La conversación pasó por varios temas: el rol de la ANI como un ente de análisis y no de operaciones, la situación en Haití, la Convención de la OEA sobre Cooperación Legal entre países, la relación entre las policías en la región y la presencia de terrorismo en la zona. De los documentos diplomáticos filtrados por Wikileaks, este es el primero de una serie que demuestran no sólo la preocupación de Estados Unidos por las actividades y conexiones de la comunidad islámica en Chile, sino que también el apoyo que le ha dado el gobierno chileno en tareas de inteligencia.

El general Cienfuegos fue tajante en su primera intervención: “El terrorismo internacional en Chile no existe”. Luego, Villalobos dijo que no hay grupos armados operando en el país y que no hay confirmación sobre el financiamiento a terroristas u otra actividad relacionada en Iquique, una ciudad “con una importante población de paquistaníes y libaneses”. Sin embargo, dio a entender que el dinero del contrabando y la venta de autos en esa ciudad es enviado a “receptores desconocidos”.

Antes de terminar el almuerzo, Cienfuegos le dijo a Kelly que Carabineros le prestaría apoyo a EE.UU. para ingresar a Colonia Dignidad a investigar la desaparición del ciudadano norteamericano Boris Weisfeiler durante la dictadura. También le señaló que, en el marco de esa investigación, era un buen momento para hablar con el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras.

Pero la prioridad de Kelly, como lo demuestran los cables, no era precisamente el caso Weisfeiler. Incluso desde antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, reportes de prensa indicaban la preocupación creciente de EE.UU. sobre el establecimiento de grupos terroristas islámicos en Sudamérica, principalmente en la zona de la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Si bien los invitados a la reunión no reconocieron la presencia de terroristas en Chile, sí dejaron entrever que las autoridades chilenas habrían detectado el envío de fondos desde el norte del país a agrupaciones en el extranjero. También indicaron la dificultad para el sistema judicial chileno de perseguir los casos de terrorismo y su financiamiento, “no tan fáciles de probar como los casos de drogas”. Después de ese almuerzo, el interés de EE.UU. por las actividades de la comunidad islámica en el país se hizo evidente y sus sospechas, cada vez más explícitas.

MUSULMANES EN EL PAÍS: PERFIL SECRETO DESDE LA EMBAJADA

En agosto de 2005, desde la sede diplomática norteamericana salió el cable N° 38.339, titulado “Comunidad musulmana en Chile” y etiquetado como “Secreto”. En el documento, el embajador Kelly señala que la comunidad islámica en el país “está fragmentada y comprende menos de la mitad del 1% de la población”. Además indica que debido a su pequeño tamaño y a “su aparente balcanización, hay poca información generalmente disponible sobre sus dinámicas y personalidades”.

Luego de una breve reseña histórica que va desde la fundación en 1926 de la Sociedad de Musulmanes Chilenos Unidos hasta la creación de la segunda mezquita construida en Chile en 1999 “para servir a los musulmanes (muchos comerciantes paquistaníes) que llegaron en 1972 con el establecimiento de la Zona Franca de Iquique”, se refiere a las disputas por el control de la nueva mezquita en Coquimbo. Según indica el informe, su edificación tuvo un costo de US$ 875.000 y fue financiada en partes iguales por el gobierno de Marruecos y la municipalidad de Coquimbo. Pero la disputa a la que se refiere Kelly en el cable era interna: grupos sunitas y chiítas se peleaban por quién se haría cargo de la dirección teórica del nuevo centro. Un grupo de chiítas argentinos que había asesorado el proyecto atacó verbalmente al alcalde de Coquimbo, pero la ofensiva chiíta también venía desde Santiago y pedía a las autoridades que investigaran a los grupos sunitas, ya que eran peligrosos.

Kelly además se basa en un sitio web -cuya dirección no indica- para graficar la fragmentación de los musulmanes en el país. Aunque dice que su “exactitud es desconocida”, asegura que es interesante porque sugiere una división también entre árabes o paquistaníes, ya que la mezquita de Iquique también tendría problemas entre su líder y las tendencias de los grupos Tabligh en Santiago.

Pero el foco de EE.UU. no está en las disputas internas ni en cuántos musulmanes hay en el país. Lo que realmente le importa es lo que aparece en los comentarios que hace Kelly al final del cable:

-La embajada (norteamericana) trabaja activamente con el GOC (gobierno chileno) para impulsar el monitoreo de organizaciones musulmanas en Chile, particularmente grupos conectados con la Zona Franca de Iquique. Estos grupos son conocidos por tener conexiones con organizaciones islámicas en la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay. Hay información de inteligencia que indica que grupos de Iquique contribuyen a la recolección de fondos para organizaciones de caridad islámicas y posiblemente otras (…). Mientras las autoridades policiales y de inteligencia gubernamentales chilenas monitorean algunos grupos, hasta ahora el Gobierno de Chile no ha sido particularmente agresivo, dado a la estructura legal chilena de las operaciones de inteligencia y a la aparente falta de convicción de que hay allí una amenaza seria. Como se ha reportado por otros canales, acciones recientes del gobierno chileno, como la incursión contra el objetivo de Hezbollah, Ali Mohammad Rashid, en Iquique y Santiago podrían verse como un presagio de cambio en la histórica política de cautela contra personalidades musulmanes radicales en Chile.

Ese mismo mes la Policía de Investigaciones había allanado varias propiedades de Ali Mohammad Rashid, un ciudadano paraguayo nacido en El Líbano en búsqueda de pruebas que lo vincularan al lavado de dinero para financiar el terrorismo. Según publicó entonces La Nación, se trató de un enorme operativo que sólo arrojó inconsistencias en los flujos de dineros, pero no pruebas contundentes. Nunca más se supo del caso, pese a que Ali Mohammad Rashid ya había estado bajo sospecha en 2003, sin que lograra acreditarse el delito.

CHILE, UN ALIADO

El informe que la embajada despachó cuatro meses después a Washington deja claro que para EE.UU. Chile es un aliado fuerte en la región en la guerra contra el terrorismo. Según el cable N° 47.948, titulado “Chile 2005: Reporte nacional sobre terrorismo”, el gobierno de Ricardo Lagos había apoyado los esfuerzos norteamericanos en varios foros internacionales. De hecho, el ex embajador de Chile en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Heraldo Muñoz, durante 2004 presidió el comité que sancionaba a Al-Qaeda y al régimen talibán en Afganistán. También celebra la promulgación en 2003 de la Ley 19.913 sobre lavado de dinero , ya que penaliza el financiamiento del terrorismo, pero agrega que la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucionales algunas de las atribuciones de la naciente Unidad de Análisis Financiero (debido a la vulneración del secreto bancario) la dejaron “fuertemente discapacitada”.

Los diplomáticos norteamericanos, reconocen que los esfuerzos antiterroristas de las autoridades chilenas han aumentado y que el país ha hecho un esfuerzo por eliminar el “santuario” para terroristas. Principalmente por la información que habla de “simpatizantes de terroristas” residiendo en Chile y la supuesta autorización que tiene Hezbollah, una organización libanesa que EE.UU. considera extremista, para funcionar como una entidad sin fines de lucro en Iquique.

-Mientras Chile oficialmente condena el terrorismo y las organizaciones terroristas, hay evidencia de apoyo privado entre pequeños grupos en Chile a organizaciones terroristas como Hezbollah, grupos islámicos anti-EE.UU., las FARC y grupos bolivarianos anti-EE.UU. –dice el cable.

El informe indica que las autoridades chilenas se han interesado más en las posibles conexiones de extremistas islámicos de la Triple Frontera con Iquique. De hecho, dice que la PDI ha investigado varios casos de terrorismo, pero que ninguno ha llegado a ser judicializado. Por lo mismo, EE.UU. no sólo ha continuado en Chile con su programa de entrenamiento a las fuerzas de ley y orden, equipamiento e incluso fondos para mejorar sus capacidades en el combate contra el terrorismo y la coordinación con las policías y agencias de inteligencia norteamericanas.

En mayo de 2005 aproximadamente 70 jueces chilenos recibieron instrucción sobre leyes de propiedad intelectual (IPR) y la posible vinculación entre las violaciones a esas normas con conspiraciones para el lavado de dinero. El gobierno estadounidense ha presionado fuertemente a su par chileno para exigir el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual desde hace muchos años y esta vez aprovechó una de las habituales capacitaciones que realizan a los magistrados para promover su tesis de que la piratería sirve de pantalla para financiar el terrorismo, especialmente asociado a zonas francas como la que existe en Iquique.

FINANCISTAS DE “TERRORISTAS DESCONOCIDOS”

Cada cierto tiempo, el Departamento de Estado en Washington envía a sus sedes diplomáticas repartidas por el mundo un cuestionario para evaluar el ambiente de seguridad en las distintas naciones. Las preguntas apuntan a saber si existen grupos étnicos o religiosos capaces de llevar a cabo demostraciones anti-norteamericanas, si ha habido protestas en contra de políticas de EE.UU. en los últimos meses, si han sido violentas y si han corrido riesgo instalaciones o funcionarios de ese país. También sondea las capacidades de las autoridades locales para controlar esas manifestaciones, si el país tiene algún conflicto con otro estado, la situación del “terrorismo indígena” y los indicadores de terrorismo transnacional. El 27 de febrero de 2006, el embajador Kelly despachó su respuesta sobre la situación chilena en el cable N° 54.538.

El representante norteamericano indicó que sí hay grupos étnicos contrarios a los intereses de EE.UU. en Chile. Habló de “una pequeña comunidad de descendientes de árabes musulmanes” que ya se han manifestado contra la guerra en Irak, una parte de la enorme colonia chilena de palestinos y libaneses que “podrían compartir algunas de las mismas posiciones políticas” y de la considerable comunidad cubana que vive en Santiago. Sin embargo, su mayor preocupación no tiene que ver precisamente con estos últimos.

Cuando le preguntan sobre la presencia de grupos indígenas terroristas, Kelly se refiere a los mapuche que están en conflicto en el sur del país, aunque asegura que no son ni terroristas ni contrarios a EE.UU. Que sus actividades violentas contra el gobierno y algunos terratenientes de la región sólo podrían afectar a norteamericanos “que estén en el lugar y momento equivocados”. Pero lo cierto es que no está seguro si hay grupos indígenas anti-EE.UU.

-Es incierto. Hay información contradictoria sobre grupos indígenas anti-americanos en Chile. Grupos respaldados por Irán y Hezbollah han continuado su búsqueda de apoyo entre individuos indígenas –responde Kelly.

Este cable es uno de los más claros para determinar las sospechas que tiene Washington sobre la presencia de terroristas internacionales en Chile. Según el embajador, en el norte del país hay simpatizantes de Hezbollah y hay indicios que hablan de extremistas paquistaníes y otros partidarios de Al Qaeda en territorio chileno. Dice que “estos fundamentalistas, que son conocidos por estar asociados a Hezbollah, están incrementando su presencia y actividad en Chile”. Que están repartidos entre Iquique, donde la organización iraní estaría recolectando fondos, y, en menor cantidad, en la capital

-El Centro Islámico de Santiago ciertamente provee apoyo financiero a terroristas desconocidos. Reportes esporádicos sugieren que estos grupos tienen la capacidad de planificar operaciones si quisieran hacerlo. Periódicamente hay reportes no confirmados que indican la intención de planificar un acto terrorista en algún lugar de la región, pero nada definitivo. Se cree que los grupos de Hezbollah en el norte de Chile son las células financieras.

En Santiago actualmente existen dos organizaciones que agrupan a la comunidad musulmana: el Centro Islámico de Chile, en Ñuñoa, y el Centro Islámico de Santiago, en Conchalí. Ambos son sunitas y se diferencian entre sí en que la primera es más grande, con presencia de extranjeros y un poder adquisitivo mayor, mientras que la segunda es bastante reducida y la componen sólo chilenos que se han transformado al Islam. Por lo mismo, no queda claro a cuál se refiere el embajador, pero la aseveración que hace es tan dura como ambigua.

En octubre de ese año, Gustavo Villalobos, director de la ANI, y Luis Alarcón, jefe de inteligencia de la PDI, participaron en una reunión de los representantes en Chile de los países del G-8, organizada por el embajador ruso Yuriy Filatov. Lo que ocurrió en ese encuentro aparece detallado en el cable N° 81.651. Allí, Villalobos y Alarcón aseguraron que no hay datos concretos que vinculen la actividad terrorista de la Triple Frontera con los grupos islámicos de Iquique, pero que sí existe evidencia que indica que desde esa ciudad podría estar saliendo financiamiento para grupos de Medio Oriente y que Chile podría estar siendo utilizado para operaciones de lavado de dinero de esas organizaciones.

La forma en que opera el monitoreo de la embajada de Estados Unidos a supuestos terroristas islámicos quedó en evidencia en mayo de 2010, semanas después del último cable filtrado por Wikileaks. Es por eso que no existen registros de lo que luego se conoció a través de la prensa: que funcionarios estadounidenses identificaron al pakistaní Mohamed Saif Ur Rehman como sospechoso, que lo siguieron hasta la mezquita de Ñuñoa, que luego lo citaron a la embajada por supuestos problemas en su visa y que una vez ahí lo retuvieron por tener rastros de elementos explosivos. Tras meses de pesquisas, el Ministerio Público no logró probar que el joven estuviera vinculado a actividades terroristas y decidió no perseverar en la investigación.

TRES PAÍSES SOBRE EL EMBAJADOR DE IRÁN

Era mayo de 2007 cuando un diplomático norteamericano le preguntó al actual embajador en Ecuador, Juan Pablo Lira, entonces a cargo de la Dirección América del Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el fortalecimiento de las relaciones de Irán con el gobierno de Hugo Chávez. Para ese entonces, Irán no tenía embajada en Chile y EE.UU. temía que el acercamiento del país islámico con Venezuela le abriera las puertas en la región. Entonces, quería saber cuál era la postura de Chile.

El cable N° 108.347 que contiene la respuesta de Lira está catalogado como “Secreto”. En el texto, el funcionario responde que Chile comparte las preocupaciones de Washington y que Irán ya se ha puesto en contacto con autoridades chilenas para reabrir su embajada. Según él, el gobierno sólo se comprometió a estudiar la propuesta y que “no tiene ninguna intención de responder positivamente”. Que la opción que se ofrecería sería acreditar al embajador de ese país en Buenos Aires cuando reabran su embajada en Argentina. El cable dice además que la visita del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad a la toma de mando de Rafael Correa en Ecuador no era buen augurio para la dirección que éste le daría a su gobierno y que la ANI ya estaba monitoreando a los iraníes presentes en la Triple Frontera, principalmente a los que habían pasado por Chile, ya que podían fortalecer el narcotráfico y el terrorismo.

Las aprehensiones del gobierno chileno por la reapertura de la legación diplomática en Santiago pueden tener que ver con lo ocurrido en 1998, cuando Teherán cerró su sede en Chile. De acuerdo a un reportaje publicado en el diario La Tercera, sólo dos días después de la partida de los iraníes, funcionarios Dirección de Seguridad Pública, Investigaciones y Carabineros allanaron en secreto el lugar en busca de información vinculada a actividades extremistas. Temían que la embajada hubiera sido utilizada como refugio de alguno de los terroristas que atentó contra objetivos israelíes en Buenos Aires en 1992 y 1994. Tanto sobre el embajador como el cónsul de la época pesaban órdenes de captura internacional pedidas por Argentina.

De todo modos, pocos meses después de las palabras de Juan Pablo Lira Irán ya tenía abierta su embajada en Chile. Pero su estadía no pasaría desapercibida. Los pasos de esa representación diplomática, encabezada por el embajador Kambiz Jalali, sería seguida de cerca no sólo por los gobiernos de EE.UU. y Chile, sino que también por el de Israel.

En julio de 2008, desde la embajada de EE.UU. salió el cable N° 162.871 titulado “Relaciones israelíes e iraníes con Chile” y etiquetado como “Confidencial”. En ese documento, el agregado de Defensa de Israel, Yoeli Or, asegura que trabaja en conjunto con las policías chilenas y “otras agencias de inteligencia” (posiblemente la ANI) compartiendo información y proveyendo entrenamiento cuando es posible, aunque se encuentra desanimado por “el fracaso del gobierno chileno en tomar la amenaza del financiamiento del terrorismo seriamente”. En todo caso, Or dice que están trabajando con el gobierno chileno para monitorear cualquier actividad inusual del embajador Jalali y de los 37 palestinos musulmanes provenientes de la frontera entre Irak y Siria que fueron reubicados en tres ciudades chilenas a principios de ese año.

Además, según dice el cable, fuentes israelíes creen que compañías chilenas tienen vínculos con el financiamiento de terroristas, tanto directa como indirectamente. Por lo mismo, Or asegura que la inteligencia israelí ya está en el país monitoreando de cerca la influencia iraní entre los grupos islámicos y palestinos.

El cuestionario secreto que envió la secretaria de estado Hillary Clinton en enero de 2009 a 27 receptores distintos, muestra claramente que la preocupación de EE.UU. por la presencia de Irán en Latinoamérica no amaina. En el cable N° 188.653, Clinton informa a sus representantes diplomáticos que la Secretaría de Estado detectó que Irán se está acercando a los países de la región para fortalecer lazos y buscar aliados que compartan su agenda anti-EE.UU. Dice que ya cuenta con embajadas en 10 países y centros culturales en otros 16. Que la relación con Venezuela es la más clara y que ese país podría ser usado por los simpatizantes de Hezbollah como un lugar seguro mientras “otros gobiernos populistas” (Bolivia, Ecuador y Nicaragua) estrechan sus relaciones con Irán. La lista de preguntas pretende recabar información sobre la penetración que ha tenido la influencia de Irán en distintos grupos de los diferentes países. Ese es el último de los cables relativos a la preocupación norteamericana por las conexiones terroristas en Latinoamérica a los que tuvo acceso CIPER. La respuesta del embajador norteamericano en Chile no está incluida en el paquete de cables de Wikileaks.

La cercanía del ex diputado UDI con los funcionarios de la embajada estadounidense puede haber contribuido a su designación en el organismo con sede en Washington. Al menos en seis de los cables a los que tuvo acceso CIPER, Paya aparece citado como una de las fuentes mediante las cuales los diplomáticos se informan del acontecer político chileno. No es el único, por cierto, pero sí destaca por ser el más crítico del actual Presidente Sebastián Piñera.

En noviembre de 2005 es mencionado en un análisis político inocuo, pero el 19 de diciembre del mismo año, tras la derrota de Joaquín Lavín, se sincera con un funcionario diplomático (identificado como poloff, political officer) sobre el sentir de la UDI ante el escenario de una segunda vuelta entre Piñera y Michelle Bachelet.

De acuerdo al cable Nº 48249 titulado “Elecciones en Chile: Bachelet y Piñera cerca”, Paya dijo que la UDI y sus partidarios no se estaban tomando muy bien la derrota de Lavín y que no les agradaba la idea de tener a Piñera en la Presidencia. A su juicio, el principal error de Lavín fue no tomarle el peso a la amenaza que significaba Piñera para la UDI y para la Alianza por Chile y sostuvo que ya en enero del año anterior era claro que el empresario correría hasta el final la carrera presidencial y no renunciaría para apoyar a Lavín, como había hecho en 1999.

Estas palabras fueron dichas en un año de especial tensión entre Renovación Nacional y la UDI, con el recuerdo fresco del caso Spiniak, en el medio del cual Lavín había presionado a Piñera para que renunciara a la presidencia de su partido. Con la derrota electoral aún muy reciente y la Alianza por Chile debilitada, Paya fue más allá y sostuvo que “Piñera se preocupa sólo de una persona: él mismo”.

Aunque reconoció que algunos partidarios de la UDI preferirían boicotear la elección antes que votar por Piñera, Paya se mostró confiado en que la mayor parte de ellos sí lo haría pues no había otra opción. Esto, porque pese a la “vieja mala sangre” y las “diferencias ideológicas”, RN y la UDI coincidían en que la presidencia de Piñera sería mejor para Chile que la de Bachelet. Sin embargo, después hay una frase de Paya que probablemente contiene un error, pues se lo cita diciendo que “él (Piñera) es el peor de los dos demonios”, pese a que el contexto parece indicar que quiso decir que era “el mejor de los dos demonios”, aunque un demonio al fin y al cabo.

La capacidad de Piñera de movilizar a la “maquinaria de la UDI y persuadir a los votantes de Lavín” era, a juicio de la embajada, un riesgo para Bachelet, a quien veían “lejos de tener una victoria asegurada”. De hecho, Piñera había logrado fichar a Lavín como su generalísimo para la segunda vuelta, mientras que, en una situación que se califica de embarazosa, Bachelet no había conseguido convencer a Soledad Alvear de ser la suya. Mientras Paya era la fuente de la embajada en la UDI, en la DC lo era Tomás Jocelyn-Holt, quien expresó sus “reservas” por algunas tendencias demasiado izquierdistas de Bachelet.

“LA VIEJA GUARDIA VS. EL MAGNATE”

Cuatro años más tarde, en febrero de 2009, las diferencias de Paya con Piñera parecían haber aumentado. En el cable Nº 192475 titulado “Cómo la derecha chilena ve las elecciones: La vieja guardia vs. el magnate”, se describe a Paya como “un influyente líder político conservador a quien le preocupa la reputación que tiene Piñera como un ‘imbécil’ que desobedece las reglas”.

De acuerdo a la descripción del cable, en la derecha estaban fascinados por tener por primera vez un contrincante débil como lo era Eduardo Frei, pero no estaban muy entusiasmados con su propio candidato, Sebastián Piñera. Esto lo concluyen luego de hablar con el analista del Instituto Libertad Rodrigo Yáñez y con el dirigente de RN Samuel Valenzuela, que no dicen demasiado. A quien califican como el más abierto en sus críticas es a Darío Paya.

-(Paya) Lo describe (a Piñera) como alguien con un “gran ego” y le dice a Poloff que “Piñera es un imbécil, pero puede hacer el trabajo”. Piñera padece de la percepción de que compra su camino por la vida y desobedece las reglas que gobiernan a la mayoría de los chilenos. Los ejemplos son desde idiosincráticos (estacionar ilegalmente su helicóptero en una cancha municipal de fútbol) hasta graves (una multa de US$ 680.000 por uso de información privilegiada)-, se lee en el documento.

Luego el cable se pregunta si Piñera representa al centro y tras recorrer la historia política de su familia Demócrata Cristiana y su voto por el No en 1988, dice que siempre ha tratado de posicionarse como alguien de centro más que conservador. Sin embargo, cita a Paya diciendo que esa caracterización puede sonar vacía a los votantes, pues en Chile se identifica a la riqueza con la derecha y como millonario, “Piñera es definitivamente miembro del club”.

El cable termina así: “En 1999, (Frei) se benefició de la reputación de su padre, pero 10 años más tarde puede ser víctima de la fatiga de la Concertación. La suerte de Piñera es igualmente difícil de prever, aunque su estatus de millonario parece un tema de fondo: ¿Es Piñera el mesías que puede crear empleos y aislar a Chile de la tormenta financiera global? ¿O es el Judas corporativo que ha ganado sus 30 piezas de plata a costa de los consumidores chilenos que ahora viven una crisis económica? Una cosa es segura: si la Concertación pinta a Piñera como magnate codicioso, la Alianza apuntará de vuelta hacia Frei, quien fue un exitoso ingeniero por treinta años y se convirtió en socio de una de las empresas de ingeniería más grandes de Chile”.

EL SPARRING

Entre febrero y diciembre de 2009, muchas cosas habían cambiado en la relación entre Darío Paya y Sebastián Piñera. Tras decidir que no se repostularía a la Cámara de Diputados, Paya se sumó al trabajo del comando piñerista. Según La Tercera, fue el sparring del candidato para preparar los debates presidenciales y gestionó estudios de opinión (era uno de los dueños de la encuestadora Benchmarck).

Tras la elección, el nombre de Paya sonó para la subsecretaría del Interior, la Intendencia Metropolitana e incluso le habrían ofrecido ser el director de Comunicaciones del gobierno, cargo que habría declinado. Sí aceptó, en cambio, asumir como embajador en la OEA.

El acercamiento al piñerismo se nota en el cable Nº 239129, que cita una conversación del 4 de diciembre de 2009, apenas unos días antes de la primera vuelta. En ese texto se le identifica como asesor de Piñera y dice que para él una derrota parece algo casi impensable. “Habló poco de la estrategia de campaña y en cambió discutió los desafíos que enfrentaría una administración de Piñera y la incertidumbre respecto a las parlamentarias”, dice el documento.

* La palabra atribuida a Paya en inglés es “jerk”, un adjetivo cuya traducción varía. Los españoles suelen usar “gilipollas”, pero también se utiliza como “imbécil”, “idiota”, “huevón”, “estúpido” u otros calificativos similares.

Trece años antes, Estados Unidos ayudaba a Pinochet a llegar el poder. En noviembre de 1986, en Washington llegaba el momento en que el gobierno estadounidense decidía que el general había cumplido su propósito y era tiempo de que se fuera.

En una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por su sigla en inglés) que tuvo lugar el 18 de noviembre de 1986, los principales asesores de Reagan pusieron el asunto en perspectiva: “El gobierno de Estados Unidos y esta administración en particular, quieren que Chile vuelva a su tradición democrática de 150 años. Entonces, la decisión clave no es si queremos o no democracia en Chile. La queremos. La pregunta para nosotros es cómo podemos contribuir más efectivamente a un resultado democrático en Chile”. (ver documento)

La historia de cómo el gobierno estadounidense, desplegando la fuerza de la CIA sobre Chile, ayudó a orquestar el derrocamiento del gobierno del democráticamente electo Salvador Allende y el ascenso al poder del régimen militar de Pinochet es bien conocida en el mundo. Pero la historia de cómo Washington decidió cortar con Pinochet, presionarlo y cautelosamente apoyar a la oposición civil para impedir su intención de ser un presidente vitalicio, nunca ha sido completamente revelada. Y fue en noviembre de 1986.

Veinticuatro años después de que se tomara esa decisión, documentos desclasificados de la Casa Blanca, recientemente obtenidos por el Nacional Security Archive en los archivos de la Biblioteca Presidencial Reagan –los que CIPER da a conocer por primera vez– dan luces sobre las reuniones en que la conservadora administración Reagan concluyó que Pinochet ya no servía a los intereses de Estados Unidos. La conclusión fue que había que forzarlo a dejar el poder.

El deterioro de una relación

En un comienzo, la administración Reagan veía al régimen de Pinochet como un aliado anticomunista que merecía el apoyo de Estados Unidos. No mucho después de asumir la presidencia (enero de 1981), Reagan levantó las sanciones que la administración Carter había impuesto al régimen militar por su responsabilidad en la bomba que hizo explotar el auto en el que viajaban el ex embajador chileno en Washington Orlando Letelier y su colega Ronni Karpen Moffitt. Ambos perdieron la vida. Reagan, en cambio, envió a Chile su embajadora ante Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick, a reunirse con Pinochet y “expresarle el deseo de mi gobierno de normalizar por completo las relaciones con Chile.”

A diferencia del presidente Jimmy Carter, la nueva administración no lo presionaría más por las violaciones a los derechos humanos. Pinochet interpretó el respaldo que le volvía a brindar Washington como una reivindicación y una ratificación de su régimen. En un discurso unos meses después de la elección de Reagan, Pinochet declaró que si antes Chile se hallaba sólo en su firme oposición al imperialismo soviético y su respaldo al sistema de la libre empresa, ahora formaba parte de una clara tendencia mundial. Chile, subrayaba el dictador, no era el que había cambiado.

El colapso de la economía de libre mercado chilena en 1982, seguido de un aumento del descontento popular hacia mediados de 1984, levantó las primeras dudas en las cabezas de los funcionarios de Estados Unidos sobre si seguir o no apoyando al régimen. Ese año 1984, en el que Reagan fue reelegido para un segundo período, un informe de inteligencia de la CIA titulado “Pinochet bajo presión” reportaba que “la política chilena había cambiado de manera irreversible, creemos, durante los últimos años”:

** La actitud del pueblo con respecto a las políticas de libre mercado del gobierno se ha agudizado a causa de la recesión económica.

** La identificación de los militares con Pinochet ha comenzado a resquebrajarse debido a las diferencias sobre cómo actuar ante el disenso político y en torno al programa de restauración del gobierno civil.

Este informe –junto con las acusaciones del Congreso respecto hipocresía de las políticas de la Casa Blanca que apoyaba una contrarrevolución violenta en Nicaragua en nombre de la democracia pero al mismo tiempo no hacía nada respecto a Chile–, llevó al Departamento de Estado a la primera revisión significativa sobre la continuidad del apoyo de la administración Reagan al régimen de Pinochet. El entonces asistente del secretario de Estado para América Latina, Langhorne Motley, recomendó una “intervención activa, aunque gradual, para tratar de propiciar una transición pacífica hacia la democracia en Chile”.

Cuando funcionarios de la embajada de EE.UU. trataron de empujar al régimen y a la oposición no comunista hacia el diálogo para una transición, se encontraron con un Pinochet intransigente ante un cambio político real. En una reunión en el salón Oval con Reagan en septiembre de 1985, el secretario de Estado George Shultz le dijo al presidente que la resistencia de Pinochet estaba llevando a una nación “cada vez más polarizada, lo que no haría sino beneficiar a los comunistas”.

El asesinato de Rodrigo Rojas

El asesinato de un joven fotógrafo chileno que acababa de volver del exilio en Washington puso nuevamente la atención de los altos funcionarios de la administración Reagan en la necesidad de aumentar las presiones para que Pinochet se fuera. Rodrigo Rojas había regresado a Chile en mayo de 1986. El 2 de julio, él y una joven mujer, Carmen Gloria Quintana, fueron detenidos por una patrulla militar durante una protesta callejera, rociados con gasolina, quemados y arrojados a una zanja. Rojas murió unos días después a causa de las quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo.

En una clara señal del rechazo de Washington a las violaciones de derechos humanos de Pinochet, el embajador de Estados Unidos Harry Barnes se unió a miles de chilenos en la procesión del funeral en Santiago. Pinochet le dio la espalda a Estados Unidos desplegando los guanacos sobre la multitud.

La naturaleza salvaje de esa atrocidad y el hecho de que Rojas era residente en Estados Unidos, resonó en Chile y en Washington. La tarde del 14 de julio, la lectura de documentos del Presidente Reagan incluyó un reporte secreto sobre el “probable involucramiento del Ejército chileno en el asesinato de Rojas”. Hombres clave del Congreso estadounidense pidieron que el gobierno repudiara públicamente al régimen de Pinochet. “La onda expansiva que dejó la muerte de Rojas tiene un impacto relevante en las actitudes de los congresistas. El sentimiento por acciones duras seguirá construyéndose particularmente si los responsables de este crimen no son identificados y enjuiciados”, decía al reporte secreto enviado al secretario Shultz por su delegado para América Latina, Elliott Abrams.

Con su informe, Abrams encendió las alarmas sobre Chile: “La última línea es que enfrentamos un empeoramiento de la situación en Chile y necesitamos usar todos los medios disponibles para proteger nuestros intereses”. Y advirtió que una presión efectiva de Estados Unidos requerirá “más que voleos verbales para conseguir que Pinochet acepte irse o persuadir al Ejército de persuadirlo a él”. Abrams recomendó considerar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional “para revisar nuestra política hacia Chile”.

Antes de que la reunión del NSC pudiera organizarse, los funcionarios estadounidenses quedaron sorprendidos por un aumento de los militantes de izquierda en Chile. En agosto, un enorme arsenal de armas destinadas al recientemente formado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el brazo armado del Partido Comunista, fue descubierto en Carrizal Bajo. Y el 7 de septiembre, miembros del FPMR intentaron asesinar a Pinochet cerca de su casa de descanso en el Cajón del Maipo. “La extrema izquierda probablemente continuará poniendo bombas, saboteando y realizando otros ataques en búsqueda de aumentar la tensión y crear inestabilidad”, reportó la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos el 9 de septiembre. En respuesta al ataque, Pinochet declaró Estado de Sitio e inició una nueva fase de represión en Chile.

La reunión del Consejo de Seguridad Nacional del 18 de noviembre

“Existe amplia evidencia que sugiere que Pinochet ha perdido su confianza en la democracia como un sistema que puede contrarrestar exitosamente a los comunistas”, afirmó en un documento secreto el consejero de Seguridad Nacional, John Poindexter, para preparar una reunión del NSC sobre la política estadounidense hacia Pinochet (esa reunión estaba originalmente programada para el 14 de noviembre y luego fue postergada para el 18 de ese mes). “La estrategia de Pinochet de quedarse en el poder parece ser la de polarizar el país, mantener a la oposición débil y dividida, de modo de que pueda presentar al país una elección entre él y los comunistas en 1989 y forzar a la Junta a nombrarlo como candidato (en el plebiscito)…Él cree que ganaría”. ( ver documento)

Dominado por ideólogos de derecha, el Consejo de Seguridad Nacional de Reagan vio la reunión como una forma de adoptar una “estrategia cuidadosamente calibrada” para sacar a Pinochet del poder. Pero los documentos desclasificados de la reunión revelan un conflicto entre el NSC y el Departamento de Estado sobre cómo manejar la “creciente tensión entre nuestro interés nacional en una transición a la democracia ordenada y pacífica en Chile, y el aparente deseo del presidente Pinochet de mantenerse en el cargo indefinidamente”.

El Departamento de Estado buscaba un apoyo de alto perfil para la oposición chilena no comunista y un esfuerzo por distanciar públicamente a Washington del régimen militar votando “no” a los créditos multilaterales y otros préstamos a Chile. El NSC parecía despreciar lo que los funcionarios llamaban “vías indisciplinadas y poco pragmáticas” de la oposición democrática y tener más simpatía por reunirse con los militares para que apoyaran la transición. El NSC creía que un acercamiento más sutil a los miembros de la Junta de Gobierno y el Ejército sería más efectivo para presionar a Pinochet.

Cuando la reunión comenzó a las 11:07 en el salón del gabinete de la Casa Blanca, Poindexter delineó al presidente Reagan y sus principales asesores de seguridad nacional los principios de las políticas del NSC, con un sesgo hacia la mantención de vínculos positivos con los militares chilenos e incluso con Pinochet:

** Primero, la necesidad de mantener el rol positivo de los tres miembros de la Junta pro transición y apoyar sus esfuerzos por lograr que el Ejército se les una en la transición;

**Quinto, la necesidad de tomar acciones que constituyan una presión efectiva sobre Pinochet y evitar aquellas que sean contraproducentes; y la necesidad de mantener nuestro acceso e influencia sobre Pinochet y su círculo íntimo.

A partir de ahí, el director suplente de la CIA, Robert Gates (actual secretario de Defensa, con quien se reunió el ministro de Defensa de Chile Jaime Ravinet en Santiago la semana pasada) estableció el análisis de la agencia sobre la situación de Chile. El descubrimiento de depósitos de armas “trajo de vuelta para la mayoría de los chilenos la amenaza de una insurrección comunista en los próximos años”, le dijo Gates a Reagan. Y advirtió que “el dominante Partido Comunista, con una fuerza de 30.000 miembros, ha progresivamente girado hacia la violencia como el único medio para polarizar el ambiente y derrocar a Pinochet”.

La evaluación final de la CIA era optimista: “Después de todo, recientes evoluciones en las actitudes de los miembros de la Junta y la reacción de la oposición moderada al intento de asesinato (de Pinochet) de alguna forma han aumentado las esperanzas de que pueda realizarse un proceso de transición pacífica que saque a Pinochet del poder hacia 1990 y permita a los militares entregar el gobierno a una coalición no comunista”.

Sin embargo, Gates identificó también “cuatro importantes obstáculos para dicha transición: (1) La determinación de Pinochet de quedarse en el poder por las próximas décadas; (2) la amenaza de violencia terrorista; (3) la subversión externa y el apoyo de grupos violentos; y (4) la incapacidad de la oposición moderada de cohesionarse en torno a un programa de transición específico aceptable para los militares”.

En la transcripción desclasificada (ver documento) de la reunión queda claro que el Presidente Reagan era el más férreo defensor de Pinochet, aunque reconociera que era el momento de que Pinochet se fuera. “Salvó a su país… Si hubiera alguna forma en que pudiéramos aparecer como no oponiéndonos a él, indicar que respetamos lo que ha hecho, pero al mismo tiempo decir que queremos ayudar a Chile por el bien de Chile”. Cuando Reagan sugirió que podía ir personalmente a Chile en una visita de Estado para hablar con Pinochet, su secretario de Estado, George Shultz le replicó: “De ninguna forma. Este hombre tiene las manos llenas de sangre…”.

Fue el secretario Shultz quien expuso el argumento más convincente para presionar a Pinochet. “No se engañe”, le dijo a Reagan en su cara. Pinochet “ha sido cruel, represivo y lo que ha hecho es simplemente indefendible”. Rechazando la posición del NSC de que de alguna forma Washington podría convencer suavemente a Pinochet de irse, Shultz afirmó: “Lo que estamos tratando de hacer es estar seguros de que estamos en el lado de la transición, pública y privadamente. Es por eso que nuestros actos, como ir al funeral (de Rodrigo Rojas) nos han dado credibilidad. Si sólo hacemos cosas que son agradables para Pinochet, no vamos a ninguna parte. Tenemos que estar dispuestos a rockear con él un poco”.

“No creo que podamos sólo tratar con la persuasión”, hizo ver Shultz en otro momento de la reunión. “Tenemos que mover algún músculo o no va a cambiar. La última línea de Pinochet es quedarse en el poder”.

Esta reunión clave, que pretendía establecer una “nueva dirección” para las políticas de Estados Unidos hacia Chile, tiene un final incierto y surrealista, con el Presidente Reagan alabando los esfuerzos de Pinochet de privatizar la seguridad social en Chile y contando historias de horror sobre el sistema estadounidense. Pero la conclusión fue clara: el gobierno de Estados Unidos, que había ayudado a Pinochet a llegar al poder trece años antes, iniciaría finalmente un esfuerzo concertado para forzarlo a dar un paso al lado.

El desenlace de un dictador

Un día después de la reunión del NSC sobre Chile, el presidente Reagan dio una conferencia para negar reportes de prensa que indicaban que su administración había vendido secretamente armas a Irán. En semanas, su administración se hundiría en el más grande escándalo político de la década —conocido como el caso Irán-Contra—, que involucraba la venta ilegal de armas a Irán para financiar la insurgencia Contra en oposición a los Sandinistas en Nicaragua. El escándalo casi le costó a Reagan su presidencia; llevó al despido de John Poindexter y otros consejeros de seguridad nacional que habían estado involucrados en actividades ilegales, entre ellas el haber enviado a líderes de los Contra a Santiago para recibir armas de los militares chilenos. En última instancia, el escándalo Irán-Contra distrajo mucho la atención de Washington hacia Chile durante los últimos años de la dictadura militar.

La campaña del “No” que culminó con el plebiscito de 1988 y la victoria a favor de la democracia fue una tremenda hazaña de estrategia política de los chilenos. Que Estados Unidos abandonara su apoyo previo a Pinochet jugó un rol, aunque menor, en el proceso político en Chile. E National Endowment for Democracy (NED), creado para realizar abiertamente las operaciones políticas que antes hacía la CIA de manera encubierta, el que junto a la federación de sindicatos AFL-CIO y el National Democratic Institute (NDI) contribuyó con unos US$ 1,6 millones desde Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de la oposición democrática y organizar el registro de votantes y campañas educativas, realizar encuestas de opinión efectivas, contratar consultores de medios y organizar un sistema paralelo de conteo de votos para el día de la elección.

Sin embargo, el rol más significativo de Estados Unidos fue delatar el plan secreto de Pinochet de usar la violencia para anular el plebiscito en caso de que ganara el “No” y así mantenerse en el poder. Ya en mayo de 1988, cuatro meses antes del plebiscito, la CIA obtuvo datos de inteligencia sobre “la creciente determinación de los militares de evitar la subida el poder de un gobierno civil en Chile”. Hacia fines de septiembre, la CIA y la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por su sigla en inglés) habían acumulado evidencia significativa de un plan para una matanza y un autogolpe si el voto no se inclinaba hacia Pinochet el 5 de octubre. En un cable secreto al Departamento de Estado, el embajador Harry Barnes reportó:

El plan de Pinochet es sencillo: a) si gana el SI, perfecto; b) si la lucha resulta estar muy reñida, recurrirá al fraude y la coerción, c) si parece que los votantes se decantan claramente por el NO, empleará la violencia y el terror para poner fin al proceso. Para ayudar a crear la atmósfera de represión necesaria, la CNI se encargará de protagonizar ciertos actos violentos antes del 5 de octubre y durante la jornada de elecciones. Sabemos que los consejeros más cercanos a Pinochet se están dando cuenta de que tiene muchas posibilidades de perder, por lo que creemos muy probable que se ponga en práctica la tercera opción, lo que comportaría una pérdida considerable de vidas.

En un informe clasificado “Top Secret” la Agencia de Inteligencia de Defensa, informaba que el plan pudo resultar en un “grave y generalizado derramamiento de sangre”.

La administración Reagan actuó en forma rápida y decisiva para confrontar estas amenazas de Pinochet. Silenciosamente, los funcionarios militares estadounidenses contactaron a otros miembros de la Junta para advertirles que las consecuencias de abortar un plebiscito serían duras para Chile. Washington también compartió información de inteligencia con los británicos, de modo que ellos también pudieran presionar a sus contactos dentro del Ejército para que resistieran el intento de Pinochet de quedarse en el poder.

El 3 de octubre, el Departamento de Estado expuso públicamente el plan de Pinochet para mantenerse en el poder y lo denunció, diciendo que “dañará seriamente las relaciones con Estados Unidos y destruirá la reputación de Chile a nivel mundial”. En un mensaje diplomático dirigido directamente a Pinochet, el gobierno de Reagan afirmó: “Nada podría arruinar de forma tan duradera su imagen en Chile y el mundo entero como el autorizar o permitir actos de extrema violencia o iniciativas ilegales que conviertan en una farsa su promesa solemne de un referéndum libre y justo”.

Esta presión no tuvo impacto en Pinochet, pero pudo haber sido un factor, junto con el ferviente compromiso y deseo de la mayoría de los chilenos, que influenciara a otros miembros de las Fuerzas Armadas a oponerse a una extensión violenta de una dictadura que ya era sangrienta y prolongada. Avanzada la tarde de ese histórico 5 de octubre de 1988, cuando estaba claro que Pinochet había perdido el plebiscito, otros miembros de la Junta se negaron a firmar una orden escrita por Pinochet que le confería poderes de emergencia para anular la votación. Esa noche marcó el fin de su régimen militar infame y el comienzo del regreso de la democracia en Chile.

*Peter Kornbluh es autor de “Pinochet: Los Archivos Secretos” y dirige el “Chile Documentation Project” en el National Security Archive, un organismo no gubernamental dedicado la investigación sobre política exterior basado en Washington D.C. Marian Schlotterbeck es candidata a doctora de la Universidad de Yale y actualmente vive en Santiago. Algunos de los documentos del Departamento de Estado y de la CIA citados en este artículo fueron recientemente donados por National Security Archive al Museo de la Memoria y Derechos Humanos.

Según lo afirmado por Bush, las técnicas de interrogación se encontraban conforme a al ordenamiento jurídico estadounidense “incluyendo aquellas [normas] que prohíben la tortura”, como es la enmienda VIII de la Constitución –que prohíbe tratos o castigos crueles o inusuales– o la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El ex mandatario asegura haber descartado otros procedimientos extremos y admite que si bien la técnica de waterboarding era “dura”, los expertos médicos de la CIA le aseguraron que no produciría “daño duradero”.

Estas declaraciones dan pie para, al menos, dos reflexiones en el ámbito internacional de los derechos humanos. La primera, referida a la tortura y su contenido; la segunda, a la posibilidad de someter a proceso a ex gobernantes por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos.

Respecto a lo primero, parece impresionante la miopía de las autoridades estadounidenses respecto al cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos. En primer término, porque la administración anterior les negó unilateralmente la protección de los Convenios de Ginebra que, en cualquier conflicto armado, protege frente a tales actos de coerción, ya sea se trate de prisioneros de guerra o de civiles. Segundo, porque a través de acrobacias jurídicas se intentó restringir el concepto de tortura de una forma inaudita.

Los memorandos de las autoridades del Ministerio de Defensa y Justicia así lo prueban y pueden ser revisados en el libro: The Torture Papers: The Road to Abu Ghraib (2006), que compila los documentos claves al respecto. Tal documentación recibió el repudio casi unánime de toda la academia, tanto de intelectuales demócratas como republicanos. Pero no solo eso: apelar a que la tortura debe producir, necesariamente, un “daño duradero” es ir contra las intuiciones más elementales para justificar abusos de poder.

Ahora bien, y esto es lo interesante, las declaraciones y las memorias de Bush podrían tener efectos prácticos. Desde que el caso Pinochet fuese decidido en Londres –admitiendo la posibilidad de extradición a un tercer país por actos de tortura–, ningún gobernante que haya conocido y autorizado tales horrendos crímenes puede respirar tranquilo.

Si bien es altamente improbable que Bush sea perseguido penalmente al interior de Estados Unidos –agentes de la CIA han sido liberados de cargos de tortura e, incluso, han sido promovidos– ya no podrá circular libremente por el mundo. Amnistía Internacional está promoviendo una campaña para exigir la responsabilidad del ex presidente.

La posibilidad de extradición está latente y un proceso contra el ex mandatario podría iniciarse en otro país. El (alto) riesgo debería ser suficiente para advertirle que no podrá vacacionar en cualquier parte y que la amplitud de su “mundo” –restringido ahora a las cincuenta estrellas de su bandera– seguirá dependiendo de la discrecionalidad persecutoria que gozan los fiscales estadounidenses.

*Pablo Contreras es abogado y candidato al LL.M. en IHR, por Northwestern University.

El destacado periodista colombiano Hollman Morris podrá viajar finalmente a Estados Unidos y asistir a la Universidad de Harvard como becario del programa Nieman, luego de que el Departamento de Estados diera marcha atrás y le concediera la visa de estudiante que originalmente le negara, reportó la Fundación Nieman.

Organizaciones periodísticas y de derechos humanos de todo el continente se habían unido para pedir al gobierno estadounidense que reconsiderara el caso de Morris, cuya postulación a una visa fue denegada al amparo de la sección de “actividades terroristas” del Acta Patriótica.

Entre las entidades que salieron en defensa de Morris están la Fundación Nieman, el Comité para la Protección de Periodistas, la ACLU, el Open Society Institute, el Centro Dart para el Periodismo y el Trauma, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Fundación Knight, la ONG Human Rights Watch, el Centro PEN Americano, la Oficina en Washington para América Latina y el Congreso Norteamericano para América Latina, además de 31 profesores de la Universidad de Texas.

El curador de la Fundación Nieman, Bob Giles, manifestó su satisfacción con la resolución del problema de Morris. “Su valiosa experiencia y conocimientos serán una adición bienvenida a nuestra nueva cohorte de becarios Nieman”, dijo Giles.
Morris dirige el programa de televisión Contravía, donde presenta una mirada crítica sobre el conflicto armado en Colombia y la gestión del presidente Álvaro Uribe, con quien ha tenido varios desencuentros. Su trabajo en defensa de los derechos humanos y las víctimas de la violencia en Colombia le ha valido varios premios, el más reciente hace menos de un mes, por su “valiente lucha por la verdad, la paz y la democracia”.

Morris (41 años), uno de los 12 periodistas escogidos para el programa Nieman 2010-2011, director y conductor del exitoso programa de TV Contravía, ha sido uno de los más importantes investigadores de los lazos secretos entre paramilitares y políticos aliados al Presidente Álvaro Uribe. Las historias e impactantes imágenes sobre las miles de víctimas que arroja el conflicto armado de ese país y sus responsables, han estremecido a los ciudadanos y se han convertido en un trozo de la otra historia de Colombia.

Según reportó la agencia Associated Press (AP), el curador de la Fundación Nieman en Harvard, quien ha ofrecido becas internacionales de estudios para periodistas en Estados Unidos desde 1938, indicó que un funcionario consular en la embajada estadounidense en Bogotá le informó que Morris fue declarado inelegible de forma permanente para obtener el visado bajo normas sobre “actividad terrorista” de la Acta Patriota, sancionada a fines del 2001.

-Esto nunca sucedió antes. Y Hollman ha viajado antes a Estados Unidos a ofrecer conferencias y recibir premios –afirmó a AP el curador de la Fundación Nieman, Bob Giles, quien acotó en entrevista telefónica que ya han escrito una carta al Departamento de Estado solicitando que reconsideren la decisión.

La negación de la visa a Morris por parte del gobierno de EE.UU. es el último eslabón de una cadena de hostigamientos y amenazas que tanto él como su familia y el equipo de Contravía han debido enfrentar por parte de organismos de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe, el principal aliado de Estados Unidos en la región.

La principal operación política ilícita en contra de Morris y otros periodistas y magistrados, fue ratificada por la Fiscalía General de Colombia la que desmenuzó macabros detalles del llamado caso “Las chuzadas del DAS” (Departamento Administrativo de Seguridad, bajo directa dependencia de la presidencia de Colombia). Su objetivo: amenazar, desprestigiar a nivel nacional e internacional, sabotear, realizar montajes, intimidar e interceptar ilegalmente las comunicaciones de los escogidos. (Ver documentos).

En uno de los documentos del DAS, fechado en octubre de 2005, Morris figura en una nómina de seguimientos a “organizaciones y personas de tendencia opositora frente a políticas gubernamentales, con el fin de restringir o neutralizar su accionar”. [Sobre este caso ver nota de Adam Isacson].

En febrero pasado, con las pruebas en mano y avalado por la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de su país, Hollman Morris responsabilizó políticamente al Presidente Álvaro Uribe por los seguimientos e interceptaciones telefónicas y amenazas ejecutadas por su policía secreta (DAS). Lo hizo frente a las pantallas de TV en una emisión de su programa Contravía entregando una primicia: un documento hallado en las instalaciones del DAS que tenía como objetivo “gestionar la suspensión de la visa de Hollman Morris” [Ver Video]

Sólo días antes, el 13 de enero pasado, Morris había ingresado a la residencia del embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, invitado especialmente para un almuerzo privado con el subsecretario de Estado James Steinberg. Fue una reunión absolutamente privada en la que sólo participaron otros cuatro civiles junto a Morris. Y se entiende, el tema era delicado: la persecución ilegal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) del gobierno de Álvaro Uribe en contra de defensores de derechos humanos y periodistas independientes, entre otros problemas.

Una veintena de ex funcionarios del DAS han sido detenidos por delitos relacionados con estas operaciones de espionaje. Tanto en la investigación de la Fiscalía como en otras de índole periodística ha quedado clara la responsabilidad del Presidente Uribe en el acoso a Morris, jueces y otros profesionales. Un hecho que no es nuevo ya que en varias ocasiones Uribe ha acusado públicamente al director de Contravía de simpatizar o colaborar con las FARC, la guerrilla responsable del asesinato del padre del mandatario colombiano (1983). El capitulo de mayor impacto se registró en febrero de 2009, cuando ante las cámaras de la TV y en un acto público el Presidente Uribe calificó a Morris como un “cómplice del terrorismo” que fingía de periodista.

Bob Giles, curador de la Fundación Nieman en Harvard, dijo a la Associated Press (AP), que los funcionarios consulares de Estados Unidos citaron como razón de la negativa del visado la sección 212 (a) (3) (B) del Acta Patriota. Tal sección declara inelegible a cualquier persona vinculada a actividades terroristas, perteneciente a un grupo o que apoye actividades terroristas. Las FARC figuran en el listado de grupos terroristas del Departamento de Estado.

En el caso de Morris, quien ha reiterado que todos sus contactos con las FARC han sido exclusivamente de carácter periodístico, ya la fiscalía colombiana le había abierto una investigación luego de que en marzo del 2008 se encontraran correos a su nombre en el computador portátil de Raúl Reyes, un fallecido jefe guerrillero. Lo cierto es que ellos muestran que el conductor de Contravía sirvió como intermediario entre las FARC y diplomáticos franceses que intentaban la liberación de Ingrid Betancourt. Así lo confirmó la fiscalía colombiana que archivó dicha investigación sin formular cargos.

Lo anterior fue confirmado a la agencia AP por el director de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía General de Colombia, Hernes Ardila.

El clima de hostigamiento y las constantes amenazas que reciben tanto Hollman Morris como su familia, lo llevaron a postular a una de las prestigiosas becas Nieman de la Universidad de Harvard. En estricto rigor, el paso dado por Morris no fue sólo una aspiración académica. Su propósito fue buscar en Harvard (Estados Unidos), al menos durante un año, un respiro de protección para su vida y principalmente la de su familia. Oxígeno para terminar con el temor a que las amenazas pasen a otro nivel.

Tanto la excelencia profesional, su aporte histórico como el clima de odiosidad que ha rodeado a Morris en los últimos años ha sido corroborado por sus colegas en Colombia y en el mundo. Entre otros importantes premios ha recibido el de Human Rights Watch (HRW), en 2007, mientras que si huella fue objeto de una película-documental -“Temoin Indesirable”- producida por la televisión franco-suiza en 2008.

El último homenaje a Hollman y Contravía se lo rindieron el pasado 28 de junio todas las facultades de comunicación social y periodismo de Colombia (Afacom) y más de 10 organizaciones (ver programa). Allí quedó claro que no sólo sus amigos, sino cientos de profesionales que admiran y respetan el trabajo infatigable y de excelencia desarrollado por Hollman Morris merece en este minuto una tregua, unos meses de tranquilidad.

El gobierno de Estados Unidos ha dicho no. Sus razones son confidenciales. “Sentimos que esto es escandaloso”, dijo Joel Simon, director del Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York. Su opinión es compartida por cientos de organizaciones de periodistas que hoy exigen que se le otorgue la visa a Morris ante el temor de que en Colombia las mafias del crimen organizado ligados al poder político, las mismas que Morris ayudó a develar, actúen nuevamente en total impunidad.

* Con información proporcionada por la Agencia Associated Press (AP), a la que contribuyó su corresponsal en Bogotá, Libardo Cardona.

*Quienes deseen escribir al gobierno de Estados Unidos para soolicitar que se le otorgue al periodista Hollman Morris la visa para ingresar a Estados Unidos y pueda estudiar en la Universidad de Harvard, pueden escribir a:

1) Ambassador Janice Lee Jacobs
Assistant Secretary
Bureau of Consular Affairs
Harry S. Truman Building
2201 C Street, NW, Room 6811
Washington, DC 20520
and
2)The Honorable William R. Brownfield
Ambassador of the United States
American Embassy
Carrera 45 No. 24B-27
Bogotá, D.C. Colombia

Acaba de conocerse el contenido de las grabaciones secretas de las conversaciones sobre Chile entre el ex Presidente Richard Nixon y su consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger. Las cintas dan cuenta del grosero lenguaje con el que tramaban el derrocamiento de Salvador Allende, a quien trataban de “hijo de puta” y decían que querían “patear su trasero”. Aunque impreciso en las fechas, uno de los diálogos podría constituir el primer reconocimiento del rol de la CIA en el asesinato del general René Schneider.

“Es un estado fascista”, declaraba el Presidente Richard Nixon durante una conversación sobre Chile en el Salón Oval de la Casa Blanca. No hablaba sobre el Chile del sangriento régimen del general Augusto Pinochet. Al contrario, él y su consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, se estaban quejando por el triunfo de la coalición de Salvador Allende, la Unidad Popular, en las elecciones municipales de abril de 1971. La única forma en la cual parecían capaces de comprender la creciente popularidad de Allende era comparar al Presidente chileno –un socialista de toda la vida– con Adolf Hitler. “Esto es como una estrategia alemana”, le dijo Kissinger a Nixon el 6 de abril de 1971, durante un encuentro de una hora. Algunas semanas más tarde, el sistema secreto de grabación de Nixon registró a Kissinger sugiriendo que los chilenos “están actuando en esto como actuaban los nazis con el Reichstag”.

Casi 40 años después de que fueran subrepticiamente grabadas, las cintas de Nixon siguen siendo un regalo a la espera de ser entregado a historiadores y a estudiantes de historia. El sistema de grabación se hizo conocido por la infame conversación sobre el escándalo de Watergate, cuando fueron descubiertas y llevaron a la renuncia de Richard Nixon, ante un inevitable impeachment (juicio político).

Pero las grabaciones de Nixon, 3.700 horas de conversaciones que mayoritariamente tuvieron lugar en el Salón Oval durante un periodo de 883 días, entre febrero de 1971 y mediados de julio de 1973, también corresponden a la mayor parte del tiempo en que Salvador Allende fue el Presidente de Chile constitucionalmente electo. Y capturaron las voces sin maquillaje, a veces histriónicas, de un presidente imperialista y sus más altos asesores refiriéndose a Allende como “hijo de puta”, discutiendo cómo “patear su trasero” y “remover” a Allende.

Esta semana, en Estados Unidos un grupo de historiadores y ex funcionarios del Departamento de Estado, conocido como nixontapes.org, publicó casi 100 páginas de transcripciones y enlaces a audios reales de Nixon, Kissinger, el secretario del Tesoro John Connally y otros altos funcionarios discutiendo sobre Chile. Las grabaciones y transcripciones nos permiten convertirnos en una mosca en el muro que escucha a los más poderosos funcionarios del país más poderosos del mundo discutir qué hacer con un pequeño país de América Latina que desafiaba la hegemonía política y económica de Estados Unidos. A pesar de que todas las referencias a las intervenciones encubiertas que llevaba a cabo la CIA para desestabilizar a Allende permanecen clasificadas (y borradas de las grabaciones) las discusiones que ahora pueden escucharse son un ejemplo de la mentalidad imperialista del Presidente y sus hombres.

El problema de la expropiación

De acuerdo a las transcripciones de las cintas, nada parece haber molestado tanto a Richard Nixon como la decisión del gobierno de Allende de iniciar la nacionalización de las empresas estadounidenses que habían dominado la economía chilena por décadas. Nixon creía que la respuesta de Estados Unidos debía ser cortar a Chile todos los créditos bilaterales, incluyendo los préstamos bancarios para exportaciones e importaciones, bloquear los créditos multilaterales y evitar que Chile renegociara su deuda externa. “Quiero que sepas”, le dijo Nixon a Kissinger, “que no quiero hacer nada por Chile. Nada”.

El Departamento de Estado, que era más sensible a las leyes internacionales y a las obligaciones de Estados Unidos con los organismos multilaterales, no estuvo de acuerdo. Pero Nixon encontró un fuerte aliado en su conservador secretario del Tesoro John Connally, quien le dijo que si Washington no se paraba frente a Allende, otros países de América Latina empezarían a nacionalizar negocios estadounidenses. La posición de Connally, le dijo Nixon a Kissinger en una reunión del 11 de junio de 1971, era que “el efecto en el resto de Latinoamérica, sin importar lo que escuchemos desde el Departamento de Estado y el resto, va a ser malo para nosotros, dejar de molestar a los chilenos y ser tan delicado con ellos”. Adicionalmente, continuó Nixon, “en lo que a la opinión pública americana concierne, los americanos mueren de ganas de que golpeemos a alguien en el trasero”.

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“Mis convicciones sobre esto son muy fuertes”, afirmó Nixon. “Todo lo que hacemos con el gobierno chileno será observado por otros gobiernos y grupos revolucionarios en América Latina como una señal de que lo que pueden hacer y salirse con la suya. Por lo tanto, tiendo a estar en contra de hacer cualquier cosa por ellos”. A medida que la reunión seguía, Nixon dijo a Kissinger y Connally: “quizás deberíamos encontrar un lugar para golpear a alguien en el trasero”.

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Luego los tres discutieron sobre Salvador Allende, transformando su esfuerzo por evitar una confrontación con Washington en una suerte de esquema deliberado:

Nixon: Oh, maldita sea, John, [Allende] es inteligente.

Kissinger: …muy inteligente.

Nixon: Es cierto.

Connally: Muy inteligente.

Kissinger: Entonces—

Connally: Incluso muy duro.

Kissinger: —Mirando el registro, él—esto debe servir a su propósito de que no haya enfrentamiento [con EE.UU.].

Nixon: Eso es correcto.

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Sólo unos meses más tarde, luego de que Allende decidiera crear un “impuesto al exceso de ganancias” a las compañías mineras Annaconda y Kennecott y no pagar compensaciones por nacionalizar sus minas, el 5 de octubre de 1971 Nixon dijo a Kissinger: “He decidido remover a Allende”. Connally puso entonces el tema de un golpe: “…y lo único que usted puede esperar es tenerlo derrocado y, en el intertanto, usted puede lograr su punto para probar, a través de sus acciones en su contra… que lo que está cuidando son los intereses de Estados Unidos”. Para Nixon, Estados Unidos había finalmente encontrado “un tipo al que podemos golpear”. Urgió a sus asesores a “entregarnos un plan. Los voy a golpear”.

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“Todo vale en Chile. Golpeen sus traseros, ¿ok?”, instruyó Nixon a Kissinger al final de la reunión. “De acuerdo”, respondió Kissinger.

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El asesinato de Pérez Zujovic

El 8 de junio de 1971, el ex ministro del Interior Demócrata Cristiano, Edmundo Pérez Zujovic, fue acribillado en un descarado asesinato político. En Chile, su asesinato evocó el reciente recuerdo del golpe respaldado por la CIA en contra del comandante en jefe chileno René Schneider, menos de nueve meses antes, cuando la CIA había intentado bloquear el juramento presidencial de Allende creando un “clima de golpe”. En Washington, la transcripción de las cintas desclasificadas revelan que Nixon, Kissinger y el más alto asesor de la Casa Blanca, H.R. Haldeman, tenían un interés particular en la reacción chilena al asesinato de Pérez Zujovic y se les puede escuchar bromeando sobre la situación:

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Kissinger: Los hijos de puta nos están culpando a nosotros.

Haldeman: ¿Culpando a la CIA? [risas]

Kissinger: Están culpando a la CIA

Nixon: ¿Y por qué demonios lo habríamos asesinado?

Kissinger: Bueno, primero, no pudimos. Estamos—

Nixon: Sí.

Kissinger: La CIA es muy incompetente para hacerlo. Recuerde—

Nixon: Seguro, esa es la mejor parte…

Kissinger: —Cuando trataron de asesinar a alguien, tomó tres intentos—

Nixon: Sí.

Kissinger: —y después de eso vivió tres semanas.

Aquí, Kissinger parece estar refiriéndose, y por primera vez realmente admitiendo, al rol de la CIA en el asesinato del general Schneider. Después de varios intentos abortados de un grupo de militares en retiro y oficiales activos que habían recibido armas y fondos de la CIA, Schneider fue interceptado y le dispararon camino al trabajo el 22 de octubre de 1970. Murió tres días más tarde -no tres semanas, como decía Kissinger-, producto de las heridas.

De acuerdo a las grabaciones, la conversación giró luego hacia cómo la administración Nixon podía transformar el asesinato en una oportunidad para golpear a Allende. El gobierno de la Unidad Popular, informó Kissinger al Presidente, había usado el asesinato de Pérez Zujovic para “imponer le ley marcial y para realizar un fuerte ataque contra nosotros”. La respuesta del Presidente: “Entonces vamos a darle—dejémosle que lo sientan”. Como era de esperar, Kissinger estuvo de acuerdo. “Creo que debemos usarlo como un pretexto”. Más adelante en la conversación, Nixon y Kissinger infirieron que la gente de Allende estaba detrás del asesinato como una maniobra política para ayudar a consolidarlo; estuvieron de acuerdo en que “el asesinato prueba” que Allende estaba “avanzando hacia un gobierno de un solo partido lo más rápido posible”

“Creo que este tipo está tomando el dominio completo de ese país”, declara incorrectamente Nixon. “Déjenme decir que en todas las futuras acciones hacia Chile prefiero la línea más dura”.

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** ** **

Desafortunadamente para el bien de la historia, al momento en que Allende fue derrocado el 11 de septiembre de 1973, Nixon ya había apagado su grabadora del Salón Oval. En julio de ese año, durante las dramáticas audiencias del caso Watergate en el Congreso, un asesor de la Casa Blanca reveló la existencia del sistema de grabación secreto. El Congreso inmediatamente exigió que la Casa Blanca entregara todas las cintas; Nixon reclamó “privilegio ejecutivo” y se negó. Sólo después de que la Corte Suprema sentenciara que no podía esconderlas más de las autoridades legales, el Presidente entregó las cintas. Éstas revelaron que había mentido sobre su rol en el “asalto” a la sede del Partido Demócrata en el edificio Watergate, lo que forzó su posterior renuncia.

Sin embargo, otro sistema de grabación secreto no fue detectado y se mantuvo operativo: el de Henry Kissinger. El 16 de septiembre de 1973, el sistema de grabación de Kissinger registró su primera conversación telefónica con Nixon después del golpe en Chile. Su conversación (desclasificada por petición de mi organización) captura sus actitudes mientras un régimen verdaderamente fascista consolidaba el poder a través del derramamiento de sangre en Chile:

Kissinger: La cosa en Chile se está consolidando y por supuesto los periódico están balando porque un gobierno pro comunista fue derrocado.

Nixon: ¿No es eso algo? ¿No es eso algo?

Kissinger: Quiero decir en vez de estar celebrando—en el periodo de Eisenhower habríamos sido héroes

Nixon: Bueno nosotros no—como sabes—nuestra mano no aparece en ésta siquiera.

Kissinger: Nosotros no lo hicimos. Quiero decir que los ayudamos. [referencia a la CIA borrada] creó las mejores condiciones posibles.

Nixon: Eso es correcto. Y esa es la forma en que se va a jugar. Pero escucha, mientras la gente está preocupada, déjame decir que no se van a comprar esta basura de los liberales esta vez.

Kissinger: Absolutamente no.

Nixon: Ellos saben que es un gobierno pro comunista y así son las cosas.

Kissinger: Y pro Castro.

Nixon: …Olvidémonos de lo pro comunista. Era un gobierno anti americano durante todo el tiempo.

*NOTA: En los diálogos, los guiones largos (—) al final de una frase denotan interrupciones, mientras que cuando aparecen en el medio de una frase significa que uno de los interlocutores recomenzando una frase o una oración incompleta.
Todas las grabaciones pertenecen al sitio nixontapes.org

*Peter Kornbluh es autor Pinochet: Los Archivos Secretos. (Barcelona: 2004) Dirige el “Chile Documentation Project” en la organización sin fines de lucro National Security Archive en Washington D.C.

De acuerdo a distintos autores hay guerras necesarias, opcionales, pero también las hay estúpidas. La guerra contra la droga en América Latina –y su piedra angular, el Plan Colombia- caería en esta última categoría. No es simple estupidez. Es un negocio de miles de millones de dólares que explican muchas de las decisiones de Estados Unidos en la región.

Richard Haas, un politólogo que fue funcionario y consejero militar en las presidencias de ambos Bush (George H. y George W), distingue dos clases de guerras: las que son necesarias e inevitables y las opcionales. En su provocador libro Guerra de Necesidad, Guerra de elección (Simon & Schuster, 2009), Haas pone entre las primeras a la II Guerra Mundial, a la primera del Golfo y a la primera en Afganistán, cuando EE.UU. salió a buscar resuello tras los atentados del 11 de septiembre.

Por el lado de las opcionales, enumera la segunda de Irak, la de Vietnam y la actual en Afganistán, que va asumiendo ya el perfil del mayor desafío bélico para el gobierno de Barack Obama. Se dirá que es un poco fútil y polémica la idea. Las guerras no son otra cosa que las formas en que se resuelven contradicciones de poder -poder económico- no importa tanto si hubo o no chance de evitarlas. Pero lo cierto es que las guerras, además, son un buen negocio, también entre nosotros.

No lejos de estos debates, además de las dos alternativas que describe Haas, hay otros analistas como el politólogo y catedrático de historia de la Universidad de Nueva York, Greg Grandin, quien añade una tercera variedad: las guerras estúpidas. Al tope de la clasificación coloca el ejemplo de la guerra “fallida” contra el narcotráfico en esta parte del mundo, apuntando más bien a las formas que tomó esa confrontación que tiene a Colombia como uno de sus ejes centrales. Y al Plan Colombia de asistencia norteamericana como protagonista estelar.

En la misma estrategia o retórica antinarco se incrusta la decisión de EE.UU. de desplegar bases propias en más de media docena de cuarteles militares repartidos por toda Colombia. Uno de los sentidos de esa operación, que ha creado comprensibles agonías y recelos en la región, se puede encontrar como huellas muy marcadas recorriendo algunos pasos de la historia reciente del vínculo entre Washington y Bogotá. No es difícil acabar por descubrir que las cosas pueden ser mucho más pedestres que lo que indica cierta urgencia conspirativa. Veamos.

En un imperdible artículo publicado en The Nation, “What can Obama do in Latin America?” (¿Qué puede hacer Obama en América latina?), Grandin recuerda que el presidente norteamericano en plena campaña proclamó, justamente, que sólo se opondría a las guerras estúpidas. “Esta guerra (contra el narcotráfico) es una de esas, de las estúpidas”, dice enfático y explica: “No ha reducido la exportación de narcóticos a EE.UU., pero sí ha esparcido la violencia desde América Central a México, mientras afianzó el poder de los paramilitares en Colombia”.

El Plan Colombia es la pieza central de esa guerra -una iniciativa que, por su tamaño, convierte en casi nada al filoso tema de las bases norteamericanas- que no sólo este académico considera como una operación fallida. Es el mismo plan, aclaremos, que influyó en la otra guerra civil que se libra contra las FARC; pero ahí la guerrilla ha perdido frentes y efectivos debido a su decadencia ideológica, una extendida lumpenización y la consecuente deformación delictiva.

La guerra de los helicópteros

El Plan Colombia nació con la administración de Bill Clinton apuntando a los grandes carteles de la droga (no exactamente las FARC) cuando gobernaba el país sudamericano Andrés Pastrana. Ha implicado desde entonces una inversión de alrededor de US$ 6.000 millones. Y convertido a Colombia en uno de los mayores receptores mundiales de asistencia militar norteamericana. El problema han sido y siguen siendo los resultados.

El Brooking Institute, un poderoso think-tank demócrata, uno de cuyos miembros más prominentes, Carlos Pascual, acaba de ser designado embajador de los Estasdos Unidos en México, sostiene que la batalla centralizada en cada país contra el narcotráfico sólo ha servido para que las mafias se muden sin perder eficiencia. El caso de los carteles narcos de Colombia, donde se concentró esa batalla, es paradigmático sobre la consecuencia del crecimiento de las alternativas mafiosas en México. Para el Brooking el eje pasa por combatir con mayor énfasis el enorme consumo en Norteamérica, y destruir el contrabando de miles de armas que cada día pasan desde el sur al norte por la frontera mexicana.

Esa polémica importa poco a los protagonistas directos de la película. Las razones son sencillas. El dinero del Plan Colombia ha fluido como un río hacia proveedores gigantes de material bélico como United Technologies. Este coloso de la industria militar, basado en Connecticut, es el mismo que proveerá a México, como parte del cuestionado Plan Mérida (la versión azteca del antinarco aplicado en Colombia), de una flota de helicópteros Black Hawks que construye su subsidiaria Sikorsky. El anuncio lo hizo la canciller de Obama, Hillary Clinton, en marzo en México. Esos helicópteros operan también en Colombia.

Es interesante observar que cuando George W. Bush activó el Mérida, optó por dotarlo de helicópteros Bell, cuya planta está en su estado natal, Texas. La United Tech está radicada en Hartford, Connecticut, de donde proviene el halcón Joe Liberman, un influyente senador (primero demócrata luego independiente) que apoyó decididamente el belicismo de Washington en Irak y que, junto a su colega Christopher Dodd, introdujo una enmienda que autoriza al Pentágono, en consulta con los militares colombianos, a determinar cuál es el modelo más efectivo para luchar contra el narcotráfico.

La pelea por Colombia entre Sikorsky y Bell, con sus lobbies y una lluvia de cientos de miles de dólares que denunció el respetado Center for Public Integrity de EE. UU. (“The Helicopter War“), es uno de los capítulos poco transitados pero claves para comprender el sentido y permanencia de esta guerra. Y por qué es tan importante para esos sectores del poder en EE.UU. la figura de Alvaro Uribe y la gracia de su reelección. Es claro ya que las polémicas bases son una parte de su campaña electoral.

Vale la pena abundar. Según datos de 2007 consignados por la BBC, que cita a la especialista colombiana en lucha contra el narcotráfico Diana Murcia, al menos 35% de los fondos del Plan nunca llegaron a Colombia sino que pasaron en forma directa a los proveedores. “El programa iba a servir para reducir 50% la oferta de cocaína hacia EE.UU. y Europa, pero ha sido un total fracaso”, dijo.

Tanta evidencia puede más bien hacer poco sin un sistema regulatorio que controle los excesos. El almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., atajó hace poco el pedido para desmantelar el Plan Colombia afirmando en Bogotá que hay que “aprender de los enormes éxitos de este plan” y sugirió que tales enseñanzas deberían ser aplicadas en Afganistán, el nuevo Vietnam en proceso. El corresponsal en la Casa Blanca de The Washington Post, Scott Wilson, avanzó un poco más: urgió a Obama a usar a Colombia como el aula donde aprender cómo golpear al enemigo Talibán. Y preparar un ejército que lo haga, no importa a qué costo. Es un mundo pequeño.

*Marcelo Cantelmi es editor internacional del diario Clarín de Argentina

El presidente Barack Obama heredó una pesada mochila fiscal de George W. Bush: un déficit que crece a cada segundo. El desempleo seguirá siendo un problema por un largo tiempo y la popularidad de Obama va en baja. En ese escenario, debe sacar adelante una reforma a la salud que busca dar protección a 46 millones de estadounidenses que no tienen protección, muestra de uno de lo peores sistemas sanitarios del mundo. Reformarlo cargará aún más la mochila y para mantener a raya el déficit anuncia compensaciones que no gustan a los republicanos.

Nunca es buena idea jugar con los números, pero a veces una grotesca comparación ayuda a observar el tamaño de la fotografía. Imagine que en el efímero instante que demora en pestañear se diluyen 57.870 dólares. Y otra vez y una más. Eso es lo que cada segundo aumenta el déficit fiscal norteamericano; si prefiere 3.472.222 dólares cada minuto, casi 5.000 millones de dólares que a diario hinchan una bola de nieve de tamaño extraordinario, sin precedentes en la historia moderna norteamericana.

Barack Obama tiene esa espada sobre su cabeza; que no puso él ahí, es cierto, sino que le legó el gobierno republicano aunque ya muchos prefieren olvidar que hubo tal herencia. Hablamos de un país que gastará la próxima década, cada año, 1,84 billones de dólares (millones de millones) en el peor de los casos o 1,20 billones en el mejor. Y que deberá caminar con el peso de una deuda de 11,5 billones de dólares, casi 80% de su PBI, que suele remover el sueño de sus acreedores, especialmente los chinos.

Son estas las cifras de una crisis que en el llano se expresa con la escalada de la desocupación (de 7,6% en enero a 9,5% en junio) y sus consecuencias sociales. El economista Nouriel Roubini, célebre porque anticipó esta crisis global, que desde los altares técnicos se insiste que está ya en su punto de culminación, acaba de reconocer que el desempleo seguirá trepando a 10,5% en octubre y a 11% el año entrante, para quedarse por largo tiempo debajo de esos niveles pero no muy lejos de ellos.

Si se observa el pronóstico de largo plazo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, queda claro que en el 2020, aunque haya pleno empleo, los números rojos seguirán en alza. Es decir que para balancear el gasto se requeriría un aumento de 44% de los impuestos y eso teniendo en cuenta un gasto de defensa que cayó de 9% del producto en los ‘60 al 3% en el 2000, según señala pesimista y abrumado Robert Samuelson en The Washington Post.

Obama está obligado a intentar modificar este desafío antes de que se torne inmanejable. Debe restaurar una estructura de acumulación quemada por la anarquía creativa que soportó el país y el mundo la última década de fundamentalismo neoliberal. No es sencillo. Tiene que hacerlo negociando con la oposición, al costo de secundarizar temas cruciales (¿Honduras? ¿Irán?) y lidiando con la persistencia en proteger esas formas de apropiación del capital que los responsables del presente caos esgrimen sin abrir los ojos a los daños que también los afectan. Es paradójico que esos grupos, que alimentaron la vía más espartana y nacionalista de EE.UU., no adviertan ahora que están parados en las causas de la pérdida de liderazgo de la potencia.

La difícil reforma a la Salud

En cualquier caso, esta confrontación y aquellos números están en el corazón de la batalla que ha venido librando Obama para intentar que se apruebe una reforma sanitaria que observa que puede servirle a mediano plazo como una herramienta para apaciguar los rojos fiscales en los cuales el desafío de la salud ocupa y ocupará un lugar prevalente.

Veamos esto de un modo simple. En EE. UU. poco más de 46 millones de los 300 millones de habitantes, no tienen seguro de salud. Es decir, deben resolver sus problemas sanitarios con dinero cash que obtienen malamente de la venta urgente de sus viviendas. O endeudándose de un modo explosivo. El resto está atrapado en seguros de salud que no tienen cláusulas para eliminar o al menos limitar los abusos. Sólo gente en la pobreza o ancianos (síndrome en crecimiento debido al envejecimiento de la población) tienen una mínima protección por parte del Estado vía los programas Medicaid y Medicare. Pero desde las épocas de George Bush, se amplió la participación de empresas privadas en esos planes que agregan al Estado gruesos sobrecostos. Es una sangría anual de 2,5 billones de dólares, el sistema de salud más caro del mundo y quizá uno de los más ineficientes.

Obama pretende que esos 46 millones de desamparados ingresen al esquema sanitario. El costo adicional sería de 1,5 billones de dólares. Para sus críticos republicanos, y también demócratas, eso aumentará el rojo profundo que muestran todas las cuentas fiscales. El incremento o ampliación de los seguros, sostienen, impactará en las pequeñas y medianas empresas que se verán obligadas a eliminar trabajadores. El presidente no se resigna y afirma que esa plata puede salir de la racionalización de los costos de la medicina, eliminando los abusos en los hospitales y, en última instancia, aumentando los impuestos a quienes tengan los mayores ingresos del país.

Ese punto, que revertiría una política clave de Bush, alimenta el escándalo republicano, algunos de cuyos gladiadores no dudan en calificar de socialista -aclaremos, usado como adjetivo negativo y no sólo caracterización (equivocada)-, lo que hace Obama. Es difícil comprender que el país que acaba de celebrar haber llegado hace 40 años a la luna, tenga semejante estructura sanitaria y que se discuta si conviene mejorarla.

El bloque demócrata en el Congreso difundió testimonios de gente que quedó atrapada en pesadillas por el error de enfermarse. Una mujer, con cáncer y con seguro médico, comentó que recibió costos adicionales de hasta 6.000 dólares por una sola inyección y facturas de 4 páginas por hasta 35.000 dólares en extras. Apenas logró evitar perder su casa, cuyas cuotas se retrasaron por la enfermedad y los nuevos gastos, cuestiones que su banco consideró irrelevantes para admitir un tratamiento diferencial.

Es cierto que estas reformas sanitarias se han intentado antes. Pero conviene ir con cautela a la hora de comparar esta iniciativa con la que buscó y tampoco logró en 1993 Bill Clinton. Aunque son pocos los años que median y el tema sigue siendo cómo aliviar una mercantilización ilimitada de la salud, los universos son diferentes. Una dimensión es enfrentar este tema con leve desempleo y una situación económica estable. Y otra en la actual encrucijada. Obama tiene frente a sus narices un enojo social y desencanto que explica la caída de su popularidad de 72% a 49% (encuesta conjunta de The Washington Post y la cadena ABC) en apenas seis meses y el aumento de las dudas respecto a si este líder podrá serenar tantas calamidades.

Como F. D. Roosevelt, con quien gusta compararse, tiene que canalizar esa rabia social creciente y negociar y apretar callos para obtener recursos. Es también una reconstrucción. Quizá también como Roosevelt, advierta que lo logrará solo al costo de ser juzgado menos por sus virtudes que por los enemigos que haya hecho en este desfiladero.

* Marcelo Cantelmi es editor internacional del diario Clarín de Argentina

Tras un arranque aperturista y autocrítico de las violaciones de derechos humanos del gobierno de Bush, lo que prometía ser un giro radical ha ido entibiándose. La Casa Blanca primero revocó la decisión de publicar las fotos de los abusos en la cárcel de Abu Ghraib, luego anunció el mantenimiento de los controvertidos tribunales militares en Guantánamo, bloqueó una investigación sobre tortura en la guerra -una virtual amnistía para agentes de la CIA- y resiste que se investiguen las políticas “antiterroristas” de dupla Bush-Cheney. El abandono de la urgencia para resolver el conflicto en Honduras, es otra señal de este enfriamiento que celebran los conservadores.

El triunfo del neofascista Mahmud Ahmadinejad en las recientes y cuestionadas elecciones en Irán, cuya victoria acaba de consagrar el maltrecho poderío de la teocracia persa, fue celebrado por enemigos de Barack Obama a los que no hay que ubicar sólo en el campo del fundamentalismo ultraislámico. Y quizá, con la misma copa, estén los mismos individuos brindando por la negativa evolución de la crisis en Honduras, donde las autoridades golpistas siguen resistiendo. ¿Es entonces que se está diluyendo tan velozmente el viento de cambio que trajo este presidente?
Quizá no haya sólo que mirar en aquellas cuestiones.

Desde que Obama llegó al poder hace poco más de seis meses, mostró un formidable empuje obligado por la necesidad de construir una etapa diferente debido a las limitaciones objetivas del liderazgo de Washington. Esos movimientos se dieron con contradicciones entre lo prometido y lo realizado, y con una insistente búsqueda de equilibrios con el resultado de que, en muchos casos, quedó la frustración por lo que parece que es pero que no llega a ser del todo.

Si la pregunta correcta es si existe una agenda completa de política exterior, es decir con objetivos definidos en una situación global tan compleja, la respuesta debería ser afirmativa. Pero esa agenda posiblemente diste hoy, y mucho más en el futuro, de lo que se supuso en los albores de este cambio.

El discurso de la canciller Hillary Clinton en el Consejo de Asuntos Exteriores en Washington en julio, fue un esperado momento para intentar develar esas dudas. No lo hizo. Hillary derramó una mirada global epidérmica. Y reactivó su calendario de viajes, paralizado por su fractura del codo derecho, lesión que, es cierto, le había impedido acompañar a Obama a Rusia, una gira crucial en la que se habló menos de reducción de misiles que del destino de Georgia y Ucrania, los sitios donde Moscú dibuja su patio trasero.

Ese discurso y otras declaraciones posteriores de la canciller mostraron el creciente pesimismo de Washington con Irán debido a la instauración de la línea de poder más cerrada. De ahí que también la funcionaria exhibía ya el pesimismo en el destino del diálogo propuesto a Teherán, pero sin plazos, por el presidente. Hillary se ocupó de aclarar a los persas que no esperarían indefinidamente por una respuesta que el gobierno iraní no quiere dar, pese a que estén atascados en un camino que debilita como ninguna otra amenaza a la revolución iniciada en 1979.

Esa marcación de límites no fue necesariamente una diferencia con los puntos de vista de Obama. Quienes insisten en la especulación de un doble comando de EE.UU. en las cuestiones internacionales, se entusiasmaron con lo que creyeron una evidencia. Pero lo de Hillary fue cualquier cosa menos una ruptura. En aquel mensaje clave de julio, el primero substancial de su gestión, Hillary citó a Obama ocho veces en apenas 30 minutos, un machaqueo que buscó marcar que aquella rivalidad que sostuvo en la campaña no le reduce la lealtad con quien ahora es su jefe.

Asimismo, la ausencia de una descripción detallada del escenario mundial de parte de quien esta sentada en ese comando inigualable, no parece consecuencia de disidencias en la cumbre del poder. Sucede que la agenda internacional la está produciendo Obama con formas y contenidos que su ministra no objeta, sino que avala con tal sumisión que la columnista Tina Brown, en el blog The Daily Beast, describió con un consejo cruel: “Es tiempo ya para que Obama permita a Hillary sacarse la burka”.

No es una misión sencilla. En estos meses Hillary descubrió cómo es el terreno minado en el que intenta marchar. Obama bochó, por un amigo y contribuyente de su campaña, al candidato de la canciller para la embajada en Tokio, y mantiene un veto para los nombres que ella propuso para la oficina de desarrollo internacional (Usaid). The New York Times reveló hace pocas semanas que Obama le avisó apenas por teléfono que decidió sacar al principal “iranólogo” de la cancillería, Dennis Ross, es decir de su ministerio, y pasarlo al Consejo Nacional de Seguridad que depende de la Casa Blanca.

Pueden ser movimientos menores, si se quiere, pero brindan otra óptica para evaluar las medidas adoptadas hasta ahora, muchas de ellas contradictorias y otras que revelan una clara impericia. Recordemos que esta Casa Blanca arrancó con un giro muy aperturista y de autocrítica a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno anterior de George Bush, pero aún así revocó en mayo la decisión de publicar las fotos de los abusos en la cárcel de Abu Ghraib, en Irak. Por la misma fecha anunció el mantenimiento de los controvertidos tribunales militares en Guantánamo que, como senador en 2006, Obama había rechazado vivamente.

Asimismo, bloqueó una investigación sobre los casos de tortura en la guerra, en una virtual amnistía para los agentes de la CIA involucrados. Y, en igual camino, resiste que se investiguen las políticas “antiterroristas”, que diseñó la temible dupla George Bush-Dick Cheney.

Obama acertó en la posición de equilibrio -muy repudiada por la derecha norteamericana, que preservó en la crisis iraní para no alimentar el discurso del fundamentalismo y mantener flotando aquel diálogo. Pero viró totalmente con respecto a sus planteos en el Cáucaso al ordenar aumentar la ayuda a Azerbaiján y reducir la de Armenia, desequilibrando a esos países en momentos que están en el foco de creciente tensión y temores de un choque armado como el que sostuvieron en los ’90 por el dominio del enclave armenio de Nagorno Karabaj.

El conflicto es menos de lo que sugiere en términos geopolíticos. Pero es la señal -y el costo- del acercamiento de Washington a Turquía, enemigo de Armenia, aliado de Azerbaiján, de Israel y últimamente de Rusia, que también esta haciendo buenas migas con Tel Aviv. Es otro mapa en construcción con extremos imprevisibles y desconocidos.

La cumbre con Putin es otro ejemplo. Obama se mostró amplio y considerado y llovieron amables gestos de uno y otro gobierno. Pero el encantamiento se desplomó apenas unas semanas después cuando el vicepresidente Joe Biden, enviado por el mandatario, llegó a Georgia para postular que ese país y Ucrania deberían ingresar ya a la OTAN, todo ello proclamado con la promesa de una defensa sin igual de Washington sobre los dos enemigos de Moscú.

Por estas orillas, el caso de Honduras es otro paradigma. Tanto Obama como Hillary, calificaron como un golpe lo sucedido en ese país y demandaron la reposición del derrocado Manuel Zelaya. Obama, sin embargo, no retiró a su embajador, lo que hubiera forzado a ese final. La demanda de reposición mudó a la dudosa mediación de Oscar Arias en Costa Rica, y a una declaración de Hillary respecto a que en charlas con México y Canadá no se planteó el regreso del bolivariano Zelaya como requisito excluyente. El mandatario norteamericano aclaró con gestos de quién ha sido la decisión de operar de este modo. Obama repudió a quienes se quejaban antes de una gran injerencia y ahora de que no es suficiente. En verdad no parece comprenderse la consecuencia del huevo de una serpiente que se ha puesto a entibiar en el calor del Caribe.

La deriva hondureña quizá nos muestre algún cambio interno, una sucesión dentro del gobierno de facto hacia el jefe del Congreso o el titular de la Corte Suprema para llegar a las elecciones de noviembre rasgando en las piedras alguna legitimidad. Es la fantasía de creer en un equilibrio que no existe. Una mala decisión que no solo pega a sus autores, sino que puede desestabilizar a la región y, en fin, hacer estallar a la OEA, un destino que apreciará como un regalo inesperado Hugo Chávez y su caballería bolivariana.

* Marcelo Cantelmi es editor internacional del diario Clarín de Argentina