Estudié durante cinco años y solo pedí cuatro créditos universitarios, pues sin importar la pésima situación financiera de mi familia, tuvimos que pagar el primer año de mi carrera directamente a la universidad, reprogramando la deuda cada semestre por más de tres años. Esto, debido a la política del BancoEstado en 2003 de no otorgar créditos universitarios desde el primer año.

Después de haber solicitado el primer crédito, estudié toda la carrera bajo la presión financiera de no alargar mi carrera para no seguir endeudándome a una tasa de interés de UF + 9,5%, además de la presión de estar recibiendo las amenazas de BancoEstado cada vez que mis padres se atrasan en una cuota. He pagado este crédito durante ocho años, en los que he pagado sólo intereses y sigo debiendo lo mismo que al principio. Cada vez que me atraso en un par de días, mi mamá y mi papá reciben llamados con amenazas de embargo y otras acciones judiciales.

Considero que esta tasa de interés es muy alta. Si sumo todas las cuotas del crédito, el monto alcanza las UF 984, mucho más que el doble de lo solicitado, cosa ridícula si estamos hablando de un crédito otorgado por un banco estatal, para estudiar en una universidad estatal y avalado por una institución estatal (CORFO).

He realizado todas las acciones que me permiten las instancias regulares. Asistí a una sucursal de BancoEstado a hablar directamente con una ejecutiva, la que me negó toda posibilidad de repactar mis créditos. Hice mi reclamo en el Sernac, el que quedó registrado bajo el número 5676302, el cual fue cerrado porque “la empresa no respondió nuestro requerimiento en las dos oportunidades en que le fueron enviadas”. El Sernac me comunicó que ya no podía hacer nada y que mi única opción sería dirigirme a tribunales. Luego recibí una respuesta del BancoEstado mediante carta enviada por Enrique Cisternas Crovari, coordinador de clientes, fechada el 2 de diciembre de 2011. Dicha respuesta no contestó el reclamo donde solicité reprogramar los créditos y solo habló de la legalidad del otorgamiento de éstos.

Hoy tenemos proyectos de ley para reducir las tasas de interés del Crédito con Aval del Estado (CAE) de 6% a 2%, con opciones de repactar a los que ya están endeudados; también para el Crédito del Fondo Solidario, donde quieren dar a los deudores opciones para reprogramar sus obligaciones, eliminándoles las multas por atraso a los morosos. Lo anterior me lleva a cuestionar porqué no hay iniciativas similares respecto del crédito CORFO.

Otorgando créditos hipotecarios, BancoEstado gana a una tasa de interés del 6,5% anual, dando la posibilidad de repactar e incluso de endosar el crédito. Entonces, ¿por qué el mismo banco, que es una institución pública, busca ganar dinero a una tasa de interés de UF + 9,5% anual con personas que se endeudaron para estudiar? Estamos hablando de un crédito que beneficia tanto a mí como al país, que fue otorgado para estudiar en una universidad del Estado, que fue otorgado por un banco del Estado y avalado por una institución del Estado (CORFO) ¿Quién se gana el dinero que estoy pagando con tasas abusivas, usureras y actualmente fuera de la ley y de mercado?

Actualmente, trabajo como ejecutivo comercial y gano un sueldo bajo el promedio de mis colegas, lo cual me permite pagar el crédito universitario, el arriendo y nada más. Por tal razón, mensualmente me tengo que endeudar para vestirme y comer. Esta situación, además, me impide continuar mis estudios, pues no tengo los ingresos ni la capacidad de ahorro para realizar estudios de postgrado.

He decidido no pagar las cuotas de estos créditos hasta que BancoEstado ofrezca una solución. Conjuntamente con esta carta, estoy dirigiendo las mismas inquietudes a BancoEstado, Corfo, al Poder Legislativo, al Gobierno de Chile, al Ministerio de Educación, a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Quiero hacer pública mi situación, ante la negativa de BancoEstado a una reprogramación de mis créditos universitarios a una tasa justa, cuando hoy se está discutiendo que la tasa de interés para la educación debería ser del 2%.

No pido gratuidad ni que me condonen deuda, sólo pido pagar lo justo por haber elegido estudiar.

Vea la primera parte de este reportaje: “Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha por polémico contrato”.

A comienzos de esta semana la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC), recibió una noticia dura para sus alumnos, pero sobre todo para sus propias arcas: la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) decidió rechazar en una segunda instancia la acreditación de esa universidad. Cualitativamente eso significa que la UNIACC no cumple con los estándares que ese organismo exige a las casas de estudio. Cuantitativamente implica que los alumnos que ingresen este año, el próximo y los siguientes (hasta que la universidad logre pasar la barrera), no tendrán acceso al Crédito con Aval del Estado, el CAE. Eso implica dejar de recibir mucho dinero. La UNIACC estuvo acreditada entre 2005 y 2010 y en ese periodo se les concedieron a sus alumnos cerca de mil créditos, por un monto total de $ 1.666 millones.

El dictamen de la CNA es durísimo en varios aspectos y por eso muchos piensan que aunque la UNIACC apeló ante el Consejo Nacional de Educación (CNED), es poco probable que la decisión cambie. Académicamente la CNA le criticó que tiene importantes niveles de deserción y bajos niveles de titulación: que carece de una política de admisión selectiva y tiene una alta “permanencia de estudiantes en programas de estudios”, léase repitencia. Repara también en un aumento de la oferta de cursos de e-learning sin que se tenga “claridad de que la institución cuenta con capacidad suficiente para desarrollar programa de calidad bajo esa modalidad”.

La parte medular del dictamen tiene que ver con los dineros y la estructura societaria de la UNIACC, temas en los que la CNA no se mete normalmente. Tras revisar los estados financieros de 2008, 2009 y 2010, el ente fiscalizador afirma que la situación económica y financiera de la UNIACC “es riesgosa”. Detecta que el patrimonio de la UNIACC sufrió un fuerte descenso pasando de $ 8.037 millones a $ 3.938 millones, lo que implica una baja de un 51%. Esta pérdida llama la atención pues la UNIACC hizo traspasos de dinero por un monto similar ($5.507 millones) a una sociedad anónima relacionada con la universidad: el Instituto Superior de Artes y Ciencias S.A. (ISACC). La CNA entiende este traspaso como una deuda del instituto con la universidad, dinero que fue entregado en condiciones perjudiciales para esta última pues no genera intereses y no tiene plazos para la devolución.

Dice la CNA: “La deuda del instituto ISACC con la universidad representa un 27% del activo total y es superior al patrimonio actual de la universidad ($3.938 millones)” Y reitera: Las condiciones del préstamo “significan una pérdida patrimonial para la universidad y, obviamente, un beneficio patrimonial para el deudor”.

Según especialistas consultados por CIPER, el escenario descrito por la CNA responde a una de las formas clásicas a través de las cuales las universidades esquivan la prohibición que tienen de lucrar: si bien la ley les impide tener beneficios económicos, no les impide realizar malos negocios con empresas relacionadas que sí pueden lucrar.

Lo llamativo del dictamen es que por primera vez una práctica como esa es descrita en detalle y usada por la CNA como argumento para no otorgar la acreditación e impedir el acceso a los dineros del sistema CAE.

Al contrario, en 2010, cuando su presidente era Eugenio Díaz Corvalán la CNA acreditó a todas las instituciones que se pusieron frente a su ojo avizor: 16 universidades, 5 Centros de Formación Técnica y 10 Institutos Profesionales. Cada una de estas instituciones recibió al menos un año de acreditación. Los casos más llamativos fueron los de las universidades Tecnológica Metropolitana (UTEM), Arcis, Pedro de Valdivia y la Universidad del Mar, las cuales nunca habían logrado antes pasar esta prueba.

Un consejero de la CNA que prefiere no identificarse, recuerda que en esa ola de 2010, Eugenio Díaz, presionaba en las sesiones para acreditar a las instituciones.

-Cuando algunos nos oponíamos a una acreditación, Díaz nos acusaba de que desconfiábamos de las universidades privadas -dice el consejero.

¿El dictamen de la UNIACC marca un cambio en la línea de la CNA?
Algunos lo creen así y lo atribuyen al efecto del escrutinio público. Lo que antes decidían sin que nadie reparara en ello, tras el movimiento estudiantil del 2011 empezó a ser mirado con mucha más atención. “Acreditaciones como la de la UPV no podrían repetirse hoy”, dice un ex consejero. Otro afirma que también puede haber influido la llegada de Íñigo Díaz a la presidencia de la CNA.

Si este cambio es cierto, muchas casas de estudio deben estar muy complicadas en estos momentos. Entre ellas la misma UPV que debe iniciar su proceso de reacreditación este año.

También, como se verá enseguida, la Universidad del Mar.

INTERESES NO DECLARADOS

El citado Eugenio Díaz Corvalán, ex presidente de la CNA y actual consejero del mismo organismo, sabe mucho de la Universidad del Mar. Pero no por la fiscalización que debe hacerle sino por la asesoría que brindó a esa entidad durante casi todo 2011.

En la primera parte de este reportaje CIPER dio a conocer un contrato entre Eugenio Díaz y la U. del Mar que se firmó casi dos meses después de que dicha casa de estudio lograra su sorpresiva acreditación. En ese contrato Díaz, a través de su empresa, se comprometía a logra reacreditar a la U. del Mar por un pago de $ 60 millones. Mientras más años de acreditación lograra, más dinero extra le darían (Ver reportaje “Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha por polémico contrato”)

Desde hace un mes la Contraloría lleva adelante una investigación en la CNA y que incluye ese contrato y es ese organismo el que deberá determinar si el acuerdo vulnera alguna norma. Sin embargo, hay un aspecto desconocido hasta ahora y que agrava la posición de Díaz: no informó de su relación contractual en las tres declaraciones de intereses que hizo en 2011 y que Ciper obtuvo acudiendo a la Ley de Transparencia.

La declaración de intereses es un documento al que los miembros de la CNA están obligados por ley y en el que deben informar si tienen alguna relación con los fiscalizados que les impida ejercer su función. Específicamente se habla de relaciones laborales remuneradas con instituciones de educación superior. En su declaración de marzo de 2011 Eugenio Díaz admitió que trabajaba para la Universidad Andrés Bello, como asesor de la Vicerrectoría de Calidad y que su trabajo era por dos años.

En su declaración de abril de 2011, dijo que no tenía ninguna inhabilidad. En la que hizo en octubre de 2011 señaló que estaba asesorando a la Universidad Bernardo O’Higgins en una política de vinculación con el medio. Esa es la que se puede ver hoy en la página web de la CNA.

La omisión del contrato en este vital documento de transparencia funcionaria complicará a Díaz en la investigación de la Contraloría.

El caso de Díaz, sin embargo, excede su actuación y pone de relieve lo vulnerable que puede ser la CNA frente a universidades que se juegan fortunas con lo que se decide ahí adentro. La ley que regula la CNA deja convenientes áreas grises que pueden permitir fiscalizar y asesorar al fiscalizado. Por otra parte, la mitad de los miembros de la CNA es elegida por los establecimientos de educación superior que la CNA debe fiscalizar.

La Universidad del Mar, con la que Díaz firmó el contrato, es una de las tres privadas más grandes del país. Y su historia muestra como el negocio de la educación superior se ha construido precisamente desde zonas grises como las que hacen débil el trabajo de la CNA.

LOS DUEÑOS DE LA DEL MAR

La semilla del coloso que es hoy la U. del Mar se plantó en mayo de 1988, cuando un grupo heterogéneo de socios fundó el “Instituto Profesional de Valparaíso” con apenas $ 2 millones. Los socios eran Héctor Zúñiga Salinas, contador auditor; Raúl Jorge Baeza Aspée, ingeniero comercial; Luis Enrique Molina Vallejo, capitán de fragata (R); Juan Carlos Galdámez, abogado; Sergio Vera Muñoz, ingeniero naval y actual presidente de la Junta Directiva y Mauricio Eduardo Villaseñor, de profesión administrador de empresas y actual vicepresidente de la Junta Directiva de la universidad.

Los socios se demoraron un año de intentos en decidir que lo que debían hacer era una universidad. El 31 de mayo de 1989, inscribieron la corporación “Universidad del Mar”.

El verdadero corazón del negocio, sin embargo, no era el Instituto sino un enjambre de inmobiliarias que los socios formaron poco después de echar a andar la universidad y cuyos recursos no han parado de crecer.

Por ejemplo, en septiembre de 1989, meses después de creado el instituto, Héctor Zúñiga (el rector que contrató a Eugenio Díaz) junto a Baeza Aspée, Molina Vallejo, Vera Muñoz y Eduardo Villaseñor, constituyeron “Inmobiliaria del Mar S.A.” con un capital de $ 17 millones. 22 años después, en abril de 2011, esa inmobiliaria aumentó su capital a $1.800 millones.

Otro ejemplo de 1997: los socios fundadores crearon “Inmobiliaria e Inversiones Rancagua S.A.” con cerca de 200 millones. En 2011 el capital registrado en esa sociedad era de $ 2.466 millones.

Varios ex empleados de la universidad, señalan que esta red de inmobiliarias absorbe los recursos que genera la universidad con sus 20 mil alumnos. Rodrigo Muñoz, ex profesor de Macroeconomía de la sede de La Serena, afirma: “A los docentes de la U. del Mar se nos dejó de pagar durante meses, pero nunca se dejó de pagar el arriendo de los edificios, que son de los mismos dueños de la universidad”.

Similar acusación hace el presidente del sindicato de trabajadores de esa misma sede, César Guisado: “Todo podía fallar en la universidad pero el pago del arriendo jamás”, explica. El arriendo se cancelaba a Inversiones La Serena, de propiedad de los mismos socios que aparecen en la corporación que controla la universidad.

Guisado acusa que desde julio de 2011 la universidad dejó de pagar la AFP y los contratos de salud de varios de sus trabajadores, pese a haber hecho los descuentos respectivos. Por eso en diciembre del año pasado el sindicato presentó una querella “por delito de apropiación indebida y contrato simulado en contra de los socios y directores de la Universidad del Mar”, según se lee en el documento al que accedió CIPER.

Guisado sostiene que los dineros que se les han descontado han ido a parar a la red de sociedades e inmobiliarias.

Con sospechas similares el diputado de la zona Marcelo Díaz (PS) solicitó al Ministerio de Educación que investigue el uso de los dineros del Crédito con Aval del Estado, entregados a la universidad. El documento del diputado explica: “existe la percepción de que puede haber una administración irregular de los recursos del CAE que recibe la Universidad del Mar, particularmente la sede de La Serena pues dichos recursos son trasladados a la casa central, ubicada en Viña del Mar”.

Otra actividad realizada por la universidad sin duda llamará la atención de la Contraloría en su investigación. Se trata de la petición de 20 permisos para realizar Pesca de investigación y que la U. del Mar ha obtenido en los últimos 14 años.

Dos ejemplos: el 6 de julio de 2011, la Subsecretaría de Pesca le otorgó permiso para extraer 5 mil toneladas de Sardina Austral en aguas interiores de la XI Región por el periodo de un año. La universidad designó a Héctor Zúñiga como responsable de la investigación. En septiembre de 2007, la Universidad del Mar obtuvo dos permisos para extraer 5 mil toneladas de Anchoveta por tres meses, y 3 mil y 1.500 toneladas de Anchoveta y Sardina Austral por cinco meses. La primera extracción en la IV Región y la segunda en la V Región.

La lista suma y sigue con cantidades que son similares a las cuotas de pesca de las faenadoras industriales. Un investigador consultado por CIPER, que solicita reserva de su identidad, niega que tales volúmenes sean para investigación.

“Para pesca de investigación se necesitan unos pocos kilos. Cuando hablamos de 1.000 toneladas eso no es una pesca de investigación, es un negocio”.

Similar opinión tiene el investigador en recursos marinos y profesor de la Universidad de Los Lagos Edwin Niklitschek: “Estas cantidades no corresponden a lo que se necesita para una investigación científica. Una muestra de 5.000 toneladas para hacer una investigación no tiene sentido. Estas cifras corresponden probablemente a cuotas de pesca, las que se entregan a los pescadores mediante el mecanismo de “pescas de investigación”, un mecanismo del que, estimo, se ha abusado bastante desde el año 1991”, afirmó.

Fuentes consultadas por CIPER aluden a que bajo el paraguas de “pesca de investigación” la U. del Mar podría estar accediendo a las escasas cuotas de captura disponibles y luego traspasándola a pescadores artesanales o industriales.

Dos datos corroboran esta hipótesis. El primero es que, pese a sus esfuerzos, la U. del Mar sólo ha conseguido acreditarse en el ítem “Docencia”, pero no en el de “Investigación”. Por otra parte CIPER comparó las solicitudes hechas a la Subsecretaría de Pesca con las investigaciones publicadas por la U. del Mar en la base internacional de investigaciones ISI (Institute for Scientific Information) que es donde quedan registrados los trabajos académicos que tienen realmente carácter científico y que pueden ser debatidos por los pares. En ese catálogo la U. del Mar tiene solo tres investigaciones relacionadas con pesquería marítima y ninguna de ellas se puede vincular con las 20 solicitudes de pesca de investigación publicadas en el diario Oficial.

Con todo, es posible que las citadas “pescas de investigación” hayan redundado en algún tipo de documento, pero más bien administrativo, hecho para justificar la captura. El profesor Niklitschek llama a esas investigaciones “trabajo de consultoría”. Explica: “La diferencia entre un trabajo de consultoría y un trabajo científico, es que este último lo publicas en una revista científica reconocida por las base internacional ISI. El resultado de la investigación de una consultoría es un informe, que nosotros le llamamos “literatura gris” porque es un informe que queda en un archivador que no es necesariamente público y que no es revisado por pares. Un trabajo científico es revisado por pares una y otra vez. Los colegas te pueden hacer pedazos una investigación. Por eso si la investigación no es sólida simplemente no se publica. Esa es la vara que nosotros tenemos para decir si un estudio es científico o es sólo una consultoría”.

SE SUPENDIÓ LA FIESTA

El éxito en los negocios que parecen haber gozado los socios de la U. del Mar no ha ido acompañado de un buen desempeño ante los organismos fiscalizadores del sistema educativo. Por el contrario, la gran mayoría de las veces que fue examinada, fue mal evaluada, con excepción de dos ocasiones, una de ellas, la cuestionada acreditación de 2010.

En 1993 la Del Mar inició su primer proceso para lograr ser “autónoma”. Es necesario explicar aquí que hoy muchos especialistas consideran el proceso de autonomía como uno de los grandes errores que se cometieron respecto de la educación superior en Chile. La idea de la autonomía era acompañar y guiar a las nacientes universidades para convertirse en entidades sólidas. Muchas surgían como una casa adaptada para recibir alumnos y poco más. Se pensó entonces en un controlador que fuera estricto pero que no destruyera los proyectos en barbecho. Si pasaban esa etapa las universidades eran autónomas, es decir libres para hacer lo que quisieran, sin tener ningún tipo de control público. Un ex funcionario del Ministerio de Educación de esos años recuerda el desastre que empezó a producirse cuando se entregaron las primeras autonomías a fines de los años 90:

-Cuando las universidades consiguieron la autonomía, pudieron abrir todas las carreras y todas las sedes que quisieron sin consultarle ni al Ministerio ni a nadie. Como la oportunidad de negocio era enorme, la universidad que había sido de buena calidad los primeros años, tenía el incentivo para transformarse en mercenaria. Si era autónoma, ahora podía abrir la carrera de Medicina; si impartía Periodismo en Santiago, ahora podía abrir la carrera en Arica. Además, podía despedir a los profesores contratados y reemplazarlos por “profesores taxis” que hacen clases por hora.

La U. del Mar era tan precaria en tantos ámbitos que sólo logró la autonomía en 2002 después de casi 9 años de informes críticos y correcciones en aspectos centrales. Hay que puntualizar además que si en ese momento no lograba pasar la prueba, el único camino que le quedaba a la autoridad era cerrar la universidad, decisión que no estaba en línea con el signo de los tiempos que era aumentar las instituciones privadas.

Como era esperable la autonomía tuvo en la U. del Mar el efecto de una levadura. En 2004 abrió una sede en Quillota. En junio de 2006 puso la primera de su sede en San Fernando. En 2007 abrió otra sede en Reñaca con una inversión de 20 millones de dólares y con capacidad para 1.500 alumnos. Luego vinieron, Temuco, La Serena, Arica y Punta Arenas.

La expansión inmobiliaria fue acompañada de una expansión de la matrícula. La prueba de sus ambiciones también se registró en que en 2003 inauguró la carrera de Medicina –de altísima inversión- en dos sedes: Viña del Mar e Iquique.

Para hacer frente al caos de carreras y sedes abiertas sin ningún control los gobiernos de la Concertación diseñaron una estrategia: ofrecieron una enorme cantidad de recursos a la instituciones de educación superior (el CAE), a cambio de que se sometieran a un proceso de acreditación, a través de un organismo autónomo: la CNA.

En vez del garrote se optó por el incentivo.

Fue como ofrecerle un bistec a un león a cambio de una pirueta.

Las universidades terminaron tomando el control de la CNA en muchos aspectos. La U. del mar es una muestra de eso.

En 2005 la U. del Mar hizo su primer intento por acreditarse. La CNA la rechazó entre otras cosas porque la “dispersión de oferta de carreras” que ofrece, no cuentan “con los estándares necesarios para asegurar calidad”. La CNA cuestionó la multiplicación de las sedes: “La creación de sedes se ha fundamentado en diversas consideraciones que priorizan los aspectos externos por encima de las condiciones académicas e institucionales para su mantención. Los mecanismos institucionales de aseguramiento de la calidad no se aplican de manera eficiente y eficaz en las diversas sedes y no existen mecanismos claros y permanentes para evaluar la gestión de las sedes. El desarrollo de éstas es disímil y verifican carencias evidentes en infraestructura, biblioteca, laboratorios y equipamiento”.

En 2007 lo volvió a intentar. El rechazo se explicó entonces porque otra vez se detectaron niveles dispares de calidad entres sus distintas sedes. En esa ocasión la institución apeló dos veces y en ambas le dijeron que no.

Luego vino la, a estas alturas, famosa acreditación de 2010. El efecto de conseguirla fue que a partir de 2011, el 10% de su matrícula (2.091 estudiantes, de distintos cursos), pudo empezar a pagar sus carreras con el CAE. Este crédito le garantizó ingresos por $ 3.560 millones a la universidad, según los datos de la Comisión Ingresa, que administra el CAE. Tan importante como eso es que tras la acreditación, cualquiera de sus 20 mil alumnos que pase por una apretura económica podrá solicitar un préstamo para seguir estudiando.

Para entonces la U. del Mar era ya una de las tres más grandes del negocio y su futuro parecía auspicioso pues se había enfocado en capturar las ambiciones académicas de los sectores medios y medios bajos, donde el interés por la educación superior ha explotado. Con el CAE en la mano, la U. del Mar se volvió un negocio muy interesante precisamente para una empresa que había hecho fortuna en ese mismo nicho económico: el fondo Southern Cross Group (SCG), del empresario Norberto Morita, socio mayoritario de La Polar hasta 2006.

En 1998 Morita invirtió US$ 25 millones para comprar La Polar, entonces quebrada. Ocho años después, en 2006, vendió la mayor parte de su tajada en el negocio obteniendo US$ 200 millones. Sus socios decían que la clave del éxito de La Polar era que habían “democratizado” el crédito. Tras el estallido del escándalo se descubrió que esa democratización consistió, muchas veces en endeudar a los clientes de la multitienda –fundamentalmente de estratos bajos y medios bajos-, sin su consentimiento. (Ver reportaje: “Las huellas de Morita en La Polar: La fórmula que convirtió a los gerentes en socios del negocio”)

En este punto estamos en el momento más alto y brillante de la U. del Mar. Todos los pasos se dan en orden como en un estudiado baile. En diciembre de 2010 la U. del Mar consigue la acreditación; en enero de 2011 firman contrato con Eugenio Díaz para asegurar la acreditación del año siguiente; en abril Southern Cross anuncia que está interesada en esta pujante institución.

El fondo de inversión de Morita no da cifras, pero se puede tener una idea del dinero involucrado pensando que en 2009 el fondo de inversión Halcón vendió sólo el 15% de la Santo Tomás S.A, (que tiene 22 mil alumnos) en $10.640 millones.

Con el anuncio hecho los socios de U del Mar inician una serie de movimientos accionarios en la intrincada red de inmobiliarias que han formado en 20 años. El 11 de abril es un día clave, en el que parecen ordenar las cuentas preparándose para la inspección de Morita. Es una danza de millones. Aumentaron el capital de la “Inmobiliaria del Mar S.A.” de $ 77 millones a más de $ 1.800 millones. Crearon “Inversiones del Mar S.A.” con un capital de $ 474 millones. Aumentaron el capital de Inversiones Rancagua de $ 190 millones a $ 2.466 millones. Y crearon la sociedad “Inversiones Omega S.A.” con $248 millones de capital inicial.

Los acontecimientos aguaron la fiesta que estaba lista para empezar. Las marchas de los estudiantes, con la insistente crítica de en que las universidades no pueden lucrar, deben haber generado inquietud en los inversionistas. Por otra parte, La Polar estalló en pedazos gracias al sistema de endeudamiento forzado de sus clientes y generó desconfianza sobre Southern Cross. Por último, es probable que pese a la danza de millones que se describió, la universidad no haya sido todo lo brillante que parecía. De hecho, la crisis se evidenció apenas se anunció que el 23 de agosto Southern Cross no compraría. En septiembre le suspendieron el contrato a Díaz. En octubre, en varias sedes había profesores impagos y la sensación de que la U. del Mar se dirigía a la quiebra.

OTRA ZONA GRIS

La crisis afectó muy fuertemente a la joya del sistema: Medicina. Así lo recuerda el doctor Álvaro Retamal, ex director de desarrollo académico de la U. del Mar (sede Viña):

-Después de que se anunció que Southern Cross no llegaría, se generó una enorme presión para que la carrera de Medicina no sólo se autofinanciara sino que además generara ganancias.

Néstor Irribarra, el ex decano de la facultad, dice, en todo caso, que Medicina no contó nunca con nada más que lo estrictamente necesario. Cita como ejemplo lo que ocurrió con la prueba Eunacom, que deben rendir los egresados de esa carrera. El examen mide los conocimientos mínimos que deben tener los alumnos que egresan de Medicina y los que la superan con éxito pueden trabajar en el sistema público.

En 2009 la primera camada de egresados de la U. del Mar la rindió con resultados aceptables: de 45 alumnos, sólo tres la reprobaron. Pero al año siguiente la U. del Mar empezó a ocupar el último lugar entre las instituciones que se someten a la prueba. En 2010 de los 50 alumnos que dieron el examen, 24 lo reprobaron (48%)

Irribarra explica que en 2010 le pidió al rector de la universidad y socio de la misma, Héctor Zúñiga, recursos para apoyar a los alumnos en la preparación de esa prueba. “Zúñiga me contestó que no autorizaría esos recursos porque estimaba que el Eunacom era un asunto que solo interesaba a los alumnos. Dijo que la universidad cumplía con los jóvenes entregándoles la formación médica universitaria, y era responsabilidad de ellos aprobar el examen. Su idea era que si salen bien es una ganancia para ellos y si salen mal es una pérdida para ellos- cuenta Irribarra.

Los últimos resultados del Eunacom 2011 volvieron a ubicar a la U. del Mar como la universidad que peor rinde esa prueba. De 51 alumnos, el 20% la reprobó (10 alumnos).

-Esa fue la gran razón por la cual terminé saliendo de la universidad- dice el doctor Irribarra. Agrega que los recursos que no se le dieron estaban comprometidos por la universidad en la acreditación de la carrera (que ocurrió poco antes de la acreditación de la institución de la que se ha hablado en este reportaje): “No se me entregaron los recursos que permitían cumplir con los compromisos que habíamos adquirido durante el proceso de acreditación de la carrera frente a la CNA. En ese proceso dijimos que habría recursos para preparar el EUNACOM. Pero no se cumplió”.

Lo descrito por Irribarra aterriza el eterno debate sobre si el lucro afecta o no la calidad de la educación. El eje de esa discusión está muy bien planteado en un texto del director del CEP Arturo Fontaine: “Entre hacer un laboratorio de física o hacerse una casa en el lago, ¿qué escogerá nuestro empresario, dueño de universidad? Entre tener una proporción razonable de alumnos por profesor y aumentar los alumnos al máximo para aprovechar economías de escala, ¿no escogerá lo último? Entre pagar arriendos y servicios necesarios y a un costo de mercado y multiplicar servicios innecesarios y pagar más arriendo del de mercado siendo dueño de las empresas que prestan dichos servicios y de los edificios que se arrienda él mismo, ¿no tenderá a escoger lo último?” (Ver columna “El lucro sí importa”)

Si esas preguntas eran válidas para momentos que parecían ser de bonanza económica en la U. del Mar, con mayor razón lo fueron cuando la opción de compra de Southern Cross desapareció del horizonte. El doctor Retamal explica: “Al interior de la universidad el lucro se maneja con toda transparencia, ese es el objetivo de la U. del Mar. Lo reconocen y lo dicen abiertamente. Cuando vas a conversar con los directivos te dicen que esto es un negocio, hay que generar ganancia para los dueños”. Agrega que después de Southern Cross ese razonamiento se llevó al extremo: “La universidad empezó a tratar de lucrar a costa del deterioro del proceso académico. La universidad pretendía disminuir la calidad y aumentar el lucro. Esa idea era deliberada”.

A fin de 2011, que se había iniciado tan auspiciosamente con la acreditación, se anunció a los alumnos de Iquique que la carrera de Medicina se cerraría. Según relata un estudiante que participó en una reunión con Sergio Vera, presidente de la junta directiva de la universidad, este justificó el cierre de una manera sorprendente. “Nos dijo que en la zona no había suficientes profesionales docentes y que por lo tanto nosotros no nos íbamos a poder formar de una buena manera. Por supuesto, eso nos llamó la atención porque nos decía eso a alumnos que llevan varios años estudiando ahí, en una sede que ya tenía dos generaciones de egresados”.

A los alumnos de Iquique se les ofreció trasladarse a la sede de Viña (donde la mensualidad es 600 mil pesos más cara). Para costear la vida a 1.800 kilómetros de casa, se les prometió un bono de $125 mil por concepto de alojamiento y $50 mil por concepto de alimentación.

Datos reunidos por CIPER indican que la crisis de la U. del Mar estaría afectando a la mayoría de las sedes con sueldo impagos como en La Serena y cambios de directivos como en Medicina.

Respecto de este escenario el ente fiscalizador, la CNA, que al acreditar a la universidad envió la señal a los alumnos y a las familias que este era un lugar donde podían realizar adecuadamente estudios universitarios, no puede hacer nada. Porque entre acreditación y acreditación las universidades son entes autónomos.

-No tengo muchos antecedentes sobre lo que está pasando en la U. del Mar. Lo que sé y que es oficial es que la universidad cambió sus autoridades y que está en un proceso de reestructuración. Aparentemente cambiaron el rector y algunas otras personas. No sé si es todo o no -dice Íñigo Diaz, actual presidente de la CNA.

-¿Está al tanto de los problemas económicos y académicos de la U. del Mar? Eso es materia de la CNA…
-Solo cuando la Universidad del Mar solicita acreditación nosotros conocemos su situación. Toda la acreditación es voluntaria, salvo los programas de pedagogías y de Medicina. En el caso de la acreditación institucional, el proceso se inicia con la manifestación de voluntad de la institución, ya sea de acreditarse o reacreditarse. En ese momento se firman los contratos y se echa a andar el proceso del comité de pares evaluadores… Esta universidad que usted menciona no ha presentado su intención de reacreditarse… Lo único que sé es que la acreditación de la U. del Mar vence en diciembre de este año. Y por lo tanto, dentro de la programación que nosotros tenemos la consideramos como una tarea.

Los socios fundadores tienen una decena de inmobiliarias y los funcionarios de la universidad dicen que lucran a través de ellas.
-Toda esa información va a ser materia de observación y de análisis y de evaluación por parte de la CNA una vez que la universidad solicite la acreditación. Ahora, todo ese tipo de cosas cabe más bien en el ámbito de la fiscalización que debe hacer el ministerio o alguna superintendencia o finalmente la justicia.

Un último dato sobre la crisis actual en la U. del Mar. En octubre de 2011, los alumnos de la carrera de Medicina de la sede de Iquique organizaron un paro. No alegaban, como el resto de los estudiantes movilizados en Chile, por acceso a educación pública gratuita. Pedían, según relatan alumnos de esa universidad, cosas básicas como tener horarios de clases y, para alumnos de cuarto año, al menos una hora de clases a la semana.

-Pasaba mucho que como los profesores no estaban contratados, uno tenía que andar persiguiéndolos por los hospitales para resolver dudas y adaptándose a sus horarios para tener clases- dice un alumno. Añade que luego de firmar un acuerdo con la universidad y volver a las aulas, “ninguno de esos acuerdos se respetó”.

Esas situaciones se vivían en la U. del Mar, acreditada bajo la gestión de Eugenio Díaz. No deja de ser llamativo lo poco que la CNA conoce de lo que pasó con esta institución apenas un año después de su acreditación.

El contrato indica que Eugenio Díaz -que debía fiscalizar a la U. del Mar- tenía interés económico en que fuera bien evaluada por la CNA: recibiría $60 millones si era acreditada.

Actualmente el contrato forma parte de una investigación de la Contraloría iniciada a comienzos de enero.

Para entender la relevancia del documento hay que tener presente una breve cronología de hechos:

El 1 de diciembre de 2010 la CNA le otorgó a la Universidad del Mar, por primera vez en su historia, dos años de acreditación. En ese momento Eugenio Díaz era el presidente subrogante de la CNA y como tal dirigió la sesión que permitió a la universidad lograr el visto bueno de ese organismo.

La Universidad del Mar había intentado acreditarse en 2005, 2007 y 2008, sin conseguirlo, ente otros motivos, porque había levantado gran cantidad de sedes a lo largo de Chile y carecía de mecanismos que permitieran asegurar a la autoridad y a las familias que pagan la mensualidad, que la formación en todas ellas era equivalente.

En 2010, sin embargo, lo logró. Y un mes después de hacerlo, el 20 de enero de 2011, firmó un contrato con “Sociedad Gestión Limitada”, de la que Eugenio Díaz Corvalán es socio con su esposa, María Eugenia Rodríguez, y dos de sus hijas. En el contrato Díaz se comprometió a asesorar a la universidad “en el proceso de acreditación tanto institucional como de carreras que se desarrolla durante 2011 y 2012″. Por la U. del Mar firmó el rector Héctor Zúñiga, socio fundador de ese centro educacional.

Eugenio Díaz alega que al firmar el contrato ya no era presidente de la CNA, aunque fuentes del organismo indican que permaneció en ese cargo hasta que se designó a su reemplazante Íñigo Díaz, el 25 de enero de 2011. Independientemente de eso, antes del contrato (el 21 de diciembre de 2010) Eugenio Díaz ya había sido reelegido como consejero de la CNA por otros cuatro años. Es decir, al firmar estaba muy conciente de que su asesoría a la universidad y su trabajo en la CNA se desarrollarían en el mismo periodo y abordando las misma materias. La universidad, por su parte, sabía que la asesoría la haría una persona que se sentaba en la mesa en que se discutiría su nueva acreditación y que tenía derecho a voto en ella.

Según se especifica en el texto, esta asesoría consistiría en “un acompañamiento a los directivos y académicos de la universidad en el proceso de reacreditación institucional desde sus inicios hasta que finalice completamente”. Detalla que este “acompañamiento” consistirá en “el levantamiento de un diagnóstico inicial, el diseño de acciones de mejoramiento que se hagan cargo de las debilidades detectadas por la CNA, la implantación de las mismas, la elaboración del informe de autoevaluación institucional, análisis del informe de comité de pares y réplica institucional (a la CNA)”.

Cada una de las fases detalladas son etapas en las que la universidad tiene como contraparte a la CNA. Dicho de otro modo: con este contrato Eugenio Díaz se transformó en un jugador con intereses en dos equipos. Como miembro de la CNA –organismo del cual recibe mensualmente una dieta de más de 900 mil pesos – debía señalar las debilidades detectadas en esta y otras universidades; luego, como asesor de la U. del Mar debía decirle a sus directivos cómo corregir las debilidades (cosa que hizo en innumerables reuniones, como se verá más adelante); y al final, nuevamente como funcionario de la CNA, debía evaluar en conciencia si las correcciones estaban bien hechas.

Pero en realidad ese no era el final del proceso, pues el documento, además de los 60 millones, fijó un incentivo extra para que Eugenio Díaz logre una acreditación más larga. Si la acredita por dos años le pagarán $15 millones extra; si logra tres años, le pagarán $25 millones; si logra cuatro años, $45 millones. Se especifica que este pago solo se efectuará “luego de que la resolución que concede la acreditación institucional a la universidad haya quedado firme o ejecutoriada, sin que pueda ser alterada”. (Ver contrato).

El sello del contrato es claro. Se le pagará a Díaz no solo por el hecho de asesorar, sino por lograr la acreditación.
Díaz realizó ese trabajo. En septiembre de 2011, dictó un taller a los directivos de esa universidad titulado el “Proceso de Reacreditación Institucional”, en el cual se analizó el Acuerdo 120 de la CNA (acuerdo que lleva el voto y la firma de Díaz) y que le otorgó la acreditación institucional a la U. del Mar por dos años. La actividad quedó registrada en un Newsletter de la universidad.

Eso no es todo. En el mismo periodo en que Díaz acudía a asesorar a la U. del Mar, la agencia AcreditAcción estaba evaluando a esta casa de estudios para acreditar sus carreras de Pedagogía en Educación Diferencial y Pedagogía en Educación Musical. El conflicto de interés aquí radica en que AcreditAcción es una empresa que debe ser fiscalizada por la CNA, actividad imposible de realizar adecuadamente si el contrato de Díaz especifica que su “asesoría comprenderá el acompañamiento a los directivos y académicos de la Universidad en los procesos de acreditación de carreras que se desarrollen en este periodo”.

¿Puede AcreditAcción rechazar dos carreras que Díaz (su fiscalizador) ha asesorado para que se acrediten? Otra vez el doble rol del funcionario pone dudas sobre el cumplimiento de normas que debieran permitir a los estudiantes y sus familias conocer la calidad de las instituciones de educación superior.

El contrato, además de los $60 millones, fija un incentivo extra para que Díaz consiga que la CNA acredite por más años a la U. del Mar. Si la acredita por dos años le pagarán $ 15 millones extra; si logra tres años, le pagarán $25 millones; si logra cuatro años, $45 millones.

Testimonios reunidos por CIPER afirman también que antes de la acreditación de la U. del Mar y de la firma del contrato, Eugenio Díaz estuvo en esa casa de estudios ofreciendo una charla para ayudar a que la universidad se acreditara. Así lo asegura el doctor Álvaro Retamal, ex director de desarrollo académico de la U. del Mar (sede Viña) y que dejó el cargo a fines del año pasado con una dura carta en la que denunciaba la caída en picada de la calidad del establecimiento.

-Hubo una reunión con él antes de la acreditación de la universidad, en la cual Eugenio Díaz expuso cuál era la política de la CNA con respecto a la acreditación de las instituciones. Debe haber sido tres o cuatro meses antes de la acreditación de diciembre de 2010. Fue una reunión con los directivos de la escuela. Habló del mejoramiento continuo de la calidad y cómo los procesos de acreditación están enfocados en eso. Me acuerdo que con otros directivos conversamos sobre lo raro que era que él viniera antes de un proceso de acreditación. Pero él planteó que la política de la CNA era visitar todas las universidades y aclarar en qué consiste el proceso para que no haya sorpresas.

Poco después la universidad logró acreditarse por primera vez en su historia, se firmó el cuestionado contrato y partieron las asesorías de Eugenio Díaz que consistían, según Retamal, en charlas muy parecidas a la ya descrita: “Tuvimos muchas reuniones con él, los días martes y miércoles. Él se reunía con todas las escuelas periódicamente y hacía evaluaciones y criticaba. Era una asesoría bien intensa. Hizo una pega real de acompañamiento y asesoría. Por eso que se decía que era muchísima plata lo que se le iba a pagar”, dice Retamal. Agrega que un directivo de la U. del Mar le dijo que “teníamos que aguantar las charlas de Eugenio Díaz porque era el pago por haber acreditado a la universidad, es decir que después de haber acreditado a la Del Mar fue contratado como asesor”.

-¿Le llamaba la atención verlo en la universidad después de haber estado en el proceso de acreditación?
-A todo el mundo le llamaba la atención. Eso era vox populi. El comentario era que efectivamente era una recompensa… yo tengo la sensación de que él hizo su trabajo. Fue muy crítico, muy duro con la universidad, dijo todas las cosas que tenía que decir, pero nadie lo tomaba en cuenta. El argumento era “aguántenlo, pero no lo pesquen mucho. Tenemos que tenerlo porque es la recompensa que él tiene”. Fue la recompensa post acreditación, ese fue el planteamiento que tenía la gente de la universidad- explica Retamal.

Una acusación parecida hace Néstor Irribarra, ex decano de Medicina de la U. del Mar y que mandaba sobre las sedes de Viña e Iquique. Recuerda que “hubo al menos una reunión con Eugenio Díaz antes de que el proceso de acreditación se llevara a cabo. Vino como representante de la CNA a establecer las condiciones que se requerían para la acreditación institucional”.

Al enterarse, por CIPER, que tras la acreditación Díaz firmó un contrato de asesoría con esa universidad y a la vez siguió siendo consejero de la CNA, Irribarra se mostró sorprendido.

María José Lemaitre, ex secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Educación sostiene que el vínculo que existe entre dinero y acreditación, “ha provocado algo perverso pues la CNA no resiste dejar a una universidad sin CAE”.

-No tenía idea de eso, se lo aseguro. Como decano de Medicina no tuve ninguna injerencia en esa contratación. Él llegó un día como asesor y pensé que había dejado de ser funcionario de la CNA. Ahora que me cuenta del contrato y de que siguió siendo funcionario, me parece que hay un conflicto real de interés y que en eso tiene una gravísima responsabilidad el ex rector Zúñiga que firmó el contrato. Creo que la responsabilidad tiene nombre y apellido en este caso.

La ley que creó la CNA no es taxativa sobre los límites que tienen los consejeros en sus intereses. Por una parte señala que quienes “estén vinculados con una institución de educación a través de labores remuneradas, no podrán participar en las votaciones del CNA que se refieran a esa institución”. Según esto, bastaba con que Díaz no votara en procedimientos relacionados con la U. del Mar para que su contrato se hubiese ajuste a la ley. Pero, por otra parte, la misma norma afirma que es “incompatible” ser miembro de la comisión y paralelamente realizar actividades que “impliquen una relación laboral” con instituciones sujetas a acreditación. De hecho, especifica que para los consejeros esta “incompatibilidad” durará “hasta seis meses después de haber cesado en sus funciones en la CNA”.

Con todo, el hecho mismo de que un contrato como éste pueda estar alineado con la normativa, pone en entredicho la utilidad -para el público y para el Fisco- de una institución que en la práctica permite a sus funcionarios ser jueces y parte; y recibir una remuneración como fiscalizador y otra como asesor del fiscalizado.

RESPONDE DÍAZ

CIPER contactó a Eugenio Díaz, quien sólo aceptó una conversación telefónica. Reconoció el contrato y, ateniéndose a la primera interpretación de la normativa, señaló que no había nada irregular, pues al momento de discutir la acreditación de la universidad pensaba abstenerse de votar. Ello, en todo caso, no fue necesario, pues el contrato se terminó en septiembre de 2011 antes de que el CNA votara algún procedimiento relacionado con la U. del Mar. Ni Díaz ni autoridades de la universidad quisieron explicar a CIPER por qué el contrato terminó antes de tiempo ni los montos que fueron cancelados por las asesorías hechas.

-¿No le pareció incompatible firmar un contrato con la U. del Mar siendo presidente de la CNA?
-No creo que siendo presidente haya firmado ningún contrato. Además, uno puede tener contratos con universidades, hacer asesorías y dado el momento de tomar decisiones, inhibirse, si tiene que acreditar esa institución. Eso es lo que establece la ley. Yo tuve una asesoría en la Universidad del Mar el primer semestre del año pasado, pero ya no era presidente. El 6 de enero de 2011, o por ahí, venció mi mandato como miembro de la comisión anterior. En la actual comisión, nunca he sido presidente. Hubo un período como de dos meses en que no hubo ningún presidente, en enero del año pasado. Pero siendo presidente no firmé ningún contrato. Como le digo no hay ninguna incompatibilidad legal para hacer aquello.

-El contrato dice que usted recibe dineros extra en caso de lograr una acreditación por más años…
- Bueno, pero ese contrato se terminó en agosto… en julio del año pasado. Desde julio del año pasado no hago nada, nada, nada para ninguna… para la Universidad del Mar. (La precisión la hace pues según consta en su declaración de intereses actualmente asesora a la universidad Bernardo O`Higgins.

-Pero el contrato con la Universidad del Mar dice que su vigencia es hasta 2012, hasta que esté acreditada.
- No, pero le digo que está terminado completamente, completamente, completamente. De verdad, no estoy haciendo absolutamente nada. Terminó.

-¿Es normal que funcionarios de la CNA asesoren a universidades?
- No, no creo, no sé, no tengo idea. Lo que pasa es que no tenía ninguna vinculación con universidades en ese minuto. Eso era todo. Hay otros que trabajan en universidades, ¿te cachas?

-Usted era parte de la comisión. Su deber era fiscalizar…
-Bueno, pero evalúenlo ustedes. Perdóneme, pero tengo que entrar a otra reunión. Estoy urgidísimo.
CIPER se contactó también con Sergio Vera, presidente de la junta directiva de la Universidad del Mar (y socio del ex rector Héctor Zúñiga en la fundación de esa casa de estudios).

-¿Le parece normal que la universidad recurra a funcionarios de la CNA para lograr su acreditación?
-Es que no es que se recurra a funcionarios de la CNA, nosotros recurrimos a la sociedad en la cual participó o participa, no sé, Eugenio Díaz, en la calidad de profesional. Si él está en la CNA o no, no es relevante para nosotros. Podría ser un referente de su capacidad profesional, sin duda, pero yo creo que particularmente respecto de él, su trayectoria es lo más fuerte. Tengo una muy buena opinión de él como profesional.

-Dos altos ex funcionarios de la Universidad aseguran que Díaz asesoró a la universidad antes de ese contrato.
-Eso es falso. Eso si que no. Y como miembro del directorio me tocó recibir los informes y eran absolutamente orientados a lo que era mejorar la calidad, posterior al informe de acreditación. No, no, eso es falso. Yo creo que ahí se está tratando de buscar algo que no es.

-¿Entiende lo que significa que el presidente de la comisión que votó por su universidad, pocos días después, sea contratado por la misma universidad?
-Eso ya es estar haciendo presunciones. Usted comprenderá que son insinuaciones un tanto graves. Aquí no hay nada que entender. Esto es un hecho.

-¿No le parece irregular?
- No lo interprete. No trate de buscar interpretación. La acreditación tiene una fecha y el contrato tiene otra. Eso es un hecho simplemente.
CIPER consultó al presidente de la CNA, Íñigo Díaz, para saber qué medidas se tomarían en el consejo respecto de este contrato: “No le puedo comentar porque hay un sumario administrativo, una investigación incoada por la Contraloría General de la República”.

¿El sumario recae sobre usted también?
-No tengo idea. Supongo que me irán a investigar como presidente de la CNA.
Fuentes consultadas por CIPER aseguran que el secretario general de la CNA, Patricio Basso, recibió en enero de este año una copia de este contrato. CIPER intentó saber si le parecía lícito este tipo de relaciones contractuales y por qué -según nuestros antecedentes- no habría ordenado una investigación al respecto. A través de su secretaria, Basso contestó que las consultas de CIPER las responde sólo a través de los mecanismos de la Ley de Transparencia.

EL ROL CLAVE DE LA CNA

La CNA -y la red de instituciones fiscalizadoras que dependen de ella- son la única garantía con que cuentan los 20 mil alumnos de la Universidad del Mar de que los dueños de esa casa de estudio provean educación de un estándar mínimo. Ese estándar está simbolizado en la palabra “acreditada” que lucen hoy en sus propagandas muchas universidades.

Pero esa no es toda la importancia de la CNA. Alcanzar la condición de “acreditada” permite que sus alumnos puedan pedir el Crédito con Aval del Estado, el CAE. Con la palabra “acreditada”, el horizonte de potenciales clientes de la universidad se amplía, pues pueden pagarle los jóvenes pobres o de clases medias bajas que no tienen recursos y a los cuales los bancos no les van a prestar. Esos jóvenes recibirán dinero del fisco (como préstamo) para pagar su educación. Es por el fuerte vínculo que hay entre la acreditación y los recursos públicos que se entregan a través del CAE que el trabajo de la CNA no es solo de fiscalización, sino que implica garantizar el buen uso de los dineros del Estado.

Un aspecto no menor de estos recursos es que cuando se acredita a una universidad por un año, todos los alumnos que entran en primer año pueden postular al CAE; y si se les otorga, tendrán CAE disponible por el resto de su carrera. En 2011, cuando la U. del Mar obtuvo la acreditación, 2.091 estudiantes, de distintos cursos, (el 10% de su matrícula) pudieron empezar a pagar sus carreras con el CAE. Este crédito le garantizó ingresos por 3.560 millones de pesos a la universidad, que es el monto que recibió en 2011, según los datos de la Comisión Ingresa, el organismo que entrega el CAE. Tan importante como eso es que tras la acreditación cualquiera de sus 20 mil alumnos que pase por una apretura económica podrá solicitar un préstamo para seguir estudiando. (Ver reportaje: Cómo lucran las universidades que no pueden lucrar).

Evidentemente esta enorme cantidad de dinero en juego hace que la presión sobre la CNA para conseguir la acreditación sea también enorme.

María José Lemaitre, ex secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Educación dijo a CIPER que esta vinculación entre dinero y acreditación “ha provocado algo perverso, pues la CNA no resiste dejar a una universidad sin CAE. Entonces, la acreditan por un año, que es lo mismo que no acreditar. Creo que la única que no ha sido acreditada por la CNA es la UTEM (que finalmente fue acreditada por un año). Salvo eso, todo está acreditado, incluso algunas cosas siniestras. Porque la presión sobre la CNA es muy fuerte. Imagínate, llega el rector a decir “si usted no me acredita, no voy a tener alumnos, no van a tener acceso al crédito, ¡qué va a pasar! Un drama, lloran y los acreditan por un año”.

Así lo expresó recientemente el rector de la universidad UNIACC, Juan Enrique Froemel, cuya acreditación fue rechazada por la CNA: “Tenemos un alto porcentaje de alumnos que no tienen la situación para pagar sus estudios”.

“Claramente en nuestro país hay una crisis educacional que va mucho más allá del financiamiento y que tiene que ver con la calidad de la educación. Existe una entidad que se creó por ley y todos coincidimos en que no ha funcionado como debiese. Que la CNA diga que el tema del crédito provocó que funcionaran mal, me parece que es lavarse las manos”, dice la abogada Alejandra Contreras, directora ejecutiva de la Comisión Ingresa, la institución que entrega el CAE a las instituciones que han sido acreditadas por la CNA.

Dicho así, parece un perjuicio para los alumnos. Pero en la Comisión Ingresa tienen otra mirada. Para ellos el gran problema que enfrenta hoy el sistema es la mala calidad de los establecimientos que terminan siendo autorizados. Esa práctica, dicen sus funcionarios, puede terminar haciendo colapsar todo, pues un egresado de una mala universidad sin duda no podrá pagar el CAE, ni tener la mejor calidad vida que espera. Es decir, al permitirle endeudarse para estudiar en una universidad de mal nivel, habrá sido llevado por el sistema a una trampa en la que sólo encontrará frustración.

-La calidad de la educación es un punto clave para el CAE, pues va a repercutir en las remuneraciones futuras que el egresado pueda conseguir -dijo a CIPER la abogada Alejandra Contreras, directora ejecutiva de la Comisión Ingresa.

“Claramente, en nuestro país hay una crisis educacional que va mucho más allá del financiamiento y que tiene que ver con la calidad de la educación. Existe una entidad que se creó por ley y todos coincidimos en que no ha funcionado como debiese. Que la CNA diga que el tema del crédito provocó que funcionaran mal, me parece que es lavarse las manos. A uno lo pueden presionar mucho, pero si tiene claro cuáles son sus obligaciones, no puede dejar de cumplirlas por presiones. La norma debiera ser que una institución que no califica, no puede ser acreditada. Porque cuando llegan con la acreditación, aquí nosotros no podemos rechazarlas, debemos darles el crédito”, agrega Alejandra Contreras.

Dicho esto, hay que precisar que parte de la dificultad de la CNA de cumplir su rol está en la misma forma de elegir a los miembros de ese organismo. De sus 15 integrantes (14 con derecho a voto), siete son elegidos por las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. Es decir, la mitad de la CNA proviene de las instituciones a las que la CNA debe fiscalizar.

Ese es el caso de Eugenio Díaz, hombre vinculado al PPD y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que según datos recibidos por CIPER fue elegido con el apoyo de las universidades de la CUP (Corporación de Universidades Privadas). Este dato es imposible de confirmar porque este organismo clave, que ha funcionado por 6 años, aún no tiene un procedimiento escrito de cómo se eligen sus representantes. Se conocen las cuotas que le corresponden a cada grupo de interés (dos consejeros por las universidades privadas, uno por los institutos profesionales, etc.), pero la elección de los consejeros se hace en un claustro. De las trenzas que se tejen ahí no sabe nadie salvo los que participan.

Un último dato sobre Díaz. En el periodo en que era presidente de la CNA también fue asesor de la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB) en el área de aseguramiento de la calidad. Durante ese año la UNAB acreditó cuatro carreras a través de la agencia AcreditAcción. Nadie en la CNA objetó el que Díaz apareciera jugando con las dos camisetas, a pesar de que como presidente de la CNA, debía supervigilar precisamente el trabajo de la agencia.

Lea mañana: Quiénes son los dueños de la Universidad del Mar; cómo construyeron su imperio educativo y la crisis que vive hoy esa casa de estudios. Además, el cambio de rumbo en la CNA que parece anunciarse con el rechazo a acreditar a la Universidad UNIACC.

“Soy un pobre y triste alcalde que hace un esfuerzo gigantesco para que mis colegios estén en los mejores lugares”, dijo Sabat en medio de la montaña anímica en la que se subió ese día. También dijo que se pasaba la autoridad “por el traste”.

Silvio Rivera es uno de los hombres que estuvo en el internado durante los días de toma. Es hermano de una alumna, Colomba Rivera, que cursaba primero medio en dicho establecimiento. Asegura que “nadie iba a buscar una puta al internado. Si nosotros estábamos ahí era para que no les pasara nada a las alumnas porque cerca del colegio está la población Rosita Renard, que es peligrosa”. Silvio permaneció acompañando a su hermana hasta mediados de noviembre: “La gente que se quedaba en la toma estaba comprometida con el movimiento estudiantil”, asegura.

El Internado Nacional Femenino tiene 559 alumnas. Colomba Rivera explica que en junio, el 70 por ciento de ellas apoyó la toma para adherir al movimiento nacional por una educación de calidad. “Esto no era un puterío, nosotras tenemos convicciones. Los hombres que entraron al colegio actuaron para protegernos. Pero incluso, con ellos presentes, entraron delincuentes y robaron igual”, dijo Colomba. Así habrían desaparecido los 40 computadores del colegio, robo del que las acusa Sabat.

Mientras la discusión pública se ha concentrado en ese tipo de acusaciones sexuales y delictuales, el sistema municipal ha dejado sin estudios a 109 jóvenes en Ñuñoa y a 62 en Providencia, según el recuento hecho por CIPER (ver tabla). Las familias de esos jóvenes han debido enfrentar la expulsión solas, pues nadie del Ministerio de Educación ha hecho siquiera el recuento de cuantos alumnos en Chile están hoy buscando colegio como castigo por las movilizaciones de 2011.

Las declaraciones de Sabat y de otras autoridades como el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, pueden hacer sentir a esas familias que el semestre de manifestaciones fue sólo una distorsionada fiesta, con sexo y destrozos, sin ningún objetivo útil, sin ninguna causa noble.

Tras las declaraciones del alcalde Sabat, su hija, la diputada Marcela Sabat dijo que su padre “no estaba en sus mejores condiciones temperamentales”. En las horas siguientes, Sabat pidió disculpas por perder la calma. Pero no se desdijo de sus acusaciones. De hecho trató a las alumnas ocupantes de “tontitas”.

La precisión sobre los hechos ocurridos en las tomas es muy relevante, no sólo por el relato público que se impone sino porque en estos días se discute en el Congreso la llamada “Ley Anti-tomas”, impulsada por el Ministerio del Interior. La ley que busca sancionar, entre otros hechos, el acto de “invadir, ocupar o saquear establecimientos educacionales” podría ganar respaldo público si lo que queda del 2011 es la síntesis del alcalde Sabat: la asociación de los estudiantes movilizados con degeneración, violencia y robo.

Amnistía Internacional ha sido muy crítica respecto de esta legislación y acusa que la ley del ministro Hinzpeter pasa a llevar derechos fundamentales. Para Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, lo más complejo es la definición de “desorden” que contiene y posibilita que la autoridad pueda actuar en contra de los estudiantes aduciendo múltiples y variadas causas.

-La falta de claridad en la definición de la conducta de “desorden” puede conllevar a limitaciones a la esencia del derecho a la reunión y manifestación -señala la abogada.

ACABAR CON LOS LÍDERES

Una de las normas que contiene la ley anti-tomas le permite a la autoridad castigar con cárcel a los dirigentes de los estudiantes cuando convoquen a una marcha que termine en desórdenes. El proyecto propone “establecer claramente una responsabilidad penal para quienes participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importe la realización de determinados hechos graves como paralizar o interrumpir algún servicio público…”.

El abogado constitucionalista Patricio Zapata ha dicho sobre esta normativa: “No nos confundamos. La idea, en este caso, no es sancionar a los encapuchados. Nótese que tampoco se castiga al que incita a los actos violentos. El propósito de este inciso es más bien castigar a quienes convoquen a una movilización social que termina en desórdenes. No es necesario haber querido ese resultado, basta con haberlo previsto como posible”.

Al abogado este artículo le recuerda uno propuesto por Pinochet en 1983 para “criminalizar a los organizadores o convocantes de las jornadas de protesta”, explica.

Pero antes de que esa norma sea aprobada, las municipalidades de Ñuñoa y Providencia ya están sancionando a los lideres de las tomas con lo que tienen a mano: expulsiones y cancelaciones de matriculas. El recuento de CIPER indica que en Nuñoa y Providencia han quedado fuera del sistema escolar 24 voceros (ver tabla). Se trata de jóvenes que en su mayoría no pertenecen a ninguna colectividad política y cuyo liderazgo ha surgido espontáneamente en las discusiones de los alumnos sobre el país en que viven. Su expulsión representa un duro golpe a la organización de los secundarios y hace pensar que en marzo próximo pueden ser pocos los dispuestos a conducir movimientos de protesta, pues arriesgan la expulsión y la cárcel, si se aprueba la Ley Hinzpeter.

Esta línea se ha potenciado en varios establecimientos con una nueva medida: se les exige a los alumnos al momento de matricularse que firmen un compromiso de que en 2012 no se movilizarán. Ese es el caso del Liceo Tajamar, de Providencia. A las 1.165 alumnas, la dirección les entregó -para firmar “voluntariamente”- un compromiso de que no participarán en movilizaciones ni tomas el próximo año. Lo mismo habría ocurrido en el Liceo Alessandri, solo que allí el documento de “apoliticismo” en 2012 lo habrían firmado “voluntariamente” los apoderados de los 1.060 alumnos. En Ñuñoa, según informan estudiantes del Liceo José Toribio Medina, los 1.127 alumnos que registra el establecimiento debieron firmar obligatoriamente un compromiso de no tener notas deficientes ni problemas de conductas ni participar en movilizaciones.

Es posible que los colegios se estén deshaciendo de alumnos que hayan provocado destrozos o robos, como alegan los alcaldes. Lo importante es que en el recuento que hizo CIPER de las expulsiones ocurridas en Ñuñoa y Providencia no se encontraron procedimientos para investigar esas acusaciones. Aunque en algunos establecimientos se seguían ciertas normas para la cancelación de la matricula o la expulsión, en la mayoría de los casos los estudiantes se enteraron de que habían perdido sus cupos a viva voz o por una notificación escrita (a veces a mano), sin tener la posibilidad de apelar. Algo así ocurrió por ejemplo en el Liceo Tajamar de Providencia, como se verá más adelante.

NO ME ARREPIENTO

Scarlett Bravo es una de las voceras expulsadas de la comuna de Providencia y como varios de los estudiantes que ejercieron liderazgo en 2011, es una alumna destacada. Tiene 17 años y cursaba tercero medio en el Liceo Carmela Carvajal de Prat.

Scarlett vivía en Angol y en 2009, cuando quedó seleccionada en este colegio, su madre, su hermano y ella se vinieron a vivir a la capital mientras su padre se quedó en el sur trabajando. Hay muchos colegios en los 550 kilómetros que separaron a la familia de Scarlett pero –y ese es el motivo del reclamos de los estudiantes en 2011- prácticamente no hay ninguno como el Carmela, que ofrece a sus alumnos una casi segura vía de ingreso a la universidad. Un indicador que lo muestra es que obtuvo el lugar 42 entre casi 3 mil establecimientos de educación media que rindieron la PSU.

-Para nosotros fue difícil tomar la decisión de separarnos, pero sabíamos que ese era el colegio en el que mi hija debía estudiar -dice el padre de Scarlett.

A ese valor simbólico que ostenta el Carmela apuntó el alcalde Cristian Labbé, cuando frente a las tomas de los estudiantes anunció primero el cierre de los colegios y luego la expulsión masiva de los manifestantes. “El 85 por ciento de los alumnos que tiene Providencia son de fuera de la comuna y reciben una educación en que el 99 por ciento ingresa a la universidad, y resulta que estos alumnos le responden a su sostenedor de esta manera. ¡No más! Nos vamos a concentrar en los alumnos de Providencia”, dijo Labbé.

Labbé piensa que los estudiantes que llegan ahí deben estar agradecidos de la educación que la municipalidad les ofrece. Y Scarlett se sentía agradecida aunque no dejaba de pensar en los que no tienen la misma suerte. Ahora es una de las 10 alumnas sin matrícula del establecimiento. La expulsaron por haber participado en la toma del ex Congreso, cuando el entonces ministro de Educación Felipe Bulnes sufrió una encerrona. Scarlett admite que en esa manifestación quebró un vidrio:

-Fue algo bastante estúpido. Toda la gente le estaba pegando a los otros vidrios para meter bulla y yo me uní y justo esa ventana era de cristal. Le pegué un golpe y se quebró. Fue un accidente -dice compungida.

Sobre los meses de toma en el Carmela reflexiona:

-No me arrepiento por nada: hay que asumir las consecuencias. Me siento más orgullosa que decepcionada. Logramos despertar a las niñas adentro del liceo y con eso me quedo: que no sólo piensen que son buenas sacándose la mejor nota en matemáticas, que quieran ser mujeres más conscientes.

Quedar seleccionada en el Liceo Carmela Carvajal no es fácil. Se requiere un promedio 6 en leguaje y matemática. Es por eso que para los especialistas en educación, la calidad de colegios que -como el Carmela- seleccionan de esa manera, es fundamentalmente un mérito de los alumnos. Frente a la idea de Labbé de que es su gestión municipal la que logra buenos puntajes, los hechos indican que son estudiantes notables pero sin ingresos para ir al sistema particular, los que hacen lucir a estos establecimientos. (Vea la columna escrita para CIPER por el profesor Fernando Atria al respecto)

Por eso, es que salvo en el caso de los llamados establecimientos “emblemáticos”, que atraen a jóvenes desde todos lados de Chile, en el resto de los liceos de esas comunas el resultado es mediocre o malo. (Ver recuadro)

Los especialistas dicen que el gran aporte de colegios que seleccionan estudiantes es ofrecer la sinergia que se produce en una sala cuando hay muchos alumnos buenos. Es esa misma sinergia la que muchas veces produce política. Por eso es que los liderazgos políticos suelen salir de los llamados colegios emblemáticos. Dicho de otro modo, la discusión política es el producto de grupos de alumnos de nivel intelectual alto.

A esa idea apunta Scarlett en su argumentación: “Si finalmente no me puedo matricular para el 2012 en el Liceo Carmela Carvajal, me siento orgullosa de mi expulsión. Si alguien me pregunta por qué no terminé de estudiar ahí, responderé que por ser una persona conciente y consecuente, y que quizás el colegio no estaba preparado para tener alumnas conscientes de su país”.

Sus argumentos no tienen por qué convencer a nadie, pero sirven para matizar una discusión pública que se ha cargado con descripciones de sexo y violencia.
En ese sentido es interesante reparar en una cosa que no dijo Sabat en su arremetida contra las alumnas del Internado Nacional. Antes de la toma había una pared de tabique que a la hora de almuerzo dividía a las niñas que pagaban una mensualidad de de $40 mil y a las que podían pagar sólo $10 mil. Las primeras tenían derecho a almuerzo y entraban en un comedor especial. Las segundas comían lo que traían de la casa –algunas almorzaban solo panes-, relata la estudiante Ayelen Lonconao- y entraban en otro comedor.

-Si no tenías para pagar o no llevabas comida, no comías -explica la alumna.

Durante la toma, un grupo de jóvenes empezó a conversar sobre la muralla y lo que significaba para ellas. Partieron rayando la pared y luego en septiembre, cuenta una alumna, “decidimos botarla. Teníamos mucha rabia de lo que significaba que esa muralla estuviese ahí y que antes nunca nos habíamos cuestionado”.

Por cierto que ese acto no cambió el hecho de que hay jóvenes que pueden pagar $40 mil y otras sólo $10 mil; y que unas tienen almuerzo y otras no. Pero para Ayelen, actos como ese significaron tomar conciencia sobre temas que antes no habían considerado.

Expulsiones en el Liceo Tajamar

Francisca Chávez (17 años) llegó a Santiago el 2009 desde Valparaíso y entró a estudiar en el Liceo Tajamar. Cuenta que esta semana, cuando acudió a matricularse para cursar Cuarto Medio, la directora del establecimiento, Sara Infante, le dijo que no había cupo para ella. Y le acotó: “Gracias a ti hemos tenido inestabilidad laboral estos meses. Gracias a ti es que hemos tenido que trabajar en condiciones precarias”.

En ese establecimiento otras 13 alumnas fueron expulsadas. Oficialmente no se mencionó la toma y las movilizaciones como causal. Pero Francisca no ve otro motivo: ella dice tener un promedio 6,0 y que no registra problemas de conducta. Sus planes, antes de la movilización, eran mejorar las notas para estudiar becada en una universidad. “Todo el esfuerzo que hice, ¿para qué? Para que después me echen por tonteras, por razones políticas”.

Francisca votó que sí a la toma del Tajamar “porque estaba de acuerdo con el movimiento que se estaba armando a nivel nacional, quería cambiar las cosas, el sistema”, y participó activamente, yendo todos los días al liceo durante los primeros cinco meses de toma. Después, por problemas con otras alumnas y de salud, empezó a ir día por medio, pero siguió ayudando a sus compañeras. No se arrepiente: “Si me quedo sin matrícula, da lo mismo. Me importa quedar sin colegio, pero me hago cargo de mi decisión”.

De las 14 alumnas sancionadas, ocho se enteraron esta semana. Las razones que les dio la directora fueron distintas en cada caso. A una le dijeron que era por faltas gravísimas según el Manual de Convivencia (el colegio considera “faltas gravísimas” los comportamientos que “alteren el normal funcionamiento del liceo, impidiendo el ingreso al colegio a otros miembros de la comunidad pues vulneran el derecho de ellos a estudiar garantizado por la Constitución Política del Estado”); a otra alumna le explicaron que era porque no quedaban cupos. A todas les entregaron un certificado explicando las razones de su cancelación de matrícula, escrito a lápiz pasta azul sobre una hoja de cuaderno firmado por la directora.

Según el reglamento del Liceo Tajamar, las alumnas y sus apoderados tienen derecho a apelación. El Manual de Convivencia explicita que las alumnas podrán “hablar en privado con la persona que les aplicó la normativa y presentar sus descargos respetuosamente”. También fija una ” segunda instancia”.

En el caso de las alumnas a las que se les canceló la matrícula, no se siguió ese procedimiento. Las estudiantes fueron informadas el mismo día en que debían matricularse de lo que estaba ocurriendo y, por lo tanto, no tuvieron la posibilidad de apelar ni mucho menos de recurrir al consejo de profesores extraordinario que se convoca para estos casos.

Las ocho estudiantes que fueron expulsadas del Liceo Tajamar mediante cancelación de matrícula anunciaron que presentarán un recurso de protección. En el caso de Paula Romero, presidenta del centro de estudiantes, presentarán además una denuncia por persecución política contra las autoridades del liceo.

Las universidades son corporaciones sin fines de lucro especiales. Entregan títulos reconocidos por el Estado, pueden recibir donaciones que se deducen hasta un 50 por ciento de impuestos y reciben estudiantes cuyos créditos pueden gozar de un aval del Estado del 90 por ciento. Hay que dejar establecida la excepcionalidad de las universidades como corporaciones sin fines de lucro.

El proyecto de ley bajo discusión -según señala el Mensaje Presidencial que origina su trámite legislativo- se propone “modificar la Ley General de Educación” con el objeto de “regular las operaciones de todas las universidades con personas relacionadas, de modo que esa vía no sea empleada para obtener los beneficios económicos que la ley prohíbe”. Adicionalmente, se incorporan a los directorios de dichas universidades tres miembros independientes a fin de “asegurar una mayor ecuanimidad en la toma de decisiones”.

Lo ocurrido, y que el mensaje reconoce, es que por décadas en muchas universidades se ha vulnerado el espíritu de la ley por la vía de contratos que celebran empresas comerciales de propiedad de los propios controladores de la corporación universitaria con esa misma universidad. En otras palabras, los mismos están a los dos lados del mesón. Eso genera un serio conflicto de interés. La norma que hace de las universidades corporaciones sin fines de lucro puede quedar de este modo sin efecto. Esta práctica ha tendido un manto de duda y sospecha sobre las universidades privadas a pesar de que también las hay que son de calidad, hacen un aporte significativo al país y respetan plenamente la legislación vigente. Esta práctica -que el proyecto quiere evitar- tiende a carcomer la confianza en el emprendimiento privado.

A mi juicio -y estoy haciendo esta tarde un planteamiento estrictamente personal- es de gran importancia que se desarrolle en Chile una cultura de la filantropía y de las instituciones sin fines de lucro. Estoy convencido de que, como ya lo anticipara Tocqueville, ello le da raíces profundas a la democracia, a una real economía social de mercado y a la sociedad pluralista.

¿Puede una universidad estatal o una sin fines de lucro crear un empresa comercial que haga estudios (informes económicos, financieros, jurídicos, medioambientales, por ejemplo) remunerados por terceros y con ello complementen sus ingresos sus académicos y la universidad incremente los recursos con que cuenta para sus fines? Por cierto. ¿Puede una universidad de esa naturaleza permitir que sus docentes se agrupen y constituyan una sociedad comercial para prestar, por ejemplo, servicios médicos pagados por terceros ? Por cierto. ¿Puede una universidad permitir que sus investigadores se asocien con una empresa comercial (un laboratorio, por ejemplo) y con la propia universidad para realizar determinadas investigaciones y, eventualmente, lucrar con la patente generada por la investigación de marras? Por cierto. En todos estos casos los universitarios involucrados están realizando actividades propias de un académico y allegando recursos para la universidad y/o mejorando sus ingresos por esa vía. Por cierto, pueden suscitarse conflictos de interés. Dependerá de cada universidad fijar los criterios que organicen y normen estas actividades que, prima facie, son no sólo perfectamente lícitas sino muchas veces convenientes para desarrollar la innovación y la investigación. No estoy seguro de que el Estado deba regular estas situaciones, pero tampoco lo excluyo de manera tajante. Es un asunto que merece un análisis pormenorizado.

Mis reflexiones, no apuntan a estos casos, sino a los que implican ingresos obtenidos por los controladores de la universidad -a su vez dueños de una empresa comercial- llevando a cabo actividades lucrativas no académicas y que celebra contratos con esa misma universidad.

En definitiva, lo que hace el proyecto al respecto es permitir que sociedades relacionadas con los controladores de la corporación sin fines de lucro, lucren a través de contratos celebrados con ella, es decir, con la universidad, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones.

La primera, de fondo, es que el precio sea el de mercado (artículo 66 C). El fundamento es que si, por ejemplo, el arriendo de un bien raíz de propiedad de los controladores de la universidad es arrendado por la universidad y el canon es el de mercado, es indiferente para la universidad quienes son los dueños del bien raíz.

La segunda, de procedimiento, es que dicha transacción con sociedades relacionadas debe ser aprobada por la mayoría de los directores y no pueden votar los directores que forman parte de la sociedad relacionada (artículo 66 D). Deben también aprobarla la mayoría de los directores independientes. El fundamento es que estos directores independientes y quienes no tienen un interés económico en la celebración del contrato dan garantías de “ecuanimidad”, para usar la expresión del mensaje. Es decir, podrán opinar con imparcialidad a la hora de determinar si el precio se ajusta a “las condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado”, para emplear los términos que se usan en el proyecto.

A ello hay que añadir que la Superintendencia de Educación Superior tiene atribuciones fiscalizadoras en esta materia (artículo 3, e).

¿Da suficientes garantías el procedimiento que plantea el proyecto? Me parece que no.
El valor de mercado de, por ejemplo, el arriendo de un campus universitario en un momento determinado siempre será una cuestión muy debatible. El ejemplo es importante porque, hasta donde sabemos, este ha sido el subterfugio más socorrido en Chile para desvirtuar el espíritu de la ley y transformar, en los hechos, a las universidades en instituciones con fines de lucro. ¿Cuántos campus universitarios hay ofrecidos en arriendo en un momento dado si una universidad decide poner fin al contrato de arriendo que le permite funcionar en su sede? Hay que tomar en cuenta el número de alumnos, las oficinas de profesores, las salas de clases, laboratorios, biblioteca, baños, en fin. ¿Puede hablarse en este caso de un mercado de arriendos propiamente tal y, por tanto, de un canon de mercado? ¿No ocurrirá, más bien, que muchas veces la universidad estará virtualmente cautiva y en manos de su arrendador? Descartando abusos flagrantes, ¿es realista suponer que los funcionarios de la futura Superintendencia de Educación Superior podrían demostrar que la universidad está pagando un arriendo excesivo? (Distinto es el caso de la venta de un terreno con construcciones universitarias, que se puede tasar y sí tiene un valor de mercado determinable dentro de ciertos márgenes).

El gerente o la administración, que depende de los controladores, estará en ventaja desde el punto de vista de la información y será de su interés satisfacer al respecto el interés de los controladores. El gerente o la administración queda sumida en un conflicto de interés: ¿privilegiar los intereses de la universidad o los de los controladores de quienes dependen sus bonos, su sueldo, en fin, su puesto?

Luego, ¿qué motivación tendrán los directores independientes para estudiar, informarse y contradecir la opinión del gerente y la de los socios interesados y controladores de la universidad que -aunque no voten- querrán dar sus argumentos y defenderse? Los independientes pueden estar en franca minoría. Han sido nombrados (y pueden ser removidos) por los controladores, es posible que reciban una dieta y seguramente son amigos… ¿Estarán dispuestos a decir que no? ¿El temor a los controles y sanciones de la Superintendencia será tan grande? Si es tan difícil comprobar si hubo o no sobreprecio en el arriendo de la propiedad requerida por la universidad, no parece probable ese temor. Puede perseguir la responsabilidad civil uno de los directores, pero el artículo 66 i establece que queda inhabilitado para hacerlo quien haya concurrido a la aprobación de la operación. Pero, ¿no es un incentivo para que los acuerdos se tomen por unanimidad y todos los directores queden inhabilitados para perseguir judicialmente la responsabilidad civil?

Más aún. ¿Es viable poner fin al arriendo? Seguramente la administración tendrá buenos motivos para decir que no. Es sumamente complejo y costoso trasladarse a un nuevo campus universitario en el supuesto de que hubiera uno disponible de similares características y que, por consiguiente, permitiera acomodar al mismo número de estudiantes. El barrio no es indiferente ni para los alumnos ni para los profesores, para señalar sólo otro aspecto del problema. Atomizar la universidad es posible, pero es una opción costosa y puede modificar la vida universitaria.

En suma, creo que este procedimiento tal como está, no asegura suficientemente el cumplimiento de la ley orgánica que prohíbe el lucro abierto y encubierto en las universidades. Me temo que por la vía de sociedades relacionadas seguirá ocurriendo lo que ha ocurrido y que el mensaje anuncia que se quiere evitar por estar prohibido por la ley.

Pregunta: ¿por qué no se prohíben los negocios con sociedades relacionadas y se evita así toda esta alambicada maquinaria de regulación y control? La fundamentación sería prudencial y preventiva, dada las dificultades que tienen la regulación y control en esta área. Sería análoga, en ese sentido, a la norma que prohíbe que un parlamentario sea director de un banco. Esta prohibición no supone que necesariamente todo senador que sea director de banco va a usar información privilegiada o defenderá los intereses del banco en el parlamento. Sólo que se considera más prudente, dadas las dificultades de un control a posteriori, establecer un control a priori por la vía de una prohibición. Es perfectamente posible que haya una empresa inmobiliaria que arriende su campus a una universidad a un precio razonable y justo. Puede haber muchas empresas inmobiliarias que lo hagan así y no abusen. Pero en estas materias no se trata de contar y sacar promedios históricos, sino de anticipar, de adelantarse, para evitar exponer a las personas a un peligro.

¿Por qué no prohibir, entonces, esos negocios con empresas relacionadas? ¿Por los graves, los gravísimos problemas prácticos y financieros que acarrea corregir la situación actual y que se deriva, en algunos casos, de un fraude a la ley? ¿Quizás habría que permitir y controlar a continuación la venta a la corporación universitaria de los inmuebles que hasta ahora arriendan? Y, ¿cómo habría que regular esta venta -probablemente a largo plazo- y que sería algo como el último negocio de la universidad con su empresa relacionada? En otras palabras, ¿cómo se transita desde el anómalo estado de cosas vigente a uno que respete la ley? Estos son los temas que hay que abordar.

Desde mi punto de vista, sería en principio preferible aceptar tres tipos de universidades: estatales, que por sus estatutos sean instituciones tolerantes y pluralistas; corporaciones privadas sin fines de lucro, como lo son muchas de las mejores universidades del mundo y que se financian con donaciones de particulares, aportes estatales y matrículas; y universidades con fines de lucro abierto y transparente. En este último caso, debieran pagar impuestos como cualquier empresa comercial, no podrían recibir donaciones que se descuenten de impuestos ni recibir, en general, financiamiento del Estado (préstamos con aval del Estado, por ejemplo).

Lo que el proyecto plantea no es lo que yo esperaba. Es un híbrido. Pienso que, en general, no es lo que se suponía y causará decepción. Creo que la inmensa mayoría de los estudiantes, de los académicos, de los profesores, de la población que se oponen a las universidades con fines de lucro encubierto se sentirán defraudados si este proyecto se aprueba como está.

Diez años atrás, cuando se presentó la PSU a la opinión pública se dijo que era un avance en materia de equidad. En aquel entonces sus creadores afirmaban que una prueba de bajos contenidos como la PAA favorecía a los alumnos de colegios particulares que podían entrenarse en preuniversitarios. Señalaban al respecto: la PAA “se basa mucho en lo que son los aspectos hereditarios como la familia, capital cultural y la carga genética… Mientras más contenidos se incorpore a la evaluación se da la posibilidad de que el factor escuela tenga más importancia y eso es un hecho igualizante (sic)”(1). Además, expresaban: “Pruebas que tienen una orientación al currículum, como el SIMCE, presentan menor desigualdad que pruebas de aptitud generales”.(2)

Por la gran desigualdad educacional en Chile, a muchos, incluido el actual Ministro de Educación, estos argumentos no les resultaban convincentes y veían con preocupación que con el cambio se corría el riesgo de perjudicar a los alumnos de menores recursos. Los resultados mostraron que los temores eran fundados: quienes ganaron con el cambio fueron los postulantes provenientes de la educación particular pagada. ¿Los más perjudicados? Los alumnos de la educación municipal técnico- profesional, seguidos de cerca por los subvencionados técnico-profesionales. A ellos simplemente no se les pasa todo el currículo que se pregunta en la PSU. Es decir, la rinden en una evidente desventaja.

El problema se ha arrastrado por años al “invisibilizar” a los grupos más dañados. Nunca se han entregado los datos del rendimiento en la PSU para los colegios municipales técnico-profesionales y científico-humanistas en forma separada. Se entregaban (y se entregan hasta el día de hoy) promediados, lo que ha permitido que el problema pase desapercibido. Los llamados de atención acerca del daño a este grupo fueron ignorados por los responsables de la PSU, negando que la naturaleza de la prueba—de altos contenidos y alineada con el currículo Científico-Humanista—tuviera relación alguna con el crecimiento de la brecha en el rendimiento en la prueba. Las voces, como la de Gonzalo Vargas, Rector de INACAP, que denunciaban el daño hecho a los postulantes de la educación técnico-profesional no recibieron respuesta alguna, ni de parte del CRUCH ni del Comité Técnico Asesor (CTA) de ese organismo.

Hoy, los responsables de la PSU reconocen haber estado en conocimiento de la injusticia cometida en contra de este grupo. Un miembro del CTA admitió ante Ciper que los estudiantes de establecimientos técnicos profesionales sufren un perjuicio y que el CTA intentó solucionar el problema. Explica, sin embargo, que “al momento de implementarse la PSU hubo retrasos y urgencias que concentraron la atención de las autoridades académicas. Fruto de los atrasos, la solución para el mundo técnico profesional quedó postergada, hasta hoy”.

Evidentemente esta justificación, es muy insatisfactoria. ¿Qué “urgencias” pueden explicar que no se hiciera la necesaria reducción de contenidos en las pruebas, con el consiguiente perjuicio para cientos de miles de jóvenes de bajos recursos? Si es efectivo que los rectores del CRUCH no atendieron su propuesta de cambios para las PSU, tanto él como los otros miembros del CTA pudieron haber renunciado, haciendo público el motivo de ello. No sólo no lo hicieron, sino por el contrario, durante años miembros del CTA del CRUCH y rectores han mantenido un discurso basado en negar el crecimiento de la brecha, atribuyendo éste exclusivamente al cambio del perfil socioeconómico de los postulantes.

Así, el problema con la PSU se arrastró sin darle solución oportuna y en ello hay responsabilidades personales e institucionales, que deben ser asumidas. El vicepresidente del CRUCH, el Rector Juan Zolezzi, dio el primer paso al reconocer el perjuicio a los alumnos de la enseñanza técnico-profesional y, aunque sin especificar fechas, anunció tres cambios al sistema de admisión para promover la equidad: reducción de contenidos a evaluar en la PSU de Ciencias, la incorporación del ranking y una nueva prueba de ensayo. Los expertos coinciden en que la reducción de los contenidos de las PSU y la incorporación del ranking son medidas en la dirección correcta, pero no sucede lo mismo con la nueva prueba de ensayo. Muchos nos preguntamos, ¿a quien beneficiará la inclusión de esta nueva prueba en la batería de selección (aparte de la universidad que se adjudique su administración)? ¿Puede alguien garantizar que al ser usada para fines de admisión no beneficiará nuevamente a los postulantes de la educación particular pagada? Es hora de reconocer y corregir los errores del pasado, recordando la historia reciente para evitar repetirla.

Hace un par de semanas los padres de Gaspar recibieron la noticia de que este colegio, perteneciente a la orden del Sagrado Corazón de Jesús (fundada por León Dehon), no le renovaría la matrícula a su hijo. En la reunión, relatan, el colegio adujo que la medida se debía a problemas de comportamiento (atrasos, no uso del uniforme y la adulteración de una comunicación de su madre). Pero sus padres no tienen duda de que el origen de esta decisión fue el rol que jugó su hijo en la toma del establecimiento. Así lo alegan en un recurso de protección en contra de la medida que se presentará esta semana y en la que su padre sostiene:

-Para mí es penoso llegar a pensar que después de todos los años que mi hijo ha estado en su colegio, el San Juan Evangelista, ahora las autoridades del establecimiento utilicen argumentos falsos para simplemente deshacerse de un estudiante que mostró inquietud y solidarizó con la realidad nacional por todos conocida.

Similar reacción tuvieron los apoderados de los compañeros de curso de Gaspar, quienes enviaron a la institución una carta que señala: “Son múltiples las virtudes de Gaspar: es un alumno brillante intelectualmente, respetuoso de sus ideales y de los demás, buen amigo (dos veces en su trayectoria ganó el premio al mejor compañero), comprometido con su curso y con el colegio.
No vemos, por tanto, razones que hagan obvia la cancelación de su matrícula, salvo la sospecha instalada de que su salida se debe a la participación que le cupo en las movilizaciones estudiantiles durante este año en el colegio, donde jugó el rol de vocero”.

Consultado sobre la expulsión de Gaspar González, el rector del San Juan, Aníbal Montoya, contestó a CIPER por escrito:

-Los fundamentos de la cancelación de matrícula de Gaspar están relacionados con una falta grave al Reglamento de Convivencia, hecho acaecido en noviembre, y no tienen relación alguna con las movilizaciones. Los detalles fueron comunicados directamente a la familia. Por lo demás, producto de acuerdos suscritos con alumnos y apoderados en el mes de octubre, ningún alumno que haya participado en las dos tomas que tuvimos recibió algún tipo de sanción.

La situación de Gaspar es muy similar a la de cientos de alumnos a quienes en este mes se les ha impedido matricularse. Todos tienen en común el haber participado en las tomas de sus establecimientos y también el hecho de que estos centros educacionales justifican su decisión en situaciones disciplinarias no relacionadas con las movilizaciones. Se da la paradoja de que las expulsiones han aumentado, pero muy pocas se fundamentan en la participación de esos alumnos en las tomas de sus colegios.

El aumento de las expulsiones es hasta ahora sólo una percepción de las organizaciones de padres y de profesores. La falta de certeza se debe a que no hay una institución que esté monitoreando este problema, por lo que cada familia debe enfrentar individualmente esta situación. Es lo que ocurrió esta semana en los colegios más importantes de la comuna de Providencia donde se está desarrollando el proceso de matrícula.

CIPER recorrió esos colegios y constató el temor a que se les cancele la matricula por repitencia entre las aproximadamente 760 familias de los alumnos que no se acogieron al plan oficial “Salvemos el año”. Lo que la mayoría de ellas ignora es que en casos de alumnos expulsados por participar en movilizaciones que han recurrido ante la justicia, las cortes de apelaciones respectivas han fallado a su favor.

LO QUE DICEN LOS JUECES

CIPER ha conocido una docena de fallos donde las expulsiones fueron anuladas por los tribunales porque los colegios no respetaron los procedimientos internos para sancionar a los alumnos. El proceso normalmente debe constar de dos instancias independientes de evaluación y permitir que el alumno tenga la posibilidad de presentar pruebas a su favor y hablar.

Por el contrario, los colegios procedieron mecánicamente, en algunos casos simplemente diciendo a viva voz a los alumnos que estaban expulsados. Ese tipo de expulsiones han sido declaradas ilegales por las cortes.

Eso ocurrió, por ejemplo, con cuatro alumnos del Colegio Christian Garden School, de La Granja. En sus descargos ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el representante del establecimiento indicó que la expulsión se debía a “faltas de extrema gravedad, como lo indica el manual de convivencia escolar”. El tribunal estimó, sin embargo, que el colegio no respetó los procedimientos ni los derechos de los alumnos y calificó de ilegal la medida, obligando a la reincorporación de los estudiantes:

-El actuar del colegio recurrido ha vulnerado el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es la igualdad ante la ley, al haberse impuesto la sanción extrema de expulsión del establecimiento por un conjunto de autoridades del Colegio que no tienen dentro de sus atribuciones privativas el aplicar una sanción de tal naturaleza, por cuanto no se encuentran establecidas en ninguna orgánica del establecimiento –señala el fallo de la Corte, fechado el 13 de octubre de 2011.

Similar situación ocurrió con el Colegio Araucaria de Puente Alto, donde se expulsó a un alumno. El establecimiento adujo que esta medida se debía a un historial de mal comportamiento. Al revisar los antecedentes, sin embargo, la misma Corte de San Miguel estimó que ese historial no era tal, pues “tenía tres anotaciones en marzo, ninguna en abril y dos en mayo”.

El colegio, además, acusaba al alumno de haber actuado violentamente en la toma. Pero el tribunal estimó que “del mérito de los antecedentes que arroja esta causa, no es factible vislumbrar ningún atisbo serio, grave y concreto de participación del joven en los acontecimientos”.

En la vida escolar normal los docentes son juez y parte y sancionan basándose en su propio juicio, lo que entre los alumnos produce la sensación de injusticia. Pero esos procedimientos que se usan corrientemente para castigar al que habla en clases y generan “anotaciones en el libro”, no se puede aplicar para dejar a un alumno sin estudios.

En el caso de Puente Alto, el fallo de la Corte del 5 de septiembre estimó que el alumno “fue vulnerado en su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República”, y dejó sin efecto la cancelación de la matrícula.

Ocurrió similar cosa en la expulsión que ordenó la dirección del Colegio Carlo Magno, de Quilpué, donde se expulsó a una alumna por publicar en su facebook una versión adulterada de la insignia del establecimiento en la que puso un signo peso ($) y la frase “Lucramos con la educación”. Esto lo hizo cuando a un grupo de estudiantes se les impidió tomarse el colegio. El establecimiento alegó que la joven era una alumna de bajas notas y de mal comportamiento. La Corte de Valparaíso estimó que no se cumplieron los procedimientos para expulsarla y declaró ilegal la decisión de la directora del colegio, Sandra Álvarez Machuca.

Más interesante es el fallo de la Corte de Valdivia en el caso de dos colegios tomados en La Unión. Esta vez fue la municipalidad la que recurrió al tribunal para conseguir el desalojo, pues estas tomas, alegaba el municipio, comandado por la alcaldesa (RN) Hilda Carvallo, atentaban contra la propiedad. El argumento está en la misma línea de lo declarado por el alcalde de Providencia, (UDI) Cristián Labbé, quien ha dicho, sobre el Liceo Carmela Carvajal, que sigue tomado: “Han pasado siete meses de usurpaciones donde las alumnas han transgredido todos los códigos de una sociedad libre”.

En estos casos, la Corte de Valdivia decidió en octubre de 2011, que las tomas no era un tema judicial sino político: “La toma por los estudiantes de los liceos municipales, a que se refiere este recurso, y muchos otros interpuestos a lo largo del país, es una acción de los propios estudiantes quienes, organizados a nivel nacional, son actores principales en un conflicto que afecta a la sociedad en su conjunto y, en especial, a las instituciones políticas y que se ha expresado de variadas formas, como tomas y marchas, manifestadas tanto a nivel local y regional como nacional, lo que constituyen hechos evidentes o de público conocimiento. Así, se observa que estamos en presencia de un conflicto de naturaleza política, siendo ese el ámbito en que procede darle la debida solución y no en sede jurisdiccional como se pretende en este caso”.

El fallo agrega que “dada la naturaleza política del conflicto del que son parte los estudiantes, de que estas tomas son una manifestación, conflicto político de carácter nacional, y observando que éste tiene como actores principales a los estudiantes y al Gobierno, representado por el Ministro de Educación, su solución debe ser acordada por quienes intervienen en el conflicto”.

En vista de esto, la corte rechazó el recurso, dejando al entonces ministro de Educación, Felipe Bulnes, la tarea de dar solución.

PROBLEMA SIN CIFRAS

Sólo la organización de derechos humanos Defensoría Popular ha recibido desde el inicio de las tomas hasta hoy, 350 denuncias de jóvenes expulsados o con la matrícula cancelada. La cuenta corresponde sólo a Santiago. Rodrigo Román, abogado de esta organización, dice que los colegios que tienen más fallas en la aplicación de la normativa son los particulares subvencionados y que el tema va a ir en ascenso, pues “hubo una primera ola de conflicto con expulsiones ilegales una vez terminadas la tomas; ahora viene una segunda ola vinculada al proceso de matrícula”.

En la lista de la Defensoría Popular aparece el Liceo Augusto D`Halmar, de Ñuñoa, donde un grupo de apoderados ha reclamado ante las autoridades municipales y provinciales de Educación por la expulsión de 24 estudiantes.

El director del liceo, Jaime Andrade Jorquera, sostiene que efectivamente hay 24 alumnos que no tienen matrícula en este momento, pero que eso se debe a que “no han pagado una deuda que tienen con el colegio por daños hechos en la toma estimados en $54.435.000, constatados por dos empresas enviadas por la Municipalidad de Ñuñoa, en techos, vidrios, espejos, aulas, computadores”. Y agrega que si bien por ahora no hay nadie expulsado, se “va a priorizar a los mejores promedios al momento de matricular”.

En la nómina de la Defensoría Popular también figura el Liceo Francés, de Santiago Centro, donde 18 alumnos fueron expulsados por participar en una toma. Los alumnos reclamaban, además del cumplimiento del petitorio nacional, mejoras en la infraestructura del establecimiento, como el aumento de los baños, pues tenían cinco para 200 alumnos. El liceo es particular subvencionado, el sostenedor quebró y sus instalaciones fueron vendidas en medio del conflicto estudiantil. Después de la toma, los alumnos empezaron a buscar un nuevo lugar donde estudiar pues el Liceo Francés ya no existe.

-Los dueños del colegio usaron la toma para vender sin avisarle a los apoderados –dice Marta Albornoz, profesora y apoderada del establecimiento.

La parte más visible de esta situación ocurre en la Municipalidad de Providencia, donde el alcalde Cristián Labbé ha amenazado abiertamente a los alumnos que han participado en las tomas de dejarlos sin matrícula. Cuatro colegios de la comuna -el Liceo Carmela Carvajal, el Liceo Victorino Lastarria, Liceo Tajamar y el Liceo Arturo Alessandri- continúan bajo el control de sus alumnos, cada uno de ellos con cerca de 30 estudiantes que pernoctan ahí. Las alumnas del Liceo 7, también de Providencia, entregaron las instalaciones esta semana.

En todos ellos reina la incertidumbre pues los procesos de matrícula terminan este viernes. Por lo pronto, a dos alumnas del Liceo 7 se les comunicó la predecible noticia de que no se podrían matricular, una por “atrasos” y la segunda por ausentarse de su sala en horario de clases en 2010, según dijo a CIPER la vicepresidenta de las alumnas, Valentina Hevia.

En el Carmela Carvajal la directora Rosa Del Valle aún no tiene claro cuántas son las jóvenes a quienes no se les dará matrícula:

-A las expulsadas se les han entregado los documentos, bueno, a todas quienes lo han pedido, pero no se cuántas son.

Frente a la prolongación de la toma, la directora declara que “ellas prometen que entregaran el colegio un día y después no. Debe ser producto de su inmadurez”.

Recién la próxima semana se sabrá exactamente cuantos alumnos de esta comuna pagarán el precio de un semestre sin clases. Los más complicados son cerca de cien niñas del Carmela Carvajal, 400 alumnas del Liceo 7, 50 jóvenes del Lastarria, 160 alumnas del Liceo Tajamar y 150 estudiantes del Liceo Arturo Alessandri que no se inscribieron en el plan “Salvemos el año” -el programa que impulsó el gobierno como alternativa a las tomas- y, por lo tanto, oficialmente repitieron de curso.

Sobre ellos, Labbé ha lanzado amenazas. Los repitentes, dijo el alcalde, no tendrán matrícula en la comuna: ” Si esto no puede ser gratis”, argumentó.

A nivel nacional la única estimación sobre cuántos alumnos no participaron del plan “Salvemos el año” la entregó el ex ministro Felipe Bulnes: 50 mil jóvenes. En términos reales no se puede decir que hayan aprendido menos que los alumnos que sí se inscribieron. Y ello porque en varios establecimientos este programa consistió en completar cuatro guías por ramo. La repitencia de estos miles de alumnos, si es que se produce, se deberá a que la otra opción era hacerlos pasar sin trámite alguno, sin usar un timbre de goma, por decirlo de alguna manera, y eso parecía inaceptable.

Así lo considera Elioska Zárate, vocero del Liceo Victorino Lastarria. A sus compañeros, dice, se les propuso, hace unos días, deponer la toma y dar una prueba para pasar el año: “Se nos dijo que si dábamos esa prueba, pasábamos de curso. La materia que no vimos este año la veríamos el primer semestre de 2012 y en el segundo semestre la materia que correspondía al 2012. Hemos luchado todos estos meses para exigir una educación de calidad y nos ofrecen eso. ¿Cómo es posible? Consideramos que dar esa prueba es un chantaje”, dice Zárate.

El joven hace esas declaraciones en la completa incertidumbre sobre si tendrá o no matrícula. “La directora nos dijo que iban a reducir los cursos de 57 a 46. No nos especificó si iba a ser en todos los niveles o sólo en enseñanza media”, explica. En su caso particular, explica que un profesor le informó que tendría matrícula pero bajo “ciertas condiciones”. El supone que la condición será el no tener un cargo en el centro de alumnos: “Nos han ido informando quienes tendremos matrículas, aunque sea bajo condiciones, pero no nos han dicho quienes no tendrán”.

La amenaza de entregar educación a los que se “porten bien”, no parece una política de la que pueda enorgullecerse nadie.

Las movilizaciones estudiantiles pusieron sobre la mesa una lista de problemas contundentes desde la educación parvularia hasta la universitaria. Nadie pudo esquivar el bulto y la Educación se convirtió en el tema prioritario para los chilenos. El lucro se instaló en el centro del debate, se habló de endeudamientos de por vida, de bancos con ganancias millonarias gracias a los créditos con aval del Estado, de mala calidad, de carreras inconducentes, de destrucción de la educación pública… El Presidente Piñera, sus ministros, los dirigentes políticos y los parlamentarios, anunciaron propuestas, retiraron propuestas, repusieron propuestas. Mucho ruido y poquísimas nueces.

En concreto, para este 2012, los universitarios tendrán más becas disponibles y un crédito con aval del Estado cuyos intereses se supone bajarán de 6 a 2 por ciento. Es decir, el Estado destinó más recursos para que los jóvenes se inserten en el mercado de la educación. “Por primera vez, -repiten desde el gobierno- el presupuesto permite entregar becas a estudiantes de la clase media”.

Porque lo cierto es que para este 2012 se aumentó el financiamiento pero nada se hizo para velar por aranceles razonables, ni tampoco –lo que es dramático- por la calidad en la educación que se está financiando. En síntesis, hay más plata para comprar cartones caros y muchas veces inservibles.

Antes de tomar una decisión sobre qué y dónde estudiar, es indispensable saber que ganarse una beca no es sinónimo de gratuidad. Una cosa es el arancel de referencia que cubre la beca -que debemos suponer es el costo justificado para una determinada carrera- y otro distinto el precio que cobra la universidad cuando se llega a pagar: éste suele ser un 20 por ciento más alto en promedio. Es decir, después de obtenida la beca, tendrán que endeudarse o sacar la diferencia del bolsillo familiar. ¡Cuidado con las promesas publicitarias! Las universidades están en período de caza y harán lo posible por convencerlo de que su fórmula de financiamiento -llámese beca, crédito directo, con aval del Estado o Corfo- es la más conveniente. Así picaron miles de jóvenes que hoy tienen deudas millonarias. Y no hay SERNAC que responda.

Más allá de conseguir financiamiento es fundamental confirmar la calidad profesional que se busca. Nuevamente, ¡cuidado con las promesas! No basta que una universidad esté acreditada para garantizar su calidad. La realidad -una vez más- está muy lejos de lo razonable. La acreditación también se rige por las reglas del mercado, con empresas “especializadas” en conseguirla, donde abundan intereses cruzados y vaguedades. El sistema es tan absurdo y discrecional que suele regirse por conceptos como “insatisfactorio” o “adecuado” para distintas variables.

La mayoría de las carreras dura más de cuatro años, pero muchas universidades sólo tienen acreditación por dos o tres años, es decir, pueden perder esta condición antes que se reciba un título, cuyo valor se habrá ido a pique. Aún peor, ninguna acreditación asegura la formación de un profesional idóneo.

Los egresados de pedagogía pueden rendir la prueba INICIA que evalúa sus conocimientos. De acuerdo a la última medición, ¡sólo el dos por ciento domina vocabulario y ortografía! El Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación –CEPPE- (dependiente de la Universidad Católica y financiado por Conicyt), comparó los resultados de la prueba INICIA 2009 con los años de acreditación de sus respectivas instituciones. El promedio de respuestas correctas para una universidad con cinco años de acreditación fue del 53%, el promedio para una con tres años de acreditación llegó a 57% y aquellas sin acreditación obtuvieron un 49%. Si estos fueron los promedios, poco y nada influyen los años de acreditación con la calidad de los egresados. El resultado sería más desastroso si la prueba INICIA fuera obligatoria. Estos promedios, que raspan el 4, corresponden a los futuros profesores que estimaron que podían enfrentar adecuadamente una evaluación profesional. Son los actuales maestros….

Tanto o más grave es lo que sucede con medicina. El 20% de los médicos titulados en La Universidad Católica de la Santísima Concepción -acreditada por cuatro años hasta fines de 2012- reprobaron el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina. Este sí es obligatorio para ejercer. Idéntica situación ocurrió con los médicos formados en la Universidad de Antofagasta. Pero el caso más brutal es el de la Universidad del Mar, acreditada por dos años hasta diciembre de 2012: prácticamente la mitad de sus médicos salieron mal en el examen (24 de 50). La carrera se sigue impartiendo en estas universidades con un costo anual superior a los $ 4.000.000. Pero si el diploma resulta inservible, no admite devolución.

Es muy difícil entregar pistas claras para la decisión que deben tomar los futuros universitarios. Es obvio que se va a la segura con instituciones de prestigio como la Universidad de Chile, la PUC, la Diego Portales, la Adolfo Ibáñez o la Universidad de Concepción. Pero quienes no tengan el puntaje suficiente para acceder a ellas tendrán que pensarlo mucho.

Los que estén dispuestos a transar calidad por asegurar redes sociales que pueden servir en el mercado laboral, pueden optar por aquellas ligadas a grupos económicos, políticos o religiosos. Quienes tengan recursos escasos y un puntaje reguleque, producto de la deficiente educación básica y media, pregunten, pregunten y pregunten. Y no se olviden de explorar alternativas en el extranjero. La Universidad de Buenos Aires –con varios premios Nobel a su haber-, incluyendo gastos de alimentación y vivienda, puede ser una alternativa frente a la opacidad y la ley de la selva que rige nuestra educación superior.

El problema es el Estado que (actúa) casi como un adolescente enamorado, que por satisfacer los caprichos de su novia accede a las más ridículas condiciones, como la compra obligada de los créditos CAE riesgosos “con recarga” de hasta un 70%. ¡70%! Lo mismo ocurrió con el Transantiago, con esos contratos absurdos que le garantizaban a los “operadores” un pago millonario ofrecieran o no un buen servicio, sacaran o no los buses a la calle.

Esta actitud del Estado de “ofrecer” buenas condiciones para que los privados inviertan, siendo un mero intermediario entre la oferta y la demanda y no lo que debería ser -el controlador del sistema-, hace que ocurran este tipo de cosas donde el abuso cae constantemente sobre los hombros de la población.

$150 mil millones es lo mismo que siete teletones como las de este año. Y equivalen también a un tercio de los US$1.800 millones anuales necesarios para financiar la educación superior gratuita en Chile, según proponían los estudiantes reunidos en la Confech.

Los bancos han acumulado ese dinero gracias a la “recarga”, un ítem poco conocido del crédito CAE y cuyo origen se explica más adelante. En esencia la recarga implica que los bancos le prestan a los 350.000 estudiantes que hoy financian su educación superior desde 2006 usando CAE, a cambio de que luego el Fisco compre algunos de esos créditos con un sobreprecio. Es decir, si un banco le da a un estudiante un crédito por $1.000.000, esa institución tiene derecho, unos meses después, a vender ese crédito al Fisco por $1.200.000. En este ejemplo la recarga es de un 20%; y es una recarga moderada, pues en los seis años de vida del sistema se han registrado recargas de hasta 69 por ciento.

Usando este mecanismo los bancos le han vendido al Fisco préstamos de alumnos por un monto de $443 mil 720 millones y el Fisco les ha pagado $591 mil 887 millones, obteniendo en esas operaciones los $150 mil millones de los que se hablaba al comienzo de este reportaje.

Los favorecidos con estos procedimiento han sido: Scotiabank (6 años), Estado (6 años), BCI (3 años), Itau (2 años), Falabella (5 años), Santander (2 años), quienes han ganado las licitaciones que cada año se hace para financiar el CAE. A ellos se agrega Corpbanca, entidad que recién se incorporó al sistema en 2011 (Ver detalle de recarga cobrada por cada banco). Estas entidades han cobrado miles de millones sólo por participar en el sistema: más adelante cobrarán, además, lo que les corresponda por el servicio de la deuda. Los bancos que más recarga promedio han cobrado en estos seis años han sido el BCI (62,8%) y Banco Estado (35,2%). Los que han recargado menos han sido Banco Falabella (7,9%) y Corpbanca (6%).

Para Alejandra Contreras, directora ejecutiva de la Comisión Ingresa, institución que administra el CAE, la recarga es solo un incentivo para que los bancos participen en el riesgoso negocio de financiar la educación de jóvenes pobres y de clases medias bajas (Ver recuadro). Pero hay datos que indican que la recarga ha excedido todos los presupuestos. El ejemplo más crudo ocurrió en 2009, cuando los bancos Scotiabank, Estado, BCI y Falabella, otorgaron el CAE a 72 mil alumnos, entregándoles un total de UF 4.169.000 para pagar sus estudios. Luego el Fisco les recompró a estos bancos 49 mil créditos, cancelando por ellos UF 4.226.540. Esto significa que por esos 49 mil préstamos, el Fisco pagó a los bancos más que si hubiera financiado la educación completa de los 72 mil alumnos que necesitaban ese dinero. ¡Le habría salido más barato financiar todos los créditos!

El sociólogo Alberto Mayol, subrayó esta paradoja en una presentación ante los empresarios en la última ENADE: “en 2009 el CAE pasó de ser un diseño ineficiente a ser absurdo”, concluyó.

Similar opinión expresó el Banco Mundial en un informe dado a conocer a comienzos de este año: “La manera en que está construido el sistema actualmente le permite a los bancos acumular una rentable cartera libre de riesgo cargándole al Estado un segmento de alto costo y cobrando primas exageradas”.

El economista Christian Larraín, uno de los profesionales que diseñó el CAE -con la recarga incluida-, cree que se trata de ganancias excesivas e injustificadas. Al contrario de lo que sostienen los actuales administradores de este crédito, Larraín señala que “el Fisco no debió nunca pagar un sobreprecio superior al 6% que se canceló a Corpbanca en 2011”. En un informe entregado a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados en octubre pasado, agregó: “El sobreprecio ha sido la real fuente de la ganancia para los bancos”.

LA BAJA EN LA TASA DE INTERÉS LA CUBRE EL FISCO

Poner fin al CAE fue uno de los anhelos que movilizaron a los estudiantes chilenos en las manifestaciones de este año. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que acabar con el CAE es cerrar la única vía por la que están accediendo a la educación superior los jóvenes más vulnerables.

En 2010 recibieron el CAE 91.000 estudiantes de los cuales el 85,5% (78.000 beneficiarios) pertenecían a los tres quintiles más pobres, es decir, provenían de familias que reciben hasta $140 mil mensuales per cápita. Dentro de ese grupo destacaban 35 mil mujeres de los primeros dos quintiles (cuyas familias tenían un ingreso promedio de hasta $90 mil per cápita). Esto implica que las mujeres jóvenes pobres, el segundo grupo más vulnerable de la sociedad chilena después de los niños, representan el 40 % de los créditos CAE.

Los estudiantes que se movilizaron masivamente en 2011 exigían, entre otras cosas, becas y no créditos para estos jóvenes. Es decir, que recibieran ayudas que no deban ser devueltas y sin intereses. Pero el sistema educativo chileno establece que para acceder a becas no basta con ser pobre, sino que es necesario obtener buenos resultados en la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Es decir, ser alumno “de mérito”. La beca Juan Gómez Millas, por ejemplo, premia a los alumnos de los dos quintiles más bajos que obtienen sobre 600 puntos.

Quienes conocen la PSU saben que la exigencia de la beca es un oxímoron igual que las expresiones “gélido fuego” o “instante eterno”. Un “joven pobre con buen puntaje en la PSU” es algo extraño, casi imposible. No por las capacidades de los jóvenes, sino porque la prueba está hecha de tal manera que los puntajes se correlacionan a la clase social del alumno. Por eso en 2010 a la beca Gómez Millas solo accedieron 596 alumnos. (Ver reportaje) Este año el puntaje requerido para esa beca bajó a 550 puntos. Pero según argumenta Alejandra Contreras, directora ejecutiva de la Comisión Ingresa, un 80% de los alumnos del quintil más pobre no lograrán llegar a ese puntaje.

Así, al distribuir becas y otros fondos según el puntaje de la PSU (como el Aporte Fiscal Indirecto), la gratuidad queda a disposición de los sectores medios y altos. Para los más pobres el mecanismo que se ofrece es el endeudamiento a través del CAE, que les permite ingresar a las únicas universidades que los aceptan con sus bajos puntajes: las privadas de reciente creación y cuya calidad académica es fuertemente cuestionada.

Ante esta única vía de ascenso, los sectores populares se han agolpado masivamente. El citado informe del Banco Mundial, tan lapidario en algunos aspectos del CAE, sí reconoce que cumple bien con su tarea de inclusión social: “No solo ayuda a numerosos alumnos de probado mérito académico que necesitan apoyo financiero a obtener educación superior, sino también los está ayudando a recibirse”, consigna el informe. Destaca, además, que del total de alumnos que estudia hoy con ese crédito, “147 mil no habrían podido acceder a la educación superior sin la ayuda del CAE”. Luego proyecta que de los 350 mil matriculados, al menos 151 mil egresarán: “Es probable que 3/4 partes de estos últimos alumnos no se hubieran graduado de otro modo y que un cuarto de ellos probablemente sólo se habría podido graduar sometiéndose a grandes dificultades para pagar sus estudios. Lo anterior muestra que este es un programa que está transformando la educación superior en Chile”.

Durante sus años de gobierno la Concertación fue una fiel impulsora de la idea de que el crédito era una forma de incluir a los más pobres en el desarrollo. La contra cara de ese optimista análisis la remarca el mismo Banco Mundial: las deudas de al menos un 20 % de los alumnos van a superar las posibilidades de pago de los egresados, pues según las proyecciones del banco, “el 20% de los beneficiarios del CAE ganarán $286 mil al mes o menos”. Si se considera que una mensualidad por una carrera profesional no baja de los $100 mil mensuales durante 15 ó 20 años, la posibilidad de proyectarse y de pagar la deuda se vuelven difíciles.

El problema, consigna el informe, es que las deudas que genera este sistema son “altas si se comparan con los estándares internacionales”.

Hasta hoy los 350 mil jóvenes que han accedido al CAE han recibido préstamos por $1 billón 128 mil millones, lo que da un promedio de $3 millones por alumno. A esa cifra hay que sumarle 5,6 % de interés anual que se cobró en 2011. Con esa tasa, una deuda de $25 millones (como lo que cuesta la carrera de Medicina en la Universidad de Chile) se transforma en $41 millones.
Fruto de las presiones estudiantiles de este año el gobierno se comprometió a bajar el interés del CAE del 5,6 % al 2 %, con lo que una deuda por Medicina queda en $30 millones. ¿Significa eso que el gobierno intervino para que esa carrera saliera $11 millones de pesos más barata? Por supuesto que no. Es importante consignar que esos $11 millones de pesos los va a pagar el Fisco a los bancos a través de la recarga.

Las masivas manifestaciones estudiantiles, en los hechos, no lograron alterar la mecánica del CAE, ni sacar a los bancos del negocio, ni siquiera reducir sus utilidades. Antes el 5,6 % de interés salía del bolsillo del alumno. En adelante el alumno pagará el 2 % y la diferencia respecto de la tasa que se fije, la pagará el Fisco. Antes y después el modelo tiene a los bancos como intermediario. Y parte importante de los fondos fiscales destinados a este rubro terminarán allí.

Este año se estima que accederán otros 100 mil estudiantes a un sistema al que el presupuesto de 2012 le entregó $250 mil millones ($20 mil millones menos que el año anterior).

Según Alejandra Contreras, con los 450 mil alumnos que tendrá el próximo año, el CAE habrá llegado a su máxima expansión. Para entonces este crédito estará financiando entre el 30 y el 40 % de los cupos disponibles de la educación superior (Ver Recuadro: Expectativas de expansión del mercado de la educación superior). A partir de ese momento cada año deberán empezar a pagar cerca de 50 mil estudiantes, entre egresados y “desertores” que es como el sistema llama a los que no terminaron sus estudios y quedaron endeudados.

UNO PARA MÍ, OTRO PARA TI

La recarga no es el único punto controvertido del CAE. Pero para comprender lo que viene es necesario tener claro algunas cosas básicas sobre este crédito.
El CAE se puso en marcha durante la administración de Michelle Bachelet, pero fue ideado en el gobierno de Ricardo Lagos, con Sergio Bitar como ministro. Sus padres directos fueron el fallecido economista Jaime Crispi, que por entonces era jefe de estudios de la Dirección de Presupuestos y Pilar Armanet, entonces jefa de la división de Educación Superior del Ministerio de Educación.

En términos simples, el otorgamiento del CAE consta de cuatro pasos.
1. El Fisco elabora un presupuesto definiendo a cuantos estudiantes va a entregar el CAE. Luego, a través de la Comisión Ingresa, que es la institución pública que administra el CAE, se reciben las postulaciones. La comisión selecciona únicamente por motivos económicos y ordena a los beneficiados en listas de miles de alumnos para ofrecerlas a los bancos, quienes van a financiar el crédito. Todas las listas tienen igual número de alumnos de quintiles bajos, igual cantidad de estudiantes que quieren ir a carreras técnicas o universitarias, de jóvenes que se han matriculado en universidades tradicionales o en instituciones acreditadas por un año, de modo que los banqueros no sientan que hay listas mejores que otras. En las bases el Fisco fija el interés que se podrá cobrar a los alumnos (el próximo año deberá ser de 2%).

2. Los bancos se adjudican las listas. Ganan los que ofrecen cobrar la menor recarga al Fisco. Luego entregan los créditos a todos los alumnos sin discriminar a ninguno ni por origen social, dinero de su familia, carrera que quiere estudiar ni establecimiento elegido.

3. Cuando los bancos entregan los créditos, averiguan todo sobre el postulante: de qué comuna viene, de qué tipo de colegio egresó, los empleos y remuneraciones de sus padres. También la carrera que quieren estudiar y dónde. Es importante tener claro que para los jóvenes el futuro está abierto, lleno de posibilidades, sobre todo para aquellos que son primera generación en la universidad y cargan con los sueños de sus padres. Pero para los bancos el futuro está escrito como las frases de este reportaje. A lo mejor falta un acento, un énfasis, pero la esencia es muy difícil de cambiar.

4. El banco le vende al Fisco un porcentaje de los créditos. Pero no vende listas cerradas y ecuánimes como las que recibió. El banco elige. Abre la caja y se queda con las manzanas más prometedoras. Le vende al Fisco las que tienen magulladuras o que, según su ojo avizor, difícilmente madurarán. Cruzando los datos obtenidos con los sueldos que obtienen los egresados de las carreras, estiman si alguien va a ser capaz de pagar o no. Esos son los créditos que el banco le vende al Fisco cobrándole una recarga.

Los primeros créditos en ser traspasados son los de aquellos alumnos que se embarcan en la aventura de la educación superior con deudas impagas y están en Dicom. Se estima que en 2011 había entre 10 y un 12% de jóvenes en esa situación. Después de deshacerse de estos estudiantes, los bancos le venden al Fisco los que se matriculan en carreras largas. Según las cifras de la Comisión Ingresa, elaboradas especialmente para este reportaje, entre 2006 y 2011 los bancos se quedaron con el 78% de los créditos de alumnos que cursaban carreras de 2 años; y con el 74% de los créditos para financiar carreras de 3 años. En cambio, vendieron el 56% de las carreras de 5 años, que es la duración clásica de un título universitario.

Un dato adicional: los bancos no tratan a todas las universidades de igual manera. Las estadísticas disponibles sugieren que también se deshacen de los créditos entregados para estudiar en algunas universidades privadas. Por ejemplo, en 2010 la Universidad Católica recibió 778 créditos CAE por un total de $1.182 millones. De ese total, los bancos le vendieron al Fisco 351 créditos ($410 millones) y se quedaron con 427 créditos ($772 millones). Muy distinta situación vivieron los préstamos para estudiar en la Universidad Autónoma, de la cual el ministro de justicia Teodoro Rivera fue rector. En 2010 la UA recibió 4.680 créditos CAE (por un monto de $7 mil 580 millones). De esos 4.680 CAE, los bancos decidieron venderle al Fisco 4.000 ($6.600 millones), conservando solo el 14% de los créditos de los alumnos de la UA.

Lo mismo ocurre con la Universidad Las Américas, de la que Pilar Armanet es ahora vicerrectora académica. En 2010 sus alumnos recibieron 5.126 créditos con aval del Estado. Pero unos meses después los bancos vendieron al Fisco el 63% de esos créditos (equivalente a $5.085 millones).

El mismo trato de los bancos recibieron los estudiantes que escogieron a la Universidad Santo Tomás: le vendieron al Fisco el 76,8% de los CAE, equivalentes a $6.100 millones; los de la Universidad San Sebastián: le vendieron al Fisco 77% de los créditos, equivalentes a $6.259 millones y los de la Universidad Andrés Bello: los bancos se deshicieron del 71,5 %, equivalente a $6.433 millones, los que vendieron al Fisco.

De acuerdo a estas mismas cifras, los bancos prefirieron las deudas de los jóvenes que estudian una carrera técnica y corta en el Instituto Duoc: vendieron al Fisco solo el 10,8% de los CAE y se quedaron administrando $10.668 millones. También conservaron los créditos del Instituto Inacap: vendieron al Fisco sólo el 12% y retuvieron el resto, que equivale a $3.709 millones.

La preferencia de las instituciones financieras es aún más evidente cuando se compara una misma carrera impartida en distintas universidades. Entre 2006 y 2010 los bancos vendieron solo 77 créditos de alumnos de Derecho de la Universidad Católica (el 20,2%), pero se deshicieron del 51,5% de los créditos de alumnos de Derecho de la Universidad Autónoma.

Hay carreras que a los bancos les interesa financiar, como las pedagogías. La prueba es que retuvieron el 61% de los créditos en esa área. Pero no les interesan todas las pedagogías. Mientras vendían sólo el 28,3% de los créditos de Pedagogía de la Universidad Católica, los bancos se deshicieron del 58% de la Pedagogía Básica “Executive” de Las Américas.

Los datos oficiales muestran que la Universidad Las Américas es mal considerada por los bancos: entre 2006 y 2010 los bancos vendieron el 74% de los créditos de Arquitectura, el 67% de los de Derecho “Executive”, el 72% de Enfermería, el 68,9% de Ingeniería “Executive” y el 75 % de los créditos de Trabajo Social, entre muchos otros. Similar situación ocurre con la Universidad Autónoma (ver cuadro con venta de créditos por instituciones y carreras).

Cuando el banco vende un crédito al Fisco, el alumno ni se entera. Tampoco la universidad recibe un perjuicio. El único afectado es el Fisco, que se queda con la acumulación de los créditos que los bancos estiman difíciles de cobrar. La pregunta se impone: ¿Puede recuperar el Fisco el dinero otorgado en esos créditos?

Hasta ahora, las cifras no son alentadoras. De acuerdo a la Comisión Ingresa, actualmente debieran estar pagando 13 mil 972 alumnos. De los créditos en poder del Fisco (cerca de 4.000 y cuyo cobro también administran los bancos), el 61,6% de los deudores cae en la categoría de “mora dura”. En cambio, los que están en manos de los bancos (más de 9 mil), la cifra de los en “mora dura” desciende al 53,8 por ciento.

-En los últimos meses empezó a aumentar la deuda del Fisco que también administran los bancos -reconoce Alejandra Contreras. La razón no la sabemos bien, pero los bancos han sido hasta ahora más eficientes para cobrar sus créditos que los del Fisco que ellos administran.

La cantidad de estudiantes con CAE ya egresados y en situación de empezar a pagar su crédito -13 mil 972 alumnos- es muy menor respecto de los que debieran haber ya egresado. La cifra abre nuevas interrogantes:

-A mí me preocupa lo que están demorando los jóvenes en egresar. En 2006, que es nuestra cohorte más antigua, entraron 21 mil alumnos y tenemos todavía un 45 % ciento de los jóvenes estudiando en 2011, es decir, que no han egresado ni desertado después de seis años de estudios. Un promedio muy alto. Básicamente es por repitencia. Vamos a hacer un estudio para saber dónde está ese 45 % y qué universidades o centros de formación técnica tienen los mayores problemas -explica Alejandra Contreras, directora ejecutiva de la Comisión Ingresa.

En esta situación irregular parece estarse expresando uno de los mayores problemas en el diseño del CAE. Quienes lo pensaron creían que con facilitar los recursos financieros se abría la puerta a la inclusión social de los más pobres. Pero hoy son muchos los que opinan que eso no es suficiente. Al grueso de los alumnos que estudian con el CAE no les faltan solo los recursos para entrar a la educación superior. Les faltan los conocimientos, pues su formación básica y media fue muy deficitaria. El CAE los transformó en clientes habilitados -gracias a su endeudamiento- pero no los hizo estudiantes universitarios.

Uno de los expertos que participó en la creación del CAE describe el cambio de perspectiva: “Cuando se diseño el CAE se pensó que lo más importante era el punto de llegada, no el punto de partida. Es decir, que no importaba tanto el origen del alumno sino la carrera a la que accedería porque ésta permitiría dar un salto en su historia familiar y aumentar su capacidad de pago. Pero los datos están mostrando que la precariedad de los alumnos de los quintiles más bajos es muy grande, al punto que puede impedirles alcanzar la meta para la que se diseñó todo esto”.

EN DEFENSA DE LA RECARGA

Hay un momento dramático en la historia del CAE y que explica el origen de la citada recarga, el mecanismo que le ha reportado a los bancos ingresos por $150 mil millones. Ocurrió a fines de 2005, cuando ya se había promulgado la ley que daba vida a este crédito y se había anunciado que a través de la alianza del Fisco con los alumnos, las universidades y los bancos, los jóvenes pobres podrían convertirse en estudiantes de la educación superior. Fue entonces que los bancos informaron que no querían participar.

Con la ley en la mano los equipos del gobierno de Ricardo Lagos se abocaron a construir las licitaciones que tenían como característica que los bancos debían prestarle a jóvenes de bajos recursos, sin exigirles garantía de sus familias y a tasas bajas. El chocolate era uno muy potente: el Fisco garantizaba esas deudas. Se reunieron con estudiantes, instituciones de educación superior y bancos. La respuesta de las entidades financieras fue que no veían dónde estaba el negocio para ellos: eran créditos muy riesgosos. Así de simple.

-Al hacer la ley se pensó, inocentemente, que bastaba con que el Fisco avalara a los jóvenes pobres para que los bancos quisieran participar del sistema. Pero no fue así -explica Alejandra Contreras.

Los funcionarios tomaron nota de esta actitud cuando ya se había llamado a los estudiantes a postular y 10 mil de ellos habían sido notificados del beneficio.

Según recuerda Alejandra Contreras, a ese escenario se sumó otra situación compleja: los primeros 10 mil créditos CAE anunciados estaban mal otorgados. Por un error computacional se les había dado prioridad a los postulantes con más ingresos, dejando fuera a los con menos ingresos. La solución fue dar otros 10 mil créditos, esta vez a quienes más lo necesitaban.

La amenaza del fracaso estaba sobre las cabezas de todos los involucrados. Porque la ley había sido hecha específicamente para que el Fisco no financiara directamente. La banca era imprescindible: si no participaba, no podían hacer nada.

Fue en esas circunstancias que el economista Christian Larraín -primer director de la Comisión Ingresa- pensó en una solución: la compra de parte de la cartera con la famosa recarga. Hay que recalcar que ese mecanismo no estaba en el proyecto de ley ni se discutió en la Cámara ni en el Senado, tampoco fue analizado en ninguna instancia de debate público. La decisión se tomó internamente en la Comisión Ingresa con la supervisión y el visto bueno de Hacienda, la dirección de Presupuesto y del Ministerio de Educación.

-El modelo, tal como estaba en la ley del CAE, es muy genérico. Y cuando se empezaron a redactar las bases de licitación, y se empezó a hablar con los bancos y a explicarles cómo debía funcionar el sistema, ellos dijeron: “no, esto no vuela, vamos para atrás, no podemos participar en estas condiciones”. La presión aumentó cuando se otorgaron mal los primeros créditos y hubo que subir a 20 mil. Teníamos 20 mil créditos que colocar y los bancos no querían participar. Entonces hubo que idear algo y ahí es donde surgió la idea de comprarle la cartera al banco -relata Alejandra Contreras.

-¿Diría que los bancos vieron al Fisco aproblemado y se aprovecharon?
-No lo sé. Yo lo veo como que necesitaban más seguridades para entrar en un negocio nuevo cuya operatoria se desconocía.

Christian Larraín argumenta que la compra de parte de la cartera con un porcentaje de recarga era el único mecanismo posible dadas las condiciones que se le exigían al banco: prestarle a jóvenes a los cuales jamás les habrían prestado y no exigirles garantía de sus familias. En esas condiciones y con una tasa de interés del 5,6%, “no había ninguna garantía de que los bancos quisieran participar del sistema”, dice Larraín. (Ver entrevista a Christian Larraín).

El economista reconoce que al idear ese mecanismo no imaginó que los bancos pudieran explotarlo de la manera en que lo hicieron. Pero a diferencia de la interpretación que hacen en la Comisión Ingresa, Larraín no cree que el Fisco estuviera obligado a aceptar los sobreprecios que ofrecían los bancos. Argumenta que había mecanismos para no aceptar las ofertas de los bancos, salvo cuando fueran convenientes. Y que si las reglas de la licitación no parecían convenientes, se podían cambiar. Larraín no entiende por qué el Ministerio de Hacienda autorizó todos estos años pagar sobreprecios que no eran convenientes para el Fisco. También cree que el sistema ha ido evolucionando hacia un equilibrio:

-Si las tasas se mantienen en torno al 6 %, la que pidió Corpbanca en 2011, me parece que el sistema funciona bien -explica.

No obstante el progreso que anota Larraín, el problema de fondo sigue sin respuesta: ¿Por qué había que recurrir a los bancos para hacer funcionar los créditos para estudiantes de los quintiles más bajos? Una de las respuestas es que no se pensó nunca en un sistema que incluyera a los más pobres de otra manera que no fuera con crédito. La educación gratuita para ellos estuvo descartada.

En las discusiones parlamentarias sobre el CAE entre 2003 y 2005, la propuesta de educación gratuita para los más pobres apenas se sugirió. Pero muy rápido se impuso el modelo actual, donde los alumnos de los quintiles más bajos se educan usando créditos bancarios que pagarán mañana con los mejores sueldos a los que accederán. En este modelo, el rol del Fisco sería el de aval por si algo fallaba y los jóvenes tropezaban en sus pagos.

El CAE fue descrito por el ex ministro Bitar como revolucionario. Por una parte, involucraba a los bancos en el financiamiento de la educación superior, con lo que los recursos disponibles para los estudiantes iban a multiplicarse (“como hizo el sistema de concesiones que permitió a los privados aportar recursos y eso produjo un crecimiento acelerado del sistema”, dice una fuente que participó en el diseño del CAE). Por otra parte, los bancos harían que la morosidad bajara porque a diferencia del Estado ellos sí “saben cobrar”.

El espíritu de la época era que el Fisco no iba a administrar los créditos. Así lo explica Christian Larraín:

-La ley 20.027 dice con claridad: “Los créditos con garantía estatal no podrán ser otorgados por el Fisco”. Más allá de lo que yo piense, la lógica de la ley apunta a no tener una agencia estatal administrando los créditos, dejando al Estado en un rol de garante. La idea, por ende, es que los privados administren y ojalá financien los créditos. Si me pregunta hoy, se puede considerar teóricamente una agencia estatal que haga ese trabajo. Pero la experiencia es pésima cuando se observa a las agencias estatales administrando créditos, tal como lo hizo la Corfo en el pasado e Indap en el presente. En cambio, los bancos cobrando una sobrecarga razonable, liberan al Fisco de toda esa carga.

¿PODRÁN PAGAR?

Cuando el año 2005 el entonces ministro de Educación Sergio Bitar anunció el CAE, afirmó que la alianza con los bancos permitiría recuperar los créditos, pues en adelante iban a cobrar los que saben cobrar. Transcurridos seis años de funcionamiento del CAE, el hecho de que un 45% de la generación que entró a estudiar el 2006 sea repitente, hace recelar de la capacidad del sistema de cumplir esa meta de pago. Y ello, porque la posibilidad del deudor de pagar no depende solo de que el banco le cobre, sino de que el joven encuentre un empleo. Y esto está directamente relacionado con la calidad de la educación que recibió.

Como el CAE se entrega solo a los alumnos de las instituciones “acreditadas”, a los problemas ya mencionadas, se agrega otro eslabón de este círculo vicioso: el deficiente sistema de acreditación de las instituciones de educación superior, criticado por su poca capacidad de eliminar o corregir instituciones que mantienen planteles de profesores de baja calidad y que no invierten lo necesario en los otros pilares que forman la educación superior.

En 2010, por ejemplo, cuando 35 mil muchachas de estratos más pobres pidieron CAE para estudiar en la educación superior, no hubo ni una sola institución que las informara y guiara sobre donde no convenía estudiar. Y ello porque a pesar de sus evidentes deficiencias, ese mismo año todas las instituciones que pidieron acreditarse fueron aprobadas. (Vea reportaje: Así opera el escandaloso sistema de acreditación de las universidades).

-O estamos ante una mejoría notable en las instituciones de educación terciaria en Chile o, simplemente, los niveles de exigencia han caído a niveles lamentables -dijo a CIPER Emilio Rodríguez, rector de la Universidad Tarapacá y ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, comentando la masiva aprobación de 2010.

Nadie cree en una sorpresiva y súbita mejoría de todo el sistema. La explicación más recurrente es que los cuantiosos recursos del CAE han llevado a las instituciones a presionar a la Comisión de Acreditación para obtener los millones que llegan con ella. Y la Comisión habría dejado de hacer su trabajo.

-La calidad de la educación es un punto clave para el CAE, pues va a repercutir en las remuneraciones futuras que el egresado pueda conseguir -admite la abogada Contreras-, sin embargo, el sistema de financiamiento no se puede hacer cargo de esa arista. Claramente en nuestro país hay una crisis que va mucho más allá del financiamiento. Tiene que ver con los aranceles o la duración de las carreras, temas de los que nadie habla, pero que las instituciones conocen perfectamente y que ellas deben resolver. Deben modificar sus currículos y se han atrasado en eso. Tienen a alumnos por seis años en circunstancias que podrían estar cuatro. Todo eso influye directamente en el endeudamiento de los alumnos. El problema de la calidad no podemos resolverlo en la Comisión Ingresa. Existe una entidad que se creó por ley y todos coincidimos en que no ha funcionado como debiese. Que la Comisión de Acreditación diga que el tema del crédito provocó que funcionaran mal, me parece que es lavarse las manos. A uno lo pueden presionar mucho pero si tiene claro cuáles son sus obligaciones, no puede dejar de cumplirlas por presiones. La norma debiera ser que una institución que no califica, no puede ser acreditada. Porque cuando llegan con la acreditación, aquí nosotros no podemos rechazarlas, debemos darle el crédito.

La pregunta que en este punto se abre es dramática: ¿Podrá el CAE ayudar a que una generación de jóvenes de estratos pobres logre dar el salto en la historia para el que sus familias se endeudaron? ¿O producirá una gran masa de egresados incapaces de pagar las millonarias deudas contraídas porque la educación que recibieron no era de calidad y les fue vendida a precios prohibitivos?

Esa disyuntiva es para Banco Mundial la gran evaluación por la que será medido finalmente el CAE: “El más importante impacto del CAE para Chile vendrá en la forma de egresados profesionales con carreras más productivas, contribuyendo más efectivamente en el ámbito público y gozando de una mayor satisfacción personal; egresados que de otro modo no podrían haber accedido a la educación superior, o que no habrían podido graduarse”.

Otro aspecto poco tomado en cuenta, pero que el Banco Mundial repara con preocupación es que los cuantiosos y seguros recursos que proporciona el CAE a las instituciones de educación superior han promovido la expansión inmobiliaria de éstas a niveles inéditos. En los hechos, muchas instituciones esconden su dudosa calidad académica tras suntuosas edificaciones que resultan atractivas para los alumnos. Las instituciones esperan financiar esas inversiones con la constante llegada de nuevas camadas de estudiantes con CAE.

El Banco Mundial advierte: “El Estado debiera llevar a cabo una apropiada supervisión financiera y de gestión de estas instituciones para asegurar que lo créditos del CAE no están alimentando prácticas de expansión desacertadas que al final podrán resultar en la insolvencia”. Tras la advertencia, el Banco Mundial urge a que desde el Estado se monitoree y audite a las instituciones de Educación Superior.

Lea en los próximos días la segunda parte de esta investigación.