Un mito y un halo de terror han rodeado la casa en que Mariana Callejas vivió desde 1975 hasta los ’90 en Lo Curro. Primero con Michael Townley, quien preparaba desde ese secreto cuartel de la DINA acciones terroristas que estremecerían al país mientras Callejas desplegaba sus talleres literarios y en sus patios se ensayaban gases letales y se hacían fiestas con disputas memorables. Como la que protagonizó Nicanor Parra para un “18”. Hablan los protagonistas más cercanos a Callejas en esos años, “mis chiquillos”, como los llamaba: los escritores Gonzalo Contreras, Carlos Franz y Carlos Iturra.
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La bomba con la que hace 36 años un equipo de la DINA asesinó al general Carlos Prats y a su esposa en Buenos Aires, volvió a estallar en Chile. El fallo definitivo de la Corte Suprema condenó a seis altos oficiales del Ejército por el doble crimen dictaminando además que la DINA fue una asociación ilícita. Aunque no lo nombren por haber fallecido, su jefe fue el general Pinochet. Los efectos serán inmediatos para todos los uniformados que esperan condena. Y también para el Ejército, que debe dar una señal de castigo ejemplar. La historia de este fallo es una larga travesía marcada por la tenacidad de tres mujeres que vencieron la impunidad.
La confesión de Michael Townley sobre quién le ordenó, cómo lo hizo y con quiénes asesinó al general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en una calle de Palermo en Buenos Aires, en septiembre de 1974, tuvo lugar un día de noviembre de 1999. Veinticinco años después de la bomba que diseminó los restos del matrimonio Prats a varios metros a la redonda, la tenaz batalla que dieron sus tres hijas obtuvo con este frío y detallado relato un eslabón clave y estremecedor.
Mariana Callejas no irá a prisión. Después de ocho largos meses de espera, la Corte Suprema anuló la condena a 20 años dictada en primera y segunda instancia, beneficiando a la ex esposa de Michael Townley con una sentencia de sólo 5 años y sin cárcel por su rol en el crimen del general Carlos Prats y su esposa, ejecutado en 1974, en Buenos Aires. Aún así, ella dice que pagó un duro castigo al convertirse en paria de las letras chilenas. Comenzó a escribir seriamente casi a la par que se afilió a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Dos ocupaciones muy distintas y en apariencia opuestas pero que inevitablemente terminaron mezclándose: uno de sus primeros cuentos trata sobre un sujeto a quien le encargan instalar una bomba bajo un auto. Su casa fue cuartel y a la vez sede de un taller literario por el que pasarían figuras relevantes de la Nueva Narrativa Chilena. En esas sesiones de lectura era quien llevaba la voz cantante. El mando. Escribía más que ninguno del grupo y era considerada una promesa de las letras nacionales. Todo eso mientras tomaba parte activa del organismo represivo de Pinochet.
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Semanas antes del fallo de la Corte Suprema que rebajó la sentencia de primera instancia del juez Alejandro Solís de 20 años de cárcel a sólo 5 y sin cárcel para la coautora del crimen del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, Mariana Callejas abrió la puerta de su departamento de dos ambientes en Providencia para conversar sobre su promisoria carrera literaria, que se vio truncada por su participación en la DINA. Sólo pidió una condición: “A mí no se me trata de usted”, advirtió.
Hace algunos días, el abogado Álvaro Varela, ex presidente del Centro de Alumnos de la Universidad de Chile, narró cómo después del golpe de Estado, el entonces fiscal de esa casa de estudios le mandó a decir que nunca se titularía de abogado. Ahora el economista y ex ministro Roberto Pizarro recuerda la huella de Otero en la Sede Norte de la Facultad de Economía, desde donde fue expulsado por Otero por “fomentar ideologías foráneas”, el mismo cargo que se le imputó a personas como Marco Aurelio García, uno de los principales asesores del presidente “Lula” da Silva. La sede fue clausurada y convertida en cuartel de la CNI. Dieciséis de sus estudiantes fueron ejecutados.
La decisión del presidente de Chile de relevar a su embajador en Buenos Aires, tras una entrevista de Clarín en la que Miguel Otero justificó la dictadura de Pinochet, desnuda la debilidad de las alianzas que Sebastián Piñera construyó para alcanzar el poder, derrotando a la Concertación.
La entrevista publicada en el diario argentino Clarín que gatilló la salida de Miguel Otero de la embajada en Argentina fue solicitada por él mismo para desmentir un hecho publicado previamente en el mismo periódico: que como fiscal general de la Universidad de Chile, después del golpe de 1973, había liderado una razzia para expulsar a alumnos y académicos por sus ideas políticas. En esta columna, el abogado Álvaro Varela, entonces presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho, revela el rol de Otero en su expulsión y el mensaje que éste le envió: “Mientras yo exista, juro que Álvaro Varela no se titulará de abogado en Chile”. Aunque lo consiguió, Varela obtuvo finalmente su título en España y como abogado se convirtió en un hombre clave desde la Vicaría de la Solidaridad en la búsqueda de justicia para los abusos del régimen militar.
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Tras sus polémicas declaraciones al diario argentino Clarín , donde afirma que “la mayor parte de Chile no sintió la dictadura” y desconoce los documentos desclasificados de la CIA referentes al golpe de Estado, el embajador Miguel Otero se justificó en Chile afirmando haber sido sacado de contexto: “Me hicieron una entrevista que duró dos horas y lo que sale es un resumen mínimo destinado a crear noticia que no corresponde a lo que realmente dije”. CIPER tuvo acceso al audio completo de la entrevista con Clarín y la reproduce integramente con excepción de lo que él expresamente pidió que no fuera publicado. La entrevista duró menos de una hora y en ella el embajador dijo exactamente lo que publicó el diario argentino y varios otros dichos contradictorios. Entre otras cosas que no salieron impresas, Otero declara su admiración por el régimen militar y niega haber sabido de las violaciones a los derechos humanos. Sepa cómo se originó la bochornosa entrevista que el propio embajador en Argentina gestionó y que hoy lo tiene en la cuerda floja.
Sólo 18 días duró el general (r) Iván Andrusco como director de Gendarmería. Duramente cuestionado por su vínculo con el asesinato de tres profesionales en 1985 (“Caso Degollados”), La Moneda lo defendió argumentando que no fue procesado por esos crímenes. Faltaba un dato importante: sí está acreditado que el oficial fue agente operativo de la DICOMCAR, organismo calificado en su fallo por el actual presidente de la Corte Suprema Milton Juica como “asociación ilícita terrorista”. Otra muerte bajo tortura en la Sección de Investigación Policial (SIP), cuyo jefe operativo era Andrusco, hizo inviable su permanencia en el cargo. Así terminó la primera polémica entre el gobierno de Sebastián Piñera y organismos de Derechos Humanos.
El mayor D´Aubuisson fue parte de la conspiración para asesinar a monseñor Romero, aunque el tirador lo puso un hijo del ex presidente Molina, dice el capitán Álvaro Saravia. 30 años después, él y otros de los involucrados reconstruyen aquellos días de tráfico de armas, de cocaína y de secuestros. Caído en desgracia, Saravia ha sido repartidor de pizzas, vendedor de carros usados y lavador de narcodinero. Ahora arde en el infierno que ayudó a prender aquellos días cuando matar “comunistas” era un deporte.
Sólo unas horas bastaron para que el nombramiento de José Miguel Stegmeier Schmidlin como nuevo gobernador del Bío Bío, una de las zonas más devastadas por el terremoto, se convirtiera en un conflicto de proporciones para el nuevo gobierno. Y ello porque Stegmeier figura como uno de los socios de tres de las empresas clave en la red financiera que tejió el otrora líder de Colonia Dignidad, Paul Schäfer, para sacar dineros de Chile en forma ilegal y luego volver a invertirlos en el país: Hemlock, Tierra del Sur y Tierra Negra. Esta es la investigación que CIPER realizó desde el año pasado y que devela su participación en la trama que protegió al hombre que abusó de niños durante más de 40 años.
En 2007, al conmemorar un siglo de la matanza obrera, la Universidad Arturo Prat de Iquique organizó un encuentro de historiadores cuyas presentaciones se seleccionan en el presente libro.
Lo que viene en el proceso que lleva el juez Alejandro Madrid será clave, no sólo para determinar los autores intelectuales del homicidio, sino también para establecer las responsabilidades de cada uno de los hombres que formaron el cerco en torno al ex mandatario. En ese complicado puzzle, los misterios que esconde la autopsia son uno de los capítulos que falta esclarecer.
Tras siete años de investigación, la muerte del ex presidente Frei Montalva fue tipificada como homicidio. La resolución judicial atribuye un rol activo a médicos y agentes de la represión a quienes se acusa de haber participado en una operación que disfrazó de enfermedad el envenenamiento progresivo del ex mandatario con sustancias químicas. Intentaron borrar sus huellas, pero el descubrimiento de las fichas clínicas, los análisis científicos y más de mil declaraciones las sacaron a la luz 27 años más tarde. El sospechoso historial del doctor Patricio Silva Garín y los inéditos testimonios médicos refuerzan la tesis del ministro en visita Alejandro Madrid. El cerco de la CNI y la DINE sobre la Clínica Santa María terminaron de configurar un cuadro que estremece.
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