Dicha modificación estableció en esencia que el Presidente, los ministros, diputados y senadores, entre otros funcionarios públicos, deben declarar sus intereses y patrimonio en forma pública. Y en aquellos casos que posean bienes que supongan conflicto de intereses con su función, la ley evaluará si corresponde delegar en terceros su administración o incluso enajenarlos.

¿Ha ocurrido algo en estos años que conviertan esta norma declarativa en obligaciones concretas?

“Es usual que existan personas que por la vía de honorarios reciban emolumentos muy superiores a la planta. Un ejemplo concreto en el ministerio de Economía es el asesor Gonzalo Cornejo, quien recibe $6.000.000 mensuales. De aprobarse esta ley, deberá hacer declaración de patrimonio”

La semana pasada la Cámara de Diputados, por amplísima mayoría, aprobó el proyecto de ley que establece nuevas normas sobre probidad en la función pública y de prevención del conflicto de interés.

Este proyecto de ley, originalmente presentado por la Presidenta Bachelet y conocido como fideicomiso ciego, fue retirado del trámite legislativo por la actual administración, para reponerlo luego de seis meses con cambios sustanciales.

Luego de una larga tramitación en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara (más de 20 sesiones), se pudo consensuar el grueso de sus disposiciones y surgió un informe que obtuvo una virtual unanimidad en la sala de la Cámara. Es de esperar que en su siguiente trámite en el Senado los congresistas y el gobierno -a través de las urgencias- pongan de su parte para darle un trámite riguroso, pero con sentido de urgencia.

Algunas normas que incorpora este proyecto son las siguientes:

a) En materia de declaración de intereses y patrimonio: Aumentan las autoridades y funcionarios obligados a declarar sus intereses y patrimonio, entre ellos los agentes públicos y ciertas personas sujetas a contrato de honorarios, cuando sus remuneraciones son equivalentes o superan a las de un jefe de división.

Todos sabemos que una parte importante de quienes trabajan en la administración pública lo hacen bajo la modalidad de contrato de honorarios. Hasta la fecha no están obligados a declarar su patrimonio. Es usual que tanto en la Presidencia como en los gabinetes ministeriales, exista un número de personas que por la vía de honorarios reciban emolumentos muy superiores a la planta. Un ejemplo concreto y público en el Ministerio de Economía es el asesor Gonzalo Cornejo, quien recibe $6.000.000 mensuales. De aprobarse esta ley, deberá hacer declaración de patrimonio.

Honorarios de esa magnitud existen hoy y también existieron en pasadas administraciones.

Se perfecciona también la declaración de interés y patrimonio de modo que se baste a si misma para conocer el real patrimonio del declarante. Eso implica dar más detalles sobre el patrimonio. Por ejemplo, ya no será suficiente que alguien diga: “Soy el dueño del 20% de tal sociedad”. Con esta ley, deberá especificar los valores subyacentes en esa propiedad. En efecto, hasta la fecha es habitual que los obligados cumplan publicando el porcentaje de propiedad que tienen en determinada sociedad, pero si esa propiedad importa acciones sobre una sociedad anónima listada (sociedades que se transan en el IPSA), jamás lo sabremos. En consecuencia, y entre otras cosas, el riesgo de conflicto de interés permanece oculto.

“Al Presidente le basta, para cumplir con la ley, señalar en su declaración de patrimonio que es dueño del 26,6% de CBM Chile S.A. Pero no sabemos cuáles son las propiedades e inversiones que tiene esa sociedad declarada, si tiene posiciones en el mercado accionario, si participa en áreas de la economía concesionadas o sujetas a regulación tarifaria”

Los ejemplos son muchos, pero déjeme singularizarlo en que a la principal autoridad del país le basta para cumplir con la ley señalar en su declaración de patrimonio que es dueño del 26,6% de CBM Chile S.A. Cuáles son las propiedades e inversiones que tiene esa sociedad declarada, en particular si tiene posiciones en el mercado accionario, si participa en áreas de la economía concesionadas o sujetas a regulación tarifaria, no lo sabremos. Al menos hasta que la modificación en comento sea ley de la república. La verdad es que situaciones como éstas son múltiples ahora y antes.

Aquellos que no hagan su declaración en tiempo y forma serán individualizados en la página web del servicio respectivo. Para fiscalizar este tema se le entregarán más instrumentos a la Contraloría General de la República.

b) En materia de mandato para la administración de bienes, el proyecto distingue dos modalidades: Un mandato general que entrega la administración de determinados valores que pueden ser causa de conflicto de interés; y otro que implica un plan de liquidación de valores y la posterior administración del producto de tal liquidación.

Además, se establece la obligación de constituir mandato para las más altas autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en especial cuando se trata de acciones sobre sociedades anónimas abiertas.

Otros funcionaros deberán constituir mandato cuando se trata de valores que poseen vinculados a áreas sujetas a su área de injerencia administrativa.

c) Enajenación de activos obligatoria para el Presidente de la República, senadores, diputados y contralor, en dos circunstancias: cuando tengan propiedad significativa (5% o más) en empresas proveedoras del Estado (más de 100.000 UF) o cuando se trate de propiedad significativa (5% o más) de empresas sujetas a tarifas reguladas o que exploten concesiones.

Sin duda se trata de un importante avance que no busca inhibir que personas con importantes patrimonios puedan ejercer cargos públicos, pues no habría razón justa para ello, sino que busca transparencia y reglas de prevención del conflicto de interés.

-La última vez que hablé fue el 15 de julio de 2009. Desde entonces que no digo nada sobre el tema y no voy a hablar ahora –dijo.

Aun así, al terminar la audiencia poco antes de las tres de la tarde, Errázuriz se fue rápido. Lo siguieron casi todos los periodistas y camarógrafos que habían llegado al lugar. Querían saber su opinión sobre la decisión de la jueza. Porque cuando Errázuriz llegó, lo hizo como un ex honorable diputado e imputado. Al salir, era culpable de fraude reiterado al Fisco y uso malicioso de instrumento privado falso. Así se transformó esa tarde en el único de los cuatro diputados que han sido acusados desde mediados de 2009 por hacer mal uso de sus asignaciones parlamentarias que ha recibido una condena. Cuando todo acabó, el abogado, periodista y ex diputado cumplió su palabra: no dijo nada.

La fiscal adjunta de Valparaíso, Paola Castiglione, y la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, llegaron con enormes maletas llenas de documentos que probaban sus acusaciones contra el ex congresista por las irregularidades que cometió entre 2000 y 2009 y que fueron denunciados por La Nación hace poco más de dos años. Allí estaban los detalles de la simulación que hizo del arriendo de sus cuatro sedes parlamentarias. Una resultó ser en realidad la oficina de su estudio de abogados, la segunda jamás funcionó como sede y otras dos resultaban más baratas de lo que Errázuriz cobraba a la Cámara de Diputados para así quedarse con la diferencia. Eso se tradujo en una serie de contratos falsos y una defraudación por más de $25 millones fiscales que traspasaba a su cuenta personal y con los que compraba tortas, panes y dulces para clubes de ancianos en su distrito, premios para realizar bingos, almuerzos, regalos de navidad para 86 personas, vinos, correos y pelotas de fútbol, entre muchas otras cosas. Por todo eso, arriesgaba hasta cinco años de cárcel y el pago de una multa consistente en el 25% de lo defraudado.

En todo caso, era poco probable que se le impusiera la pena máxima. Aunque su defensa argumentó que no se trataba de fondos fiscales, sino que públicos; que el fraude no sería tal porque las asignaciones parlamentarias no son ley sino que acuerdos internos; que no existió perjuicio porque no hubo enriquecimiento personal; y que no mintió al Comité de Auditoría Parlamentaria porque éste ni siquiera existía –fue creado después y producto del escándalo (ver recuadro)–, Errázuriz reconoció los ilícitos. Además devolvió a la Cámara un monto superior al defraudado –unos $31 millones que le permitieron acceder al procedimiento abreviado– y el tribunal le reconoció distintas atenuantes. Aun así, tanto la fiscalía como el CDE le pidieron a la magistrada que la pena no sea menor a los tres años y un día. Y así fue.

En la tarde del 12 de diciembre se leyó su sentencia en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago: tres años y un día de pena remitida y una multa por el 10% de lo que defraudó. Aunque como medida precautoria, podrá cumplir su sentencia en cuatro años de libertad vigilada. No irá preso. Pero nunca más podrá optar a un cargo público.

Aunque su condena resulta ejemplarizadora, llama la atención que Errázuriz sea el único de los diputados investigados que terminó con una sanción. Porque su caso no es aislado. Casi al mismo tiempo los medios de comunicación dieron a conocer los casos de los diputados que habían incurrido en malversación fraudulenta de sus asignaciones: Claudia Nogueira (UDI), Julio Dittborn (UDI) y Jorge Sabag (DC). Pero existen diferencias. Si Errázuriz hoy se irá a la cama sabiendo que el próximo mes deberá comenzar a cumplir su condena, será sólo porque, a diferencia de los demás, a él desde el principio le quitaron el apoyo político.

VACÍOS PARA DEFRAUDAR

A mediados de 2009, CIPER realizó una investigación que desmenuzaba cada uno de los gastos en que incurrían los diputados con las platas provenientes de las asignaciones parlamentarias. Mes a mes, cada uno de los 120 diputados recibía poco más de $13 millones, incluyendo su dieta, para solventar sus gastos legislativos. Para el arriendo de sus sedes distritales, el pago de sus asesores o para cubrir sus cuentas de telefonía. Pero el 65% de ese monto resultaba, en la práctica, de libre disposición. No existía ningún tipo de control sobre el destino que cada uno de los miembros de la Cámara daba mensualmente a los casi $8,5 millones que manejaban a su arbitrio.

Los diputados sólo debían rendir cuentas por la asignación destinada a remunerar a sus secretarios y asesores, la asignación para arriendos de sedes y telefonía y el monto mensual para pagar un bono en compensación por la extensión de jornada a su personal contratado. Pero los controles sobre si las asesorías habían sido realizadas o si la sede efectivamente era utilizada, no existían. Lo único que había era tres funcionarios de la Dirección de Finanzas de la Cámara que llevaban la información contable, cada uno de 40 parlamentarios.

-Los estándares de fiscalización de la Cámara hacia terceros son mayores que los que ha instalado internamente. El Congreso del siglo XXI no puede tener estos estándares. No sólo por mejorar su administración o el proceso de formación de la ley, sino porque los chilenos exigen y merecen otro Congreso –dijo el actual ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, en una entrevista que dio a CIPER cuando era presidente de la Cámara.

Bajo ese sistema fue que la diputada Claudia Nogueira pagó con dineros públicos, sin que nadie se lo cuestionara, a dos asesores que luego le devolvieron esos dineros depositando en una cuenta de la misma parlamentaria. Sus asesores Jaime Jullian y Jenny Acevedo recibían cheques mensuales por alrededor de $800 mil y un millón de pesos, montos que luego depositaban en una cuenta bipersonal de la congresista y su esposo, el ex alcalde de Recoleta y militante de la UDI, Gonzalo Cornejo. Como nadie revisaba si esas asesorías se habían cumplido o si su calidad correspondía al precio que por ellas se pagaba, no se pudo acreditar el ilícito hasta que llegó a ser materia judicial.

A diferencia de Errázuriz, que fue expulsado de RN cuando se supo que había cometido el fraude, a Nogueira nunca le quitaron el apoyo en su partido. Aunque en junio de 2009 el entonces fiscal de Valparaíso, Jorge Abbott, ya había decidido formalizarla por fraude al Fisco, la UDI no dudó en que volviera a ser su carta para ocupar el escaño del distrito Nº 19 (Independencia y Recoleta) en las elecciones de ese año. Los 38.297 votos que obtuvo le aseguraron otro período en el Congreso. Un mes después de reasumir su cargo, el 7 de abril de 2010, fue formalizada. Pero la investigación se acabó en octubre del año pasado mediante un acuerdo extrajudicial: Nogueira devolvió al Estado unos $30 millones, canceló otros cinco adicionales a Un Techo Para Chile y quedó sujeta a firma mensual en la fiscalía por los siguientes 18 meses. Ese fue el precio para que la diputada quedara sin prontuario, como si nunca hubiera cometido un ilícito.

LOS ARRIENDOS DE DITTBORN: “SÓLO POR AFECTO”

En la investigación que Abbott llevaba en curso, fue el caso del ex diputado también UDI, Julio Dittborn, el que lo obligó a extender sus indagaciones hacia el uso de las asignaciones destinadas al arriendo de sedes. Porque cuando el programa de investigaciones periodísticas Informe Especial denunció las irregularidades cometidas por varios miembros del Parlamento, el de Dittborn fue el que causó más revuelo.

La investigación dio cuenta de que el ahora ex diputado no usaba los recursos destinados a arrendar inmuebles para financiar las tres sedes distritales que registraba a su nombre, sino que les pagaba a militantes de su partido que le facilitaban sus casas para realizar reuniones y recibir recados. Cuando le consultaron, dijo que lo había hecho “sólo por afecto”, preocupado por el bienestar de dos familias integrantes de su comando que “estaban pasando un momento difícil”. Aseguró también que lo venía haciendo así por años. Y apenas se supo que Abbott lo incluiría como protagonista de su investigación, desde la cúpula de su partido le dieron de inmediato un espaldarazo.

-Es un gran diputado, una persona honorable, un excelente profesional que ha hecho del trabajo en el Parlamento y del trabajo con la gente una misión de vida –dijo el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, sobre Dittborn unos días después de que fuera denunciado en televisión.

Nunca más se supo qué pasó con esa investigación. Dittborn no se presentó a las elecciones de ese año y con el nuevo gobierno asumió la secretaría ejecutiva de la Comisión Bicentenario, donde duró sólo un mes, hasta el 16 de abril de 2010. Poco más de un año después, asumió el cargo que dejó vacante Rodrigo Álvarez al hacerse cargo del Ministerio de Energía. Desde entonces Dittborn es subsecretario de Hacienda.

LOS INMUEBLES FAMILIARES DE SABAG

La forma en que el diputado Jorge Sabag arrendaba sus sedes distritales era incluso más enredada. La ley prohíbe a ambas cámaras del Congreso suscribir contratos entre sus parlamentarios, así como con sus familiares y socios. Pero como lo descubrió una investigación de CIPER, el contrato de arrendamiento de la sede distrital de Sabag pasaba por encima de todas esas restricciones: ubicada en la calle Río Claro 1050, la oficina del parlamentario en Cabrero era propiedad de Hosain Sabag Castillo, senador, padre del diputado, su socio en Transporte Cabrero Ltda. y su correligionario en la Democracia Cristiana.

La misma dirección que el diputado registraba como su sede, era el domicilio de dos sociedades de su padre, una empresa de su propiedad y, según el Diario Oficial, de sus hermanos Patricio y Marisol Sabag. Cada mes, $558.145 como arriendo de sede, eran depositados como parte de su asignación a nombre de Inmobiliaria Nabatieh S.A., una empresa de sus padres donde su hermano Patricio es gerente. Él era encargado de distribuir el dinero para el arriendo de sus tres verdaderas sedes parlamentarias: $120 mil en San Carlos, $230 mil en Quirihue y $200 mil en Yumbel. Para recibir a los vecinos en Cabrero utilizaba otra casa de su padre, quien, según él mismo aseguró, no le cobraba.

-Puede parecer que nosotros estamos lucrando con esto, pero no lucramos con el servicio público, sino que destinamos nuestros bienes para el servicio público –dijo Jorge Sabag a CIPER.

Para la DC tampoco fueron problemas los cuestionamientos. Al igual que Nogueira, Sabag se presentó a las elecciones con el apoyo irrestricto de su partido y fue reelecto a fines de 2009 con 32.174 votos. La diferencia está en que su caso aún está abierto.

Desde enero de 2010 que Sabag intentó que su causa por negociación incompatible fuera litigada en los tribunales de Cabrero, la localidad donde él y su familia tienen una gran influencia, y no en Valparaíso. Su petición se fundamentaba en que era allí donde tenía su sede, mientras que en Valparaíso sólo se había firmado el contrato de arrendamiento. En marzo de ese año, Sabag logró su cometido y cinco meses después, el tribunal de Cabrero ordenó la prohibición de informar sobre el caso.

En junio de 2011 el diputado fue reformalizado, pero no sirvió de mucho: dos meses después, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó su desafuero por 7 votos contra 6. La fiscal Castiglione, también a cargo de esa investigación, dijo entonces que apelaría. Los abogados del diputado de inmediato aseguraron que eso sería inconstitucional. Pero la fiscal confía en que podrá hacerlo.

-En Concepción perdimos el desafuero, pero seis miembros de la Corte estaban por desaforarlo porque consideraron que los antecedentes indicarían la existencia de fraude. Ahora estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie para que podamos apelar ante la Suprema –dice Castiglione.

Si el TC aprueba la apelación, aún quedará la decisión de la Suprema, que puede conceder o rechazar el desafuero. Si su decisión resulta favorable al Ministerio Público, Jorge Sabag podría enfrentar un proceso similar al de Errázuriz y llegar a convertirse en el segundo parlamentario sancionado judicialmente por defraudar al fisco. Si los ministros rechazan el desafuero, Castiglione no podrá hacer nada más.

Vea también:
Vea la representatividad real de los parlamentarios de su distrito
Vea el cuadro con la representatividad real distrito por distrito
Vea el cuadro con la representatividad real a nivel nacional

Elizabeth Oliva (40 años) es auxiliar paramédico de odontología, vive en Pudahuel, es casada y tiene un hijo. Nunca se inscribió en los registros electorales y jamás ha puesto una raya junto al nombre de un candidato en una papeleta. Ella es parte de los 5,5 millones de chilenos que en la última elección parlamentaria, de acuerdo con la investigación desarrollada por CIPER, optaron por no elegir un representante al Congreso. Pero no se engañe, Elizabeth Oliva tiene opinión política. Una opinión crítica y preñada de descontento, especialmente con el manejo económico de las cúpulas gobernantes:

-Los políticos se preocupan más de los indigentes y no de la clase media. Nos tienen descuidados. Y esto viene de años, ya que ningún gobierno ha establecido reformas para corregir las desigualdades -dice Elizabeth, quien cuenta que le quedan nueve años para saldar su préstamo hipotecario, por el que paga $ 58 mil mensuales, que debe $700 mil a una caja de compensación y otros $600 mil en multitiendas.

Admite que la única vez que sintió deseos de votar fue en la última presidencial: “Quise participar en el cambio del gobierno de la Concertación al de la derecha. Pero el cambio prometido no ha sido tan así, porque lo que se prometió no se cumplió”.

Elizabeth Oliva no es anarquista ni bolchevique. Ni ecologista ni hippie. Tampoco ha salido a marchar con los estudiantes. Es una mujer de clase media, con estudios, empleada y endeudada, como la mayoría de los chilenos que han decidido permanecer al margen del sistema político y electoral. Un grupo que de continuar la tendencia actual, será mayoritario al cabo de unos diez años. Hoy, según la investigación de CIPER, suman el 45,68% de los chilenos mayores de 18 años. En 1988 eran sólo el 17,9%, pero subieron a 29,1% en 1999 y a 38,5% en 2005. De continuar la tendencia y si no hay reformas que impulsen la participación electoral, al 2021 superarán con comodidad el 50%.

Errázuriz, Platovsky y los estudiantes

-Los partidos no tienen conexión con el ciudadano y está agotado el sistema (político) que tenemos. Es muy bueno que se analice el cambio del sistema binominal y la renovación de los políticos, porque en 20 años hemos creado una casta. De senador pasan a ministro y luego volverán a ser senador o presidente de partido (…). La población se ha dado cuenta de que estos señores que son profesionales de la política no los representan.

Estas palabras, que retratan con acierto a quienes comparten la posición de Elizabeth Oliva, resonaron en un salón universitario sólo un día después de la marcha del 9 de agosto que congregó a más de 100 mil manifestantes. Pero no las pronunció un dirigente estudiantil ante una asamblea. Fueron dichas en las aulas de la conservadora Universidad Finis Terrae. Para mayor precisión, en el encuentro mensual del Club Monetario de esa casa de estudios. Y su autor fue nada menos que el principal “gurú” de los inversionistas chilenos, el hombre cuyas decisiones iluminan el mercado y señalan el camino a quienes buscan el lucro: Jorge Errázuriz Grez, presidente de Celfin Corredores de Bolsa y miembro del consejo directivo del Centro de Estudios Públicos (CEP).

El “hombre fuerte” del mercado chileno debía hablar sobre los riesgos de la crisis económica internacional, pero -según la versión de La Segunda- sacudió a la audiencia indicando que los problemas de Chile no están en las ruedas bursátiles: “Están en la calle y son mucho más serios (…). El interlocutor del gobierno no es la oposición, sino dirigentes estudiantiles. Y la democracia republicana que tenemos, no sabe cómo reaccionar”.

En esos días el gobierno se esforzaba por radicar el quemante conflicto estudiantil en el Congreso Nacional y los presidentes de las dos cámaras legislativas se apuraban a ofrecer el Parlamento para albergar las negociaciones. La respuesta de los jóvenes fue un “no” rotundo. Entre las razones que esgrimieron, señalaron que el Congreso ya no es representativo de la sociedad chilena y que sus integrantes surgen de un sistema electoral excluyente.

Si ya resultaba curiosa la sintonía de Errázuriz y los líderes estudiantiles en sus diagnósticos sobre el agotamiento del sistema político y electoral, se les sumó el empresario Daniel Platovsky, amigo del Presidente Sebastián Piñera y militante de Renovación Nacional:

-El que se exija más calidad en la educación demuestra que tenemos una ciudadanía ilustrada, que se da cuenta de que no hay igualdad de oportunidades (…). Al inicio de la transición se produjo un acuerdo de actores políticos, que le dio estabilidad al país (…). Hoy la realidad es diametralmente distinta, por lo que la gente exige un nuevo pacto social, donde todos se sientan integrados –dijo en La Tercera del 22 de agosto.

¿Cuán divorciado está el sistema político de las demandas de la ciudadanía? ¿Cuán profunda es la falta de representatividad del Congreso Nacional? CIPER intentó responder estas preguntas y revisó, distrito por distrito, los resultados de la última elección de diputados, comparando el número de chilenos que dieron su voto a un candidato y la cifra de compatriotas que optó por no elegir representante. Las conclusiones son decidoras (vea la representatividad real de los parlamentarios de su distrito).

¿Jubilados o estudiantes?

El 45,68% del universo total de chilenos mayores de 18 años prefirió no elegir un candidato a diputado en las votaciones de 2009. Sólo el 54,32 % de la población que cumple con el requisito de ser mayor de edad efectivamente eligió un postulante. Y apenas el 32,54% de todos los mayores de 18 años está representado en el Congreso por el candidato al que le dio su voto. Más alarmante aún es que en el hemiciclo hay diputados que se sientan en sus escaños aunque sólo obtuvieron el respaldo del 7 u 8 por ciento del total de mayores de edad que residen en sus distritos.

La falta de representatividad se agrava en los distritos más populosos, como lo son San Bernardo-Buin, Maipú-Estación Central y La Pintana-Puente Alto (vea los cuadros de representatividad distrito por distrito y a nivel nacional).

Los especialistas en materia electoral señalan que en Chile cerca del 60% de las personas con derecho a voto están inscritas en el registro electoral. Un porcentaje aceptable en comparación a otras democracias consolidadas, tales como Alemania (64,6%) y Reino Unido (61%). Y francamente superior al de Francia (43%) y Estados Unidos (38,46%).

No obstante, la representatividad del sistema político chileno es bastante más baja de lo que indican estas cifras. En primer lugar, porque hay más de 1,6 millón de chilenos que estando inscrito, no vota o lo hace en blanco o nulo. Y en segundo término, porque a diferencia de lo que ocurre en sistemas como los de Francia y Estados Unidos, donde el padrón es bajo pero representa equitativamente los diversos grupos sociales, en Chile el registro electoral no es una “foto” fiel de la ciudadanía: es más “viejo” que el país real.

Así se dio la paradoja de que en la elección presidencial de 2005 el principal tema de campaña de los candidatos Bachelet, Piñera y Lavín fue la reforma al sistema de pensiones, pero a tres meses de iniciado el nuevo gobierno se produjo una revuelta estudiantil que puso en agenda un tema que nunca estuvo en los cálculos de las cúpulas -la reforma educacional- y que cinco años después sigue siendo el mayor foco de conflicto social.

Los que no eligen: 5,5 millones

Las multitudinarias marchas de las últimas semanas han dejado en evidencia que existe un amplio grupo de chilenos interesados en las políticas públicas, pero que no están inscritos en los registros electorales, no votan ni se sienten representados en el Parlamento. De hecho, el Presidente Piñera sorprendió al mundo político este martes 6 al anunciar que su gobierno está estudiando una reforma al sistema electoral: “Llegó el momento de reaccionar y no simplemente quedarnos indiferentes ante estos signos y gritos que la ciudadanía está dando, con mucha fuerza y claridad”.

Un día antes se había conocido la encuesta Adimark, uno de los oráculos más esperados por los políticos, que indicó que el 66% de los consultados desaprueba al bloque oficialista, el 71% a la Concertación, el 64 % a la Cámara de Diputados, el 69% al Senado, el 68% al Presidente Piñera y el 70% al gobierno. La representatividad del sistema político está en crisis y el director de Adimark, Roberto Méndez, tras conocer las cifras de la investigación de CIPER, señaló que “con los datos que ustedes plantean queda claro que el sistema se agotó” (vea la entrevista a Méndez).

CIPER tomó las proyecciones de población para el 2009 hechas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en cada comuna del país y las cruzó con las cifras de la elección parlamentaria de ese mismo año consignadas por el Servicio Electoral (Servel). La investigación arrojó una extensa base de datos que indica que en 2009 había 12.180.403 chilenos que cumplían con el requisito que exige la ley para votar: ser mayor de 18 años. De ellos, más de 5,5 millones prefirieron no votar por un candidato en la elección de diputados de 2009.

En los registros electorales hay 8.285.186 inscritos. Es decir, cerca de 3,9 millones de chilenos no están en el padrón. A éstos últimos, en la elección de diputados de 2009 se sumaron 1.021.649 personas que no concurrieron a votar, aunque estaban inscritas. Y se les agregaron también aquellos que fueron a sufragar, pero no manifestaron preferencia por alguno de los candidatos, es decir, los que votaron nulo o blanco (442.161 y 205.520, respectivamente).

En total, en la última elección de diputados, 5.564.547 chilenos no marcaron una preferencia para elegir un representante en el Parlamento. En contraste, sí votaron por una de las candidaturas en competencia un total de 6.615.856 personas (54,32% de todos los mayores de 18 años).

Los ciudadanos que votaron por un postulante que resultó electo y que son los únicos que con toda propiedad pueden sentirse representados en el Congreso Nacional, sumaron 3.963.651 electores, que corresponden sólo a un 32,54% del total de chilenos mayores de 18 años.

La subrepresentación se agrava en los distritos más populosos. En La Pintana-Puente Alto, por ejemplo, había 649.010 mayores de 18 años en 2009, pero los que no votaron por un candidato alcanzaron al 71,56% de esa cifra. Aunque los datos del Servicio Electoral (descontados los votos blancos y nulos, que se contabilizan dentro de quienes no eligieron candidato) indican que los diputados Osvaldo Andrade (PS) y Leopoldo Pérez (RN) fueron electos con un 26,34% y 21,71% de los sufragios, esos porcentajes se diluyen si se comparan con la población total de mayores de edad del distrito: la votación que obtuvo Andrade sólo representa el 8,5% de ese universo y la de Pérez, el 7,1%.

En San Bernardo-Buin, los que no votaron por un postulante suman el 64,99% de los 319.120 mayores de edad que hay en el distrito. Ahí los diputados Ramón Farías (PPD) y José Antonio Kast (UDI), representan el 9,19% y el 16,74%, respectivamente, de la población total que podría votar.

Y en Maipú-Estación Central, los que optaron por no elegir representante en el Parlamento alcanzan al 64,8% de los 686.395 mayores de edad que residen en el distrito. En esa zona, los votos que obtuvo el diputado Pepe Auth (PPD) corresponden al 7,28% del total de los mayores de edad y los que consiguió la diputada Mónica Zalaquett (UDI) suman el 8,18% de ese mismo universo.

El perfil de los desencantados

Diversos son los estudios que demuestran que el padrón electoral chileno está envejeciendo. En 1988 los inscritos que tenían entre 18 y 29 años correspondían al 36% de los votantes, constituyendo el grupo etário con mayor representación. Hoy sólo conforman el 8,1% del padrón.

En contrapartida, el grupo de “70 años y más” representaba el 5,4% del total de inscritos en 1988, pero ahora se empina sobre el 11,8%. Las estadísticas indican que hace 15 años el 50% de los inscritos tenían menos de 40 años y ahora sólo un 27% corresponde a ese rango de edad.

Circunscribir el fenómeno de los no votantes a una caricatura de jóvenes rebeldes y anarquistas o personas sin educación, es un grave error. Entre quienes hoy optan por no elegir a las autoridades, va aumentando paulatinamente el perfil de personas que superan los 30 años de edad, de clase media, con mayor escolaridad. Son jefes de familia, empleados, endeudados y críticos de un sistema electoral que no genera incertidumbre sobre sus resultados, pues dicen que siempre ganan los mismos -Concertación o Alianza-, sectores con los que no se sienten representados.

Con dos hijos y separada, Paulina Parada (36 años) es una jefa de hogar de Cerro Navia, trabaja en una carnicería, tiene deudas por $600 mil en ABC y Líder. No está inscrita y dice que los políticos la decepcionaron: “Yo me separé y estaba súper mal. Un político me prometió una mediagua si me inscribía en los registros electorales. Eran puras mentiras”. La única vez que tuvo ganas de votar, cuenta, fue en la elección presidencial de 2005. “Sentía simpatía por la Bachelet y por ella habría votado”.

José Pérez (44 años) es un desencantado. Se inscribió en 1988, pero después dejó de votar. Trabaja en la construcción, vive en La Florida, es casado, tiene dos hijos y está endeudado por los estudios universitarios de su hija mayor: “Ya no voto porque me decepcionó la política. Está muy lejos de la gente. Mira lo que ocurre con los estudiantes. Y la gente de clase media es la que más se da cuenta de esto, porque ha estudiado más. A las clases populares les cuesta comprender eso. Solamente voté para el Sí y el No. Ahora no me motiva ninguno de los sectores”.

“Si no estás en el padrón, no existes”

En el distrito Nº 20, donde Mónica Zalaquett (UDI) compitió para representar a las comunas de Cerrillos, Estación Central y Maipú, en 2009 sólo votó por algunas de las listas el 35,18% de todos los mayores de 18 años. Ella obtuvo el 20,99% de los votos, lo que equivale a una representación efectiva en la Cámara de sólo un 8,19%. Si se suma el porcentaje que obtuvo el diputado Pepe Auth (PPD), entre los dos hacen un 15,47%: ese es el porcentaje de chilenos de ese distrito que tiene representación en el Parlamento.

Zalaquett recibió a CIPER en su oficina del Congreso. Allí tiene una vista privilegiada al puerto de Valparaíso, una foto de su hermano Pablo y otra de Jaime Guzmán. De entrada, aseguró que está conciente de la falta de representatividad en el Parlamento. Calculó que tres de cada diez personas votan. Según ella, fue precisamente por eso que compitió.

Después de ver las cifras del estudio de CIPER, Zalaquett dijo que la representatividad debe medirse en relación a la masa votante y no a la población mayor de 18 años. A su juicio, sólo habría que considerar a los que están inscritos y cumplen con su deber cívico: “Muchos alegan por sus derechos, pero no están conscientes de sus deberes”.

Mientras hablaba recibió un llamado. Dijo que debía bajar a votar y que al rato seguiría con la entrevista. La diputada bajó a votar el proyecto sobre el plebiscito que exigen los estudiantes. Antes de que esa propuesta se rechazara por 52 votos contra 48, el diputado Edmundo Eluchans, del mismo partido de Zalaquett, argumentó que los plebiscitos no correspondían porque el país tiene representación en el Congreso para esos temas. Tras la votación, el presidente de la Cámara, Patricio Melero, también UDI, dijo: “Este mayoritario rechazo deja en evidencia que la democracia representativa y la aprobación de distintos proyectos de ley son los caminos por los cuales se deben generar las modificaciones al sistema educacional”.

Zalaquett volvió a su oficina. Uno de los votos en contra del plebiscito fue el suyo. Consultada por qué se sumó a su partido bajo el argumento de que la representación política está en el Congreso, si recién había reconocido que había una crisis de representatividad en el Parlamento, respondió que aunque la poca participación electoral podría poner en peligro la democracia, el Congreso es la institución representativa del país. Y soltó una máxima dramática: “Si se quiere plebiscitar todo, que se acabe con el Congreso, pero mientras yo esté aquí no lo voy a permitir”.

El diputado Leopoldo Pérez (RN) revisó las cifras del estudio de CIPER y reconoció que su representación es bajísima: 7,01% de los mayores de edad que hay en La Pintana-Puente Alto:

-Claro que es bajo, pero esas son las reglas del juego. Por eso no creo que exista una crisis de representatividad. Guste o no, es el sistema que hay (…). La única forma de manifestarse es dentro del sistema. Si no estás dentro, no existes, no eres un voto. Si no estás en el padrón, no cuentas.

Uno de los chilenos que a juicio de Pérez no cuenta es Marcelo Arriagada (34 años), quien trabaja en Saxoline, vive en Santiago, estudia Administración de Empresas en la Universidad de las Américas y tiene una deuda por un año de estudios que cursó en la Universidad de Chile. Nunca se inscribió y para él, todos los parlamentarios tampoco cuentan: “Para mí, la política es un montón de tipos sentados en el Senado haciendo nada. Las revueltas sociales son reflejo del malestar popular”.

El diputado Pérez intenta explicar la baja participación electoral de su distrito con dos argumentos: que los jóvenes de esas comunas tienen poco interés en los temas públicos, ya que el 40% provienen de hogares vulnerables carentes de uno de los jefes del hogar; y que su distrito se ha poblado con erradicaciones de familias que vienen de otras comunas, por lo que sus habitantes votan en sus lugares de origen.

Efectivamente, hay comunas donde residen muchos ciudadanos que están inscritos en otros distritos. Por eso la investigación de CIPER hizo también el cálculo a nivel nacional, para corregir esas distorsiones. Se dan casos, por ejemplo, de comunas rurales donde hay más inscritos que residentes mayores de edad, porque muchas personas se sumaron al padrón antes de independizarse de sus familias y mudarse a otros lugares. También hay casos, como en Santiago, donde hay más inscritos que residentes en edad de votar porque muchas personas se inscriben en su lugar de trabajo.

La reforma en el clóset

Pepe Auth (PPD), diputado por Maipú al igual que Mónica Zalaquett, representa al 7,28% de los mayores de 18 años de su distrito. Pero a diferencia de sus colegas, sí cree que hay una profunda crisis en el sistema y la divide en dos áreas: participación y representación.

-La crisis de participación es porque el padrón ha ido envejeciendo y el país electoral cada vez se corresponde menos con el país real, que es más joven. Entonces, la oferta de los candidatos se centra en los temas que interesan a las personas de más edad -dice Auth, quien paradójicamente llegó exhausto a la cita con CIPER después de bailar en Estación Central con una centena de veteranas que celebraban haber pasado agosto.

“Y la crisis de representación se refleja en que lo que está en el Parlamento no representa a toda la sociedad. Y con cada elección que pasa, el Congreso representa a un sector menor”, agrega.

A juicio de Auth, el principal escollo para mejorar la participación es el sistema electoral binominal: “El problema del binominal es doble. En primer lugar, la mayoría empata con la minoría y no puede generar cambios de fondo. Y el segundo problema es que excluye a todo aquel que no es de la primera o segunda mayoría. Uno puede constituir una fuerza del 20% o 25% y no existir. El binominal es un sistema proporcional distorsionado, porque proporciona entre los dos actores más fuertes y excluye al resto”.

Para Auth, la corrección pasa, en primer lugar, porque se cumpla con la reforma constitucional aprobada en 2009 que ya consagró la inscripción automática de los mayores de edad y el voto voluntario, un cambio que no se ha concretado porque el gobierno y los parlamentarios no han hecho las modificaciones a la ley orgánica que regula las votaciones:

-Cada día que pasa aumenta la deuda del sistema político con el país, porque la Constitución ya asegura el voto voluntario para todos los mayores de 18 años y alguien podría, incluso, acusar a las autoridades de notable abandono de deberes por negarle ese derecho constitucional- dice Auth.

De materializarse esa reforma, se ampliaría automáticamente el padrón a casi cuatro millones de nuevos electores. Y eso, dice Auth, aterroriza a algunos partidos y parlamentarios que temen perder sus escaños si hay más competencia: “Entre la derecha y una parte de la DC han bloqueado el cambio. El voto voluntario para millones de electores nuevos obligará a los candidatos a plantear temas de interés real para la gente, que pueden ser incómodos en algunos partidos. La próxima campaña podría enfrentar, por ejemplo, a los que están por el lucro y los que estamos en contra”.

Libertad y Desarrollo, por el cambio

Pero, a pesar de lo que sostiene Auth, no toda la derecha se opone a los cambios. José Francisco García y Álvaro Bellolio, expertos del Instituto Libertad y Desarrollo, que presta asesoría legislativa a las bancadas oficialistas, trabajan actualmente en un texto con propuestas para activar la participación electoral, las que no excluyen eventuales cambios al binominal (vea la columna que ambos prepararon para CIPER).

Bellolio plantea que factores como la inscripción automática, voto voluntario, voto de chilenos en el extranjero, límite a la reelección, mayor financiamiento para candidatos que “desafían” a los autoridades que intentan reelegirse y primarias reguladas por el Servel, “podrían tener un impacto a corto plazo, al generar mayor representatividad y darle un aire fresco al padrón”. Otra opción, dice, es el redistritaje y/o aumentar el número de parlamentarios.

Ambos indican que para hacer modificaciones al sistema electoral debe consensuarse primero, cuál es el objetivo: más gobernabilidad o más proporcionalidad. El binominal privilegia la gobernabilidad. “Si el diagnóstico es que nuestro sistema adolece de niveles de proporcionalidad que son atentatorios contra principios de igualdad básicos, podrían darse perfeccionamientos”, dicen. Uno de ellos podría ser asignar un número de diputados “a las coaliciones que obtengan más del 5%, 6% ó 7% de la votación a nivel nacional”

-El sistema binominal está empantanado porque se están reforzando sus atributos de gobernabilidad. Aquello que uno querría que tuviera un sistema electoral, que es una competencia muy robusta, está frenado. Y las directivas de los partidos estarían teniendo demasiado poder (para designar candidatos con el triunfo casi asegurado) cuando uno querría un sistema más competitivo -acota García.

El poder de los partidos, en contraposición al principio de representatividad, llega al extremo cuando se trata de reemplazar a un parlamentario. En esos casos las directivas eligen sencillamente “a dedo”. A continuación, los tres casos que se han dado en la actual Cámara de Diputados, para que juzgue usted:

1. Gonzalo Uriarte fue designado senador en reemplazo de Evelyn Matthei, luego de que ésta asumiera como ministra del Trabajo, en enero de 2011. El cupo que dejó en la Cámara ahora lo ocupa el diputado Cristian Letelier, quien perdió con el 1,67% de los votos cuando en 2009 compitió en la Tercera Circunscripción Senatorial.

2. El diputado Alejandro García-Huidobro remplazó a principios de agosto a Andrés Chadwick en el Senado, luego de que éste asumiera la vocería del gobierno. García-Huidobro fue reemplazado en la Cámara por el historiador Issa Kort, ex seremi de Cultura de la VI Región. Kort nunca ha participado en una elección.

3. En abril de este año, el diputado Juan Lobos falleció en un accidente vehicular. En su reemplazo asumió a principios de mayo Joel Rosales. Éste último, al menos, había sido electo alcalde de Los Ángeles en 2008 con 33.739 votos.

(*) Esta investigación contó con la colaboración del estudiante en práctica Jorge Aliaga, y contempló sólo el universo de la Cámara de Diputados por ser esa entidad la que se renovó completamente en la última elección a nivel nacional.

-¿Esto es algo que se extrapola a todo el espectro político o sólo se concentra en el Congreso?
Las encuestas de opinión nos indican que las personas no se sienten representadas especialmente por el Congreso. Este sistema electoral que se aplica al Parlamento no es el mismo que corre para el presidente o para los alcaldes. Hay una mezcla de cosas, pero lo general es que en Chile tenemos una crisis de representación. Sobre eso se está generando un consenso y los datos de CIPER son un elemento muy valioso para confirmar la idea de que el sistema político se agotó. Hay distintas opiniones del rol que tuvo el sistema político que se creó y que nos ha regido durante los últimos 20 años.

-Cuando se refiere al sistema, ¿es al sistema político completo o sólo al binominal?
Fundamentalmente, al sistema binominal. En el sistema de elección presidencial hay un mayor grado de legitimidad al ser unipersonal. Pero es el sistema binominal el que le ha hecho perder legitimidad al Congreso, aunque no es sólo eso. Esto se explica también por la falta de legitimidad que tienen los partidos. La crisis del sistema político no sólo incluye al sistema binominal, sino que también una reforma al sistema de los partidos. Hay que revisar su estructura democrática interna porque la verdad es que en un sistema binominal, los partidos son muy poderosos: al final, son los que nominan a los representantes, pero carecen de un sistema democrático transparente. Uno ve que los partidos están cautivos de grupos, de cúpulas, de máquinas. Entonces no es sólo el binominal, sino que el fenómeno de los partidos también forma parte, y a eso se le suma un tercer tema: la reelección prácticamente indefinida que presentan los diputados y senadores, donde vemos a algunos que se han eternizado en los cargos.

-Uno de los factores que inciden en la baja participación política, principalmente en los jóvenes, es que elección tras elección los parlamentarios son casi los mismos.
Efectivamente. Muchos de ellos llevan más de 20 años en el Congreso, lo que ha dado origen a una profesionalización de la política. Lo que vemos es que hoy, lo que llamamos “clase política”, es en realidad un grupo de personas que se ha dedicado de forma profesional a la política como una carrera de vida, como si fuera su carrera profesional. Eso tiende a separarlos, desde el punto de vista de la ciudadanía, de la gente común. Este agotamiento del sistema político requiere revisar el binominal, que es parte del problema, pero además está el tema de los partidos, la reelección y, probablemente lo más complejo que es la inscripción automática, que por sí sola no soluciona mucho. Si al final, con o sin inscripción automática, la gente que no quiere votar no lo va a hacer. Ese no es el tema. Lo que hay que hacer es lograr que la gente se sienta representada y para eso, creo que los tres pilares son una revisión tanto del binominal, como de la democracia al interior de los partidos y la reelección indefinida.

-¿Cómo se mejora la estructura de los partidos para acercarlos a la gente?
Probablemente por medio de primarias vinculantes al interior de los partidos. Con eso, la gente participaría en las nominaciones y dejaría de ser un acuerdo de estas mismas cúpulas no representativas. La misma elección de las cúpulas y su renovación es un tema. La gente ve a los partidos y se encuentra con directivos que llevan 20 ó 30 años en sus cargos, que van rotando. Todo esto ha sido un atentado para la legitimidad de los sectores políticos.

-Pero todos esos cambios son a largo plazo.
No es fácil cambiarlo porque tampoco tenemos claro cómo se cambia ni por qué se cambia. Podemos cambiar el sistema binominal, pero hay muchas opiniones y muchos sistemas, todos con sus ventajas y desventajas. Creo que trabajos como el que están haciendo ustedes son elementos para abrir una discusión que tiene que ser amplia. No es sólo el sistema binominal.

-En el oficialismo son pocos los que consideran la opción de cambiar el binominal. Algunos dicen que sirvió para equilibrar las fuerzas políticas y que podría ser momento de revisarlo, pero no estiman que necesariamente influya en la poca participación de la ciudadanía.
Con los datos que ustedes plantean queda claro que el sistema ya se agotó. Creo que no es momento de una discusión más académica, de mirar hacia atrás y ver si fue bueno o malo. Sentarse en una discusión eterna para evaluar lo que fue este sistema, si viene de la dictadura y si es legítimo o no, no es lo más relevante. Cumplió un rol y un ciclo, pero eso hay que dejárselo a los historiadores y analistas. La evidencia que muestran estos datos, las encuestas, la insatisfacción de las personas en la calle y los estudiantes que no quieren llevar la conversación al Congreso porque no lo encuentran legítimo como lugar de discusión, demuestran que hoy ese ciclo ya se agotó y hay que pensar en una cosa nueva. Lo importante es ver cómo modificamos este sistema para hacerlo representativo, para que la gente se sienta representada en las instituciones políticas. Y no sólo en el Congreso, sino que también en los partidos, que están completamente deslegitimados.

-Gran parte del descontento social tiene que ver con temas cruciales que no se han solucionado en el Congreso. ¿Cuáles son las grandes deudas que la gente le cobra a los parlamentarios?
Creo que la reforma del sistema político es un tema bastante técnico que la mayoría de la gente no entiende demasiado. Deben ser los cientistas políticos y los que conocen la experiencia internacional los que deben buscar, evaluar y proponer alternativas, porque al final lo que la gente siente son los efectos de los sistemas. Efectivamente, nuestro Congreso no ha sabido responder a las inquietudes de las personas, algo que ha quedado más que claro con las demandas estudiantiles. Obviamente que resulta irritante para los jóvenes que algunos de los acuerdos que se tomaron en 2006, con el movimiento de los pingüinos, han demorado unos cinco años en aprobarse o aún están en discusión. Todo eso ha significado un fracaso de un Congreso que no está respondiendo a los ritmos ni a las inquietudes de las personas. Se han sentido estafados. Entonces aparece otro tema: la falta de legitimidad también viene de eso, no sólo de la estructura del sistema. Mucho tiene que ver la incapacidad de responder a los intereses ciudadanos. Ahí también están todas las comisiones investigadoras que se han formado y que al final no llegan a ninguna parte. Es un conjunto de elementos que hoy tenemos que enfrentar y que le han pasado la cuenta al Congreso.

-Muchos diputados están de acuerdo en que la inscripción automática y el voto voluntario, que incluso está garantizado por la Constitución desde 2009, son un paso adelante. Pero la Ley Orgánica de Elecciones que permitiría ese derecho aún no se ha aprobado.
La gente siente que el Congreso se ha deslegitimado en su origen, hay una duda sobre su generación, pero actualmente hay también una fuerte crítica a su manera de actuar. Eso crea esta situación que hoy es insostenible y muy incómoda para los parlamentarios, además de dificultar el sistema político. Si no tenemos un Congreso legítimo, la discusión política queda afuera de él y se empieza a destruir la institucionalidad. Así ha pasado con las discusiones y negociaciones del conflicto estudiantil. Es vergonzoso para el Congreso que el gobierno y los estudiantes estén discutiendo directamente sin la presencia del Parlamento. Es una demostración de la humillación a la que ha llegado esta situación y de lo crítica que es la situación de nuestro Congreso.

-¿A eso responde el llamado a plebiscito que han hecho los estudiantes?
De alguna manera, ese llamado es una forma de saltarse la institución donde están representados los ciudadanos, que es el Congreso Nacional. Hay varias señales bastante complejas, porque en definitiva es una deslegitimación del Congreso y las instituciones. El gran orgullo que hemos tenido en estos años, desde el Presidente Ricardo Lagos, es que las instituciones funcionan. Y en estos últimos meses, está claro que no están funcionando.

-Tanto en las encuestas como en las manifestaciones ciudadanas se ha demostrado que una gran parte de la población rechaza tanto a la derecha como a la Concertación. Hay sondeos que indican que los líderes del movimiento estudiantil tienen más apoyo que los dos principales conglomerados políticos.
Eso es notable: el movimiento estudiantil ha logrado un nivel de unanimidad, adhesión y simpatía en la opinión pública que es sorprendentemente alto, un grado de legitimidad que no tienen las instituciones. Eso les ha dado un poder inmenso que muy probablemente para ellos mismos es muy difícil de manejar. Son instituciones muy difíciles. Ellos son dirigentes que tienen que responder a una confederación que también es difícil de dirigir. Es una situación anómala y muy peligrosa, porque no es un poder institucionalizado, sino que es un poder de facto que se ha creado precisamente por la debilidad del sistema político y que los estudiantes no saben cómo administrar. Es un arma de doble filo muy compleja. Pero la adhesión ha sido impresionante. Es una de las pocas causas que actualmente gozan de acuerdo general, porque tiene que ver con un problema real y representa una situación que afecta a la clase media chilena, algo que los estudiantes han sabido comunicar muy bien.

Algunos dicen -especialmente en la derecha- que este es un falso problema pues la reforma de la política no figura en las encuestas como una demanda ciudadana. Es efectivo, pero esa es una manera muy mediocre de fijar la agenda de una sociedad, pues hay asuntos esenciales que no serán nunca objeto de prioridad en las encuestas. Nadie demanda equilibrios macroeconómicos ni tampoco mayor electricidad, petróleo o gas. Pero no hay progreso material sin una economía en orden; ni salud ni educación ni empleo sin disponibilidad de energía.

El sistema electoral o una ley de partidos no será nunca una demanda que registren las encuestas (como no lo será la regla fiscal), pero sí tal vez lo sean los frutos que debe proveer un buen sistema político: estabilidad, justicia, paz, orden, igualdad de oportunidades. En este sentido, la importancia del sistema político es una de las mayores. Un mal sistema político puede arruinar más a un país que un mal manejo económico; en tanto que uno bueno contribuye más al progreso de una nación que la disposición de abundantes recursos naturales.

Las evidencias del deterioro de nuestro sistema político son enormes. Analicémoslas.

UN PADRÓN NO REPRESENTATIVO

En Chile votan cada vez menos personas. La comparación entre los que tienen derecho a votar, los que están inscritos en los registros electorales y los que sufragan, muestra una peligrosa tendencia. En 1989, sobre un total de 8,5 millones de personas con derecho a voto, estaban inscritos 7,5 millones, el 88 por ciento; y sufragaron 7 millones, esto es el 82 por ciento. Veinte años después, la situación es la siguiente: sobre un total de 12,4 millones de chilenos con derecho a voto, sólo está inscrito el 67 por ciento y sufragan apenas 7 millones, esto es el 56 por ciento.

Esos casi 4 millones de no inscritos son jóvenes entre 18 y 38 años de edad, lo que significa que el padrón electoral chileno entrega una abrumadora sobre representación a adultos en que los más jóvenes abandonaron los colegios y liceos hace 20 y más años.

FALTA DE COMPETENCIA

La inscripción electoral es la piedra fundamental sobre la que descansa la integración al sistema político, pero aunque ella fuera casi perfecta, sería un derecho ilusorio si la posibilidad de ser candidato a los cargos de representación fuera muy difícil o gravemente restringida. Y esto último es lo que ocurre en nuestra política.

De partida, el sistema binominal sólo permite dos candidatos por distrito o circunscripción pues sólo dos son los cargos a elegir en cada lugar. Si a ello se agrega que en más del 80 por ciento de los lugares (50 de 60 distritos en los diputados, y 17 de 19 circunscripciones senatoriales) se sabe que la Concertación elegirá uno y la Alianza el otro, entonces es posible determinar con una alta probabilidad qué partido dentro de cada coalición tiene la ventaja y por esa vía se da en muchos casos -bastante más que la mayoría- la regla de “candidato propuesto, candidato elegido”. En estos casos la clave para llegar al Congreso no está en el voto popular sino en ser incorporado a la lista.

Por esta razón, a los parlamentarios en ejercicio -los incumbentes- los une un mismo reclamo: que se les asigne el único lugar que a su partido le corresponde en la lista. Ellos encubren esta demanda en un término latino, el “uti possidetis”, que significa que “como tu lo posees (el distrito), lo continuarás poseyendo”. El resultado es lo que Oscar Godoy, actual embajador en Italia, denunció como “la destrucción de todo vestigio de libertad para elegir”, escapando el proceso electoral del control ciudadano “y quedando radicado en las minorías dirigentes que atribuyen las candidaturas” o, para decirlo más directamente, en las oligarquías parlamentarias que controlan los partidos a nivel nacional o regional.

CANDIDATOS UNICOS

Los defensores de las dictaduras comunistas solían decir que en las democracias populares el pueblo tenía derecho a elegir libremente a sus representantes… pero que desgraciadamente no había más que candidatos únicos. Candidaturas únicas -cierto que al interior del propio pacto- es lo que está creando cada vez más la derecha y con una tendencia de la Concertación a imitarla.

Como hay dos candidatos por zona electoral, basta una pequeña manipulación para asignar senadurías y diputaciones seguras: o se decide llevar un solo candidato y no dos en la lista o, si se quiere ofender menos al pudor, entonces se lleva a un candidato fuerte pero acompañado por otro que no va a hacer campaña. Es lo que sucedió en la elección senatorial de 2001, donde se renovaban 9 circunscripciones. La derecha admitió competencia en sólo dos de ellas: en la Primera Región, entre Julio Lagos (RN) y Jaime Orpis (UDI) y en la Novena Sur, entre José García (RN) y Eduardo Díaz (UDI). En otras cuatro llevó candidatos únicos: en la Tercera, Baldo Procurika (RN); en la Quinta Costa a Jorge Patricio Arancibia (UDI); en la Novena Norte a Alberto Espina (RN); y en la Décimo Primera a Antonio Horvath. En tres de estos cuatro casos, la candidatura única se logró defenestrando con rudeza a candidatos alternativos: Herman Chadwick (UDI), en la Tercera; Sebastián Piñera (RN) en la Quinta; y Francisco Prat (RN) en la Novena Norte, donde era senador. Finalmente, en las otras tres los candidatos nombrados por los partidos –Sergio Romero (RN) en la Quinta Interior, Juan Antonio Coloma (UDI) en la Séptima Norte y Hernán Larraín (UDI) en la Séptima Sur- fueron acompañados por candidatos que no eran una amenaza para nadie como lo prueba el que obtuvieron el 2,9, el 1,6 y el 2,6 por ciento de los votos, respectivamente.

Hay senadores que llevan 16 años ocupando un sillón parlamentario supuestamente elegido por el pueblo, sin que jamás hayan tenido una competencia por el cargo. Su designación la deben a los partidos que les asignan un “cupo” seguro, en tanto que al pueblo le corresponde el derecho a ratificar -sí o sí- la única oferta parlamentaria que le han hecho.

En las próximas elecciones de alcaldes el sistema expondrá, una vez más y de modo casi obsceno, estas carencias: 350 alcaldes, de gobierno y oposición, reclamarán el “uti possidetis” y serán la única opción por la que puedan votar sus coaliciones. El derecho del pueblo a elegir habrá sido reducido a la mera “ratificación” de lo que decidan los partidos. En concejales, en cambio, aunque con imperfecciones, el sistema será más abierto pues habrá representación proporcional.

“NOMBRAMIENTO” DE PARLAMENTARIOS

A la anterior distorsión se agrega otra en que se ha reparado algo más en meses recientes y que ha causado enorme daño al prestigio y a la legitimidad del Parlamento, particularmente al Senado. Se trata de la práctica iniciada por la Concertación de nombrar parlamentarios (Carolina Tohá) en cargos ministeriales y que los partidos procedan a designar sus reemplazantes. Bajo el actual gobierno esto ha significado que cuatro senadores electos y tal vez los de mayor influencia de la derecha (Evelyn Mathei, Pablo Longueira, Andrés Chadwick y Andrés Allamand) hayan sido reemplazados por nominados de los partidos, la mayoría de los cuales no tenían vinculación con las zonas que hoy representan.

PODEROSO ELECTOR ES “DON DINERO”

Otra falla fundamental del actual orden electoral es el financiamiento de las campañas pues pocas cosas hay que deslegitimen más a un sistema político que el rol desmedido, no regulado y no transparente del dinero en la política. Su efecto es como una metástasis que daña por igual a políticos y empresarios; a los primeros proyectándolos como sirvientes del poder económico y a los segundos como corruptores.

En las pequeñas ciudades y comunidades esta relación es denunciada en los peores términos: es el rico del pueblo, o un puñado de ellos, con “su” parlamentario o “su” alcalde y por esa vía las trenzas de influencia escalan hacia las autoridades administrativas. Esa es, a mi parecer, una imagen excesiva pues sigo sosteniendo que Chile no es un país corrupto, pero de todos los campos donde la amenaza se da es esta relación entre el dinero y la política la que más daña.

La democracia se destruye cuando permea la idea de que la voluntad popular no es nada frente al poder de la riqueza. Además, el sistema se hace menos competitivo y plutocrático, pues si una persona quiere entrar a renovar la política no sólo le será muy difícil lograr un lugar en una lista de candidatos sino que, a continuación, se le agregará una nueva barrera de entrada que es la plata para financiar su campaña.

PARTIDOS EN DECADENCIA

En una democracia el rol de los partidos es insustituible. Si funcionan bien, articulan en proyectos nacionales las demandas diversas y contradictorias de la sociedad; ordenan los miles de puntos de vista en unas pocas alternativas viables; capacitan al personal político; son los principales proveedores de candidatos para los cargos de elección popular y para las más altas funciones de la administración; dan sustento a los gobiernos y ayudan a disciplinar a las bancadas parlamentarias. Si ellos no funcionan todas estas tareas se desempeñan mal: no logran controlar las camarillas ni tampoco los personalismos; no generan proyectos nacionales sino que se comportan como ONGs; carentes de formación se transforman en meras máquinas de poder y muy luego en cerradas oligarquías que intentan monopolizar candidaturas y cargos; y en vez de ofrecer orden contribuyen a hacer más difíciles los gobiernos.

Los partidos políticos chilenos están enfermos, sin excepción. Sus padrones de militantes viven bajo la acusación de ser manipulados. Mientras la población se expande, el número de sus militantes no hace sino caer. Por ejemplo, la Democracia Cristiana, que en la década del ‘80 fue pionera en la captación de adherentes, se estima que en 1990 tenía 100 mil militantes activos y veinte años después no supera los 40 mil, realidad que es similar o peor en las demás colectividades.

Mientras en las elecciones a nivel del Estado jamás se escuchan acusaciones de fraudes, los comicios internos de los partidos son objeto frecuente de escándalos. El atropello a la institucionalidad interna es endémico, como lo acaba de mostrar el reciente golpe de “los coroneles” en la UDI. Decisiones como el nombramiento de candidatos se adoptan “en habitaciones llenas de humo” y ajenas a procedimientos democráticos. Es lamentable que una de las organizaciones que mayor influencia puede tener en la vida pública del país, esté ajena a regulaciones, al cumplimiento de normas mínimas que hagan obligatorio su funcionamiento democrático.

URGENCIA DE UNA REFORMA POLÍTICA

Es urgente la reforma de un sistema político desacreditado, incapaz de solucionar con legitimidad los múltiples problemas que tiene nuestra sociedad. La vida política se empieza a dividir en mundos que no se tocan. Que “los viejos” se queden con las inscripciones electorales, sus elecciones de parlamentarios sin competencia, sus partidos cada vez menos representativos; y “los jóvenes”, con una mezcla de razones y soberbia, condenan a un orden político del cual en parte se automarginan -como cuando torpemente rechazan inscribirse- pero que de modo aún más claro los excluye de las candidaturas, de los medios para competir y les ofrece una participación de segundo rango en una vida ciudadana que ya no calienta a nadie.

En esta dinámica, “los viejos” se mantienen en las instituciones que, reconocen, son cada vez más débiles; y los “jóvenes” van a la agitación. “Los viejos” les ofrecen competir en un padrón electoral envejecido, en un sistema que facilita la manipulación, que es poco transparente y donde es muy difícil integrar las listas de candidatos y prácticamente imposible superar el “uti possidetis” de los incumbentes. Entonces no es extraño que la política no se canalice a través del Parlamento, no la representen las elites, no la interpreten los partidos y vaya a las calles, las demandas sean representadas en protestas y la fuerza de las demostraciones sea un argumento más fuerte que la razón o el diálogo.

Esta reforma de la política es urgente y debe ser muy profunda. Pero no será fácil pues ella inevitablemente afectará a poderosos intereses creados, siendo uno de los más activos el de los actuales parlamentarios -de gobierno y oposición- que se sienten cómodos en un sistema que con todas sus fallas los favorece. A su vez, una parte mayoritaria de la derecha seguirá aferrada a la idea de que la política no importa y que las reformas políticas son “cosas de políticos”. Es la derecha que no aprende nada. La misma que entre 1973 y 1990, por dejar entregada la política a un general sin escrúpulos, recibió la peor mancha en su prestigio moral y republicano; aquella cuyo desprecio por la política en los dos últimos años casi arruinó a su gobierno.

El país, a su vez, debe saber que siempre las reformas políticas -en Chile y en todos los países- ha sido una dura lucha contra la derecha. La derecha es la que se opuso al sufragio universal, al término de las Cámaras fundadas no en la elección sino en el linaje, al sufragio femenino, a las leyes contra el cohecho, a la regulación del dinero en la política. Es obvio que la reforma política no vendrá de ahí sino de una exigencia de los partidos que hoy conforman la Concertación. Si ellos no la exigen con enorme decisión, la crisis política en que vivimos no hará sino agravarse.

La agenda de reformas políticas que está impulsando el Gobierno dan cuenta de que existe un diagnóstico claro: nuestra democracia requiere de cuotas mayores de competencia, de incertidumbre en torno a los resultados finales de las elecciones, de entregarle mayor participación y responsabilidad a los ciudadanos en la cosa pública, y por cierto, remozar a nuestros partidos políticos.

Lo anterior explica la importancia de aprobar el nuevo esquema de inscripción automática-voto voluntario-voto de los chilenos en el extranjero (sin exigir vínculo). Se trata de incorporar un potencial de cuatro millones de electores que podrían cambiar dramáticamente la forma de hacer política en Chile. No se trata de un grupo –así lo mostró un estudio pionero en la materia de LyD el 2009– que sea extraordinariamente distinto del de los inscritos desde la perspectiva de sus valores o conductas; pero requerirá de dosis nunca antes vista de seducción programática. El establecimiento de primarias apunta en la misma dirección: no sólo los actuales representantes serán desafiados por nuevos candidatos; todos deberán ir directamente al corazón de la comunidad para buscar apoyos en activistas, militantes, clubes y juntas de vecinos.

Existen otras reformas que nos parecen fundamentales: repensar la conformación de nuestros distritos y circunscripciones, permitiéndonos acercar al ideal de “1 persona, 1 voto” efectivo, a la vez que emparejando dramáticamente la cancha entre incumbentes y desafiantes; segundo, limitar el número de reelecciones para alcaldes y parlamentarios; y tercero, repensar los límites de gasto electoral que enfrentan los candidatos nuevos.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que las anteriores reformas corrigen el binominal de algún modo, sin reemplazarlo. La crítica en torno a la exclusión que genera respectos de ciertas minorías significativas requerirá ser evaluada una vez que se hayan implementado las reformas anteriores –no olvidemos que es posible romper el binominal, como lo ha hecho el PC y algunos partidos regionalistas–. Sin embargo, de persistir sistemáticamente la exclusión de minorías relevantes, es posible pensar en fórmulas que apunten a generar cupos compensatorios, que superen umbrales sensatos.

Sólo los asesores de Sabag, la prensa local y CIPER presenciaron el anuncio del juez Leonel Castro, quien cerca de las 15 horas prohibió al Ministerio Público opinar e informar sobre la investigación que afecta al diputado. La medida es poco usual y aunque Bosselin dijo a La Segunda que “es falso que esta defensa pretenda limitar la labor de los medios informativos”, en la práctica restringe la posibilidad de la prensa de cubrir un hecho de relevancia pública y que involucra el manejo de fondos de la Cámara de Diputados.

Las aspiraciones de Bosselin eran aún más altas. Junto con pedir la suspensión o sobreseimiento temporal del procedimiento, solicitó que se cambiara al equipo de la Fiscalía de Valparaíso que investiga desde el año pasado el contratos de arrendamiento de la oficinas distrital del diputado Sabag. A su juicio, dicho equipo ha “perdido la objetividad en el proceso” y se ha atentado contra la presunción de inocencia del imputado.

Bosselin acusó a la fiscalía de filtrar información a la prensa y de que debido a eso, los medios han presentado a Sabag como culpable. Para demostrarlo, citó una nota periodística publicada por el diario El Mercurio el 29 de julio pasado , donde se informaba sobre de la reformalización del diputado por fraude al Fisco y la imputación de su hermano Patricio como coautor del mismo delito. Para Bosselin, la noticia publicada en el diario muestra claramente que el Ministerio Público tiene definida la culpabilidad de su cliente al afirmar que “tiene prácticamente comprobado que la sede del diputado no existía en el lugar indicado por él”.

Durante la audiencia, la fiscal Paola Castiglione afirmó que toda la información que ha salido publicada en la prensa ha sido de conocimiento público y se ha entregado en diferentes instancias de audiencias y formalizaciones. Citó el reportaje que CIPER publicó hace un año y que dio inicio a la investigación, para intentar demostrar que se trata de información pública. Agregó que la argumentación de Bosselin se debería a que “quiere obtener una ventaja procesal para su imputado”.

Luego de los quince minutos de pausa que se tomó el juez para emitir su resolución, interrumpidos por la caída de su asiento del abogado de Sabag, Castro prohibió opinar e informar al Ministerio Público.

El juez rechazó el sobreseimiento solicitado por el defensor, sin embargo, decidió sentenciar que “el Ministerio Público debe abstenerse de emitir opiniones, respetando lo definido por el Código Procesal Penal (…) y no podrá divulgar o informar actos relacionados con el procedimiento, ya que se entiende que impide o entorpece el debido cumplimiento de las funciones propias del Ministerio Público, como así mismo puede afectar la intimidad y la honra de las personas involucradas en la investigación mientras no se dicte sentencia condenatoria”.

La resolución implica que la fiscal no podrá referirse al caso hasta que se dicte sentencia sobre la culpabilidad o inocencia de Sabag, por lo que terminada la audiencia salió del lugar sin emitir declaraciones a la escasa prensa presente.

Entre otras disposiciones legales, se invocó el artículo 182º del Código de Procedimiento Penal, que establece que “las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento”. En la práctica los fiscales suelen entregar información general de las causas que investigan debido que así lo exige la Ley Orgánica del Ministerio Público, que en su artículo 8º señala que “la función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella”.

Las polémicas sedes de Sabag

La investigación de la Fiscalía de Valparaíso se inició luego de que CIPER publicara un reportaje (LINK) que revelaba que la dirección de la sede distrital que el diputado Sabag tenía registrada en la Cámara de Diputados (Río Claro 1050, Cabrero) era en realidad propiedad de su padre el senador Hosaín Sabag y oficina donde funcionan los negocios familiares. Según contó en ese momento el parlamentario, las asignaciones eran pagadas a la empresa Nabatieh, donde participa su padre y que es administrada por su hermano Patricio. Sostuvo que a través de esa sociedad cancelaba a los dueños de otras sedes en su distrito y que en Río Claro tenía el computador que le entregaba la Cámara y recibía su correspondencia, por lo que la consideraba su “casa matriz”.

Tras investigar los hechos, la fiscalía formalizó en marzo al diputado por negociación incompatible y en una audiencia fijada para el 31 de agosto planea reformalizarlo por fraude al Fisco, debido a que cree tener antecedentes para probar que la sede por la cual se firmó el contrato nunca funcionó como oficina distrital.

CIPER concurrió a dicha sede y fue testigo de que en ese lugar funciona maquinaria y oficinas de la empresa maderera SAVI, propiedad del senador Hosain Sabag. Una de las oficinas tiene un aviso que señala que allí se encuentra la oficina del diputado, pero durante la mañana no había personal que atendiera. Vecinos del lugar afirmaron que en esa dirección el parlamentario no atendía a los lugareños y que su otra oficina se ubicaba frente a la plaza de Cabrero (ver foto). Ahí efectivamente funciona una dependencia parlamentaria, tanto del senador como del diputado, y según lugareños, algunos días de semana es visitada por el padre y el hijo del clan Sabag.

Pese a que los Sabag son la familia más importante de la comuna por su peso político –además del diputado y el senador, el alcalde es el hermano de éste, Hasan Sabag– y económico, no todos en Cabrero saben de la investigación que originó la audiencia de este viernes. “No ha salido en la radio ni en la tele”, afirma uno de los vecinos de la sede ubicada en la Plaza de la comuna.

Este viernes 6 de agosto tendrá lugar en Cabrero una audiencia de cautela de garantías solicitada por la defensa del diputado Jorge Sabag, quien se encuentra formalizado por negociación incompatible en los pagos irregulares realizados a supuestas sedes parlamentarias. La audiencia fue pedida por su abogado Hernan Bosselin, quien calificó de “filtraciones” las publicaciones periodísticas sobre este caso, argumentando que vulneran las garantías de su defendido. La defensa busca que el juez fije límites a la información pública de esta investigación para lo cual ha invocado un artículo del Código Procesal Penal que permite hasta el sobreseimiento temporal de la causa. La decisión del tribunal de Cabrero no es un mero trámite, tendrá lugar en los días previos a la reformalizado del diputado, esta vez por fraude al Fisco, lo que está programado para fines de este mes.

Para este viernes a las 13:30 está fijado un sorpresivo hito en el proceso judicial que enfrenta el diputado (DC) Jorge Sabag, hijo del senador Hosain Sabag. Su abogado, Hernán Bosselin, pidió una audiencia cautelar de garantías pues -según fuentes cercanas al tribunal- estima que las informaciones publicadas por la prensa respecto al caso afectan su presunción de inocencia y crean un clima de hostilidad.

Bosselin invocó el artículo 10 del Código Procesal Penal, que establece que el juez debe adoptar las medidas necesarias para el respeto de las garantías constitucionales de un imputado. Esta disposición legal permite incluso la suspensión y el sobreseimiento temporal de la causa.

La semana pasada Bosselin anunció a través del diario La Segunda que presentaría un reclamo contra quienes resultaran responsables de las “filtraciones” de información. El reclamo se originó en la molestia que le provocó la información difundida por el vespertino –lo que también hizo CIPER– en relación al requerimiento hecho por la Fiscalía al Servicio de Impuestos Internos sobre la sociedad Nabatieh S.A., propiedad del senador Hosain Sabag y su familia. En la investigación en curso dicha empresa aparece recibiendo más de $20 millones de asignaciones parlamentarias del diputado Sabag, los que no fueron declarados para el pago de impuestos.

Quienes han seguido desde sus inicios esta polémica indagatoria aseguran que el grueso de la información ya había sido entregada por la Fiscalía en una audiencia pública, por lo que no se trata de filtraciones ni de información reservada. En esa misma audiencia, el diputado Sabag intentó que sólo se le otorgaran 15 días a la Fiscalía para investigar. El Ministerio Público argumentó que lo sucedido con los fondos de Nabatieh podría configurar fraude al Fisco, por lo que era necesario más tiempo. Finalmente el tribunal le otorgó 5 meses para investigar.

Como el plazo está por cumplirse, la defensa de Sabag solicitó una audiencia –fijada para el 31 de agosto– para pedir el sobreseimiento del imputado. Para la misma fecha, la Fiscalía pidió en cambio la reformalización del diputado, modificando la acusación desde negociación incompatible a fraude al Fisco. Y agregó la formalización de su hermano Patricio Sabag como coautor del mismo delito, en virtud de que es la persona que firmó los contratos de arrendamiento de la sede parlamentaria por Nabatieh S.A.

Pese a la molestia del diputado Sabag por lo que estima “filtraciones” a la prensa, lo cierto es que la investigación por la cual se encuentra formalizado se inició en la prensa. Fue después de un reportaje de CIPER que el Ministerio Público decidió pesquisar los contratos de Sabag y sumarlos a otros gastos de diputados que ya investigaba. Estos se originaron también en una serie de publicaciones periodísticas del diario La Nación y el programa Informe Especial (TVN) sobre irregularidades en los pagos de las asignaciones parlamentarias.

El primer reportaje sobre Sabag fue publicado hace un año. En él se reveló que el diputado tenía registrada como oficina parlamentaria una dirección que pertenecía a una sociedad de su padre, el senador (DC) Hosain Sabag. El contrato de arrendamiento había sido firmado por su hermano Patricio a nombre de la sociedad familiar Nabatieh. En esa ocasión, el diputado Sabag argumentó que se trataba sólo de una forma de administrar los fondos y que luego, con ese dinero se pagaba el arriendo de distintas sedes distritales. Para entonces el Ministerio Público había reunido nuevos antecedentes y lo formalizó por negociación incompatible. La imputación podría agravarse si es formalizado por fraude al Fisco, debido a que la Fiscalía habría acreditado que la sede por la cual se firmó el contrato sólo funcionó para las empresas de los Sabag y nunca como oficina parlamentaria.

Inicialmente el caso fue visto en la Corte de Valparaíso e investigado por la Fiscalía de la Quinta Región, sin embargo Bosselin consiguió que la causa fuera trasladada a Cabrero, localidad de la Octava Región que es el corazón del imperio político y económico del clan Sabag.

La nueva audiencia fue fijada para el 31 de agosto, ocasión en que también se pedirá la formalización de otro de los hijos del senador Sabag, Patricio, como “coautor extraneus”, pues a diferencia de su hermano no es funcionario público, lo que implica que si no se le imputa la figura de fraude al fisco podría calificar como estafa. El contrato de arriendo de la supuesta sede distrital de Cabrero fue firmado por el diputado Jorge Sabag y la contraparte fue su hermano Patricio. Este último actuó como representante legal y gerente de Inmobiliaria Nabatieh, una sociedad familiar formada en 2004 por sus padres, el senador Hosain Sabag y su esposa Fresia Castillo.

CIPER reveló las irregularidades del contrato en agosto pasado y en esa ocasión el diputado Sabag aseguró que Nabatieh recibía los fondos y luego pagaba los arriendos de sus distintas sedes de San Carlos, Quirihue y Yumbel. Aseguró que por la oficina de Cabrero, ubicada en Río Claro 1050, propiedad de su padre, no pagaba arriendo. Sin embargo, el contrato de la Cámara de Diputados era por esa locación y la fiscalía ha recopilado testimonios que darían cuenta de que nunca funcionó como sede distrital. En la misma investigación consta que al contrato original de la Cámara se le agregó un anexo que incluía el pago de la oficina de San Carlos. Esta última fue arrendada en 2002 a nombre del senador Sabag. La fiscalía investiga aún quién era el que la pagaba.

Si se considera que la sede de San Carlos costaba $180.000, mensualmente casi $400.000 fueron recibidos por Nabatieh para la oficina de Cabrero. Como la fiscalía estima que nunca funcionó, calcula que el perjuicio fiscal es de más de $20 millones. Este monto fue recibido por Nabatieh y no habría sido tributado. Como no tiene atribuciones para investigar este delito, el Ministerio Público puso hace semanas todos los antecedentes en manos del Servicio de Impuestos Internos, entidad que no ha entregado respuesta. Si se decide a iniciar acciones legales, la eventual evasión de la sociedad del senador Hosaín Sabag podría ascender a unos $5 millones.

Mientras la fiscalía busca ampliar el plazo de investigación, el abogado del diputado Sabag, Hernán Bosselin, había pedido con anterioridad que se decretara el sobreseimiento definitivo de la causa.

La investigación se inició tras un reportaje de CIPER y la encabeza la Fiscalía de Valparaíso debido a que en esa ciudad se encuentra la Cámara de Diputados. Sin embargo, en marzo Bosselin logró que la causa se trasladara a Cabrero -donde dice que se firmó el contrato-, localidad de la VIII Región donde los Sabag han construido un imperio político y económico.

El Ministerio Público, que tendrá un plazo de cinco meses para investigar los posibles ilícitos, lo acusa de haber usado su asignación parlamentaria para arrendar una oficina distrital a una sociedad que es propiedad de sus padres en Cabrero y donde funcionan los negocios familiares de los Sabag. En el transcurso de los últimos meses hasta la fiscalía han llegado otras antecedentes y testimonios que podrían dar mérito para una acusación de fraude al fisco.

Cabrero es el corazón del imperio del clan Sabag. Ahí empezó sus negocios su abuelo Mohamed Sabag y hoy la familia cuenta con los actores más relevantes del mundo económico y político local. Su padre Hosaín Sabag (DC) es el principal empresario de la ciudad y senador de la zona (circunscripción de la Octava Región Norte). Con un patrimonio reconocido de más de $3 mil millones, tiene negocios madereros, de transporte y es dueño de 44 propiedades en la comuna, una de las cuales fue entregada en comodato a la Policía de Investigaciones.

El tío del diputado, Hasan Sabag, es alcalde de Cabrero desde 1992. Su hermano Patricio Sabag se dedica a los negocios familiares y es el presidente de la Asociación de Canalistas. Su hermana Gloria Sabag oficia de notaria suplente en la Notaría y Conservador de Bienes Raíces de Cabrero. Y su prima, Manife Soto Sabag, es oficial tercero del Juzgado de Letras y Garantía, el mismo que verá ahora la causa del diputado.

Así lo decidió la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que en un fallo dividido ratificó la resolución en que el Juzgado de Garantía de Valparaíso se declaró incompetente y trasladó la causa a Cabrero. Los ministros Dinorah Cameratti y Hugo Fuenzalida estimaron que el principio de ejecución del delito tuvo lugar en Cabrero, donde se firmó el contrato de arrendamiento. El voto de minoría corresponde al ministro Jaime Arancibia, quien argumentó que la firma del contrato no tiene consecuencias penales y que el delito comenzó a ejecutarse en Valparaíso, cuando se presentó ante el Departamento de Administración y Finanzas de la Cámara de Diputados. Esta tesis había sido planteada por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.

En el fallo se relata varios hechos que llaman la atención. El primero es que el diputado Sabag nunca intentó ocultar la relación familiar que lo unía con el arrendador de su supuesta sede parlamentaria. El contrato que presentó ante la Cámara de Diputados lleva su firma y la de su hermano Patricio Sabag, quien representa a la sociedad Inmobiliaria Nabatieh S.A., propiedad de los padres de ambos.

Además, el pronunciamiento de la Corte de Valparaíso reproduce parte del contrato, cuya cláusula 2ª establece claramente que la sede de Calle Río Claro Nº 1050 “no podrá ser dedicada por el arrendatario a otra actividad que no sea la parlamentaria”. Como publicó CIPER en agosto pasado, en dicho lugar no funciona una sede parlamentaria, sino que es la principal oficina de negocios de la familia Sabag. En esa oportunidad, el diputado explicó que la consideraba su “casa matriz”, pues ahí trabajaba antes y tenía el computador que le entrega la Cámara. Aseguró que a veces recibía gente, pero que en realidad el dinero del arriendo lo utilizaba su hermano para pagar otras sedes distritales.

De acuerdo al fallo de la corte, la fiscalía calculó que entre marzo de 2006 y julio de 2009, la Cámara de Diputados pagó a la sociedad de los padres de Sabag con cheques de la cuenta única fiscal un total de $22.699.830.

El padre del diputado y dueño de la oficina arrendada, el senador (DC) Hosain Sabag, ha dicho que el dinero no es de la Cámara sino del parlamentario, y por tanto puede gastarlo como estime conveniente. Tanto en el Congreso, como en la prensa, el senador ha insistido en que los parlamentarios no son funcionarios públicos y por lo tanto no pueden ser acusados por negociación incompatible, como lo es hoy su hijo.

Otro efecto relevante de la decisión de los ministros de Valparaíso y que favorece al clan Sabag, es que los recursos que vengan en esta causa serán vistos por la Corte de Concepción, corte que también deberá decidir su eventual desafuero.