Corrida ya la cortina oficial sobre el financiamiento de la última campaña parlamentaria por parte del Servicio Electoral, los ingresos de los candidatos a diputados del 2005 arrojan sorpresas, partiendo por las primeras grandes empresas que admiten haber donado fondos durante dicha contienda: Córpora Tres Montes, Colmena Golden Cross y Echeverría Izquierdo Ingeniería. Fuera de ello, la gran mayoría de los congresistas y sus financistas prefieren mantener la discreción: de los 120 que hoy ocupan la Cámara, en 71 casos prevalecieron los aportes anónimos y reservados, y sólo en 49 de ellos se identificó a algún donante distinto del partido político correspondiente. Muchos registraron el uso de bienes de terceros y otros dineros provenientes de familiares, amigos o cercanos suyos; incluso de otros parlamentarios, funcionarios públicos y empresas proveedoras en su misma zona.
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El Servicio Electoral acaba de publicar las rendiciones de cuentas revisadas de las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias. De los datos se desprende que el candidato que más gastó fue Sebastián Piñera, quien obtuvo el 91% de sus fondos de un crédito del Banco Santander pero sólo le reembolsaron menos de un tercio. Marco Enríquez-Ominami declaró el usufructo de los vehículos de su esposa y de su productora y Eduardo Frei pidió un crédito de $50 millones y sólo declaró haber puesto $ 4.826 de su bolsillo. La enorme mayoría de las donaciones fueron reservadas o anónimas y sólo unos pocos se animaron a hacerlas públicas.
Además: Vea los gastos de los candidatos
El equivalente a un 10% del total invertido en la autopista urbana Vespucio Sur desembolsará el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para costear 224 obras que repararán daños provocados a vecinos. La concesionaria no pondrá un peso. Aunque el MOP le ahorró -con un resquicio- someter el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la Contraloría obligó al ministerio a hacer ese trámite y los costos los asumirá la cartera. Durante un mes CIPER recorrió las zonas con más impactos negativos de la ruta y comprobó el daño en la calidad de vida de cientos de residentes de barrios populares.
Cuando el MOP-Gate y las críticas al sobreendeudamiento de esa cartera parecían sepultados, la reforma a la Ley de Concesiones y la posible creación de una superintendencia del sector resucitaron los cuestionamientos. Y con fuerza. Un estudio que analizó documentos oficiales del MOP, indica que ese ministerio pactó con empresas del sistema de concesiones -sin licitación- ampliaciones de obras y modificaciones de contratos que significarán transferirles US$ 2.810 millones. Se trata nada menos que de un 25% del total invertido en obras concesionadas. Las empresas y el MOP dicen que la cifra real “sólo” alcanza a un 18,6% del total.
A cuatro meses de iniciada la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, pocos saben que una de las decisiones que contribuyó a sentenciar la suerte del polémico plan de transportes se tomó entre cuatro paredes, sin considerar los costosos estudios que los dos últimos gobiernos habían encargado. El drástico recorte a la cantidad de buses necesarios para echar a andar Transantiago finalmente fue corregido con los nuevos contratos que se negociaron con los operadores, pero detrás de él se esconde una historia que hasta ahora el Parlamento no ha abordado en detalle.
El guardián de la chequera fiscal bajo el gobierno de Ricardo Lagos se sienta en la cabecera de la amplia mesa de reuniones de su consultora –dedicada a brindar asesoría a gobiernos y organismos internacionales- y lo primero que afirma es que los descalabros del Transantiago no se debieron a “problemas de caja” de la administración anterior.
Hace casi un año, este sitio web debutó con una investigación sobre los abusos de las hijas y mujeres de uniformados al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden. Ahora que la Contraloría destapó millonarias irregularidades en Capredena, nuestro reportaje vuelve a dar luces sobre un escándalo que pagan todos los chilenos.
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