incrementaron en la Triple Frontera, a partir del 2005. Hoy gran parte de la población, dicen funcionarios de la ciudad, depende del contrabando para vivir. Algunos rentan espacio en sus casas para que los contrabandistas almacenen sus cargas, otros trabajan como campanas o pasan cigarrillos a través del río Paraná. Los “paseros” ganan alrededor de 300 dólares a la semana, una salario mensual mínimo y medio de Brasil.

La policía en Guaíra dice que se siente abrumada. Según Saconato 700 personas fueron arrestadas en 2007 en conexión con el contrabando, pero sólo dos hombres fueron condenados. Cuando el fiscal del distrito clausuró un bar a la vera del río, Tininha, que se alegaba era usado por los contrabandistas para planear sus negocios, un fiscal federal revirtió la orden y demandó a la ciudad. Esa noche, los contrabandistas celebraron lanzando fuegos artificiales a orillas del río, dicen funcionarios locales.

“Guaíra está prácticamente abandonada”, lamenta Saconato, quien anticipa un récord de decomisos de cigarrillos este año debido a la crisis financiera global y a una reciente suba en los impuestos al tabaco en Brasil. En los kioscos de San Pablo y Rio de Janeiro, el paquete más barato de cigarrillos brasileños (alrededor de 1,5 dólares) cuesta tres veces más que las marcas paraguayas de contrabando.

“Un gran negocio”

Ningún policía en Guaíra ha visto a Silveira en años recientes, dice Saconato. “El Capo”, tal su apodo, se ha convertido en un mito. Pobladores aseguran de tanto en tanto haberlo divisado. Su caso de 1996 por homicidio todavía está vagando en las cortes de Guaíra. Luego de la Operación Bola de Fuego, Silveira se convirtió en un fantasma, dice la policía brasileña, pero nadie cree que se haya retirado del negocio de cigarrillo. Algunos ex socios de Silveira ahora manejan grandes porciones del contrabando a ambos lados de la frontera, de acuerdo con la policía brasileña.

Las últimas pistas de Silveira en las cortes de Paraguay datan de julio de 2007, cuando el brasileño le ganó otra pulseada a la justicia. En aquella ocasión, la Corte Suprema de Paraguay denegó un pedido de extradición de fiscales brasileños, que lo acusaban de asociación ilícita, contrabando de cigarrillos y lavado de dinero.

La sola mención del nombre de Silveira en círculos del tabaco en Paraguay hace fruncir el ceño y carraspear repetidamente a los entrevistados antes de ofrecer un anodino “su nombre me suena familiar”, o “¿no tenía él una fábrica de cigarrillos por aquí?”

Un hombre en Salto del Guairá, la ciudad paraguaya frente a Guaíra, no titubea al hablar de Silveira. Sidronio Talavera, un arpista profesional que alguna vez tocó con una de las bandas de bolero más famosas de Paraguay, nos recibe sentado en una pequeña oficina desde donde maneja su fábrica de cigarrillos, Cosmoplita S.A. Talavera dice que no sólo conoce a Silveira, sino que también es su socio comercial. “Es una de las mejores personas que he conocido en toda mi vida”, enfatiza Talavera, quien fue condenado el año pasado por evasión fiscal. Fiscales paraguayos acusaron a Talavera de reportar falsas exportaciones al Brasil para evadir el pago de impuestos a la importación de insumos para fabricar cigarrillos. Las autoridades también lo han señalado como falsificador, cargo que él niega.

Talavera dice que le vende a cualquier persona que golpea la puerta de su fábrica, y sabe que algunos de sus compradores son contrabandistas o trabajan con contrabandistas. “En hora buena que los cigarrillos vayan a Brasil”, dice golpeando su escritorio. “Si me pongo en plan de exigencia, me muero de hambre”. Talavera se jacta de que su marca Latino se ha vendido hasta en Dubai. Dice que mayoristas de Panamá le compran cigarrillos y revenden al extranjero. “No sé si en Panamá los cigarrillos entran al contrabando o se revenden legalmente, y no me interesa. Me interesa si vendo”, agrega.

De Silveira Talavera dice que todavía es el gran intermediario del negocio, el mediador que adquiere grandes cantidades de cigarrillos de las fábricas paraguayas y coordina su distribución en Brasil. “¡El trabaja con todos!”, dice Talavera cuando se le menciona que otros fabricantes parecen desconocer en estos días el paradero de Silveira. “Es inteligente, el Mafioso. Se les escapó a los americanos”, agrega.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en http://www.publicintegrity.org/investigations/tobacco/
Marina Walker Guevara es vice-directora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación; Mabel Rehnfeldt es periodista del diario ABC Color de Paraguay; Marcelo Soares es periodista freelance en San Pablo.

*El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) es una colaboración entre destacados reporteros de investigación de todo el mundo. Lanzado en 1997 como un proyecto del Center for Public Integrity, ICIJ extiende globalmente el estilo de periodismo vigilante de este centro, trabajando con 100 periodistas en 50 países para producir investigaciones transnacionales de largo aliento. Este reportaje es parte de un proyecto sobre el mundo subterráneo del contrabando del cigarrillo y sus redes que cruzan fronteras.

Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares para combatir el narcotráfico a través del el Plan Colombia. Pero mientras entrega apoyo militar y financiero para terminar con los cultivos de coca, esta exhaustiva e impactante investigación revela que parte del dinero que busca fomentar siembras alternativas fue entregado a empresas productoras de palma ligadas a presuntos narcotraficantes y paramilitares. Los mismos que por años aterrorizaron a los campesinos, asesinando y saqueando sus tierras para después arrebatárselas y cultivar allí miles de hectáreas de palma que funcionaron como una buena pantalla del lavado de dinero.

El 14 de mayo pasado, la Fiscalía General de Colombia discretamente convocó a una audiencia pública para decidir la suerte de Coproagrosur, una cooperativa de cultivo de palma de aceite ubicada en Simití, un pueblo en el norte del país. Como parte de un programa de reparación de víctimas de la violencia, un confeso narcotraficante y jefe paramilitar conocido como “Macaco” había entregado al gobierno los bienes de la cooperativa, que según él son suyos.

Macaco, cuyo nombre real es Carlos Mario Jiménez, fue uno de los más sangrientos comandantes paramilitares de la larga guerra civil colombiana y ha confesado el asesinato de 4.000 civiles. Él y sus hombres son también en gran parte responsables de haber convertido a 4,3 millones de colombianos en refugiados internos, la población de desplazados más grande del mundo después de Sudán. En mayo de 2008, Macaco fue extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y “narco-terrorismo”. Sigue esperando su juicio en una cárcel de Washington D.C.

Macaco se entregó a las autoridades a fines de 2005, respondiendo a la propuesta de amnistía del gobierno. La desmovilización de los jefes paramilitares requería la entrega de los bienes obtenidos ilícitamente, incluyendo aquellas tierras que arrebataron a través del violento desalojo de sus propietarios. Macaco ofreció los bienes de Coproagrosur como parte del trato.

Pero el aviso publicado por la Fiscalía no menciona que Coproagrosur recibió una donación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) en 2004. La donación –pagada a través del Plan Colombia, el multimillonario paquete de ayuda para combatir el narcotráfico– parece haber puesto dólares de la guerra contra la droga en manos de un conocido paramilitar y narcotraficante. Como los paramilitares colombianos están en la lista de organizaciones extranjeras terroristas del Departamento de Estado, la donación podría constituir una posible violación de las leyes federales de Estados Unidos. Pero los procesos de chequeo interno de USAID “no fallaron”, de acuerdo a la respuesta oficial de la embajada estadounidense en Bogotá. Y ello porque Macaco no aparecía oficialmente entre los socios de Coproagrosur.

Desde el 2002, el Plan Colombia autorizó cerca de US$ 75 millones anuales para programas de “desarrollo alternativo”, como la producción de palma de aceite. Dichos programas entregan fondos para convenios entre empresarios agroindustriales y campesinos con el objeto de alejarlos de los cultivos ilícitos (la coca entre ellos). La mayoría de estos proyectos de desarrollo están concentrados en el norte de Colombia, que fue el epicentro de desplazamientos masivos de campesinos.

Funcionarios de USAID dicen que estos proyectos ofrecen una alternativa a la violencia asociada a las drogas en un país que carga con las llagas abiertas del conflicto armado. Insisten en que esa agencia vigila atentamente para detectar actividades ilegales y no ha recompensado a quienes cultivan tierras robadas. Pero un estudio de los documentos internos de USAID, escrituras de las compañías y reportes de prensa, genera serias dudas sobre la vigilancia que ejerce la agencia sobre los postulantes, en particular, sobre su habilidad para detectar conexiones con narco-paramilitares, crímenes violentos y tomas ilegales de tierras.

Además de los US$ 161.000 entregados a Coproagrosur, USAID también otorgó US$ 650.000 a Gradesa, una empresa palmicultora que tiene a dos miembros de su junta directiva investigados por narcotráfico y vínculos con paramilitares. Una tercera compañía del rubro, Urapalma, también acusada por su relación con paramilitares, casi recibió la aprobación de una donación antes de que su solicitud fracasara por falta de documentos. Los críticos dicen que la contradicción de dichas donaciones perjudican la misión antidroga del Plan Colombia.

“El Plan Colombia está luchando militarmente contra las drogas al mismo tiempo que entrega fondos para apoyar el cultivo de palma, que es usado por las mafias paramilitares para lavar dinero”, dice el senador colombiano Gustavo Petro, un abierto crítico de la industria palmífera. “Estados Unidos está implícitamente subsidiando a los narcotraficantes”.

El impacto más agudo de los proyectos palmicultores patrocinados por paramilitares y narcotraficantes se encuentra en el departamento del Chocó. El boom de la palma en esa región enfrenta a campesinos pobres contra un aglomerado de fuerzas poderosas, incluyendo el Ejército, narco-paramilitares, y ejecutivos palmicultores con fácil acceso a las aulas del poder. La formula funcionó con simple brutalidad: mientras los campesinos huían de incursiones conjuntas entre paramilitares y fuerzas estatales, entraban los palmicultores arrebatando las tierras abandonadas para sembrar palma aceitera, una de las fuentes más rentables de biocombustibles.

El despojo y el boom de los biocombustibles

El viejo campesino seguía al brigadier general Pauxelino Latorre por un oscuro laberinto de corredores de cemento en el batallón de la Decimoséptima Brigada del Ejército en Carepa, un pueblo en el extremo noroeste de Colombia. Pasaban por cuartos agudamente iluminados por grandes ventanales con vista a las plataneras que rodean el batallón. Soldados daban un tieso saludo mientras el general pasaba a toda máquina. El campesino -Enrique Petro, un hombre pobre y con casi 70 años- arrastraba lo pies detrás del general, tratando de no cruzar su mirada con la de los soldados.

Petro estaba comprensiblemente ansioso. Investigaciones criminales habían ligado repetidamente a la Decimoséptima Brigada con los grupos paramilitares que habían asesinado brutalmente a miles de personas, incluyendo a su hermano y a su hijo adolescente. A medida que se adentraba en el cuartel, Petro se empezó a preocupar aún más. Latorre abrió una puerta hacia un cuarto al final de la base, donde Javier Daza, en esa época gerente de Urapalma, esperaba. En el encuentro que siguió, Daza y el general dominaron la conversación.

Era agosto de 2004. Unos pocos días antes, Petro se había quejado ante el general de que Urapalma estaba sembrando palma en tierras que los paramilitares le habían robado en 1997, en el casi contiguo departamento del Chocó. Como respuesta, el general le sugirió una reunión en la base. Y Petro, suponiendo que tenía poco que perder, aceptó. Al final de breve encuentro -dice Petro-, Daza y Latorre lo intimidaron para que validara legalmente la incautación de sus tierras. Con la firma de Latorre como testigo del contrato, Petro perdió 85% de su finca de 150 hectáreas. Casi cinco años después, aún no recibe el magro pago que le ofrecieron.

Petro es uno de los afortunados: aún está vivo. De acuerdo a reportes del gobierno colombiano y de organizaciones no gubernamentales, Urapalma ha obtenido ilegalmente más de 5.654 hectáreas de densas tierras tropicales en el Chocó, incautadas con la ayuda de personas como Latorre y sus colaboradores paramilitares.

Latorre fue alumno de la Escuela de las Américas -la academia de entrenamiento del Ejército de Estados Unidos para los militares latinoamericanos-, fue imputado el año pasado de haber lavado millones de narco-dólares para un grupo paramilitar y los fiscales están investigando sus actividades a la cabeza de la Decimoséptima Brigada. Otro general, Rito Alejo del Río, quien lideró la brigada en la época del desalojo de Petro, está preso por cargos de colaboración con paramilitares. Él también fue entrenado en la Escuela de las Américas.

Reportes gubernamentales, documentos legales y testimonios de grupos de derechos humanos muestran que narco-paramilitares –a menudo en cooperación con el ejército financiado por EE.UU.- forzaron el desplazamiento de miles de campesinos del Chocó a fines de los años ’90, matando a más de un centenar. Desde 2001, Urapalma y una docena de otras compañías palmíferas se han tomado al menos 22.000 hectáreas de tierras abandonadas en el Chocó. Como las de Petro. La mayor parte eran propiedades colectivas de campesinos afro-colombianos.

En 2005, el presidente colombiano Álvaro Uribe, invocando los pujantes mercados de alimentos y biocombustibles, hizo un llamado al país para aumentar la producción de palma desde 300.000 hectáreas a 6 millones de hectáreas. Los críticos argumentan que la expansión palmífera en muchas regiones exhibe patrones de narcotráfico, paramilitarismo y violencia similar a la del Chocó, incluyendo masacres y desplazamientos forzosos. Un informe de la organización internacional Human Rights Everywhere reveló violentos crímenes relacionados con el cultivo de palma en cinco regiones distintas, todas las cuales caen dentro de la iniciativa de Uribe. Casi todas esas regiones han sido también objetivo del apoyo de USAID para el cultivo de palma.

La agencia estadounidense administra el programa de desarrollo alternativo del Plan Colombia desde el enorme edificio tipo bunker de la embajada estadounidense, ubicada en una de las principales avenidas de Bogotá. Entre los cultivos que reciben apoyo financiero, la palma de aceite o palma africana es uno de los pocos cuya rentabilidad es eventualmente comparable con la de la coca. Desde 2003 los contratos de desarrollo alternativo de USAID han entregado cerca de US$ 20 millones para proyectos agroindustriales de palma a lo largo del país.

Casi la mitad de la palma producida en Colombia es exportada, la mayor parte a Europa, pero también a Estados Unidos y algunos países de América Latina. El gobierno tiene ahora sus ojos fijos en el tratado de libre comercio entre EE.UU y Colombia, cuya aprobación en el Congreso en Washington –vista como posible con el explícito apoyo del Presidente Obama- permitirá a la palma colombiana entrar a Estados Unidos sin aranceles. A pesar de que el aceite de palma es destinado a docenas de productos comerciales, Colombia está apostando al mercado del biodiesel.

“Estamos en vísperas de iniciar otro gran desarrollo energético a partir de la palma africana”, dijo el presidente Uribe en 2005 cuando anunció la iniciativa. El país duplicó su superficie plantada de palma desde 2001, el año en que Colombia se convirtió en el cuarto exportador del mundo y el año en que las compañías llegaron al Chocó.

Grupos de derechos humanos han acusado durante largo tiempo a compañías palmicultoras en Colombia –a Urapalma en particular- de cultivar en tierras robadas. Jens Mesa, presidente de Fedepalma, la federación nacional de productores de palma, dice que esos cargos son muy exagerados. Mesa se queja de que las compañías del Chocó, las cuales no son miembros de la federación, son excepciones que han estigmatizado injustamente a toda la industria.

No obstante, la bancada afro-americana del Congreso de Estados Unidos ha expresado frecuentemente a la administración Uribe su preocupación por la industria de la palma, que está concentrada en áreas con gran población afro-colombiana. Inquieto por que el Congreso estadounidense pueda retener los fondos del Plan Colombia o bloquear el acuerdo de libre comercio, el gobierno colombiano ha empezado a tomar las acusaciones más seriamente.

A fines de 2007, el fiscal general Mario Iguarán anunció una investigación sobre las denuncias de que 23 compañías palmicultoras en el Chocó, incluyendo Urapalma, trabajaron con los paramilitares para incautar tierras a comunidades. Por la misma época, el senador estadounidense Patrick Leahy incluyó una indicación a la ley que entrega los fondos del Plan Colombia, en la que se prohíbe el financiamiento de proyectos de palma que “causen el desplazamiento forzoso de habitantes locales”. El Congreso de EE.UU. debatirá pronto el financiamiento del Plan Colombia para el 2010, en el primer desembolso de fondos hacia el extranjero diseñado por la administración Obama. En el actual borrador del proyecto, la indicación de Leahy está marcada para ser borrada.

Sean Jones, quien hasta mediados de mayo fue el director para desarrollo alternativo de USAID en Colombia, reconoce que la industria de palma de aceite en Colombia tiene “dos caras”. Una es la de aquellas compañías que cumplen la ley, pero “también está la cara fea de la palma africana, donde hay algunos jugadores realmente sucios”.

Los paramilitares y La Violencia

Incluso en Colombia, con su riqueza geográfica y diversidad cultural, el departamento selvático del Chocó es considerado exótico. La selva tropical del Chocó, ubicado en la esquina noroeste del país, donde Sudamérica limita con Panamá, está entre aquellas con mayor biodiversidad del planeta. Pero muchos colombianos aún la ven como un rezagado reducto de violencia. Lluvias torrenciales alimentan sus hileras de bajas montañas que irrigan cientos de ríos y ciénagas que se extienden como venas a lo largo del paisaje. Muchos de estos cursos de agua terminan en el largo río Atrato, que serpentea por la selva hacia el norte hasta que su delta desemboca en el golfo del Caribe. Los lugareños llaman Urabá a esta zona.

Los campesinos del Urabá más afectados por el negocio de la palma viven cerca de dos exuberantes tributarios: las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. En el 2000 la agencia gubernamental que administra las tierras rurales, Incoder, entregó títulos colectivos por 101.000 hectáreas a descendientes de comunidades de esclavos negros, que de acuerdo a la Constitución de Colombia, tienen los mismos derechos territoriales que los indígenas.

Pero el gobierno, en un esfuerzo por atraer inversionistas extranjeros, también ha bautizado a Urabá como “la mejor esquina de América”. Un campesino expresó los sentimientos locales sobre el marketing gubernamental: “Le dicen ‘la mejor esquina,’ pero si uno apenas levanta ese telón encuentra cosas horribles”. En los últimos años, las compañías palmicultoras han ocupado más del 20% de estas ancestrales tierras que limitan con ambos ríos, correspondientes a la zona más habitable y viable agrícolamente.

A fines de los ’80, esta parte de Colombia se transformó en base de grupos paramilitares o “paras” fundados por tres hermanos de la familia Castaño: Fidel, Vicente y Carlos, quienes venían de las filas del infame cartel de Medellín de Pablo Escobar. Los Castaños recibieron un generoso apoyo logístico y financiero de empresarios, políticos, terratenientes, narcotraficantes y militares. Colaboraron tan estrechamente con la guerra sucia del Ejército contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que un reporte de 2001 de Human Rights Watch se refiere a ellos como la “sexta división” del Ejército. Alimentados por un ferviente anticomunismo, los señores de la guerra -como los Castaño- mataron salvajemente a miles de inocentes acusados de simpatizar con la guerrilla.

Hacia mediados de los ’90, los informes de derechos humanos mostraron que los paras habían reorientado su violencia hacia fines económicos: tomando tierras y negocios, eliminando oponentes y protegiendo su actividad más lucrativa, el narcotráfico. Los Castaño y sus aliados se convirtieron en los indiscutidos sultanes de la cocaína, ganándose importantes puestos en las listas de los más buscados del gobierno estadounidense. Los señores de la guerra iniciaron una sangrienta marcha hacia Urabá.

Primero aparecieron panfletos advirtiendo a todos los colaboradores de la guerrilla de marcharse y los pueblos se llenaron de graffiti de paramilitares. Uriel Tuberquia, uno de los vecinos de Enrique Petro, recuerda que en los meses previos al arribo de los paras, en la comunidad corrían rumores de que venían los mochacabezas, en referencia a la forma en que los paramilitares desmembrarían los cuerpos de sus víctimas. Los paras usaban machetes para descuartizar los cadáveres y dentro del torso vaciado colocaban los miembros y la cabeza de sus víctimas. La espantosa práctica tenía una función práctica: el no tener que cavar fosas profundas. Otros de estos “cadáveres” simplemente se tiraban a la omnipresente corriente opaca de los ríos.

Cuando los paras finalmente llegaron, asesinaron al padre de Tuberquia mientras pastoreaba su ganado. “Lo mataron así desde lejos, a punta de bala, como corriendo atrás de él”, dice Tuberquia mientras fija su mirada en los árboles de palma con ojos inexpresivos:

-A mi papá nunca le pudimos dar un entierro, entonces quedó por ahí debajo de toda esa palma.

En octubre de 1996, los paras tuvieron un macabro aterrizaje en Chocó, con el asesinato de ochos campesinos en el pequeño pueblo de Brisas, a la orilla del río Curvaradó, a una hora a pie de la finca de Petro. Jesús Artiaga, otro vecino campesino de Petro, estuvo en Brisas el día de la matanza, en la cual dice que también participaron unidades de la Decimoséptima Brigada. El pueblo estaba lleno de gente por un torneo de fútbol. “Llegaron echando plomo. Tiroteando por todos lados diciendo ‘¡todo el mundo al suelo, todo el mundo al suelo’!”. Un sol ardiente picaba a los cuerpos inmóviles acostados bocabajo en el cemento de la plaza central. Unos paras armados hasta los dientes arrastraban el contrafilo de sus machetes por las espaldas de los campesinos tendidos en el piso. Unas horas después escogieron a seis hombres de la multitud y los fusilaron ahí mismo. Mientras se iban, mataron a otros dos tirando sus cuerpos lánguidos por el borde de un puente.

Lo que siguió fue un crescendo de terror simplemente llamado por los campesinos como “La Violencia”. En febrero de 1997 los militares, respaldados ese año por un apoyo estadounidense de US$ 87 millones, hicieron equipo con su “sexta división” para batir el norte del Chocó. Helicópteros del Ejército y aviones de combate lanzaron bombas y fuego de alto calibre contra las comunidades selváticas, mientras los paras “limpiaban” a su paso. Militares y paramilitares instalaron retenes –muchos a pocos metros del otro bando– en todas las rutas. Los grupos internacionales de derechos humanos documentaron masacres, tortura, asesinatos y desapariciones. Los paramilitares cerraron el año con el asesinato de treinta y un campesinos en el pueblo de Buena Vista la semana antes de Navidad.

De acuerdo a la agencia de refugiados de las Naciones Unidas, la ofensiva de 1997 forzó el desplazamiento de unas 17.000 personas desde sus tierras. Sólo en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó, 140 campesinos fueron reportados muertos o desaparecidos, casi todos por soldados y paramilitares. En esa época, Petro ya había perdido a su hermano y sus dos hijos por “La Violencia”, uno de ellos asesinado por las FARC. Los paramilitares le advirtieron repetidamente que lo matarían si no dejaba sus tierras. Intentó quedarse, pero cuando otro de sus hijos se quiso ir, Petro decidió abandonar su tierra.

“Ellos decían que iban hacer una limpieza de la guerrilla”, recuerda Petro. “Hicieron una limpieza, pero de nosotros los campesinos. Nos sacaron a todos”. En entrevistas, los campesinos que sobrevivieron al desplazamiento forzoso dicen que cuando empezó “La Violencia” los paramilitares llegaban a sus fincas con una escalofriante oferta: “O nos vende o negociamos con la viuda”.

Para el 2001, cuando los paras anunciaron el control definitivo de Urabá, Petro y otros campesinos ya se habían dispersado. Algunos seguían escondidos bajo el tapiz de la selva; otros habían abandonado definitivamente el Chocó. Pese a que los paras les advirtieron que no visitaran sus fincas, los campesinos escucharon rumores de que esas tierras estaban siendo sembradas de palmas.

Gustavo Duncan, analista de seguridad de la Universidad de los Andes en Bogotá, dice que el giro de los paramilitares hacia la palma fue una decisión de negocios lógica: “Es un cultivo que contribuye al control territorial y que permite invertir el capital acumulado de las drogas en un negocio rentable”. De acuerdo a la declaración de un ex empleado de Urapalma que cooperó con la investigación de la Fiscalía, el principal puente entre los Castaño y los inversionistas fue Hernán Gómez, uno de los mentores ideológicos de los hermanos Castaño y esposo de la actual presidenta de Urapalma. La declaración asegura que Gómez, quien no devolvió los múltiples llamados hechos a su casa, ayudó a los Castaño a reclutar a narcos ricos y con experiencia en el cultivo de palma para invertir en Urapalma.

En una entrevista en 2005, Vicente Castaño admitió con orgullo: “En Urabá tenemos [los paras] cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos”.

Cuando los campesinos empezaron a retornar a sus hogares después de 2001, encontraron a sus campos arrasados y plantados con plántulas de palmas. Compañías como Urapalma habían puesto letreros con grandes letras: Propiedad Privada. La permanente presencia paramilitar aterrorizaba la zona.

Petro pasó cinco años sin ver sus tierras, refugiado en el pueblo cercano de Bajirá. Volvió recién en 2002 a un panorama devastador: “Perdí todo el trabajo de mi juventud,” dice Petro. Recita un lista que aparentemente se sabe de memoria: “Yo tenía por lo menos 110 vacas, yo tenía 20 carneras, tenía nueve bestias, mi esposa muchas gallinas…”

Urapalma arrasó su potrero para sembrar palma. Cuando volvió para nuevamente sacar a su finca adelante, el miedo no desapareció: “Me puse a trabajar y después de trabajar un año vinieron los paramilitares aquí a matarme y ahí fue que me dejaron esos escritos”. Él se había ido al pueblo esa mañana así que se salvó. Pero cuando volvió, se encontró con una casa saqueada y casi destruida, llena de graffiti de eslóganes del bloque paramilitar que controlaba la zona. Los mensajes amenazantes todavía se ven en las paredes de su casa destartalada.

USAID y la palma

Tres meses después de que los paras saquearan la casa de Petro, Urapalma envió su solicitud de financiamiento a las oficinas en Bogotá de ARD Inc., un contratista de desarrollo con 30 años de experiencia y sede en Burlington, Vermont, además de oficinas en cuarenta y tres países. En su sitio web, ARD se describe a sí misma como guiada por “los ideales de Vermont de liderazgo en asuntos ambientales y participación local en el gobierno”. USAID, una gran fuente de recursos para ARD, tiene US$ 330 millones en contratos activos con la compañía.

En enero de 2003, ARD empezó a administrar US$ 41,5 millones para el Programa de Cooperación en Agronegocios con Colombia (CAPP, por su sigla en inglés) de USAID. Urapalma fue una de las primeras compañías en enviar una solicitud. La empresa ligada a Macaco, Coproagrosur, recibió su donación de US$ 161.000 el año siguiente (un tercio del monto fue devuelto sin ser gastado). Los reportes trimestrales de ARD muestran que Urapalma pidió financiamiento por US$ 700.000 para cubrir la plantación de 1.500 hectáreas en Urabá, el epicentro de las tierras robadas. La solicitud inició su camino dentro del proceso de ARD.

Representantes de USAID se refieren al proyecto propuesto por Urapalma como una “alianza estratégica” y normalmente llaman a este tipo de iniciativas como “lideradas por la comunidad”. Un funcionario de la embajada estadounidense dice: “Sin nuestro apoyo, los campesinos serían más débiles para negociar alianzas justas con los industriales”. Pero de acuerdo a documentos de la investigación hecha en 2007 por la Fiscalía que fueron obtenidos por el Fondo de Investigación de The Nation Institute, las compañías palmicultoras en Chocó utilizaron estas asociaciones para legitimar las adquisiciones ilegales de tierras, muchas veces a través de fraude y coerción.

Parte de la investigación se basa en una declaración de Pedro Camilo Torres, un ex empleado de Urapalma que manejó las solicitudes de apoyo financiero entre 1999 a 2007, incluyendo la petición hecha a USAID. En su declaración, acusa a Urapalma de haber creado organizaciones campesinas “de papel” para obtener falsos títulos de dominio y acceder a fondos públicos.

El caso más emblemático de fraude involucra a Lino Antonio Díaz Almario, quien supuestamente compró 5.900 hectáreas en el año 2000, una fortuna imposible para un campesino pobre. Inmediatamente después vendió esas tierras a la Asociación de Pequeños Productores de Palma de Aceite de Urabá, una organización formada por Urapalma. Pero Díaz estaba muerto desde 1995, cuando se ahogó en las aguas turbias del Jiguamiandó.

El proyecto propuesto por Urapalma a USAID, de acuerdo al resumen de un reporte de ARD, se refiere a “asociaciones afrocolombianas”. Según la declaración de Torres y de testigos citados por la Fiscalía, todas las organizaciones campesinas fueron montadas por Teresa Gómez, a quien el Tesoro de Estados Unidos identifica como “gerente de finanzas” de la vasta federación narco-paramilitar de los Castaño. Dirigió al meno otras dos ONGs ligadas a los paras y es buscada por el asesinato de una líder de campesinos en la provincia de Córdoba, que reclamó la devolución de tierras incautadas por los Castaño. Llamados telefónicos y mensajes dejados al equipo de Urapalma durante meses nunca fueron contestados.

Susan Reichle, la directora de la misión de USAID en Colombia, dice que Urapalma nunca recibió el dinero gracias al riguroso proceso de revisión de la entidad. “Mi equipo tiene un protocolo de tierras y todo un proceso para garantizar, en la medida de nuestras posibilidades y a través de una exhaustiva investigación, que esta tierra es sana,” dice. Pero admite: “Me encantaría decir que el proceso es cien por ciento seguro pero desafortunadamente nunca lo va a ser”. Sean Jones, quien encabezó los programas de desarrollo alternativo de USAID en Colombia desde 2006, contradice a Reichle, asegurando que la solicitud de Urapalma se estancó debido a que la compañía no cumplió con la entrega de la requerida documentación.

De acuerdo a los reportes trimestrales de CAPP, un “comité de revisión” conjunto entre USAID y ARD avanzó la propuesta de Urapalma hasta la penúltima etapa del proceso –un paso antes de la entrega del dinero- hacia enero de 2005. Roberto Albornoz, quien encabezó el programa agroindustrial de ARD en Colombia desde el inicio del contrato con USAID, dice que su equipo realizó un proceso de revisión, pero nunca encontró evidencia de actividades sospechosas. Confirma que el proyecto se “congeló” en abril de 2005 sólo después de que Urapalma dejara de enviar la documentación. Albornoz dice que su equipo no supo del pasado oscuro de Urapalma hasta que apareció un artículo en la revista Semana, cinco meses después de que la propuesta fue congelada.

Consultado sobre por qué los revisores de ARD fallaron en sospechar de las actividades ilegales de la compañía, Jones hace eco de los dichos de Albornoz: “Las acusaciones sobre Urapalma no habían aparecido en la prensa en ese momento”.

Pero los desplazamientos forzosos y masacres en Urabá ya eran información pública entonces. En julio de 2003, un mes antes de la solicitud de Urapalma a USAID, el diario El Tiempo reportó que “los proyectos de palma africana en el sur del eje bananero de Urabá chorrean sangre, miseria y corrupción”. El Washington Post relató la misma historia dos meses más tarde.

En cables desclasificados de la embajada de Estados Unidos, representantes diplomáticos en Bogotá sonaron la alarma sobre el dominio de los paramilitares en Urabá ya en 1996. Un cable de ese año sostiene que “los Castaño han obtenido enormes ganancias de sus actividades y han sido reportados adquiriendo miles de acres de tierra en el norte de Colombia”. El cable caracteriza al creciente control paramilitar en todo el país como la creación de “estados cuasi-independientes” provocando la “feudalización de Colombia” y menciona específicamente a Urabá.

En 2003, cinco meses antes de que Urapalma solicitara apoyo financiero a USAID, la Corte Interamericana de Derechos Humanos individualizó a la compañía en la colusión con paramilitares en Urabá. “Desde el año 2001 la empresa Urapalma S.A. ha promovido la siembra de palma aceitera en aproximadamente 1.500 hectáreas de la zona del territorio colectivo de estas comunidades, con ayuda de la protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados”. Es decir, paramilitares. Soldados y paras iniciaron incursiones armadas, concluyó la corte, para “intimidar” a comunidades “ya sea para que se vinculen a la producción de palma o para que desocupen el territorio”.

Albornoz dice que ARD cruza los datos de los registros de las compañías con las bases de datos de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos sobre personas vinculadas al tráfico de droga. Pero la compañía sí tenía evidentes vínculos narco: en sus papeles de registro de la cámara de comercio, Urapalma tiene entre sus inversionistas fundadores a dos hermanos de la familia Zúñiga Caballero, a quienes las autoridades colombianas acusa de ser un clan con conexiones paramilitares y con vínculos con los carteles de Medellín y Cali.

Cientos de miles de dólares

Aunque USAID eventualmente congeló la propuesta de Urapalma, la agencia otorgó una donación a Coproagrosur, la compañía cuyos bienes fueron entregados por Macaco, y otra a Gradesa, que refina aceite de palma para consumo doméstico y exportación, principalmente a Estados Unidos. De acuerdo a los reportes de ARD y los documentos de USAID, la donación de la agencia a Gradesa ayudó a financiar un proyecto en Belén de Bajirá, Chocó, el mismo municipio de Urabá donde queda la sede de Urapalma y las tierras de Enrique Petro. USAID parece haber apoyado la participación de Gradesa en refinar aceite de palma proveniente de los sangrientos campos del Chocó.

USAID insiste en que nunca financió un proyecto de palma en Chocó. Representantes de USAID, Gradesa y ARD niegan que el proyecto tuviera actividades en Belén de Bajirá, a pesar de tres años de referencias al pueblo en documentos internos y públicos. Representantes de USAID dicen que el lugar fue incluido erróneamente luego de que Gradesa equivocadamente lo mencionara en un reporte de avance.

-El error pasó inadvertido porque el mayor interés se centra en la información de hectáreas, familias, empleo y presupuesto invertido -explicó por email el encargado de prensa de USAID,

En cualquier caso, al tiempo que USAID concedía a Gradesa US$ 257.000 el 19 de diciembre de 2003, documentos corporativos muestran que los mismos dos hermanos Zúñiga (Antonio y Carlos) que invirtieron en Urapalma, también se sentaron en el directorio de Gradesa. (En 1987, Carlos figuró en una lista de narcotraficantes del gobierno colombiano). En marzo de 2005, la Fiscalía anunció que estaba incautando la participación de Zúñiga en la empresa y presentando cargos criminales contra los hermanos por usar Gradesa para lavar narco-dólares. De acuerdo a un oficial de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la participación era de 50%. Una reciente entrevista con el presidente de Gradesa reveló que los hermanos tenían dicho porcentaje desde comienzos de los ’90, mucho antes de la donación hecha por USAID. El caso de la Fiscalía sigue su curso en los estrados de las cortes colombianas, en el quinto intento del gobierno por fijar cargos de lavado de dinero contra los Zúñiga.

A pesar de la acción legal pendiente, USAID aprobó una segunda donación a Gradesa en 2007, esta vez por US$ 400.000, como parte de un nuevo contrato a cinco año con ARD por US$ 182 millones. En una respuesta oficial por escrito, un funcionario de la embajada de Estados Unidos dijo que como USAID no recibió ninguna notificación formal del caso contra los Zúñiga, “USAID no tenía ninguna forma de saber del vínculo entre Gradesa y la investigación contra los Zúñiga”. El funcionario agregó que “nada disparó las alarmas” en el proceso de revisión para el segundo financiamiento de Gradesa y que como los Zúñiga ya no eran “accionistas, inversionistas o administradores”, no calificaron como “receptores” de la donación. Lo cual es lógico ya que la compañía ya estaba intervenida por la Fiscalía y las acciones de los Zúñiga estaban en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Desplazamiento permanente

La vida no ha mejorado mucho para Petro y los demás campesinos desplazados de la zona. En abril el gobierno devolvió 1.300 hectáreas –apenas el 6% de las tierras robadas- a algunos campesinos del río Curvaradó. Doce años después de que fueran forzados a partir, el resto se mantiene como desplazado. El gobierno dice que está presionando a las empresas palmicultoras para que devuelvan voluntariamente las tierras restantes, pero ya muchas veces los lugareños han escuchado ese tipo de promesas. Mientras tanto, las compañías siguen cargando camiones llenos de corozos de palma. A Petro sólo le queda una fracción de su finca, parte del cual ha convertido en una “zona humanitaria”, un campamento de chozas de madera llamado Caño Claro, habitado en los últimos años por una docena de familias desplazadas.

Más de 2.500 personas todavía sobreviven en un puñado de estas zonas humanitarias esparcidas a lo largo de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, pese a que ninguna es reconocida legalmente por el gobierno. En algunos casos, todo lo que separa a esos refugiados de sus tierras cubiertas de plantaciones de palma, es una sucia calle destapada con charcos y posos enormes. Estos caminos son patrullados por paramilitares, ahora vestidos de civil, y soldados del Ejército. Niños corretean alrededor de los campos con sus barrigas infladas por la enfermedad y la malnutrición, mientras sus familias claman por fuentes de subsistencia. Las represalias y violentas amenazas contra quienes demandan la devolución de sus tierras han aumentado últimamente.

Un día de octubre pasado, el líder campesino Walberto Hoyos fue ejecutado de un disparo cerca del río Curvaradó. Su cuello y su cara fueron reventados por las balas de un paramilitar. A la mañana siguiente, los residentes de Urabá se levantaron para encontrar sus pueblos nuevamente rayados con graffitis frescos y forrados de panfletos anunciando la formación de un nuevo grupo paramilitar. Una inquietante repetición de los eventos anunciando “La Violencia”.

*Teo Ballvé es un periodista independiente que escribe para revistas como Nacla Report, The Progressive y The Nation, medio que publicó originalmente este reportaje en inglés. El apoyo para realizar este artículo fue entregado por el Puffin Foundation Investigative Fund de The Nation Institute, con respaldo adicional de Project Word.

Los dos links siguientes corresponden a reportajes de la revista Semana de Colombia sobre el mismo tema, cuyos periodistas han investigado durante años las actividades de los paramilitares en la zona y sus apoyos y vínculos políticos y económicos.
Palma adentro
La palma maldita

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Los optimistas anuncios de que la peor fase de la crisis ha terminado son desmentidos por la OIT, la que estima que los desempleados en todo el mundo podrían alcanzar entre “210 y 239 millones de personas” a fines de este año. Un récord absoluto cuyos efectos confirma el Banco Mundial y que hizo al FMI advertir el 16 de abril pasado que la crisis llevará a millones de personas a la pobreza, con consecuencias devastadoras. Lo que viene es de tal gravedad que el jefe de la inteligencia de Estados Unidos, Dennis Blair, sostiene que las consecuencias de la recesión reemplazaron al terrorismo como la mayor amenaza para la seguridad del país. Blair apunta justo a la raíz de la violencia: habrá movimientos de población y sufrimiento humano a gran escala, reducción de la actividad económica, menos comercio y crecerán los espacios ingobernados que pueden ser explotados por terroristas.

El mensaje entusiasta que llega desde el hemisferio Norte respecto a que la crisis económica ha dado ya vuelta a su peor página, expresa un fascinante sistema de organización de la realidad que merece una observación atenta. El estallido de la burbuja inmobiliaria y su estela de desastres en los mercados, generó una transformación global cuyos alcances aún no se han definido. Pero es en su costado social donde se vislumbran los peores efectos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que la crisis sumará 59 millones de personas al abismo de la falta de empleo, una enorme alza en relación a los 39 millones que se agregaron en 2007.

Pero la profundidad del desastre lo da otra cifra con la elocuencia de una patada: según el mismo organismo el número total de desempleados en todo el mundo podría alcanzar entre “210 y 239 millones de personas” a fines de este año, marcando así un récord absoluto.

Lo que encierran esas cifras no debería ser observado como la verificación clásica sobre quiénes acaban siempre pagando los costos. En una perspectiva más amplia, el análisis por hacer es qué puede esperar el mundo de tal acumulación de desesperados. Hay mucho de ese escenario inquietante en el trasfondo de la batalla verbal entre el presidente de Estados Unidos Barack Obama y la derecha republicana, que le demanda mantener la mano dura en la represión del fantasma terrorista, incluyendo el mantenimiento de la tortura que legó como una “barbarie legal” el gobierno de George Bush.

Veamos primero qué sucede con la gran crisis. El cambio en su evolución es concreto, limitado y consecuencia de dos importantes pasos. Uno fue la cumbre del G-20 en Londres el mes pasado. Allí las mayores economías del mundo y un puñado de las emergentes -encabezadas por China-, no crearon un nuevo sistema económico mundial como se fantaseó. Pero sí confirmaron un par de medidas prácticas ampliamente anticipadas: fortalecieron al FMI con casi un billón de dólares, cuya mayor parte será para contener la bancarrota en el Este europeo, la principal espada que pende sobre los bancos de Europa Central. Y se comprometieron a recapitalizar las entidades de crédito evitando efectos letales como los que causó el cadáver de Lehman Brothers.

El otro paso fue la evaluación (stress test) a los 19 bancos más grandes de Estados Unidos a la que los sometió el gobierno de Obama. Ese puñado de entidades, entre ellas Citibank y Bank of America, explica el 75% de los activos del sistema bancario estadounidense y la mitad de los préstamos. La sola idea del examen estremeció inicialmente a los mercados, seguros de que aceleraría y no impediría las quiebras al desnudar las miserias de estos gigantes. Walter Molano, un inclaudicable analista mexicano neoliberal, llegó a plantear que “el pánico bancario no debería sorprender. Los bancos de EE.UU. están insolventes y algunos requerirían la estatización”. (!)

Pero el examen dio resultados de salud tan sorprendentes como inesperados. El rojo de todas estas entidades, que estuvieron balanceándose por meses en la cornisa de la quiebra, apenas llegaba a US$ 75 mil millones. Y ya a los pocos días, los bancos habían reunido la mitad de esa suma. De modo que las cosas no eran tan graves y se podía pasar sin mayores traumas al capítulo central de este carrusel: la compra por parte del Estado de los activos tóxicos de estas entidades; esto es, los instrumentos con que armaron el fraude de la burbuja inmobiliaria y que ahora valen tanto como nada.

¿Qué paso? No importa. Todo fue otro “ejercicio” creativo cargado de suspicacias. Sirvió para que regrese el optimismo. Al fin de cuentas son números. Así de irónico lo graficó
Martín Wolf en el Financial Times: ¿Cuánto capital necesita un banco? ¿Cuál es el largo de un elástico? El problema es que ése no es el único foco de esta crisis. No se resume esta cuestión en el salvataje de los bancos. Hay una serie de desafíos que no están siendo atendidos con el mismo entusiasmo.

Uno, es la carencia del crédito pese incluso al derrumbe de las tasas en EE.UU. y Europa. China, tercera economía mundial y segunda potencia comercial, logró un crecimiento de 6%, excepción en un páramo de gigantes en recesión. Y se encamina a redondear un 8 %, según el último registro de la revista The Economist que admite la sorpresa de los especialistas que esperaban todo lo contrario a comienzos de año. Y lo obtuvo porque concentró en cuatro bancos estatales una formidable maquinaria para estimular la economía.

De este lado del mundo las políticas de estímulo aparecen lentamente o no llegan, sin perder de vista la bomba inflacionaria que se ha armado con la tremenda emisión que autorizaron las potencias presionadas por la “emergencia”. Pero hay más. Según el escenario más probable que proyectan numerosos centros de estudios, incluyendo el de la mencionada revista liberal británica, habrá recuperación el año entrante aunque los números positivos no serán en absoluto parecidos a los que marcaron este lustro. Eso se traducirá en sobrante humano y así volvemos al desafío social señalado más arriba.

Un informe del FMI, fechado el 16 de abril pasado y consignado por la politóloga española María Luisa Fernández (Crisis económica: repercusiones a la paz y la estabilidad global), advierte que la crisis llevará a millones de personas a la pobreza, con consecuencias devastadoras. La cuestión es de tal gravedad que el jefe de la inteligencia nacional estadounidense, Dennis Blair, sostiene que las consecuencias de la recesión reemplazaron al terrorismo como la mayor amenaza para la seguridad del país. El planteo del funcionario tiene la lucidez de apuntar justo a la raíz de la violencia: Habrá movimientos de población y sufrimiento humano a gran escala, reducción de la actividad económica, menos comercio y crecerán los espacios ingobernados que pueden ser explotados por terroristas.

No es el único cargando de fuego las advertencias que si no son escuchadas no es precisamente porque no sean estridentes. El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, le dijo sin vueltas a El País: “Lo que empezó como una gran crisis financiera y se convirtió en una gran crisis económica, ahora está derivando en una gran crisis del desempleo. Si no tomamos medidas, hay riesgo de que llegue a ser una grave crisis humana y social, con implicaciones políticas muy importantes”.

Si ayer fue lícito sospechar que detrás de la guerra antiterrorista, Bush buscó reducir las libertades individuales para proteger de las amenazas sociales el sistema de acumulación concentrado, vertical y especulativo que alentó y que terminó del modo que sabemos; hoy podemos extraer otra idea vinculada a la distribución del ingreso. Si es cierto que los espacios de pobreza provocan violencia, no hay que ser un especialista en inteligencia ni detective para adivinar cuál es el generador principal de la amenaza que se cierne en buena parte del mundo bajo la mascarilla del terrorismo. Y menos misterioso aún resultaría determinar qué habría que hacer para empezar a poner en orden lo que se avecina.

(*) Marcelo Cantelmi es Editor Internacional del diario Clarín de Argentina

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Este fin de semana Trinidad y Tobago será la sede del primer cara a cara entre el presidente Barack Obama y sus pares del resto de América, entre ellos la presidenta Michelle Bachelet. Ahí podría plasmarse el cambio de actitud de Estados Unidos hacia la región, consolidando temas como la relación con Cuba, una nueva forma de mirar el problema del narcotráfico y la búsqueda de una solución a la falta de créditos internacionales.

Si para el encuentro del G-20 de comienzos de abril en Londres no convenía comprometer exageradas expectativas debido a la profundidad de la crisis financiera, quizá sí corresponda una actitud más optimista con respecto a la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago durante este fin de semana.

El encuentro que, desde lo formal significará la presentación ante la región de Barack Obama, posiblemente abra paso a una importante mutación del vínculo que Washington ha mantenido con el hemisferio. Por lo menos, la reconsideración de algunas de las demandas que el sur de las Américas ha sostenido con su poderoso vecino.

Todo indica que los espacios de discusión en esa cumbre y hacia adelante girarán en torno a cuestiones tales como nuevos criterios para combatir el narcotráfico, con eje en el consumo y menos en la producción.

También promete ser la puerta para modificaciones gruesas en la relación con Cuba, entre ellas ciertas medidas unilaterales, incluyendo que la cancillería estadounidense retire a la isla comunista de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. El avance de estas horas, con el ablandamiento por parte de Washington de las restricciones para los viajes y las remesas a la isla, es un leve primer paso, pero considerable si se tiene en cuenta que anticipa hacia donde van realmente estas políticas.

Todos estos planteamientos fueron anticipados al menos como metas de análisis por la Brookings Institution, un influyente grupo de reflexión que preside el ex vicecanciller de Bill Clinton, Strobbe Talbot. Su acceso al gobierno lo prueba el hecho de que uno de los miembros de este think tank, Jeffrey Davidow, fue designado por la Casa Blanca para organizar del evento de Trinidad y Tobago. Y otro de sus integrantes, Carlos Pascual, va camino a convertirse en el próximo embajador de EE.UU. en México.

Hay por lo menos cuatro puntos que estarán sobre las mesas del debate, aunque no serán los únicos. Veamos: energías alternativas y el cambio climático; el conflicto por la inmigración; la integración comercial; y el combate al narcotráfico.

En la nómina asoman también Cuba y el desafío creciente -debido a la crisis mundial- de la ausencia de créditos para la región.

Si se comienza con ese último dato, es nítido que la inyección de dinero que en la cumbre del G-20 recibió el FMI de 1,1 billones de dólares (poco más que el PBI de Brasil), tendrá como destino aliviar la crisis en el Este europeo.

Los directorios del Banco Mundial y del FMI los integran 28 ejecutivos, ocho de ellos representan a Europa y tres a America Latina. “Adivine usted a dónde irán a parar mayoritariamente los fondos”, dijo no hace mucho Moises Naim, director de Foreign Policy y también miembro de la Brookings.

La alternativa que se plantea es recapitalizar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con hasta 180 mil millones de dólares, más de tres veces su capital actual. Por cierto, y como siempre, no es claro de dónde saldrán esos recursos.

Si separamos tema por tema, la visión sobre el resto de la agenda sería la siguiente: la iniciativa con relación a Cuba es levantar las restricciones para viajes de norteamericanos a la isla; la cuestión ya dicha de la lista sobre terrorismo y remover cualquier traba a las remesas así como promover intercambios binacionales. Es casi el fin del embargo.

La pregunta es si Obama tiene fuerza política para llevar adelante esa propuesta. La respuesta en la Brookings es que sí. La realidad no lo confirma con tal claridad. La cuestión urge por diversas razones. Por un lado, el tema cubano ha sido siempre un escollo político interno en EE.UU. donde se lo tramita como un fenómeno doméstico. Y también ha sido una piedra en el zapato de cualquier política hemisférica debido a que el resto de los países de la región también ven como una cuestión doméstica que Cuba sea admitida tal como es: una nación con un gobierno similar al de China o Vietnam país con los cuales Washington sostiene fuertes vínculos políticos y comerciales.

El combate al narcotráfico tiene al menos dos dimensiones. Por un lado, el giro a una batalla no sólo contra la producción, sino con mucho mayor énfasis en el consumo, lo que centraría la estrategia sobre el mayor cliente, es decir Estados Unidos.

El planteo es por qué se sostiene que sólo reprimir la producción en los países productores -como Perú, Bolivia o Colombia- lleva a que los narcos se corran a otras naciones.

El crecimiento de las mafias en México sería un ejemplo de ese proceso. El otro aspecto involucra detener el trasiego de armas. “Dos mil armas entran cada día desde EE.UU. a México”, sostiene una de las fuentes.

En la cuestión comercial, Washington pretende volver a la negociación multilateral que quedó frenada tras el fracaso del ALCA, el acuerdo de libre comercio de las Américas y que fue desbaratado por el empresariado sudamericano dudoso de los supuestos beneficios de una apertura indiscriminada como la que se proponía.

Los acuerdos de libre comercio bilaterales que impulsó George Bush en relevo de aquella iniciativa, son considerados por la actual administración como una alternativa de segunda (the best b). Este giro no implicaría abandonar los acuerdos ya negociados con Panamá y Colombia que, en opinión de estos analistas, deberían ser ya consagrados por Estados Unidos.

Sin embargo, al igual que con las dudas sobre el fondo para el BID, no queda claro cómo se podría avanzar a un acuerdo multinacional, en particular con el condicionante de la actual crisis.

El otro tema es el destino de la ronda Doha de la OMC para la liberación del comercio que se encuentra bloqueada. Primero lo estuvo por la decisión unida de Brasilia y Buenos Aires de oponerse. Últimamente por la misma actitud mantenida por Argentina aunque sin el apoyo de Brasil, que se considera con suficiente escala para animarse a una apertura con pocas restricciones.

El punto es que el norte mundial reduce, pero no totalmente, los subsidios al agro y, a cambio de esa baja, demanda una apertura de los mercados del sur al ingreso de bienes con valor agregado. La ecuación no parece resultar aunque Brasil la acepta más que Argentina. Una solución sólo surgiría, afirma esta organización, de un acuerdo entre Buenos Aires, Brasilia y Washington. Es, reconocen, una meta más ideal que realista de modo que no se esperan avances al respecto.

El capítulo de los combustibles alternativos (biocombustibles en lugar de petróleo) posiblemente avance si EE.UU., elimina al menos de modo gradual, el arancel contra el etanol importado (US$54 centavos por galón), lo que implicaría un beneficio considerable para Brasil.

Esa cuestión tiene que superar un tremendo lobby en Estados Unidos, pero es una apuesta política concreta de la actual Casa Blanca que intenta tejer otro tipo de vínculos con el sur americano. También habrá un fuerte capítulo sobre la cuestión medio ambiental.

Por último Obama no podrá eludir las presiones para aliviar el problema de la inmigración. Ideas sobre la mesa: implantar una visa de tres etapas, temporaria, provisional y permanente, con puntos. Elevar las cuotas de ingreso según las necesidades de mercado (1,5 millón por año). Y eliminar toda traba al envío de remesas.

*Editor internacional del diario Clarín de Argentina

La reunión del G-20 no será la Bretton Woods del año 44, cumbre que creó el FMI y el Banco Mundial entre otros. El poder económico del FMI se amplificará, pero no su democracia. La fragilidad del momento la describe este reputado analista internacional a partir de la factura que le cobra la crisis a EE.UU., con su déficit fiscal por encima del billón de dólares cada año de la próxima década, una deuda pública por encima de los US$ 10 billones y la dependencia de su economía de las potencias asiáticas. El tema a resolver: el poder. De allí la importancia de la “G-2”, entre los presidentes Obama y Hu Jintao en Londres, cumbre sobre economía y seguridad entre el “imperio occidental” y el “imperio del centro”, una bipolaridad que los chinos por ahora ya dan por cierta.

Frente al páramo de un mundo que comienza a tomar conciencia del verdadero alcance de la economía real, la cumbre del G-20 de este jueves en Londres difícilmente podía ser el faro que muchos fantaseaban.

No lo ha sido no sólo porque aún no hay claridad sobre las formas definitivas de este tsunami que ha destruido riqueza y creado montañas de desocupados como nunca antes en la historia. Sino también, porque no es ésta una era de grandes liderazgos fundacionales; no lo es ni en los países centrales ni en la periferia, pese a una retórica tediosa que pretende convencer de lo contrario. Hay, a veces, épocas así. La actual viene tropezando desde antes de los ‘90 en una parálisis atada al modelo de acumulación capitalista y cuya restauración, más que modificación, está en el centro de todos los debates de esta hora.

En otras palabras, esta cumbre de desarrollados y en desarrollo no configurará un nuevo Bretton Woods. Quizá la principal y tal vez única comparación importante que pueda establecerse con aquella conferencia de julio de 1944 que creó, entre otras iniciativas, el FMI y el Banco Mundial pero como herramientas estabilizadoras, sea la importancia relativa que aún retiene la principal potencia global, los Estados Unidos.

Si entonces el mundo salía debilitado de la Segunda Guerra y consolidaba el liderazgo norteamericano, hoy los estragos devienen de este enorme desastre económico global. La diferencia es que esta vez no cristalizará el poder de Washington, sino más bien un escenario multipolar. La semejanza es que, en valores comparativos, Estados Unidos aparece golpeado y con mucho de su perfil mutado, pero con menos daños respecto a los otros grandes jugadores de esta pesadilla y sigue explicando más del 25% del PBI mundial.

Bastante más que especulaciones anticipan que la cumbre decidirá amplificar el poder económico del FMI; no ampliará el voto dentro del organismo como demandan Brasil o Rusia, y sí se crearán formas de financiamiento para emergencias severas, como la del Este Europeo cuyos países están quebrando uno tras otro. Esa región es un barco que se ha hundido pero mantiene una cadena atada a sus padrinos del Occidente europeo. Si no se hace algo para cortar ese vínculo férreo, no solo los ex comunistas acabarán bajo el agua. Hay en todo el Este europeo inversiones por 1,5 billones de euros, que son créditos librados por la banca occidental. Esta cumbre intentará agregar formas para que ese dinero u otro, proveniente de Asia o, incluso, de los árabes petroleros, resuelva el quebranto y salve de la noche a esos bancos.

La intención es que los chinos sean quienes integren la mayor parte de ese esfuerzo. El FMI recibirá unos 200 mil millones adicionales, en partes iguales de EE.UU. por un lado y Japón y Europa por el otro. China colocaría 50 mil millones de dólares aunque es un paso por ahora extremadamente dudoso. La cuestión es cómo se resolverá la cuestión del voto en el organismo, o dicho de otro modo: el poder. Cuanto mayor sea el aporte de un miembro, mayor es su derecho a votación, es decir resolver y marcar políticas, si es que ese derecho es reconocido. Y naturalmente es lo mínimo que espera Beijing. Pero es también lo último que esta dispuesto a resignar Estados Unidos, por ahora.

La certeza de que no convenía esperar demasiado de esta cumbre, la dibujó con claridad la propia administración de Barack Obama al proponer un programa doméstico de casi un billón de dólares para absorber los activos tóxicos de los bancos.

Ahí se tiene un modelo de lo que se espera de modo global. El plan se financia con recursos públicos y para críticos como Paul Krugman o Jospeh Stiglitz, no solo serán desperdiciados sino que atornillarán a EE.UU. en la crisis. Una alternativa desechada ha sido la nacionalización de los bancos que, con el respaldo estatal, mejorarían su solvencia y podrían ser vendidos en el auge recuperándose la inversión pública.

No es precisamente lo que pretenden los mercados, que han vuelto a descubrir al Estado pero sólo como bombero y jamás como enterrador. Esta persistencia en más de lo mismo no oculta la noción respecto a que EE.UU. saldrá de esta crisis en uno o dos años como potencia pero no ya como hegemonía. Es la factura que la crisis le cobra a Estados Unidos por la combinación de un déficit fiscal indigerible por encima del billón de dólares cada año de la próxima década y una deuda pública por encima de los 10 billones de dólares. Ello, además de la destrucción de empleo y riqueza en las clases media y baja; los más de treinta millones de norteamericanos que viven bajo la línea de la pobreza y constituyen una explosiva demanda social en ciernes y la tremenda dependencia de la economía estadounidense de las potencias asiáticas que le financian el quebranto fiscal.

No es sólo Krugman quien se toma la cabeza. El desconcierto sobre el tamaño de la crisis y la polémica en torno a las medidas adoptadas, llega a un punto tal que William Galston, ex asesor de Bill Clinton, especuló con estas dos alternativas oscuras: “el equipo de Obama no sabe qué es lo que se debe hacer” o “no cree que pueda reunir la fuerza política suficiente para hacer lo que se debe hacer”.

El riesgo es que en este juego de dudas, el presidente recién llegado y envuelto en esperanzas, se desgaste como si se tratara más del culpable que de la víctima.

Es en ese galimatías que debe colocarse la polémica que sí rodea al G-20 respecto a las propuestas de que una nueva moneda de reserva reemplace al dólar. Estados Unidos ignoró el tema cuando lo planteó Rusia, pero al impulsarlo China, el mayor acreedor de Washington -dueño de casi 900.000 millones de dólares en bonos del tesoro norteamericano-, el ministro de Economía, el jefe de la FED (el Banco Central) y hasta el propio presidente estadounidense debieron salir a cruzar el comentario de Beijing.

No deberían adivinarse intenciones diferentes al puro realismo en el planteo chino. Por todo lo dicho, el mundo se encamina a una multipolaridad con mayores riesgos y efectos dominó originados en sitios imprevisibles.

En medio de sus fortalezas, la multitud de debilidades objetivas en que quedará Estados Unidos explica la necesidad de caminar hacia nuevos diseños, que tampoco es claro si serán suficientes. Es que aunque los mercados compitan en ceguera, los cambios lo son para todos. La propia China, si bien es la única de las cuatro mayores economías mundiales (tercera junto a EE.UU., Japón y Alemania y la segunda potencia comercial del globo) que no está en recesión, su crecimiento previsto de 6,5% puede parecer un éxito comparado a sus pares, pero es agónico y casi un desplome frente a las necesidades objetivas de su desarrollo.

¿Qué podría evitar que una nación más pequeña de Asia, presionada para conseguir liquidez debido a la sequía de la crisis, decida desprenderse de sus bonos estadounidenses desatando un alud que desintegraría la moneda norteamericana? En otras épocas esa pregunta se perdería como un delirio malintencionado. Hoy todo parece posible.

No debe haber pesadilla peor que esa y no solo para Estados Unidos, pero así de frágil es el momento. Es por ello que para Beijing menos que el G-20, importa el “G-2”, el encuentro entre los presidentes Obama y Hu Jintao en Londres, el diálogo en la cumbre sobre economía y seguridad entre el “imperio occidental” y el “imperio del centro”, una bilpolaridad que, los chinos por ahora, ya dan por cierta. Y también Washington. Ello explica la decisión del presidente estadounidense de visitar China en junio de este año.

*Editor internacional del diario Clarín de Argentina

1. La última vez que conversé con ella, en noviembre de 2000, todavía era la pueblerina Martha Sahagún Jiménez. Me había citado en el restaurante de un hotel gran turismo en el Distrito Federal. Ahí, off the record, me hablaría de los personajes que su jefe, Vicente Fox, incluiría en el gabinete. Cuando llegué, me pidió que, antes de conversar, le ayudara a tomar una decisión importante: ¿cuál gargantilla debía usar en la toma de posesión de Fox: la que tenía esmeraldas o la de oro macizo blanco? Las joyas estaban desparramadas sobre la mesa. Un diamantista adulador, me dijo, se las había regalado. Le respondí que en esos asuntos era un mal consejero. Cuando supuse que dejaríamos a un lado las frivolidades y me daría la información, me preguntó si debía tomar en cuenta una sugerencia que un reportero de modas había publicado en el periódico Reforma: eliminar el fleco del cabello, echarlo todo para atrás y pintárselo de morocha. Volví a abstenerme.

Días después, cuando Ernesto Zedillo le entregó a Fox la banda presidencial, la vi rebosante: además del vestido de un diseñador europeo, su cuello estaba adornado de esmeraldas y ya no usaba el fleco. Me hubiese gustado decirle lo que pensé desde esa tarde en el hotel gran turismo: que su obsesión por su apariencia sería su perdición. No lo hice porque nuestra amistad se rompió por esos días: antes del tiempo acordado con Martha, el miserable hombre que entonces dirigía el diario Milenio publicó los nombres del gabinete.

Entonces pasaron los días y Martha Sahagún Jiménez se transformó: le quitó la H a su nombre, le agregó el María y la boda le dio el apellido Fox.

Cuento esta historia porque desde el primer año de gobierno foxista las leyendas negras sobre Marta y sus tres hijos, que tuvo con Manuel Bribiesca, corrieron como bala perdida.

En el círculo rojo se decía que Marta y sus hijos eran unos delincuentes, pero Fox, ni duda había, era honesto. Hay decenas de teorías sobre por qué el Presidente dejaba que su mujer se le impusiera. Yo me quedo con una: estaba enamorado.
La historia hubiese quedado ahí: la de un tipo que llevó al límite de la locura su amor. Sin embargo, hace cosa de tres semanas, Fox y Marta decidieron mostrarle al país su rancho en Guanajuato. Escogieron a la revista Quién, experta en fotografiar la trivialidad de los ricos mexicanos. Más allá del lago artificial, los tragaluces de vértigo, los muebles mandados a hacer de una vez y para siempre, y la construcción de arte anacrónico, lo que a muchos nos intrigó fue de dónde había sacado tanto dinero Fox para darle carne a un esqueleto que no tenía remedio.

Si había ganado no más de 1.5 millones de dólares con su sueldo de Presidente, si casi la mitad de ese dinero lo destinó a la pensión de sus cuatro hijos adoptivos, y si tenía deudas en sus empresas por 12 millones de dólares, ¿cómo lo hizo?

Me quedo con una reflexión que, hace cosa de un mes, escribió el periodista Ciro Gómez Leyva en Milenio: El mito de Fox el honesto se acabó; falta poco para que el colectivo imaginario piense que Vicente, igual que Marta, son unos vulgares rateros.

2. El juicio de los medios, hasta ahora, ha sido irreductible: enriquecimiento ilícito.
La opinión se ha alimentado en los últimos días porque se ha comprobado que Fox sí es dueño de propiedades (cosa que él ha negado), que Marta utilizó el poder para exigirle a un empresario que le regalara a Fox un Jeep rojo (muy parecido al que tiene George Bush), que el ex Presidente obtuvo una Hummer en comodato (que no es otra cosa que un soborno de la General Motors), que dejó libre a Marta para armar una red de complicidades que beneficiaron económicamente a los hijos Bribiesca… Claro: ese se ha prestado para que cualquier dato sea sospechoso. Por eso también hay que decirlo: hay reporteros que, en la frenética pelea de las exclusivas, publican absurdos que sólo sus editores se las creen. Si Fox cometió un delito, como al parecer sucedió, los medios no deberían de caer en disparates que únicamente le dan armas al ex Presidente para defenderse en el momento apropiado.

Hasta ahora, el único argumento sólido que Fox ha utilizado en su defensa es: “todo está en mis declaraciones patrimoniales, revísenlas para que dejen de hablar mentiras”.

Supongo que ningún medio reparó en las declaraciones patrimoniales porque, a priori, se creyó que no iba a encontrase nada de corrupción ahí. Además, los reporteros que en su momento cubrieron las actividades de Fox, nunca informaron de alguna irregularidad. Al contrario: hasta les pareció un buen gesto que un Presidente mostrara, por vez primera en México, su patrimonio.

La verdad era otra.

En emeequis, el semanario donde laboro, se decidió revisar las declaraciones patrimoniales. Si no encontrábamos nada, ni hablar. Aceptaríamos que informativamente quedaríamos rezagados en el ventarrón.

Eso sí: antes de trabajar, hurgué entre los medios mexicanos para comprobar si nadie lo había hecho. Encontré que sólo Proceso, el más importante semanario en México, lo había intentado. Pero por falta de tiempo o qué sé yo, el reportero decidió reparar en datos curiosos, en datos para la anécdota: el salario del ex Presidente, un auto Jetta que le fue robado, una cuenta de cheques con cero pesos…

Entonces seguí la ruta. Y los resultados fueron sorpresivos.

Primero, me perturbó que Fox tuviera dos diferentes declaraciones patrimoniales: una, que entregó a la prensa y subió a la página web de Presidencia; otra, que dio a la Secretaría de la Función Pública, la encargada en sancionar a los servidores públicos. Ninguna concuerda. En una se dan cifras que en la otra no, se omite la propiedad de vehículos, de casas, se ignoran cuentas bancarias o no se explican de dónde obtuvo ciertos ingresos. ¿Por qué no lo vimos antes?

Luego, cuando fui al rubro de ingresos obtenidos, pensé que sólo estaría el salario que percibió como Presidente. Y no. También declaró, en sus seis años de gobierno, más de 1.5 millones de dólares por actividades empresariales. Eso no sería grave si el artículo 89 de la Constitución Política Mexicana prohibiera al Ejecutivo tener otro trabajo que no sea el de Presidente. Y Fox lo contravino. Si hago la suma, entiendo por qué no dejó de ser empresario: ganó más en sus compañías de verduras que como mandatario.

En aquellas versiones originales y piratas de sus declaraciones patrimoniales, también reparé que Fox había recibido en 2004 y 2005 un cobro por casi 80 mil dólares de seguro de separación del cargo. Pensé que en este México donde todo lo chueco es lo derecho, los presidentes tenían ese privilegio: cobrar el retiro aunque siguiera trabajando. Pero Mario Di Costanzo, un economista que trabaja directamente para Andrés Manuel López Obrador, me sacó de la duda: es ilegal, y eso se sanciona en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

El último dato fue igual de extraño: Fox había cobrado cerca de 300 mil dólares por “asesoría”. ¿Pues a quién asesoró el Presidente de México?

Quién sabe si todo está en sus declaraciones patrimoniales, pero las violaciones a la ley, sí.

Creo que las autoridades no deberían de buscarle más: en las declaraciones patrimoniales, Fox confiesa delitos. Eso bastaría para fincarle juicio político o, cuando menos, inhabilitarlo de por vida como funcionario público. Claro: no creo que eso le interese.

3. En la primera semana de octubre pasado, Fox empezó a promover su libro Revolution of hope en Estados Unidos. Con Larry King y Jon Stewart se regodeó. Los Angeles Times lo incluyó en la tapa del diario. El programa radiofónico The Leonard Lopate Show lo entrevistó y le dejó decir lo que quiso. Pero las cosas empezaron a complicarse cuando acudió a la cadena Fox para el programa de O’Reilly, un conocido presentador estadounidense, xenofóbico y antiemigrante. Aquella charla terminó muy mal: O’Reilly le reclamó la falta de una política social para frenar el tráfico de drogas y la emigración. Fox lo acusó de intolerante y de paso dijo que el gobierno de Bush era igual de corrupto que el mexicano.

La nota, acá en México, fue ésa: la escaramuza de barriada entre dos hombres bravucones.

Pero luego un mejor espectáculo.

El martes 16 de octubre, Fox acudió a la cadena Telemundo para una entrevista con el conductor Rubén González Luegas. ¿Qué pasó entonces? Muchos lo saben: el ex Presidente explotó cuando se le preguntó por sus propiedades. Se levantó, le dijo viejo y pobre imbécil a González, y se retiró.

En México, un diario vespertino, de ésos que contabilizan a los muertos o titulan con burla su nota principal, dijo: ¡Enloqueció!

¿Fox está loco?

Se lo pregunté a un psicoanalista mexicano: José Antonio Lara, doctorado en la Escuela de Psicoanálisis de Barcelona y quien últimamente se ha interesado por diagnosticar a los políticos mexicanos.

En resumen, el médico me dijo:
Fox sufre esquizofrenia simple, rasgos de perversión, narcisismo exacerbado y trastornos disociativos. Me explicó cada patología con ejemplos concretos. Hasta buscó las semejanzas con otros ex presidentes mexicanos. De todo lo que hablamos, me llamó la atención la reflexión que hizo sobre por qué los Fox le abrieron las puertas a la revista Quién para mostrar su rancho: “Nos enseñaron el miembro. Para los psicoanalistas, gente con delirios de grandeza es lo que hacen. Es como el chico que va al parque, se baja los pantalones y se saca el pene. Esa misma actitud tuvieron los Fox”.

Sé que la suya no es una verdad absoluta, pero le creí.

A Fox ya no le sirve el Prozac.

4. Las sospechas de que Fox y Marta acumularon un enriquecimiento ilícito e inexplicable, trajeron consigo que en el Congreso se creara una comisión para investigar al ex Presidente. La izquierda mexicana (el Partido de la Revolución Democrática) cree que existen suficientes elementos para que Fox termine en la cárcel.

Seguro las hay, pero no creo que eso ocurra.

Quienes tienen la mayoría en esa comisión son legisladores que pertenecen a Acción Nacional (el partido de Fox y del actual presidente Felipe Calderón) y al Revolucionario Institucional, el eterno PRI (quien ha hecho todo lo posible para que dos de sus gobernadores no sean derrocados: Ulises Ruiz y Mario Marín. El primero está vinculado a una serie de asesinatos en Oaxaca; el segundo, en Puebla, utilizó el poder para complacer a su amigo libanés Kamel Nacif: ordenó arrestar a la periodista Lydia Cacho, luego de que ésta investigara que Kamel está relacionado con una red de pederastia y pornografía infantil.

Otro dato que sustenta mis sospechas: para que a Fox se le pueda fincar juicio político, el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre. ¿Por qué? Porque, según la Constitución mexicana, cuando un Presidente deja su cargo sólo se le puede acusar de traición a la patria en el año siguiente. Así se salvó Carlos Salinas de Gortari.

Quisiera equivocarme, pero Fox la va a librar. No sé si Marta y sus hijos Bribiesca también. Al final, quizá todo dependa de Calderón: como su triunfo sobre López Obrador no está del todo claro, la legitimidad que tanto busca se la puede dar el caso Fox.

Mientras eso ocurre, el roadshow de Fox sigue. Ahora está en Canadá. Desde allá declara que un senador priista, Manlio Fabio Beltrones, está atrás de la campaña de desprestigio y lo acusa de narcotraficante. Desde allá ordena que su página web (centrofox.org.mx) sirva como trinchera: a diario saca un comunicado para reiterar su honestidad y explicar el origen de sus propiedades.

Pero acá en México el mito de que era honesto sigue resquebrajándose y acercándose al de un vulgar ratero.

Alejandro Almazán es periodista de la revista EMEEQUIS de México, dos veces ganador del Premio Nacional de Periodismo de México