Primera solicitud

El día 7 de abril de 2009 CIPER ingresó a la Fiscalía Nacional Económica una solicitud de acceso a información pública, en la que pedía los siguientes antecedentes:
a) Los documentos recibidos por la FNE desde 1995 a la fecha con denuncias o antecedentes relativos a colusión de precios entre cadenas de farmacias o entre cadenas de farmacias y laboratorios productores de medicamentos.
b) Las resoluciones de los fiscales nacionales de la FNE de 1995 a la fecha que no dieron lugar a investigaciones basadas en las denuncias o antecedentes citados en el párrafo anterior.
c) Las resoluciones de los fiscales nacionales de la FNE de 1995 a la fecha que sí dieron lugar a investigaciones basadas en las denuncias o antecedentes precitados.
d) Las resoluciones de los fiscales nacionales de la FNE desde 1995 a la fecha que dieron por terminadas investigaciones sobre posible colusión de precios entre cadenas de farmacias o entre cadenas de farmacias y laboratorios, sin presentar esos casos ante la Comisión Resolutiva Antimonopolios o el Tribunal de la Libre Competencia.

Dos días más tarde, el 9 de abril, el fiscal Enrique Vergara comunicó que la solicitud había sido acogida y nominó como contraparte a la Jefa de Relaciones Institucionales, Mónica Salamanca. Aunque la Ley de Transparencia aún no entraba en vigencia, la FNE decidió responder la petición usando los mecanismos definidos en esa norma, lo que facilitó el procedimiento.

La respuesta a la solicitud, con copia de los documentos, fue recibida el 24 de abril. No obstante, algunos antecedentes afectaban a terceros (generalmente autores de denuncias) los que debían ser informados de su derecho a manifestar oposición a la entrega de los documentos. De los diez terceros consultados, uno se opuso, seis accedieron y tres ya no estaban ubicables en los domicilios registrados en sus denuncias. Respecto de estos últimos, el fiscal resolvió “adjuntar las denuncias, resguardando la identidad del denunciante, a fin de cumplir con el principio de transparencia, pero a la vez vamos a cautelar los derechos de terceros”. Esos documentos se entregaron con los nombres de los denunciantes tarjados.

La respuesta definitiva, con los antecedentes que afectaban a terceros, se recibió el 14 de mayo (Vea los documentos contenidos en esta respuesta, Parte I y Parte II).

Segunda solicitud

El 27 de abril, ya bajo las normas de la Ley de Transparencia (que entró en vigencia el 20 de ese mes), CIPER solicitó a la FNE acceso a la siguiente información pública:
a) El estudio sobre mercado farmacéutico informado por el fiscal nacional económico a la Comisión Preventiva Central en el Oficio 572 del 7 de agosto de 1984.
b) El estudio sobre el mercado farmacéutico informado por el fiscal nacional económico a la Comisión Preventiva Central en el Ord. 475 del 16 de agosto de 1990.
c) El estudio solicitado al fiscal nacional económico Francisco Fernández, en las cartas del 27 de marzo de 2000 y 11 de julio de 2000 suscritas por Raúl Álvarez, presidente de Unfach.
d) Copia de las acciones entabladas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a consecuencia de la investigación ROL 554-03 FNE. Los dictámenes, resoluciones o fallos del TDLC relacionados con esas acciones entabladas por la FNE,
e) Copia de las acciones entabladas ante el TDLC a consecuencia de la investigación ROL 516-03 FNE y de los dictámenes, resoluciones o fallos de ese tribunal originados por estas acciones.

El 14 de mayo CIPER recibió la respuesta del fiscal a la segunda solicitud, con cuatro documentos adjuntos y una referencia para buscar información en un archivo público.

Documentos PDF
Respuesta inicial a primera solicitud.
Contiene:
- Resolución del fiscal del 13.03.08 de inicio de investigación por alza de precios de anticonceptivos que origina proceso por colusión Rol Nº 1129-08.
- Resolución del fiscal del 09.05.03 que acoge denuncia de particular contra laboratorio e inicia investigación.
- Ord. 484, 485, 486, 487, 497 y 503 (todos de julio de 2006). Fiscal informa a denunciantes resultados de investigación Rol Nº 554-03 contra Ahumada, SalcoBrand y Cruz Verde.

Segunda respuesta a primera solicitud (Parte I).
Contiene:
- Denuncia de particular del 10.10.03, por supuesta alza concertada en precio de venta de tres fármacos.
- Denuncia de particular por supuesta concertación de precios en cuatro medicamentos entre Ahumada y Cruz Verde.
- Denuncia de particular del 13.10.04 contra cadenas de farmacias, por supuesta concertación de precios, precios depredatorios y concentración monopólica.
- Denuncias de Raúl Álvarez (Unión de Dueños de Farmacias) del 27.03.00, 04.05.00, 12.02.04 y 08.11.04. Acusa a laboratorios de discriminar a farmacias independientes.

Segunda respuesta a primera solicitud (Parte II).
Contiene:
- Denuncia de Miguel Alfaro Bravo del 05.11.03, contra las cadenas de farmacias por supuesta concertación de precio.
-Denuncia de Carlos Vallejo Mora (Farmacias Independientes de Concepción) del 15.11.04, por discriminación de laboratorios a favor de cadenas de farmacias.
-Denuncia de laboratorio Bestpharma del 25.04.03, por competencia desleal en medicamentos genéricos inyectables.
- Denuncia de Angélica de las Mercedes Lillo Urzúa del 01.09.08, contra SalcoBrand por alza de anticonceptivo.
- Denuncia de Guido Girardi y Gabriel Silber del 02.06.08, contra cadenas de farmacias por alzas de precios excesiva y eventual colusión.

Respuesta a segunda solicitud.
Contiene:
- Ord. Nº 572 de 1984 con el primer estudio sobre mercado de productos farmacéuticos realizado por la FNE.
- Ord. 475 de 1990 con el segundo estudio sobre mercado de productos farmacéuticos realizado por la FNE.
- Requerimiento contra laboratorios con fecha 28.01.2003.
- Resolución 708 del 08.10.2003 sobre el requerimiento anterior.

Vea también:
Farmacias y laboratorios: el prontuario de infracciones a la libre competencia

Desde 1982 los laboratorios y las cadenas han sido “clientes premium” de la FNE, del TDLC y de las antecesoras de ese tribunal: la Comisión Preventiva y la Comisión Resolutiva. Unas 15 resoluciones, dictámenes y fallos -además de decenas de oficios- de estos organismos, han intentado subsanar las distorsiones de este mercado. En concreto, han tratado de obligar a los laboratorios a no ofrecer descuentos a las cadenas que discriminen a los más chicos y que no les sugieran el precio de venta al público, además de exigir a las farmacias que exhiban los precios.

Rodríguez Grez -penalista, reconocido profesor de Derecho, fundador del grupo subversivo Patria y Libertad y defensor de Augusto Pinochet- probablemente vivía días de desencanto cuando en 1982 ingresó su escrito a la FNE. El equipo económico del gobierno militar había puesto proa hacia el libremercadismo de los gremialistas, desestimando las recetas proteccionistas del nacionalismo. A los pequeños y medianos empresarios agrícolas, camioneros, almaceneros, comerciantes, fabricantes de ropa y calzado, no sólo los golpeaba la recesión de los 80, sino que se les venía encima el tren de las importaciones y de la concentración del mercado.

En defensa de los dueños de farmacias independientes, el abogado presentó a la FNE el Memorandum 1153. No fue una quijotada. Su escrito fue el detonante de las normas que desde hace un cuarto de siglo intentan transparentar las ventas de laboratorios a farmacias y de farmacias a consumidores. Normas que gozan de plena vigencia, pero no de buena salud, porque no se cumplen ni se fiscalizan adecuadamente.

Precios sugeridos, facilitadores de la colusión

En 1980 se decretó la libertad de precios para los medicamentos, los que hasta entonces eran vendidos bajo normas que aseguraban al dueño de farmacia una ganancia de 20% a 30%. Ya se había derogado la “Ley del circuito”, que ponía barreras a la entrada del negocio -las farmacias prácticamente se heredaban de padre a hijo- y determinaba que no se podía instalar un local a menos de 400 metros de los ya existentes.

Ese paraíso que permitía a los químicos farmacéuticos llegar a la vejez sin sobresaltos, y que se justificaba por el “rol social” de la farmacia y su sistema de turnos de urgencia, se vio amenazado casi de inmediato por emergentes cadenas que compraban en mayor volumen a laboratorios y droguerías (distribuidores mayoristas). Eran las farmacias del Indio, Santos, Andrade y Chile. Así se llamaban las “cadenas” de entonces que, entre todas, manejaban menos de un 10% del mercado, una minucia comparadas con las de hoy. Aún así, la concentración metía miedo.

El memo de Rodríguez cayó en tierra fértil: el escritorio de Waldo Ortúzar. Fiscal nacional económico de la época, Ortúzar también fue férreo defensor de asegurar el derecho a competir de las pequeñas y medianas empresas. Ya en 1978 se había asentado una de las piedras angulares que hoy se esgrime para perseguir la colusión de FASA, Cruz Verde y SalcoBrand. Ese año, la Comisión Preventiva (antecesora del TLDC) prohibió a cosméticos Avon sugerir a los minoristas el precio de venta al público:

“Toda sugerencia o recomendación de precio al público hecha por el productor o proveedor al comerciante que compra sus bienes para revenderlos, es objetiva y formalmente contraria a las normas sobre libre competencia”, se lee en el dictamen de la Comisión Preventiva Nº 171 / 96.

Abogados de estudios especializados en libre competencia y que han representado a laboratorios, estiman que el mismo mercado la ha convertido en una norma obsoleta: “La sugerencia de precios hoy es una práctica válida, muy aceptada en Europa y en Estados Unidos, sobre todo cuando una compañía productora pone en juego su imagen. Por ejemplo, en el mercado de los perfumes, que tienen una gran inversión de posicionamiento de marca, es válido que sugieran el precio de reventa, porque un precio muy bajo puede afectar su imagen”.

No obstante, aunque el proveedor argumente que sólo busca proteger bienes asociados a su marca -como imagen y prestigio-, el dictamen de 1978 es taxativo en prohibir “aún cuando los propósitos perseguidos por quien formula la sugerencia no contemplen la uniformidad en los precios”.

Una fuente ligada a FASA considera cuando un laboratorio tiene posición de mercado, la sugerencia de precios se puede transformar en un elemento distorsionador. Además, la sugerencia “genera incentivos para que se cumpla con esos precios y, por lo tanto, genera incentivos para interactuar”. Si bien en FASA estiman que en el actual caso de colusión esto no fue relevante, sí lo fueron los incentivos a vendedores y ejecutivos de las cadenas por obtener rentabilidad de grupos de productos, lo que los llevó a actuar coordinadamente con los laboratorios para terminar con la “guerra” y subir los precios al mismo tiempo.

Los laboratorios, dice la misma fuente, sugieren porque saben que “si el precio es mayor o menor, puede cambiar la decisión de compra. Les conviene porque logran encadenar precios para distintos segmentos y también para sacar nuevos medicamentos”. Pone el ejemplo de dos anticonceptivos similares, del mismo laboratorio, pero orientados a públicos diferentes, uno más caro que el otro. Si las farmacias cambian esa relación de precios y bajan drásticamente alguno, la inversión del laboratorio en posicionar segmentadamente sus dos marcas queda arruinada. Es una de las razones, dicen en el entorno de FASA, por las que el proveedor intenta mantener el control del precio. El problema, comenta una fuente ligada a los laboratorios, es que las farmacias no toman en cuenta las sugerencias y se enfrascan en guerras que primero desploman los precios y luego los suben, dando la sensación de que son muy caros, “matando el producto”

Más allá de que algunos abogados y economistas consideren que el mercado ya validó la sugerencia de precios y que la norma, en la práctica, está obsoleta, lo cierto es que está vigente, y no sólo para el mercado farmacéutico. El último caso acogido por los organismos antimonopolios es de 2001, cuando el dictamen 1160 y la resolución 626 obligó a las empresas de comida para mascotas Pet Market y IAMS Eukanuba dejar de sugerir precios a los minoristas.

Reservadamente, el fiscal nacional económico, Enrique Vergara, ha recalcado ante su equipo que para la FNE el mercado se rige por normas y no por costumbres. Lo plasmó en su requerimiento de diciembre de 2008, al explicar cómo se coordinaron las alzas de medicamentos: “Iniciar este proceso de alzas no fue, por lo demás, particularmente difícil, pues bastó con aprovechar las listas de precios de los laboratorios, que incluyen los precios de venta a público sugerido (PVPS) pues, pese al reproche que ha merecido en esta sede –v.gr., Dictamen N° 383/1983 de la H. Comisión Preventiva Central-, es práctica generalizada en la industria que los laboratorios remitan sus listas de precios, incluyendo tales sugerencias”.

Por eso resultó sorprendente que las defensas de SalcoBrand y Cruz Verde confirmaran ante el TLDC, al responder la actual denuncia de colusión, que es común que los laboratorios les sugieran precios. En la página 26 de su respuesta al actual requerimiento de la FNE, la defensa de SalcoBrand señala: “Sólo de manera azarosa los precios sugeridos por los laboratorios se han traducido en precios efectivos de Salcobrand S.A. (…) las conductas de sugerencia de precios y de coordinación y monitoreo de variaciones de precios por parte de los laboratorios, no pueden ser entendidas como sintomáticas de un acuerdo de alza”.

“La sugerencia en sí misma, no es reprochable”, opina un abogado que ha sido consultado por laboratorios que podrían verse comprometidos en la investigación de la FNE.

-Lo reprochable -continúa el profesional- sería que a través de la sugerencia lo que realmente se esté haciendo sea coordinar precios. Creemos que no es el caso de los laboratorios que nos han consultado. No hay exactamente una coordinación, en el sentido de que un ejecutivo del laboratorio tuvo un rol para organizar los precios, sino que hay correos electrónicos que estarían en manos de la FNE del tipo “tal cadena está dispuesta a comprar a tanto y vender a tanto”, que es más bien parte del regateo.

Con la firma de Larroulet

La sugerencia de precios no se hace a los dueños de farmacias chicas, sino sólo a las cadenas. Eso, a juicio del presidente de la Unión de Dueños de Farmacias (Unfach), Raúl Álvarez, demuestra que siempre ha operado un entendimiento entre algunos laboratorios y las cadenas de farmacias al margen de las normas que han dictado los organismos antimonopolio. Efectivamente, las regulaciones que se han impuesto apuntan a que las ofertas de precios y condiciones de pago de los laboratorios no discriminen entre farmacias grandes y pequeñas. Eso se traduce en la obligación de los laboratorios de mantener las listas de precios y las condiciones de venta en exhibición, para que todos tengan acceso a la misma escala de descuentos.

-Las normas dicen que no puede haber un trato preferente o discriminatorio, porque los laboratorios deben tener una política pública de descuentos y ofrecerla a todos por igual. La escala de descuentos debe ser razonable, porque es lógico que los que compran en mayor volumen obtengan un descuento mayor, pero no al punto de que después puedan vender al público bajo el precio de costo al que compran muchos que sólo alcanzan el primer tramo de esa escala-, dice una fuente del Ministerio de Salud que ha proporcionado material a la FNE.

La denuncia que hizo Rodríguez Grez en 1982 indicaba que había proveedores que hacían descuentos sin criterios objetivos, incluso pactados verbalmente, que resultaban discriminatorios para algunos detallistas. Su memo le dio oportunidad al fiscal Ortúzar de realizar un extenso estudio del mercado farmacéutico en 1983, que incluyó una encuesta a los laboratorios. El trabajo lo hizo la Unidad de Investigación Económica de la FNE y sus resultados fueron comunicados por Ortúzar a la Comisión Preventiva en el Oficio 572.

Las conclusiones del estudio dieron pie para que la Comisión Preventiva emitiera el dictamen 436 / 811, el que hasta hoy es un pilar de la regulación a la que se somete este mercado. Firmado por un Cristián Larroulet que a los 30 años ya actuaba como presidente de la comisión (actualmente dirige el Instituto Libertad y Desarrollo), el dictamen hizo suyas las conclusiones del sondeo:

• No había “objetividad en las escalas de descuentos” por plazo de pago y muchas veces esas escalas se incumplían
• Las escalas de descuento por volumen eran “discriminatorias y no objetivas”.
• Había diferencias excesivas en todo tipo de descuentos máximos y mínimos, “que impiden o entorpecen la competencia entre los revendedores”.
• Discriminación explícita: algunos laboratorios tenían “condiciones escritas distintas para mayoristas y minoristas, cualesquiera que sean las condiciones de pago y volumen”.
• Ausencia de información: Algunos laboratorios informaban las condiciones de venta sólo a través de sus vendedores (“Incluso, se califica como confidencial la información”).
• La competencia basada en el porcentaje de descuentos provocaba “un alza artificial en el precio neto de los productos”.
• Los sistemas de comercialización perjudicaban a las farmacias pequeñas y a los consumidores, “a los que no se trasladan los descuentos que obtienen algunos establecimientos”.

Para reparar la situación, la Comisión Preventiva dictaminó que en adelante los laboratorios y las farmacias debían cumplir con las siguientes obligaciones:

• Los laboratorios deben mantener una lista de precios única y pública (precio base de contado sin descuentos), que debe ser ofrecida a todas las farmacias, grandes o pequeñas.
• Los laboratorios deben establecer condiciones de venta -descuentos y ofertas, por volumen o plazo de pago- precisas, generales, razonables, no discriminatorias (es decir, ofrecidas por igual a farmacias grandes y pequeñas) y públicas.
• Los laboratorios deben eliminar las ofertas combinadas y ventas atadas.
• Las farmacias deben exhibir el precio de venta al público en cada uno de los envases de los productos o “confeccionar la información de un modo razonable para el conocimiento del público”. El precio exhibido “debe ser real, esto es, el precio al que se ofrece la mercadería y que verdaderamente se cobra al consumidor”.

Larroulet declinó comentar con CIPER los alcances del dictamen que rubricó en 1983 y que defendía con entusiasmo el derecho de los pequeños empresarios a gozar de los beneficios de la libertad de competencia y que resultó premonitorio sobre los riesgos de la concentración del mercado. Mirando el comportamiento del rubro en la actualidad, sólo preguntó: “¿Todavía está vigente?”. Tras recibir con cierta sorpresa la respuesta positiva –las normas se actualizaron en una resolución del año 2001 y hubo laboratorios multados en 2005-, se excusó de hablar por el largo tiempo transcurrido.

El factor Cruz Verde

El mismo año en que se emitió el dictamen 436 / 811, nació en Valparaíso la sociedad conformada por Inversiones Mobiliarias Cerro Alegre y Sociedad Comercial Farmacéutica (Socofar), la que en 1985 adoptaría el nombre de Farmacias Cruz Verde Ltda. Al año siguiente, el grupo ya estaba en la mira de la FNE.

En 1986, la fiscalía acogió una denuncia de 24 farmacias de la Región de Valparaíso contra Socofar (distribuidora de medicamentos y representante legal de Cruz Verde) por “discriminación”. Se le acusaba de ofrecer mejores precios a sus locales relacionados y no hacer extensiva esa oferta a todo el mercado. Socofar se defendió asegurando que las diferencias no se debían a una oferta discriminatoria, sino a que había suscrito con algunas farmacias un “contrato de mandato mercantil” por el que compraba productos para estos locales cobrándoles una comisión que se calculaba al final de cada mes. La Comisión Resolutiva desistió de multar a Socofar, pero le ordenó “hacer pública y de general aplicación la modalidad de distribución que ha adoptado con las farmacias relacionadas”.

Con el retorno de la democracia, la Unfach elevó sus quejas al flamante ministro de Economía, Carlos Ominami, quien accedió a solicitar a la FNE un segundo estudio general del mercado farmacéutico en 1990. El sondeo estableció que no había grandes distorsiones, pero la Comisión Resolutiva insistió en mantener las regulaciones para evitar ofertas de laboratorios que discriminaran en favor de las cadenas. La calma duró poco.

En 1993 Cruz Verde desembarcó en Santiago con una agresiva política de precios bajos que desató una guerra animada por la cadena porteña y las capitalinas Ahumada, Salco y Brand.

-Todos vendían medicamentos incluso bajo el costo al que los compraban a los laboratorios -señala una fuente de la FNE de esa época- y decían que no era problema por su modelo de negocios, porque los medicamentos son sólo una parte de los productos que venden y no necesariamente la más importante. A diferencia de la farmacia tradicional, son pequeños supermercados que venden hasta leche, pañales, revistas, bebidas, cosméticos y un sinnúmero de cosas. Entonces aseguraban que el balance final era azul.

Hasta hoy las cadenas argumentan que pueden vender ciertos grupos de medicamentos bajo el costo en determinadas campañas promocionales, porque la rentabilidad está en otros productos. Pero, más allá de si el balance final es positivo, existe el antecedente de una farmacia que fue requerida por la FNE, a solicitud de la Comisión Preventiva, por afectar la libre competencia al vender sólo un par de productos bajo el costo. El caso ocurrió en 1988 y fue protagonizado por la farmacia Marsil, que vendía los medicamentos Aspirina y Mejoral con precios bajo el costo al que nominalmente los adquiría. La comisión también pidió requerimientos contra los laboratorios Sydney Ross y Bayer, por facturar a Marsil “con descuentos especiales no ofrecidos por dichos laboratorios en forma pública al resto de sus clientes”.

-Vender bajo el costo -opina un abogado experto en competencia- puede ser una conducta de “precio depredatorio”, que está prohibida en las normas de libre competencia. No se puede vender bajo el costo de manera permanente, cuando se persigue una posición de dominio en el mercado o desbancar a la competencia. Pero la doctrina y la jurisprudencia han aceptado que se venda bajo el costo cuando es una oferta por estacionalidad, liquidación de stock, introducción o posicionamiento de un producto, pero siempre que sea por un periodo acotado.

Tal como ocurrió con FASA en el caso de colusión actual, la guerra de 1993 terminó con una cadena confesando a la FNE que había participado en una coordinación de precios con la competencia. Esa vez fue Cruz Verde. Alegó que había sido “presionada” por la competencia, como se lee en la Resolución 432 que terminó con multas para todas las cadenas, incluida la que se autoinculpó.

Fuentes de la FNE de esa época dicen que cuando Rodrigo Asenjo asumió como fiscal en marzo de 1994, se encontró con que los representantes de Cruz Verde tenían una relación cercana con algunos funcionarios de la fiscalía -como sucedía con la subfiscal Eliana Carrasco- fundada en que ellos habían confesado la colusión y pretendían tener ingerencia en la forma en que se llevaba la indagatoria.

Asenjo -a diferencia de lo que ha pasado con la investigación actual- separó aguas radicalmente de la cadena que destapó la colusión. No sólo desestimó ofrecerle algún acuerdo, sino que prohibió a sus subalternos reunirse con representantes de cadenas y dejó que el tribunal (en ese caso la Comisión Resolutiva) evaluara si Cruz Verde merecía algún gesto de benevolencia. Lo tuvo. Sus tres competidoras fueron multadas con 2 mil UTM y la cadena porteña sólo con mil UTM. Un dato curioso es que la resolución lleva la firma del abogado Pedro Mattar, quien entonces integraba la comisión, luego fue fiscal y ahora es defensor de Cruz Verde.

El tercer estudio

Con el gobierno de Ricardo Lagos, llegó a la cabeza de la FNE Francisco Fernández. La Unfach lo bombardeó con antecedentes sobre supuestas irregularidades entre laboratorios y cadenas. El 27 de marzo de 2000, a sólo dos semanas de iniciada la gestión del nuevo gobierno, la Unfach le envió una extensa carta en la que exponía diversos ejemplos de descuentos y promociones que ofrecían los laboratorios a las cadenas y no a las farmacias independientes, además de entregar antecedentes sobre el incumplimiento de las normas que obligan a los laboratorios a informar sus precios y condiciones de venta.

Fernández, en sus oficios 1047 (del año 2000) y 767 (del 2001), informó a la Comisión Resolutiva las denuncias de la Unfach acerca de “numerosas situaciones y conductas de la industria farmacéutica que perjudican a las pequeñas y medianas farmacias”, las que en lo principal quebrantaban las disposiciones acerca de transparencia en los precios, no discriminación en las condiciones de venta y prohibición de sugerir precios. La Comisión Resolutiva le solicitó una encuesta para determinar la veracidad de la denuncia. Tras este tercer estudio general del mercado farmacéutico, el fiscal informó: “Los antecedentes fundamentan la presunción de conductas anticompetitivas por parte de las farmacias de cadena, que se expresan en variaciones sistemáticas de sus precios por sobre las del IPC y la escasa diferenciación de precios entre las distintas cadenas”.

Producto del estudio, el fiscal propuso a la Comisión Resolutiva que se dictara un instructivo general para el mercado de los medicamentos, el que finalmente se concretó en la Resolución 634, de 2001. En lo medular actualiza las disposiciones del antiguo dictamen 436/811, estableciendo que los laboratorios deben exhibir en sus oficinas y en sus páginas web la lista de precios de sus productos, duración de las ofertas, tasa de interés aplicada al crédito, descuentos por plazo de pago y escala de volúmenes con sus porcentajes de descuento, entre otras cosas. Por último, ordena que “los proveedores facturen de forma específica, y separada de otros pagos, los que efectúen por concepto de comercialización (vitrinaje, promociones u otros)”.

Se trata de una resolución que siempre ha sido resistida por la industria farmacéutica. El último intento por modificarla ocurrió en 2006, cuando el TDLC rechazó una solicitud de la Asociación de Industriales Farmacéuticos Chilenos (Asilfa) que pretendía flexibilizar las regulaciones.

Entre los abogados ligados al tema de la competencia también hay quienes creen que la norma está obsoleta y que incluso puede inducir a su incumplimiento. “Pone un rol a los proveedores, con lo cual las negociaciones pasan a hacerse bajo la cuerda. Los precios (declarados) pasan a ser de papel porque siempre hay mil mecanismos para evadir la norma”, asegura un abogado que ha defendido a cadenas farmacéuticas.

Un año después de emitida la resolución, en 2002, cuando la FNE ya estaba en manos de Mattar, se fiscalizó su aplicación. La FNE solicitó a la Comisión Resolutiva que sancionara por incumplimiento a Andrómaco, Pharma Investi, Merck Sharp & Dome, Abbott, Bristol Meyers Squibb y Bestpharma. La comisión Resolutiva no los multó, porque consideró que las actas de los inspectores no expresaban un criterio objetivo, debido a que no se estableció previamente qué se entendería por “demora en la entrega de la información” o “cuándo se considera que la información entregada es parcial”. El único juez que integraba la comisión, el ministro supremo Adalis Oyarzún, fundó su voto disidente en que las justificaciones de los laboratorios “carecen de fundamentación seria” y estuvo por fijar las multas en 500 UTM.

Precios que enferman

La Unfach dirigió a lo menos seis cartas a Mattar -quien se desempeñó en la FNE hasta mayo de 2006-, le solicitó audiencia y acceso al estudio de mercado que había hecho su antecesor en 2001, peticiones que -según cuenta Raúl Álvarez- no tuvieron respuesta.

En sus denuncias, la Unfach presentaba casos de descuentos y promociones que los laboratorios hacían con cadenas y que -a pesar de las normas de 2001- no se ofrecían a las farmacias pequeñas. Algunos laboratorios publicitaron que por cada tres frascos de un medicamento el consumidor tendría un cuarto gratis si los compraba en una cadena determinada. Otros hicieron acuerdos con instituciones de adultos mayores a los que ofrecían descuentos si compraban sus productos en una cadena específica. En algunos centros de salud o clínicas los médicos ponían en sus recetas un código de barras para que el paciente comprara en una cadena con descuento.

En 2004 un estudio de la gubernamental Comisión de Reforma de la Salud, determinó que “en los últimos cinco años (1999-2003) el costo de la vida (IPC) en Chile ha aumentado 14,07%, sin embargo, el precio promedio de los medicamentos ha aumentado en 63,46% (…) la misma tendencia al alza ocurre en las ventas al por mayor, en consecuencia, no son sólo las cadenas de farmacias quienes han contribuido a provocar esta alza, sino también los laboratorios”.

Al año siguiente la FNE fiscalizó en los laboratorios el cumplimiento de las normas sobre publicidad de precios y condiciones de venta. Esa vez la mano fue más dura y la Comisión Resolutiva terminó multando a Socofar (de Cruz Verde) y Abbott con 80 UTA (Unidades Tributarias Anuales), lo que ese año equivalía a $29.095.680; a Pharma Investi con 40 UTA ($14.547.840); a Sanderson con 30 UTA ($10.910.880) y a Recalcine con 10 UTA ($3.636.960).

La mano podría seguir endureciéndose ahora para los laboratorios. De hecho, el Ministerio Público abrió una causa penal por la colusión, en la que ha incautado documentación de cinco laboratorios, según informó La Tercera el miércoles 13 de mayo. CIPER solicitó entrevistas a nueve gerentes generales de laboratorios, pero sólo uno accedió. Se trata de José Plubins, máximo ejecutivo de Bagó, quien finalmente suspendió la entrevista el mismo día en que estaba programada. Su secretaria dijo que se enfermó. Esa misma mañana La Tercera había informado que el Ministerio Público allanó Bagó y retiró un computador de su área comercial.

Multimedia

Una empresa del holding de los Harding vendió 1,4 toneladas de efedrina a un laboratorio sospechoso de desviar la sustancia a la fabricación de drogas ilícitas, agravando los problemas de los dueños de Farmacias Cruz Verde. La Fiscalía Occidente incautó desde las oficinas de una de sus empresas toda la documentación de la venta. La investigación continúa sin que hasta ahora se hayan encontrado vínculos de la empresa con algún delito.

El escándalo por la acusación de colusión entre tres cadenas de farmacias para subir los precios de más de 200 medicamentos tiene a Cruz Verde y a sus dos competidoras, FASA y Salcobrand, en medio del huracán. Al proceso que instruye el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) se ha sumado una seguidilla de acciones judiciales iniciadas por consumidores que se sienten afectados por el alza de productos de primera necesidad y que exigen reparación. Pero para los propietarios de Cruz Verde hay más problemas. El holding de la familia Harding se acaba de ver afectado por un importante caso de tráfico de drogas.

La historia se desencadenó en la tarde del lunes 23 de marzo cuando un equipo de detectives y funcionarios de la Fiscalía Occidente llegaron hasta las oficinas de Munnich Pharma, empresa farmacéutica propiedad de los Harding. La orden que llevaban era clara y precisa: incautar todos los antecedentes vinculados a la venta a Laboratorios Arama de 1,4 toneladas de efedrina, sustancia utilizada como precursor químico para la fabricación de drogas sintéticas, cuyo consumo y venta está prohibido.

La diligencia policial fue una de las tantas ordenadas por la Fiscalía Occidente en la investigación de la llamada “Operación Cristal”, que ese mismo día se desplegó en varios puntos de Santiago y que culminó con el hallazgo de la sustancia en una bodega de Recoleta. El local pertenecía a la empresa Biotonic y era arrendado por Laboratorios Arama. Seis personas resultaron detenidas.

El fiscal Emiliano Arias explicó a CIPER que el rol de Munnich Pharma en este caso se limita a la importación y posterior venta de 1,4 toneladas de efedrina a Arama durante el 2008, y que no se han encontrado antecedentes que vinculen a la empresa de los Harding con el delito de desvío de precursores. De allí que, hasta ahora, las diligencias vinculadas a Munnich Pharma se hayan limitado a la incautación de la documentación relativa a la transacción. Pero el fiscal también informó que todavía queda mucho por investigar ya que las pesquisas incluyen toda la cadena de hechos que debería haber finalizado con el envío de la sustancia a México.

Según Arias, Arama pagó a Munnich $30 millones (aproximadamente US$ 50 mil) por la efedrina, que estaba embalada en sacos de 25 kilos contenidos en 60 tambores. El valor del mismo producto puesto en México podría llegar a los US$ 13 millones.

Un profesional vinculado a la actividad de Cruz Verde fue enfático en señalar a CIPER que no hay nada irregular en la venta a Arama, de quien Munnich era proveedor regular. “Lo que haya pasado después con la efedrina no es responsabilidad de la empresa. Es la autoridad la que debe fiscalizar, no quien vende el producto”, sostuvo.

“Droguería Munnich Limitada” o “Munnich Pharma Medical Limitada” son dos de los nombres que pueden usar “Guillermo Harding y Compañía Limitada”. Según se publicó en el Diario Oficial el 29 de diciembre de 1998, los socios de esta compañía son Socofar (99%) y Guillermo Harding Alvarado (1%), y funciona con los tres nombres indistintamente. De hecho, en los archivos de Dicom, tanto “Guillermo Harding y Cía” como “Droguería Munnich” aparecen operando bajo el mismo RUT (80.447.400-5). La sociedad, de acuerdo con el extracto publicado en el Diario Oficial del 5 de enero de 1995, es propietaria del 10% de Farmacias Cruz Verde (el 90% restante es de Socofar, el holding del grupo).

Una importación masiva

A pesar de que la conexión entre los dueños de Cruz Verde y la investigación judicial por el tráfico de efedrina apenas ha sido mencionada por los medios, el hecho es parte del comidillo de la industria farmacéutica en estos días. Lo que llama la atención es el gran volumen de efedrina importado por Munnich Pharma el año pasado, dato que fue confirmado por CIPER gracias a antecedentes de tres organismos oficiales.

De acuerdo a los datos recopilados, durante 2008 se importaron a Chile 2,3 toneladas de efedrina, toda de origen indio. De ese total, empresas vinculadas al holding de los Harding adquirieron 1,6 toneladas, es decir, el 68% del total nacional. Al menos el 87,5% de lo importado por Munnich Pharma fue vendido a Arama.

Los otros laboratorios que importaron efedrina el 2008 fueron Reutter (600 kilos), Sanderson (30 kilos), Laboratorio Chile (50 kilos), Biosano (30 kilos) y Pasteur (20 kilos). En los tres años anteriores Munnich no trajo al país más de 300 kilos, pero otras empresas sí importaron volúmenes mucho mayores.

De acuerdo a la Ley de Drogas, todos aquellos que “produzcan, fabriquen, preparen, importen o exporten precursores o sustancias químicas” que sirvan para producir estupefacientes o sicotrópicos, deben estar inscritos en un registro que maneja el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace). Y la efedrina forma parte de las 65 sustancias que califican según la ley. Actualmente hay 137 empresas inscritas en el registro, entre ellas Munnich Pharma. Cada vez que una empresa importa efedrina, debe informar al Conace y actualizar el registro. Posteriormente también se deben informar las ventas de los fármacos importados, pero en este caso no se exige a sus compradores estar registrados.

La misma normativa obliga a los importadores a “informar inmediatamente a las autoridades competentes de cualquier operación de la que sean parte y sobre la cual tengan certeza o indicio que sustancias químicas controladas puedan ser desviadas para la fabricación ilícita de drogas, absteniéndose de realizar la operación sin efectuar previamente dicha comunicación”. Sin embargo, la disposición tiene dos debilidades mayores. Por un lado, es difícil concluir que una empresa tuvo sospechas de un ilícito y no lo comunicó; por otro, el no cumplir la disposición no tiene ninguna penalidad.

La evidencia del vacío legal que surgió con el descubrimiento de la “Operación Cristal”, hizo que las autoridades reaccionaran anunciando posibles cambios a la normativa. Entre ellos se menciona la prohibición del uso de efedrina en los recetarios magistrales así como condicionar la venta de medicamentos que incluyan esa sustancia a la retención de la receta. Otra modificación sería el uso de nuevas herramientas que permitan una mayor trazabilidad (rastreo de toda la cadena de comercialización) de la efedrina desde el momento de su importación.

Las modificaciones legales en estudio buscan reducir la posibilidad de desvíos para la elaboración de drogas ilícitas. Y ello, porque además de adelgazantes y unos pocos medicamentos autorizados, es en esa producción donde se canaliza mayoritariamente el uso de efedrina. El ministro de Salud, Álvaro Erazo, afirmó que incluso se estudiaría la posibilidad de prohibir completamente la efedrina, para lo cual se analizaría su reemplazo en la fabricación de fármacos medicinales contra el asma, la tos y la gripe.

Según explica el jefe de Control y Sustancias Químicas del Conace, Eduardo Zúñiga, desde hace ya un par de años las autoridades estaban preparadas para el fenómeno de la efedrina ante la información de lo que estaba ocurriendo en otros países. De hecho, se creó una mesa de trabajo sobre precursores químicos en la que participan las policías, el Conace, el Ministerio Público y el Instituto de Salud Pública, entre otros. Fue a fines del año pasado y en esa instancia que la institución hizo ver el notorio aumento de las importaciones de la sustancia que había registrado una de las empresas.

A ello se sumó que por esa misma época, la Policía de Investigaciones fue alertada por el descubrimiento en México de un cargamento de efedrina cuyo origen sería Chile. En diciembre la Fiscalía Occidente comenzó la investigación de la “Operación Cristal” con el apoyo de la Brigada Antinarcóticos del Aeropuerto. Las interceptaciones telefónicas de los implicados jugaron un rol clave en las pesquisas. De acuerdo a la versión entregada por la fiscalía, el 11 de marzo se realizaría un nuevo envío a México y su desarrollo empezó a ser vigilado por las policías de ambos países. Se suponía que traficantes recibirían el envío en el aeropuerto de Ciudad de México, pero nunca llegaron.

Se cree que lo que abortó la operación fue un hecho no planificado ocurrido en Santiago ese mismo día. Tres mexicanos fueron detenidos luego de que intentaran enviar 111 kilos de efedrina por correo aéreo a su país. La noticia se divulgó rápidamente y se presume que alertó a los destinatarios del otro cargamento que ese día volaba rumbo al Distrito Federal mexicano. Si bien se sospecha que los sujetos detenidos en Santiago podrían estar ligados a los mismos traficantes de la “Operación Cristal”, hasta ahora no está claro cuáles son los nexos.

Mientras la investigación continúa, en el Conace también están alertas. El jefe de Control y Sustancias Químicas de la entidad explica que a partir de 2002 México vive un grave problema de tráfico de efedrina debido a su uso en la producción de metanfetaminas. Las drogas sintéticas se masificaron rápidamente y hoy, según datos de la ONU, se consumen más drogas sintéticas en el mundo que la suma de cocaína y heroína. Ante esa explosión, las autoridades de México intentaron restringir la venta de efedrina hasta decretar su prohibición en 2008. Entonces, el tráfico empezó a hacerse a través de países del sur, como Argentina, donde la penetración de las mafias mexicanas se ha transformado en un grave problema.

En Chile el problema recién comienza a mostrar indicios, pero aún no se ha comprobado la extracción de la efedrina desde medicamentos autorizados, como en México. El consumo también es mínimo. Según las encuestas del Conace, el medio local no registra una penetración masiva de metanfetaminas y sólo hay un 0,1% de prevalencia de consumo de drogas sintéticas en el país.

Mientras la nueva guerra de las farmacias recién comienza en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, los consumidores pueden ahora, a la luz de los documentos aportados en su confesión por Farmacias Ahumada (FASA), ver cómo sus bolsillos perdieron en la colusión con Cruz Verde y Salcobrand. CIPER elaboró a partir de esos antecedentes un listado de medicamentos y las alzas que experimentaron. Además, entrega el sistema “muy planificado, casi matemático” utilizado para subir sincronizadamente los precios que reveló FASA en una minuta.  Y desde tribunales, otra batalla entre Cruz Verde y FASA aporta otros datos que hacen más complejo el escándalo.

La nueva guerra de las farmacias parece estar recién comenzando. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) prepara con extremo sigilo las pruebas para el proceso que lleva a cabo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), pero ya ha mostrado sus primeras cartas. El detallado requerimiento por colusión que presentó en diciembre contra Cruz Verde, Salcobrand y Farmacias Ahumada (FASA) da cuenta de que antes de la confesión de esta última el fiscal Enrique Vergara ya tenía bastante claro cómo habían operado las cadenas que concentran el 90% del mercado de venta de medicamentos en Chile para concertar sus alzas de precio.

Luego, ya con la colaboración de FASA, el tribunal recibió un completo reporte con los movimientos de precios en el período en que las cadenas se habrían coludido por intermedio de laboratorios: entre noviembre de 2007 y abril de 2008. Las fechas están enmarcadas por dos hechos importantes en esta trama. Antes de iniciarse la colusión, la guerra entre las empresas del rubro había llegado a su punto más álgido. Dejando de lado a Salcobrand, FASA y Cruz Verde se enfrentaban a muerte en el 17º Juzgado de Civil.

Fue en agosto de 2007 que los consumidores fueron bombardeados por una campaña publicitaria cuyo lema era “Desafío Cruz Verde, Precios Bajos sin Competencia”. En ella, Cruz Verde comparaba una lista de sus precios con los de FASA, concluyendo que éstos últimos eran mucho más caros. Indignada, su competidora la demandó por US$ 15 millones, acusándola de competencia desleal. El 6 de noviembre de 2007 el tribunal admitió una medida precautoria y ordenó cancelar la campaña. Coincidencia o no, por esa misma fecha FASA reconoce que comienza la colusión. Pese a que hay quienes consideran este hecho como el punto de partida, profesionales cercanos a ambas empresas lo dudan, pues la relación siguió siendo muy tensa, con millonarios gastos en estudios mientras el juicio avanzaba sin respiro, hasta hoy, cuando está a punto de fallarse.

El fin del acuerdo de colusión también habría sido gatillado por hechos externos a las compañías. Según el escrito presentado por la FNE, la concertación de precios sólo se detuvo en abril de 2008, luego de que la fiscalía citara a los gerentes generales y comerciales de las empresas involucradas para que declararan sobre las alzas de precios.

El cronograma según FASA

La confesión de FASA incluyó la entrega de una serie de documentos al TDLC. Además de los gráficos de precios que están disponibles en el sitio web del tribunal (Ver recuadro), la compañía entregó una minuta explicativa de las alzas de los precios. Como añade una fuente ligada a la compañía, es ahí donde se puede ver que todo fue “muy planificado, casi matemático” gracias a que los laboratorios transmitían la información entre las cadenas.

“El cronograma deja en evidencia que tal mecanismo de alza de precios resultó de una coordinación entre las tres cadenas de farmacias requeridas. En suma, tal mecanismo consistió en que, para una determinada lista de medicamentos, una cadena de farmacias (muy habitualmente Salcobrand) subía el primer día los precios del conjunto de los medicamentos de la lista; al segundo día, cada una de las otras dos cadenas de farmacias (habitualmente FASA y Cruz Verde) subía el precio de un subconjunto (cerca de la mitad) de los medicamentos de la misma lista; y al tercer día, estas otras dos cadenas subían respectivamente los precios del subconjunto de productos cuyos precios no habían alzado el día anterior. Esto daba por resultado que, habitualmente, al tercer día hábil, los precios se habían alineado al alza entre las tres cadenas. Este sistema, con ciertas variaciones, se aplicó en el período señalado por parte de FASA, Salcobrand y Cruz Verde para parte importante de los medicamentos identificados en el requerimiento de la FNE”, dice la minuta de FASA a la que CIPER tuvo acceso.

En la siguiente imagen, se puede ver cómo operaba en la práctica:

Siguiendo la argumentación pública de FASA, en cuanto a que los máximos ejecutivos no sabían de la colusión, una persona ligada a la empresa asegura que fue a la luz de dicho cronograma que se dieron cuenta de que sí estaban involucrados. De acuerdo a la misma versión, FASA había establecido una política de “seguidor de precio”, es decir, a través de distintos estudios igualaba a sus competidores. Sin embargo, como se puede apreciar en la línea 307 de la planilla Excel hecha por la compañía (Ver documento), hay ciertos precios que primero fueron subidos por FASA y luego imitados por la competencia, lo que demostraba que la empresa sí había liderado algunas de las alzas.

De acuerdo a la misma minuta, la información que sustenta los análisis de precios fue recopilada en base a las boletas de las otras cadenas de farmacias a partir de las encuestas ordinarias y extraordinarias, encuestas que fueron personales o mediante consultas telefónicas y se reflejaron en archivos de respaldo internos de FASA

Fasa también entregó gráficos de la evolución de los precios de los remedios en las tres cadenas. Algunos de los más importantes se pueden ver en la siguiente infografía presionando con el mouse el nombre del medicamento. En ellas se muestra en verde el “Precio de Venta al Público” (PVP) de Cruz Verde, en azul el de Salcobrand y con una línea roja el de Fasa:

Si bien Cruz Verde y Salcobrand han negado enfáticamente haber tomado parte en la colusión que confesó FASA, los documentos aportados por esta última no ayudan a ninguna de las tres compañías. En total, FASA identifica 298 alzas para 220 medicamentos, pues en algunos casos los precios subieron más de una vez. A partir de la información entregada por FASA sobre los precios encuestados en SalcoBrand y Cruz Verde, CIPER elaboró una nueva tabla en la que es posible seguir la evolución en el tiempo de cada uno de los medicamentos (Ver documento). Ahí se aprecia, por ejemplo, la evolución del anticonceptivo Marvellon-20 para pasar de $2.666 el 24 de diciembre a $8.749 el 25 de enero en Cruz Verde.

Breve colusión, grandes ganancias

En su requerimiento ante el TDLC, la fiscalía cifró en $27.000 millones el monto de los ingresos brutos extras para las tres cadenas como producto de la colusión. Al desagregarlo por cadena, atribuyó $ 7.616 millones a FASA, $13.107 a Cruz Verde y $6.539 millones a Salcobrand. Este dato será relevante en tribunales a la hora de calcular eventuales compensaciones a los usuarios. Según una fuente ligada a una de las compañías, el cálculo de la FNE es extremadamente exagerado.

Si la FNE estuviera en lo cierto, estaríamos hablando no sólo de mucho dinero, sino de montos que pueden resultar clave en un momento difícil para la industria producto justamente de la guerra de precios.

FASA es la única de las tres cadenas que está en bolsa y sobre la que se tienen antecedentes públicos. Durante 2008, sus ganancias cayeron en 90,9% debido una reestructuración administrativa y a que debió financiar el aumento de su participación en su operación en México. En total, FASA obtuvo $732 millones en utilidades, una décima parte de lo que la FNE le atribuye como ingresos gracias a la colusión.

Su competidora Cruz Verde tampoco tuvo un buen año. De acuerdo a las declaraciones de Guillermo Harding a El Mercurio, “el resultado fue negativo en 2007 y en 2008 fue de apenas un 0.5%”.

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La confesión de Farmacias Ahumada a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de que se coludió con sus competidoras para aumentar los precios de los medicamentos ha generado una fuerte polémica. Sin embargo, las cadenas farmacéuticas ya habían sido sancionadas por la misma irregularidad en 1995. En esa ocasión, fue Cruz Verde quien denunció a sus competidores, pero también recibió una multa.

La investigación la inició el entonces fiscal nacional económico Gilberto Villablanca en diciembre de 1993 debido a que desde agosto los precios de los medicamentos habían bajado en el marco de una verdadera guerra desatada por el ingreso de Cruz Verde al mercado de Santiago. Luego, para resarcirse de las pérdidas, en enero de 1994 los precios de los remedios subieron en promedio un 30% y más de la mitad de ellos eran idénticos en las distintas farmacias.

Pese a que Ahumada, Salco y Brand (entonces compañías distintas) negaron las acusaciones, Guillermo Harding, presidente de Cruz Verde, las acusó de estructurar “orquestadamente” una baja de precios para sacar a su empresa del mercado, por lo que debió ceñirse a la misma política para competir. Luego, asistió a una reunión con los representantes de las otras cadenas y con Alejandro Weinstein, de Laboratorio Recalcine, donde se planteó la necesidad de aumentar en conjunto los precios, dejar de hacer publicidad y detener la apertura de nuevos locales. Harding dijo haberse negado a esta propuesta y denunció los hechos a la FNE.

Tras el cambio de gobierno en 1994, el nuevo fiscal, Rodrigo Asenjo, prosiguió las pesquisas y llevó el caso a la Comisión Resolutiva Antimonopolios, antecesora del Tribunal de la Libre Competencia. En su resolución 432, la comisión sancionó a Salco, Ahumada y Brand a pagar 2.000 UTM y a Cruz Verde, 1.000 UTM. En la época, las sanciones correspondían a $40 y $20 millones respectivamente.

El fallo fue suscrito por el entonces ministro de la Corte Suprema Enrique Zurita, el ex director del INE Alexis Guardia, el ex decano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Guillermo Patillo, y Pedro Mattar, quien subrogaba al superintendente de Valores y Seguros. Ese último asumió luego la FNE y actualmente defiende a Cruz Verde de las acusación de colusión.

A diferencia de Mattar, que entonces sí creyó en la culpabilidad de Cruz Verde, Patillo estimó que Cruz Verde no debía ser sancionada ,ya que había sido presionada por las otras cadenas. Además, a su juicio debían ejercerse acciones penales contra las otras farmacias . Sigue creyendo que en casos tan serios como éstos, es necesario hacer denuncias penales.

En este caso no las hubo pero las cadenas recurrieron a la Corte Suprema para reclamar el fallo de la Comisión Resolutiva, el que finalmente fue confirmado.

En medio de la polémica, que fue subiendo de tono, los antecedentes que surgieron indican que, de manera absolutamente sorpresiva, Piñera se encontraba nuevamente en una incómoda situación por sus negocios. Esta vez una inversión pequeña, comparada con el resto de sus activos, le generaba problemas.

De acuerdo a los últimos datos de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), dos de las sociedades de Piñera, Bancard Inversiones Limitada e Inversiones Santa Cecilia S.A. eran accionistas de FASA en diciembre pasado –última actualización disponible en el website del organismo fiscalizador-, cada una con menos de 1% de participación en la compañía. Considerando el valor bursátil de la empresa, en esa época el 1% equivalía a casi US$ 1 millón 900 mil. Como máximo, las sociedades de Piñera involucradas en FASA sumaban cerca de US$ 3 millones 800 mil, unos $2.390.200.000. Aunque dada la estructura societaria de FASA, es probable que sea menor.

Si se siguen los registros trimestrales de la SVS, es posible de determinar que Piñera ingresó a FASA a través de Bancard durante el primer trimestre de 2008. En septiembre aumentó su participación y superó la barrera del 1%, aunque no llegó a doblar esa cifra. Paralelamente, ese mes se registra por primera vez a Santa Cecilia como accionista, calidad que -según pudo confirmar CIPER- mantuvo al menos hasta febrero pasado.

Los montos exactos no son públicos, pero una fuente que sigue los movimientos bursátiles comentó que Piñera empezó a reducir su participación a partir de diciembre pasado, precisamente en el momento en que la Fiscalía Nacional Económica presentó su requerimiento contra FASA ante el Tribunal de la Libre Competencia. Sí es posible determinar con certeza que en algún momento -entre septiembre y diciembre- Bancard disminuyó su participación en la cadena de farmacias, volviendo a ubicarse bajo el 1%.

El doble silencio de Piñera

Ante la explosión de ira ciudadana gatillada el lunes 23 con el anuncio de la FNE, el candidato de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei, no tardó en reaccionar duramente contra las farmacias. Además, emplazó a Piñera a enfrentar el tema: “Nos gustaría que la Alianza y el candidato hoy día hubieran dicho que no van a aceptar este tipo de conducta”.

Pero su contendor tardó tres días en hacerse cargo del emplazamiento. Recién lo hizo el jueves 26, momento en que Piñera se lanzó de frente contra las farmacias, anunciando que en su gobierno actuaría “con todo el rigor y toda la fuerza del mundo”:

“Lo de las farmacias es algo absolutamente inaceptable y, además, es indignante porque se está jugando con los remedios, es decir, con la salud de las personas”, enfatizó el líder de Renovación Nacional.

Lo que no dijo, es que al menos en parte del periodo en el que Farmacias Ahumada reconoció haberse coludido con sus competidores para subir los precios de los medicamentos, él había tenido participación accionaria en la compañía, a través de Bancard. Se trata de un porcentaje menor que no le permitió estar en los directorios y tampoco tomar parte de esas decisiones. Pero su calidad de accionista de FASA no la hizo pública.

Al ser consultada por CIPER, una de las personas más cercanas a Piñera explicó que el candidato se enteró recién este jueves 26 de marzo, después de haber hecho declaraciones sobre el escándalo, de que tenía activos invertidos en Farmacias Ahumada. Fue entonces –afirmó la misma fuente- que le habrían explicado que esa participación se concretó en el momento en que el empresario decidió igualar su portafolio de inversiones al de las AFP (las principales AFP tienen participación en FASA). Su reacción –dijo- fue que de haber sabido que era accionista de FASA antes de sus declaraciones, de todas maneras habría condenado la colusión para aumentar los precios. Y ello, porque el candidato de la Alianza considera que su inversión es pasiva y ello no lo hace responsable de las decisiones de la compañía.

Considerando que la relación entre su patrimonio e inversiones en empresas relevantes como Lan y Chilevisión y su participación en política han sido objeto de cuestionamiento permanente en los últimos años, convirtiéndose en uno de sus flancos más débiles, la actitud de Piñera esta semana fue arriesgada.