La transparencia en el sector defensa ha sido puesta a prueba en las últimas semanas y ya le costó el puesto al ministro Jaime Ravinet y al jefe del Estado Mayor Conjunto Cristián Le Dantec. En esta columna, el ex subsecretario de Guerra Gonzalo García analiza las complejidades del tema y urge a que se dicte uno de los reglamentos de la nueva Ley Orgánica del Ministerio de Defensa, la que establece que los registros de proveedores de las Fuerzas Armadas serán públicos. Un gran avance, pero que no terminará con el problema de fondo hasta que no se derogue la Ley de Fondos Reservados del Cobre.

Las aguas no se aquietarán en la defensa nacional hasta que el origen de los problemas no sea controlado. Y este no es otro que la existencia de la Ley de Fondos Reservados del Cobre que ha dado muchísimo más que un financiamiento estable para la defensa. El medio se ha tragado los fines y hay que restablecer el orden de las cosas. Lo normal es que la escasez sea la fuente de problema pero no al revés.

Se ha escrito con ingenio que el arte de la defensa está construido en clave paradojal: “si quieres la paz prepárate para la guerra” o “el camino recto y despejado es un mal camino”. Parece que una buena explicación puede ser la vía paradojal. La normalidad de la publicidad se alteró y la excepcionalidad del secreto y la reserva del Estado puede ser la regla en ciertas decisiones de la defensa.

Las decisiones del Consejo para la Transparencia sobre defensa nacional partieron antes del Puente sobre el Bío-Bío y no terminarán ahí. Por la Contraloría también pasará parte de este dilema.

El debate no radica en sostener quién define lo que entenderemos por seguridad nacional y cómo las reservas y secretos de la defensa constituyen una garantía institucional. Es evidente que al legislador y sólo a éste le compete la tarea de establecer mediante ley formal y material las reglas del secreto. De hecho, encontramos con posterioridad a las reformas constitucionales del año 2005 un conjunto de normas legales que precisaron las reglas de la reserva o secreto, como las establecidas en la Ley 20.424 (Artículo 34) Orgánica del Ministerio de Defensa.

El problema no se presenta a nivel del legislador sino que en la interpretación de la regla del secreto o reserva. Esta será una tarea habitual del Poder Ejecutivo y, en este caso puntual, del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo concurre, por ejemplo, la causal relativa al secreto sobre los estándares con los que operan las Fuerzas Armadas chilenas? Muchas veces podremos deducir estándares de operación a partir de otros datos. ¿Estos últimos serán públicos o reservados? En fin, siempre existirá un espacio de discrecionalidad técnica para dar cuenta de la garantía institucional de la defensa nacional.

No obstante, la práctica indica que estas causales tienden a exacerbarse, a utilizarse como una noción abarcadora y más amplia, en circunstancia, que son jurídicamente excepcionales.

Es interesante recabar un ejemplo sobre adquisiciones militares. Un caso presentado el año 2009 por CiperChile al Consejo de la Transparencia nos da cuenta de cómo se interpreta estas normas por los operadores. El Caso es el C-382/2009 y está en la base de la indagación de CiperChile referida a Serlog, una empresa de intermediación y representación múltiple de industrias de la defensa, que era investigada en el extranjero por unas comisiones ilegales. Se trataba de indagar en qué calidad participaba en algunas adquisiciones, la cantidad de veces que intermediaba y desde cuándo estaba en los registros de una institución armada.

La respuesta de la institución castrense fue la siguiente:

i) “Las compras relativas a sistemas de armas y repuestos para material de guerra son secretas.
ii) Las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad está facultadas expresamente para mantener un registro secreto de proveedores, de lo que se deriva que los datos de dicho registro son también secretos.
iii) En los procesos de adquisiciones de los productos indicados, se desarrolla e involucran diversos agentes externos (a la institución castrense) como el Ministerio de Defensa, la Presidencia de la República, el CONSUDENA, entre otros, a quienes se les impone el secreto o reserva en las fases en que intervienen.
iv) En el caso, las gestiones comerciales de SERLOG Ltda. son parte de estos complejos procedimientos de adquisición, amparado por el secreto y caracterizado por su indivisibilidad.” (Caso C-382/2009 – CPLT)

El Caso fue resuelto el 26 de Febrero de 2010, negando el acceso a la información porque se acreditó que Serlog Ltda. no tenía contratos vigentes con la institución militar por lo cual mal se podía exigir la entrega de información inexistente.

Más allá del caso es importante constatar que a la fecha de esta decisión del Consejo para la Transparencia las reglas del juego sobre las adquisiciones de la defensa habían cambiado y, por ende, parte de los supuestos en lo que se apoyaba no son hoy válidos. Lejos estoy de criticar la Decisión del Consejo para la Transparencia porque las reformas de la Ley 20.424 Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional fueron publicadas en el Diario Oficial del 4 de Febrero de 2010 y no afectan un proceso iniciado en el año 2009 y donde todas las intervenciones de los actores en esa causa citaron legislación vigente al día.

Lo relevante son las decisiones actuales y el nuevo ciclo que se abre sobre transparencia y defensa. Para cerrar el caso de las adquisiciones, nuevas reglas han entrado a operar y es necesario dictar la legislación complementaria (Decretos con Fuerza de Ley que se deben publicar antes del 31 de Marzo del 2011 y Reglamento del Registro de Proveedores que debe publicarse lo antes posible). Sin embargo, los supuestos han alterado la manera de operar sobre las adquisiciones de la defensa.

Así es esencial citar el Artículo 34 inciso 4° de la Ley 20.424 Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional. “Los registros de proveedores de los organismos e instituciones del sector serán públicos. Dichos registros deberán hallarse permanentemente actualizados, indicando aquellos hechos esenciales que atañen a la naturaleza y estructura de las personas jurídicas ahí señaladas, e identificando a las personas naturales que ejerzan las funciones de su representación en Chile. No podrá admitirse a tramitación ninguna gestión con proveedores que no cumplan con dichas exigencias. Un reglamento especial, aprobado por decreto supremo emitido por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional y firmado, además, por el Ministro de Hacienda, fijará las normas reglamentarias de detalle para la plena aplicación de este inciso, considerando un régimen de inhabilidades, implicancias y recusaciones para la plena aplicación de las mismas.”

¿Cómo afecta este artículo legal a la tesis jurídica central respecto de que todo el proceso de adquisiciones de la defensa es secreto?

Primero, partamos recordando la sentencia del propio Consejo para la Transparencia en otro caso, el C 57-2010, relativo a la difusión de los rendimientos económicos de la Ley de Fondos Reservados del Cobre indicó. Allí calificó que “este Consejo deja constancia de su preocupación porque en nuestro ordenamiento existan leyes que tienen carácter secreto. Admitirlas supone aceptar un peligroso bolsón de opacidad que pugna con el principio constitucional de publicidad y transparencia y el contenido esencial del derecho a acceder a la información pública, esto es, la facultad de todo individuo de buscar, solicitar y acceder a la información que obre en poder de los órganos estatales, particularmente a partir de la reforma constitucional del 2005 (artículos 8º y 19 numerales 12 y 26 de la Constitución), representando también un serio debilitamiento del principio democrático en que se basa nuestra institucionalidad republicana (art. 4º de la Constitución).”

Segundo, si los registros de proveedores son públicos y todo cambio en su naturaleza jurídica es un antecedente esencial que debe informarse, aparece como una nueva facultad para controlar estos aspectos.

Tercero, incluso más, la ley es perentoria en indicar una especie de nulidad de lo obrado cuando se hayan iniciado gestiones relativas a la adquisición de un bien de la defensa que no cumplan con estos requisitos de publicidad. Aquí la transparencia definida por la Ley 20.424 está puesta al servicio de evitar y precaver todo tipo de conflictos de interés. Por lo mismo, exige la implementación de un sistema de inhabilidades, implicancias y recusaciones.

Por tanto, es urgente dictar ese Reglamento sobre Registro Público de Proveedores de la Defensa. Este solo paso modifica una parte sustantiva de lo que la Ley de Fondos Reservados del Cobre oculta.

La Ley 20.424 viene a poner al día en parte la Ley 13.196 en lo relevante, que los medios deben estar puestos al servicio de unos fines y no que los medios cubran cualquier medio y por cualquier fin. Estos son algunos de los imperativos de la defensa en el período actual.

(*) Gonzalo García es abogado y ex subsecretario de Guerra, además de profesor de Derecho Constitucional de las universidades Alberto Hurtado y Adolfo Ibáñez.

A primera vista no habría nada que objetar. Si existen cuantiosos recursos disponibles para afrontar las agudas necesidades que el país sufre, ¿por qué no echar mano a tales dineros que descansan tranquilamente? ¿Acaso el terremoto no es un caso fortuito que justifica gastos extraordinarios de recursos que están afectados para la compra de pertrechos militares? ¿No se requiere medidas excepcionales para enfrentar una situación especial como fue el sismo de febrero pasado?

La respuesta, sin embargo, no descansa en los motivos o benévolos deseos de las autoridades. La reconstrucción de una parte significativa del país requiere cumplir, para ser legítima, con estándares democráticos que aseguren la rendición de cuentas y accountability de la acción gubernamental. En otras palabras, como se trata de decisiones que nos incumben a todos los chilenos y que comprenden millonarios montos, lo mínimo que puede exigirse a la autoridad es que los ciudadanos podamos acceder a los fundamentos de tales medidas. Y esto es, precisamente, en lo que la Ley del Cobre falla, marginando a la sociedad civil y excluyendo de la deliberación y control democrático a toda la ciudadanía.

Dicha legislación, como es sabido, es secreta. No es que ciertos montos o algunos aspectos de los contratos sean reservados, sino que las normas –en su totalidad– no están disponibles para el público. Y aquí radica el problema, puesto que se trata de una ley que contraviene el principio de transparencia que recoge el artículo 8 de la Constitución. Tal grado de secreto es inconstitucional porque violenta las bases democráticas de deliberación de los asuntos públicos en materia de defensa nacional. Tal cuestionamiento no puede sino acentuarse cuando se emplean sus recursos para fines distintos a la defensa. No se cuestiona la necesidad de gastar recursos para determinados fines -como es la reconstrucción-; lo que está en jaque es la falta de transparencia sobre las decisiones que nos afectan a todos y que no podemos evaluar sin la necesaria información pública de la que esta ley nos margina completamente.

(*)Pablo Contreras es abogado y candidato al LL.M. en IHR, por Northwestern University.

–¡Se viene un tsunami, se viene un tsunami! –gritaba la gente al tiempo que huía hacia los cerros.

Gustavo Toro, capitán de la Cuarta Compañía de Bomberos de San Pedro, recordará ante un fiscal que esa noche, decenas de personas se dejaron caer en el cuartel, “comenzando a insultar y agredir al personal de guardia, presionándonos para que tocáramos la sirena”. En lo que calificó como “una situación caótica y casi insostenible para los voluntarios”, recordará también que la turba intentó llevarse el carro de bomberos.

Fue un caos que se prolongó por dos días. Las líneas telefónicas se saturaron, lo mismo que las carreteras. Hubo colisión de vehículos, peleas, accidentes, muertos y saqueos. El hecho concitó la atención mundial y se prestó para mofas. Poblaciones completas huyendo de una salida del mar inexistente y en apariencia infundada, salvo por un detalle: unas horas antes, a través de sus canales internos, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) había informados de un sismo de 6.6 grados en la escala de Richter en la isla Yap, a nueve mil kilómetros de nuestras costas.

En la región del Bío Bío el informe del SHOA sólo circuló entre funcionarios de la Armada. Su propósito era descartar que ocurriría un tsunami en nuestro país. Pero todo indica que tuvo el efecto contrario.

Debido al impacto que provocó el falso tsunami en Concepción y sus costas, la Fiscalía Regional del Bío Bío abrió una investigación que condujo a una conclusión significativa a la luz de lo ocurrido el 27 de febrero último: el rumor se originó en poblaciones navales de Talcahuano.

Ante las evidencias que apuntaban a la Armada, la causa fue derivada a la Fiscalía Naval. Sin embargo, esta institución descartó cualquier responsabilidad de sus funcionarios y devolvió la causa al sistema civil. Entonces la investigación fue archivada y todo quedó reducido a una situación confusa y bochornosa que dejó decenas de heridos, daños materiales nunca cuantificados y dos personas muertas por paro cardiorrespiratorio: Irma Milla Muñoz (69) y María del Rosario Ballard (65).

No había un origen claro, aunque sí una motivación: dos meses antes había ocurrido el tsunami del sudeste asiático, que costó 230 mil vidas. Entre ellas la de la chilena Francisca Cooper, que tuvo amplia cobertura en los medios.

Lo relevante en este caso no es el efecto del rumor sino más bien la causa, atribuida a una impericia de funcionarios de la Armada destinados en Talcahuano, quienes habrían malinterpretado el comunicado del SHOA y luego alertado a familiares. Una situación que tiene semejanzas con lo ocurrido el 27 de febrero de 2010: el SHOA tuvo dificultades para interpretar la información disponible y terminó descartando la alerta de maremoto al tiempo que las olas devastaban las costas del país.

Junto con lo anterior, la investigación de 2005 que llevó a cabo el entonces fiscal jefe de Talcahuano, Raúl Bustos Saldías, también detectó graves deficiencias en la respuesta de las autoridades encargadas de afrontar emergencias. Deficiencias que se asemejan a las exhibidas por las mismas autoridades a comienzos de este año y que hoy son materia de una nueva investigación del Ministerio Público.

MORTALMENTE PARECIDOS

El falso tsunami quedó grabado en la memoria de los habitantes de la VIII Región. Un trauma que permanecía latente al 27 de febrero último. Por ello, y por el fuerte impacto social que provocó, algunas autoridades civiles del antiguo gobierno hoy se atreven a confesar en voz baja que ese antecedente rondó en las horas posteriores al terremoto y que pudo influir en la indecisión con que se manejó la emergencia. Si decretaban la alerta de maremoto, temían repetir un fiasco como el de 2005. Por lo demás los actores no eran muy distintos.

Carmen Fernández por entonces oficiaba de directora subrogante de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi). El titular, Alberto Maturana, se encontraba participando en Japón de un seminario sobre emergencias. Maturana tuvo que dar explicaciones ante expertos de todo el mundo. Fernández fue la encargada de manejar la crisis, llamando a la calma y asegurando que el organismo que representaba disponía de un sistema de prevención con “una posición de vanguardia en el mundo”.

Marcos Oyarzo, primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, es de los que creen que los hechos de 2005 bien pudieron haber influido en la indefinición con que actuaron las autoridades hace seis meses. Recuerda que fue “una experiencia traumática que obligó a replantear los planes de contingencia para colaborar con la ciudadanía”.

La señal más clara de que para 2010 ese hecho aún estaba fresco entre las autoridades la dio el destituido director del SHOA, capitán de navío Mariano Rojas. En su comparecencia a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, Rojas dio cuenta de lo que estaba en juego a la hora de sopesar los antecedentes que lo llevaron a levantar la alerta de tsunami:

-Cualquiera de las dos decisiones podía acarrear alguna situación indeseada. Es más, podría haber ocurrido que yo hubiera mantenido la alerta. Quizás la gente hubiera corrido, quizás hubiera muerto gente, derivado de que no bajaron de los cerros, que estaban en los hospitales, niños, accidentes, etcétera, y probablemente hoy día estaría siendo juzgado porque no cancelé la alerta con los antecedentes que tenía.

GRAMÁTICA Y REDACCIÓN

La madrugada del 27 de febrero de 2010, casi media hora después de ocurrido el terremoto, los dos funcionarios que se encontraban de turno en la Onemi recibieron un fax proveniente de la Armada. Se titulada “Alerta de tsunami” y lo esencial, destacado en negritas y mayúsculas, decía lo siguiente:

(EL SISMO) FUE DE MAGNITUD SUFICIENTE PARA GENERAR TSUNAMI. SE DESCONOCE SI SE HA PRODUCIDO. SI SE DIERA LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA, SITUACIÓN QUE SERÍA INFORMADA OPORTUNAMENTE EN LAS HORAS ESTIMADAS, SERÍAN LAS SIGUIENTES (HORAS).

Tanto ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados como ante la fiscal Solange Huerta, quien indaga eventuales responsabilidades penales por las fallas en los sistemas de alerta, los dos funcionarios de turno de la Onemi declararon que el documento les resultó ambiguo. Y no sólo eso: a juicio de ambos, se contradecía con la información que les transmitía el SHOA por frecuencia VHF.

–No tenemos ningún reparo en declarar una alerta de tsunami si la información es clara y precisa –testificó ante los diputados el radio operador de la Onemi, Rafael López–. Sin embargo, en este caso, a mí entender, no fue así.

En tanto, el capitán de navío Mariano Rojas, quien dirigía el SHOA y resultó destituido por los errores de ese organismo, dirá que el fax fue claro, partiendo por el título, y que los mensajes radiales –de los cuales no existe respaldo– no hicieron más que ratificarlo.

–Obviamente, si la Onemi tenía dudas sobre las acciones que estábamos proponiendo, debió preguntar. Deberían haberme dicho que no les quedaba clara la información –sostuvo ante los diputados el ex director del SHOA.

Cinco años atrás, la tarde del domingo 16 de enero, otro fax proveniente del SHOA generó confusión. Tras dar cuenta de un sismo en la isla Yap, en la Micronesia, el comunicado describía en letras mayúsculas la siguiente situación:

LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE. SIN EMBARGO, PUEDE PROVOCAR PEQUEÑOS CAMBIOS EN EL NIVEL DEL MAR EN ÁREAS CERCANAS AL EPICENTRO.

El fax fue despachado a las diferentes gobernaciones marítimas y capitanías de puerto, además de la Onemi. A todas luces es más claro y directo que el anterior, sin dejar lugar a ambigüedades. Sin embargo, por alguna razón, atribuida tal vez a la prevención respecto a que el sismo “puede provocar pequeños cambios en el nivel del mar en áreas cercanas al epicentro”, en la principal zona naval del país no lo habrían leído correctamente.

Resulta significativo que el error –de acuerdo con las indagaciones del fiscal Raúl Bustos– se haya generado en la Base Naval de Talcahuano. La II Zona Naval es el mismo escenario de una fuerte controversia por la información que la madrugada del 27 de febrero entregó su máxima autoridad, contralmirante Roberto Macchiavello.

De acuerdo con testimonios de representantes de Carabineros, Bomberos y operadores de puerto y ex autoridades políticas, en las horas posteriores al terremoto el jefe naval descartó en todo momento la ocurrencia de un tsunami, lo que fue transmitido a la población por el intendente Jaime Tohá. El contralmirante Macchiavello, quien se mantiene en su puesto, niega estas versiones. Ninguno de los dos aún ha prestado aún declaraciones ante la fiscal.

CONTRADICCIONES

El oficio de mayo de 2005 con que el fiscal Raúl Bustos se declaró incompetente para seguir investigando el falso tsunami, derivando la causa a la Fiscalía Naval, señala lo siguiente:

“Se obtuvo antecedentes que confirman fuente de origen de la información en la Armada, por lo que se procedió a tomar declaración a funcionarios de la Gobernación Marítima de Talcahuano, que en términos generales arrojaron contradicciones sobre procedimientos, competencias, informaciones y hora de ocurrencia de los hechos”.

Las contradicciones habrían partido por los canales de comunicación internos.

Si bien uno de los marinos declaró ante el fiscal que la información del SHOA debería ser recibida por la Oficina Distribuidora de Mensajes, que reporta al oficial de servicio y éste a su vez al gobernador marítimo, la investigación del Ministerio Público determinó que este procedimiento no se cumplió.

No todos los marinos que estaban de turno ese día y que fueron interrogados parecían tener claro qué hacer en caso de una emergencia.

Mientras el cabo primero Ricardo Mella Cruces dijo que en caso de una alerta de tsunami debía activarse el Plan Campanazo, procedimiento que “no dura más de tres minutos” y en el cual “el gobernador marítimo toma el control de la situación”, el cabo segundo Rodrigo Cutiño Barrientos, a cargo de la central telefónica, declaró que, “en caso de que hubiera ocurrido un tsunami, no existía un plan de operación”.

En problema no sólo estaba en la Armada. Como en la Oficina Regional de Emergencia (Oremi) del Bío Bío trabajaba únicamente su director, Juan Enrique Romero, quien sólo laboraba días hábiles y en horario de oficina –lo que se repetirá en 2010–, éste recibió en su casa un llamado telefónico desde Santiago para advertirle que le habían enviado un fax a su oficina. Ese fax era el mismo despachado por el SHOA.

Para entonces, el pánico comenzaba cundir en Concepción, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Hualpén, Chiguayante, Penco y Coronel. En su declaración ante el fiscal, Romero dirá que la primera información que tuvo sobre evacuaciones masivas provino de un sector de marinos de la población Las Higueras. “Había movimiento de gente que estaba cargando sus vehículos para arrancar hacia el cerro”, testificó el funcionario.

De acuerdo con el mismo relato, cuando la situación ya estaba fuera de control, pasada la medianoche, el director de la Oremi del Bío Bío logró tomar contacto con Carlos Morelli, encargado de Emergencias de la Municipalidad de Concepción, a quien le dijo: “Alguien tiene que salir a desmentir esto”.

Como se desprende de esa declaración, no había claridad acerca de quién debía asumir la vocería en una crisis. Tampoco en la Onemi parecía haber un plan de acción definido en casos como estos.

En el mismo testimonio, Juan Enrique Romero contará que cerca de la medianoche, tras tomar contacto con Carmen Fernández, quien oficiaba de directora subrogante de la Onemi, “planificamos respecto de estrategias a seguir para comunicarle a la población de que todo era una falsedad, y optamos como primera medida concurrir a los medios de comunicación”.

A raíz de esa experiencia, unos meses después del falso tsunami la intendencia regional suscribió un acuerdo para que radio Bío Bío oficiara de emisora oficial en caso de emergencias. Pero no es que ese acuerdo se haya activado el 27 de febrero último, señala Piero Mosciatti, uno de los propietarios de Bío Bío: simplemente era la única emisora que estaba en condiciones de operar.

Lo cierto es que en 2010 no hubo oportunidad de poner en marcha estrategia alguna. Jorge Henríquez, quien oficiaba de director de la Oficina Regional de Emergencia del Bío Bío, sólo pudo comunicarse con la oficina central en Santiago por pocos segundos mientras se desarrollaba el terremoto. Después quedó incomunicado como buena parte de la población.

Henríquez no era el único funcionario de la Oficial Regional de Emergencia. Desde 2008 trabajaban otros tres. Sin embargo, no había implementado un sistema de turnos para funcionar las 24 horas.

ISLA QUIRIQUINA

Desde su oficina en el centro de Concepción, donde hoy ejerce la actividad privada, el ex fiscal Raúl Bustos recuerda que la investigación de 2005 fue igual a buscar una aguja en un pajar. No había claridad acerca de cómo había empezado el rumor, y en teoría, porque nadie se hacía cargo de él, cada habitante cercano a la costa de la del la VIII Región era un potencial testigo.

–Nuestro punto de partida fue el siguiente: para que esto haya prendido tiene que haber sido una fuente creíble –dice el abogado.

Con este principio, el fiscal y dos policías interrogaron a decenas de potenciales testigos, varios de los cuales coincidían en que los primeros movimientos se habían generado en población Higueras, de amplia presencia de marinos. Pero la pista más clara surgió cuando dieron con dos mujeres, familiares de funcionarios de la Armada, que coincidían en haber escuchado una alerta pública mientras se encontraban gozando de una tarde de playa en la isla Quiriquina, sede la Escuela de Grumetes.

En su declaración a fiscalía, Nilda Luisa Mellado Retamal aseguró haber escuchado junto a una sobrina un llamado de alerta ante la proximidad de un tsunami. El testimonio fue ratificado por la sobrina, Miriam Elizabeth Bravo, quien estaba casada con un sargento 1° de la Armada. En su testimonio, que quedó adjunto a la carpeta de la investigación naval, se lee lo siguiente:

-Cuando escuché esto me miré con la tía Nilda y le pregunté: Tía, ¿escuchaste? Y ella me miró igual de sorprendida y me dijo Sí, escuché, y nos reímos en ese momento. Nos causó gracia y ahí nosotras nos empezamos a preguntar ¿Qué vamos a hacer?, ¿por dónde vamos a arrancar? (…) Pienso que el resto (de las personas) pensó que era una broma.

Los testimonios de ambas mujeres –junto con otros elementos de prueba– llevaron al fiscal a declararse incompetente y pasar los antecedentes a la Fiscalía Naval de Talcahuano. La causa fue seguida por el capitán de corbeta Juan Pablo Soteras Campos, quien ofició de fiscal naval y completó dos gruesas carpetas con múltiples testimonios de marinos que contradecían la tesis de su par civil. Ninguno había escuchado algo semejante a una alerta de tsunami en la isla Quiriquina. Ni en la isla ni en ningún otro lado. Ninguno arrancó a los cerros ni reparó en el caos que vivía Talcahuano.

En buenas cuentas, los cerca de cincuenta funcionarios de la Armada interrogados por el capitán de corbeta desmintieron tener relación alguna con el origen del rumor.

El 14 de diciembre de 2005, la Fiscalía Naval de Talcahuano se declaró incompetente por cuanto, según se lee en la resolución, “no existe participación de personal militar” en los hechos investigados.

Sobre el fax del SHOA, indica que fue recibido en Talcahuano “por la Comandancia en Jefe de la Segunda Zona Naval y en la Comandancia en Jefe de la Fuerza de Submarinos, sin que ninguno de estos Mandos en Jefe difundiera la información a sus Unidades y Reparticiones dependientes. Por lo tanto, el mensaje nunca fue recibido en la isla Quiriquina”. También consigna que “se interrogó al personal naval residente en (la población) Higueras a la época de los hechos investigados, manifestando todos que no hubo evacuación de personal naval”.

La resolución está firmada por Fernando Jiménez Loosli, capitán de fragata y auditor naval, y por el contralmirante Daniel Arellano Walbaum, jefe máximo de la base de Talcahuano que actúa como juez naval. Este último oficial dejará su cargo y pasará a retiro en los mismos días en que despachó el citado informe. En la ceremonia de despedida, Arellano Walbaum destacó que el falso tsunami permitió extraer enseñanzas “tanto en aspectos comunicacionales como en los sistemas de alerta y de emergencia”.

Entonces la causa volvió al Ministerio Público y a principios de 2006 fue archivada definitivamente.

SEÑALES DE ALERTA

Lo ocurrido en 2005 fue una lección que bien pudo servir para afrontar de mejor manera la emergencia de 2010. Un llamado de atención. Así lo alertó una editorial del diario El Sur de Concepción publicada en 2007, a dos años del falso tsunami: “Más allá de los recuerdos de una huida en masa, lo más evidente de aquellas horas de terror fue la nula preparación regional para enfrentar una emergencia de semejante magnitud”.

Las fallas en los sistemas preventivos también fueron alertados por quien fuera director del SHOA hasta 2005. De acuerdo con cercanos al capitán de navío Roberto Garnham Poblete, éste insistió permanentemente ante las autoridades civiles y militares de las deficiencias de los sistemas de alerta y emergencias ante tsunamis. Estaba convencido de que en cualquier momento podría ocurrir un desastre de esa naturaleza. Por ello implementó un sistema de conexión directo y permanente con el ex director de la Onemi mediante una radio HF. Sin embargo, la mayoría de sus propuestas no fueron tomadas en cuenta por sus superiores.

También el fiscal que llevó la causa del falso tsunami se queja de no haber sido tomado en serio.

–La verdad de las cosas es que en ese tiempo estaba solo en esto. No había ánimo de llegar a la verdad ni de formalizar a alguien, menos a algún funcionario de la Armada. El mensaje que recibí de mis superiores fue que esta investigación había que terminarla cuanto antes –se queja el Raúl Bustos, sin especificar el nombre de los aludidos.

Una situación similar puede ocurrir con la investigación que desarrolla la fiscal Solange Huerta. No porque no haya ánimo de investigar, todo lo contrario: cuenta con apoyo institucional y desde que se hizo cargo de la causa ha realizado un fuerte despliegue por el centro y el sur del país en busca de antecedentes. Sin embargo, si llega a establecer responsabilidad de funcionarios de la Armada, como parece estar ocurriendo, se verá obligada a declararse incompetente y pasar los antecedentes a la autoridad naval.

Incluso circula una versión que indica que el “Carrera” habría chocado contra su gemelo, el Scorpene SS-23 “O’Higgins”, la que es refutada con más fuerza según lo alta que sea la investidura consultada. Las respuestas recogidas por CIPER no lograron aclarar y más bien repitieron la confusión previa, como se verá más adelante.

El caso del “Carrera” –que junto al “O’Higgins” es la base de la fuerza submarina de Chile- refleja la extrema reserva con la que se está manejando el impacto estratégico del desastre en las Fuerzas Armadas, especialmente en la Marina. Claro que poco ayudó, comentan altas fuentes del sector defensa, que el ministro Jaime Ravinet declarara el 24 de marzo que el país había quedado “vulnerable” ante un ataque externo. Aunque se insiste en que dicho riesgo no es real, lo que sí preocupa es que la Armada se recupere lo antes posible para mantener no sólo su capacidad operativa, sino disuasiva.

Así, tanto o más importante que las reparaciones a los navíos dañados es responder la interrogante de cuándo y a qué costo se superará la devastación que hizo presa de las instalaciones de los Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) en Talcahuano, esenciales para la mantención de la Escuadra y que además generan importantes recursos a través de contratos de construcción de navíos para el extranjero.

En lo único que hay consenso –el que incluye a las autoridades salientes y entrantes- es que la Armada se ha llevado en esta catástrofe la peor parte en un amplio frente. Mientras el de los daños materiales se ha manejado con cierta discreción, el de la imagen pública no puede ser peor, admiten.

La lista de problemas incluye al único muerto registrado durante los duros días de toque de queda en la VIII Región: un cartonero asesinado por una patrulla naval. Pero lo que sigue siendo la principal amenaza para el alto mando de la Armada, son las responsabilidades de la institución por las víctimas del maremoto (pese a que se entregó la cabeza del jefe del Servicio Hidrográfico y Oceánico, SHOA), agravadas por el fuerte descontento que generó el que desde la Base Naval de Talcahuano no se le avisara del maremoto a los civiles de las inmediaciones. Incluso, se agrega, sólo varios días después se reconoció que había bengalas -explosivos, para otros- diseminadas por la costa.

De ese difícil contexto la institución busca levantarse al mando del comandante en jefe más joven que haya tenido, y el primero que no estaba en servicio activo al momento del Golpe (1973). Y que además –como describen generosamente los que conocen a la institución-, fue sorprendido por el desastre justo cuando ya enfrentaba cuestionamientos internos y externos a sólo meses de haber asumido el mando (junio 2009).

Investigando el impacto del terremoto y maremoto en la Marina, CIPER encontró la otra ola que azotó a la institución después de la catástrofe, y el perfil desconocido de su comandante en jefe, almirante Edmundo González, protagonista del puzzle político que surgió tras el tsunami. Más allá de las contradicciones sobre los reales daños en las unidades de combate de la Marina, descubrimos un dato que por si sólo dimensiona el desastre que pudo quedar la noche del 27F en esa institución: a la misma hora del terremoto y maremoto la mitad del Alto Mando de la Armada se encontraba en Talcahuano.

27F: La mitad del Alto Mando en Talcahuano

De no haber ocurrido el terremoto, el sábado 27 habría sido una jornada memorable para la Armada y el gobierno saliente. Esa noche la institución iba a condecorar a la entonces Presidenta Bachelet –pese a que el almirante González había dudado en hacerlo- y se iba a efectuar la botadura del buque oceanográfico AGS-61 “Cabo de Hornos”, una promesa de la Jefa de Estado y un orgullo de la ingeniería naval criolla, ya que fue construido íntegramente en Asmar Talcahuano. La Mandataria incluso había bromeado diciendo a sus cercanos que si el navío no estaba listo antes de que entregara el poder, ella misma “botaría al mar a la empresa constructora”.

Acá también hubo una trastienda interesante. El acto –que sería precedido por la visita de Bachelet al SS-23 “O’Higgins”, del cual es madrina- estaba programado originalmente para la noche del viernes 27, y a la noche siguiente varios de los asistentes se reencontrarían en el matrimonio de una de las hijas del vicealmirante Eduardo Junge, en Viña del Mar. Pero la Mandataria resolvió después viajar a Mar del Plata, Argentina, a la Regata Bicentenario, organizada por las Armadas de ambos países. Eso atrasó las fechas en un día y obligó, entre otras cosas, a posponer el casamiento.

Como el programa era el mismo pero a escasa diferencia horaria, el Almirante González dispuso que la mitad del Alto Mando pernoctara el viernes en Viña del Mar, y la otra en la Base Naval de Talcahuano. En un dato desconocido hasta ahora, la noche del desastre se encontraban ahí –entre otros, y con sus respectivas esposas- el comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Francisco Guzmán; el director general del Personal, vicealmirante Robert Gibbons; el jefe del Estado Mayor General, vicealmirante Federico Niemann, y el secretario general de la Armada, contraalmirante Jorge Ibarra.

“La Armada dormía preparada para una fiesta por partida doble: por el ‘Cabo de Hornos’ y por la despedida a la Presidenta. Ese era el estado de alerta”, grafica una fuente que conoció de cerca lo ocurrido. Siguiendo el protocolo naval ante terremotos que no permiten mantenerse en pie (ubicar las naves a 20 metros de altura o alejarse al menos 10 minutos de la costa), toda la oficialidad evacuó el sector apenas pudo. Pero pese a conocer lo que venía y encontrarse en el sector la mitad del Alto Mando, nadie dio aviso a la población local. Precisamente allí donde el maremoto cobró numerosas vidas.

Conscientes de las críticas, cercanos a la institución remarcan que no pudo hacerse de otra forma: “La Marina hizo lo que debía, salvar a su gente y a sus medios, en ese orden. Y se pensó que, como debe ser, cada uno estaba haciendo lo que correspondía: el SHOA; la Onemi, la intendencia, las policías”. Otros son un poco más descarnados y agregan a lo anterior que “el caos era tan mayúsculo que nadie pensó en otra cosa”.

Así y todo se menciona otro detalle. El entonces intendente Jaime Tohá dijo a CNN Chile que fue el comandante en jefe de la Segunda Zona Naval –con base en Talcahuano-, contraalmirante Roberto Macchiavello, quien le avisó a las 4 AM que no había maremoto en curso. Esa fatídica madrugada, el Almirante Edmundo González se encontraba en la Ciudad Jardín, prácticamente aislado de su institución.

-Trataba de comunicarme por celular y teléfono fijo. Era imposible. Tampoco había Internet. Finalmente, hablé con mi jefe de Estado Mayor, con mi secretario general y solicité antecedentes preliminares al SHOA -dijo a El Mercurio el 7 de marzo.

Los ex habitantes de La Moneda comentan que el jefe naval recién tomó contacto con el titular de Defensa, Francisco Vidal, la tarde del sábado. Para entonces ya había comenzado la trama aún no resuelta (por la investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público) de las responsabilidades respecto a la fallida alerta de maremoto. Mientras, una cadena de dudas, recriminaciones y hasta dificultades legales para el decreto respectivo -planteadas por la Contraloría- trababa el despliegue de uniformados en una VIII Región que a las pocas horas comenzaba a ser pasto de los saqueos.

Las diversas versiones sobre el “Carrera” y otras naves

Entre los múltiples frentes críticos que se le abrían a la Armada, el más evidente –fuera de la alerta de tsunami- era dimensionar los daños en la Base Naval de Talcahuano, en Asmar y sus naves de guerra. Las dos primeras fueron arrasadas casi completamente, incluyendo las viviendas del personal, daños en diques, grúas y diversas instalaciones.

Recuperar y poner todo en marcha –considerando los fondos que ingresan por contratos de construcción- tiene un costo en torno al cual no hay coincidencia. Fuentes del Ministerio de Defensa citan los informes iniciales de la Marina que calculan un flujo mínimo de mil millones de dólares “entre 3 y 5 años”. Y sostienen que sólo para asegurar en parte la “reparación y mantención de las unidades de combate” haría falta cerca de US$ 300 millones. Eso coincidiría con la estimación de una de las autoridades salientes, pero difiere radicalmente de las cifras que entrega otra: “En ningún caso menos de US$ 2.500 millones para recuperar Asmar y la Base”.

La suerte de las unidades navales afectadas es hasta hoy confusa.

La madrugada del 27 se encontraban en Talcahuano, al menos, los submarinos clase Scorpene SS-22 “Carrera” y SS-23 “O’Higgins”; los clase U-209 SS-21 “Simpson” y SS-20 “Thompson” (más antiguos que los Scorpene); el buque madre de sumergibles BMS-42 “Almirante Merino”, y la misilera clase SAAR-4 LM-31 “Chipana”. Además, la patrullera LSG-1611 “Concepción”; el clásico transporte AP-41 “Aquiles”, y el patrullero OPV-81 “Piloto Pardo”. Además, claro, del aún no botado buque oceanográfico AGS-61 “Cabo de Hornos”.

De las unidades de combate, el caso más preocupante es el “Carrera”. Como se dijo al comienzo, ni los testimonios recogidos por CIPER ni las versiones oficiales consignadas en la prensa aclaran las dudas. El Mercurio, por ejemplo, informó el 4 de marzo que el sumergible “tocó fondo y volvió a la superficie”. Al día siguiente La Tercera informó que “no hubo daños” en los buques ubicados en Talcahuano. El 7 del mismo mes, el almirante Edmundo González detalló que el SS-22 “logró zarpar de emergencia, lo pescó la segunda ola del tsunami y lo metió a la dársena. Luego, en un gesto heroico, fue remolcado”.

El 28, el vicealmirante Federico Niemann precisó que chocó y abolló su proa contra un dique que estaba a la deriva, pero remarcando que no había “ningún riesgo para el sumergible”. Por último, hace dos domingos atrás, el 28 de marzo, los propios tripulantes del “Carrera” relataron los hechos en El Mercurio. Según éstos, el navío primero tocó fondo; luego la primera ola lo levantó y arrojó a las dársenas del puerto; allí “nos movíamos para todos lados y chocábamos con distintas cosas”, dijeron. Finalmente, agregaron que impactó contra un dique flotante de Asmar. O sea, cuatro choques, por lo bajo.

Sobre la suerte del sumergible, algunas autoridades comparan lo ocurrido con “un abollón en el auto y punto, pero está operativo”. Pero otros admiten la posibilidad de que los daños obliguen a una reparación que tarde años. “Y de los dos Scorpene era el que estaba en mejores condiciones” agrega un personero. Del “O’Higgins” se ha dicho que logró zarpar mar adentro sin problemas. Ambos fueron comprados como prototipos en 1997 a un consorcio franco-español por unos US$ 490 millones.

Respecto a las otras naves afectadas, el SS-21 “Simpson” ni siquiera pudo escapar al encontrarse en reparaciones en un dique seco. Quedó instalado sobre un muelle, sus daños no han sido precisados y sólo se ha dicho que fueron “leves”. Peor suerte corrió la misilera “Chipana”, que resultó volcada sobre otro muelle, lo que obliga a levantarla y ponerla de nuevo a flote, sin dañar el casco. El “Almirante Merino” también sufrió deterioros que tampoco pasaron del mismo calificativo: leves.

-Independientemente de las maniobras de rescate, todos están en condiciones operativas -remarcan altas fuentes del Ministerio de Defensa.

Además, se encontraba en reparaciones el submarino ecuatoriano clase U-209 “Shyri”. Aunque algunas de las fuentes consultadas por CIPER remarcaron que no sufrió daños, otras precisaron todo lo contrario. Incluso se sostiene que el maremoto se habría llevado algunas piezas que habían sido retiradas para su reparación. De ser necesario, se harían efectivos seguros comprometidos.

Y aunque el “Cabo de Hornos” no es una unidad de combate, su situación es sensible precisamente por lo que simbolizaba para la Marina. El tsunami lo arrastró varios metros y lo dejó varado sobre un banco de arena: su peso dificulta y hace arriesgado su rescate. Días después, cuando las salientes autoridades de Defensa visitaron Talcahuano, la subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría, no pudo soportar las ganas de desquitarse bautizándolo de todas formas… quebrando una botella de Sprite contra el casco.

El cuadro que ya enfrentaba el almirante

Mientras en la Armada se calibraban estos y otros daños físicos, al mismo tiempo se enfrentaba la crisis por las fallas en la alerta del tsunami. Con un ingrediente extra que nadie –ni la institución, ni el gobierno saliente, ni menos el entrante- pasaba por alto: a medida que se intensificaban las críticas contra las autoridades involucradas, surgían las primeras querellas por parte de los deudos.

Como el Almirante González había reconocido pública, temprana y sorpresivamente la responsabilidad de su institución en la fallida alerta de maremoto, con el correr de los días se hizo patente el riesgo de que se responsabilizara de ello también a la administración Bachelet. Cercanos a la hoy ex mandataria recalcan que tiene a su favor “hechos irrefutables”, como la llamada telefónica entre ella y el entonces director del SHOA (quien le informó que no había alerta) durante las primeras horas después del desastre, cuando se encontraba en la Onemi ante numerosos testigos.

La misma Bachelet ha repetido que el general Le Dantec le pasó el teléfono, y –acaso en un guiño a González y sus problemas para comunicarse- recalcó en The Clinic que ni los celulares satelitales funcionan al cien por ciento. Ambos puntos fueron remarcados una y otra vez a CIPER por ex colaboradores suyos.

Como rostro principal de la crisis naval, el almirante Edmundo González Robles la había tenido difícil incluso mucho antes de llegar al 27F. Ya su llegada a la comandancia en jefe (18.06.09) estuvo cerca de zozobrar a raíz de un episodio que lo enemistó el 2007 nada menos que con el ministro de Defensa de la época, José Goñi.

Según recuerdan las fuentes consultadas, todo comenzó cuando a los oídos de Goñí llegó un relato en que el protagonista era el entonces contraalmirante González. Se lo describía en una reunión social en Punta Arenas, expresándose en términos bien poco protocolares respecto del ministro y de otra alta autoridad nacional. Del relato y de la reacción de Goñi también se enteraron destacados oficiales de la Armada. Muy pronto González –el primer marino en ser comandante en jefe de la Región Militar Austral- se dio cuenta de la gravedad de lo ocurrido: faltaban sólo semanas para que se definiera el Alto Mando del año 2008.

Nadie quería llevarse sorpresas. En sus últimos años los gobiernos de la Concertación no habían tenido problemas con los comandantes en jefe. Al menos no al nivel del polémico corcoveo del general director de Carabineros Rodolfo Stange, cuando dilató ruidosamente su renuncia a raíz del fallo del Caso Degollados, en 1995. Ni menos algo similar al episodio que todos en la Marina hoy quieren olvidar: la abrupta salida del jefe de la Armada Jorge Arancibia para candidatearse a senador por la UDI (2001) y que terminó cortándole la carrera a buena parte de su Alto Mando, además de sepultar las aspiraciones senatoriales de Sebastián Piñera.

Por esas casualidades, además, González era ayudante del entonces almirante Arancibia cuando el comandante en jefe se fue a retiro. Pero jugaba a su favor haber trabajado con Edmundo Pérez Yoma, cuando éste fue ministro de Defensa de Eduardo Frei, en la década de los ’90.

Contrarreloj, González se la jugó por pedirle ayuda a la entonces subsecretaria Echeverría, asegurándole que se trataba de un rumor falso. No le iba a ser sencillo: Goñi tenía fama de “difícil”. Pero también gozaba de adversarios en el ministerio. Hasta hoy se recuerda una desagradable escena en la que el ministro ingresaba –sin golpear la puerta y sin saludar- al despacho del subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, para de inmediato, y sin importarle que Vergara estuviera reunido con otras personas, lo reconviniera en un durísimo tono al tiempo que le punceteaba la cabeza con los dedos.

Apenas días antes de la fecha fatal, las gestiones de Echeverría y de otros revirtieron la situación; incluso algunos sostienen que el propio “Goñi aclaró el problema”. González fue ascendido a vicealmirante y a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. Un año y medio después logró suceder al almirante Rodolfo Codina (hoy jefe de gabinete del ministro Ravinet) –en parte gracias a las recomendaciones de éste- en la comandancia en jefe.

Los que han conocido el mando de ambos coinciden en marcar las diferencias. En una institución consciente de su peso histórico y fuertemente inspirada en la tradición de la Armada inglesa, la gestión de Codina había sido vista como un grato paréntesis. “Más campechano, relajado, casi en el estilo de la Armada española”, grafica un conocido suyo. “Cien por ciento del gusto de los Presidentes Lagos y Bachelet”, agrega otro. Con González no sólo se volvió al estilo antiguo. También asomaron diferencias preocupantes, algunas de ellas demasiado públicas.

Como la ocurrida en noviembre de 2009, cuando El Mercurio entrevistó al jefe naval con desastrosos resultados. Bajo el título “En La Haya no tenemos nada que ganar”, González contradecía parte de la tesis chilena ante el conflicto limítrofe con Perú al referirse a las normas que fijan la frontera marítima como “convenios de pesca”, y anticipaba un escenario pesimista ante el reclamo de Lima. El impacto de la entrevista fue tal, revelan fuentes que conocieron el caso, que antes de su publicación debió intervenir el entonces vicealmirante Cristián Millar para “limpiar” parte de las respuestas.

Un nuevo episodio se produjo durante la dificultosa tramitación de la Ley que reorganizó el Ministerio de Defensa y creó el Estado Mayor Conjunto. González -recuerdan en la ahora oposición- “mantuvo una postura vacilante” en temas conflictivos, como definir si el nuevo cargo que hoy ocupa el general de Ejército Crisitián Le Dantec tendría cuatro estrellas. A la larga González se opuso a la idea del gobierno, la que fracasó en el Congreso y dejó a Le Dantec sólo con tres estrellas y por debajo de los comandantes en jefe.

Incluso entre la alta oficialidad naval se fue generando cierta resistencia al mando de González, a veces por asuntos casi domésticos. Como el recordado y reciente matrimonio de uno de sus hijos en Miami, Estados Unidos, calificado someramente como “incómodo” entre quienes conocen los códigos de la institución.

Los que conocieron la relación entre el gobierno de Bachelet y González sostienen que, a raíz de éstos y otros problemas, incluso se llegó a pensar en designar al vicealmirante y hoy comandante de Operaciones Navales, Francisco Guzmán, como Jefe de Estado Mayor Conjunto, con el fin de colocarle un contrapeso al jefe de la Armada. “Pero también era indiscutible que lo más adecuado era que ese cargo quedara en manos del Ejército”, aclaran.

Vuelco en el minuto 90

El terremoto y posterior tsunami sepultaron toda la historia anterior. Nada de todo aquello importaba en la antesala de la reunión más importante que le fue agendada al almirante Edmundo González para el 24 de marzo. Los ojos del alto mando de la Armada se dirigieron a La Moneda. Como quiera que sea, un vuelco importante se produjo en aquella crucial jornada en que el almirante González fue llamado a palacio por el Presidente Piñera. La cita se produjo al día siguiente de haberle enviado al Mandatario el informe oficial sobre las fallas al retirar la alerta de tsunami. Sólo horas antes del encuentro, el titular de Defensa, Jaime Ravinet, fue categórico al calificarlo de “insuficiente”: como el documento proponía dar de baja al ex jefe del SHOA, capitán de navío Mariano Rojas, los que sabían ese detalle con anticipación calibraron que el comandante en jefe podría terminar pagando con su cargo el episodio.

El almirante González no la pasó bien ese día. Quienes tomaron contacto con él cuentan que estaba “muy nervioso” y no descartaba que Piñera le pidiera el retiro, aún pese a que en tal caso haría re-debutar la temida facultad presidencial. Uno de sus conocidos decidió intervenir personalmente y se las arregló para encontrarse “casualmente” con Ravinet en la puerta de uno de los ascensores del Ministerio de Defensa. En el breve trayecto pisos arriba, el nuevo ministro le aseguró a dicho personero que la cabeza del jefe naval no corría riesgo. González se entero apenas minutos después.

Con todo, González sintió la presión hasta el final, aunque más bien por el estilo del Mandatario que por otra cosa. Cuando entró a reunirse con Piñera, lo notó amable, pero “más frío” que su antecesora, según le comentó después a sus cercanos. La sorpresa la tuvo al ver que las casi 300 páginas del informe, que apenas había entregado el día anterior, ya estaban plagadas de marcadores adhesivos de colores. Sus temores se disiparon cuando el Jefe de Estado le aclaró que su cargo no estaba en cuestión. El flanco político, que pasaba por él, quedaba así cerrado por el momento.

Los que conocen el episodio explican que si Piñera decidió no seguir adelante, fue sencillamente por no perjudicar a la Marina y por no sumar un nuevo frente de conflicto a los otros con los que ha debutado en La Moneda. Prueba de ello fue el sorprendente y enérgico cambio de postura de Ravinet, quien apenas salió del despacho presidencial comenzó por desmentir sus propias críticas contra el informe naval.

Luego el ministro no trepidó en pagar –muy probablemente con fondos fiscales- una inserción en La Tercera para rebatir una crítica y aguda columna de Ascanio Cavallo publicada en el mismo diario acerca del rol de las Fuerzas Armadas después del 27F. Ambas medidas de control de daños buscan evitar que se exponga a las instituciones bajo su mando no sólo a emplazamientos políticos, sino que además anticipan líneas de contención ante eventuales ofensivas judiciales.

La solicitud se realizó luego de que una fuente nos asegurara que en dicho viaje había participado una nutrida delegación de oficiales de la Fuerza Aérea, quienes habrían hecho los primeros contactos y pruebas para la cuestionada compra de aviones Mirage que se realizó dos años más tarde. El 4 de junio el senador Nelson Ávila hizo una denuncia en el mismo sentido y CIPER publicó entonces la respuesta recibida de parte del director general de la Cancillería, Juan Pablo Lira: los únicos integrantes de la FACh que estuvieron en la comitiva oficial pertenecían a la tripulación del avión presidencial y no hubo actividades relativas a temas militares.

Documentos:
Carta de solicitud deinformación a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores
Carta de respuesta del Director General de Política Exterior

El senador Ávila denunció que durante un viaje presidencial de 1992 a Bélgica hubo una participación “desusadamente numerosa por parte de la FACh”, que podrían haber hecho los primeros contactos para la cuestionada venta de aviones Mirage a Chile. Haciendo uso de la Ley de Transparencia, CIPER ya había consultado a la Cancillería por los integrantes de dicha comitiva. En la nómina oficial, sólo se menciona a la tripulación FACh del avión y se descarta además cualquier actividad de índole militar.

El senador radical Nelson Ávila realizó este jueves 4 nuevas denuncias vinculadas a la compra de aviones Mirage a Bélgica en 1994. En su declaración ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados del Caso Mirage, Ávila aseguró que la génesis de la cuestionada transacción pudo tener lugar en 1992, durante una visita oficial del entonces presidente Patricio Aylwin a Bruselas.

“Allí hubo una participación desusadamente numerosa por parte de la FACh y por lo tanto, quizás fue en ese instante que se iniciaron los primeros contactos de esta negociación. Al respecto, yo sólo manejo la información en términos genéricos”, dijo el senador.

CIPER recibió un dato similar de otra fuente durante el mes de mayo, por lo que apenas comenzó a regir la Ley de Transparencia solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la nómina y la agenda de los integrantes de la comitiva presidencial. De acuerdo a la información entregada, al menos en la lista oficial de participantes no hubo integrantes de la Fuerza Aérea. Sólo se menciona a la tripulación del avión presidencial, perteneciente a esa rama de las Fuerzas Armadas, aunque no se detalla cuántos fueron.

Esta es la nómina entregada por la Cancillería de la comitiva que viajó a Bruselas entre el 15 y el 18 de julio de 1992 junto al presidente Patricio Aylwin:

En su respuesta, el director general de la Cancillería, Juan Pablo Lira, individualizó a los integrantes de la comitiva y sus actividades oficiales. “No existe en este ministerio información referida a la segunda parte de solicitud, vale decir documentos vinculados a gestiones de integrantes de dicha comitiva respecto de posibles compras, revisión y/o pruebas de material militar e informes de evaluación preparados después de la visita respecto a compras, revisión y prueba de material militar belga”, aseguró Lira.

Y agregó: “Como consta en la información consultada, esta visita no contó con la presencia de ninguna autoridad gubernamental que representara a las Fuerzas Armadas, ni se realizó ningún encuentro de índole militar. Según información de la época, los objetivos de esta visita apuntaron principalmente al fortalecimiento de relaciones diplomáticas con Bélgica –luego del avenimiento de la democracia-, a la reinserción de Chile en el circuito internacional y su promoción en Europa como socio comercial confiable”.

CIPER consultó a dos de los integrantes de la comitiva, quienes tampoco recordaron la presencia de representantes de la Fuerza Aérea. Así, los antecedentes disponibles indican que si hubo efectivos de la FACh que viajaron a Bélgica en esa oportunidad, éstos no integraron la comitiva presidencial.

(Descargue documentos y vea artículos relacionados en la columna derecha)

Una amistad mucho más profunda que la conocida hasta ahora une al ex ministro DC con Bartolomé Dezerega, quien recibió dineros que la justicia belga catalogó como coimas por la compraventa de los Mirage Elkan. Su hijo Alejandro trabajó con Rojas en Defensa y ha sido su socio en una desconocida entidad sin fines de lucro que le vendió estudios a ese ministerio y a otras reparticiones estatales. Este organismo fue creado por Rojas poco antes de dejar el gobierno de Aylwin, junto a tres de sus subsecretarios. Por esa entidad pasó otro de sus amigos: el general (r) Ramón Vega, procesado en el juicio por las coimas. En paralelo, Alejandro Dezerega creó una empresa de asesorías financieras que tiene cuentas en el mismo banco de Miami en que su padre recibió casi US$ 3 millones vinculados a las comisiones ilegales. Cuando el escándalo comenzó a ventilarse, los Dezerega y Rojas vendieron parte de sus bienes raíces.

Nuevos antecedentes -pesquisados y confirmados por CIPER durante los últimos dos meses- revelan el estrechísimo vínculo que une al ex ministro de Defensa Patricio Enrique Rojas Saavedra con Bartolomé Dezerega y a su hijo Alejandro, ambos investigados judicialmente por el pago de US$ 3 millones desde una cuenta desde donde se distribuyeron las coimas por la compra de los cazabombarderos belgas (1994). El nexo devela el modelo de negocios que Rojas diseñó ese mismo año con la desconocida Corporación de Estudios Estratégicos (CEES) -cuando todavía era ministro de Patricio Aylwin- y en la que también participó el general (r) Ramón Vega, el principal procesado por el juez Omar Astudillo en el mismo proceso.

La trama arranca a partir de tres datos ya conocidos: Uno, entre quienes recibieron dineros vinculados al pago de coimas por la millonaria operación de los Mirage, figura el ingeniero Bartolomé Benedicto Dezerega Salgado (75 años); dos, que este antiguo militante DC y ex gerente general de TVN recibió casi US$ 3 millones en una de las cuatro cuentas bancarias a su nombre en el banco Espírito Santo de Miami; tres, que Dezerega es un viejo amigo de Patricio Rojas y que su hijo, Alejandro Bartolomé Dezerega Petoohoff, fue asesor del entonces titular de Defensa.

En parte por eso, el juez Astudillo interrogó a Rojas (76 años) en enero pasado y decretó varias diligencias cuyos resultados se ignoran pues le quitó el acceso a las partes.

Rojas y Dezerega Salgado son íntimos y leales amigos desde los inicios de los ’60, amistad que se convirtió en un lazo indisoluble a raíz de una doble tragedia familiar que le provocó un duro trauma a éste último y en la que contó con la ayuda clave de Rojas. Tanto es así, que los domicilios de ambos son casi contiguos porque así lo decidieron ellos mismos al construir sus casas en 1963 a escasos metros en las calles Huara Huara y Vichato, en Las Condes.

Así, en 1990, fue el propio Rojas quien llevó a Bartolomé Dezerega a la gerencia general de Televisión Nacional. Para Dezerega fue volver a la función técnica que le cupo –también de la mano de Patricio Rojas- en la fundación de ese canal a fines de los ’60. Tres ejecutivos de TVN de los ’90 dijeron a CIPER que más de una vez le oyeron decir a Dezerega que “le debía la vida” a Rojas.

El nexo de Rojas con Alejandro Dezerega Petoohoff (41 años), no sólo es la prolongación de la estrecha y cómplice amistad del ex ministro de Defensa con Dezerega padre. Este ingeniero civil electricista mantiene una extensa relación laboral con Rojas, desde abril de 1992, cuando entró a trabajar primero como asesor del ministro de Defensa y luego –en octubre del mismo año- como profesional a contrata en el grado 4 del mismo ministerio. Fue ese contrato el que le permitió a Dezerega Petoohoff sólo dos meses más tarde ser beneficiado por Rojas con lo que en la administración pública llaman una “beca de oro”.

En diciembre de 1992 partió a la Escuela Naval de Monterey, California, al curso “Resource Planning and Management for International Defense”, comisión de servicio que se prolongó hasta el 16 de junio de 1994, recibiendo durante todo ese período -además de las asignaciones de su destinación- su sueldo y una serie de otros viáticos. Ya iniciado el gobierno de Eduardo Frei, esos beneficios motivaron reparos y recortes presupuestarios de sus superiores.

Dezerega Petoohoff renunció al Ministerio de Defensa en mayo de 1995 –cuando dependía del nuevo ministro, Edmundo Pérez Yoma-, pero su relación con Rojas se prolongó a través de una entidad poco conocida y que se convirtió en una de las actividades remuneradas del pediatra por largos años: la Corporación de Estudios Estratégicos (CEES). Un organismo sin fines de lucro creado por el ex ministro para hacer estudios y proyectos en temas de seguridad y defensa, y venderlos a potenciales interesados. Varios de ellos los compró el Ministerio de Defensa. Dezerega Petoohoff ha integrado esa entidad desde 1994 hasta por lo menos el 2005, y durante el 2002 formó parte de su directorio.

Los documentos oficiales de la CEES muestran varias irregularidades desde su fundación, desde la falta de pertinencia y transparencia sobre el origen del financiamiento de algunos de sus trabajos, hasta anomalías en el origen de sus ingresos y en el desglose de sus balances. Y entre sus principales clientes figura el ministerio de Defensa.

En paralelo a esa actividad, Dezerega Petoohoff creó y administró Premium Risk S.A., una empresa de asesorías financieras que tiene una cuenta en la sucursal de Miami del Banco Espírito Santo. La cuenta es una de las cuatro que su padre, Bartolomé Dezerega, abre en dicha entidad, donde recibió los pagos que investiga Astudillo. Dichos dineros llegaron a lo menos a tres de las cuatro cuentas –y no sólo a una como se ha dicho hasta ahora- en doce depósitos detectados el ’95 principalmente, y que continuaron el ’96, ’97 y el último corresponde al ’98. La justicia belga determinó que esas transferencias obedecen a comisiones por la compraventa de los cazabombarderos.

Más tarde, cuando el Caso Mirage comenzaba a develarse, Premium Risk empezó a liquidar varios bienes raíces.

El análisis de diversos documentos oficiales de la CEES que CIPER ha obtenido mayoritariamente por la vía del acceso a la información pública (oficios reservados, órdenes de compra, memorias, actas y archivos), indica que la historia de dicha corporación exhibe un sinnúmero de irregularidades desde su fundación, desde la falta de pertinencia y transparencia sobre el origen del financiamiento de algunos de sus trabajos, hasta anomalías en el origen de sus ingresos y en el desglose de sus balances.

Lo anterior genera gruesas interrogantes ya que el ministerio de Defensa, y también el de Interior en algunos casos, según afirmó el propio Patricio Rojas, han sido sus principales clientes. Dos altos funcionarios del Ministerio de Defensa en distintas presidencias de los últimos 20 años, afirmaron a CIPER en forma separada y bajo reserva de su identidad, que esa cartera le pagaba a Rojas en forma anual por estudios que no se justificaban, práctica que se cortó en una fecha no precisada. Los documentos que el ministro de Defensa Francisco Vidal entregó a CIPER –no así su antecesor, José Goñi, quien se negó a la búsqueda- sobre su relación con la CEES permiten un primer análisis a fondo sobre este punto.

El cuadro se complica con los testimonios recogidos por CIPER que aseguran que la relación de Rojas con el ex comandante en jefe de la FACh, general (r) Ramón Vega –uno de los principales procesados por las coimas de los Mirage- fue mucho más allá del ámbito institucional y se tradujo en una estrecha amistad. No es de extrañar entonces que en uno de los estudios que la CEES enviara a un ente estatal solicitando su financiamiento, aparezca Vega como el investigador a cargo. Ese y otros antecedentes indican que el ex uniformado participó en la mencionada Corporación de Estudios Estratégicos al igual que Dezerega Petoohoff.

Comenzando con el pie izquierdo

El 7 de enero de 1994, faltando algo más de dos meses para que Patricio Rojas abandonara el Ministerio de Defensa, él y otras nueve personas constituyeron la CEES ante el notario Eduardo Javier Díaz Morello. El listado incluye a tres subsecretarios que habían servido bajo sus órdenes: Jorge Kindermann Fernández (Carabineros), Marcos Sánchez Edwards (Guerra) y Mario Fernández Baeza (Aviación). El primero se encontraba ese día en funciones, mientras que Sánchez se había cambiado al Ministerio de Justicia como subsecretario.

De los otros seis fundadores de la CEES, dos trabajaban en la misma cartera: la asesora jurídica y abogada María Eugenia Navarrete, y su segundo en Defensa, Claudio Troncoso Repetto (hoy director jurídico de la Cancillería). La lista incluye a tres antiguos militantes DC: Eduardo Zúñiga Pacheco, Eduardo Patricio Palma Carvajal y Eduardo Arriagada Moreno. El último de los firmantes del documento fundacional fue Carlos Eduardo Rojas Saavedra, hermano mayor del ex ministro, quien ocupó siempre el cargo de tesorero de la CEES y cuyo rol en esta historia es a lo menos interesante.

Sólo dos meses y dos días demoró la tramitación de la personería jurídica para la corporación sin fines de lucro de Patricio Rojas, a pesar de que el trámite demora como mínimo más de un año. El 9 de febrero de 1994, la subsecretaría de Justicia dictó el Decreto 244 que se la otorgó y que fue publicado en el Diario Oficial el 11 de marzo, el último día del gobierno de Aylwin. El dictamen lleva la firma del entonces subsecretario de Justicia, Marcos Sánchez Edwards, quien a la vez era socio fundador de CEES.

Este detalle no es recordado por ninguno de los creadores de la CEES consultados por CIPER. El mismo Patricio Rojas, en esta entrevista insiste en que no recuerda “nada” del mismo y añade:

- Usted comprende que todos esos decretos van a trámite de razón de la Contraloría. Si no hubiera sido de acuerdo a Derecho, habría sido rechazado u objetado. Si no fue objetado, es porque estaba ajustado a Derecho.

Además de su paso por las subsecretarías de Guerra y Justicia, al abogado Marcos Evaristo Sánchez Edwards (60 años) lo une con Rojas una amistad de años. El propio Rojas dice que “es amigo mío desde antes del Ministerio de Defensa, por haber sido ambos DC, y sigue siendo mi amigo y muy dilecto”. Así debe ser, porque Marcos Sánchez no sólo acompañó a Rojas en la CEES, sino que actuó como representante suyo en varias operaciones inmobiliarias y hasta fue testigo de la esposa del ex ministro en un juicio por una propiedad en Concón.

En función de ese importante rol, CIPER le solicitó en al menos tres ocasiones a Sánchez una entrevista para este artículo. La respuesta fue siempre que estaba muy ocupado y que lo llamáramos “la semana siguiente”. Sólo el miércoles de la semana pasada, después de haberse informado que Patricio Rojas había sido entrevistado por CIPER, Sánchez llamó para hacer una precisión.

- Si se fija bien, en el decreto que le otorga la personalidad jurídica a la CEES dice “por orden del Presidente de la República, Francisco Cumplido, Ministro de Justicia. Lo transcribo para su conocimiento…”, y ahí viene mi nombre. El subsecretario lo único que hace es ser ministro de fe del ministro que firmó -dice, omitiendo que, pese a ese formalismo, fue su responsabilidad darle personalidad jurídica express a la CEES.

Sánchez ha sido investigado –al igual que otros- como una de las posibles personas que figura en la correspondencia incautada en Bélgica bajo la identidad falsa de “Marcos González” y que participó en la negociación de las comisiones ilícitas con los representantes de los Mirage Elkan. Esa “chapa” corresponde al encargado de contactar al entonces ministro Rojas para concretar el negocio. El nombre está en un fax incautado a Claude Baudrenghien, representante de Sabca en Chile (empresa que negociaba la venta de los aviones), donde se afirma que el contacto más cercano de los belgas con el pediatra DC es el hoy fallecido representante de empresas de armamentos Carlos Honzik. El fax agrega que: “Vega deseaba tener una decisión en abril y el ministro actual (Rojas) presiona para antes del 11 de marzo, pero desea más plata”. Honzik fue el mayor distribuidor de las coimas por compra y venta de armas desde los ’70 a los ‘90’, principalmente a Pinochet.

Los primeros días de marzo –y los últimos antes del cambio de gobierno- parecen haber sido decisivos para la firma final del contrato. El miércoles 2, Patricio Rojas informó en rueda de prensa que la decisión final era inminente. Y el domingo 6, el ministro de Defensa belga, Leo Delacroix, anunció oficialmente el interés de Chile por comprar a ese país la flota de Mirage 5, y se mostró dispuesto a venderlos, recalcando que las Fuerzas Armadas locales “están controladas por civiles”. Así consta al menos en las notas publicadas por El Mercurio.

“Marcos González” figura en otro documento clave incautado a Baudrenghien –enviado a Sabca-, donde se lee: “Mi sensación es que en la repartición de las comisiones parece ser que el ministro (Patricio Rojas) debe ser el centro gravitante del sistema y no los militares. Es preciso tener una indicación sobre la forma de contactar a los políticos, ya que son ellos los que deciden en lugar de los militares. Hay que volver a recontactar a Marcos (González) y disculparme, habría llamado a mi hotel para encontrarse el fin de semana. Es un punto de entrada directo y posible, vuelve de un viaje en el sur con el ministro Rojas”.

El “viaje al sur” podría ser –según publicó La Tercera en enero último- uno que hizo Rojas como ministro a bordo de la patrullera Ortiz de la Armada, durante la primera semana de febrero de 1994, a Puerto Montt, la Laguna San Rafael, Aysén, Chaitén y Coyhaique. Entre los civiles que lo acompañaban estaban el entonces senador DC y miembro de la Comisión de Defensa, Sergio Páez, y el a esa fecha subsecretario de Justicia y ex de Guerra, Marcos Sánchez Edwards.

Las platas que no cuadran

Volviendo al origen de la CEES, el mismo día que Rojas, Sánchez y Kindermann dejaban el gobierno -mientras Mario Fernández volvía a la Subsecretaría de Aviación-, comenzó a funcionar legalmente dicha entidad. Reconstruir lo que hicieron sus integrantes durante los primeros tres años de su funcionamiento no ha sido fácil. Pese a que la ley obliga a las entidades sin fines de lucro a remitir a la subsecretaría de Justicia el registro de sus actividades y contabilidad, fue imposible obtener documentación oficial completa que acredite qué hizo y quiénes participaron en dicha corporación entre los años 1994 y 1996. CIPER formuló en reiteradas ocasiones solicitudes de acceso a la información a dicha cartera, la que respondió asegurando que enviaban copias de todos los papeles que la entidad de Rojas les había entregado. Del resto no hay noticias. Tampoco sanciones.

Dos altos funcionarios del Ministerio de Defensa -en distintas presidencias de los últimos 20 años- afirmaron a CIPER en forma separada y bajo reserva de su identidad, que esa repartición le pagaba a Rojas en forma anual por estudios que no se justificaban, práctica que se cortó en una fecha no precisada.

El dossier incluyó las memorias y balances contables entre 1997 y 2004, más copias de las actas de directorio y de asambleas de socios entre 1998 y 2005. La subsecretaría sostiene que los documentos faltantes nunca le fueron entregados por la CEES: “Tanto las memorias de los años 1995, 1996, 2005, 2006 y 2007, como los balances de los años 2005, 2006 y 2007 han sido solicitados a la entidad mediante Providencia N° 1374, de fecha 20 de febrero de 2009, del Departamento de Personas Jurídicas de esta Cartera de Estado, reiteradas a través de Providencia N° 1706, de fecha 10 de marzo de 2009”.

Justicia agregó que los balances de 1995 y 1996 estaban en el Archivo Nacional. Allí se encontraba una carta enviada por la CEES a Justicia el 28 de mayo de 1996, en la que, según se lee, adjuntaban ambos registros contables y “una copia del acta de la Asamblea General Ordinaria de la entidad”. La sorpresa fue que si bien los balances estaban –o algo que dice ser un balance porque son simples y escuetos recuentos de ingresos y egresos-, el segundo documento no se encontraba donde debía, lo que impide comprobar quiénes integraban el directorio y otros cargos. Considerando lo que sigue, la omisión no es irrelevante.

Los papeles hallados en el Archivo Nacional exhiben una de las tantas contradicciones de la historia de la CEES. Aunque la carta enviada por dicho organismo a Justicia dice textualmente que, “durante el año 1994 la Corporación no tuvo actividad”, el balance de 1995 ya indica que hay un “saldo anterior” de $ 2.113.543. Es decir, alguna actividad debió haberse llevado a cabo en 1994. A falta de documentos de la entidad sobre ese año, se les preguntó a los fundadores de la CEES. De los consultados, el único que recordó algo sobre sus inicios fue Patricio Rojas.

Según el ex ministro, en 1994 –entre otras cosas- la agrupación buscó “potenciales demandas de estudios, y hasta presentó el primer proyecto”, pero al revisar sus apuntes precisó que “el primer trabajo contratado” se hizo en 1996.

Las palabras del ex ministro contradicen por partida doble a este segundo set de documentos. Por un lado, la ya citada carta de la CEES dice que en 1995 “se ejecutó un estudio encargado a la Corporación por el Ministerio de Defensa Nacional”. Y por otro, los balances del mismo año indican que la CEES recibió en 1995 ingresos por un total de $53.710.318. Eso incluye el mencionado “saldo anterior” de $2.113.543, más los ítemes de “Aportes nacionales”, “Aportes internacionales”, “Intereses ganados” e “Ingresos por explotación”.

Descontando los gastos y, siempre según el balance, al final de su segundo año de funcionamiento la CEES tenía en caja $29.566.265. Cifra que tampoco se ajusta a lo que dice el ex ministro cuando explica cuánto recaudaba anualmente su corporación:

- Cada estudio costaba alrededor de 12, 13, 14 millones, y era más o menos un estudio al año. Con suerte, cuando tocaba estudios.

Esta es la primera de las numerosas y gruesas incongruencias que arrojan sólo los balances de la entidad que han podido ser recuperados, y que abarcan desde 1995 a 2004.

Tanto es así, que si se toman los números de todo ese período, no hay nada que explique por qué 1995 fue por lejos el año más rentable de la corporación de Rojas. Mientras ese año entraron poco más de $50 millones de pesos, los ingresos de cada uno de los años con balances recuperados, sin considerar el ítem “Saldo Anterior”, jamás superaron los poco más de veinte millones de pesos. Eso, sin considerar que hasta ahora no han aparecido las contabilidades del año 1994 y del 2004 en adelante, si las hubiera.

Más adelante, a partir de 1997, el análisis de la documentación de la CEES obtenida en la subsecretaría de Justicia y que fue contrastada con la información de los estudios contratados -que CIPER solicitó y obtuvo del Ministerio de Defensa- confirma que la corporación de Rojas le vendió diversos estudios a la misma cartera que él había encabezado, y en la cual varios de sus integrantes trabajaron. Incluso, uno de sus miembros entre 1994 y 1998, Eugenio Cruz Pinochet, siguió siendo funcionario de dicho Ministerio.

Según los documentos enviados por el Ministerio de Defensa, la corporación de Rojas le vendió 6 estudios o proyectos entre 1997 y 2005. A eso se suma otro trabajo financiado por el Fondecyt el ‘96. No obstante, las memorias y documentos de la CEES mencionan a lo menos otros ocho trabajos terminados y de los cuales sólo se conocen tres de sus compradores: las fundaciones Konrad Adenauer y Santillana y el Ministerio de Defensa. Con respecto a este último, a pesar de que en la memoria de la CEES del ’95 figura un estudio encargado por esa repartición, ésta no encontró ningún trabajo con la corporación ese año.

Las actas de la CEES también mencionan frecuentes tratativas con otros mandantes, entre ellos el Ministerio del Interior. Pero sobre éstos no hay información precisa. Pese a que CIPER le envió a dicha cartera una solicitud de acceso a la información el pasado 12 de marzo, a la fecha no ha emitido una respuesta respecto de si se pagó a la entidad del ex ministro o no, y cuáles fueron los montos involucrados.

Sólo la subsecretaría de Desarrollo Regional respondió que en sus archivos no se encontraba ningún estudio pagado a la CEES. La misma petición se hizo al Ministerio de Relaciones Exteriores. En su respuesta, el subsecretario aseguró que en sus registros no figura ningún contrato.

En las memorias de la entidad sin fines de lucro de Rojas, se hace mención, por ejemplo, a trabajos para un seminario organizado por el Centro de Estudios Socioeconómicos y Políticos para América Latina (CESPAL) en Buenos Aires (mayo 1995); y otro para el Diálogo Unión Europea- Grupo de Río sobre “Medidas de Confianza Mutua”, realizado en Punta del Este (Uruguay), en octubre del ’95. Si se toma en cuenta que hasta 2003 era posible para los entes públicos ocupar los fondos reservados para pagar estudios, es probable que jamás se tenga precisión sobre cuántos trabajos se le pagaron al CEES y por qué montos.

Otra de las actividades de la CEES investigadas por CIPER fueron los proyectos que la corporación de Rojas presentó a los concursos de Fondecyt para obtener su financiamiento. De los seis que registra dicha entidad, sólo ganó uno tras un complejo –y hoy criticado- proceso de aprobación y que le reportó financiamiento estatal por $21.663.000, lo que cubrió una encuesta, pasajes aéreos, honorarios, y un completo equipamiento de oficina: una impresora y un computador, entre otros. Este último trabajo abre la puerta a una nueva y reveladora faceta del trabajo de la CEES.

Un general en escena

“De la seguridad hemisférica colectiva a la cooperación para la paz en el continente” se llamaba el proyecto que la CEES presentó a concurso de Fondecyt en 1996, indicando que el propio Rojas era su investigador principal, junto a dos co-investigadores: Claudio Troncoso –socio fundador del CEES y hoy director jurídico de la Cancillería- y el ex subsecretario de Relaciones Exteriores y ex embajador en Estados Unidos, Patricio Silva Echenique, quien falleció en 1997.

Al revisar los expedientes del proyecto almacenados en el Archivo Nacional, aparecen nuevas dudas. El trabajo fue inicialmente aprobado con un financiamiento para tres años (1996 a 1998) de $33.913.000. Pero durante el largo proceso de evaluación, el Fondecyt decidió recortarle el último año. La suma que recibió al final la CEES fue $21.663.000. Un destacado académico que estuvo a cargo de la evaluación del estudio, indicó que el recorte se habría debido a una de dos razones: a un ajuste general de fondos o porque se estimó que el trabajo no ameritaba semejante gasto. Y a modo de conclusión sobre lo que se le pagó a la entidad de Rojas, acotó:

- Los fondos que le asignaron me parecen, y siempre me parecieron, excesivos, abultados. Me dio la impresión que querían montar una oficina con lo que ganaron en el concurso Fondecyt.

El trabajo se basó en una serie de encuestas y entrevistas en profundidad a “altos jefes militares y autoridades” de Chile, Argentina y Uruguay, para lo cual la CEES contrató los servicios de la consultora MORI. Académicos con experiencia en el trabajo de Fondecyt señalan que ya es anómalo que se haya financiado con dineros públicos un trabajo que descansaba sobre “una suerte de subcontratación” en lugar de tareas propias.

Lo que más despertó comentarios entre los profesionales que recordaban este caso fue que no había constancia de que la CEES cumpliera un requisito importante en ese medio: que su estudio fuera publicado y divulgado por canales académicos y no políticos. “Es una manera de certificar si el trabajo es o no aceptable para la comunidad académica”, grafica uno de ellos.

Casi dos meses antes que Rojas dejara el gobierno de Aylwin, Rojas constituyó la CEES junto a otras nueve personas. Entre éstas se contaban tres subsecretarios que habían servido bajo sus órdenes: Jorge Kindermann Fernández (Carabineros), Mario Fernández Baeza (Aviación) y Marcos Sánchez Edwards (Guerra). El primero se encontraba ese día en funciones, mientras que Sánchez era entonces subsecretario de Justicia y como tal firmó el decreto que le otorgó personalidad jurídica a la entidad.

Pese a que durante el proceso Rojas sugirió publicar el estudio en la Revista del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, finalmente eso no ocurrió. El mismo ex ministro confirma lo anterior, pero explica que tal trámite se cumplió cuando el trabajo se dio a conocer en un seminario realizado junto a la Fundación Konrad Adenauer, en noviembre de 1997, en el Diego Portales. “Entendimos que la publicación del seminario era cumplir con la obligación; se editó un folleto”, afirmó. Uno de los especialistas consultados es tajante:

- Ese seminario de Defensa es uno del “Club de Toby”, no es académico.

A propósito de la Fundación Konrad Adenauer, en el dossier entregado por la subsecretaría de Justicia la entidad alemana –históricamente muy cercana al financiamiento de la DC- es mencionada en varias ocasiones como cliente de la corporación: por ejemplo, las actas del directorio de 1998 hablan del estudio “Servicio Militar Obligatorio” costeado por dicho organismo, aunque no se explicita en el balance el monto recibido. Otro comprador de proyectos fue la Fundación Santillana, con la cual la CEES firmó un contrato en 1999 para el trabajo “Hacia una nueva estructura de la Educación Básica en Chile”. Los nexos de Rojas con la Fundación Santillana datan de los años 70, según él mismo lo relató a CIPER.

Volviendo a Fondecyt, CIPER le consultó formalmente a dicho organismo estatal si la CEES había participado en otros concursos. La respuesta fue que lo había hecho en otras cinco ocasiones entre 1995 y 1997, sin lograr la aprobación. Pero Fondecyt se negó a detallar –argumentando que se trataba de antecedentes confidenciales- sobre qué versaban dichos proyectos y quiénes eran los encargados directos por parte de la corporación.

CIPER logró obtener dicha información de otras fuentes, que arrojaron otra sorpresa. En uno de esos cinco estudios figura como investigador principal el ex comandante en jefe de la FACH y entonces retirado general Ramón Vega Hidalgo, el principal procesado hasta ahora en el juicio de los Mirage. El hecho probaría que Vega se vinculó a la corporación de Rojas bajo alguna calidad, que por la documentación de la CEES que no aparece se hace imposible precisar.

El negocio del clan Dezerega

El hasta ahora desconocido nexo de Rojas con Vega no es el único que vincula al ex ministro y a la CEES con los protagonistas del Caso Mirage. Hay otro ingrediente que se suma a la férrea amistad del médico DC con Bartolomé Dezerega y su relación laboral con su hijo, Alejandro Dezerega Petoohoff. Este último constituyó el 19 de julio de 1995 la sociedad anónima cerrada Premium Risk S.A., junto a José Antonio Buenaño González (ingeniero civil), Carlos Antonio Parada Abate (abogado), y Juan Carlos Delaunoy Campusano (contador auditor). La sociedad fue publicada en el Diario Oficial el 2 de agosto del mismo año.

Los socios iniciaron la empresa con un capital de un millón de pesos -a través de la emisión de cien acciones- y definieron como giro una amplia gama de actividades: asesorías financieras, inversiones inmobiliarias, intermediación, compra y venta de toda clase de bienes y hasta servicios educacionales.

Al momento de crear su empresa, Dezerega Petoohoff ya había pasado del aparato público al mundo privado, pero no de un viaje. Dos meses después de regresar de su “beca de oro” en California, ingresó como socio de la CEES en agosto de 1994, según un acta escrita a mano que la corporación entregó a CIPER. Sin embargo, no renunció al Ministerio de Defensa sino hasta mayo de 1995, por lo que siguió trabajando en ambas partes durante nueve meses. Un mes después de abandonar el Diego Portales, constituyó su propio negocio.

En paralelo a su trabajo en la agrupación de Rojas, el negocio de Premium Risk comenzó a crecer. En mayo de 1996, sus accionistas aumentaron el millón de pesos con que habían comenzado a un capital de poco más de $ 184 millones, a través de la emisión de nuevas acciones. Así lo registraron ante notario el 4 de junio. Ese mismo día, Bartolomé Dezerega aparece en escena transfiriéndole a la sociedad, a modo de aporte, una oficina -la 221- que tenía en el Edificio Médico Manquehue, en el 5.900 de avenida Vitacura.

El ex gerente de TVN había comprado ese inmueble en 1993, época en que concretó otras operaciones inmobiliarias: ese mismo año adquirió otro inmueble en la calle Napoleón, y al año siguiente (1994) un departamento en la Avenida Borgoño, que une Viña del Mar y Reñaca.

A esas alturas, Dezerega padre figuraba como miembro del directorio de la empresa de su hijo. Nadie sabía entonces que el viejo amigo de Rojas tenía cuatro cuentas en el Banco del Espírito Santo de Miami: una de Premium Risk, otra personal suya, otra de Shanghai Overseas Investments Ltd., y una de Nor-Sur Management Consultants. En al menos tres de estas cuentas Dezerega recibió los 12 depósitos que suman hasta ahora US$ 2.995.000 provenientes de una cuenta del representante de armamentos Conrado Ariztía. Él y Dezerega son viejos amigos: sus hijos –según publicó La Tercera- fueron compañeros en el Grange (ver recuadro con la operación de los pagos de las comisiones por la compra de los Mirage).

El resto del ‘96 parece haber sido crucial para Premium Risk. El 30 de septiembre, sus accionistas repactan la sociedad y deciden “aprobar el pago de acciones por medio del aporte de bienes raíces”, según consta en la escritura notarial extractada en el Diario Oficial. En la misma se mencionan dos transferencias inmobiliarias, ambas hechas por Bartolomé Dezerega: en una aporta el inmueble de calle Napoleón que había comprado en 1993, y en la otra el departamento adquirido en Reñaca en 1994. Ambas propiedades sumaron $114.600.000.

El último día de 1996, Premium Risk compró un departamento y bodega en calle Latadía a Olga Petoohoff Porskoriakova, la esposa de Bartolomé Dezerega y madre de Alejandro Dezerega. En abril 1998, la sociedad vuelve a aumentar su capital a casi $239 millones, para lo cual se emitieron más acciones. La empresa recién vuelve a registrar movimientos importantes el año 2006, cuando el Caso Mirage ya comenzaba a ser conocido en Chile. A partir de entonces, Premium Risk empieza a vender las propiedades con las que había engrosado su capital, hasta desprenderse de todas las nombradas.

Entre los cinco proyectos que la corporación de Rojas envió a Fondecyt –y que no fueron aprobados para su financiamiento- hay uno en que, según fuentes consultadas por CIPER, figura como investigador principal el ex comandante en jefe de la FACH y entonces retirado general Ramón Vega Hidalgo, el principal procesado hasta ahora en el juicio de los Mirage.

La primera venta fue el departamento y la bodega de Latadía, comprados a la madre de Dezerega Petoohoff. El 17 de abril Marianela Lezana Soya y Mauricio Tapia Reyes las adquieren por UF 2.232. Luego, el 31 de agosto, venden la oficina en el Edificio Médico Manquehue –la misma que Bartolomé Dezerega había comprado en 1993 y transferido en 1996- a Alfredo Avaria Cañas, en $22 millones. Al mes siguiente, Alejandro Dezerega le vende a Marcela Tschorne en $62 millones, un departamento en calle Vaticano, que había comprado en 1994.

Al año siguiente, 2007, Bartolomé Dezerega vende un departamento también ubicado en calle Latadía, a la Sociedad Asesoría Inversiones Las Vertientes Ltda, en $37 millones. Y el año recién pasado, 2008, Dezerega padre, su esposa, sus cuatro hijos, incluyendo a Alejandro, crean la Inmobiliaria Porvenir S.A. El mismo día de su constitución, el 17 de junio, el jefe del clan le transfiere a la nueva sociedad la casa familiar de calle Vichato, en Las Condes.

Por último, el 27 de noviembre Premium Risk S.A. vende la oficina, bodega y estacionamientos que tenía en calle Napoleón a Paula Montt Cáceres y Eliana Cáceres Bravo, por $53.700.000.

Otros contratos con Defensa

Cuando CIPER le preguntó insistentemente al ex ministro Rojas por cómo describiría su amistad con Bartolomé Dezerega, se negó muy molesto a responder. A los pocos minutos dio por terminada la entrevista. Una reacción algo similar tuvo durante la misma sesión, cuando se le consultó por dudas puntuales en algunos contratos de la CEES. Uno de ellos le permitió a la entidad venderle a la subsecretaría de Guerra un estudio sobre los ministerios de Defensa de Alemania, Francia, España, Reino Unido e Italia. Según copias proporcionadas a CIPER por la misma cartera, el acuerdo fue firmado por Rojas y por el entonces subsecretario Mario Fernández Baeza, el 17 de julio de 1997.

El contrato fijaba un pago de $13 millones y un plazo de entrega para el 31 de diciembre de ese mismo año. Pero el 4 de diciembre, la entonces directora ejecutiva de la CEES, María Eugenia Navarrete, le envió a Fernández una propuesta para modificar el convenio y prorrogar el plazo hasta el 30 de junio de 1998. En la carta, la abogada alude a “lo que conversaste con Patricio”.

Fernández accedió, y el 24 de diciembre –Nochebuena- modificó el contrato en esos términos. El 30 de abril de 1998 volvió a modificarlo, ya no sólo alargando el plazo hasta el 31 de diciembre de ese año, sino que además, aumentando el monto del contrato de $13 millones a $23 millones.

Ante estos antecedentes, Rojas –sin disimular su incomodidad- sólo indicó que “el estudio era muy complejo y queríamos hacerlo muy bien”, y que eso mismo hizo subir los costos. Agregó que dicho trabajo fue fundamental para reorganizar el Ministerio de Defensa.

Dos meses después de regresar de su “beca de oro” en California, Alejandro Dezerega ingresó como socio de la CEES, en agosto de 1994. No renunció al Ministerio de Defensa sino hasta mayo de 1995, por lo que siguió trabajando en ambas partes durante nueve meses.

Dado que Fernández figura entre los fundadores de la CEES, el episodio obligaba a aclarar si para esa fecha el entonces subsecretario era o no integrante de dicha entidad. Las memorias y actas que cubren el período 1997-2005 –las únicas disponibles- no mencionan al hoy integrante del Tribunal Constitucional, pero tampoco indican si se retiró en alguna fecha. No es lo que ocurre, por ejemplo, con otras renuncias de las que sí se dio cuenta en distintas actas de directorio: María Eugenia Navarrete (1998), Claudio Troncoso (2000) y Eduardo Arriagada (2000).

Rojas manifestó inicialmente que no recordaba ese dato, y que si para entonces Fernández formaba parte de la CEES, podría deberse “a un error, un olvido”, y que “si hay algo que se hizo mal, ¡se hizo mal!”. Horas después de la entrevista, precisó –por intermedio de uno de sus funcionarios- que el entonces subsecretario se había retirado de la entidad “el 30 de agosto de 1994”, según constaba “en un acta” que llegó a CIPER. Allí dice que Fernández presentó su renuncia el 24 de junio de 1994.

A su vez, el propio Mario Fernández explicó que dado su rol en el Tribunal Constitucional no puede dar entrevistas, pero sí nos entregó una copia de su carta de renuncia, con la misma fecha.

Todo queda en familia

Otra arista con sorpresas es la que resulta del análisis de las operaciones inmobiliarias de algunos de los fundadores e integrantes de la CEES. De partida, las oficinas en que ésta funciona se ubican en el quinto piso de Asturias 271, en Las Condes. Es el mismo domicilio que registra la Fundación Valle Lo Aguirre (link a recuadro), entidad vinculada a la Universidad de Chile y de la cual Rojas es vicepresidente ejecutivo.

Los balances de ambas entidades registran que cada una ha pagado durante todos estos años un arriendo por las oficinas 51 y 52, que ocupan todo el quinto piso. Consultado Rojas acerca del arriendo que paga la CEES, dijo recordar que era del orden de los $200 mil, dependiendo del año. Pero sólo el balance de 1996 de la corporación indica que durante ese año se gastaron $7.500.000 por ese concepto, lo que en promedio arroja un arriendo mensual de $625 mil. Sorprendido al ver las cifras, el ex ministro argumentó que esa cifra se “redujo drásticamente” en los años posteriores, debido a la falta de recursos.

Lo cierto es que los gastos por arriendo de la CEES sólo se redujeron considerablemente a contar de 1999 y hasta el 2004, año del último balance disponible. En total, durante el período 1996-2004, los balances de la CEES indican que se gastó en arriendo un total de $38.841.072. Las cifras de 1995 no registran egresos por ese concepto, y no hay documentación que detalle cuánto se gastó en 1994, y desde 2005 a la fecha.

El monto gastado cobra relevancia si se considera que el inmueble que abarca las oficinas 51 y 52, más los estacionamientos 3 y 4, y la bodega 6 de Asturias 271 fue comprado el 28 de noviembre de 1994 por Carlos Eduardo Rojas Saavedra, quien registró la compraventa ante el notario Patricio Raby. Es decir, la CEES le pagó arriendo a su propio tesorero y hermano del ex ministro Rojas. Otro tanto ha hecho la Fundación Valle Lo Aguirre.

Cuando se le preguntó a Rojas por este antecedente, airado se quejó que se le estaba insinuando que él era el dueño de las oficinas. Resulta que su hermano falleció el 15 de febrero de 2008, pero la propiedad no la heredó ni su viuda ni sus hijos. Poco más de un año antes, el 26 de enero de 2007, le transfirió todo el inmueble a María Antonieta Olmedo Quero, la esposa de Patricio Rojas. Dicha operación fue inscrita en el Conservador de Bienes Raíces el 24 de diciembre –nuevamente Nochebuena- a requerimiento de Marcos Sánchez Edwards.

Rojas afirmó que la CEES “no paga un peso de arriendo” desde el año pasado (2008), aunque sí lo sigue haciendo la Fundación Valle Lo Aguirre. Pero no aclaró por qué su hermano decidió transferirle el inmueble a su cuñada en vez de a su esposa. Un integrante de la misma corporación y antiguo conocido de Rojas comentó a CIPER que “lo que puede haber ocurrido es que Carlos haya comprado todo eso con plata de Patricio”.

El historial inmobiliario del ex ministro también resulta llamativo. En las declaraciones de patrimonio e intereses que presentó a la Contraloría cuando asumió y luego fue destituido de la presidencia del Sistema de Empresas Públicas (2006-2008), no figura ningún inmueble a su nombre. Su casa de calle Huara Huara está a nombre de su esposa, así como una propiedad en Concón. Hasta 1998, esta última colindaba con otro sitio suyo en el sector conocido como Los Romeros, que María Antonieta Olmedo había recibido en 1995 a través de una resolución de la entonces seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso, María Eugenia Mella (DC).

El arriendo que durante años han pagado la CEES y la Fundación Valle Lo Aguirre por sus oficinas fue a parar directamente al hermano de Rojas y permanente tesorero de la corporación, Carlos, quien las había comprado en 1994. Un año antes de morir, el 2007, le transfirió todo el inmueble a María Antonieta Olmedo, esposa del ex ministro de Defensa. En algunos períodos la CEES pagó por ellas más de $7 millones anuales.

Dicho dictamen provocó un largo conflicto judicial con Hernán Jiménez Bulnes, quien la demandó asegurando haber comprado el mismo terreno. Durante el juicio, Olmedo presentó una batería de testigos, todos DC: los entonces senadores Andrés Zaldívar y Juan Hamilton, Marcos Sánchez y el abogado Juan Achurra. Finalmente, en 1998 la esposa de Rojas perdió el caso y el terreno. En la propiedad colindante que aún conserva se levanta hoy un edificio de cuatro pisos, al que suele retirarse a descansar el matrimonio Rojas Olmedo y los hijos de ambos.

Si el ex ministro no declaró propiedades ante la Contraloría, fue porque en cierta forma siguió el comportamiento inmobiliario de su viejo amigo, Bartolomé Dezerega: las que tenía las vendió. Pero no a cualquiera. Por ejemplo, un departamento en Avenida Monseñor Escrivá de Balaguer que había comprado en 1992 –siendo ministro- se lo vendió a su hijo José Ignacio el 28 de diciembre de 1999 en UF 2.938.

Rojas había comprado un departamento y dos estacionamientos en la calle Bellavista (Reñaca) en 1996, por los que pagó poco más de $64 millones. Lo mantuvo hasta el 2005, menos de un año antes que los Dezerega comenzaran a desprenderse de sus bienes raíces. El 9 de junio –según la escritura correspondiente-, el médico vendió el inmueble a un precio notoriamente menor al que había pagado nueve años antes: algo más de $40 millones. La operación no fue inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar sino hasta el 23 de diciembre del mismo año.

La compradora fue Susana Sara Cristina Crook Cortés. Muy pocos recuerdan que fue su secretaria de confianza hasta antes que Rojas asumiera como ministro de Defensa, en 1990.

(*) En esta investigación colaboraron las estudiantes en práctica Cristina Soto y Paula Guerra.

Última hora

Tras la publicación de este reportaje, el Ministerio del Interior envió una carta informando que el año 2002 firmó un contrato con la CEES para hacer un estudio sobre la legislación antiterrorista en Estados Unidos y el Reino Unido después de los atentados a las torres gemelas. Pagó $18.000.000. Ver carta (PDF)

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El ministro Alejandro Madrid sigue arrojando sorpresas. A punto de terminar la pesquisa sobre la extraña muerte de Eduardo Frei Montalva, acaba de concluir una investigación que entrega una nueva versión sobre el robo de una sucursal bancaria en Calama, que terminó en 1981 con dos empleados dinamitados y un botín de $45 millones desaparecido. Los autores, dos agentes de la CNI, fueron fusilados y su jefe, el mayor Juan Delmas, se suicidó. El equipo policial de Madrid descubrió que Delmas fue asesinado por otros hombres de los aparatos represivos –tal como en las mejores historias de espías- para impedir que se develara que el robo fue parte de un plan organizado por los propios mandos CNI para financiarse. Y para ello debieron seguir matando a otros agentes, crímenes que hoy son investigados por un juez de Arica. El factor común: la temible Brigada Mulchén, hasta ahora intocable, la que siguió operativa años después de su disolución en 1977.

La historia oficial dice que la penúltima vez que se aplicó la pena de muerte en Chile fue el 22 de octubre de 1982. Ese día fueron fusilados los agentes de la CNI Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez. Ambos robaron $45 millones de la sucursal Chuquicamata del Banco del Estado luego de dispararle en la nuca a dos ejecutivos de esa oficina y dinamitarlos en pleno desierto el 9 de marzo de 1981. Detenidos en junio de ese año, fueron condenados y –contra todo pronóstico de la época- finalmente fusilados en la cárcel de Calama. Un cómplice de ambos, Francisco Díaz Meza, fue condenado a presidio perpetuo y hace cuatro años obtuvo el beneficio de la salida diaria. El jefe del grupo y de la CNI de Arica, el mayor Juan Delmas, apareció muerto en el desierto. Suicidio, concluyó la justicia. Con esos datos, el caso quedó cerrado.

Pero 27 años después, una nueva investigación judicial revela que éste fue mucho más que un robo y homicidios impactantes. Con un botín equivalente a $ 830 millones de pesos de hoy, fue el primer y frustrado intento de una cadena de asaltos que planificó la CNI para financiar la represión y la ampliación de sus operaciones al exterior. En momentos que la economía se derrumbaba y la oposición comenzaba a organizar las primeras protestas y un paro nacional, asegurar financiamiento para mantener el miedo fue prioritario.

La nueva pista asomó cuando rastreando el uso que hizo del mortal gas sarín la Brigada Mulchén de la DINA, se investigó –esta vez de verdad- el extraño suicidio del mayor de Ejército y jefe de la CNI en Arica en 1981, Juan Alberto Delmas Ramírez, quien quedó caratulado como el jefe del estremecedor robo. La trama oculta indica que, como sus autores fueron descubiertos, la CNI decidió eliminar a quienes podían destapar el plan de “financiamiento”. El primero de la lista fue Delmas. El ex integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, no se suicidó: fue asesinado de un tiro en la cabeza. En los días y meses siguientes también fueron ultimados al menos otras tres personas –entre ellas el cuñado de Delmas, que también era agente de la CNI- en diversos puntos del país.

Esto fue lo que descubrió en una exhaustiva investigación el juez Alejandro Madrid al develar la masiva cacería humana contrarreloj ordenada por los altos mandos de la CNI y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) apenas se enteraron de que Hernández y Villanueva –los dos asesinos de Calama y agentes de la CNI- habían confesado actuar por órdenes de Delmas, su jefe zonal. Tres días después de que se hiciera pública dicha confesión, Delmas apareció con el cráneo perforado en pleno desierto. La versión del “suicidio” dejó las cosas hasta ahí, nada más se sabría sobre el Caso Calama. Un fleco quedó para el misterio: los cerca de $15 millones del botín que nunca aparecieron.

Lo que ocurrió entre el día de la desaparición de Delmas (12 de junio de 1981) y el hallazgo de su cadáver (15 de junio), es la historia no contada de una operación secreta en la que aparecen como protagonistas algunos de los más connotados represores de la dictadura: Francisco Ferrer Lima (Caso Tucapel Jiménez y caso Berríos), Marcelo Moren Brito (Caravana de la Muerte y Villa Grimaldi, entre otros), Carlos Parera Silva (ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, Caso Boinas Negras de Peldehue) y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (Ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, Brigada Mulchén y Purén, Casos Prats, Leighton, Dagoberto San Martín; por este último estuvo prófugo casi dos meses el año pasado). El reparto de una historia de terror.

El deportivo rojo de dos puertas

Cuando Delmas llegó a Arica como jefe de la CNI, después de disolverse la DINA en 1977, iba acompañado de una leyenda. Experimentado comando de elite, experto en inteligencia y en manejo de explosivos, en 1976 fue uno de los ejecutores del crimen de Carmelo Soria junto a sus compañeros de la Brigada Mulchén. Una noche de julio salió desde el cuartel de la DINA en Lo Curro, donde vivían Michael Townley y Mariana Callejas, disfrazado de carabinero y a bordo de un vehículo –en el que iba el cadáver de Soria- junto al hoy ex brigadier Jaime Lepe, quien escalaría alto al convertirse a comienzos de los ’90 en secretario privado de Augusto Pinochet y secretario general del Ejército.

La Mulchén adquirió experiencia en muertes que no dejan huella por el uso del letal gas sarín. El veneno ya había sido “probado” en los asesinatos del conservador de bienes raíces Renato León Zenteno (1976) y del cabo Manuel Leyton (1977), ejecutado por violar el pacto de silencio y ventilar los crímenes de la DINA. La marca registrada de la Brigada Mulchén tuvo como otra de sus víctimas al propio Delmas, al químico Eugenio Berríos (1993) y al coronel Gerardo Huber (1992). La lista sigue sumando nombres.

Pero en Arica muy pocos sabían el verdadero nombre de Delmas. Operando bajo la identidad falsa de “Carlos Vargas Casella” se hizo conocido en la zona. La chapa era un guiño al hoy retirado teniente coronel del ejército uruguayo Tomás Casella Santos, involucrado en el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos en Uruguay.

Muchos de sus subordinados han declarado que “Carlos Vargas” contaba con múltiples contactos en la frontera y en Perú y tenía un alto ascendiente en las filas. Incluso algunos han dicho –más de veinte años después- que lo consideraban su “formador” y “un líder al que todos seguían”. Bajo su mando, hicieron cursos de comando, buzo táctico y entrenamiento para operaciones de infiltración y combate, dada la cercanía con Perú.

“Carlos Vargas” no pasaba inadvertido. Se desplazaba por Arica y sus alrededores en su deportivo Mazda 929 rojo de dos puertas. Y los ojos se centraron en sus desplazamientos cuando se supo que dos de sus subordinados -Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez- eran los autores del robo al Banco del Estado de Chuquicamata. Ambos convencieron al jefe y cajero de la sucursal de que iban a simular un asalto ya que un reciente robo les obligaba a aumentar las medidas de seguridad.

En una declaración judicial hoy olvidada, Hernández Anderson declaró el 3 de agosto de 1982 –poco más de dos meses antes de morir fusilado-, que Delmas lo visitó en Calama en enero de 1981, para ordenarle que participara “en una importante misión en beneficio y ayuda para el servicio”. La explicación que según Hernández le dio Delmas fue clara: “La CNI se encontraba desfinanciada a nivel nacional, porque todo el envío de agentes del servicio, tanto de oficiales, personal de planta y empleados civiles a las embajadas del extranjero en distintos países debieron ser canceladas por el mismo servicio, siendo que esto correspondía hacerlo al Ministerio de Relaciones Exteriores”. También hizo mención a que se habían suspendido “las contrataciones de personal, reencasillamiento y otras medidas atingentes al orden económico”.

La declaración de Hernández no fue considerada ni por jueces ni policías. Y ello, a pesar de que a comienzos de 1981 todo indicaba que la economía tambaleaba. El recorte fiscal se generalizó, pero no alcanzó a la CNI. Cuando en 2007 la ministra Amanda Valdovinos investigó los flujos y usos de gastos reservados que manejaba la dictadura, descubrió que sólo en el ciclo 1979-1984 se asignaron al organismo represor unos 13 mil millones de pesos, según declaró el ex ministro Sergio de Castro. Informes oficiales incautados en distintos procesos indican que tanto Pinochet como los altos mandos de la CNI sabían que a mayor crisis económica, más importante sería la rebeldía que ya se empezaba a palpar en las calles. Con la cesantía en alza, no había presupuesto que alcanzara para pagar a informantes y agentes suplementarios que la CNI requería con urgencia para bloquear el paro nacional que en esos días organizaba el líder sindical Tucapel Jiménez.

La necesidad de reforzar la represión determinó que Pinochet sacara del mando de la CNI al general Odlanier Mena, quien reemplazó a Manuel Contreras luego de los coletazos del caso Letelier (consumando así una lucha a muerte entre ambos), y en su lugar nombrara al frío y obediente general Humberto Gordón. Para los sucesos de Calama, Gordón ya le había dado un nuevo impulso a la acción represiva, sepultando la interdicción que pesaba sobre los hombres más duros de Contreras.

Lo anterior abre nuevas interrogantes para el juez titular del 2° Juzgado de Letras de Arica, Julio Aguilar, que deberá concluir ahora el proceso. Y la más importante es el destino de los entonces $15 millones del botín del banco de Chuquicamata que nunca aparecieron, unos $278 millones de hoy. La pista que podría probar cuán institucional fue la decisión de allegar fondos en forma ilícita a la CNI, o si se trató de una pantalla para encubrir actos de corrupción. Sobre eso, Madrid adelantó en gran parte el camino.

La sangrienta “Teletón” de la CNI

Hernández Anderson y Villanueva Márquez siguieron al pie de la letra las instrucciones de Delmas. El día del crimen se hicieron acompañar por el taxista Francisco Díaz, quien sólo la jornada anterior se había incorporado a la CNI, aceptando una vieja oferta. Luego de dinamitar al jefe de la sucursal del banco (Luis Martínez Araya) y al cajero de la misma (Sergio Yáñez Ayala), se repartieron una pequeña fracción del botín: $200 mil para Díaz, $100 mil para el ex CNI Juan Arenas Cortés y $300 mil para Delmas. Los dos homicidas también se dejaron montos menores para cada uno, le entregaron unos $8 millones al hermano de Villanueva y escondieron el grueso del dinero en distintos lugares, usando bidones.

El grupo alcanza a disfrutar poco más de tres meses del secreto y de la plata. En ese período Delmas incluso recibe en Arica a Augusto Pinochet, quien llega de visita unos 15 días antes de que se descubra el crimen: junto con personal de la CNI, el mayor forma el segundo anillo de seguridad durante los tres días que el dictador permanece en la ciudad.

La versión más conocida dice que Hernández y Villanueva cayeron por los típicos errores: Villanueva gastaba en regadas fiestas en las que incluso pagaba a músicos para que le cantaran “El Rey”, la misma canción que tanto le gustaba a Pinochet. Además, el rumor de música fuerte y una orgía con prostitutas en el empobrecido poblado de Chiu Chiu corrió rápido. Pero en su pesquisa, el equipo del juez Madrid se encontró con la sorpresa que el crimen fue resuelto casi por casualidad.

Son policías civiles de Calama los que detienen a comienzos de junio al taxista Díaz por un asunto menor y ajeno al crimen. Al registrar su auto, aparecen gruesos fajos de billetes, cuyos números de serie coinciden con los que ya estaban encargados tras el robo al banco. Al poco rato, el detenido confiesa y pone los nombres de sus nuevos jefes sobre la mesa.

Hasta ese momento, los empleados bancarios llevaban casi tres meses desaparecidos, al igual que los $ 45 millones. Y según la prensa partidaria de la dictadura eran los responsables del robo. Con la confesión de Díaz, los policías tenían a dos cadáveres dinamitados por encontrar y una bola de fuego en las manos que les podía costar la cabeza. Deciden telefonear al entonces prefecto Víctor Lillo Monsalve a Arica, y soltar la bomba recurriendo al viejo truco de “Jefe, le tenemos una noticia buena y una mala”. Eran casi las 4 de la mañana y al otro lado del teléfono el prefecto elige saber primero la buena.

- La buena es que tenemos resuelto el robo al Banco del Estado.
- Excelente. ¿Y la mala?
- Es que fueron los “Charlies” (clave para “CNI”).

Lillo dispone terminar la investigación en la más completa reserva: sólo avisaría a la CNI cuando tuviera todo amarrado. Para eso basta que Díaz aparente cumplir las órdenes que le habían dado: que cada 15 días cambiara la plata en Perú por soles, y de regreso al lado chileno de la frontera la volviera a cambiar por pesos para hacer entrega del botín saneado. Vigilado de cerca por Investigaciones, el taxista llega al “punto” y ahí cae Hernández Anderson, jefe de la CNI en Calama. Después es el turno de Villanueva.

Sólo entonces Lillo da aviso al entonces director de Investigaciones, general Fernando Paredes, y éste a su vez al general Humberto Gordon. La alarma es total.

¿Delmas o Vargas? Un gol de media cancha

Apenas enterados del desastre, los mandos en Santiago ordenan un amplio despliegue. Gordon instruye a Paredes para que disponga dos aviones de la policía civil que trasladen a personal de la CNI al norte. A las pocas horas aterriza en Arica el coronel Héctor Bravo Letelier (ex DINA), jefe de las Brigadas Regionales del organismo, acompañado de otros efectivos. Bravo llega con la misión de intervenir la oficina CNI de Calama y hallar el botín. Sobre la marcha también llega el capitán Juan Vidal Ogueta, jefe de la Contrainteligencia de la CNI. El espía de los espías.

Como zonas fronterizas, tanto Arica como Calama son centro de múltiples unidades de espionaje castrense, a las que se suman los “corresponsales” que cada alto oficial de Santiago tiene apostados allí. Así, al momento de ser “intervenida”, el área ya era monitoreada por la CNI y por el Destacamento Especial de Inteligencia (DEI), con base en Arica; repartición de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). A toda la red descrita se sumaron varios agentes del Servicio Secreto de la DINE que reportaban a Santiago.

Si por el tiempo transcurrido se ha hecho difícil saber exactamente quién actuó primero, sí hay constancia de los hechos gruesos. Uno de los primeros en tomar medidas es el capitán Vidal Ogueta. Adelantándose a los interrogatorios de Investigaciones, visita al entonces recién detenido Hernández Anderson. El Jefe de la Contrainteligencia CNI llevaba dos tareas: que le dijera qué sabía y había dicho; y ordenarle callar para siempre. Suicidarse.

Pero Hernández Anderson, hijo de un connotado juez de Arica, no obedece la instrucción de Vidal Ogueta. Y apreta play. Su padre juega un rol principal en esa decisión. Y declara que fue su superior quien le ordenó todo (más de un año después diría que el mayor le había garantizado que la detención y los primeros interrogatorios eran parte del show y que todo saldría bien). Sólo se guarda una munición: dice que su superior era “Carlos Vargas”. En tiempos en que era casi imposible que un juez consiguiera el nombre real de un agente, no es un olvido pequeño.

Enterado de la confesión de Hernández, Vidal Ogueta telefonea a Santiago: hay un mayor experto en inteligencia involucrado en varias operaciones secretas anteriores, directamente acusado en el robo. Al otro lado escucha el general Gustavo Rivera Toro, segundo jefe nacional de la CNI, quien al instante transmite la orden “detenga a Carlos Vargas”. Quien la recibe, según varias versiones es nada menos que el coronel Marcelo Moren Brito, jefe del DEI en Arica.

Moren, más conocido como el “Ronco” o “El Coronta”, le transmite la misma orden al prefecto Lillo: “Hay que detener a Vargas”.

En 1981, Moren arrastraba un amplio prontuario como ex alto mando de la DINA y hombre de confianza de Contreras (fue cabeza de la Brigada Caupolicán y jefe de la Villa Grimaldi). Después se confirmaría en los tribunales su brutal rol en los crímenes de la Caravana de la Muerte, Calle Conferencia, casos Alfonso Chanfreau, Lumi Videla y Alberto Bachelet, entre varios otros.

Sólo ahora –y gracias a la confesión de varios protagonistas de la época- se sabe que fue una de estas dos llamadas telefónicas, o ambas, lo que le permitió huir a Vargas/Delmas. Los detalles de cómo se entera Delmas de la orden de captura, difieren. Una de ellas es hasta graciosa: cuando el prefecto Lillo recibe en su oficina la llamada de Moren Brito, se encuentra precisamente acompañado de Delmas, quien lo visitaba constantemente para informarse de los avances de la diligencias y ofrecer su ayuda. Pero Lillo no sabía que Delmas y Carlos Vargas eran uno solo. El hecho cierto es que el coronel Moren dispone el cierre de la frontera para evitar que Delmas aproveche sus contactos en Perú.

Como quiera que sea, el viejo juego de las “chapas” le ha pasado un golazo a medio aparato de inteligencia, en plena dictadura militar, y en la zona más vigilada del país: Delmas se esfuma. Toma un alto de vales de bencina, instruye a la telefonista del cuartel de la CNI de Arica para que lo mantenga conectado con las llamadas entrantes y salientes, se sube a su Mazda rojo y se va. Pasadas las 8 AM del 12 de junio de 1981, el ex escolta de Pinochet desaparece para siempre.

Nadie sabe para quién trabaja

En Santiago las alarmas siguen encendidas. Que Delmas sea el jefe del robo le indica a Gordon que cualquier esfuerzo por capturarlo es poco. Y despacha a otro enviado especial. Tan urgido está el director de la CNI que incluso saca de sus vacaciones al jefe del aparato ultra secreto para que se una a la cacería. Nadie tiene idea cómo ni cuándo llega a la zona el entonces mayor Francisco Maximiliano Ferrer Lima, recién llegado de Buenos Aires, donde había estado operando con la Secretaría de Inteligencia del Estado trasandina (SIDE).

Ferrer Lima, alias “Max Lerou” entonces era un oficial experto en espionaje, capacitado en Brasil y en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), además de haber integrado la Brigada Caupolicán de la DINA. Meses después, ordenaría el asesinato de Tucapel Jiménez –lo que le costó una condena a 8 años de presidio- y luego llegaría a ser jefe del Servicio Secreto Exterior de la DINE, tras haber sido instruido en el MI-5 en Inglaterra como recompensa por los servicios prestados por Pinochet durante la guerra de Las Malvinas. Entre 1983 y 1992, fue el motor del “despacho” al extranjero de agentes comprometidos en juicios.

Luego de aterrizar en Arica en un vuelo comercial, Ferrer se mueve por su cuenta y se instala en una habitación con vista al mar en el Hotel “La Lisera”. Al día siguiente interviene la unidad CNI local. Su misión: encontrar a Delmas y el dinero. Para eso se hace ayudar, entre otros, por el suboficial José Aqueveque Pérez, ex compañero de Delmas en la escolta de Pinochet y en la Brigada Mulchén, a quien Ferrer le tiene plena confianza desde los tiempos del Curso de Paracaidistas.

“Max Lerou” se reúne con su viejo conocido Moren Brito a cotejar datos y luego su pista se pierde por completo. Después, Ferrer declarará que regresa a los pocos días a Santiago, lo que varios otros contradicen.

Arica se ha convertido en la “zona cero” de la dictadura. Allí se ha dado cita la selección nacional de la represión: Moren Brito (DEI), Ferrer Lima (DINE), Vidal Olgueta, Bravo Letelier y Aqueveque (los tres CNI) además del capitán Jorge Camilo Mandiola Arredondo (segundo jefe del DEI en Arica). Con los días se agregan el capitán Manuel Pérez Santillán (Cuartel “Las Machas”, de dotación del Regimiento “Rancagua” de Arica, también ex miembro de la Mulchén), el coronel Carlos Parera Silva (Regimiento de Artillería “Dolores”) y varios otros.

La misión es contra el tiempo: el mismo día de la confesión de Hernández y Villanueva, se hace público que hay gente de la CNI involucrada en el crimen de Calama. Se filtran tantos datos, que en Santiago, Gordon tiene que optar por algo insólito: sacar un comunicado de prensa con “la mala” noticia, estableciendo que Delmas era cómplice y cerebro del crimen, y que tanto él como los dos agentes comprometidos han sido expulsados de las filas.

Cada uno de los oficiales involucrados indaga por su cuenta qué pasó, qué se sabe y qué corre riesgo de quedar al descubierto. Casi todos operan en forma compartimentada. Nadie confía en nadie. Ferrer Lima y Vidal Ogueta se han alojado en el mismo hotel ariqueño, donde se topan brevemente y apenas se confiesan estar trabajando en la zona, sin especificar en qué. El suboficial Aqueveque se suma a las pesquisas sin que se sepa claramente para quién trabaja: mientras algunos lo sitúan colaborando con “Max Lerou”, otros lo muestran operando por cuenta propia o para alguien más.

Las pesquisas recientes establecen que muy pocos o ninguno de los involucrados sabe qué hizo exactamente el capitán de contrainteligencia CNI Vidal Ogueta en los tres días que duró la búsqueda de Delmas. Las mismas dudas corren respecto de Aqueveque y Ferrer Lima.

Mientras algunos interrogan infructuosamente a los familiares de Delmas, otros se dedican a “peinar” la zona desde una o más avionetas militares, buscando en el desierto el famoso Mazda 929 rojo del mayor. En este punto tampoco hay coincidencias. Según personal de la CNI local, el agente Carlos Ortega León –especialista en infiltración al otro lado de la frontera- sobrevuela la zona acompañado de un piloto y forzosamente acompañado por Aqueveque. Otra versión dice que había una sola aeronave y que ésta fue utilizada para los mismos fines por Moren Brito, quien dice haber viajado a Iquique para rendir cuentas. Lo importante es que la o las avionetas eran indispensables para cubrir rápidamente los puntos críticos de Arica, Calama, Iquique y sus alrededores.

Entre el 12 y el 15 de junio el destino de Delmas es un misterio. Sólo ahora se sabe, por algunas declaraciones y otros indicios, que es altamente probable que se haya refugiado en la unidad “Solo de Saldívar”, del Regimiento “Rancagua” de Arica. Más conocida como “Cuartel Las Machas”, es un reducto en la salida norte de la ciudad, pero disimulado entre las dunas y la playa. En apariencia inocente, terminará siendo clave en la historia.

Mientras el “Rancagua” estaba bajo el mando del coronel Carlos González Coderch, el comandante de “Las Machas” era el capitán Manuel Pérez Santillán, otro ex integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, y por tanto viejo conocido de Delmas. Hay versiones que dicen que desde el mencionado cuartel lo sacan en horas de la madrugada hacia la Parcela del Lluta, que dependía del “Rancagua”.

Las sospechas también apuntan al Coronel Carlos Parera Silva, entonces muy amigo de Delmas y comandante del Regimiento “Dolores”. Entre los últimos testimonios algunos sostienen que Delmas fue a refugiarse a su lado y luego se pierde su pista. Parera se libró por el pacto de silencio de ser involucrado en el caso Letelier y se haría famoso en 1990, cuando como comandante de la guarnición de Santiago se negó a pedirle la venia al Presidente Patricio Aylwin para iniciar la primera Parada Militar en democracia.

La tesis de la justicia es que Delmas debió haber sido ubicado por alguien de su confianza, con similar preparación y perfil y que la misma persona lo eliminó. Dichos parámetros dejan en la lista de sospechosos a Vidal Ogueta (quien si no lo mató, en último caso habría ordenado su asesinato), José Aqueveque y Manuel Pérez Santillán (ambos ex compañeros suyos en la Brigada Mulchén de la DINA). También se menciona a Ferrer Lima -tanto él como Aqueveque se culpan mutuamente en sus declaraciones judiciales- y a Raúl Iturriaga Neumann, también ex alto mando de la DINA y de la Mulchén, a la fecha comandante de la guarnición de Putre.

Sobre este último, ninguno de los involucrados sabe o recuerda qué hizo. Una de las pistas es que la bitácora de operaciones aéreas militares de esa zona muestra que el día 9 de junio –dos días antes que se sepa públicamente el rol de la CNI en el robo y doble homicidio- un avión despega precisamente con destino a Putre, llevando nada menos que a Augusto Pinochet.

Sobre el resto del botín, las pesquisas apuntan a Moren Brito. Hay testimonios que aseguran que el “Ronco” se quedó con una bolsa con dinero que habría sido ocultada en un basural por un suboficial del “Rancagua”, quien a su vez la recibió de Delmas. Moren declaró que nunca vio los billetes. Pero no le creen: a pesar de los múltiples testimonios y pruebas que lo incriminan, también ha dicho siempre que nunca torturó ni hizo desaparecer a nadie.

Un último dato respecto del dinero. Si bien las declaraciones de Aqueveque son contradictorias en lo que toca a su actuación, sí entrega un antecedente clave sobre las platas robadas. Dice que en 1981 estaba en Los Andes y Delmas lo llamó para que lo fuera a buscar al Aeropuerto de Pudahuel: allí le entregó un maletín lleno de dólares, que “provenía de un operativo de drogas y que debía entregárselo al Jefe de la DINA en calle Belgrado, lo dejé ahí y me retiré”. Aqueveque agrega que al día siguiente Delmas le ofreció irse a trabajar con él a Arica, lo que aceptó y “al mes salió mi destinación”. Finaliza contando que al tercer día de su llegada al cuartel ariqueño se enteró de lo que habían hecho Hernández y Villanueva.

Aunque dicho testimonio tiene un error –la DINA fue disuelta en 1977 y reemplazada por la CNI-, lo cierto es que muchos de sus antiguos agentes siguieron llamándola así. Y en cuanto al fondo, lo declarado por Aqueveque indicaría que Delmas llevó el dinero a Santiago alrededor de un mes antes de recibir un tiro en la cabeza. El viaje es confirmado por la viuda del mayor, quien declaró que “unas tres semanas” antes de su muerte “él tuvo que viajar a Santiago, vía aérea, sin darme explicaciones, fue todo rápido y como a los tres días regreso”.

“Perdón mamá, perdón. Perdón, mi general Pinochet”

La insólita cacería termina la tarde del 15 de junio. Una mujer y su hijo entran y salen de Arica por el camino a Ticnamar. En ambos trayectos les llama la atención un destello rojo bajo el sol. Se acercan y avisan a la prensa local: es el Mazda 929 de Delmas.

¿Quién se enteró primero? Hernández Anderson, en su declaración de 1982 da a entender que fue el corresponsal de La Tercera y director del diario La Defensa de Arica, Juan Carlos Poli, “que también es informante de la CNI de esa ciudad”.

Los primeros en llegar son el capitán Jorge Mandiola Arredondo (segundo jefe del DEI en Arica), acompañado de dos suboficiales, más el jefe del OS-7 ariqueño, teniente Juan Ortega. Ninguno cumple con la norma de avisar al juez y Mandiola hasta se da tiempo para revisar el auto y abrir el portamaletas, sin hallar nada de importancia, según él. Al atardecer de ese día se dejan caer en el lugar personal de Investigaciones, de la CNI, del DINE, del DEI, además del fiscal militar de la guarnición local, Sergio Rodríguez Moraleda y el juez Humberto Retamal Arellano.

Mandiola también es el primero que ve una serie de frases escritas sobre el vaho del parabrisas del Mazda: “Perdón mamá, perdón. Perdón, mi general Pinochet. Perdón, Rosita”. Con el correr de las horas, en torno al vehículo se arma un tumulto compuesto al menos por el juez, el fiscal militar, el prefecto Lillo, los inspectores Juan Barrera y Zvonco Tocigl, el capitán Vidal Ogueta, el coronel Moren Brito, el suboficial Aqueveque y el agente CNI Carlos Ortega. Las distintas declaraciones colocan nombres de más o de menos, especifican distintas horas de hallazgo y condiciones del sitio y hasta expresan disímiles sospechas respecto de los otros presentes.

Ferrer Lima sólo aparecerá por ahí conducido por Aqueveque cuando no quede ni el auto. Según su versión, su conspicuo acompañante le indicará excavaciones que se hicieron allí mismo en busca del botín.

En lo que todos coinciden es en lo que sale al día siguiente en la prensa: Delmas se hallaba inclinado en el asiento del conductor, con un balazo en su sien derecha y salida de proyectil por la izquierda. En su mano derecha estaba su pistola con otra bala pasada en la recámara –que los que llegaron primero se apuraron en disparar al aire-, y una vainilla en el asiento trasero. El cuerpo estaba hinchado y recién comenzando a despedir hedor. Uno de ellos atestigua en las recientes pesquisas que Delmas tenía una de sus piernas quebradas.

Bastaba observar su cadáver para que asomaran numerosas dudas, varias de las cuales se filtraron inmediatamente a los medios. Un auto rojo como ese era fácilmente visible desde la carretera con luz de día; en pleno desierto, la carrocería estaba impecable y sin polvo. En el asiento trasero había una parka salpicada de sangre, que nunca fue periciada. Lo más grave es que la bala no aparece por ninguna parte y que los primeros peritajes indican que el disparo se produjo desde unos 65 centímetros de distancia (la autopsia después dirá que fue a quemarropa). Para colmo, Delmas era zurdo hasta para disparar.

En pocos días, hasta la prensa oficialista dirá que el oficial ha sido asesinado. Un trascendido paraliza los comentarios: el recién sepultado cadáver había sido misteriosamente retirado del cementerio de Arica. La CNI se ve obligada a sacar un nuevo comunicado: el mayor era ambidiestro, el clima del lugar impedía la formación del polvillo que todos echaban de menos, Delmas se había suicidado y no había nada más que investigar.

Las diligencias forenses no aportaron mucho. Los policías que llegaron al sitio ahora reconocen que no examinaron el cadáver y ni siquiera practicaron el básico examen de detección de residuos de nitratos en las manos, necesario para confirmar o descartar si alguien disparó o no un arma. La explicación: “carecían de laboratorio”.

Tampoco se puede hablar de autopsia. El médico legista que la hizo, Carlos Villavicencio, recordó recientemente que tampoco examinó restos de pólvora en las manos porque el juez Retamales no sólo no se lo indicó, sino que además le ordenó que “todo debía realizarse rápidamente”. El certificado de defunción fija la data de muerte el 13 de junio, es decir, dos días antes de su “hallazgo” y al día siguiente de su misteriosa desaparición.

Todos los antecedentes recabados por el equipo policial que trabaja con el juez Madrid han formado la convicción de que el mayor CNI fue asesinado y luego dispuesto en un sitio fabricado para que pareciera un homicidio. El magistrado derivó el caso Delmas a la Corte de Apelaciones de Arica, y ésta dejó la causa en manos del titular del 2° Juzgado de Letras de dicha ciudad, Julio Aguilar. Éste ha hecho varias diligencias, entre ellas, diversos exhortos que en octubre pasado envió al resto del país para recabar nuevos testimonios; ya ha recibido cuatro.

La sangre sigue corriendo

Las muertes no pararon ahí, y en su momento sólo fueron mencionadas y relacionadas por la Revista Cauce, opositora a la dictadura. Una de las primeras queda al descubierto cuatro días después del hallazgo de Delmas. Ese día fue hallado flotando en el mar Mario Barraza Molina, uno de los informantes más cercanos al mayor.

El 31 de octubre de ese mismo año, José Rienzi Zumaeta Dattoli, gerente de una distribuidora avícola local, muere asesinado de un balazo en la frente a la entrada de su casa. La nueva víctima también era muy cercana a Delmas.

A esas alturas, el pánico se había apoderado de los funcionarios menores de la CNI en Arica y Calama. Algunos fueron trasladados. Uno de ellos fue el segundo de Delmas en la CNI de Arica, el capitán Sergio Saldivia Millar: fue destinado a Puerto Montt como jefe de la CNI local. La noche del 26 de octubre de 1982 salió en su vehículo oficial y horas después murió en un extraño accidente de tránsito que hoy se investiga.

Pero el caso más oscuro es el del cuñado de Delmas, Gonzalo Fort Arenas, agente de la CNI en Arica y trasladado a Antofagasta y más tarde a Osorno, contra su voluntad. Sus cercanos han declarado que su nueva destinación fue producto de fuertes presiones del suboficial José Aqueveque. En el sur, Fort se empecinó en averiguar qué había sucedido realmente con Delmas y también oyó –entre otras- las historias que vinculaban a su fallecido cuñado con el coronel Parera.

No pudo seguir con su investigación. El 27 de abril de 1984, Fort se encontraba en su casa. Entre las 2 y las 2.30 AM, su esposa lo encontró tendido en una cama, con un balazo en el pecho y sobre éste una foto arrugada de Juan Delmas; en sus manos había un papel y un lápiz. Los teléfonos de la casa estaban cortados. El caso fue etiquetado como suicidio. Años más tarde, el caso del agente CNI fue propuesto a la Comisión Rettig, que luego de investigarlo lo declaró “sin convicción”.

Hasta allí, parte de la oscura trama que descubrió el equipo policial que trabaja bajo las ordenes del juez Alejandro Madrid. El magistrado logró determinar que, pese a la disolución de la DINA en 1977, la Brigada Mulchén siguió operativa varios años después. Su última operación fue el acoso y apremio ejercido sobre uno de sus integrantes, Remigio Ríos San Martín, hasta obligarlo a cambiar su testimonio judicial en el que había revelado los detalles del asesinato de Carmelo Soria, para eludir la prisión. Y tuvieron éxito porque el crimen fue amnistiado. Un crimen que involucró al grupo de escoltas mas selectos de Pinochet, hombres que conocían todos sus secretos. Como el brigadier Jaime Lepe, quien fue también escolta de Lucía Hiriart y que muy probablemente ahora no podrá escapar de la prisión.

Pedro Félix de Aguirre, amigo y consejero de Pinochet, quien participó en el bullado caso de tráfico de armas defectuosas a Irán, cobró millonarias comisiones por los dos submarinos Scorpene (“O’Higgins” y “Carrera”) que la Direction de Constructions Navales de Francia (DCN) y el astillero español Navantia, una de las principales constructoras navales de Europa, vendieron a Chile a fines de los ‘90. Las comisiones ilegales pagadas por la DCN son investigadas ahora por la justicia de Francia. CIPER obtuvo una respuesta oficial de la Armada sobre su rol en la adquisición y el destino de los royalty que recibió en compensación. La revelación fue hecha por el portal de información francés bakchich.info

Para vender submarinos a Chile en 1997, el entonces Presidente Jacques Chirac y el Primer Ministro Lionel Jospin dejaron que la Dirección de Construcción Navales de Francia recurriera a los servicios pagados de uno de los consejeros más cercanos del general Pinochet. ¡Y ese jugoso contrato sigue vigente aún!

A fines de 2006, el submarino chileno “Carrera” zarpó del astillero español de Cartagena rumbo al puerto de Talcahuano en Chile. La construcción del navío fue el resultado de la exitosa cooperación entre la Direction des Constructions Navales de Francia (DCN) y los españoles del grupo Navantia. El submarino llegó finalmente a su puerto de destino después de un periplo de 8.500 millas. Era el segundo submarino del mismo tipo entregado a los chilenos.

Fue en la primavera de 1997 cuando se firmó el contrato entre franceses, españoles y chilenos. En Francia, la lamentable disolución del Congreso que resolvió Jacques Chirac le dio las riendas del gobierno a Lionel Jospin y a los socialistas. En Chile, el general Pinochet, quien organizó el sangriento golpe militar contra Allende, ya no estaba en el poder pero conservaba la jefatura del Ejército. Su influencia era aún considerable.

Los servicios de dos consultores al rescate

El prototipo de los dos submarinos entregados a Chile no había sido nunca probado fuera de los astilleros españoles. En esas condiciones, concretar el contrato fue especialmente duro para la cooperación española-francesa. Para ello, debieron recurrir a dos eficientes consultores chilenos: Pedro Félix de Aguirre Lamas y Francisco Andrés Muzard Ureta. Los dos, por su supuesta eficiencia en el negocio, recibieron suculentas ganancias, como lo acreditan los dos contratos que Bakchich obtuvo y publicó en su edición del 7 de julio. Aquí puede ver el contrato de Francisco Andrés Muzard Ureta , que recibió US$ 500 mil, y acá el de Pedro Félix de Aguirre.

Bakchich quiso saber más de estos dos hombres que hicieron de intermediarios en el negocio de los submarinos. Francisco Andrés Muzard es arquitecto y representante de empresas francesas en Chile, hijo de un gaullista histórico y está muy ligado al partido Unión por un Movimiento Popular (UMP), del presidente Nicolás Sarkozy. Más interesante es el historial de Pedro Félix de Aguirre, hombre en la trastienda del poder y que fue hasta la detención del general Pinochet en Londres, uno de sus más fieles seguidores. Desaparecido de escena, su hijo abogado ha tomado en sus manos la mayor parte de sus negocios.

Vino, armas y comisiones para el financista preferido de Pinochet

Para la mayor parte de los chilenos el rostro de Pedro Félix de Aguirre es desconocido. Tampoco aparece en Google o en otros bancos de datos a través de internet. En los años 80, Pedro Félix de Aguirre aparecía en varias sociedades en las que la familia Pinochet participaba de la propiedad. Durante la dictadura, De Aguirre se enriqueció en el negocio de las viñas y las armas, como lo describió el periodista del diario español El País, Ernesto Ekaiser en su libro Yo, Augusto. De ideas nacionalistas, fue especialmente cercano a Lucía Pinochet, la hija mayor del general y también de su esposa, Lucía Hiriart. Nada que pareciera perturbar a los oficiales de la DCN que entraron en estrecha relación con él.

El prototipo de los dos submarinos entregados a Chile no había sido nunca probado fuera de los astilleros españoles. En esas condiciones, concretar el contrato fue especialmente duro para la cooperación española-francesa. Para ello, se debieron recurrir a dos eficientes consultores chilenos: Pedro Félix de Aguirre y Francisco Muzard. Los dos, por su supuesta eficiencia en el negocio, recibieron suculentas ganancias.

Fue precisamemte De Aguirre quien hizo algunas investigaciones discretas sobre el grado de avance que tenían los juicios contra el general Pinochet en manos de jueces españoles. Y fue él quien intentó convencer al ex dictador de que debía entrevistarse con el magistrado español García Castellón, a quien describió como un conservador que estaba dispuesto a archivar su expediente. Algo que el viejo dictador no hizo.

Los secretos que el empresario y amigo de la familia Pinochet conocía sobre la fortuna de éstos interesaron en su momento a dos jueces chilenos: Sergio Muñoz y Juan Guzmán. Ambos jueces habrìan tenido que interesarse más de cerca por los secretos de la DCN y su división Internacional (DCNI).

Pedro Félix de Aguirre dejó un muy mal recuerdo entre sus interlocutores franceses. Lo vieron arremeter con furia contra los ejecutivos del Canadian Imperial Bank of Comerce (CIBC), banco que trabajaba para la DCNI, llamar a la sede central en Toronto, estallar y denunciar el retraso en los pagos. “Un hombre muy mal educado”, explica un alto funcionario del Ministerio de Defensa.

Los negocios continúan

Después del contrato con Chile, otros submarinos del mismo tipo (Scorpene) han sido vendidos por los franceses y los españoles: seis a Malasia y dos a la India. Pero los intermediarios chilenos que facilitaron la venta de los primeros submarinos se interesaron en participar de la venta de los siguientes. Así lo acredita un documento confidencial que lleva en la cabecera la rubrica de la DCNI fechado el 17 de diciembre de 1997 y dirigido al capitán chileno Alejandro Hermann Hartung. En la misiva se indica que por cada navío vendido a otro país los chilenos recibirán seis millones de francos (aproximadamente 920 mil euros de hoy).

(Nota de CIPER: Hermann fue quien en su calidad de comandante de la Fuerza de Submarinos de la Armada recibió el 10 de diciembre de 2005 en Valparaíso el submarino Scorpene “O’Higgins”, después de navegar durante 49 días desde Cherburgo, Francia. Se fue a retiro ese mismo mes).

Pero lo cierto es que la época bendita de los grandes contratos y las comisiones millonarias ha quedado en el pasado.

Otro intermediario de Francia: Klaus Barbie en Bolivia

En materia de armamento, a veces Francia ha recurrido a intermediarios muy poco recomendables. Así lo constató el general Paul Aussaresses, quien lo relató en su último libro Yo no he dicho todo (Ediciones du Rochet), cuyo resumen fue publicado por L’Express en abril pasado.

El general de la guerra de Argelia relató que cuando las empresas de armamento francesas le encomendaron a fines de los años 70 hacer una prospección en Bolivia para nuevos contratos, él cayó en La Paz sobre Klaus Barbie, el ex oficial de la Gestapo buscado por la justicia por sus crímenes de guerra. Barbie trabajó con los grupos del Ministerio de Defensa y obtuvo su parte como intermediario.

“Francia entregó una buena cantidad de cañones a Bolivia gracias a los buenos oficios de Klaus Barbie. Y Barbie recibió una comisión de Francia… No tengo la intención de entrar en conflicto con la gente de la GIAT (los constructores de cañones), pero eso no está bien”, señala d’Aussaresses.

El rechazo a la venta de una codiciada partida de 12 mil fusiles Mauser, entre otras armas dadas de baja por el Ejército, ha sido uno de los reservados episodios que en los últimos meses han puesto nuevamente el negocio de las armas en el centro de intensas deliberaciones en el Ministerio de Defensa.

En al menos tres sesiones, las autoridades civiles y militares que integran la Comisión Asesora de Exportación de Armas han evaluado la venta de armamento en desuso del Ejército chileno –pero aún en funcionamiento- a compañías norteamericanas a través de empresas chilenas.

Son los primeros permisos de este tipo analizados por el gobierno de Bachelet, y la tendencia es clara: dos empresas fueron rechazadas, una tercera se encuentra actualmente bajo sospecha y sólo un envío menor fue autorizado.

Las señales apuntan a que no se admitirá que ningún tipo de armamento salga del país mientras no haya certeza de que las armas no terminarán en manos de un destinatario envuelto en un conflicto bélico irregular con las consecuencias diplomáticas y políticas que tuvo el polémico tráfico ilegal de armas a Croacia.

Y en los casos analizados, a juicio de la comisión, esas certezas no fueron acreditadas respecto de dos compañías estadounidenses: Century International Arms y Armamentos Inc. Una tercera, Firestar International LLC, sigue bajo escrutinio.

“La comisión exportadora de armas tiene por objeto precaver la responsabilidad del Estado de Chile frente a posibles destinos finales inciertos de las armas de naturaleza privada. Ése es el objeto y hemos actuado de manera rigurosa”, comenta escuetamente el subsecretario de Guerra, Gonzalo García, quien encabeza las reuniones de la comisión.

La prohibición es inédita. La comisión exportadora fue creada en 1991 luego del escándalo del tráfico de armas a Croacia, y fue reformulada en 2000 a raíz de otro negocio polémico detonado por el otrora fabricante de bombas de racimo, Carlos Cardoen, al intentar vender armamento a Zimbabwe. Desde entonces, el organismo -que integran los subsecretarios de Guerra, Marina, Fuerza Aérea, Relaciones Exteriores, un representante del Estado Mayor de la Defensa Nacional y el director general de Movilización Nacional- se ha convertido en un verdadero filtro político con atribuciones para prohibir cualquier venta de armas ya sea del Estado o de privados. Y ahora, por primera vez, ejerce su derecho a veto.

Con el aval de Condoleezza

Aproximadamente US$ 1,2 millones fue el monto que finalmente cobró el Ejército en un proceso que se inició a fines del año pasado, cuando decidió vender a privados un paquete de armamento declarado obsoleto. Se trataba mayoritariamente de fusiles tipo Mauser, pero también lanzacohetes, pistolas Colt, ametralladoras, piezas antiaéreas de la primera guerra mundial e incluso 40 fusiles AK.

La gran atracción eran los 12 mil fusiles y carabinas tipo Mauser (algunos de 1895), fabricados por la austriaca Steyr o la alemana Ludwig&Lowe. Según los entendidos, en Estados Unidos los compran los coleccionistas y también se usan para prácticas de tiro o caza. Quienes vieron los ejemplares que se almacenaban en los Arsenales del Ejército dicen que estaban cien por ciento operativos e impecablemente mantenidos.

Las normas legales para este tipo de negocios son precisas: sólo participan quienes están inscritos en el registro de exportadores de armas de la Dirección General de Movilización Nacional. Además, deben acreditar que serán vendidas en el extranjero a compradores autorizados en sus países.

¿Cuál es el riesgo de que ese tipo de armamento caiga en manos poco confiables? Las respuestas varían según la fuente, pero en general se puede concluir que los Mauser -por su lentitud y peso- son armas obsoletas para los Ejércitos regulares e incluso para las guerrillas, que hoy tienen acceso a armas automáticas y de alta potencia en el mercado ilegal.

Se trata, sin embargo, de fusiles de gran precisión y alcance: una de sus balas puede recorrer hasta 2 kilómetros. Los militares conocían bien estas virtudes cuando en 1973 entregaron fusiles Mauser a algunos de los conscriptos que salieron a la calle el día del Golpe de Estado. Y si en las poblaciones de Chile son las armas hechizas las que siembran el terror, en los últimos días ha quedado en evidencia que los Mauser también son atractivos para los delincuentes de La Legua. Por eso, si la cantidad en venta alcanza para armar a un batallón, en un país conflictivo como Haití pueden ser de alto riesgo.

Si los Mauser que siguen operativos pueden ser letales, lo mismo vale para los lanzacohetes si no son correctamente desactivados.

El riesgo es menor, pero existe, dice un empresario ligado al rubro, quien reconoce que “el negocio se ha oscurecido”.

-Uno se hace responsable por el comprador, pero yo no sé qué pasa después con las armas. Si aparecen en Centroamérica tengo una responsabilidad moral, no legal, -acota.

De todas maneras el negocio parece ser interesante. Cinco empresas se presentaron a comienzos de diciembre y las ofertas oscilaron entre US$ 256.000 y US$ 1.038.000, según la valoración y volumen que querían comprar: la firma Cerro Solo en representación de PW Arms (EEUU); el comerciante Patricio Salinero (quien no reveló a quién representaba); L&R por Century Arms (con sede en Florida aunque las armas irían a Canadá y Estados Unidos); SAT por Inter Ordenance (Bélgica) y CyM por Armamentos Inc (EEUU).

Por errores formales, el proceso debió repetirse en enero. Esta vez sólo tres empresas presentaron ofertas y por montos mayores que los iniciales. Pese a esto, el Ejército decidió no vender todo como un paquete y dividir el armamento entre tres postulantes para recaudar más dinero. Así se llegó a los US$ 1,2 millones. El 12 de febrero se entregaron los resultados: el volumen mayor se lo adjudicó CyM –todos los Mauser y lanzacohetes-; mientras que L&R se quedó con yataganes, pistolas lacrimógenas, revólveres Rossi, fusiles FN, escopetas Riot, entre otros.

Salinero decidió retirarse al ser informado que solo le entregaban un puñado de escopetas por US$ 120. Una derrota para un hombre con experiencia en este tipo de transacciones.

CyM firmó su contrato en marzo. En julio su expediente llegó hasta la comisión exportadora para el último timbre que no anunciaba problemas. Y no sólo porque hasta entonces la comisión era un mero trámite, sino también porque CyM ­-empresa en que muchos de los ejecutivos son viejos uniformados-­ es uno de los mayores proveedores de armas y pertrechos de las Fuerzas Armadas.

Pero no fue tan fácil. Los civiles decidieron examinar con lupa a los compradores y lo que afirmaban sería el destino final de las armas. El primer escrutado fue Armamentos Inc. Una simple búsqueda en internet arrojó un dato preocupante para los comisionados: la empresa y su representante, Pedro O. Bello, aparecen mencionados en un informe de la OEA sobre una cuestionada operación de venta de armas de Nicaragua a Panamá que se desviaron irregularmente hacia las milicias de Autodefensas Unidas de Colombia en 2003.

Sorpresivamente la comisión congeló el proceso para recabar más antecedentes. Los datos recolectados no fueron suficientes para dejarlos tranquilos y el 6 de agosto prohibieron la venta a Armamentos Inc. La decisión fue unánime.

Según fuentes ligadas al proceso, se tomó en cuenta que si bien la empresa de Bello no participó en la operación cuestionada por la OEA, sí se le ofrecieron las armas. “No hay acusación de culpabilidad, pero esto demuestra que son parte del club”, dice una alta fuente de gobierno.

Entre los antecedentes recabados por la comisión y que pesaron negativamente, constaba un certificado de blancura solicitado por Pedro O. Bello al embajador de EEUU en la OEA, y que le fue negado. También un dato aportado por la Cancillería: al parecer la empresa tenía un juicio abierto en Colombia.

Pero la sospecha mayor surgió del hecho de que la solicitud de exportación de la empresa mencionó sólo los fusiles Mauser pese a que también había comprado 1.300 lanzacohetes Instalaza y 10 morteros al Ejército. Y si bien se afirmó que eran para coleccionistas, un alto personero de gobierno asegura que de acuerdo a los datos recibidos, no se pensaba desactivar los lanzacohetes en Chile, sino que en Miami, lo cual no garantizaba que finalmente se hiciera.

Virgilio Cartoni, dueño de CyM, descarta esta versión y asegura que lo que pasó fue que a Armamentos Inc nunca le interesaron los lanzacohetes. Por ello, agrega, después CyM presentó una nueva solicitud a nombre de la empresa Long Mountain, la que finalmente los adquirió, siempre con la idea de desactivarlos antes de llevárselos. Este segundo destinatario sí fue autorizado por la comisión.

Así, Bello fue el gran perdedor de la primera evaluación de los comisionados, aunque CyM también corrió bastante riesgo. Según el contrato entre CyM y el Ejército, si la comisión rechaza la exportación, esta institución se queda con el pago de casi US$ 1 millón y con las armas.

-Nosotros estamos absolutamente resguardados, ya está pagado. Si no dan la autorización, tenemos todo el derecho de tomarlas nosotros y destruirlas. Hay un riesgo para ellos, pero parece que antes estos procedimientos eran más expeditos y ahora salió este antecedente de que podría haber algo- explicó el director de Logística del Ejército, general Julio Baeza, luego de la primera decisión de la comisión. Afortunadamente para CyM, se hizo una excepción y se le dio la oportunidad de presentar un nuevo comprador para reemplazar a Armamentos Inc.

Sobre este episodio, una pregunta sigue vigente: ¿por qué el Ejército vendió armas a CyM sin investigar al destinatario final? Tanto en el gobierno como en la rama castrense aseguran que esa es tarea de la comisión. Pero los militares añaden que Armamentos Inc contaba con una autorización de la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice. El mismo argumento invoca Virgilio Cartoni, quien dice que la firma de Rice es garantía de que la empresa es confiable.

Aunque efectivamente hay un documento firmado por Rice, éste avala papeles emitidos por el Departamento de Justicia para la transacción y no a las empresas en particular. En todo caso la operación sí contaba con la autorización de las autoridades competentes en EE.UU.

Nueva oportunidad, nuevo problema

Virgilio Cartoni se declara un hombre optimista y con esa actitud enfrentó la primera negativa a Armamentos Inc. Esperaba que todo anduviera sin problemas con Firestar, el comprador que presentó como segunda alternativa. Pero el jueves 13 de septiembre, la comisión decidió postergar su decisión pues los papeles entregados por CyM nuevamente les parecieron sospechosos.

Lo primero que saltó a la vista fue un problema con las fechas. Si la comisión rechazó a Armamentos Inc el 6 de agosto, y CyM fue notificada de ello a mediados de ese mes, ¿cómo se explica que los certificados de destino del nuevo comprador estén fechados el 28 de junio? Se supone que entonces CyM no sabía que debería recurrir a Firestar.

Pero lo más sospechoso para los comisionados fue el certificado de legalización de los papeles en el consulado chileno en Washington: allí aparece otorgado a un tal Pedro Bellicer. “Pareciera que dice Pedro Bello y luego fue cambiado”, especula uno de los integrantes de la comisión, quien reconoce que a estas alturas están mirando todo con lupa. Por eso, devolvieron los antecedentes a la Dirección General de Movilización Nacional –entidad que recibe los originales- para que chequeara si el documento fue o no adulterado.

La sombra de los Contras

El mismo 13 de septiembre la comisión evaluó el permiso de L&R, la empresa que había comprado el segundo paquete de armas del Ejército. Siguiendo el mismo “criterio prudencial”, se optó por negar la autorización de exportar.

El destinatario, Century Arms, aparece en el mismo informe de la OEA y en términos similares. La diferencia es que esta empresa sí compró armas en esa operación, aunque no son las mismas que terminaron en Colombia ilegalmente sino que el proceso fue limpio.

Lo que determinó el rechazo de Century Arms, en voz de uno de los comisionados, fue que “estaba bastante más acreditado que era sospechosa de haber desviado armas a Nicaragua”.

Al buscar en la prensa extranjera, se encuentra una nota publicada en 1988 por el Toronto Star de Canadá, que a su vez cita a The Gazette de Montreal, revelando una declaración secreta a una comisión del Senado estadounidense. En ella, el ex jefe de policía de Vermont y ex gerente de Century Arms, sostiene que esta empresa y Trans World Arms estuvieron involucradas en el envío de granadas, misiles SAM, rifles y municiones a los rebeldes nicaragüense, violando la política de no intervención en las Américas de Canadá (país donde Century Arms tiene una de sus sedes).

Aunque se trata de una de las empresas del rubro más grandes de Norteamérica, Century Arms ha sido ligada durante toda su historia a operaciones oscuras.

El cuestionamiento más reciente surgió en agosto pasado en Guatemala, cuando una investigación de El Periódico denunció que Century Arms había comprado el año pasado 20 mil fusiles del Ejército de ese país como si fueran armas en desuso pese a que nunca habían sido oficialmente caratuladas como fuera de servicio. Century pagó US$ 3 millones. El intermediario fue Girsa, la misma empresa que en 2003 fue identificada por la OEA como la que trianguló las armas a Colombia.

Y peor: según la investigación de El Periódico, las arma vendidas a Century Arms podrían haber terminado en poder de traficante de armas Monzer Al Kassar, quien las habría vendido a las FARC Colombianas. Tras ser apresado en julio en España, el famoso traficante sirio declaró que las armas que le imputaban haber vendido a la guerrilla eran realidad armas de una operación legal con Guatemala.

La investigación periodística ha quedado –por ahora- sepultada por la intensa campaña presidencial guatemalteca pese a que el gobierno reconoció la venta a Century Arms, pero descartó cualquier vínculo con el Al Kassar.

En su web, Century Arms se identifica como “el mayor importador y exportador de excedentes de armamentos y accesorios de Norteamérica”. El 2004, el Rutland Herald, de Vermont, dio a conocer varios vínculos con el tráfico de armas en un extenso reportaje, como la incautación el año 2000 de un enorme cargamento ilegal desde Canadá a Estados Unidos, entre otros antecedentes.

En Chile, Century también exhibe un dato curioso y no investigado. Fue en 2005, cuando durante la investigación del tráfico de armas a Croacia que se logró establecer que en 1991 el Ejército exportó tres cargamentos de armas y municiones dadas de baja como “chatarra” a Century Arms por un total de US$ 900 mil dólares. En ese momento la Dirección de Logística estaba a cargo del misteriosamente fallecido Gerardo Huber. Entonces no existía comisión alguna que investigara esas ventas y menos el verdadero destino final de las armas.