Un nuevo coletazo en las irregularidades de las asignaciones parlamentarias dejó la Ley de Presupuesto. El presupuesto del Congreso incluyó una inédita glosa que especifica que los fondos aprobados por las comisiones de régimen son de libre disposición. El senador Hosaín Sabag dice que esto permite demostrar que a los parlamentarios no se les aplican las sanciones penales relativas a los funcionarios públicos, una interpretación que afecta directamente a su hijo Jorge Sabag, investigado por el fiscal de Valparaíso por “negociación incompatible”. Ya en agosto pasado el Congreso debatió la idea de crear un delito especial para los parlamentarios, pero destacados penalistas les aclararon que significaría “sustraerse del sistema penal” además de replicar lo que ya existe en el Código Penal.
Escenario de una competencia feroz y descarnada por llegar al Congreso, en esta zona circulan dos circos de campaña, figuras de la farándula y una candidata con protección policial. Acá Marco Enríquez-Ominami tiene puestas sus principales fichas: la candidatura de su padre, Carlos Ominami, con su propio circo y el apoyo permanente de su nuera Karen Doggenweiler además del candidato a diputado Marcelo Trivelli (ex DC). Su competencia más directa, Nelson Ávila, le disputa el voto progresista con una persistente campaña radial en la que previene que “detrás de ese pelotón de rostros no hay más que un crudo interés electoral”. En la derecha la disputa al Senado es todavía más reñida. Lily Pérez (RN) y Marcelo Forni (UDI) no se dan tregua. Sus campañas han estado marcadas por peleas a golpes entre sus adherentes y acusaciones cruzadas. Entre los candidatos a diputados el ambiente es similar y la palabra que se repite es incertidumbre.
Corrida ya la cortina oficial sobre el financiamiento de la última campaña parlamentaria por parte del Servicio Electoral, los ingresos de los candidatos a diputados del 2005 arrojan sorpresas, partiendo por las primeras grandes empresas que admiten haber donado fondos durante dicha contienda: Córpora Tres Montes, Colmena Golden Cross y Echeverría Izquierdo Ingeniería. Fuera de ello, la gran mayoría de los congresistas y sus financistas prefieren mantener la discreción: de los 120 que hoy ocupan la Cámara, en 71 casos prevalecieron los aportes anónimos y reservados, y sólo en 49 de ellos se identificó a algún donante distinto del partido político correspondiente. Muchos registraron el uso de bienes de terceros y otros dineros provenientes de familiares, amigos o cercanos suyos; incluso de otros parlamentarios, funcionarios públicos y empresas proveedoras en su misma zona.
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Mientras el fiscal de Valparaíso, Jorge Abott, suma diputados a su investigación sobre los gastos irregulares de las asignaciones parlamentarias, en Cabrero el clan Sabag revela una nueva y confusa fórmula para administrar los fondos destinados al arriendo de sedes. El diputado Jorge Sabag tiene inscrita su oficina distrital en la misma dirección donde funciona su empresa y que es propiedad de su padre y socio, el senador Hosain Sabag. Pero la Cámara le paga a una sociedad administrada por su hermano, que según el diputado es quien distribuye el dinero para el arriendo de tres inmuebles en su distrito, los que serían sus verdaderas sedes
Un total de 472 UF gasta mensualmente la Cámara para pagar dos seguros que benefician a los diputados y sus parientes. Los contratos de esos seguros no están en la sección de transparencia activa de la Cámara y no se licitan a través de ChileCompra. El más caro -un seguro complementario de Salud que cubre a 108 diputados y 293 cargas familiares- se entrega “a dedo” a la corredora de seguros Colemont Fusión. La misma que fue “designada” durante diez años para administrar el seguro de vida de los diputados. Luego fue licitado por invitación por primera vez en 2008 - estará vigente hasta marzo de 2010- y también se lo adjudicó Colemot Fusión.
Los tres ejecutivos de cuentas que llevan el registro de todos los dineros que reciben los diputados declararon esta semana ante el fiscal Jorge Abbott. Son ellos quienes conocen los secretos y la discrecionalidad con que manejan los fondos supuestamente destinados a apoyar el trabajo legislativo y que nadie fiscaliza. El 65% de los $13 millones que reciben todos los meses, incluyendo la dieta, son en la práctica de libre disposición. El resto requiere sólo de una boleta de honorarios o un contrato y un cheque nominativo. Nadie controla qué se paga. CIPER desmenuzó cada uno de estos gastos y los vacíos que permitieron casos como los de los diputados Nogueira y Errázuriz. Los mismos que están forzando con urgencia a un cambio radical en la administración del Congreso y en la definición y control de las asignaciones de los parlamentarios.
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El presidente de la Cámara de Diputados hace un crudo diagnóstico de la falta de fiscalización sobre las cuentas del organismo que, paradójicamente, tiene la misión de fiscalizar. En esta entrevista Rodrigo Álvarez se hace cargo de las carencias y vacíos en cuanto a normas y también de la “sumisión” de los funcionarios, una cultura cuyos principales responsables son los diputados y que ha permitido el uso discrecional de los recursos. También explica la total confusión que existía sobre las normas que rigen a la Corporación hasta el momento en que el fiscal de Valparaíso Jorge Abbott comenzó a investigar las irregularidades. Y promete una completa reingeniería, que va mucho más allá de las medidas ya anunciadas.
Una interpretación distinta a la Cámara de Diputados hace el Senado de la norma que regula la contratación de familiares. Mientras la primera exige a los parlamentarios que expliquen las “circunstancias excepcionales” que justifican los contratos, la Cámara Alta respondió los senadores no deben cumplir ese requisito.
Los diputados pueden contratar familiares sólo si entregan razones fundadas para ello. El presidente de la corporatión accedió a enviar información sobre los diputados que tienen parientes contratados, pero no entregó las razones que lo justificaron
Si bien la ley prohíbe a las autoridades públicas -incluyendo a los parlamentarios- contratar a parientes, la misma norma establece que se pueden establecer vínculos comerciales de ese tipo “cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario”. En ese caso, la contratación debe hacerse mediante una “resolución fundada” autorizada, en el caso de la Cámara, por la Comisión de Conducta Parlamentaria. Usando la nueva Ley de Transparencia, CIPER consultó formalmente las razones que han esgrimido los 18 diputados que han empleado a familiares desde que se adoptó la norma, pero la Comisión de Conducta determinó que los fundamentos que les exige la ley para justificar esos contratos deben permanecer en secreto.
Mientras el Senado abrió la “caja chica” informando lo que paga a sus asesores, la Cámara rechazó publicar esos montos. La reserva de los diputados es generada por la inquietud de las bancadas debido a la investigación de la Fiscalía sobre la diputada Nogueira (UDI). El fiscal de Valparaíso ya acreditó que ella pagaba mensualmente cerca de $1.800.000 en asesorías y que ese dinero era depositado finalmente en una cuenta de ella y su marido. A días de que solicite la formalización de Nogueira, el Ministerio Público pesquisa ahora los pagos de asesorías y arriendos de los diputados que gira la Dirección de Finanzas de la Cámara. Y todos saben que Nogueira sentará su defensa diciendo que hay muchos diputados que incurren en prácticas similares y que su acción no fue ilícita.
En 1990, a propósito del desastre financiero que arrastraba TVN, una comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados determinó que César Antonio Santis recibió de TVN una suma que en la actualidad equivale a mil 100 millones por su trabajo de animador y una asesoría bruja. Además, a partir de antecedentes de Contraloría, quedó al descubierto que su programa estelar Porque hoy es Sábado resultó un desastre de sintonía y dejó pérdidas que en cifras de hoy corresponden a más de 2 mil 200 millones. Pero al igual que lo ocurrido con otros casos en que se detectaron irregularidades económicas, el nuevo gobierno democrático habría optado por negociar o hacer la vista gorda. Ahora, tras ocho años fuera de pantalla, Santis reaparece en un rol protagónico del nuevo canal de los senadores.
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