Sin embargo, una modificación introducida precisamente en el Senado amenaza con minar la capacidad de este proyecto de ley de proteger efectivamente a los grupos desaventajados. Se trata de aquella indicación que establece que se considerarán siempre razonables las “distinciones, exclusiones o restricciones” que, pese a estar fundadas en motivos tales como la raza, la situación socioeconómica, la opinión política y la participación en organizaciones sindicales o gremiales, entre otros criterios, “se encuentren justificados en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental”, en particular derechos como la libertad de opinión, la libertad de enseñanza, la libertad de trabajo o el derecho a desarrollar actividades económicas.

El primer problema con esta redacción es de técnica jurídica. Al establecer que “se considerarán siempre razonables” los actos discriminatorios que invoquen los derechos constitucionales allí mencionados, el legislador establece de manera general y abstracta una relación jerárquica entre la lucha contra la discriminación y derechos tales como la libertad de opinión o la libertad económica. Establecer esta jerarquía de valores constitucionales en una ley no sólo es claramente inconstitucional sino que al ser ésta una ley que se predica como contraria a la discriminación, establecer una categorización en perjuicio de ella es, ciertamente, un contrasentido. Más razonable parece dejar que sea el juez resolviendo el caso concreto quien, utilizando todos los materiales jurídicos disponibles, y bajo el siempre presente mandato constitucional de igualdad ante la ley, decida qué principio, valor o derecho prime en la situación bajo su conocimiento.

El segundo problema es de fondo. La indicación ya mencionada parece asignarle más valor a la libertad de contratación que al combate contra la discriminación. ¿Qué ocurrirá cuando un empleador, en el legítimo ejercicio de su derecho a desarrollar actividades económicas, publique un aviso en que ofrezca trabajo a personas que no hayan pertenecido nunca a un sindicato, que no tengan ideas de derecha, que no hayan nacido en Perú o que no sean transexuales? Ante tales situaciones, la modificación introducida por el Senado pareciera condenar a la Ley Antidiscriminación a encogerse de hombros.

Es de esperar, en consecuencia, que en lo que queda de tramitación de esta ley dicha indicación sea eliminada.

Ud. se comprometió en su campaña a luchar contra todo tipo de discriminación, y especialmente se mostró de cara al país junto a personas con discapacidad, con ello demostró su interés por mejorar las condiciones de estas personas, ciudadanos con derechos y deberes como todos lo somos.

Hoy, la realidad se impone, ha sido noticia en variados medios de comunicación la historia y desenlace de un joven adulto de 36 años con Síndrome de Down, Edmundo Tolvo, quien después de vivir enclaustrado por 30 años y abandonado por 16 días a causa de la hospitalización de su anciana madre de 79 años, fue trasladado al Instituto de Psiquiatría de Santiago, vía internación administrativa, recibiendo una inadecuada respuesta a su situación social y clínica.

Usted Presidente Piñera se preguntará ¿qué responsabilidad me cabe a mí?, mucha Sr. Piñera.

Recuerda a Mauricio, un niño con Síndrome de Down al que abraza cariñosamente en el spot de su franja electoral “La voz de los sin voz “y, en donde formula una pregunta en representación del menor ¿Y, cuando mi mamá no esté, qué voy a hacer? Hoy es el momento, dada su compromiso de ser la voz de los sin voz, enfrentar desde el Estado y la institucionalidad existente la cruda realidad de muchos niños, jóvenes y adultos, con diferentes tipos y grados de discapacidad, que NO poseen un lugar digno y adecuado a sus necesidades especiales y que les acoja toda vez que queden solos, sea esta situación por abandono voluntario o involuntario.

Ante la opinión pública se develó que frente a la inhumana situación de Edmundo, el sistema institucional no dio respuesta al hecho y sus representantes se declararon incompetentes. Y sin más trámite, el joven fue internado en un hospital psiquiátrico, lugar al que nunca debió llegar y que ningún profesional con experiencia en discapacidad recomendaría.

Se da cuenta Ud. lo que significa su compromiso personal. Le insto a leer una de mis columnas publicada en LND (on line), en noviembre del 2009, en donde advierto la responsabilidad que asume ante todo el país y especialmente con las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

¿Está enterado qué su gobierno posee mayores instrumentos legales e institucionales que en administraciones anteriores? Usted cuenta con:

La ley 20.422, que otorga más atribuciones que la promulgada el año 2004 en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, con el Servicio Nacional de la Discapacidad -SENADIS- con mayores recursos que un fondo público como lo era FONADIS, con uno de los legados del Gobierno de Michelle Bachellet, en donde nuestro país firmó como Estado parte de la “Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad” (ONU) el 30 de marzo del año 2007. Y, junto a ello adhiere y firma el “Protocolo Facultativo” que permite que las personas con discapacidad, o sus representantes, tengan la oportunidad de denunciar atropellos discriminatorios y hacerlos llegar al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad que dará validez jurídica a cada evidencia de mal trato y/o discriminación cometida.

Presentado este panorama favorable, comprobadamente heredado de las administraciones anteriores, es esperable que la institucionalidad funcione eficientemente y que Ud. se haga cargo de sus declaraciones para que transiten más allá de una buena intención. En este caso, no sirve la política del empate y menos la descalificación que utilizan sus voceros con tanta asiduidad.

El camino por seguir se presenta complejo para Ud. y gobierno. En reciente estudio realizado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile -período 1990-2001- se señala que los niños que en Chile nacen con síndrome de Down han aumentado notoriamente en las últimas décadas “Si a principios de la década de los setenta se registraba 1 caso por cada 700, actualmente el país reconoce 1 por cada 470 nacimientos”.-

El caso de Edmundo no es un hecho aislado, aquí se advierte la permisividad, la indolencia, la negación de una situación mas común de lo que quisiéramos en un contexto social determinado, ya que refleja y representa en su forma más brutal la situación de pobreza, la discriminación, la segregación social, y lo más relevante la incapacidad del Estado para enfrentar esta realidad indignante e inhumana.

Entonces reitero con preguntas a su pregunta. ¿Qué haría usted en su gobierno para sortear esta cruda realidad? ¿Cuál es su propuesta concreta y viable para dar solución a los miles de padres cuyos hijos son portadores del síndrome de Down cuando ellos ya no existan?

Sr. Piñera, debe saber que según datos de la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDISC) 2004, “El 12,9% de los chilenos y chilenas viven con discapacidad; 2.068.072 personas con discapacidad. Es decir, 1 de cada 8 personas presenta esta condición”. De acuerdo con los datos entregados por la ENDISC sólo el 8,5% de las personas con discapacidad estudia y no estudia el 91,5%. Es válido preguntar, en torno a la oferta educativa ¿Cómo se puede ampliar la cobertura educativa a la población con discapacidad?

Ahora, la situación no se soluciona con la escolaridad especial o la integración educativa, dado que el Estado subvenciona la educación especial hasta los 24 años. Y luego, cada joven que ha transitado por el sistema es literalmente arrojado a su casa, con una pensión de invalidez paupérrima atendiendo a los gastos adicionales en salud que estas personas, en su mayoría, requieren.

Las alocuciones y buenas declaraciones de principios, no son suficientes. Es un imperativo moral de todo gobernante responder con acciones concretas a más de dos millones de chilenos en condiciones de discapacidad y desventaja social. Usted debe rendir cuenta en este tema a todos los chilenos, principalmente a los que creyeron en usted y sus promesas de campaña, y también a los que no votaron por usted pero que creen que la dignidad y estatura moral de un Presidente de la República se mide en la capacidad de cumplir la palabra empeñada, sobretodo si ésta ha sido voceada a los cuatro vientos en el periodo de campaña.

Le hago saber que la discapacidad y las estrategias para mitigar sus efectos en las personas están en la mira de la comunidad internacional, la que exige a un Estado moderno como pretende ser Chile, abordar de forma oportuna y pública las obligaciones en torno al mandato de la Convención Internacional y de la cual el país que usted representa es parte.

No dude, Sr. Presidente que los chilenos, el mundo y los discapacitados que en el spot de campaña usted abrazó y estrechó sus manos en señal de compromiso público aún esperan con atención el cumplimiento de sus promesas de campaña. Sea como dijo en esa ocasión “La voz de los sin voz” para que no haya más mujeres y hombres como Edmundo Tolvo que por la ineficiencia de un modelo de sociedad irresponsable terminen equivocadamente en una institución psiquiátrica atentando así contra su dignidad de persona. Hoy las madres de muchos Edmundo no están para atenderlos como merecen… ¿Qué hará usted?

*Gina Basso Basso, es docente en Educación Diferencial con mención en Deficiencia Mental, Universidad de Chile. Post títulos en Investigación aplicada en Método de Lecto Escritura -Ideo visual de estructura silábica (IVES) en la Universidad de Chile. Actualmente, Jefa Técnica Pedagógica del Colegio Psicopedagógico “Juan Wesley” que atiende a niños y jóvenes con discapacidad intelectual y multidéficit.

La discriminación geográfica es una de las maneras en que se maneja el sistema de tarjetas en algunas multitiendas como Falabella. En el local de Cerrillos, cada fin de semana, alrededor de 30 solicitudes quedan “en conducto”, como se le llama al proceso de verificación de los datos, por pertenecer a clientes de “sectores malos”. Rara vez son aprobados. La discriminación se puede ver en todas las tiendas Falabella, aunque en los lugares más adinerados es menos frecuente que llegue alguien “conflictivo”.

La lista que recibió Yasna circula de mano en mano entre las promotoras de CMR. Ahí aparecen al menos 18 comunas de Santiago que se consideran “conflictivas”, divididas en Sector Norte, Sector Poniente y Sector Rural, donde se incluyen algunas como Recoleta, Cerrillos, Buin, respectivamente. Los sectores comprenden desde villas completas hasta calles específicas. Esta lista existe con el propósito de que las promotoras tengan como referencia los lugares a cuyos habitantes no se les puede abrir crédito, pero en el caso de que la dirección del cliente sea ingresada en los computadores, igualmente va a ser rechazada, ya que el sistema está programado para no aceptar las solicitudes en la que el domicilio sea uno de los lugares no autorizados.

De hecho, aunque se haya identificado el “sector malo”, los datos se ingresan al sistema para que exista un registro de que esa persona ya hizo los trámites y no la aceptaron. La finalidad es que si el cliente pregunta por su tarjeta, los administrativos ingresen su Rut y comprueben que esta persona no puede tener CMR.

Constanza Díaz, otra ex promotora Falabella, recuerda las indicaciones que le dieron sus compañeras de trabajo en su primer día ofreciendo CMR:

-Me dijeron que tenía que tener cuidado con los sectores malos, porque a ellos no se les podía dar tarjeta, pero que no les podía decir eso, o si no la gente podía demandar a la empresa por discriminación, así que les tenía que inventar algo y explicarle que su tarjeta iba a quedar por “conducto” y que la próxima semana preguntara por si ya se la habían aprobado.

Las excusas más comunes para explicarle al cliente que su tarjeta no iba a poder tener una apertura inmediata es que tenían que comprobar domicilio, que la renta no le alcanzaba o que le faltaba un papel sobre la propiedad que tuvieran. Pero la mayoría de las veces, el asunto se dejaba en trámites por siete días hábiles y mientras tanto el cliente debía esperar, hasta que finalmente se aburriera de tantos trámites y papeleos.

Según cuentan ex promotoras, en Falabella de Plaza Oeste antiguamente la lista de sectores malos estaba guardada en una oficina. Constaba de tres hojas, en la que salían detallados los sitios “peligrosos”. El problema es que la hoja casi siempre andaba extraviada cuando tenían que consultar un domicilio, por lo que decidieron sacarle copias y guardarlas en sus carpetas, junto a las solicitudes. La jefatura del lugar se enteró de la situación e hizo que esas tres hojas se miniaturizaran en una sola, para que el cliente no tenga posibilidad de leerlo en algún descuido. Esa hoja se ha ido actualizando en este último tiempo, ya que comunas como La Granja, donde vive Yasna, han sido borradas de la lista.

Discriminación arbitraria

Las empresas tienen derecho a establecer criterios de solvencia económica para emitir sus tarjetas, pero la “lista negra” por ubicación geográfica va más allá de eso y estaría vulnerando los derechos que establece la Ley del Consumidor. Uno de ellos garantiza “no ser discriminado arbitrariamente por parte de los proveedores de bienes y servicios”, que considera arbitrario aquello que es irracional o atenta contra la dignidad de los consumidores. Además, se prohíbe negar injustificadamente la venta de bienes o servicios.

Alberto Undurraga, alcalde de Maipú, se indigna al saber que su comuna tiene varios sectores dentro de la “lista negra”. Fue además director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y considera que lo que está haciendo CMR vulnera las normas: “Si esta lista existe, es como para hacer una demanda tremenda.”

Por esta misma razón, las instrucciones que les dan a las promotoras son mantener esto en secreto, para que el cliente no sepa y no vaya a reclamar que están pasando a llevar sus derechos. Pero, ¿es Falabella la única empresa que aplica esta política?

Según Jacqueline Toro, presidenta del Sindicato Gesic (empresa administradora de la tarjeta de Ripley), ellos antiguamente también tenían una lista negra, pero fue eliminada hace algunos años. Recuerda que entre las poblaciones a las que no se les vendía estaban La Legua, José María Caro, Santa Adriana, La Pincoya y Raúl Silva Henríquez. “Inicialmente, dentro de las políticas de crédito había discriminación. Nos llegaba un listado con todas las poblaciones donde no se podía sacar tarjeta. Hoy eso cambió. Actualmente sí les venden y sólo están vetados los que viven en cités o tomas. Si vive en una población peligrosa y tiene casa, puede tener tarjeta”, asegura.

Al igual que muchas de sus colegas de Falabella, a Toro le complicaba esa política discriminatoria:

-Por ningún motivo había que decirle a la gente que no se le vendía porque vivía en una población conflictiva. Había que darle cualquier motivo, como que habían llamado a su trabajo y no había nadie. Así se evitaba que la gente se sintiera pésimo y que le trajera problemas a la empresa, porque no es legal. Yo me sentía muy incómoda con eso.

Las “zonas ocupadas” para el crédito

CIPER intentó obtener alguna explicación para la política de Falabella, pero en la empresa declinaron referirse al tema. CMR es una de las piedras angulares del negocio del holding. En una reciente entrevista en La Tercera, el gerente general de CMR, Claudio Cisternas, afirmó que más de la mitad de las ventas del grupo se realizan con esta tarjeta. De acuerdo a un informe de la clasificadora de riesgo Feller-Rate de septiembre de 2010, Falabella sigue siendo la mayor emisora de tarjetas del retail, con una participación de mercado de 27%, en la que se destaca “su adecuado control de riesgo”.

La lista negra parece ser uno de los mecanismos para ese control. La ex promotora Constanza Díaz cuenta la explicación que recibió: “Una vez le pregunté a la persona que ingresaba las solicitudes al sistema que por qué existían estos “sectores malos”. Él me dijo que era para resguardar la seguridad de los cobradores ya que en estas villas o calles, cuando la gente no pagaba e iban los cobradores a exigir las deudas, salían todas las personas de la villa a defenderla y a pegarle a los encargados en apoyo al deudor”.

La misma lista de sectores malos corrobora esta información, ya que en comunas como Lo Espejo, aparece un sector que se llama Santa Olga, en el cual existe una nota que dice: Hacer Santa Holga completa, se realizará la verificación, informador indicará si es sector peligroso. También, en la comuna de Cerrillos se describe a la Población Manuel Acevedo, en la cual se detalla: No verificable, se mantiene como sector malo.

Mario Pena, presidente de cobranzas de Lexicom (empresa de cobranzas de Falabella), afirma que estos argumentos son incorrectos, ya que los cobradores no tienen un sueldo fijo, sino que ganan únicamente por comisión y no les conviene seleccionar los sectores ya que perderían clientela. Además asegura que sus trabajadores ingresan a todos los lugares de Santiago, incluyendo poblaciones muy peligrosas a las que incluso no entran los carteros, y que sus cobradores tienen técnicas de cobranza para no correr riesgo.

Sin embargo, no parece casualidad que muchos de los sectores marcados en la lista negra estén ubicados en el mapa las “zonas ocupadas” de CIPER, es decir, se trata de áreas donde el Estado apenas llega y los servicios son mínimos. Entre otros problemas, no entran los carteros, las empresas de agua o luz, y en algunas partes ni siquiera las ambulancias.(Ver mapa “La lista negra de la tarjeta CMR de Falabella”)

De acuerdo a Jacqueline Toro, la razón que tenía Ripley para seleccionar los sectores es que en estos lugares, cuando se hacían despachos a domicilio, asaltaban los camiones y se robaban la mercancía.

El alcalde de Maipú y ex director del Sernac afirma que a las villas marcadas de su comuna sí se puede entrar y que es incorrecto discriminarlas: “No puede ser que haya villas completas incluidas en esa lista. Si hay un robo efectivo a alguien de la empresa, lo que hay que hacer es perseguir al culpable.”

Según Maciel Loyola, ex promotora de Falabella, claramente las explicaciones de la empresa de resguardar a sus trabajadores son ciertas, pero que al mismo tiempo se estaba discriminando económicamente a las personas. “En estos sectores también se les discriminaba por el valor de la vivienda (la propiedad tenía que estar evaluada por sobre los 5 millones de pesos). Recuerdo que una vez atendí a un cliente que vivía en una pieza que arrendaba y que además su sueldo era de $450.000 líquido (es requisito acreditar renta mínima de $220.00) y no se la dieron por no vivir en una casa.”

Multas y reglas poco claras

José Roa, quien también fue director del Sernac, explica que una situación como la descrita vulneraría el derecho de los consumidores a no ser discriminados arbitrariamente (art. 3 c) ley 19.496) e implicaría una negativa injustificada de venta de los bienes y servicios en las condiciones ofrecidas (art. 13 ley 19.496). Estas infracciones pueden ser denunciadas al Juzgado de Policía Local, que puede ordenar el pago de multas a beneficio fiscal, indemnizaciones al consumidor afectado por el daño que haya sufrido u obligar a la empresa a que ajuste su comportamiento.

CIPER preguntó en el Sernac si existían denuncias por este problema, pero se nos derivó a las solicitudes de acceso a la información pública, donde obtuvimos una lista de reclamos por discriminación en multitiendas. Sin embargo, ésta no tiene detalle de los casos y se nos informó que los datos “no permiten discernir atendiendo la residencia del consumidor”.

-Todos tienen derecho a acceder a los bienes al igual que cualquier chileno dispuesto a pagar el precio. En este caso, si acredita la renta, tiene derecho a exigir la tarjeta, lo demás es discriminación arbitraria -afirma Undurraga.

Para José Roa, las normas aún son débiles en garantizar la protección de los consumidores: “El problema de fondo es que no se informan las condiciones objetivas que te permiten acceder al crédito. Por eso, diversos parlamentarios han presentado proyectos de ley para evitar la negativa injustificada precisamente en el mercado crediticio, estableciendo la obligación de justificar por escrito la negativa y la posibilidad de reclamar por su arbitrariedad ante los tribunales de justicia”.

La discriminación hacia los “sectores malos” es evidente y experiencias como la de la ex promotora Yasna Acuña, que se vio discriminada en su propio trabajo, reflejan lo arbitrario que es generalizar a toda una población por el sector donde vive. Además se oculta la verdad y se engaña a quienes viven en estos lugares.

-En tu contrato deberían decirte que estás contratado para mentir -concluye Yasna.

*Vea el mapa con las poblaciones y villas vetadas por Falabella

*Valentina Mery estudia periodismo en la Universidad Diego Portales. Fue promotora CMR y debió aplicar la “lista negra” descrita en este reportaje.

Es sabido que la discriminación hacia las trabajadoras del hogar peruanas existe en Chile, pero parece ser mucho peor en el propio Perú. El problema se hizo visible luego de que la prensa local diera cuenta de que en playas cercanas a Lima las empleadas no se podían bañar y estaban obligadas a usar uniforme. Este reportaje, ganador de la beca Avina de Investigación Periodística, vincula el maltrato a las trabajadoras con la institucionalización privada del racismo a través de dramáticos testimonios de mujeres explotadas desde la infancia.

No me perturbé cuando mi madre inspeccionó por primera vez delante de mí la maleta de una criada que se iba. Maleta era mucha palabra para el atadito de trapos que llevaba en la mano. Detrás del sillón, a mis 8 años, yo espiaba. Ella fue, tímidamente, sacando una a una sus pertenencias delante de nosotras: camisas, pijama, ropa interior. Mi mamá me miraba diciendo “puede llevarse algo”. Tres mujeres en una pequeña sala y un acto de humillación que aún me pesa en la conciencia: mi propia madre contra la persona más débil que una pueda imaginar, una empleada que, embarazada, se iba para no regresar nunca.

En una sociedad terriblemente injusta como la peruana, la discriminación y la segregación se aprenden desde la cuna: el racismo y la exclusión pasan de padres a hijos, y por eso mismo, se naturalizan con una espontaneidad que debe alertarnos. El caso de las playas de Asia en Perú –donde se desató una polémica porque las empleadas son obligadas a ir en uniforme y se les prohíbe bañarse- ha sido una buena razón para que esta situación aparentemente invisible tome cuerpo y sea un punto en la agenda de ministros y encuestadores.

Precisamente, según una encuesta de la Universidad de Lima (febrero 2007) un 87,9% de limeños considera que hay discriminación contra las empleadas del hogar (41,8% mucha, 46,1% bastante). La percepción más alta de la discriminación se da entre las clases C y D; pero la media atraviesa género y estatus social. Se trata de una constatación gratificante pues durante muchos años el racismo y la segregación han sido percibidos “naturalmente” como una inevitable situación social.

Cusco, ciudad imperial

“Yo no soy doméstica, doméstico es un perro o un gato, nosotras somos trabajadoras del hogar”, afirma Natalia Quispe Valeriano, secretaria de defensa del Sindicato de Trabajadoras del Hogar del Cusco, fundado en 1972. A pesar de que las condiciones de las trabajadoras han mejorado en términos relativos desde esa fecha, las mujeres, pero sobre todo las niñas que se dedican a este oficio, siguen siendo utilizadas y maltratadas. La explotación infantil bajo el eufemismo “educar a la ahijada” se ha convertido en una excusa para la esclavitud. “Comencé a trabajar a los 5 años, chiquilla, ayudaba a cocinar para diez personas. Empezaba a las 4:30 de la mañana”, recuerda Natalia. Ahora tiene una hija de 11 años que vive con ella, en la casa donde trabaja, “pero ella solo estudia, la señora nos trata bien. Yo gano 150 soles mensuales (US$ 51 dólares) pero lo más importante no es el dinero, sino el trato, la consideración que me tienen”.

En el Cusco el trabajo como empleada empieza demasiado temprano: a los 5 o 6 años (ver cifras). “¿Pero qué puede hacer una niña de 6 años?”, le pregunto ingenuamente incrédula a Vittoria Savio, la directora de Yanapanakusun, institución que mantiene un colegio, una casa refugio y una serie de talleres para las niñas domésticas que escapan, por azar, a su destino. Ella exhala el humo de su tercer cigarrillo para explicarme pacientemente: “Hay algunos trabajos que puede hacer una niña: pela papas, barre más o menos la cocina, da de comer a los animalitos que crían, limpia el sucio de los perros, juega con los niños, les lava su ropa. Y vive una vida de esclavitud y no tiene con quién quejarse”. Carmen Escalante, antropóloga, recuerda que “un observador de la OIT, de origen cubano, tampoco lo creía… Fuimos al hogar refugio de niñas Vicenta María. Una de las niñas trabajaba en una picantería (local de comida criolla) de Pomacanchi, su papá la dejó porque la mamá murió y él formó otra familia. Ella debía pelar hasta un balde de papas por día, y por eso tenía su manito llena de cicatrices, a la dueña de la picantería no le interesaba que se cortara o no. Se la habían dejado y era como un favor que ella le diera comida”.

Exactamente esta es la idea que tienen las patronas de las niñas trabajadoras: las están ayudando. Briseida tiene 6 años y no habla español. Lleva en la frente una cicatriz; pero a diferencia de Harry Potter, ésta es la señal de una historia que no querrá recordar. Aquí no hay magia, sólo una patrona que, vestida con delantal, le ha cortado las trenzas y le ha puesto un buzo nuevo para que acarree el agua sin problemas. Briseida —¡el mismo nombre que la esclava de Agamenón!— tendrá en el corazón la esperanza de haber salido de Paucartambo, zona de extrema pobreza, y la ilusión de que la patrona cumpla con enviarla al colegio y enseñarle a leer. “Generalmente esto es imposible”, comenta Escalante, “porque para ello habría que llevarlas y traerlas a la escuela o tener a alguien que lo haga. Pero también porque la educación es en castellano, y como estas niñas hablan quechua, los empleadores dicen ‘primero que aprenda castellano’ y no las educan”. El círculo vicioso parece nunca acabar.

Las condiciones de pobreza de los padres de Briseida y de otras niñas similares a ella, son la razón para llevarlas a la capital del Cusco o a otras ciudades de provincia, o en todo caso, para “encomendárselas” a policías, profesoras rurales, ingenieros o quienes se movilicen entre la ciudad y el campo. “Un compadre de la etnia Q’ero nos trajo a su hija y le dijimos no la debes dejar, llévatela, aquí no las tratan como a hijas sino como a esclavas. Pero estaba muy desesperado”, recuerda Escalante. Las familias cusqueñas de ingresos económicos bajos, sin presupuesto para pagar un sueldo aunque sea de 50 soles (US$ 17), son quienes tienen niñas trabajadoras del hogar en edades entre 5 y 12 años de edad. Precisamente la terrible historia laboral de Sarita Montiel (ver recuadro) empieza a una edad incierta, en la que ella sólo recuerda que la llevan cargada a una casa y la dejan en Quillabamba.

Los turistas que visitan los domingos el mercado de Pisac no tienen la menor idea de las formas que usan aquellas artesanas para salir de la pobreza. Raimunda Colloqui no puede evitar el llanto cuando nos cuenta su historia: a los 7 años una prima de su padre la llevó a Lima para trabajar “en una casa”. A los 11 años se escapó del trabajo en San Juan de Miraflores y pudo regresar a su hogar en Pisac; pero su madre la volvió a entregar a su tía y regresó a Lima para quedarse hasta los 15 años, trabajando y sin poder estudiar. Nuevamente se vuelve a escapar y regresa al Cusco, donde pudo terminar su secundaria. Ahora, dirige un programa de radio para trabajadoras del hogar: “nuestros oyentes son la mayor parte trabajadoras. Los temas que tocamos en el programa son de todo, no solo tocamos sobre lo que son las trabajadoras del hogar pero sí son nuestra base”, sostiene. Raimunda insiste en que se debe testimoniar sobre el sufrimiento porque “sí es cierto que de niña he sufrido, he llorado, pero hay muchas cosas que aprendí. Y eso hay que contarlo, para que las otras, y los varoncitos también, sepan”.

Historia de un sindicato

Cristina Goutet nos comenta que el Sindicato de Trabajadoras del Hogar ha presentado una propuesta a la Municipalidad del Cusco para formar parte del presupuesto participativo y que se espera una mayor gestión, sobre todo en la reglamentación de las leyes que no benefician a las trabajadoras. “En la ley actual hay derecho a quince días de vacaciones, ¿por qué si los demás trabajadores tienen derecho a un mes? La ley no instituye un sueldo mínimo, entonces la madrina dirá ‘yo no te puedo pagar porque tú eres como mi hija, aquí en la casa tienes todo’. Y le da su ropa vieja”, acota Goutet. Ella es asesora del sindicato y autora del libro “Se necesita muchacha” (la primera versión se llamó “Basta”) que bajo el seudónimo de Ana Gutiérrez publicó hace 20 años en el Fondo de Cultura en México.

El sindicato cusqueño fue iniciado por Egidia Laime —quien murió poco después— y ha tenido muchas sindicalistas, luego ha decaído como todo el sistema sindical peruano: al momento son 120 afiliadas. “El sindicato es sagrado porque nació de las lágrimas de las empleadas, de los golpes”, sostiene Egidia en el texto de Goutet. Ahora está demostrado, con la presencia de la cochabambina Casimira Rodríguez como Ministra de Justicia del primer gabinete del Presidente boliviano Evo Morales, que las trabajadoras del hogar tienen algo más que aportar: “Yo sé que a muchos, verme de ministra sentada con mis polleras en el despacho, les dará bronca. Pero es contra eso que debemos luchar: contra la discriminación”, ha dicho.

“No sólo se debe dar a conocer a las trabajadoras sus derechos, sino sensibilizar a las empleadoras sobre los mismos”, dice Carmen Escalante, advirtiendo sobre la necesidad de esta doble entrada. “Como las trabajadoras son niñas, a veces ni siquiera saben que no deben aceptar que les den las sobras de la mesa”, agrega. Marleni Palomino, del Centro Bartolomé de las Casas, sostiene que “si el gobierno no asume su responsabilidad y sus funciones como tal (operadores de justicia y policía), esto jamás va a ser sostenible. Con la Demuna (Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente) del Cusco se trabaja bien, pero hay otras que ni siquiera se dignan de hacer una visita domiciliaria cuando denunciamos maltrato”, acota. La OIT mantiene en el Cusco un proyecto de erradicación del trabajo infantil cuya segunda etapa concluye en pocos meses, y ahora es imprescindible no dejar a estos niños sin apoyo. “Nos tienen de banderitas las ONG’s muchas veces, ¿no? Hacen proyectos pero en realidad, en la práctica, nos marginan bastante”, confiesa Natalia Quispe Victoriano sentada en el patio de la Casa Campesina. El resentimiento ante las empleadoras, aunque sean activistas, tiene un peso específico en esta encrucijada de exclusión y sometimiento.

Más abusos

Según una de nuestras fuentes existe una red de tráfico de niños para trabajo doméstico que opera incluso a sabiendas de la policía y de la Defensoría, compuesta por maestros rurales y policías. “Los traen de diferentes lugares engañándolos, les dicen que van a ganar dinero y van a estudiar. No sé si habrá tratos de por medio, pagos ocultos, o si lo que funciona ahí es la indiferencia de las autoridades”, nos comenta y agrega: “El problema es que no tenemos pruebas y por eso no podemos denunciar”.

El abuso sexual de los varones que habitan la casa es asimismo muy frecuente: una secuela del machismo de las relaciones feudales del hacendado que se imaginaba propietario de todos los cuerpos de su feudo, incluyendo el de las sirvientas. En el famoso cuento de José María Arguedas, Warma Kuyay, el niño Ernesto llora cuando se entera que Justina ha sido “forzada por don Froylán”. Pero como siempre, la realidad supera a la ficción: Vittoria Savio recuerda que a Yanapanakusun llegó una adolescente que trabajaba en una casa desde los 6 años; a los 12 el patrón la había violado, salió embarazada y dio a luz. La patrona la obligó a “deshacerse del niño”, a quien esta adolescente atormentada tuvo que hundir en la misma tina donde lavaba la ropa. ¿Cómo poder remontar este dolor y esta humillación?

La OIT tiene una definición de trabajo infantil doméstico que implica también el reconocimiento de “condiciones que afectan el desarrollo psicológico, físico, moral o social de los niños”. Por eso, en el proyecto de erradicación de trabajo infantil proponen que, además de aprender sus derechos, los niños deben conocer otro tipo de vida. Vittoria Savio coincide en que “si no conoce el cariño, la tranquilidad, entonces, ¿cómo pueden comparar?”. Raimunda Colloqui lo confirma: “Ya no me siento sola porque hay alguien, si me retiro de tal trabajo, sé adónde llegar, tengo dónde dormir. Tengo no sólo comida, sino también cariño, puedo contarles mis cosas, tal vez, y conversar. He cambiado bastante”.

*Con la colaboración de Daniela De Orellana y León Portocarrero

“El proyecto que dio origen a este trabajo fue el ganador de las Becas AVINA de Investigación Periodística . La Fundación AVINA no es responsable por los conceptos, opiniones y otros aspectos de su contenido.”

Los abusos denunciados por extranjeros ante la Dirección del Trabajo se duplicaron entre 2006 y 2007. Contratos no escriturados, extensión ilegal de jornadas, descansos no respetados y cotizaciones impagas, son historias que se reiteran en los rubros de la construcción, servicios domésticos y hotelería-gastronomía. El “perdonazo” migratorio que favorecerá a unos 30 mil indocumentados impone un nuevo desafío para las autoridades del Trabajo.

“En Chile, cada 22 días muere un migrante, principalmente peruano, por actos de violencia relacionados con xenofobia o discriminación”. La estadística, aportada por el Observatorio de Control Interamericano de los Derechos de los Migrantes (OCIM), impacta, además, porque sólo contempla las agresiones con resultado de muerte. César Sauñe Arias (32) es el último nombre inscrito en la nómina fatal. Este viernes 11 el feriante peruano tuvo la mala ocurrencia de piropear a una adolescente y cuatro jóvenes le destrozaron el cráneo a pedradas en Peñalolén.

“La estadística corresponde a información aparecida en la prensa. Hicimos una presentación que llevamos al Senado donde entregamos esta cifra y causó estupor”, cuenta Diego Carrasco, director ejecutivo internacional del OCIM. Los mismos datos fueron proyectados ante el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo Alejandro Goic Karmelic, hijo de inmigrantes croatas:

-Él se emocionó. Sus ojos se llenaron de lágrimas y cuando terminó de ver la presentación, recordó lo duro que fue para su propia familia asentarse en Chile. Nos dijo: “La Iglesia tiene que hacer algo” –recuerda Carrasco.

“Y alguien tiene que hacerlo”, señala el especialista, porque lo grave es que todo indica que las cifras de este año serán peores.

Éstos y otros indicadores que exhibe Carrasco, hay que tomarlos en serio. Las investigaciones del OCIM son respetadas a nivel mundial: es la institución encargada de elaborar el Informe Global de Migraciones para Naciones Unidas y su red está constituida por 135 organizaciones asentadas en 25 países.

La mirada del Observatorio es categórica: Chile firmó en 2005 el Convenio de Protección al Trabajador Migrante y su Familia, pero no ha dado pasos para adecuar sus leyes a las exigencias de ese acuerdo internacional. Dentro de las obligaciones que impone este convenio se cuentan campañas para promover la integración cultural y reducir al mínimo los brotes racistas o xenófobos que afecten a los extranjeros. Y de eso, nada.

-En 22 días más, habrá otra víctima de esta omisión -dice Carrasco.

Si bien todos los especialistas concuerdan en que el proceso para regularizar a inmigrantes ilegales -que culmina el próximo 5 de febrero- es un paso adelante, también señalan que es un error aplicar “perdonazos” migratorios sin disponer en paralelo de políticas públicas sectoriales especializadas. Inicialmente, el gobierno proyectó que unos 20 mil extranjeros podrían acogerse al beneficio, pero esa cifra se alcanzó sólo en un mes y se especula que serán más de 30 mil los inmigrantes que accederán a la residencia.

-Aplicar un programa de regularización que no va acompañado de políticas de reconocimiento de derechos laborales, de vivienda, salud y educación, además de una política de integración, no va a resultar. Se lo dijimos en diciembre al presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Walker. Le dijimos que la población migrante en Chile ya está en 2,3% y que el promedio a nivel mundial es de 0,9% a 1,3%. La Municipalidad de Independencia dice que entre el 14% y 16% de la población de la comuna es migrante. Y eso es demasiado, ahí ya necesitan políticas concretas –afirma Carrasco.

“La gente viene a trabajar, a juntar dinero. Y donde hay más atropellos es en lo laboral”, asegura el dirigente de los refugiados peruanos, Raúl Paiba. De impecable camisa blanca, Paiba se deja caer todos los días en la Catedral para aleccionar a sus compatriotas: “Pidan el RUT del empleador, para que después puedan ir a la Dirección del Trabajo a reclamar. Vamos a colgar de las patas en este árbol a todos los peruanos que se dejen explotar”, bromea ante un grupo que está a punto de enrolarse como cargadores para un contratista.

Trabajadores vulnerables

La masiva regularización de al menos 30 mil nuevos inmigrantes anuncia una inminente presión sobre la Dirección del Trabajo. Aunque siguen siendo bajas en relación al total, las denuncias de inmigrantes se duplicaron entre 2006 y 2007.

Las cifras oficiales sobre denuncias y sanciones aportadas por el Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo , indican que en 2006 se registraron 350 denuncias de infracciones laborales que afectaban a extranjeros, las que aumentaron a casi el doble en 2007, con 634 casos. Aún así, sólo representaron el 0,4% del total de denuncias en 2006 y el 0,7% en 2007. Las denuncias que terminaron en sanción fueron aún menores en relación al total: 57 en 2006 (0,1% respecto del global) y 111 en 2007 (0,2%).

Fuentes de la Dirección del Trabajo señalan que la fiscalización sobre empleos de migrantes se topa con los mismos límites que la que se aplica a los nacionales: “Faltan personal y medios de transporte. No tenemos orden para descerrajar y muchas veces sabemos que en una construcción hay 15 ó 20 peruanos trabajando o durmiendo y no podemos entrar. Y cuando entramos los han sacado por otra puerta. Quedan ahí sus herramientas, ropas, comida, frazadas, pero no son pruebas”.

Según Diego Carrasco, el problema es precisamente que las autoridades igualan a los migrantes con los chilenos:

-Los migrantes han de tener el amparo estatal porque tienen una especial condición vulnerable que obliga a adecuar toda la institucionalidad para darles prioridad. Así lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de la Convención Internacional de Protección al Trabajador Migrante y su Familia. La respuesta de la Dirección del Trabajo debe ser la creación de una unidad destinada al tema, con recursos y que pueda solicitar la asistencia de la fuerza pública. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el Estado no puede alegar la carencia de instituciones para no garantizar el goce de los derechos que aseguren una vida digna a personas en condición vulnerable.

El ex fiscal de la Dirección del Trabajo y actual fiscal del Instituto de Normalización Previsional, Raúl Campusano, conoce el problema en detalle:

-Los migrantes también están en la escala de la informalidad laboral del país en que se alojan. En Chile, cerca del 30% de los trabajadores, más de un millón de personas, que deberían estar con contrato y cotizaciones al día, no lo están. En ese evento, los inmigrantes están en una situación de no discriminación con esos chilenos. Pero a la incerteza de la informalidad los inmigrantes agregan que no tienen confianza en las instituciones. Y eso produce una vulnerabilidad mayor.

Con una tasa de natalidad estacionada en 1,9 a 2 hijos por mujer, en los próximo años la población de Chile sólo se mantendrá o, incluso, bajará, como ocurre en países desarrollados. En ese escenario, dice Campusano, el aporte de los inmigrantes al crecimiento económico es vital:

-La percepción de Extranjería, del Ministerio del Interior y de todos los que administran el candado de la frontera, es que el aporte de estos extranjeros es positivo (…) Si no estuviesen las miles de empleadas domésticas peruanas, el sueldo de este trabajo habría aumentado al nivel de los países desarrollados. Lo mismo podría aparecer en el sector de la construcción. Y por primera vez veo que hay empleadores, en el sector agrícola, que dicen: “Seamos más liberales en materia de inmigrantes, porque nos está costando encontrar trabajadores de temporada y los ventajas comparativas del país pueden perderse”.

Si los inmigrantes volvieran a sus países de origen de golpe, “el sistema de salud público se paralizaría. No habría capacidad de recepcionar pacientes”, afirmó en diciembre pasado a El Mercurio el experto en desarrollo económico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, debido a que el 46% de los médicos de la salud primaria son extranjeros. Tomando en cuenta que los extranjeros ya suman el 1% de los trabajadores que hay en Chile, en la misma nota el economista de la UC Claudio Sapelli agrega un dato de peso: una caída de 2% en la fuerza laboral podría provocar una baja de 1% en el PIB.

“Si no te gusta, te vas”

Juan Riccer está cansado. Ya son más de las tres de la tarde, no ha comido y el termómetro pasó de los 30 grados. Riccer ocupó la mayor parte de la mañana caminando para tratar de cobrar por un trabajo que hizo hace 15 días y del cual le adeudan dos días de labor. Este es el segundo trabajo en menos de un mes en el que le sucede lo mismo:

-Ahora tengo la visa temporaria por este beneficio de la regularización. Pero la verdad es que no nos está beneficiando, porque nos están haciendo laborar sin contrato.

Apoyados en la pared de la Catedral, un par de paisanos de Juan que esperan alguna oferta de trabajo, se suman al reclamo: “Nos llevan a trabajar por diez días y nos pagan seis o siete. Los contratistas se quedan con nuestro dinero. Es lo mismo que si estuviéramos ilegales. La regularización de nada nos ha servido”.

-Nos ofrecieron trabajar diez días –relata Riccer- en una empresa de almacenamiento y embalaje en la que dicen trabajar para Lider. Nos venía a buscar un bus a la Plaza de Armas como a las 22 horas, embalábamos cajas con mercadería toda la noche y en la mañana nos dejaba en Mapocho. Yo trabajé cinco días, y cuando fuimos a cobrar, comenzaron con el paseo: que no había plata. Me quedaron debiendo 30 mil pesos, dos días de trabajo, y la contadora me los ha anotado al pie de la boleta. Esta empresa está en el Parque Industrial de Pudahuel. Tengo que tomar un bus y después caminar como 25 minutos desde Américo Vespucio, arriesgando que no me paguen… Es dinero perdido y ellos lo saben.

“Ahora estamos poniendo cerámicas en un edificio. Nos lleva un contratista que nunca nos paga completo. Nos paga bien el primer día y el segundo, pero ya el tercero lo queda debiendo y el cuarto día paga el tercero, y así. Si no te gusta, te vas. Y yo necesito el dinero”, dice César, un joven peruano que vive con su mujer y dos hijos en Recoleta y que prefiere la reserva de su nombre para no arriesgar su precario empleo.

Paiba se enoja con estas explicaciones: “La gente necesita el dinero y se deja explotar. Yo les digo que denuncien porque sino, esto no va a cambiar. Pero la culpa no es del que necesita trabajar, sino del Estado que no es capaz de garantizar que las leyes laborales se cumplan”.
Riccer también ha caído en manos de los contratistas de la construcción:

-En una empresa que trabaja para Transantiago hemos estado haciendo hoyos y poniendo postes para luz en Huechuraba y Recoleta. Nos pagaban dos mil pesos por hoyo y teníamos que llevar colación. Nos habían ofrecido de 20 hoyos para arriba diarios lo que entre dos personas dejaba entre 16 mil y 18 mil pesos por día. Pero nos encontramos con cuatro o seis hoyos por día. No daba ni para sacar 4 mil pesos y aún así no nos han pagado.

Paiba dice que el tema de los sueldos impagos se ha agudizado en los últimos meses. Los peores, dice, son los contratistas de la construcción. El abuso no es novedad para Esteban Tumba, quien encabezó hasta fines de 2006 la oficina de Extranjería de la Región Metropolitana:

-Desde hace seis años, más o menos, notamos que en la construcción es donde más se producen infracciones a la normativa laboral, básicamente por los contratistas y el subempleo. Toman a un grupo en la Plaza de Armas, les ofrecen ciertas condiciones para trabajar unos pocos días y les van pagando día a día. El “trabajo negro”, como le llaman en Argentina.
Para la OCIM, además de la construcción, los rubros donde más se abusa de los extranjeros son hotelería-gastronomía, trabajadoras de casa particular y temporeros de la fruta.

“Maldita, vete de mi casa”

Diego Carrasco dice que “hay pocos reclamos en la Dirección del Trabajo porque el inmigrante siente temor de recurrir a las autoridades. No va a la municipalidad y no le hace preguntas a un policía ni en Chile ni en ningún país del mundo. Si está irregular, teme la deportación; y si está regular, teme perder esa calidad porque no conoce bien la legislación y cree que pudo haber infringido una norma y lo pueden deportar”.

La historia de J.V.Z. grafica lo dicho por Carrasco. La chica limeña tiene 19 años y ya lleva dos en Chile como empleada de casa particular. No conoce bien las leyes, y sus patrones, una pareja de profesionales, le han dicho que si los deja ellos darán cuenta a Extranjería de que ya no tiene el trabajo que le permitió acceder a la visa y quedará ilegal.

-Mis jefes me han traído de Lima con un sueldo de 200 dólares, como 108 mil pesos, pero acá me enteré que el sueldo mínimo es otro. Me trajeron sólo para cuidar al niño, pero al llegar me dijeron que además tenía que hacerme cargo de la casa, de cocinar y limpiar. Me dan el domingo libre pero debo volver antes de las 20:30. Todo se agravó el día en que se quedó mi diario junto al teléfono y la señora lo leyó. Yo había escrito, de cólera, que la señora es así, loca. Y la señora empezó a gritar… Como a las dos de la mañana el señor me tocó la puerta. Yo estaba asustada. Fuimos a la sala y él me estaba hablando tranquilo, pero viene la señora y me dice “¡maldita, vete de mi casa ahora mismo!”. El señor me dice “quédate y mañana alista tus cosas”. Pero al otro día se fue a trabajar y yo no sabía qué hacer. Me fui donde una amiga que trabaja como a dos cuadras, la única conocida. La señora me llamó. Me pidió que regresara. Acepté, pero les dije que iba a trabajar sólo hasta que se cumpliera la fecha de mi contrato, en febrero. El señor ha dicho que cuando termine el contrato va a ir a la migratoria a decirles que ya no trabaja conmigo y que voy a quedar ilegal.

Rodrigo Saavedra está a la cabeza de la Clínica Jurídica de la Universidad Bolivariana, la que en virtud de un convenio con el Consulado de Perú presta asesoría legal a inmigrantes. Saavedra afirma que si hay pocas denuncias laborales de inmigrantes es un efecto de la desconfianza que éstos tienen de las instituciones, y en especial, del sistema de justicia.

-Las normas de extranjería están pensadas para poblaciones más estructuradas que nosotros, como los europeos. No ha habido una reflexión profunda respecto de los procesos migratorios que provienen de países con cultura jurídica menos estatal que la nuestra. Si ese tema no se incorpora en la discusión, las políticas públicas van a estar en los códigos, pero sin efecto en la vida misma.

Saavedra cuenta que le tocó compartir una mesa de trabajo con varios peruanos y uno de ellos le decía: “Hoy en Perú la gente que cree en el Poder Judicial es sólo el 9%”.

-Acá también es baja esa credibilidad, pero es tres veces eso. Los inmigrantes no llegan a resolver conflictos de manera judicial no sólo porque no hay institucionalidad o la que hay es mala, aunque ambas cosas son insuficientes en Chile -señala el abogado.

El rasgo cultural que describe Saavedra es refrendado por una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica de Lima, publicada en noviembre pasado. El estudio indica que la mayoría de los peruanos prefiere arreglar sus conflictos “por las buenas” antes que acudir a un tribunal y que sólo el 5% califica como “muy bueno” o “bueno” el funcionamiento de su sistema judicial.

Nanas cibernautas

Las regularizaciones masivas aumentan drásticamente la población que está en condiciones de ejercer sus derechos laborales. Lo que se suma a que en Chile son cada vez más los inmigrantes informados sobre las leyes. Un proceso que corroboran las abogadas María Luisa Bravo y Maritza Hervia, de la Corporación de Asistencia Judicial, quienes trabajan en conjunto con la Clínica Jurídica de la Universidad Central, la que suscribió un convenio con el consulado peruano:

-Es muy distinto cuando atendemos a una persona que llegó hace tres meses y ha sido embaucada en varios trabajos, que el que lleva más de un año y ya se maneja. Ahora las trabajadoras de casa particular vienen más instruidas. Existe una red de información entre ellas, porque llegan con conocimiento de que tienen que exigir la “Ley Bustos” (que declara nulo el despido si hay cotizaciones impagas). Además, el ciudadano peruano es mucho más educado que el chileno, tiene la curiosidad de comprar el Código del Trabajo y lo entiende mucho más que los chilenos –dice María Luisa Bravo.

El diagnóstico de Bravo es avalado por la encuesta Casen 2006 que indicó que los inmigrantes peruanos tienen un promedio de años de estudios más alto que los chilenos: 12,1 años versus 10,1 para mayores de 15 años de edad.

-Los peruanos se manejan mejor en internet que los trabajadores chilenos que desempeñan las mismas labores. La “Pequeña Lima” (el barrio Catedral-Puente) está lleno de cibercafés y es más factible ver a una nana peruana en internet que a una chilena –grafica la abogada.
Contratos no escriturados, extensión de la jornada laboral, cotizaciones impagas, descansos no respetados, inexistencia o vacíos en el libro de asistencia, son las principales causas de denuncias presentadas por trabajadores extranjeros.

-Los inmigrantes son empleados generalmente por pequeños y medianos empresarios con escaso conocimiento de las normas laborales que regulan el trabajo de extranjeros. Muchas veces tratan a los regulares como indocumentados sin derechos. Los despiden de manera injustificada pensando que no podrán denunciarlos porque serán deportados, y se equivocan -señala un alto funcionario de la Dirección del Trabajo.

Durmiendo en la calle

Decenas de historias de inmigrantes indocumentados explotados y que desistieron de reclamar por temor a la deportación registra el Comité de Refugiados Peruanos. Entre ellos destaca el caso de una decena de peruanas que trabajaron durante dos meses para una contratista de Puente Alto haciendo aseo a departamentos de edificios recién construidos:

-No les pagaron y cuando reclamaron, la mujer les dijo “vayan a denunciarme y las deportan” –cuenta Paiba.

Raúl Campusano, ex fiscal de la Dirección de Trabajo, advierte a quienes contratan a irregulares que si el inmigrante se decide a denunciarlos, el costo mayor siempre es para el empleador:

-Lo que hace la Dirección del Trabajo no es distinto a lo que sus similares hacen en el resto del mundo: adoptan una decisión pro-trabajador, independiente de lo que diga la legislación (de extranjería) y aun cuando no tenga título legal para trabajar. Si bien deberían comunicarle a Extranjería que se está incumpliendo la legislación, la experiencia comparada de los ministerios de Trabajo y de Salud indica que no acusan a los inmigrantes. Tratan a ese trabajador como si fuera un nacional y le dicen al empleador que tiene que cumplir las obligaciones laborales y previsionales.

Campusano explica que es imposible que la deuda previsional sea cubierta por el empleador si el inmigrante no tiene RUT. Y como la visa requiere un contrato de trabajo previo, han surgido formulas intermedias para regularizar al trabajador:

-Extranjería ha dicho “conforme, vamos a regular y la persona en paralelo puede venir con una oferta de trabajo y con eso le empiezo el trámite. Mejor que la gente esté en regla a que no lo esté, así que le doy un RUT provisorio y un carné habilitándolo para realizar estos pagos”.

Margarita Núñez es sostenedora de una escuela en Recoleta y reconoce que su “pecado” fue no escriturar el contrato de trabajo con el peruano Luis Poquioma. Tal como lo describe Campusano, la Dirección del Trabajo multó a la empresaria y Poquioma recibió el amparo del Estado. De hecho, el inmigrante rehusó el avenimiento propuesto por la empresaria (un pago de 600 mil pesos) y le anunció una demanda por más de cuatro millones de pesos.

Poquioma había ingresado a Chile hace dos años mediante el salvoconducto que permite a los peruanos viajar desde Tacna sólo hasta Arica. Burló la norma y se embarcó a Santiago para reunirse con su esposa y sus dos hijos. Dice que Margarita Núñez lo empleó como rondín del colegio desde fines de 2006, pero que dejó pendiente el contrato.

-En febrero de 2007, ella me ofreció una pieza dentro del colegio para que me fuera a vivir con mi familia. Yo le insistía con el contrato, pero ella dijo que en agosto lo firmábamos.
La sostenedora dice que le cedió la habitación como un gesto humanitario porque la familia no tenía dónde vivir, pero que no le dio empleo. Asegura que le ofreció trabajo como rondín recién en agosto de 2007 y que si le dio dinero antes de esa fecha fue sólo a título de “adelantos del futuro empleo”.

El inmigrante sostiene que por las noches era rondín en la escuela y que en el día trabajó como jardinero, empleo donde fue contratado y así pudo tramitar su visa. En noviembre de 2007 presentó su caso a la Dirección del Trabajo.

Ante el fiscalizador, Margarita Núñez afirmó que en agosto Poquioma rehusó firmar el contrato de rondín porque no estipulaba el pago de los pasajes a Perú: “Eso le correspondía a su primera empleadora en Chile, no a mí”, dice.

Instalado en el par de piezas en un altillo de la población Santa Anita de Recoleta y, a falta de sillas, sentado sobre un balde, Luis Poquioma esboza una sonrisa cuando escucha la explicación de su ex empleadora: “El día que fue el fiscalizador laboral, el esposo de ella me dijo que nos teníamos que quedar encerrados en la pieza porque habían llegado los de la subvención escolar. El contrato me lo ha mostrado por primera vez ese mismo día y no lo firmé porque no era un contrato para extranjeros. Ella entonces me despidió”.

Poquioma, su esposa y sus tres hijos (la tercera nació hace ocho meses en Chile), terminaron con sus muebles en la vereda:

-Cuando estábamos en la calle llegó la gente a preguntar. Los de la junta de vecinos pidieron ayuda a la municipalidad. Al ver a mis niños durmiendo en la calle, una vecina llamó a la prensa porque dijo que no había que aceptar estos atropellos. Le dijeron que iban para el lugar. Nunca llegaron…

Ver documentos:

Vea también:
Inmigrantes I: Los efectos del “perdonazo migratorio” en la salud pública

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La “amnistía” otorgada a peruanos, bolivianos y otros extranjeros que hasta ahora estaban ilegales en Chile amenaza con una presión explosiva a hospitales y consultorios a contar del 5 de febrero, cuando finaliza la regularización. Pero si los funcionarios del sistema público reclaman por la recarga de trabajo que se les viene encima, los inmigrantes se quejan de lo que acá siempre se niega: discriminación, racismo, malos tratos y negación del derecho a la salud. El Ministerio de Salud por primera vez está midiendo la magnitud del problema y CIPER entrega avances de ese sorprendente estudio.

Otros 30 mil inmigrantes hasta hoy ilegales en Chile ya no lo serán el próximo 5 de febrero, cuando haya finalizado el proceso de regularización de visas para extranjeros iniciado en noviembre por el Ministerio del Interior. La cifra que arrojará el “perdonazo” migratorio encendió las alarmas de las autoridades de Salud, pues significará un incremento explosivo de usuarios del sistema de atención primaria y hospitalaria de la zona norte capitalina, allí donde se concentra la mayor cantidad de inmigrantes de Santiago.

La presión que se viene sobre los consultorios preocupa especialmente a sus funcionarios. Hasta ahora han visto incrementarse sin tregua el número de usuarios inmigrantes sin que se modifique ni infraestructura ni personal. De allí la tensión acumulada en esos centros de atención primaria contra los extranjeros de pocos recursos.

El conflicto partió en 1998, con la primera “amnistía” migratoria para la oleada de peruanos que llegaron escapando de la guerra interna que sacudió a su país. Cerca de 21 mil inmigrantes resultaron beneficiados -de los cuales 18.500 siguen en Chile-, provocando la primera presión de extranjeros sobre los consultorios, la que no ha cesado de aumentar.

Los efectos de esa explosiva situación se conocerán dos semanas antes de que se entregue la cifra definitiva de nuevos extranjeros que obtendrán su residencia en el país. Entonces, el Ministerio de Salud dará a conocer los primeros resultados de un extenso estudio que arrojará el primer diagnóstico serio sobre los problemas relacionados con las atención de inmigrantes –regulares e irregulares- en los centros asistenciales de la zona metropolitana norte.

El estudio, desarrollado por la consultora Demoscópica, muestra, entre otros factores, que gran parte de las fricciones se deben a que los funcionarios de salud no fueron capacitados para comprender los patrones culturales de los extranjeros, especialmente peruanos, y a la falta de una normativa que estandarice los procedimientos para atenderlos.

-No es tanto que los colegas sean racistas. Es que los peruanos son un cacho. Vienen una vez y después no cumplen con los controles. Llegan con niños de 6 años y nunca les han puesto una vacuna. Cuando están esperando guagua, las mujeres llegan por primera vez al control cuando tienen varios meses de embarazo. Y los colegas se enojan, porque los encuentran descuidados -reconoce una funcionaria de un consultorio de la zona norte que pide reserva de su nombre.

Un médico chileno de la red pública (más del 46% de los facultativos que trabajan en consultorios de salud primaria son extranjeros) entrega otra cara del problema:

-Los inmigrantes no cumplen los controles porque son personas que privilegian el trabajo: vienen a Chile a trabajar, a juntar plata, y muchas veces tienen empleos precarios, con problemas para pedir permiso para ir al control. Nos llegan niños de 5 ó 6 años sin sus vacunas y eso es un problema de salud pública. Los que están irregulares no cotizan en Fonasa y atenderlos es pérdida para el consultorio o el hospital, entonces los directores presionan para que no los reciban. Pero, ¿qué pasa si hay un caso de polio o tuberculosis porque el chico no fue vacunado? El Estado debe tener una política para esas personas. Y como no existe, muchas veces uno los atiende así no más, con costo para uno. Depende mucho de la voluntad del personal y hay menos voluntad en los consultorios donde viven más peruanos, porque con ellos ha aumentado mucho la gente que se atiende ahí. Y el personal gana la misma plata atendiendo a más personas.

“Que aparezcan de un día para otro más de 30 mil ciudadanos, con todos sus derechos, es una tremenda presión sobre el aparato público”, explica el ex jefe metropolitano de Extranjería, Esteban Tumba. Y son los sectores de Trabajo, Salud, Vivienda y Educación los que más sufren. Estos problemas, dice Tumba, se deben a que el Estado ha mantenido una política de fronteras abiertas, pero sin declararla formalmente y sin invertir en políticas públicas para absorber las demandas de estos nuevos ciudadanos.

Grupos vulnerables

Dafne es chilena. Nació hace un mes en la maternidad del Hospital San José y su madre, Melca Pacaya, nunca se sometió a un control médico durante el embarazo. Su caso es un ejemplo de las dificultades que tienen los inmigrantes peruanos, especialmente los indocumentados, para acceder a la red pública de salud.

Aunque desde 2003 existe un convenio entre el Ministerio de Salud y el Departamento de Extranjería para que las madres extranjeras, independiente de si están legalmente en Chile, tengan acceso a controles en los consultorios, Melca Pacaya dice que se le negó la atención en las cuatro oportunidades en que se presentó en el Consultorio Recoleta, que corresponde a su domicilio. Había extraviado su pasaporte y por esa razón no contaba con cédula de identidad chilena. Sin el carné, el consultorio le cerró la puerta:

-Yo no tenía papeles, pero todos me decían “anda así no más, te tienen que atender”. Fui cuatro veces y no me atendieron, porque no tenía carné. En la puerta ya me decían “para qué vienes”. Y yo explicaba que había perdido mi pasaporte, que lo estaba pidiendo en el consulado y que sin pasaporte no me daban carné. La segunda vez fui con una constancia del consulado de que ya había pedido el pasaporte. Igual me dijeron “eso no sirve”. Una vez, estaba ahí sentada y una mujer le dice a otra: “Puchas, esta señora está embarazada y no la quieren atender”. Ellas reclamaron hasta que me subieron a una oficina. Ahí me entrevistaron diciendo “para qué vienes, si no tienes nada”. Bajé y entonces, de buena persona, una matrona me revisó –cuenta Melca.

El sociólogo Lorenzo Agar coordina el equipo que montó en noviembre de 2006 el Ministerio de Salud para conocer en detalle los problemas que enfrentan los inmigrantes en la red de atención pública. Agar explica que “desde 2003 hay una normativa entre extranjería y el Ministerio de Salud, por la cual la mujer embarazada, aunque esté irregular, tiene derecho a una visa de residencia transitoria y acceso al carné de identidad y, con ese carné, acceso a Fonasa, aunque sea en el nivel A, el de las personas sin recursos”.

El profesional asegura que hay un promedio anual de 300 personas que ocupan esa visa especial, en un 90% peruanas.

-El hijo que nace es chileno. Pero no todo el mundo está informado de los derechos de ese niño. Esa es una etapa que queremos cubrir el próximo año: la difusión. Hay una serie de beneficios que no se ocupan porque no se sabe que existen. Difusión entre los inmigrantes y entre los funcionarios de los servicios de salud, porque ahí también hay desconocimiento.

Escasa información

Doscientos mil extranjeros en Chile es la cifra que arrojó el Censo de 2002. Transcurridos cinco años, sigue siendo la cifra oficial pese a que los especialistas en proyección demográfica indican que en estos años se aceleró el ingreso de inmigrantes. Diversos estudios sitúan a la población extranjera entre las 260 y 280 mil personas, un tercio de las cuales proviene de Perú.

-En Chile –comenta Agar- la inmigración ha aumentado un 70% en los últimos 10 años. Y va a seguir aumentando porque todos los indicadores muestran (Archivo PDF 26kb) que es un país atractivo desde el punto de vista migratorio . Si se comparan algunos indicadores de Perú, Bolivia y Chile, claramente muestran que peruanos y bolivianos, e incluso argentinos, van a seguir llegando, bajo la hipótesis de que se mantengan las condiciones económicas, políticas y sociales de estos países. Hoy los inmigrantes corresponden prácticamente al 1,8% de la población chilena. En el censo del 2002 eran el 1,3%.

Si bien al anunciar el “perdonazo” se especuló que esta vez el beneficio se extendería a unas 20 mil personas, esa cifra será largamente superada. Ya en la primera quincena de diciembre había 19.918 visas entregadas. De ellas 15.229 correspondían a peruanos (76,6 % del total). Agar estima que finalmente el número de nuevos inmigrantes regularizados estará entre 30 mil y 40 mil.

Esteban Tumba, director de un diplomado sobre inmigración, tiene una mirada crítica respecto del proceso de regularización en curso. El especialista dice que el proceso de 1998 no fue aprovechado para obtener información que permitiera desarrollar políticas para integrar mejor a los inmigrantes, evitar brotes xenófobos y fomentar el respeto a sus derechos laborales y previsionales. Revisando los formularios que se deben completar en esta nueva amnistía, teme que pasará lo mismo:

-Como Estado tenemos la opción de tener o no política migratoria, pero no nos podemos equivocar en lo que sí debemos hacer: conocer bien el fenómeno. Y no lo conocemos bien. Debemos dimensionar toda la migración, regular e irregular. No se ha desarrollado un solo estudio para que el Estado pueda ir generando líneas de acción. La mirada que existe es más de extranjería que de migración. Desde el punto de vista de extranjería hablas de procedimientos y estándares que la persona cumple o no. Pero si hablamos de migraciones, son procesos sociales. En 1998 respondimos a una emergencia, actuamos sólo sobre los síntomas y el proceso terminó ahí. Pero no hubo ningún aprendizaje, no supimos cuáles eran las causas de la migración, de dónde venía la gente, por qué venía y por qué se había quedado al margen de la legalidad –argumenta Tumba.

Capacitación urgente

Si las autoridades hubiesen contado con un informe de caracterización de los inmigrantes fruto de la “amnistía” de 1998, probablemente se habría capacitado al personal de los consultorios y hospitales para conocer la cultura de los peruanos y atenderlos con eficiencia. Pero no fue así y hoy muchos funcionarios de la salud elaboran juicios negativos –con una gran carga racista- sobre los pacientes peruanos:

-Hace falta un manual de procedimientos exactos y una normativa ministerial. El procedimiento administrativo debe estar normado y estandarizado, para que no existan diferencias entre los consultorios de una comuna y otra. Falta además la socialización de esas normativas a todo nivel, no sólo directivo, sino de los funcionarios. Y falta una socialización de los patrones culturales de la población inmigrante. No basta con tener normas, es necesario socializarlas en un contexto, entregar un panorama cultural que caracterice a quiénes estamos atendiendo, porque hay hábitos distintos y conocerlos facilita la cercanía del personal médico y administrativo con los inmigrantes –dice Mireya Valdebenito, de la consultora Demoscópica.

La socióloga Valdebenito opina con la propiedad que le da el ser la coordinadora del más exhaustivo levantamiento de información sobre la realidad de salud de los inmigrantes que viven en las comunas del norte de Santiago, allí donde se han asentado mayormente los peruanos. La tarea encomendada por el Ministerio de Salud culmina en julio de 2008.

-La idea no es sólo sistematizar información, sino proponer políticas -dice la profesional.

El trabajo fue encargado por el equipo de Lorenzo Agar debido a la carencia de estadísticas de atenciones a extranjeros y los costos que ellas ocasionan, lo que formalmente reconoce el Ministerio de Salud(Archivo PDF 433kb).

Fruto de una encuesta aplicada a más de 130 familias de inmigrantes (unos 400 individuos), cuatro focus group y entrevistas con todos los actores relevantes (funcionarios de la salud, directores de ONG’s y organizaciones de la sociedad civil, entre otros), Mireya apuesta a que una de las políticas ineludibles será capacitar al personal de salud y administrativo para que comprenda la cultura de los inmigrantes.

-Entre las embarazadas peruanas –cuenta Mireya- no existe la necesidad de controlarse en los primeros meses. Así es su cultura. Ellas llegan tardíamente al control y eso, al parecer, molesta en los consultorios porque hay indicadores por los que son evaluados y uno es el mes en que se empieza a controlar el embarazo (…) También, en muchos inmigrantes no existe la cultura de controlar al niño sano y de vacunarlo. Además, se deben entender ciertos hábitos alimenticios, de salubridad y de creencias relacionadas con la salud. Hay gente que cree mucho en las hierbas, en los curanderos, los chamanes y que cuando tiene guaguas se amarra un pañuelo en la cabeza o se pone piedras en el estómago. Y llegan a un sistema de salud que no acoge esos patrones culturales, que no entiende que la persona está acostumbrada a no bañarse durante el periodo del parto y posparto, por ejemplo.

Previsión, residencia y cédula

Cruzando la puerta del Consultorio Recoleta, inmediatamente a mano izquierda está la ventanilla de informaciones. El letrero con los requisitos para ser atendido -pegado en el vidrio- parece hecho con el propósito de ahuyentar a los extranjeros indocumentados: “Previsión al día”, “Certificado de residencia” y “Cédula de identidad”.

Cuando se le pregunta a la funcionaria de la ventanilla cuál es el procedimiento para que una embarazada extranjera pueda controlarse, ella muestra el cartel y recita los tres requisitos. Al replicarle que eso excluye a las embarazadas en situación migratoria irregular, lo que contraviene el convenio del año 2003, la funcionaria insiste en que sólo se atiende con cédula de identidad. Se le consulta entonces por los pasos a seguir para acceder al beneficio del convenio. Vuelve a recitar los requisitos –“son las únicas instrucciones que yo tengo de la directora del consultorio”- y da por cerrado el diálogo.

La directora del consultorio, María Elisa Miranda, no recibió a CIPER. A través de su secretaria señaló que las razones por las cuales el personal de recepción no maneja información sobre el convenio debían ser respondidas por Genoveva Figueroa, directora del Departamento de Salud municipal.

Genoveva Figueroa prometió una entrevista que nunca se materializó.

“En ese consultorio yo he llorado para que atiendan a mi hijo”, dice la dueña de casa peruana Ana Centurión. Ella vive en Salas 224, en el corazón de la Vega Central, en los altillos de las bodegas de frutas. Ocho familias habitan en las pequeñas piezas del inmueble. Parada en la puerta de la vivienda, donde le hace el quite al calor, Ana recibe la ayuda de un operativo sanitario organizado por la sede de la Cruz Roja ubicada a un par de cuadras, en Lastra con Independencia.

-Mi hijo de 3 años estaba enfermo, mal. Lo llevamos al Consultorio Recoleta, pero no lo atendieron porque no teníamos los papeles. Mi hijo tiene su cédula y estamos en Fonasa, pero no tenemos el certificado de residencia. Acá no hay unidad vecinal, se desunieron. El papel lo da también Carabineros y ellos piden un recibo de luz y el contrato de arriendo…

-La verdad es que acá no dan contrato de arriendo –la interrumpe Mónica Contreras, otra ocupante de la casa, también peruana-, tampoco boleta, porque aquí el que está subarrendando también es extranjero, ecuatoriano. Y si tuviéramos alguna queja, lo cogen a él y quedamos todos en la calle.

-¿Y no le cuentan eso a la asistente social o a la directora del consultorio?

-Pero si le digo que hasta le lloré –responde Ana-, porque mi hijo tenía unos granos por todo el cuerpo que le brotaban y se le hacían más grandes. Esto fue recién hace un mes. Yo al consultorio fui y lloré. Le dije que lo único que quería era que lo viera un médico, porque lo había llevado a urgencias del Hospital Roberto del Río y no dieron con su enfermedad. Pero no me lo atendieron. Les dije que mi esposo y yo estamos en Fonasa, y nada. Una señora se interesó cuando me puse a llorar y una enfermera me dijo “anda con la directora”. Entré y me dijo “no”, que tenía que tener el certificado de residencia. Yo le dije “mi hijo está mal, quisiera que lo vea un médico sólo para que me diga si es grave”, y nada. Me rechazó igual. Al final lo vio el “Dr. Simi”, le encontró lo que tenía y nos dio los medicamentos para el bebé.

Así como los inmigrantes le hacen el quite a consultorios como el de Recoleta o el Cruz Melo de Independencia, hay otros centros de atención primaria que han hecho fama por tratarlos bien. Uno de ellos es el Alberto Bachelet. De hecho, siguiendo las instrucciones que le dieron en el Hospital San José después del parto, Melca Pacaya llevó a Dafne a su primer control en el Cruz Melo, pero allí no la recibieron porque su domicilio correspondía a Recoleta. Curiosamente, la enviaron al Consultorio Bachelet, que es de Conchalí.

-A mí no me extraña que la hayan enviado para acá. Somos como el Hogar de Cristo de los consultorios. Siempre buscamos una solución para los extranjeros –indica Yessica Aqueveque, jefa del Servicio de Orientación Médico Estadística (SOME), encargado de visar las admisiones del Consultorio Bachelet.

Melca Pacaya sale del Consultorio Bachelet con su hija en brazos y con la sensación de que por primera vez desde que está en Chile recibió instrucciones claras y precisas en un centro de salud. Yessica Aqueveque le explicó paso a paso cómo inscribir a Dafne en el Registro Civil y luego en el sistema de salud para que tenga acceso a todos las prestaciones que recibe una niña chilena. Al final, la funcionaria la despide con una frase que ahorra explicaciones: “Mi esposo es extranjero. Nació en Lima”.

Cruz Roja y “Dr. Simi”

Tras meses entrevistando extranjeros en la Plaza de Armas o en los barrios de Maruri y la Vega, entre otras zonas, el equipo de Mireya Valdebenito tiene claro que el auge del “Dr. Simi” se debe, en gran parte, a que algo no está funcionando en la red pública:

-Hay una serie de alternativas en atención de salud que no han surgido por casualidad. Es porque hay una demanda muy grande de una población inmigrante básicamente no regular. El Hogar de Cristo tiene un consultorio exclusivo para inmigrantes irregulares, la Cruz Roja brinda atención a inmigrantes sin importar su condición de regularidad, a bajo costo y en horarios en los que ellos pueden atenderse, en fines de semana. El famoso “Dr. Simi” ha tenido un boom entre la población inmigrante porque permite acceder a una consulta en un horario mucho más amplio que los centros públicos, a un bajo costo y garantizando el acceso a los medicamentos, lo que no siempre ocurre en los consultorios. Si han surgido estas alternativas, es un indicador de que hay una insuficiencia del sistema. Los horarios de los consultorios no son compatibles con la jornada laboral de un inmigrante común. La mayoría de las mujeres trabaja en servicio doméstico y los hombres en la construcción, con jornadas de 10 a 12 horas y muchas veces ni siquiera pueden salir, porque están puertas adentro. Y los sábados y domingos la atención es súper restringida, sólo para urgencias.

“Yo perdí un buen empleo, con una buena familia, porque me tuve que salir para ocuparme de mi hija de 7 años”, relata la ex empleada doméstica Marta Quispe. El 17 de abril de 2006 su niña despertó con fuertes dolores estomacales:

-La llevamos a un Sapu en Lo Barnechea. Fuimos temprano, como a las siete de la mañana, y no la atendieron hasta las 10:00. Ella se doblaba de dolor en la silla, pero nos hicieron esperar hasta el final, pasaban primero chilenos que habían llegado después que nosotros. “¿Qué reclamas? Agradece que te atendemos”, me dijeron. Fue una impotencia muy grande. A la niña la enviaron de urgencia a las 10:30 al Hospital Calvo Mackenna, tenía una apendicitis que pasó a peritonitis. La operaron recién a las diez de la noche y la dejaron con una obstrucción intestinal. Confundieron su historia médica con la de otra niña y le dieron comida. Lo sé porque vi el historial médico y yo en Perú hice estudios de enfermería. Tuvieron que volver a operarla y el médico nos dijo “si sabes rezar, reza”. Ella estuvo muy mal.

Tras perder su trabajo de empleada doméstica, Marta ahora toma la presión a los transeúntes frente al local de la Cruz Roja vecino a la Vega. Para corroborar su relato, exhibe un informe (Archivo PDF 424kb )de la doctora que atendió a su hija, María Rivera Quispe, en el control postoperatorio.

Lorenzo Agar señala que uno de los grupos que tiene garantizada su atención, con independencia de si su situación migratoria es irregular, es el de los menores. De hecho, recientemente se firmó el convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior que amplió la cobertura garantizada a todos los extranjeros menores de 18 años. Pero las madres peruanas reclaman que esas garantías no siempre se respetan.

En la fiesta de Navidad que ofreció la Cruz Roja a los niños de familias inmigrantes el sábado 15 de diciembre, tres mamás peruanas presentan la misma queja: “Nos atienden al final, primero pasan los chilenos”. Otra apunta: “No nos explican bien, el trato no es amable”.

La doctora Lina Palma atiende a inmigrantes en la sede de la Cruz Roja de calle Independencia y tiene la certeza de que la atención garantizada a los menores no siempre se cumple:

-Tengo un paciente peruano al que le atiendo sus dos hijos, de 7 y 8 años. El menor se quemó y en el hospital tuvo que firmar un pagaré de 20 mil pesos que no pudo cubrir. Después el niño se enterró un clavo y le negaron la atención, no le pusieron la antitetánica, por esa deuda. ¡Cómo no hay corazón para atender a un niño!

Entre 2002 y 2006 ese local de la Cruz Roja trabajó en conjunto con el Consulado de Perú un programa de atención médica a inmigrantes los días sábado. “El convenio consistía en que el consulado proporcionaba médicos peruanos que prestaban un servicio gratuito y nosotros aportábamos voluntariado e infraestructura”, cuenta la presidenta de la entidad, Ximena Basterrica.

En 2007 la cooperación del consulado se diluyó y el programa siguió en marcha sólo por iniciativa de Cruz Roja, que aportó médicos chilenos que cobran 1.500 pesos (US$ 3) o atienden de manera gratuita. Cada sábado por la mañana, cuenta Ximena Basterrica, los médicos reciben hasta 20 extranjeros.

Por la tarde, hasta 60 hijos de inmigrantes llegan a esa sede de la Cruz Roja para recibir atención sicológica y apoyar su inserción en Chile: “En general se sienten muy tristes. Sus padres trabajan todo el día, fueron desgarrados de su entorno, separados de sus abuelos. Se han presentado muchas patologías de salud mental, de depresión infantil”, señala Basterrica.

-En este momento –dice la voluntaria- estamos trabajando un proyecto para crear un jardín infantil para que las mamás extranjeras puedan salir a trabajar tranquilas. Este proyecto lo estamos presentando a la Cruz Roja española y estadounidense para que nos apoyen con el dinero.

La doctora Palma quiere presentar al Ministerio de Salud un proyecto para que el local de la Cruz Roja cercano a la Vega sea considerado como un consultorio público especializado en inmigrantes: “Muchos extranjeros que están ilegales no se atreven a ir a los consultorios y hospitales, porque temen dejar sus datos y que luego los deporten. Pero sí confían en la Cruz Roja, una institución neutral”.

Si uno de los problemas que ha detectado el equipo ministerial de Lorenzo Agar es la escasa difusión de los derechos y garantías que asisten a los extranjeros, Palma pide canalizar recursos públicos para una institución que puede hacer esa tarea ya que cuenta con la confianza de los inmigrantes: “La mitad del trabajo ya está hecho”.

El mito de la tuberculosis

El 24 de noviembre de 2006, el diario Las Últimas Noticias puso en marcha una bola de nieve que sigue creciendo en los barrios de la zona norte santiaguina: “Adolescente peruana en tratamiento por tuberculosis causó pánico en su escuela”, decía el encabezado de la nota.

-No hay indicadores estandarizados. Directores de los mismos centros de atención primaria dicen que hay una alta prevalencia de TBC. Hay investigaciones que la mencionan como una de las enfermedades transportadas que había sido erradicada de Chile y que con la llegada de inmigrantes, particularmente peruanos, aumentó. Pero la verdad es que no hay indicadores. Hay percepciones de la gente que trabaja en los centros (consultorios), pero formalmente, desde el punto de vista epidemiológico, no hay datos –señala Mireya Valdebenito.

Después de haber hecho un intenso rastreo sobre el problema en el sector norte capitalino, la profesional dice que en esa área sólo se detectaron cuatro casos de TBC en extranjeros en 2006.

Lorenzo Agar reconoce que el equipo del Ministerio de Salud que aborda el tema de los inmigrantes se formó por dos cosas fundamentales: “Una se refiere al derecho de las personas a ser atendidas, tiene que ver con los derechos humanos. La otra es un poco más egoísta, pero legítima, porque cuando alguien no tiene acceso a la salud ni a las medidas preventivas, puede propagar enfermedades ya casi inexistentes en Chile”.

La presidenta de la Cruz Roja, Ximena Basterrica, dice que ellos han descubierto algunos cuadros de tuberculosis en inmigrantes que han sido rápidamente derivados a los hospitales San José, en el caso de los adultos, y Roberto del Río, cuando se trata de niños. Pero pide calma frente al tema:

-No olvidemos que los niños chilenos están vacunados. Son niños peruanos los que no lo están y hay que preocuparse de ellos. Todas estas versiones van generando situaciones en que los niños peruanos no son bien recibidos ni aceptados. Pero nosotros en Chile tenemos muy bien desarrollada la prevención.

El problema es que los extranjeros irregulares –salvo las embarazadas o los menores- están fuera del circuito preventivo, porque el único ingreso al sistema de salud que se les permite es cuando presentan una urgencia médica.

Y en ese momento todo se reduce a quién califica qué es una urgencia. “Tuvimos un caso –cuenta Raúl Paiba, dirigente de los refugiados peruanos en Chile- de un peruano al que lo atropelló un bus del Transantiago. Los mismos carabineros lo llevaron a la Posta Central, pero no lo atendieron porque no era una urgencia. Lo botaron. Y el hombre no podía caminar. Tenía una fractura triple en una pierna. ¿Eso no es urgencia?”.

-El criterio de qué es urgencia tampoco es estándar –explica Mireya Valdebenito- y depende mucho del hospital al que uno se dirija. Hay casos de accidentes relativamente graves, con fracturas expuestas, por ejemplo, que no son considerados como urgencias (…). La opción de atender por urgencia es cuando se trata de casos muy graves, que ponen en riesgo la vida.

El costo que le significa al país atender a indocumentados a través de urgencias, no se conoce. “La atención de emergencias es completamente anónima, no hay registro de nacionalidad”, comenta Valdebenito. Tampoco existe la cifra de cuánto gasta el Estado en las atenciones a extranjeros regulares en los hospitales.

-No hay estadísticas en los hospitales –explica Mireya Valdebenito- porque hasta 2006 no se registraba la nacionalidad de los pacientes. Desde noviembre de ese año se registran las variables nacionalidad y etnia en las fichas de egreso. Con eso, por primera vez íbamos a saber qué cantidad de inmigrantes están atendiéndose en los hospitales. El problema es que los funcionarios que completan la ficha dicen que la gente se molesta cuando les preguntan por su nacionalidad o etnia. La gente siente que le faltan el respeto con esa pregunta. Lo consideran un insulto. Entonces, los funcionarios muchas veces prefieren no preguntar y según cómo escuchan el acento de la persona le asignan una nacionalidad. Por lo tanto, ese indicador no tiene mayor relevancia.

Los grandes y bellos ojos claros de María Cartagena brillan en varias ocasiones hasta que la última barrera de contención se derrumba y un torrente de emociones y dolores estalla. Todo su cuerpo se estremece, pero María hace acopio de sus fuerzas y asfixia sus sollozos. Y es que esta mujer de estatura imponente y rostro limpio ha sido implacable para cumplir con su deber de pasar inadvertida durante sus casi 59 años de vida. Incluso en los momentos límites. Pero ahí están sus múltiples huellas tanto en la defensa de las temporeras en Copiapó, trabajo que ha hecho por más de 20 años, como en la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura, tarea que la llevó a convertirse en una estrecha colaboradora del obispo Fernando Ariztía de Copiapó, uno de los pilares de la defensa de los derechos humanos en Chile.

Como miles de mujeres chilenas, María fue una modesta dueña de casa. Su misión: mantener funcionando con lo que fuera la olla y el techo que daba cobijo a sus siete hijos y a su marido. Hasta que la noche del Año Nuevo de 1974 su vida dio un giro brutal y sorpresivo. Ese día María cambió de piel y a los 23 años comenzó a escribir otra historia. Una que la empujaría a ser protagonista anónima del submundo de los perseguidos y la conduciría hasta los parronales para ganar el sustento de los suyos. Dejemos que ella misma nos cuente su historia:

“Hasta 1974 yo era una dueña de casa muy apegada a la Iglesia Católica. Una mujer muy humilde y tímida porque fui criada por mi abuela en Ovalle. Mi mamá trabajaba y mi papá atendía el Club Árabe y el Club Social, y como tenían siete hijos, casi nunca estuve con mi mamá. A los 15 años ellos se separaron y me mandaron a estudiar a Copiapó, pero después mi mamá me mandó a buscar para que la ayudara con mis hermanos. Primero me mandó a trabajar a las tiendas, y después fui secretaria de don Raúl Salamanca, abogado de Ovalle. Don Raúl me enseñó mucho. Pero yo no fui feliz en mi juventud… La separación con mi madre, y los golpes, muchos golpes de mi mamá… Yo era la regalona de mi papá y por eso mismo creo que mi mamá me tenía celos. Y me duele decirlo porque ella está en este momento muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital de Copiapó. Y yo estoy sufriendo por ella.

Si he de ser sincera, debo decir que nunca tuve lo que se llama una mamá. Entonces, cuando me casé, me aferré mucho a mis hijos. El primer año de casada fue malo, mi marido me golpeaba. Yo nunca fui coqueta, pero los hombres me miraban…Un día mi papá se enteró de lo que me pasaba y me dijo que yo no tenía que dejarme golpear más porque lo tenía a él. Y por un tiempo se acabaron los golpes. Sufrí mucho, pero tenía a mi papá que me ayudaba incluso con dinero. Hasta que en 1985 mi papá se enfermó y con siete niños tuve que empezar a trabajar. Cuando a él le dio un infarto, ya no tuve más ayuda y me fui a los parronales. No sabía que me quedaría en los parronales por 20 años.

La desaparición de Eloísa

“Ayudaba a sacar gente que era perseguida, me atreví a ir a las minas a darles comida y muchas otras cosas que me pedía el obispo. Éramos pocos, casi puros abogados. Y con mis siete hijos yo despertaba pocas sospechas. Fíjese que esta es la primera vez que hablo de lo que hice en esos años.”

Mi vida cambió para el Año Nuevo de 1974. Ese día desapareció mi única hermana: Eloísa Cartagena. Desapareció junto a su marido. En Ovalle todos decían que la habían matado los carabineros. Fue terrible para mí, porque éramos muy unidas. Desde entonces, todos los años nuevos para mí son diez minutos de dolor. Me puse a buscarla y fue así como me relacioné más con la Iglesia Católica y el obispo Fernando Ariztía. Me incorporé a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y ahí me hice una mujer fuerte. Trabajar en los parronales me hizo más fuerte aún.

Ayudaba a sacar gente que era perseguida, me atreví a ir a las minas a darles comida y muchas otras cosas que me pedía el obispo. Éramos pocos, casi puros abogados. Y con mis siete hijos yo despertaba pocas sospechas. Fíjese que esta es la primera vez que hablo de lo que hice en esos años. Ni mi familia ni siquiera mi marido supieron que yo llevaba gente perseguida a la casa y los presentaba como parientes lejanos. Y como mi marido pasaba en la calle, no se daba cuenta de las visitas. Sólo cuando fui a los cerros a darle comida a una persona que estaba allí escondida dijeron en la población que yo tenía un amante. Le llevaba comida al ex alcalde Celindo González, que está vivo todavía. Me dijeron que era él, pero se disfrazaba y al final nunca supe si de verdad lo alimenté a él. Por ese comentario mi marido me empezó a pegar más y más. Y ni siquiera por eso hablé…

Las versiones que se conocieron en Punitaqui y Ovalle decían que a mi hermana la habían matado los carabineros. Y hasta algunos contaron que habían visto cómo la sacaron en un camión tolva. Pero mi hermana nunca fue política. Ninguno de mi familia se metía en política. Sabía de un abuelo que fue revolucionario, pero nadie más. Un día de 1989, un jefe que tenía en la Unifruti, don Jaime Rodríguez, me pilló llorando. Le conté lo que me pasaba, que no encontrar a mi hermana era como una culpa, que yo la sentía cerca y soñaba con ella.

-Trabaje en la cosecha y la va a encontrar -me dijo.

Y entendí lo que quería decir. Junté $ 850.000 pesos en esa cosecha, trabajando desde la siete de la mañana hasta las siete de la mañana del otro día, dormía una hora y seguía trabajando. Fue un momento muy especial, juntaba plata para mi hermana y al mismo tiempo eran las grandes manifestaciones por la recuperación de la democracia y yo participaba de todo eso. El abogado que me ayudó fue don Eduardo Morales. Junto a Viviana Poblete y Leonor Cifuentes encabezaban esa gran batalla en mi región. Aprendí mucho en ese tiempo.

En enero de 1990 pasó algo distinto: algo me molestaba, como que por cualquier parte mi hermana me hacía sentir su presencia y me recordaba que la buscara. En febrero fue peor, sentí que me estaba volviendo loca. Lloraba sola en el parronal, lo único que le pedía era que me diera una pequeña pista para encontrarla. Hasta fui a hablar con una vidente. Le llevé dos fotos, porque nosotras éramos idénticas. Y la vidente me dijo: “Ella se llama Eloísa, está muerta y está en Ovalle. No te puedo decir más”. Bueno, ese febrero de 1990, trabajé en las últimas cosechas con mucho dolor de espalda. Y un día, al llegar de las parras a mi casa, mi marido me dijo:

-María, no sabís na quién está donde tu mamá: el “Chato”, el hijo de tu hermana.
Yo no lo veía desde que el niño tenía 2 años, cuando desapareció mi hermana, porque a él lo dejaron con la mamá de mi cuñado, que también desapareció. ¿Y sabe qué me pasó? Se me quitaron todos los dolores y me fui corriendo a la casa de mi mamá. Ahí estaba el “Chato”, ya tenía 20 años. Y le digo:

-Chatito, ¿dónde está tu papá?
-En San Julián -me dice.

Yo no sé por qué le pregunté eso al niño. ¡Se lo juró! Si yo iba a ver al hijo de mi hermana que no había visto desde que ella desapareció. Fue ahí que vi claritas muchas dudas en mi familia… Dudas que me dejaron marcada (su voz se quiebra)… Y decidí ir a Investigaciones. Yo había estado en contra de esos policías y también de Carabineros, les hacía protestas con velas, apoyaba a los niños cuando protestaban y se tomaban la universidad, di la cara y me pegaron… ¡Cuántas veces lo hicieron carabineros y “ratis” conmigo! Pero esa vez fui a hablarles… Y también les lloré. Llevaba en un sobre toda mi platita que había ganado en la cosecha, los $850 mil pesos. Y les dije que esa plata era de ellos si me ayudaban a encontrar a mi hermana. Les dije que había aparecido el hijo de ella, les pedí que lo tomaran detenido junto a uno de mis hermanos, que ambos tenían que saber algo. Les dije que tenía una duda terrible… Y ellos me escucharon y me dijeron:

“¿Cómo lo hacemos?”.
-Les cuento mi plan –les respondí-, lo he soñado toda una noche. Miren, el lunes detengan a mi hermano y al “Chato”. Yo sé que en diez minutos les van a decir dónde está el marido de mi hermana. Porque desaparecieron juntos, mi hermana con su marido, y si ahora aparece él solo, tiene que saber dónde está mi hermana.

Pero los policías me dijeron que no podían hacer lo que les pedía. Y como vieron que estaba tan desesperada, me preguntaron:

-¿Cuándo desapareció su hermana?
-Hace 15 años, en Ovalle- les dije.
-María, anda donde tu mamá, que ella abra un juicio en Ovalle –y me dijeron paso a paso lo que tenía que hacer.

Así fue como me comuniqué con don Carlos Stuardo, un policía de Ovalle. Ese día me voy donde mi mamá y le digo:

-¿Le gustaría encontrar a su hija?
-Claro, es lo que más deseo -me respondió.
-Pero, ¿caiga quien caiga? -le digo.
-Ah, no, pos -le escucho.

¡No me quiso ayudar! Yo ya no podía parar. Me fui donde uno de mis hermanos:

-Chico, mi mamá no me quiere ayudar, ¿tú quieres encontrar a la Elo?
Y mi hermano partió a convencer a mi mamá.
-No tengo plata para ir a Ovalle y tampoco para abrir el juicio -dijo ella.
-Aquí hay plata -le supliqué-.

Usted solamente reabra el proceso que yo doy la cara por toda la familia, pero busquémosla.
El domingo mi mamá se va a Ovalle. A la mañana siguiente abrió el juicio y ese mismo lunes, a las 12 del día, detuvieron a Guillermo Villar, el marido de mi hermana. A las seis de la tarde ya había confesado que fue él mismo quien mató a mi hermana. La estranguló… Y él mismo la enterró…

Su marido la enterró frente a Lagunillas. Estaba enterrada sola, con pura arena y piedras, en un basural junto a muchos animales muertos… Y estaba embarazada de cuatro meses… Después, se la llevaron a Santiago. Y mire como son las cosas, a mi hermana la encontramos el 1 de marzo y el 2 de marzo aparecieron los desaparecidos de Pisagua. Así que mi hermana tenía en la patita el número 62. Y me la entregaron en junio para que yo la enterrara. Yo le compré el cajoncito… No quise que nadie la viera, porque teniendo tanta familia en Ovalle nadie la había buscado. Y era mi única hermana… Siempre tuve la duda de si estaba metida en política. Y no lo estaba. Apareció en la lista de los detenidos desaparecidos, pero no era una desaparecida…

Lo peor fue que encontrarla me significó el desprecio de la familia, porque tomaron preso a mi cuñado. Cuando apareció Guillermo, el marido de mi hermana, les contó a ellos la historia de que mi hermana iba arrancando por la Cordillera y se había reventado en sangre. Les pidió que a mí no me dijeran nada, que después él mismo me contaría. Estuvo poco tiempo preso: solo ocho meses…
-Un día decidí ir a verlo a la cárcel. Me atreví porque con todo lo que había aprendido de los palos de la dictadura, ya no era la misma mujer que cuando mi hermana desapareció. Me enfrenté con él y no fue capaz de decirme por qué lo hizo. Después, los mismos presos políticos del penal donde estaba lo acuchillaron. Y ya no pude ir más. Sé que ahora está inválido. Desapareció junto con mi hermana y apareció 15 años más tarde porque conocía como funciona la ley de prescripción. Lo peor es que varios en la familia sabían donde estaba. Hasta mi mamá…

“El proyecto que dio origen a este trabajo fue el ganador de las Becas AVINA de Investigación Periodística . La Fundación AVINA no es responsable por los conceptos, opiniones y otros aspectos de su contenido.”

“Durante 15 años le hemos dicho a la mujer que denuncie la violencia intrafamilar. Ella lo hace ¡y la terminan matando! Estamos tratando de crear los mecanismos de protección, pero aún son insuficientes”. La dramática revelación de la ministra del Sernam, Laura Albornoz revelan que en Chile, pese a los millones de dólares y planes especiales que Bachelet ha destinado para combatir las cifras que la obsesionan, el femicidio sigue en alza. En 2006, 46 mujeres fueron asesinadas por sus parejas. Al 4 de diciembre de 2007 ya van 58.

La fiesta estalló en el mismo minuto en que Michelle Bachelet se puso la banda presidencial. La imagen que a través de las pantallas llegó hasta las 856 viviendas sociales de la Villa San Gabriel, enclavada en La Pintana, desató una marejada de gritos y risas entre decenas de mujeres que miraban incrédulas lo que ocurría en el Congreso de Valparaíso. En ese suburbio de Santiago un pequeño carnaval se inició al ritmo de un cántico que todas recordarían pocos días más tarde: “¡Ahora nosotras la llevamos en el país!”.

Dos semanas después, la Villa San Gabriel vivió otro día agitado, pero esta vez fue la furia la que levantó el polvo. Paola Cordero, ex dirigenta de los deudores hipotecarios de la villa y jefa de una guardería infantil para las trabajadoras de su barrio, recuerda:
-Teníamos una vecina a la que su marido maltrataba. Pero nadie lo sabía. Como muchas otras mujeres, lo ocultaba. Hasta que no aguantó más y le contó a una vecina. Y le pidió que por favor la ayudara si su marido le pegaba de nuevo.
Ese día, como a las diez de la noche, Paola escuchó a su vecina gritar: “¡Le están pegando a la señora Rosita!”:
-En pocos segundos todas gritábamos. Cuando bajé por las escaleras ya había otras dos vecinas que corrían hacia la casa de Rosita. Se fueron agregando mujeres, pero ningún hombre bajó. Ya éramos más de 30 mujeres gritando frente al departamento con palos, fierros, con lo que pillamos. Y como el marido de Rosita no nos quería abrir la puerta, ¡la echamos abajo! Le pegamos, lo pateamos… queríamos matarlo. Llamamos a Carabineros a pesar de que no creíamos mucho en que hicieran algo. Una vez, cuando yo era niña, vi a un hombre que casi mató a una mujer y los carabineros dijeron que no se metían porque eran “problemas de familia”. Por eso decidimos sacar nosotras de la casa al compadre y darle duro. Pero Carabineros llegó. Y se lo llevaron.

Desde ese día, dice Paola, ya no hay mujeres golpeadas por sus maridos en la Villa San Gabriel. Pero en el resto del país sí las hay y con un agregado dramático: al mismo tiempo que han crecido las denuncias policiales por violencia intrafamiliar (VIF), se han multiplicado los femicidios. Hasta el 4 de diciembre de este año ya iban 58.

Urgente: cómo evitar asesinatos

Las estadísticas de Carabineros indican que en 2005 se registraron 82.596 denuncias por VIF contra mujeres. En 2006, el primer año del gobierno de Bachelet, se elevaron a 94.160. Datos de mayo del Ministerio del Interior revelaron que en el primer trimestre de 2007, la tasa de crecimiento de las denuncias por violencia intrafamiliar (5,5%), superó al aumento –3,2%- del total de los delitos de mayor gravedad (robo con violencia, robo con intimidación, robo con fuerza, hurto, lesiones, homicidio, violación) que el mismo período del año pasado.

La nota curiosa: el récord de violencia contra la mujer lo exhibe Tocopilla, una de las ciudades mas devastadas por el último terremoto de noviembre que asoló a la Segunda Región. Las mujeres del viejo puerto fueron doblemente golpeadas este año.
Una campaña de información permanente y la seguidilla estremecedora de asesinatos brutales de mujeres a manos de sus parejas han logrado situar esa violencia en un lugar relevante de los medios masivos y en la agenda política.

Ya era tiempo. Porque el problema no es nuevo. Ya en julio de 2001 un estudio del Ministerio de la Mujer (Sernam), daba cuenta de que el 50,3% de las mujeres chilenas había sufrido algún tipo de violencia por parte de sus parejas. Aun así, en junio de 2005, si bien finalmente se aprobó la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, 38 senadores -por unanimidad- despacharon un documento que echó por tierra la tipificación del “maltrato habitual a la pareja” como delito. Ello significó que en los tribunales se siguiera castigando la violencia reiterada contra la mujer con multas… Si se creaba ese delito, se debía modificar el Código de Procesamiento Penal, pero los senadores optaron por elevar el grado de las penas y enviar los casos de violencia sicológica a los Tribunales de Familia y los hechos de agresión al Ministerio Público.

El 2006 los femicidios se dispararon a 46 (un promedio de 3,8 mensuales). Y en 2007, con 58 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, las alarmas en todos los niveles se encendieron.

Bachelet también hizo lo suyo. El 24 de octubre lanzó una campaña nacional destinada a provocar la reacción ciudadana y poner fin a la indiferencia frente a la violencia que se ejerce públicamente contra las mujeres. En uno de los spot que se transmiten diariamente y en varias tandas por los medios, se escucha a una mujer que desconsolada le confidencia a su madre que su marido la golpea y la insulta frente a sus hijos. La respuesta es “Y qué habrás hecho tú, ¿no lo habrás provocado con tu carácter…? Qué vas a hacer si él asegura la comida y casa de tus hijos…”

Si hasta ese momento las denuncias al número 149 -que conecta con un sitio especial en Carabineros- sumaban 1.243, veinte días después llegaron a 2.194.

El mismo día que se dio inicio a la campaña, se envió al Congreso un proyecto de ley que endurece las condenas para los agresores de mujeres y amplía las herramientas legales para enfrentar una violencia antes asfixiada.
-Quiero que el castigo sea ejemplar y efectivo para quien cometa la cobardía de agredir a una mujer –afirmó Bachelet.

El proyecto aumenta las penas para el homicidio calificado cometido por esposo, conviviente, novio, pololo o ex pareja; caracteriza como delito la VIF que provoca lesiones físicas (leves o graves) y el maltrato sicológico permanente; agrava el delito de incendio de la vivienda de la víctima y penaliza los daños o inutilización de los bienes de la agredida. El slogan de otro spot es: “Aquí había 20 personas y nadie hizo nada. Imagínese cuando ella está sola”.

En 2006, el Ministerio Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) destinó $1.045.255.000 (US$ 1.964.765) a la implementación del Programa Nacional de Prevención de VIF contra mujeres. Para este año, Bachelet aumentó ese presupuesto a $2.420.600.000 (US$ 4.550.000). Con estos recursos se financian 30 Centros de la Mujer que en 2006 atendieron a 6.482 mujeres.

-Hicimos una ley de VIF, pero con ella abrimos una puerta para que se mostrara realmente cómo golpean brutalmente a las mujeres. No es que hayamos detenido el fenómeno, lo que pasa es que ahora se ve. Y ahora yo me hago responsable, porque durante 15 años le hemos dicho a la mujer “denuncia”. Ella lo hace ¡y la terminan matando! Entonces, estamos tratando de crear los mecanismos de protección para que no las maten. Pero aún son insuficientes, porque todavía cuando llaman a Carabineros, muchos de ellos, aunque no todos, les dicen “señora, mejor péguele usted, porque la verdad es que no tenemos cómo resolverle el problema” -reconoce con angustia la ministra del Sernam, Laura Albornoz.

La actitud de Carabineros ante la agresión de que es objeto una mujer –y que describe al inicio de este reportaje Paola Cordero- tuvo el 25 de noviembre otro desenlace. Tres carabineros fueron dados de baja luego de que un video los mostrara en la noche del 5 de octubre, manos en los bolsillos, mientras un hombre golpeaba a una mujer brutalmente frente a su unidad policial.

La instrucción de Bachelet ha sido priorizar los mecanismos de protección para los casos más graves, por lo que se ordenó levantar 16 Casas de Acogida, con capacidad para proteger a 900 mujeres y sus hijos (1.800 menores) por año. El programa tiene un costo de $1.193.400.000 (US$ 2.243.233). Pero las mujeres no pueden permanecer más de tres meses bajo ese alero y sólo son atendidas las mayores de 18 años, lo que deja fuera a gran parte de las madres adolescentes (según el Censo de 2002, 4,5% de las jóvenes entre 15 y 19 años tiene hijos).

La Casa de Acogida número 16 fue inaugurada el 20 de noviembre pasado y es la primera destinada a la mujer rural, la más discriminada y desprotegida de todo el espectro.

Leslie Delva trabaja en el recientemente creado Centro de la Mujer de San Bernardo que atiende a cinco comunas de la zona sur metropolitana. Ella se capacitó como monitora comunitaria de VIF a través de la Corporación Domos, una ONG de asistencia a la mujer agredida:
-En el Centro de la Mujer se nos pide que tratemos con mujeres mayores de 18 años y tenemos que darles una entrevista de 15 minutos. Algo que yo no hacía cuando estaba en Domos, porque cuando una mujer llegaba yo le daba todo el tiempo que ella necesitaba. Ahora, después de esos 15 minutos, a la mujer se le da una hora de atención. Y de repente no concuerdo con mi equipo de trabajo, porque si una mujer viene desbordada, hay que atenderla.

Autonomía económica

Carolina Peyrin, directora ejecutiva de Domos, dice que las denuncias se duplicaron entre 2000 y 2005 (de 40 mil a más de 82 mil). Pero ella pone el acento en que “de todas las denuncias efectuadas, la tasa de aprehensión es bajísima: 3,5%”. Y lo que más le preocupa, es que el 48% de las causas ingresadas a los Tribunales de Familia son por VIF contra la mujer, pero sólo el 15% de ellas termina en una sentencia. Muchas mujeres se desisten.

“No lo perdono, pero lo quiero y deseo ayudarlo”, dijo Graciela Serey cuando se desistió en el tribunal de la denuncia que hizo contra su esposo, quien la agredió con un punzón en la madrugada del 14 de octubre pasado en su casa en Peñalolén.
Graciela en definitiva lo perdonó a pesar de que sólo un error de calculo de su marido la salvó de ser el rostro del femicidio número 51 de este año. Y si antes de la campaña iniciada por Bachelet el marido habría quedado libre con la sola retractación de la esposa, esta vez el juez dictaminó encarcelarlo por parricidio frustrado en virtud de la denuncia que interpuso el Sernam.

La encarcelación del marido de Graciela marcó un cambio. Uno que parece destinado a dejar huella. Porque lo mismo le ocurrió a Héctor Sepúlveda, el hombre que hizo noticia luego de quemarle los genitales a su mujer con un alicate caliente. Héctor fue condenado a 3 años de presidio a pesar de que su mujer insistía en decir: “Él está arrepentido y no merece estar en la cárcel”.

Entre octubre de 2005 y junio de 2007, ingresaron a las fiscalías de Chile 70 mil causas por violencia intrafamiliar. De ellas, el 60% terminó con retractación de la denunciante.

“La autonomía económica de las mujeres es clave para romper el círculo del abuso”, afirma Carolina Peyrin, directora ejecutiva de Domos, corporación que con el apoyo de Fundación AVINA ha desarrollada una inédita acción de capacitación, apoyada por empresas, para mujeres que buscan romper ese círculo.

Todos los estudios indican que un factor importante para que la denuncia de agresión termine en nada es el miedo. Y de dos clases. Miedo a que el conviviente o marido la golpee a ella y a sus hijos al no quedar preso y volver a casa, y temor a que quede preso y ella y sus hijos pierdan el único sustento que les brinda el “macho proveedor”. Hay dependencia emocional y económica de la pareja.

La capitana de Carabineros Alejandra Jaramillo, de la 48° Comisaría “Asuntos de la Familia”, lo corrobora:
-Muchas veces las mujeres agredidas se desisten porque no tienen cómo vivir. Vienen a dejar la denuncia y dicen “voy a dejar a los niños acá, porque no los puedo tener”, pues el agresor las mantiene económicamente y si ellas terminan esa relación no tienen qué comer.

Leslie Delva cuenta que prácticamente todas las víctimas que piden ayuda al Centro de la Mujer de San Bernardo terminan sus entrevistas con la misma pregunta: “Señorita, ¿qué oportunidades de trabajo hay?”.

A juicio de Carolina Peyrin este es el punto realmente clave de la “ruta crítica”, porque se puede tolerar que las denuncias no terminen en sanciones, que los tribunales sean lentos o que la atención de salud sea deficitaria, pero lo único en que no se puede fallar es en separar efectivamente a la víctima del agresor:
-Tenemos una iniciativa para involucrar al sector empresarial. Y hemos invitado al Sernam a apoyarla, vinculando el tema de la autonomía económica con la reparación. Porque puedes tener una mujer que denuncia y le va bien, pero si no tiene autonomía económica muchas veces está condenada a volver con el agresor.

Domos ha logrado que la minera Phelps Dodge, forestal Masisa y la clínica dental Prevedent, abran puestos de trabajo para mujeres que han sufrido VIF. La idea es ampliar la iniciativa a otras empresas, para lo cual cuentan con un programa financiado por la Fundación Avina por dos años. Pero Sernam no ha dado muestras de avalar la idea:
-El año pasado encontramos una respuesta insólita: “No nos corresponde convocar a los empresarios para un trabajo que va a hacer una ONG”. ¿De qué alianza público-privado estamos hablando entonces? –afirma Carolina.

Remeciendo a la justicia

No sólo la dependencia económica y emocional y la falta de protección influyen para que la mujer se desista de la denuncia y siga sometida a la violencia que ejerce su pareja. También juega un rol importante la lentitud con que funciona en este ámbito la justicia. La capitana Jaramillo lo grafica:
-Una persona que viene en enero y hace una denuncia por VIF, queda en espera de citación para seis meses más. Y llegamos a marzo con amenazas de muerte y a abril con que el agresor ingresó a su domicilio y la dejó moreteada. En ese tiempo que transcurre entre la denuncia y la citación del juzgado o la fiscalía puede pasar cualquier cosa. Los fiscales nos pueden decir “démosle diez días de rondas periódicas”. ¿Y en los seis meses quién la protege?

La oficial explica la rutina que sigue a cada denuncia:
-Cuando no hay lesiones, el caso va al Tribunal de Familia. Cuando existen lesiones, obligatoriamente tiene que ir a la fiscalía. Nosotros tomamos la denuncia, hacemos el parte policial y solicitamos una medida cautelar: que el agresor salga del domicilio, que no se acerque al domicilio, que no se acerque al trabajo de la víctima. Muchas personas desisten pues se aburren porque no llega nunca la citación, porque se arreglan con la pareja, porque se van a otro lugar y dejan la situación como está sin ir a la citación.

La “ruta crítica”

La lenta respuesta de la justicia y la falta de protección para los casos más graves, llevó a Domos a desarrollar el estudio “La ruta crítica de las denuncias en el sistema institucional”, informe pedido por Sernam. De hecho, la ministra Albornoz y la Presidenta Bachelet participaron el 21 de julio de 2006 en la presentación de un proyecto piloto, desarrollado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, para superar el problema de que más del 50% de las denunciantes se retractan.

Rita Bórquez, investigadora a cargo del estudio de Domos, sostiene que “la penalización de la VIF como delito, competencia del Ministerio Público, ha puesto a los fiscales como actores centrales. Pero los fiscales deben cumplir una serie de metas de eficiencia (porcentajes de casos exitosos). Y una mujer que denuncia una agresión de su pareja, que muchas veces termina retractándose, que se demora en decidir si va a dar su testimonio, que se pone a llorar en su oficina, para los fiscales es igual a pérdida de sus indicadores de gestión”.

La jueza del Tercer Tribunal de Familia de Santiago, Gloria Negroni, concuerda con esa crítica:
-Con el tema de las fiscalías hemos tenidos varios problemas porque ellos no tienen una política de persecución penal de esos delitos. Entonces, en la mayoría de los casos que les remitimos por maltrato sicológico habitual, la causa queda ahí. No investigan porque dentro sus metas seguramente no está ver estos temas. Hace un tiempo se creó la figura de un fiscal especializado que coordinara todos estos casos, pero yo no sé si, desde la perspectiva del fiscal nacional y de los fiscales regionales, hay un lineamiento claro respecto a una especialización.

La jueza Negroni critica también el enfoque que el Sernam da a la VIF, pues lo considera reduccionista. A su juicio, el maltrato no es sólo un problema de género y la mujer no es la única víctima, sino que es un problema familiar:
-También hay VIF contra los hombres. Muchas veces es una violencia cruzada que no sólo se ejerce contra la mujer.

Muchas denunciantes, explica la jueza, acusan a sus parejas de VIF cuando en realidad lo que buscan es una pensión de alimentos:
-A veces la mujer es mal aconsejada y cuando quiere alimentos su abogado le dice “denuncie por violencia porque le va a salir más rápido”. Frente a esto uno desarrolla mucho la percepción en las audiencias. Es muy distinto leer un escrito que resume el caso, como era en el sistema judicial antiguo, que estar con las dos personas al frente. Hay un lenguaje gestual, no verbal, muy determinante.

Por estas razones, la jueza estima que la mayoría de los casos de VIF que llegan a los Tribunal de Familia -que no son considerados delitos, pues no hay lesiones ni maltrato sicológico habitual- no se solucionan con una sentencia y que el Estado, así como apoya a las mujeres a través del Sernam, también debe crear instituciones de respaldo a la familia. Y no sólo para las más pobres:
-Los casos más graves son los del nivel social alto. En ese grupo está la mayor cifra negra. Una mujer de población no tiene mayor empacho en ir a los tribunales y decir “este hombre me pega”. La mujer ABC1 tiene más temor, porque desde su infancia vivió protegida y cuando se enfrenta a un personaje que la maltrata, no sabe qué hacer. Además, para una mujer de clase media-alta, asumir que el marido le pega o que sufre violencia sicológica grave es un tema cruzado por las variables de subsistencia, status y vergüenza –acota Negroni.

Educación y Salud

Otro nudo de la “ruta crítica” institucional es el sector de Educación. Carolina Peyrin asegura que se deben incorporar contenidos de prevención en los colegios, pero alerta: “Éste no es un tema de currículo del Ministerio de Educación”:
-Preparamos un estudio al que Sernam le sacó cero punta. Entrevistamos a jóvenes de distintos grupos socioeconómicos y la conclusión más lamentable es que todo esto que aparece a nivel simbólico -que la mujer está incorporada al trabajo y que es más autónoma-, no tiene anclaje en lo cotidiano de los jóvenes. Sobre todo en los sectores bajos y medios. Siguen presentes en los jóvenes todos los estereotipos sexuales básicos de la violencia. Los hombres consideran que la mujer “debe ser…”, “debe hacer…”, porque piensan que aún cuando “puede” trabajar, tiene un rol protagónico en la crianza. Y en las mujeres también, respecto de ver al hombre como “proveedor” y “protector”.

En el sector Salud, la investigadora Rita Bórquez cree que las cosas han avanzado mejor, porque se han homologado todos los protocolos de atención, lo que facilita el registro estadístico, el seguimiento del caso y la atención médica especializada. No obstante, considera que en esta área persiste un problema clave:
-El ir a constatar lesiones es un nudo de la “ruta crítica”. El impulso para seguir o no con el proceso de denuncia, depende mucho del señor que va a mirar los moretones. El rango de discernimiento del funcionario todavía está muy suelto a su criterio. Aún no hay control y tampoco una educación funcionaria, y no es parte de la cultura organizacional tener una línea para atender estos casos.

En otro frente, Domos capacitó a 70 monitoras comunitarias para prevenir VIF y acompañar por la “ruta crítica” a las denunciantes. Ellas operaron en San Bernardo y Conchalí, con un sueldo pagado con recursos del Ministerio del Trabajo a través del Fondo Nacional para la Superación de la Pobreza. En sólo tres meses -noviembre a diciembre de 2006- atendieron más de 200 casos.

-Esta debiera ser una experiencia a replicar si se evalúa desde el costo-beneficio. Las monitoras hacen la primera acogida, que es la evaluación del riesgo que vive la mujer, y la acompañan. Descongestionan los Centros de la Mujer, los centros de salud y los tribunales, porque la víctima llega a esos lugares mucho más clara en lo que tiene que hacer. La cantidad de casos que atendieron en tres meses es de alta rentabilidad, si se compara con el rendimiento de los Centros de la Mujer.

En enero, las 70 monitoras se reunieron con la ministra Albornoz y solicitaron que se busquen mecanismos y fondos para dar continuidad a su trabajo. La espera continúa.

Mientras en Chile aumentan día a día las mujeres asesinadas o golpeadas por sus parejas, una red de herramientas legales, estatales y sociales se ha ido tejiendo a una velocidad inédita. Un circuito destinado a que en cada rincón del país haya un actor que ayude a que otras mujeres venzan el miedo, la vergüenza y el pudor y le pongan fin al circuito de la impunidad.

“El proyecto que dio origen a este trabajo fue el ganador de las Becas AVINA de Investigación Periodística . La Fundación AVINA no es responsable por los conceptos, opiniones y otros aspectos de su contenido.”

Karina Delfino (18) está empeñada en cambiarse de carrera. Su primer año universitario lo pasó en las aulas de Geografía de la Universidad Católica y no le gustó. Por eso, ya decidió que en 2008 tomará la mayor cantidad de cursos de sociología -la profesión que desea seguir- “para que después me convaliden esos ramos”.

Resulta extraño escuchar a Karina hablando de temas universitarios. Su figura delgada, su rostro moreno, fino y de grandes ojos oscuros, se asocia más a los problemas de los escolares secundarios. Claro, si antes de entrar a la facultad ella fue una de las líderes de la llamada “rebelión de los pingüinos”. Sin el uniforme azul marino se ve más adulta y la soltura con que habla de los grandes temas del país ya no asombra tanto como cuando lo hacía vestida de liceana. ¿Qué ha pasado con las mujeres de tu generación con una mujer en La Moneda? Las mujeres ahora sí piensan que han avanzado por el hecho de que resultó elegida Michelle Bachelet. La prueba fue cuando ella ganó y salieron las mujeres a la calle a celebrar con bandas presidenciales. Lo celebraban como el triunfo de las mujeres, siendo que era el triunfo de una alianza política. Puede que sigan viviendo en una familia machista, que en sus casas les sigan pegando, que sigan ganando menos que el marido a pesar de hacer lo mismo o más, pero se sienten representadas. Pero los avances concretos dependen de las mismas mujeres. Un estudio indica que la mayoría de las mujeres que denuncia a su pareja por violencia después retira la demanda. Y eso muestra que si la mujer no da un paso adelante, no habrá avances. Falta proyectar hacia abajo. En la llamada revolución de los pingüinos, se vio a mujeres como tú en roles de liderazgo. ¿Es fruto de un proceso de cambio cultural en tu generación? Las mujeres se están atreviendo más. Antes la mujer daba un paso atrás porque pensaba que el hombre era mejor que ella. Hasta le daba un poco de miedo. Eso ya no se ve. Hay un cambio de mentalidad, de la mujer y del hombre, porque el hombre joven confía más en la mujer también. El hombre joven hoy es capaz de reconocer que una mujer puede tener más capacidad que él. Además, ahora no es mal mirado que las mujeres prefieran dedicarse al trabajo, a la política, a desarrollarse profesionalmente antes que casarse o tener hijos. Antes eso era la excepción. Estos avances no son producto de un cambio de mentalidad sólo de las mujeres, sino que de la sociedad. ¿Prima en tu generación la tendencia femenina a proyectarse laboralmente para tener autonomía economía? Es un tema generacional: entre hombres y mujeres no hay diferencias sobre este punto. Tal vez llama la atención que las mujeres de mi edad piensen en independizarse antes que casarse. Asombra. Pero esta generación es así. La liberalización, en todo sentido, va acentuándose cada vez más. Pienso que se debe, en parte, a la globalización y a la televisión, por la comparación con lo que sucede en otros países. La cultura chilena siempre ha tendido a imitar a Europa y a los gringos, y las series que se ven en Chile y que vienen de esos países, te muestran mujeres más liberales. Eso va despertando aceleradamente cambios de mentalidad, culturales. ¿Ha influido algún marco institucional para acelerar esos cambios? Los cambios también se aceleran con otras herramientas que se abren, como el divorcio, los tribunales de familia, las penas de cárcel por violencia intrafamiliar o la “Píldora del Día Después”. La gente del barrio alto perfectamente puede comprar en las farmacias dicha píldora y opera con una mentalidad totalmente liberal, mientras que una mujer de un sector socialmente vulnerable no tiene la plata y lo más probable es que en tres meses más se haga un aborto en pésimas condiciones o si tiene ese hijo nacerá en la pobreza. Estas políticas del Estado acercan la igualdad de oportunidades. No son las que hacen crecer la tendencia liberal, simplemente otorgan herramientas para el cambio de mentalidad que ya está y hay que asumirla. Y cada persona verá si toma o deja estas herramientas. ¿Hay interés entre las mujeres de tu edad por sumarse a una batalla por los temas de género? Hay mujeres y mujeres. Hay mujeres a las que les interesa el carrete o escuchar música, a otras les interesa ir a una capilla y están las que se interesan por las políticas públicas, como a mí. Dentro de ese último grupo hay algunas a las que les interesa el tema de género. En general, entre nosotras está el sentimiento de que la sociedad chilena es machista, sienten algún tipo de discriminación. La mayoría inconscientemente es producto de un cambio cultural, pero tienen otros intereses y no se cuestionan el fondo de las cosas. Con los hombres también se da ese fenómeno. Cuando te comparas con las mujeres mayores con las que convives, ¿cuáles son las principales diferencias? De todo: mentalidad, cultura, educación, sexualidad, matrimonio, hijos, profesión… Ellas entienden que hay un cambio generacional y respetan lo que yo hago cuando yo me respeto a mí misma. El tema es diferenciar entre libertad y libertinaje. Creo que mientras yo me respete y respete a los demás, ellas también me van a respetar a mí. ¿Cuáles con tus proyectos como mujer y profesional? Lo más importante es identificar qué carrera voy a seguir. Mi proyección es profesional y mi prioridad es tener una carrera. No estoy pensando a qué edad voy a tener hijos o me voy a casar. Y en lo político, estoy viendo si puedo desarrollarme en la universidad. Las puertas y oportunidades se irán abriendo en el camino y mi mentalidad también puede ir cambiando en el camino… ¿Cuál es tu evaluación de la labor que ha desplegado Bachelet en su año y medio de gobierno? Ha sido un cambio bastante grande que le hace bien al país. Pudo ser mejor o peor, pero estoy segura que a nivel de historia, de formas y métodos, es un avance. Los problemas que enfrenta, como el Transantiago, también le podrían haber pasado a un hombre. Pero es mujer y obviamente maneja formas y estilo diferentes. La han cuestionado mucho por una supuesta falta de autoridad, y yo estoy convencida de que ella significa un gran avance a nivel de mentalidad y cultura del país. Hay que acostumbrarse. ¿Cuál de todas las políticas de género adoptadas por este gobierno te parece la más importante? Me impactó la paridad en el gabinete. Era impensable. Espero que haya sido por capacidad y no por discriminación positiva. Por lo que han hecho hasta ahora, me parece que fue por capacidad. Por ejemplo, al primer ministro de Educación, Martín Zilic, no le fue muy bien y hasta ahora la nueva ministra, Yasna Provoste, no ha tenido ningún problema grave como los que tuvo Zilic. Para ese cargo, Zilic estaba menos preparado que Provoste. ¿Cuál de todas las políticas de género de este gobierno te parece que ha sido la que más beneficia a las jóvenes de tu edad? El acceso a la “Píldora del Día Después”, porque las afecta directamente. Ese es el cambio más fuerte que han vivido las jóvenes de mi edad y en situación social vulnerable. Las jóvenes que tienen recursos pueden optar a todo, pero ahora las vulnerables también pueden optar. El embarazo adolescente no deseado genera una discriminación a nivel social: condiciona tu vida y no la del hombre. La herramienta ya está y cada quien verá si la ocupa o no según su ética. Sectores políticos y religiosos insisten en que no se entregue la píldora del día después a una adolescente mayor de 14 años sin el consentimiento de los padres. La nueva ley de responsabilidad penal juvenil establece que desde los 14 años un joven tiene discernimiento. La ley de abusos sexuales también establece los 14 años como límite para el discernimiento. Por lo tanto, si una joven tiene discernimiento para denunciar un abuso sexual o para ser responsable si roba o comete un delito, perfectamente puede tener discernimiento sobre su sexualidad. Por algo los especialistas tomaron la decisión de poner el límite legal del discernimiento a los 14 años. Y lo aprobaron todos los partidos políticos.

“El proyecto que dio origen a este trabajo fue el ganador de las Becas AVINA de Investigación Periodística . La Fundación AVINA no es responsable por los conceptos, opiniones y otros aspectos de su contenido.”

En los 13 meses que estuvo a la cabeza del estratégico Ministerio de Defensa, como la segunda mujer en ocupar ese cargo después de la propia Michelle Bachelet, Vivianne Blanlot apreció innumerables síntomas de la “notoria resistencia” que generó en el mundo político masculino la instalación de un liderazgo femenino.

Blanlot dejó la cartera de Defensa en el cambio de gabinete del 27 de marzo de este año y por primera vez habla en extenso de las dificultades que han enfrentado las ministras y la Presidenta por la dura reacción de los antiguos líderes políticos. A su juicio, sienten “temor” ante un estilo que integró equipos con rostros que no pertenecen a las cúpulas partidarias y bajo el novedoso criterio de paridad de género.

¿Qué fue lo más difícil como mujer mientras estuvo a la cabeza del Ministerio de Defensa con la primera mujer Presidenta?
Enfrentarse a una cultura masculina anclada tanto en el mundo político -a nivel de partidos y sus dirigencias- como en las organizaciones del Estado y de Gobierno. Ha sido bastante notoria la resistencia que hay en esos dos mundos a la llegada no sólo de una Presidenta, sino también de ministras. A ello se agrega la resistencia de la cultura política a un nuevo grupo que ingresa al gobierno de la mano de esta Presidenta, que no pertenece a la institucionalidad cupular de los partidos, que no llega por un acuerdo partidario, sino como consecuencia de una popularidad espontánea que sobrepasó la posibilidad de que las cúpulas decidieran quién sería el candidato de la Concertación.

Si tomamos cuatro ministerios clave -Secretaría General de la Presidencia, Defensa, Vivienda y Mideplan-, en todos ellos la Presidenta escogió primero mujeres militantes de muchos años, pero que no han estado en las dirigencias partidarias. Y, por lo tanto, han sido vistas desde el mundo político como personas “sin experiencia”. Esto generó en el primer año una sistemática agresividad despectiva hacia la Presidenta y a las ministras.

¿Podría graficarlo?
Los comentarios políticos de hombres en los que sistemáticamente y por meses se hizo una evaluación negativa basados en la “ineptitud” de algunas ministras, siendo que eran carteras que por su misma naturaleza no muestran mucho lo que hacen. Y si uno analiza la labor de los hombres que habían precedido a las ministras “ineptas”, realmente aparecían muy poco. La “ineptitud” tenía su origen en un prejuicio y en la total ignorancia de lo que las ministras estaban haciendo. Otro punto es que las ministras más visibles fueron calificadas por su aspecto: “dureza”, “rigidez”, “falta de cortesía”, “lejanía”. Después fueron tomando a otras ministras como ejemplo de “falta de capacidad política” o “falta de fineza política”. Y esa dureza se extendió incluso a la Presidenta. Muchos actores políticos -y comentaristas- han vertido permanentemente calificativos sobre la “ineptitud” de la Presidenta, una palabra que no habíamos escuchado respecto de ningún gobernante. Es mucho más duro decir “la Presidenta es inepta” a afirmar “la Presidenta se equivocó, cometió un error”.

¿Habría una especie de acuerdo del mundo político masculino para incurrir en esa descalificación?
No lo creo. Es más bien una reacción muy visceral ni siquiera demasiado consciente. Desde el principio del gobierno percibí en algunos sectores, incluso de la Concertación, y sobretodo entre los que habían estado en anteriores gobiernos de la coalición, una creencia basada más bien en las emociones que en la racionalidad de que este gobierno no tenía la capacidad de gobernar. Esa idea se fue instalando incluso durante la campaña presidencial.

Ese fenómeno, ¿cree usted que se agudizó con la elección que hizo Bachelet de los miembros de su gabinete?
Sí, y no sólo porque la mitad eran mujeres, sino también porque en su mayoría, el elenco masculino y femenino no pertenecía al establishment de los partidos. Como la derecha siempre ha calificado negativamente a los gobiernos de la Concertación, cuando esto proviene de nuestro propio grupo político, es un síntoma de un fenómeno cultural más profundo.

¿Cómo afecta esa reacción en la función de un ministro?
En formas bien concretas. En primer lugar, la forma en que los ciudadanos perciben la gestión es clave para su éxito. Nada se puede lograr, sobre todo cuando se está tratando de hacer cambios profundos, si la gente no percibe que son transformaciones que se están haciendo bien y con sentido. Si no es así, no habrá fuerza política para apoyar los cambios. Los mismos partidos no se ven obligados por la ciudadanía a apoyarlos. Comunicar lo que se está haciendo, por lo tanto, es vital. La forma en que se va percibiendo la gestión de un ministro o ministra está determinada en un porcentaje importante por lo que dice la prensa. Y las líneas editoriales de los medios de comunicación, salvo excepciones, las deciden hombres y normalmente de un mundo bastante conservador. Y en este tiempo hemos visto como todas las estructuras de poder tradicionales han expresado su rechazo respecto a este fenómeno político nuevo que encarna una mujer Presidenta, cuyo equipo no viene de las estructuras políticas tradicionales. En lo práctico, el hecho de que cada una de las cosas que se están haciendo es presentada en la prensa con un tinte negativo, obliga a que una parte importante del tiempo se dedique a buscar fórmulas para contrarrestar.

¿Cómo fue enfrentarse al mundo masculino en la organización del trabajo del Ministerio de Defensa?
Allí, la cultura dice que la jerarquía importa más que nada. Pero es apariencia, porque en la práctica hay una cierta costumbre, como en todos los ministerios, de concebir al ministro como un invitado de paso y, por lo tanto, lo que se hace se define al interior del grupo permanente, que es la estructura tradicional. Cuando cambia un ministro, si el nuevo se adapta a la forma de trabajo, se le hace la vida relativamente fácil, pero si viene con una agenda de cambio, se encuentra con una resistencia muy brutal y que consiste en simplemente no hacer, no entregar información, obstaculizar.

¿Qué hizo entonces?
Pasaron por lo menos seis meses antes de que los grupos más importantes del ministerio se fueran dejando seducir por la idea de que en realidad ellos podían ser objeto de una delegación, no sólo de funciones, sino de la capacidad de crear, pensar, diseñar. Y en la medida que lo fueron percibiendo no como una amenaza, sino como una oportunidad, empezaron a sumarse. Pero hubo varios meses de resistencia cerrada.

¿Cómo evaluó usted el rechazo a su propuesta, hecha desde Haití, a que Chile apoyara económicamente ese proceso?
No me esperaba esa reacción. Yo planteé que además de ayuda militar, gastáramos unos pocos recursos, algo muy menor, en asistencia técnica. No hablé de donaciones, sino de préstamos de Chile avalados por bancos multilaterales. La experiencia internacional en ese rubro indica que estos préstamos nunca se dejan de pagar, tienen una seguridad de repago casi del 100%. Entonces, lo que habríamos dado quizás es una fracción de una tasa de interés menor a la que podríamos ganar en los mercados internacionales. No era un regalo. Y la reacción fue visceral. Si yo hubiese estado en el otro lado, en el de las finanzas, habría dicho: “lo vamos a analizar”. Fue visceral porque principalmente se sintió como una invasión de territorio, más que porque la idea en sí no fuera sensata. Y la derecha reaccionó descalificándome al decir que era difícil encontrar una persona que supiera menos de economía en Chile que la ministra de Defensa. Pero yo estoy tranquila respecto a mi formación económica…

¿No se siente con menos herramientas en esa área, con complejos?
Ninguno. Y sé perfectamente que lo que proponía tiene sentido económico y estratégico. Pero la reacción por parte de algunas personas del gobierno y la Concertación fue irracional: cómo era posible que una ministra de Defensa, que además es mujer, se atreva a proponer algo que está fuera del ámbito estricto de lo militar. Nadie quiso ver que cuando nosotros vamos en operaciones de paz recibimos grandes beneficios, porque nos hacemos conocidos como país amigo en la comunidad internacional que tarde o temprano va a tener que pronunciarse sobre temas que a nosotros directamente nos incumben en el plano estratégico. Entonces, aumentamos nuestra capacidad de negociación y los beneficios son enormes. Lo curioso es que inmediatamente después, y a pesar de toda la alharaca pública que hubo, el Estado empezó a invertir recursos, no préstamos sino donaciones, en asistencia técnica a Haití. Lo que significa que lo anterior fue claramente una reacción a quién hizo la propuesta y no al tema mismo.

¿Qué otro episodio grafica esa reacción de la que habla del mundo masculino?
Cuando el comandante en jefe del Ejército dijo públicamente que él consideraba que cuando muriera el general Pinochet había que hacerle funerales de Estado, tanto la Presidenta como los ministros del área política y yo misma consideramos que eso no era aceptable. Era una opinión sobre un tema político que le compete al gobierno decidir. Un comandante en jefe no debe pronunciarse sobre esos temas. Entonces, hablé con él, le dije que no me parecía razonable ni correcto lo que había hecho y después, cuando la prensa me lo preguntó, dije que esa materia no le correspondía decidirla al comandante en jefe y tampoco le correspondía hacer públicas sus opiniones sobre ella. Se me criticó por haber reaccionado excesivamente ante una opinión personal de un comandante en jefe y se ensalzó durante varios días lo fantástico que era este general y su espíritu democrático. Y no me cabe la menor duda que cualquier ministro de Defensa habría hecho lo mismo. Muchos parlamentarios de la Concertación veían la actuación de esta ministra con una mirada de mejor no aparecer.

¿A qué lo atribuye?
La única explicación es que hay una sensación que está inserta en la parte emocional de muchos de nuestros hombres de que las mujeres no debemos meternos en temas serios, y cuando lo hacemos, debemos estar circunscritas a lo mínimo. También hay un cierto celo por el liderazgo, un cierto temor de que las mujeres sean percibidas por la población con aprobación y que levanten vuelo político.

¿Temor a sentirse desplazados?
Cuando las mujeres somos el 20% de un gabinete estamos dando muestras de que somos un país sin prejuicios y sin discriminación. Pero cuando ya llegamos no sólo a ser la mitad, sino que además empieza una ola de satisfacción de la población ante la llegada de un gabinete paritario -porque fue impresionante la reacción de los ciudadanos-, por primera vez el mundo masculino maduro, que tuvo la mayor dominancia en el siglo pasado, se encuentra con que esto viene a moverlos. Cuando escuchas a gente joven decir “este es el siglo de las mujeres” o en una conversación de adolescentes universitarios se dice “ahora les toca a las mujeres”, son señales de que hay un cambio. Y la idea de que los estilos cambien radicalmente produce temor.

¿Cuál es la reacción del mundo militar?
El mundo militar es muy curioso, porque se abrió a la llegada de las mujeres hace bastantes años. Y si bien aquellas que ingresaron a las Fuerzas Armadas y a Carabineros iban en gran medida a labores que tenían más que ver con lo administrativo, con el tiempo se han ido abriendo más espacios y ya hay bastantes mujeres que están en el manejo de armas y tecnologías. No están en infantería, pero sí en el manejo de sistemas bélicos. Lo que no les había ocurrido es tener mujeres en el mando. Y se encuentran primero con Michelle Bachelet y después con Vivianne Blanlot en un momento en que todo el sistema de la Defensa está a punto de cambiar, porque se han venido estudiando reformas para modernizar toda la cadena de decisiones y ahora viene su implementación. Y esa transformación significa que los ministros pasan a mandar en forma más clara, y los ministerios tienen mucho más que decir en las políticas de Defensa.

¿Y cuál es su balance sobre cómo la evaluaron?
Seguramente pueden haber tenido dudas respecto de mi capacidad para estar al mando. Y hubo comentarios al respecto. Pero mi impresión es que a nivel de comandantes en jefe y altos mando se llegó rápidamente a la conclusión de que, a pesar de ser mujer, mi decisión era ejercer la autoridad. Y no hubo discusión de ella. Ahora, con los comandantes en jefe dejé en claro desde la partida que las reformas las teníamos que hacer juntos, y en las cosas en que tuviéramos diferencias debíamos discutir hasta el final, con el espacio abierto para hacerlo en forma muy directa y cruda.

¿Cómo reaccionaron las instituciones de Defensa y Relaciones Exteriores del continente en relación a su condición de mujer?
No hay problemas de género. En el mundo civil de la Defensa a nivel internacional y entre los países con los que nos relacionamos, creo que somos de los más atrasados en esa materia a pesar de que la primera presidenta elegida de Latinoamérica es Michelle Bachelet. Las mujeres han estado mucho mejor insertas en la política en varios países latinoamericanos antes que acá. En Argentina, Uruguay, Colombia, hay bastantes más mujeres desde mucho tiempo atrás. No les llama la atención.

¿Qué cree que va a resultar de este choque de culturas y de la resistencia del mundo político e institucional masculino?
Creo que ya no hay posibilidad de que a futuro tengamos un gobierno que no tenga que dar explicaciones por no aplicar el criterio de paridad. Eso cambia las cosas y es un gran avance. Además, ha habido reacción de las organizaciones de mujeres. Hay un despertar respecto de estar atentas a lo que está pasando, que esto es algo que tenemos que cuidar y no podemos quedarnos pasivas. No tengo ninguna duda de que vamos a seguir avanzando. El cambio cultural, en cuanto a género, está en marcha y es irreversible. En la generación de nuestras hijas e incluso un poco mayores, ya tienen una actitud distinta. Mi generación se plantaba sabiendo que había que derribar puertas, pero al mismo tiempo no podíamos ser demasiado agresivas porque se nos podía cerrar más el camino. Las mujeres de la nueva generación se consideran con todo el derecho a estar y no piden permiso. A ellas no les va a pasar lo que nos está pasando a nosotras. Sin embargo, a este gobierno se le van a poner más duras las cosas, por el solo hecho de tener una mujer Presidenta. Cualquier gobierno de la Concertación, por ser el cuarto de la coalición, iba a enfrentar mucha más dureza y exigencia, pero el que sea una mujer le agregó otro factor.

¿Ha tenido la posibilidad de aquilatar qué pasó con la mujer común y corriente en este año?
Si uno mira la legislación que se ha introducido en los últimos 15 años en los terrenos que le importan a la mujer común, ha habido pasos impresionantes respecto a reconocer varias cosas. Primero, que la mujer en Chile es la que lleva las riendas de la familia, es la que se hace cargo cuando el hombre decide no estar. Y hay una proporción importante de familias en que la mujer es la única proveedora y además jefa de hogar. Ello ha implicado modificar la forma en que se hacen políticas públicas: ahora tienen que dar cuenta de ese fenómeno en materia de salud y vivienda, que son los temas más importantes.

¿Se bate en retirada la imagen de la familia ideal, en la que se basa toda la publicidad, con mamá y papá, macho proveedor y mujer en un rol secundario?
Esa mirada ha sucumbido ante una avalancha cultural. Porque hoy el 80% de los chilenos entiende la sociedad como es y no como ese ideal que no existe. Eso ha venido acompañando este proceso de implementar políticas públicas dirigidas a la verdadera familia y se refleja en otro cambio al que este gobierno le ha puesto el acelerador: la acogida que la sociedad le da a la mujer maltratada. Ya no se trata de otras mujeres que ayudan, sino la sociedad disponiéndose a cuidar. Hoy es un tema sancionado socialmente. Y en el área educacional, el énfasis en las guarderías y jardines infantiles es un reconocimiento generalizado a que la mujer está en el mundo del trabajo. En el mundo real el avance es muy fuerte.

¿Y en el mundo de los negocios?
Este gabinete paritario le mandó un mensaje al mundo de la empresa privada porque hay muy pocas mujeres en directorios de grandes empresas. Y ellos han tenido, por primera vez, que nombrar mujeres en directorios. Todavía es incipiente, pero el proceso ya se inició. Están empezando a llevar mujeres a los niveles gerenciales más altos de empresas internacionales que tienen filiales medianas en Chile. Un fenómeno de los dos últimos años. Donde siempre ha existido mucha mujer a la cabeza y que se ignora, es en la pequeña y mediana empresa: la mujer empresaria que ha montado su empresa desde cero. Ante un mercado cerrado creo mi propia empresa porque no quiero ser siempre subordinada y aquí seré jefe aunque lo sea de un capital pequeño. Y las mujeres han demostrado ser muy buenas emprendedoras.

¿Cuál cree que son los métodos, acciones ejecutadas en el mundo del poder por las mujeres y que las diferencian de los hombres?
Siempre he visto en muchas mujeres una tendencia natural a entender que la buena gestión es aquella donde se delega y se aprovechan las características que tienen los que trabajan con uno. La otra actitud es decir “el cargo exige estas capacidades y si fulano no las tiene, se va”. Yo no he llegado a ninguna oficina pública a cambiar a todo el mundo. He llevado complementos. Y me ha dado resultados. Y he visto a muchas mujeres que su primer impulso es trabajar así, pero como en el mundo de la empresa y de los organismos del Estado a veces hay rigidez excesiva, se han encontrado con que este estilo no resulta, porque se califica ese método como debilidad en vez de percibir que es seguridad en la propia fortaleza. Como consecuencia, algunas mujeres están tomando un estilo más masculino de ejercer la autoridad y se obligan a trabajar con códigos de exceso de uso de la jerarquía, de ostentación de la autoridad sin sentido.

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