En enero de 2005, el rumor de un falso tsunami movilizó ciudades completas de la VIII Región y generó muertes, accidentes y saqueos. El hecho motivó una investigación del Ministerio Público que determinó responsabilidades de la Armada de Talcahuano: habrían sido funcionarios de esa zona naval quienes malinterpretaron un fax del SHOA y alertaron a familiares, generando alarma y pánico. Sin embargo, tras una investigación, la Fiscalía Naval desestimó las acusaciones. Las pesquisas de la fiscalía regional también dieron cuenta de falta de planificación y competencia del personal civil y naval ante emergencias. Un factor que se repetiría en 2010. En vez de sacar lecciones de la mala experiencia, el falso tsunami de 2005 resultó tan traumático y bochornoso, que autoridades del antiguo gobierno se atreven a confesar en voz baja que ese antecedente rondó en las horas posteriores al terremoto y que bien pudo influir en la indecisión con que se manejó la crisis del 27 de febrero último.
A propósito del Caso Mirage, CIPER pidió a la Cancillería la lista de integrantes de un viaje presidencial a Bélgica en 1992. La respuesta oficial indica que no hubo militares ni activiades relativas a la compra de armamento.
El senador Ávila denunció que durante un viaje presidencial de 1992 a Bélgica hubo una participación “desusadamente numerosa por parte de la FACh”, que podrían haber hecho los primeros contactos para la cuestionada venta de aviones Mirage a Chile. Haciendo uso de la LEy de Transparencia, CIPER ya había consultado a la Cancillería por lo integrantes de dicha comitiva. En la nómina oficial, sólo se menciona a la tripulación FACh del avión y se descarta además cualquier actividad de índole militar.
Una amistad mucho más profunda que la conocida hasta ahora une al ex ministro DC con Bartolomé Dezerega, quien recibió dineros que la justicia belga catalogó como coimas por la compraventa de los Mirage Elkan. Su hijo Alejandro trabajó con Rojas en Defensa y ha sido su socio en una desconocida entidad sin fines de lucro que le vendió estudios a ese ministerio y a otras reparticiones estatales. Este organismo fue creado por Rojas poco antes de dejar el gobierno de Aylwin, junto a tres de sus subsecretarios. Por esa entidad pasó otro de sus amigos: el general (r) Ramón Vega, procesado en el juicio por las coimas. En paralelo, Alejandro Dezerega creó una empresa de asesorías financieras que tiene cuentas en el mismo banco de Miami en que su padre recibió casi US$ 3 millones vinculados a las comisiones ilegales. Cuando el escándalo comenzó a ventilarse, los Dezerega y Rojas vendieron parte de sus bienes raíces.
El ministro Alejandro Madrid sigue arrojando sorpresas. A punto de terminar la pesquisa sobre la extraña muerte de Eduardo Frei Montalva, acaba de concluir una investigación que entrega una nueva versión sobre el robo de una sucursal bancaria en Calama, que terminó en 1981 con dos empleados dinamitados y un botín de $45 millones desaparecido. Los autores, dos agentes de la CNI, fueron fusilados y su jefe, el mayor Juan Delmas, se suicidó. El equipo policial de Madrid descubrió que Delmas fue asesinado por otros hombres de los aparatos represivos para impedir que se develara que el robo fue parte de un plan organizado por la propia CNI para financiarse. Y para ello debieron seguir matando a otros agentes, crímenes que hoy son investigados por un juez de Arica.
Pedro Félix de Aguirre, amigo y consejero de Pinochet, cobró millonarias comisiones por los dos submarinos Scorpene que la Direction de Constructions Navales de Francia y el astillero español Navantia vendieron a Chile a fines de los ‘90. Las comisiones son investigadas ahora por la justicia de Francia. CIPER obtuvo una respuesta oficial de la Armada sobre su rol en la adquisición y el destino de los royalty que recibió en compensación. La revelación fue hecha por el portal de información francés bakchich.info
12 mil fusiles tipo Mauser, similares a los que fueron incautados en octubre en La Legua, estaban listos para ser exportados a Norteamérica. Pero el Ministerio de Defensa, por primera vez, vetó la venta del paquete –que incluía lanzacohetes y fue avaluado en US$ 1,2 millones- porque las empresas compradoras no dieron garantías sobre su destino final. Conozca una sorprendente radiografía al mercado de las armas.
Por Francisca Skoknic, CIPER.
Hace casi un año, este sitio web debutó con una investigación sobre los abusos de las hijas y mujeres de uniformados al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden. Ahora que la Contraloría destapó millonarias irregularidades en Capredena, nuestro reportaje vuelve a dar luces sobre un escándalo que pagan todos los chilenos.
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