Con la calma de aquel que tiene todo el tiempo del mundo, Luis cuenta su historia sin ahorrar detalles. Está encerrado y a sus cortos 16 años sabe que pasará un período tras las rejas. El “hombre mayor” que supuestamente lo amenazo ya partió de este mundo a sus también cortos 32 años. Luis lo mató con la Taurus 38 que compró en una población de La Pintana.

Luis es parte de una veintena de jóvenes recluidos y de otros chicos infractores que están en libertad que fueron entrevistados por CIPER. Ellos contaron cómo están consiguiendo armas de fuego los muchachos que integran las pandillas que azotan las poblaciones de Santiago. Dicen que se abastecen con “soldados” de narcos y también en armerías legales, que pagan hasta $300 mil pesos por un “fierro” de buena calidad y que normalmente hacen su primera compra para defenderse de otros pandilleros que los han amenazado.

El comercio de armas que caen en manos de jóvenes delincuentes es una espiral que crece imparable. Aunque el gobierno muestre cifras que apuntan al “desarme” de la población civil, quienes viven en poblaciones saben que, por el contrario, el fenómeno va en aumento. Lo saben por los tiroteos que escuchan en sus calles y pasajes casi todos los fines de semana. Lo saben porque los cumpleaños, matrimonios, bautizos y hasta los funerales de avezados delincuentes, jóvenes pandilleros y “soldados” narcos, terminan con descargas al aire que ya no sorprenden a los vecinos o, peor aún, en riñas y enfrentamientos donde el plomo habitualmente cobra víctimas inocentes (vea el reportaje de CIPER “Estos son los pistoleros de los narcos que siembran el terror en La Legua”).

Contra la percepción de los pobladores obligados a convivir con estos peligrosos “vecinos” armados, las autoridades prefieren indicar que la estadística de los últimos años apunta al desarme. Claro que se refieren a una baja entre las armas inscritas por particulares, no entre las que usan los delincuentes. Efectivamente, la tendencia a la inscripción de armas por parte de civiles ha declinado en los últimos cinco años. Según cifras aportadas por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), organismo militar que controla las armas en poder de civiles, en el quinquenio 2006-2011 la inscripción disminuyó en más de un 60%.

El optimismo de las autoridades es abonado también por el incremento en el número de armas incautadas y destruidas, así como por el aumento de aquellas que -al no tener sus papeles en regla- han sido entregadas voluntariamente. Estos últimos cinco años han sido los más positivos en lo que se refiere al desarme por estas dos vías -incautación y entrega voluntaria-, ya que en este lapso se destruyó un 31% más de lo que se hizo en los diez años anteriores. Pero una cosa es lo que dicen las estadísticas oficiales y otra muy distinta es lo que de verdad se vive en las calles.

ARMA SÚPER PODEROSA

El pasado jueves 25 de agosto miles de estudiantes desafiaron la negativa del gobierno que les prohibió marchar por Alameda en demanda del fin del lucro en la educación. Ese día el inspector Jorge Aceituno, de la Brigada de Investigación Criminal de San Miguel, patrullaba con dos colegas por las calles de La Pintana. En Santa Rosa había fogatas y barricadas. Aceituno lleva diez años en la PDI “siempre trabajando en la calle”, como le gusta recalcar. Y esa experiencia le ha dado el oficio que le permitió distinguir a tres jóvenes sospechosos que nada tenían que ver con las manifestaciones.

Cuando la patrulla de Aceituno se acercaba a la esquina de Batallón Chacabuco con Capitán Layseca, un trío de muchachos cambió repentinamente de dirección y apuró el paso. Los policías les hicieron un control de identidad. El mayor de los jóvenes no perdió el aplomo: “Oiga, no pierda el tiempo con nosotros, ¿por qué no va a controlar a los que están haciendo barricadas en Santa Rosa”, les dijo, según recuerda Aceituno, pero al levantar las manos dejó ver un bulto en su cinturón. Era una escopeta recortada calibre 12, con un tiro en la recámara. El detenido, Luis Patricio Olguín (23), llevaba otro cartucho en el bolsillo.

El segundo acompañante llevaba otros dos cartuchos. Pero el tercero tenía en su poder un arma mortal. Con sólo 16 años de edad, F.A.R. cargaba al cinto nada menos que un revólver Taurus Magnun 44 con 6 balas. El trío transportaba un significativo cargamento de droga: 440 papelillos de pasta base y 155 papelillos de cocaína.

-Impresiona encontrar un menor con un arma de este calibre. ¿En qué sociedad estamos? Jóvenes de tan corta edad portando tal nivel de fuego y, además, capaces de usarlo. Es un arma que ni los policías manejamos, por su alto poder de destrucción. La droga es la causante de estos casos, porque los narcos se las pasan a menores -comenta el inspector.

La Taurus Magnun 44, un pistolón de dimensiones insólitas que intimida de sólo verlo y que se convirtió en comentario obligado de los sorprendidos agentes de la unidad de Aceituno, era utilizada para proteger la entrega de la droga. A los capos narcos pocas veces se les sorprende con armas, porque se las pasan a sus “soldados” para que custodien la mercancía o protejan a los líderes de la banda. Muchas veces los “soldados” son adolescentes, a los que reclutan porque recibirán penas menores por portar las armas.

-Los “soldados” no dudan en disparar y enfrentarse en caso de que estén transportando drogas y sean interceptados por otros delincuentes. Contra los policías es diferente. Cuando estamos efectuando algún procedimiento hacen disparos disuasivos, para ganar tiempo, con lo que dan aviso a otros narcos para que se escondan u oculten la droga. Ahora, esto no evita que en ocasiones disparen directamente a un carro policial o a un policía. Hay varios carros nuestros que han sido objeto de disparos -dice Aceituno.

“SOLDADOS” QUE COMPRAN Y VENDEN

Por su trabajo específico, la unidad de Aceituno se encuentra de manera habitual con jóvenes armados. A juicio del inspector, esto demuestra que el control sobre las armas de fuego está siendo insuficiente, tanto a nivel policial como en la fiscalización de los armeros (reparadores de armas) y de las armerías que venden directamente al público:

-Nos ha pasado que en la calle volvemos a encontrar armas que ya habían sido incautadas por las policías y eso se debe a que la cadena de custodia falló o simplemente que hubo fugas de material desde los Arsenales de Guerra (del Ejército) cuando estas armas fueron enviadas ahí para su destrucción. En mis diez años de servicio he visto de esos casos.

Michael Cook Barrientos, inspector jefe del Grupo Antinarcóticos del sector sur de la PDI de San Miguel, reconoce que últimamente hay un fuerte incremento en la posesión de armas de fuego de adolescentes infractores a la ley de drogas:

-Las bandas que se dedican a la venta de drogas tienen sus sectores y la manera que tienen de protegerse de las mexicanas (robos de droga hechos por otros delincuentes) es pagando a menores de edad, que llaman “soldados”, los que manejan armas.

Manuel tiene 17 años y ya acumula 11 detenciones por robo a lugar habitado. Su historia da la razón a los inspectores Cook y Aceituno, pues cuenta que los “soldados” de los narcos proveen armas a los jóvenes pandilleros:

-Mi primera arma era hechiza. Se la compre a un cabro que era “soldado” de unos traficantes. Me la vendió en cinco lucas. Me querían pegar, así que me conseguí un arma. Tenía 13 años y me la incautaron en un allanamiento de los “ratis” a mi casa por un robo. Después he conseguido varias armas más, pero no hechizas. Cuando me hacia unas monedas me compraba armas de verdad. Uno compra y vende. Cuando estai pato las vendes o las cambias por otras más malas y te haces unas monedas -cuenta Manuel.

“El mayor poder adquisitivo que tienen hoy los narcotraficantes les ha aumentado el acceso al mercado negro de las armas. Hoy encontramos armas que ni nosotros manejamos, calibres de alto poder destructivo en pistolas y revólveres punto 40”, dice el inspector Cook, mientras enseña varias pistolas y revólveres que su unidad había incautado a un traficante de la población Santa Julia:

-Éstas fueron incautadas en el domicilio de un sujeto que se apoda “el Chico Carlos” y que alcanzó a darse a la fuga. A las cuatro de la mañana fue detenido por otro contingente policial y ya portaba otra arma de fuego. Eso demuestra que el acceso a las armas para ellos no es problema.

Es un hecho que los principales proveedores de armas en las poblaciones son las bandas de narcotraficantes. Pero éstas no son más que las intermediarias del negocio. ¿De dónde provienen las armas de fuego, cada vez de mayor calidad, que estas bandas están vendiendo a menores en riesgo social?

LA CAMPAÑA DEL GOBIERNO

La gran ofensiva oficial para evitar el incremento de la delincuencia armada comenzó en 2005, con la promulgación de la nueva Ley de Armas. Si bien la norma reformada es más restrictiva, permitió la reinscripción de armas en poder de personas que, por distintas razones, las tenían de manera irregular. Así, ese año fueron inscritas 19.578 armas, pero el alto número no preocupó a las autoridades de la época, pues, por el contrario, lo consideraron una señal de que las personas se habían tomado la ley en serio.

Entre las principales modificaciones que se hicieron a la norma se cuenta la incorporación del examen psicofísico. Éste debe ser acreditado por un médico que certifique que “la persona posee una aptitud física y psíquica compatible con la inscripción y tenencia de armas”. Otro cambio importante es que la persona no sólo debe acreditar que no ha sido condenado por crimen o simple delito, pues ahora debe demostrar que no se ha dictado en su contra un auto de apertura de juicio oral. Para estos efectos, los jueces de garantía deben comunicar mensualmente a la DGMN la nómina de las personas respecto de las cuales se dictó una resolución de ese tipo. Además, los interesados no pueden haber sido sancionados por violencia intrafamiliar.

El resultado de estas restricciones rápidamente se dejó notar. Al año siguiente de su promulgación, se inscribieron 8.796 armas y desde entonces la estadística ha ido declinando. Este año, hasta el pasado 31 de agosto, se habían inscrito solo 3.838, un 65% menos que en el mismo periodo de 2004, el año anterior a que comenzara a operar la nueva ley.

En enero de 2006, Felipe Harboe asumió como subsecretario del Interior. Harboe encabezó la campaña del gobierno de Ricardo Lagos contra la delincuencia armada, la que después continuaría bajo la Presidencia de Michelle Bachelet. En diciembre de 2007 el ahora diputado Harboe desplegó su campaña en los principales medios de comunicación, apuntando a que la principal fuente de abastecimiento de los delincuentes eran las armas robadas en casas de particulares.

En el lanzamiento de la campaña, según registró el portal de noticia Emol, Harboe dijo: “Tener un arma en la casa no es sinónimo de seguridad, ya que ocho de cada diez armas que están en manos de particulares o terminan engrosando las estadísticas de accidentes o aumentan el poder de fuego en manos de delincuentes”. En el mismo acto se anunció la destrucción de 8.757 armas de fuego, presentada como la quema más grande en la historia del país.

Estas cifras en esos momentos se mostraron como el inicio del desarme y el comienzo del fin de la delincuencia armada, pero eso estaba lejos de la realidad. Al año siguiente la destrucción de armas batió un nuevo record, con la inutilización de 12.550 unidades. Y los dos años siguientes (2009 y 2010) sumaron 14.691 armas destruidas. Esto, sumado a que en 2009 las policías incautaron 4.676 armas, equivalentes a 12,8 armas diarias, demostró que no hubo una real disminución de las armas en manos de delincuentes. Por el contrario, todo apunta a que han aumentado.

Estos antecedentes comenzaban a dar indicios de que algún elemento importante no había sido considerado en la política de desarme. ¿Realmente el 80 % de las armas en manos de particulares terminaban en poder de delincuentes que asaltaban hogares?, como lo afirmó el entonces subsecretario y hoy diputado Harboe. Él asegura que la cifra se la habría entregado Carabineros. Pero fuentes de la policía uniformada lo desmienten. En tanto, en la DGMN indicaron a CIPER que tal estadística nunca pasó por sus manos.

Aunque hay ejemplos como el de la potente Taurus Magnum 44 que efectivamente fue sustraída en un robo a un cazador de jabalíes, es difícil suponer que el alto número de armas en poder de narcotraficantes y vendidas a jóvenes pandilleros proviene mayoritariamente de asaltos a casas. Manuel, el chico de 17 años detenido 11 veces por robo en lugar habitado, cuenta una experiencia que no concuerda con la política que ensayó el gobierno:

-Me detuvieron 11 veces, pero debo haber entrado a unas 30 o 40 casas. Solo en una encontré un arma. Era una escopeta, pero no me la pude llevar, porque era una casa en Huechuraba a la que habíamos entrado saltando los muros y con la escopeta era difícil salir. Así que la tuvimos ahí mientras robábamos, por si aparecía alguien, y la dejamos en el jardín. En otra casa, en Vitacura, encontré unos cartuchos. Esos sí los llevamos, pero esa fue una de las veces que me pillaron.

A seis años de la promulgación de la nueva ley se ha comprobado una notable disminución en las inscripciones de armas por parte de particulares, pero la delincuencia armada, lejos de haber disminuido, ha ido creciendo. ¿En qué falló la política pública? La principal fisura es que aún no se detecta el origen de las armas que están en el mercado negro porque ambas policías fracasan en esas pesquisas debido a que los delincuentes les borran los números de serie. Desde los laboratorios policiales informan a los fiscales que los números están adulterados y hasta ahí llega la investigación.

Una vez que se ha incautado un arma, es enviada a los laboratorios policiales para rastrear su origen. Pero la mayoría de los informes de estos laboratorios son frustrantes para los fiscales, porque indican que no hay no antecedentes sobre la procedencia debido a que se les borró o adulteró el número de serie, según explica un fiscal de la zona Centro Norte, jurisdicción donde se concentra la mayor cantidad de investigaciones de delitos cometidos con armas de fuego: 266 hasta el 31 de julio de 2011.

ARMERÍAS Y COLECCIONISTAS

El teniente coronel Eric Gajardo, jefe del OS 9 de Carabineros, dice que no puede hablar a nombre de su institución ni ofrecer una “visión integral” respecto de dónde proviene la creciente cantidad de armas en poder de delincuentes: “Yo puedo hablar sólo desde la experiencia investigativa del OS 9”, aclara.

La evidencia que acumula el OS 9, dice su comandante, indica que la mayoría de las armas detectadas por esa unidad -principalmente de bandas dedicadas al robo con violencia-, proviene “del mercado nacional”. Se trata de armas, sostiene el oficial, compradas de manera legal. Algunas efectivamente caen en las manos de delincuentes en asaltos a residencias de personas que guardan armas inscritas. Pero Gajardo estima que muchas otras son adquiridas en armerías por “palos blancos” que abastecen el mercado negro.

-Existe un porcentaje de armas que llega al mundo delictual por gente que se aprovecha de una ley que fue hecha para personas de buena fe, y que adquieren armas adulterando documentación o utilizando personas ficticias. Esto es lo que se llama “palo blanco” y que son personas que no tienen antecedentes y a las que piden, por ejemplo, que compren dos armas. Esa persona después las vende (ilegalmente) y da cuenta de que se le extraviaron -señala el jefe del OS 9.

Ennio Mangiola, presidente de la asociación gremial que agrupa a las 25 armerías más importantes del país, y Cristián Gamboa, fundador de la Agrupación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas (ANTRA), objetan que las armerías y compradores de armas legales sean una fuente importante en el aprovisionamiento del mercado negro.

Gamboa, cuya agrupación tiene unos 300 miembros, asegura que hay muchos prejuicios contra los compradores de armas y sostiene que no se deben establecer más restricciones, sino aplicar cabalmente las normas actuales: “La ley que tenemos está bien, ahora lo importante es que se dediquen a aplicarla. Hay que prevenir que la gente pierda las armas, se las pase a un amigo, etc. Si se aplica la ley que hay, el mercado informal va a disminuir notablemente”.

Pero, en contraste con lo declarado por el presidente de ANTRA, el comandante Gajardo dice que el OS 9 tiene evidencia de que compradores habituales de armas se prestan para abastecer el mercado ilegal: “Hemos encontrado que aquellos que tienen permiso para coleccionista o para hacer deporte también aprovechan estos espacios que genera la ley para comprar armas y las derivan de manera ilegal al mundo delictual. Los hechos investigativos nos dan la evidencia”.

ARMEROS ILEGALES

M.H. tiene 16 años y está detenido por porte ilegal de armas de fuego. Lo sorprendieron con dos pistolas 9 mm. “Pagué 240 lucas por las dos. Se las compramos a un armero. Un amigo tiene la mano (el contacto). Las compramos ahí en el Paseo Bulnes. Son armas usadas que ellos venden, pero te las venden sin número de serie. Las balas es más fácil conseguirlas. En el persa Biobío o en las mismas armerías te las venden, sin cajas, pero te venden las que quieras”.

El detalle de que la munición se vende sin cajas no es menor. Las cajas son seriadas y, si las balas o cartuchos no provienen de un contrabando, la policía puede establecer quién las importó si son incautados los empaques. Pero rara vez se obtienen las cajas.

En la misma línea del comandante Gajardo, otros policías consultados por CIPER manifestaron sus serias sospechas respecto de que las armas y municiones que están llegando a las poblaciones provienen de armerías legales. A mediados de los años 90 se veían muchas armas hechizas en manos de los delincuentes, pero ahora portan pistolas y revólveres cada vez de mejor calidad. Las mismas fuentes estiman que, si bien es probable que estas armas ingresen como contrabando de países vecinos, es difícil creer que acá son recibidas y revendidas por delincuentes comunes y no por gente que conozca el negocio y maneje el valor y características de este tipo de mercancía.

El dirigente gremial de las armerías, Ennio Mangiola, se defiende:

-La delincuencia armada no se acaba porque está mal enfocado el problema. Esto se soluciona con algo muy simple: más mano dura en las penas efectivas a las personas que se las encuentre con armas en su poder ilegalmente. Ahí sí estaríamos restringiendo el uso de armas a los delincuentes. No puede ser que la ley no distinga entre un delincuente que lo pillan con un arma con el numero serial borrado y una persona con su permiso al día que está trasportando su arma al polígono de tiro pero dejó el padrón en su casa. La ley, en estos dos casos, les aplica la misma pena. ¡Los costos para los delincuentes por andar con armas ilegales son muy bajos!

Mangiola asegura que se debe atacar el “mercado ilegal” y menciona a “los armeros que hacen armas hechizas” o que modifican armas para que no pueda detectarse su origen: “Los esfuerzos deberían ponerse ahí, en fiscalizar más y mejor ese mercado, más que fiscalizar al comercio establecido que debe cumplir con todas las normas”.

A.R. tiene 16 años y 14 detenciones. Tres veces ha caído con armas de fuego en su poder. Él ya tiene sus armeros preferidos, a los que encarga que le modifiquen las armas que consigue:

-Te cobran 20 lucas y te borran el número de serie. Hay unos viejos de Renca, unos armeros, que hasta te pueden cambiar el caño por otro o cambiar algunas piezas para que no se sepa de dónde viene el arma si te la pillan.

Pero así como los policías sospechan de armerías, deportistas y coleccionistas, hay otras versiones que apuntan a que podría haber agentes de la PDI y de Carabineros envueltos en el negocio. En esa dirección apunta el relato que hace el menor infractor A.S.:

-Cuando te pillan en la calle, si no estás haciendo nada, a veces te dejan ir y se quedan con el arma. Una vez me pillaron en la plaza de Maipú unos pacos en moto. Nos quitaron la plata que andábamos trayendo, el arma y nos soltaron. Esa vez andaba con un revólver 32 con balas.

CONTRABANDO

S.A. es un chico de 16 años que ya apunta en su bitácora nueve detenciones por robo con violencia y dos por porte de arma. Ahora está recluido porque lo sorprendieron con un arma calibre 9 mm. que pretendía vender en San Joaquín. Según cuenta, era una pistola “limpia”, sin número de serie ni registro, que le compró a unos “narcos” que se abastecen en una armería.

-Se la llevaba a un amigo al que le querían pegar en su población y no podía ni salir de su casa porque lo estaban esperando. Se la compré porque yo tenía la mano (el contacto), porque conozco a varios traficantes y ellos la llevan con las armas. Se la iba a vender a mi amigo en cien lucas, porque el cabro me había ayudado a mí antes. El arma estaba “limpia”. No tenía ninguna causa. Era sacada de una armería. Si tienes la mano en las armerías puedes comprar armas que no están ni registradas. Yo tengo amigos que las compran “limpias”. Son más caras y de repente están escasas, así que cuando llegan lo mejor es comprarlas al tiro. Después les puedes sacar hasta el doble de plata.

El dirigente Mangiola reconoce que hay casos de armeros coludidos con bandas y delincuentes. Un ejemplo es el de Daniel Santander, acusado de haber vendido armas ilegalmente a Italo Noli, el hombre que disparó contra una patrulla de la PDI y luego murió en un enfrentamiento a tiros en el centro de Santiago en marzo de este año. El mismo Santander fue acusado de vender armas a la banda de narcotraficantes “Los Cara de Jarro”.

-Como asociación hemos luchado para eliminar las lacras del mercado, como pasó por ejemplo con Santander. Pero es muy difícil que hoy una armería esté metida en una asociación ilícita. Con el caso de Noli a todas las armerías nos tenían los teléfonos intervenidos. Y nos estuvieron investigando largo tiempo -dice Mangiola. Y agrega “las policías y el Ministerio Público en ese caso se fueron por lo más fácil, que era investigar las armerías, siendo que solo dos armas del arsenal de Noli habían sido vendidas en una armería. Las otras eran de contrabando y al parecer entraron desde Argentina”.

No obstante, el pasado 3 de noviembre Carabineros detuvo al dueño de la armería Los Vascos, el que fue identificado con sus iniciales: F.A.E.S. (63). En su local, ubicado en Los Andes, la policía encontró 14 revólveres, seis escopetas, cuatro pistolas, un fusil Mauser, una escopeta hechiza, una granada de fragmentación (activa), una munición de mortero, siete cajones con mecanismos de rifle y cargadores de pistolas. Según la versión publicada por el diario La Cuarta, toda esta mercancía es de origen desconocido, pues el comerciante no tenía documentos para acreditar su compra legal.

El coronel Ricardo Burlé, jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos de la DGMN, coincide con Mangiola y también apunta al contrabando como fuente de las armas en manos de delincuentes:

-Te puedo decir que existe un “tráfico hormiga” de armas por las fronteras. Eso lo puedo afirmar. Pero no es un tráfico masivo. Es un tráfico menor que está entrando desde los países con los cuales Chile tiene frontera.

Burlé lleva tres años y medio en su actual puesto y aún le resulta difícil comprender por qué siempre que hay algún incidente con armas -como el del pistolero Noli- las críticas apuntan contra su unidad. No lo entiende, dice, porque a ellos les corresponde la fiscalización de las armas legales y “la mayoría de estos incidentes ocurren con armas que no se sabe cuál es su origen”.

El coronel asegura que la DGMN ha hecho bien su trabajo: “Hemos conseguido que con las modificaciones a la ley disminuya el numero de personas que quieren poseer un arma, porque se les ha hecho difícil obtenerla. En cuanto al control de las armas ilegales, no registradas, esa no es nuestra función. Eso es parte del rol del Ministerio Publico y del Ministerio del Interior (Vea las estadísticas de inscripciones y destrucción de armas desde 1991 a la fecha).

JÓVENES PISTOLEROS

El director regional metropolitano subrogante del Servicio Nacional de Menores (Sename), José Barrera, habla con la autoridad que le confieren los 30 años que lleva trabajando con adolescentes infractores; tres décadas en que ha dirigido los más importantes centros de cumplimiento de penas en régimen cerrado. Y él sabe que las armas en poder de jóvenes han aumentado dramáticamente en los últimos años. Barrera recuerda nítidamente cuándo comenzó la explosiva mezcla entre armas de fuego y menores:

-En 1982, cuando empecé a trabajar con los jóvenes que llegaban a los centros a cumplimiento de penas, no existían prácticamente menores que llegaran por porte de arma. Uno que otro, y normalmente ligado al mundo rural, al campo. Fue a mediados de los 90 cuando empezó a hacerse más presente el tema de los jóvenes con armas y asociados al narcotráfico.

Entre enero y agosto de este año, 574 menores infractores e inimputables ingresaron a centros de reclusión del Sename por porte ilegal de arma de fuego. La cifra apunta a que, a pesar de las campañas gubernamentales de desarme de la población civil, 2011 se cerrará como el tercer año consecutivo con más de mil jóvenes recluidos por esta razón.

-En la medida que iba creciendo el narcotráfico en las poblaciones, comenzaban a aparecer más menores con armas. Esto, desde una lógica muy territorial de familias que empiezan a dedicarse al negocio de la droga y a tener “soldados” para protegerse de otras bandas. Los “soldados” menores de edad les convienen por las razones legales que se conocen -cuenta Barrera.

El especialista cree que ahora estamos entrando en una etapa distinta, más peligrosa: “Si bien las armas siguen vinculadas al narcotráfico, el tema de los jóvenes armados está tomando vida propia. En este momento es un tema de estatus entre las pandillas tener armas. Y vemos que en algunos sectores, como en la zona sur metropolitana, esto se está masificando. Son cada vez más los jóvenes que acceden a un arma”.

Las pandillas juveniles se han convertido en la clientela de un mercado negro cada vez mayor. Los jóvenes compran y venden armas en un negocio que ya cuenta con sus propias reglas no escritas. Así lo describe el adolescente A.R.:

-Si tienes 300 lucas te compras hasta una calibre 45. Teniendo la plata te la compras al tiro. Los que la llevan son los narcotraficantes, tanto para vender como para que te las compren. Yo a veces andaba necesitado de monedas y se las ofrecía a los traficantes de la población. Te las compran al tiro. Claro que te pagan una cagá y después, cuando tú andas necesitado, te las venden más caras.

“Con los cabros que me juntaba en la población casi todos andábamos con armas. Y la gente sabe a quién venderle, porque saben que uno no los va a sapear, porque después necesitas la mano. Te dicen: Si te pillan tú asumís, porque si no, se corta la mano. Así, después tienes la mano para comprar otra”, cuenta M.H.

José Barrera indica que dos directores de cumplimiento de pena de centros semicerrados solicitaron formalmente que se estudien los factores que están multiplicando las armas en poder de jóvenes: “Ya llevan algunas reuniones de trabajo exclusivas para ver cómo enfrentar solo el tema de las armas, porque, la verdad, se está escapando de las manos”.

Sólo ocho años de vida tiene el colegio Manuel Vicuña en la Legua de Emergencia. Una historia corta pero intensa que lo ha convertido en un oasis para los niños que ahí estudian, en medio de una de las poblaciones más violentas de Santiago. Sus más de tres mil habitantes viven prisioneros del terror que desatan las guerras entre bandas que trafican droga y cuyas armas pasan de mano en mano. CIPER recorrió sus cinco cuadras y 11 pasajes más peligrosos y publicó en enero una radiografía a fondo, cuyo título “La dictadura de los narcos que se adueñaron de La Legua”acapara hoy la atención tras la denuncia del párroco de esa población, el sacerdote francés Gerard Ouisse, por las balaceras en esa superficie explosiva que ha tenido en jaque las políticas públicas de seguridad durante los últimos diez años.

De esa violencia sabe cada día la directora del colegio Manuel Vicuña, Eloisa Espinosa. Pero nunca había visto los niveles a que llegó el pasado 15 de marzo y que la hizo por primera vez pedir resguardo policial para proteger la vida de sus 324 alumnos. Hoy, desde su colegio atrincherado, reflexiona sobre el difícil momento de inflexión que vive La Legua.

Eloisa Espinoza recuerda con orgullo que, cuando la fundación Belén Educa decidió abrir el colegio en esa población, se les planteó un enorme desafío. El balance le indica que más de cinco generaciones han egresado de 4º medio, muchos de ellos siguiendo estudios superiores. En el 2009, por ejemplo, el 100% de los alumnos del último año egresaron, de los cuales el 73 % siguió estudios superiores y el 23% se encuentra trabajando.

Nada de eso era siquiera imaginable hace ocho años, en los inicios del colegio, cuando el sueño que se repetía en boca de los alumnos era ser futbolista.

-Cuando uno les replicaba que había que pensar en algo más porque podían no ser buenos para la pelota, algunos respondían: “¿Para qué estudiar?, si aquí en la población hay gente que gana mucho dinero sin estudios y sin trabajar”. Y era evidente que se referían a la vida de los narcotraficantes –dice la docente.

EL ASALTO DE LAS BANDAS

Con satisfacción la directora del colegio exhibe el progreso demostrado por sus alumnos en las pruebas SIMNCE de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias, con puntajes por encima de los 200 puntos en 2010.

-Los primeros años no fue fácil crear el hábito en las familias de que sus niños tenían que asistir a clases. Hoy, por el contrario, los padres nos dicen que sienten que el colegio es el lugar mas seguro de La Legua. Son ellos el principal incentivo para la asistencia a clases que alcanza al 93 % -cuenta Eloisa Espinoza.

Todo ello tuvo un corte el pasado martes 15 de marzo. En los ocho años al frente del colegio, su directora nunca había vivido una situación tan extrema. Al punto de tomar la decisión de salir y llegar hasta la 50ª Comisaría de Carabineros para pedir con urgencia que enviaran policías a la puerta del establecimiento, con el fin de resguardar la salida de los niños.

-Eran cerca de las 15:15 cuando empezó una balacera entre pandillas del sector. Se disparaban desde los techos de las casas en un fuego cruzado de lado a lado de la calle y de un pasaje a otro. Las balas iban y venían desde el pasaje Zárate Sur a Sánchez Calchero Sur. Algunos proyectiles llegaron hasta la puerta del colegio. Llamamos a Carabineros al teléfono del cuadrante. Al principio nadie respondía, y cuando respondieron y dijeron que vendrían, llegaron una hora más tarde de la primera llamada. Por esa razón tomamos la decisión de autorizar la salida de los niños del colegio 45 minutos más tarde de lo habitual –relata la directora.

Al día siguiente, convocó a una reunión de padres. Llegaron trescientos apoderados. El tema central fue impartir instrucciones para enseñarles a niños y adultos qué hacer para evitar ser herido con las balas perdidas en esta guerra de bandas que ha recrudecido. Se adoptó una decisión de emergencia: en caso de balacera, el colegio cerrará las puertas resguardando la integridad de sus alumnos. En cuanto a los padres, éstos permanecerán en sus casas hasta ser avisados por el colegio de que pueden ir a buscar a sus hijos. Un llamado que sólo se hará efectivo una vez que la policía haya controlado la situación.

Dada la respuesta tardía que obtuvieron de Carabineros en el tiroteo del 15 de marzo, decidieron dar un nuevo paso. Y ello, porque tanto la directora del colegio como los vecinos de La Legua de Emergencia, saben que la policía no llega hasta la población. Se sienten absolutamente desprotegidos. Por eso, Eloisa Espinoza se presentó en la 50ª Comisaría de San Joaquín llevando una carta en la que solicitaron “resguardo policial a la entrada y salida del colegio y que la policía no se retire del lugar cuando comienzan las balaceras”. Junto a la carta, llevaba una de las balas que terminaron en la puerta del colegio el pasado martes 15.

La respuesta del mayor de Carabineros, Gonzalo Cortés Zapata, no la sorprendió. El oficial le informó que desde que se puso término a la intervención policial en La Legua, esa Comisaría no tiene recursos para mantener personal de control permanente en el sector. Le dijo también que antes contaban con dos furgones blindados para esa tarea y que ahora sólo tienen uno. Y que sin vehículo blindado no puede patrullar las calles de La Legua de Emergencia al momento de las balaceras.

-Ojala se tomen en serio la carta de la directora y de verdad decidan protegernos. Porque los carabineros parece que les tienen miedo a los delincuentes. Siempre que hay balacera, si están cerca se retiran. Y si no lo están y uno los llama, se tardan horas en llegar hasta que la balacera terminó –señala M.R. (42 años), apoderada del colegio.

CIPER lo constató en terreno dos días después del incendio de la Cárcel de San Miguel, cuando en La Legua de Emergencia se realizó el funeral de Israel Díaz Martínez (21), vecino de la población y quien murió en ese incendio. Al momento de sacar en andas el cajón a la calle, varios de los asistentes sacaron sus pistolas y comenzaron a disparar indiscriminadamente al aire. Un furgón blindado de Carabineros (GOPE) que se encontraba a sólo dos cuadras del lugar, se retiró rápidamente.

Cuando el fiscal Alejandro Peña afirmó que esperaba que pronto “se restableciera el imperio del derecho en La Legua”, no lanzó un exabrupto. Las calles de esa población y sus habitantes son testigos de aquello. Desde enero del 2009 hasta lo que va corrido de 2011, en La Legua de Emergencia han muerto 15 personas víctimas de “balas locas” y ajustes de cuentas entre narcotraficantes. Sólo en estos últimos dos meses ya van tres muertos y, al menos, tres personas heridas por balas perdidas. Entre ellas, una niña de sólo 9 años.

Manuel Pereda Gálvez, de 62 años, es una de las últimas víctimas inocentes de los pistoleros que siguen recorriendo armados y en total impunidad las calles de La Legua de Emergencia. El simple deseo de fumarse un cigarrillo en la puerta de su casa casi terminó con su vida.

-El sábado 19 de marzo yo había llegado como de costumbre a mi casa alrededor de las siete de la tarde de mi trabajo. Me duche, cené y salí a fumarme mi cigarrito a la puerta para no molestar a mi hermana que está delicada de salud. Prendí el cigarro y al momento que me lo estaba llevando a la boca sentí un fuerte golpe en la mandíbula que me tiró al suelo. No perdí el conocimiento, pero tampoco sabía qué me pasaba. Intenté levantarme y me di cuenta que estaba perdiendo sangre. Volví a caer al suelo. Sólo en ese momento escuché a lo lejos unos disparos. Ahí me di cuenta que me había llegado una bala perdida. Mi hermana salió y me vio con mucha sangre. Fue ella quien empezó a llamar a los carabineros que se tardaron más de una hora en llegar. Yo ya había perdido mucha sangre. Me subieron al furgón y me trajeron al hospital Barros Luco. Dios me dio otra oportunidad –relató Manuel a CIPER.

Con sus 62 años, Manuel Pereda es como la mayoría de la gente que vive en la Legua de Emergencia y que carga con el estigma social de vivir allí: un hombre de trabajo. De lunes a viernes se desempeña como jardinero para una empresa que presta servicios a la Municipalidad de San Joaquín. Y para completar el mes, los fines de semana repara bicicletas y hace “pitutos” como electricista.

-Vivo con mi hermana, que está muy enferma y necesita 35 mil pesos al mes para sus remedios. Así que yo no puedo darme el lujo de dejar de trabajar. Pero jamás pensé que me podía pasar esto… Toda mi vida ha sido de esfuerzo y trabajo –dice Manuel.

Desde su cama de hospital, lo que más le inquieta hoy a Manuel es haber dejado sola a su hermana. No poder ayudarla lo angustia más que el resultado de la cirugía a la que debe someterse. El médico le ha dicho que tienen que reemplazar la parte izquierda de su maxilar ya que le quedó destrozado. La bala que entró por el costado de su boca, salió por la parte de atrás de su cabeza debido a que su hueso maxilar la desvió.

-¿Sabe quién o quiénes son los autores de esos disparos que dieron en su maxilar?
-No lo sé, pero nadie ha venido a pedirme disculpas y tampoco a mi hermana por tenerme aquí en la cama de un hospital sin haber tenido en mis 62 años ni siquiera un parte policial. Pero me han mandado ofrecer dinero de parte de unos cabros de la población. Les respondí que no aceptaba ni un peso de ellos.

-¿Quiénes circulan armados y disparan en La Legua de Emergencia?
-La mayoría de las balaceras se dan cuando se enfrentan dos bandas rivales o cuando hay un ajuste de cuentas de una banda con algún narcotraficante.

La afirmación de Manuel Pereda está ratificada por los hechos. El 25 de febrero un conocido pistolero y narcotraficante de La Legua de Emergencia -Heriberto Torres Arancibia (36), conocido como “El Chico Heri”-, con prontuario por tráfico de drogas, infracción a la Ley de Armas e incluso un homicidio frustrado, conducía su auto station wagon cuando en la intersección de Jorge Canning con Francisco de Zárate se cruzó con un menor de una banda rival, a quien había amenazado de muerte al igual que a toda su familia.

El menor sacó rápidamente una pistola que portaba y disparó 12 balas contra “El Chico Heri”. Una de ellas lo mató.

-Nadie se podía imaginar que pasaría esto, porque “El Chico Heri” es de los que la llevan aquí. Venía en su auto con la música alta, paró en la esquina, bajó la música y empezó a echarle la aniñá al otro, amenazándolo de que iba a matarlo a él y a toda su familia. El cabro chico no lo dudó: sacó un arma y se la descargó toda pa’ dentro del auto. Esa misma noche quedó la escoba. Fueron a la casa del cabro chico que lo mató ¡y le saquearon la casa! Por suerte no estaba ni el cabro chico ni su familia, porque conocen la ley que funciona aquí. Pero entraron, se llevaron todo y quemaron las cosas. Incluso mataron al perrito de la casa de dos balazos –relata un testigo y vecino de “El Chico Heri” a CIPER.

Dos días más tarde, el menor que cometió el asesinato se entregó a la policía. Hoy está recluido en un centro del SENAME, pero las balaceras lejos de haber terminado se han acentuado. Y la razón es parte de la ley que rige en La Legua de Emergencia: cuando muere uno de los “respetados” se inicia la disputa por quién ocupará su lugar.

ESTOS SON LOS PISTOLEROS

Varios son los pistoleros –los llamados “soldados” de los narcos- que hoy siembran el terror en las calles de La Legua de Emergencia “con gran poder de armas y a pleno día”, según han relatado a CIPER los vecinos de la población.

La nómina sólo consigna a los mayores de edad, ya que CIPER pudo comprobar que varios pistoleros son menores. Es el caso de R.R.V. (17 años), que baleó este sábado 26 de marzo a otro joven, quien permanece en su casa recuperándose del tiro que le atravesó la pierna derecha a la altura del muslo.

CIPER constató en terreno los nombres de los “soldados” más peligrosos:

No extraña entonces que el sacerdote Gerard Ouisse interpelara al ministro del Interior en una carta pública, diciendo: “En los últimos 15 días han muerto tres personas más y han sido heridas otras tantas. ¿Cuántas personas más considera que sería necesario que murieran para que ello provocara la reacción de las autoridades competentes?”. La carta finaliza: “Son las fuerzas de orden y no el narcotráfico el que tiene, según la ley, el monopolio del uso de las armas. Nos preguntamos, ¿de dónde provienen las armas y municiones?”.(Vea la carta del sacerdote Gerard Ouisse al Ministro del Interior)

La primera respuesta de la autoridad fue poner vigilancia policial a la Parroquia San Cayetano (Vea la entrevista al párroco).

Yarella se despierta con la irrupción de los policías, quienes la instan a vestirse, indicándole que debe acompañarlos a la unidad. Sus dos hijas duermen: no se han enterado de que su madre está a punto de abandonarlas.

-Tengo a mis dos hijas en el cuarto de al lado y no tengo con quien dejarlas, ¿puedo llevarlas conmigo? -le pregunta Yarella a la joven policía que espera a que se vista.

-No, no pueden ir con usted. La orden de detención es contra usted, no contra sus hijas. Vea si las deja con algún familiar -responde secamente la detective.

Desde que su pareja cayó preso en diciembre del 2010, acusado de un robo con intimidación, Yarella vive sola con sus dos pequeñas hijas. Su familia más cercana vive al otro lado de Santiago.

-Puedo llamar a mi madre, pero como vive en el paradero 26 de Vicuña Mackenna se tardará como una hora en llegar -le dice Yarella en tono suplicante a la detective.

De nada valdrá su tono ni sus ojos húmedos y el temblor que se percibe en sus manos. La respuesta es que los policías no pueden esperar tanto tiempo, por lo que debe buscar la forma de dejar a sus hijas con alguna vecina hasta que llegue su madre. Eso es exactamente lo que hace Yarella bajo la atenta mirada de la detective.

La prisa que exhibe la policía al salir de la casa de la detenida se acaba en el mismo momento en que llegan al cuartel policial. Yarella debe ser puesta a disposición de los tribunales, pero transcurren las horas y la espera continúa. Recién a las 11:20 la llevan a los juzgados de Puente Alto. Pero antes deberán hacer un desvío hacia la comisaría de esa comuna, ya que en el camino los policías se percatan de que se les había olvidado el procedimiento de tomarle las huellas a la detenida.

Casi siete horas han pasado desde que Yarella fuera detenida, cuando su madre, que persigue en un taxi a los detectives de la PDI que llevan a su hija, se baja del auto en la comisaría de Puente Alto y comienza a buscarla con visible agitación. Y se entiende: la mujer lleva a su pequeña nieta en brazos ya que ésta sólo se alimenta de pecho y desde que su madre salió del hogar en calidad de detenida, no ha sido amamantada.

Tras un breve diálogo, los policías permiten que Yarella le de pecho a su hija y luego las vuelven a separar. Ahora emprenden rumbo a los tribunales.

Media hora después de llegar a juzgados, el juez deja nula una de las órdenes de detención, pero dictamina que la segunda debe ser ejecutoriada por quebramiento de condena. La decisión del juez significa que Yanella deberá ser encarcelada 41 días.

Durante la audiencia, la pequeña hija de Yarella ha permanecido en absoluta calma en brazos de su abuela. Ajena a todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Pero justo en el momento en que su madre comienza a salir de la sala de audiencias rumbo a la prisión, la pequeña comienza a llorar. Y a gritos.

LOS NIÑOS INVISIBLES

Con la entrada en vigencia en todo el territorio nacional de la Reforma Procesal Penal, el número de personas encarceladas tuvo un fuerte aumento. Un flujo que no ha cesado y que se ve tristemente graficado con el primer puesto de Chile en el ranking de los países con más presos en Sudámerica en proporción a sus habitantes. Otro de los índices que ha ido en alza constante es el aumento de mujeres encarceladas.

Según cifras de 2008 entregadas por Gendarmería, un 68,6% de los hombres y un 89,7% de las mujeres privadas de libertad declaraban tener hijos. De todos ellos, un 40% declaraba tener hijos menores de 18 años, con un promedio de dos hijos por hombre encarcelado y tres hijos para las privadas de libertad de sexo femenino.

De acuerdo con las cifras que expone el libro Estrategia de apoyo integral a niños y niñas de familias con adultos privados de libertad, editado por el Programa Abriendo Camino, a diciembre de 2010 existían 4.577 mujeres y 46.864 hombres privados de libertad en medio cerrado, por lo que se podría estimar que actualmente existen en Chile unos 30.646 menores de edad que son hijos de personas encarceladas.

¿En qué situación quedan estos niños? ¿Existen políticas del Estado que garanticen su protección, como lo estipula la Constitución? CIPER investigó en el área judicial para saber si existe algún grado de coordinación entre las diferentes instituciones que intervienen en el arresto de un padre o madre de familia –policías, fiscales, defensoría, jueces y también presos-, para intentar a lo menos disminuir los riesgos en la vulneración de derechos de los niños.

Después de haber sido testigos de la detención de Yarella, madre de dos hijas pequeñas, hablamos con un subprefecto de la PDI para saber si existía algún protocolo de cómo actuar en los casos de detención de adultos que son responsables de niños menores que quedan solos ante el arresto de la persona a su cargo. El subprefecto pidió reserva de su identidad y contó a CIPER que, si bien no existe ningún reglamento interno de cómo actuar en caso de que la persona detenida tenga hijos pequeños, los policías por sentido común facilitan incluso el teléfono personal para que se llame a algún familiar o vecino que se haga cargo de los menores.

Esa actitud, que no está escrita en ningún protocolo interno, dependerá por cierto de las condiciones en que se realiza el arresto. Porque si la diligencia se produce en un clima de tensión, confrontación o incluso con algún asomo de oposición violenta, todo diálogo se anula. Incluso la preocupación por los menores que quedarán abandonados.

-Esa es una de las cosas más difíciles que me toca enfrentar en este trabajo. Sobre todo cuando te toca detener a una mujer que es madre y que debe dejar solos a sus hijos. Hay que separarlos y dejar a los niños con un familiar o vecino o incluso en la comisaría de menores de Carabineros… Son los pequeños los que más sufren. Sin tener ninguna culpa en el delito que han cometido sus padres deben pasar por estas situaciones -afirma el subcomisario.

Este avezado policía recuerda uno de los episodios más duros que le tocó vivir relacionado con la indefensión en que quedan los niños:

-Fue durante unas detenciones que hicimos para un 11 de septiembre. Metimos a varias personas a un carro policial y se dio la orden de salir rápidamente del lugar porque estábamos siendo agredidos. Cuando el carro iba en marcha, mire para atrás y vi a un cabro chico de no más de 5 ó 6 años corriendo por el medio de la calle, en medio de una lluvia de piedras que era arrojada contra el carro policial, llorando y gritando “¡papá!, ¡papá!”. Y nosotros sin posibilidad de detenernos porque éramos muy pocos en el carro y no teníamos apoyo…

Con sus años de experiencia, este subcomisario de la PDI afirma que la preocupación por los niños que quedan solos producto de la delincuencia es una política inexistente y que urge poner en marcha. Afirma que para que sea realmente eficaz, sus directrices deben venir de las jefaturas, a objeto de crear condiciones que permitan mitigar al menos en parte el trauma que provoca en los niños el momento en que se detiene a sus padres y se les separa de ellos.

En el recorrido que hizo CIPER por distintas unidades policiales, pudimos constatar los dichos del subcomisario de la PDI: la humanidad de los policías prima por encima de un protocolo escrito inexistente. Pero también fuimos testigos de otros episodios en donde las ansias de policías novatos por obtener resultados los hizo olvidar la mínima preocupación por los menores involucrados, vulnerando sus derechos más básicos.

LA ABUELA

Ingrid Montoya Orellana (29 años), está nerviosa. Son las 11:27 y espera desde hace más de media hora que llegue su madre a la sala de visitas del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago. No se trata de una hija dependiente. Su ansiedad se acrecienta porque lo que de verdad espera es a sus hijos, quienes vienen de la mano de su progenitora a visitarla.

-Normalmente mi madre llega a tiempo, pero cuando se retrasa me dan muchos nervios pensando que tal vez no va a venir… Y es que lo que más se sufre aquí es por no poder estar con los hijos. Cuando se está afuera una no piensa así… Yo vivía como si toda la vida estaría con mis hijos. ¡Pensaba que jamás me podían separar de ellos! –dice Ingrid.

Seis meses han transcurrido desde que Ingrid fuera arrestada tras ser acusada por infracción a la Ley de Drogas junto a su pareja. Aún quedan 20 días para que finalice la investigación solicitada por la fiscalía. Es “primeriza”, una condición que alimenta su confianza de que el juez tendrá en consideración su historia pasada y la dejara en libertad. Así, podría volver a su casa con sus dos hijos menores, ahora a cargo de su madre.

Desde el día del arresto de Ingrid, sus niños R.J.M (14 años) y E.J.M (3 años) están con su abuela, Ingrid Orellana, quien debió hacerse cargo de los nietos a pesar de no tener trabajo fijo y de estar afectada por varios problemas de salud.

-Yo estaba durmiendo cuando como a las cinco de la mañana me suena el teléfono… Cuando atiendo me dicen que están llamando de la Comisaría de Antinarcóticos de la PDI de Maipú y que tengo que ir a buscar a mis nietos porque los padres han sido detenidos por tráfico de drogas… Dijeron que tenía una hora para llegar o los mandaban a un centro del Sename. Imagínese lo que fue para mi, me puse súper nerviosa, me levante rápido y me puse a llamar a mi hija. Tenía el teléfono apagado. Después llame a su pareja y también tenía el teléfono apagado, así que empecé a creer que era verdad. Salí a la calle y me puse a buscar un taxi, y cuando encontré uno, ya no sabía dónde tenía que ir. Fíjese que yo vivo en Conchalí, y lo único que me acordaba era que me habían dicho que me llamaban de Maipú -cuenta Ingrid Orellana.

Ingrid tuvo suerte. Porque a esa hora de la madrugada se encontró con un taxista que decidió ayudarla y se puso a llamar por teléfono hasta obtener la información del lugar donde estaba detenida su hija.

-Cuando llegué, me hicieron pasar a una sala donde estaba mi hija esposada de manos y pies, y al lado, mi nietita…, asustada, ya sin lágrimas de tanto que había llorado. Le pregunté por mi nieto y mi hija me dijo que se lo habían llevado, que no sabía donde estaba… Fui de inmediato a preguntarle al policía de la guardia dónde estaba mi nieto de 14 años. Me respondió de mala manera: “Está entregando la droga”, diciendo además que esperara al oficial a cargo del procedimiento.

Ingrid Orellana debió esperar otra hora más, que le pareció eterna, hasta que vio llegar a su nieto escoltado por dos policías:

-Me contó que lo habían llevado con amenazas, pegándole y tirándole el pelo, mientras le exigían que entregara la droga que supuestamente tenía la pareja de mi hija cundo lo detuvieron… Estaba tan asustado que ni siquiera podía hablar. Lo único que decía era: “¡Le dispararon al Félix! ¡Le dispararon al Félix!”.

Ese mismo día R.J.M. debió abandonar su colegio. Y ello porque su abuela se lo tuvo que llevar a vivir con ella muy lejos de la casa en la que vivía con su madre.

-Yo no tenía cómo llevarlo al colegio todos los días. Está muy lejos. Y, además, con qué… Ahora se pasa todo el día dentro de la casa, sin salir, sufre de insomnio, se despierta muchas veces por las noches, asustado. La pequeña retrocedió también ya que había dejado los pañales y ahora le he tenido que poner otra vez. Le cuesta comer y cuando se enoja por algo se pone a gritar llamando a su mamá.

“PATIO ESPERANZA”

El relato de la abuela Ingrid Orellana cambia drásticamente apenas está frente a su hija. No quiere preocuparla. Pero a los pocos minutos queda en evidencia que ninguno de esos problemas es desconocido para la primeriza madre encarcelada. Muy pronto el grupo de prisioneras que la rodea está hablando del único y gran tema de las “primerizas” del “Patio Esperanza” del CPF: los hijos que tienen fuera de las gruesas paredes de la cárcel.

Una cuenta que le avisaron que su hijo de 14 años dejó embarazada a su polola; otra, que su hijo de 15 años dejó embarazada a su hermana de 13 años; y una tercera, que sus hijos mayores (17, 19 y 23 años) se cansaron de ser responsables del hermano menor de 6 años, porque no tienen con quien dejarlo cuando quieren salir de carrete y se lo entregaron a una tía con la que se lleva muy mal. Esta última presa está desesperada. A Ingrid le ha cambiado el rostro.

-Aquí estamos todas igual, yo nunca he tenido depresión en mi vida, pero estar aquí lejos de mis hijos y encerrada, me ha afectado mucho. El otro día le avisé a la gendarme de la enfermería que me sentía mal. Me pregunto por mis síntomas y me dijo que era una depresión, pero que no tenían nada que darme, que tenía que aguantar, no más.

Eso es lo que ha hecho Ingrid. Pero su rutina se ha transformado en otra cárcel:

-Paso la semana pensando sólo en los dos días que tengo de visita para poder ver a mis hijos… Pero a veces no sé qué es mejor, porque cuando se van, la pequeña se pone a llorar… ¡No quiere irse!… Las primeras tres visitas salió llorando con tanta pena que después me comentaron unos gendarmes que mi hija había hecho llorar a todos al verla salir así. Una aquí no sabe qué hacer: si decirle que no venga más o que siga viniendo. En realidad, no sé qué es mejor para ella. Tampoco tengo aquí con quién consultar sobre este problema. El primer mes yo no quise que la trajeran, pero después otra compañera de celda me dijo que estaba siendo egoísta, porque seguro que mi hija quería verme.

Cada vez que vienen sus hijas a visitarla, apenas termina la visita Ingrid estalla en llanto. Y el llanto dura varios días. Ricardo Hidalgo, asistente social de Gendarmería, sabe que el problema de los hijos que están fuera de las rejas es el gran problema de las presas. Y sus respuestas indican que no es Gendarmería la institución que está fallando, sino el sistema judicial y de encarcelación.

- ¿Qué pasa cuando llega una persona con hijos menores para ser internada en una unidad penal?
- Este no es un tema en que Gendarmería pueda hacer nada. Cuando un juez toma la decisión de condenar a la persona, uno entiende que ha ponderado todos los antecedentes. Lo único que hay es un programa de residencias transitorias para niños y niñas con sus madres privadas de libertad y que atiende, en la medida que el juez lo determine, a niños de hasta 2 años. Pero actualmente es hasta un año. Por orden del juez pueden estar dentro del penal en el CPF de Santiago, en la unidad de residencias transitorias, una sección de cunas que atiende a los bebes hasta 1 año. En este instante tenemos 43 niños ingresados en virtud de un convenio entre Gendarmería y el Sename.

Ricardo Hidalgo insiste en que no es la misión de Gendarmería “cuidar los hijos de quien llega a la cárcel en virtud de una orden judicial. No tenemos cómo hacerlo. Lo que se hace en los casos de urgencia es poner a la interna en contacto con quien corresponda. No existe un sistema preventivo que nos permita decir “¿dónde están tus hijos? ¿Hay que ir a buscarlos?”. Lamentablemente, no es el rol de Gendarmería”. Dicho eso, el funcionario toma aire y acota:

-Pero nosotros sabemos que el mayor drama de la gente que ingresa a la cárcel es la destrucción familiar.

CUANDO SE PIERDE LA ESPERANZA

Este asistente social sabe bien a qué se refiere. Porque también conoce lo que se hace con los niños que son ubicados en la unidad de “residencia transitoria”. Allí hay un equipo de profesionales de Gendarmería que los atienden y les proporcionan tratamiento psicológico. Una terapia de intervención orientada a mantener los lazos familiares. Allí también se preparará su salida. Hidalgo tiene claro que este es un problema del que “toda la sociedad debería hacerse cargo”.

- ¿Qué cree usted que falla? ¿Por qué no se ha creado un sistema de protección para los niños que quedan a la deriva cuando sus padres son privados de libertad?
- A titulo personal le puedo decir que se debería tomar la delincuencia como un problema social y actuar preventivamente. Enfrentar la delincuencia pasa por prevención y para ello se debe trabajar con los niños desde temprana edad.
Efectivamente, si se comete un delito, hay que castigarlo. La delincuencia necesita encarcelamiento y mano dura. Es un discurso súper fuerte, pero hay que considerar también por qué se esta produciendo la delincuencia. Y claramente, más allá de las características de personalidad del sujeto, la delincuencia está asociada a factores sociales, a falta de control de interiorización de normas, de proyectos de vida. A crear expectativas sin tener posibilidades de concretarlas. Y entonces, allí pierdes la esperanza; y si pierdes la esperanza, es fácil desviarse.

-¿Existe algún programa de emergencia para las personas que caen presas y tienen hijos menores en la calle?
- No. Al menos de parte del Estado yo no conozco ningún programa que trabaje con los hijos de los imputados. Sería importante tener un programa así y tomar el problema desde el momento en que el juez dice “queda recluida por tanto tiempo” e inmediatamente hubiera la posibilidad de tomar a sus hijos menores y buscarles la mejor opción, primero en la familia directa y por ultimo en algún centro de atención. Y que existiera la posibilidad de que incluso frente a la presencia de problemas familiares generados por la reclusión de algún miembro, hubiera una actuación más amplia de atención a las familias. Eso sería actuar pensando que es el niño el más vulnerado.

41 DIAS QUE MARCARON A UN NIÑO

Un “programa de emergencia” como el que señala Hidalgo es lo que según Vivianne del Rosario Farias Aguilera hubiera salvado a su hijo de caer en la droga. Un adolescente que hoy está al servicio de un grupo de narcotraficantes de la población La Legua, en San Joaquín.

El 23 de noviembre de 2010, Vivianne fue detenida en su domicilio por una orden pendiente luego de ser acusada de hurto en un supermercado. La orden emanó del 8º Juzgado del Crimen de Santiago en 2007 y la condenaba a cumplir una pena de 45 días de reclusión nocturna.

-Fue hace tres años… Yo me había quedado sola con mis dos hijos, uno de 11 años y el otro de 13, y entré a robar comida a un supermercado. Me pillaron los guardias y me llevaron detenida. Quedé citada al tribunal y el día de la citación me presente con mis dos hijos. Al verlos, el juez me dijo que en consideración a ellos me iba a dar reclusión nocturna. Fue muy amable porque hasta me preguntó si tenía con quien dejarlos por las noches. Llamé a mi ex suegra y le pedí que se quedara con ellos. Y comencé a cumplir mi reclusión nocturna. Pero fui sólo dos días, porque al tercer día mi suegra me dijo que no se podía quedar más con los niños. Por miedo a que me volvieran a buscar, al principio pensé en cambiarme de departamento, pero con el paso del tiempo y como nadie vino, pensé que ya no me buscarían…

Vivianne se equivocó. En noviembre de 2010 la sacaron de su casa a las ocho de la mañana:

-Como no tenía con quién dejar a mi hijo A.E.F. (14 años), llamé a una amiga de la comuna de San Joaquín y le pregunté si lo podía recibir en su casa hasta que supiera qué iba a pasar conmigo. Me condenaron a 41 días de prisión. Fue suficiente para perder a mi hijo…

EL 5 de enero de 2011, cuando faltaba sólo un día para que Vivianne saliera en libertad, el menor A.E.F. fue detenido por Carabineros transportando medio kilo de cocaína. Según relató a los propios policías que lo detuvieron, le habían pagado 5 mil pesos por ir a entregar la droga a un tercer implicado en el centro de Santiago.

-¡Imagínese! Yo salgo de prisión y lo primero que hago es llamar a mi amiga desde un teléfono público para preguntarle por mi hijo… Y ella me dice que lo habían detenido la noche anterior con droga. Que aún estaba en una comisaría de Carabineros a la espera de que alguien lo fuera a buscar. ¡Casi me morí! También tuve mucho susto porque pensé que si yo iba a buscarlo, recién saliendo de la cárcel, me podían involucrar a mí con la droga… ¡Quién me iba a creer si estaba saliendo de la cárcel ese mismo día! Por eso le pedí a mi amiga que me hiciera el último favor, que lo fuera ella a buscar diciendo que yo estaba presa. Y se lo entregaron.

Vivianne sólo alcanzó a tener unas pocas horas de felicidad tras recuperar la libertad y a su hijo:

-Ya no he podido hacer nada con mi hijo… No ha querido ni he podido obligarlo a venirse a vivir conmigo. No quiere estudiar. Me dice que le pagan por estar de soplón de unos narcos de La Legua y que como es menor, a él no le pasará nada si lo detienen los ratis. Anda con ropa nueva que yo no podría comprarle, porque cuando salí encontré un trabajo en una zapatería pero solo me pagan 4.500 pesos por día: justo para el arriendo de una pieza y la comida… Mi otro hijo también se me fue, pero de ése no sé dónde está ni cómo buscarlo.

EXPUESTOS A MULTIPLES ABUSOS

Lo que ocurrió con los hijos de Vivianne y de tantas otras presas no es noticia. Tampoco un problema que tenga espacio en una política pública, a pesar de todas las señales de alerta que inundan el sistema judicial y carcelario del país. Alertas que conoce bien Edith Martino, quién lleva mas de 10 años trabajando con hijos de reclusos en la Fundación Paternitas.

“Todos los niños que llegan a nuestros hogares lo hacen en virtud de una orden judicial de vulneración de sus derechos. Lo que indica que el niño que nos llega a la residencia no sólo trae la carga de haber sido separado de su padre o de su madre -lo que ya lo traumatizó-, sino que trae consigo otros graves daños”, dice Martino.

- ¿A qué situaciones o graves problemas se refiere?
- Para que se haga una idea, el 90 % de los niños que nos llegan fueron abusados sexualmente. Y digo esto con una tremenda crítica a los proyectos ambulatorios que existen. ¡Qué se saca con tener las OPD (Oficina de Protección de Derechos Infanto-Juveniles ), los DAM (Programa de Diagnostico Ambulatorio) los PRM (Programa de Protección Especializado en Maltrato y Abuso Sexual Infantil) , si ahí no se detectó ni se dio la voz de alarma sobre lo que les pasaba! Esos proyectos están para eso, para prevenir antes de que el niño pase por todo eso. Desgraciadamente, llegan a las residencias abusados, abandonados, entonces uno tiene que hacer el trabajo de nuevo. ¡Cómo puede ser que para empezar el tratamiento reparatorio de un niño abusado sexualmente o violado, el trámite se demore más de un año! ¿No es eso violentar nuevamente al niño? ¿No es violarle sus derechos en lo más íntimo?

-¿Por qué ocurre esa demora casi criminal?
- Porque los proyectos no dan abasto. Es imposible que para esta comuna donde se encuentra nuestro centro (Puente Alto) haya solo un centro de reparación de maltrato y abuso. Y que además este centro -“Santa Maria Goretti”- no sólo se encargue de los niños abusados de esta comuna, sino que también tenga a su cargo San José de Maipo y Pirque, con solo 75 cupos. Piense que estamos hablando de una gran densidad de población. Y somos un reducido número de profesionales, en su mayoría recién egresados, con poca experiencia. Cuando nos llega un niño, éste tarda en darnos su confianza, y cuando descubrimos que fue abusado, uno tiene que inmediatamente dar aviso. Y es ahí donde empieza el tiempo de espera por la vacante. ¡Hoy tenemos lista de espera de hasta 18 meses! Y cuando ya ha pasado más de un año y se empieza el tratamiento, se le hace revivir al niño todo el trauma.

- ¿Cuentan con profesionales idóneos para ese tipo de tratamiento, difícil y de gran urgencia?
- Aparte del desfase en que se inicia el tratamiento, la atención de reparación queda a cargo de los profesionales que tiene el Centro Santa Maria Goretti, que son muy jóvenes. Y para este tipo de reparación se necesita experiencia. Para que un niño llegue a contarnos que fue abusado, se necesita mucha confianza, mucho trato anterior. Una de las cosas que sabemos es que para tratar con este tipo de niños el equipo debe ser ante todo muy humano y afiatado, donde todos -hasta el gato- estén en la misma línea. Aquí la mentira está castigada, empezando por nosotros: tampoco podemos mentir.

- ¿Por qué hace hincapié en la mentira?
- Por la violencia que representa cada una de las mentiras que estos niños han vivido. Además de la violencia que han visto en sus casas, la que nos entregan los medios de comunicación, la violencia que está viviendo el país. Ellos vienen de ambientes tremendamente violentos. Ahora, uno trabaja con las consecuencias, las causas están más atrás, el problema comienza con la detención del padre o la madre, no uno o dos años después, cuando el niño ya está con problemas psicológicos e incluso psiquiátricos.

- ¿Por qué cree usted que no se construye ese sistema de protección y reparación si su carencia es tan evidente en sus efectos nefastos?
- Nosotros hemos estado en varios seminarios exponiendo esta problemática. Hemos estado hablando y exponiendo los problemas en el Ministerio del Interior, con la Primera Dama, y no solo en este gobierno, antes también, pero hasta ahora no se nos escucha. A nadie le interesan realmente los derechos de estos niños, Chile firmó el Convenio Internacional de los Derechos de los Niños, pero eso es una gran mentira. ¿Se imagina cómo sería de diferente si cuando un hombre o mujer caen presos nos preocupáramos de saber cuántos hijos menores tienen y empezar desde ahí el trabajo?

Si se hiciera lo que tanto preocupa a Edith Martino, como a otros de los profesionales y protagonistas de este problema entrevistados por CIPER durante esta investigación, se evitarían casos como el de los mellizos V.S. (7 años) quienes ingresaron a Paternitas derivados del Juzgado de Familia de Puente Alto. Los hermanos permanecieron casi dos años al cuidado de su abuela después que su madre y padre fueran encarcelados por infracción a la Ley de Drogas, robo e infracción a la Ley de Armas.

Los mellizos tenían asistencia regular al colegio y mantenían un buen rendimiento escolar, además de presentarse aseados y observar buen comportamiento, según relato a CIPER una de sus profesoras del Colegio San Mateo. Lo único que llamaba la atención era que casi no se juntaban con sus compañeros, al punto que cuando se acercaban mucho a otros niños se ponían muy nerviosos.

Hasta que un día sus profesores fueron alertados por vecinos que los dos hermanos estaban siendo usados por su abuela para la venta y tráfico de drogas.

De inmediato se hizo la denuncia y en la investigación que se llevó a cabo descubrieron que los mellizos de 7 años vivían en un submundo de violencia y riesgo social. Los dejaban solos en la casa, expuestos a múltiples situaciones de riesgo, como consumo de drogas y agresión sexual. Incluso les hacían dormir en una misma cama donde ocultaban bolsas de drogas. Los niños tenían la orden de que, en caso de que irrumpiera la policía, no debían moverse de la cama para evitar que descubrieran la droga.

Sucede que los índices de delincuencia entregados hace una semana atrás por Adimark y Fundación Paz Ciudadana muestran un alza en la comisión de los delitos contra casas y un alza en la sensación de inseguridad de las personas. Pero sucede que es porque hay un aumento de las denuncias y eso es bueno, ya que las víctimas confían en la asistencia post delito que les entrega el Estado.

Sucede que los fracasos de los planes anti delincuencia muchas veces son atribuidos a la falta de funcionarios policiales en las calles o a la mala aplicación de la justicia por parte de los jueces. Pero sucede que la víctima también es responsable, ya que según indicó la Fiscalía Nacional de manera tácita semanas atrás, un gran número de denuncias que investigan los fiscales se van al Archivo Provisional debido a “que no especifican pistas concretas sobre los autores del delito”.

En Chile siguen y seguirán sucediendo robos a casas. Y lo más triste es que la víctima de estos atracos puede potencialmente crear una “autotulela”, debido al sentimiento de impunidad para los delincuentes que se va generando. Muchos creen que la lucha contra el narcotráfico es una guerra perdida. ¿Lo será también la lucha contra la delincuencia?

Sucede que el país está cada vez más movilizado por problemas que afectan a toda la sociedad, tal como lo vemos en los medios de prensa, y no sería extraño que en un mediano plazo se tomaran las calles buscando soluciones concretas a un “problema-país” que afecta a lo más fundamental del ser humano: la familia.

Como somos un grupo que no se rinde, remodelamos unas salas que el Municipio facilitó y las convertimos en la primera Sala Cuna de la Legua Emergencia, que bajo la administración de Integra tomó el nombre de un sacerdote querido por el barrio: Mariano Puga. Fue nuestro pequeño aporte a la mejora del hábitat. La reconstrucción de las viviendas tendrá que esperar hasta que alguna autoridad tenga la audacia para establecer los mecanismos legales que la hagan posible. En esta década, no hemos podido contribuir a mejorar el hábitat como queríamos, pero si hemos podido acompañar la construcción de muchas vidas. En la inauguración de la Sala Cuna, a fines del 2006, el Padre Gerard Ouisse preguntó si en cinco años las cosas mejorarían para la Legua Emergencia, nosotros apostamos a 20 para hacer un quiebre intergeneracional.

De Zárate, de Catalina, de Colchero, de allí, de todos los pasajes – donde el imaginario colectivo ha situado el mal – se fueron sumando niños y niñas, fueron siguiendo el dulce sonido de la flauta, era el tutor quien les llamaba, y ellos sabían que era la hora del coro. Al llegar al Centro Comunitario de la Legua, les esperaba el Director del coro para iniciar el trabajo. Estuvieron inquietos, se demoran en sincronizar sus pequeñas vocecitas, pero cuando lo lograron, resultó una experiencia bella.

Están recién empezando, pero ya se ve que será el mejor coro de Chile y eso no es todo, la próxima semana empezaremos el trabajo para formar la orquesta infantil, que por supuesto, será la mejor orquesta de Chile, porque así de bueno es el ADN de los niños en la Legua Emergencia, sino, vean al Club Infantil Bamban Zamorano, es el mejor equipo de futbol infantil ¡¡¡son tricampeones y no solo eso, le ganaron a la sub-13 del Real Madrid en su propia cancha!!!
Solo se necesitan las mediaciones correctas para que toda la potencia del ADN Leguino se exprese.

Los niños no son conscientes de ello, ellos solo disfrutan el cantar, pero nosotros lo sabemos: este coro de voces blancas, cristalinas, tiene la potencia para acallar ese ruido colectivo, maniqueo, que rumorea que por vivir en la Legua Emergencia y además ser hijos o familiares de personas encarceladas, están condenados a iniciar carreras delictivas.

Este es un ruido terrible. Si se piensa que la efectividad del Ministerio Público en la Legua Emergencia ha sido notable, y en la desarticulación de la casi totalidad de los clanes ligados al mercado de drogas ilícitas, ha puesto en la cárcel a centenares de mujeres y hombres; entonces, esta condena alcanza a cientos de niños y niñas.

Voces blancas en un mundo oscuro, cuerpos frágiles como un volantín, que soportan estoicamente la ausencia de sus padres y/o madres. Les hemos visto sufrir dolor, vergüenza, rabia por los delitos de sus padres. No obstante no bajan la frente, afortunadamente, lo ominoso del estigma, aún no los toca, afortunadamente ellos están en otra, están afanados construyendo una carrera ascendente, no la carrera descendente que se predice para ellos en la tribuna pública. Esta generación de niños de Legua Emergencia ha recobrado el valor de la Educación, y la expectativa de cambiar la trayectoria familiar, moviliza a sus adolescentes a completar la Enseñanza Media y a prepararse para ingresar a la Educación Superior.

Esto no era así en el 2001. Cuando llegamos, la única escuela municipal del sector fue cerrada por falta de alumnos e inasistencias. Sin embargo, la demanda más sentida de la comunidad, era educación para sus niños. El Censo del 2002 indicó que el 57.9 % de la población de 18 y más, tenía 8 o menos años de escolaridad. Que duda cabe, que en un tiempo de grandes transformaciones tecnológicas, económicas, sociales y culturales, la baja escolaridad dificulta la inserción en el mercado laboral formal y en casos extremos es terreno fértil para el desarrollo de estrategias de supervivencia al margen de la Ley.

Al finalizar la década, hemos hecho un análisis de la Ficha de Protección Social de la Legua Emergencia, que cubre el 91% de la población entre 0 y 18 años, y hemos encontrado que, a pesar que el 76.3 % de las familias se encuentran en el Quintil 1 de Vulnerabilidad, el 93.5% de la población entre 15 y 17 años se encuentra estudiando. Hay que destacar que no se puede ser más vulnerable que el Quintil 1, lo que significa que, a pesar del cúmulo de adversidades, las familias de la Legua Emergencia están haciendo bien la tarea reproductiva, asegurando un mejor desarrollo para sus niños y niñas. Es probable que el Censo 2012 refleje una mejora significativa en el nivel educacional de la Legua Emergencia, producto de políticas públicas implementadas en esta década, del esfuerzo de las familias, de los niños y niñas, y de múltiples instituciones que estamos contribuyendo a ello. Pero también es probable que en el 6.5 % de adolescentes que aún se mantiene fuera de la escuela, haya algunos atraídos por lo ilícito. En ellos hay trazas del daño que produce la exclusión extrema, que no es solo bajos ingresos, es una pobreza más compleja, que requiere un abordaje también complejo.

Así lo comprendieron los diseñadores del Programa Abriendo Caminos, que en el 2008 institucionalizaron una protección especializada para el grupo de niños entre 0 y 18 años, hijos y familiares directos de personas privadas de libertad. Este programa es un componente del Sistema Chile Solidario de MIDEPLAN. En la actualidad 213 niños y niñas de la Legua Emergencia están protegidos por este Programa. En su ejecución, hemos constatado externalidades muy positivas para el cambio de las trayectorias de sus padres que han cumplido su condena y regresan al barrio. Este no es un dato menor, ya que las condenas se cumplen y así como hay encarcelamientos masivos también habrá egresos masivos. Sin ningún reparo podemos afirmar que las personas que salen de la cárcel quieren normalizar su vida lejos del delito, muestra de ello es el constante flujo que tenemos de la demanda por limpieza de antecedentes y la postulación a trabajos formales.

Diga lo que diga la opinión pública, en la Legua Emergencia ya están en marcha procesos de transformaciones profundas, y es responsabilidad de todos cuidarlos. Podemos concordar que en términos de seguridad pública, aún no sale del estado crítico, y que episodios de violencia como los vividos en marzo, ponen en entredicho los avances en este ámbito. Pero con todo, la situación de inseguridad está lejos de asemejarse a la del 2001 y mucho más lejos de las favelas o Juárez. La Prensa ha demostrado que la Legua Emergencia es absolutamente transparente para el Ministerio Público y las policías, que los grupos vinculados al mercado de las drogas ilícitas que aún no han sido encarcelados son pocos, de menor importancia y que las personas que tienen armas están plenamente identificadas.

El trabajo duro ya está hecho, los procesos de transformación social ya están instalados, por lo tanto, lo esperable es que la intervención anunciada, sea hecha con láser y no con un garrote masivo. También es esperable que el aspecto social de la intervención no sea una zanahoria, sino un abordaje definitivo y sostenido de los problemas de fondo por parte del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y el Ministerio del Trabajo. Hábitat, vivienda, habilitación para el empleo y empleo, empleo y empleo, es la dosis exacta para que la Legua Emergencia salga de la zona de vulnerabilidad.

Cualquiera sea el escenario futuro, nosotros seguiremos trabajando para que la Legua Emergencia pase de la contingencia al proyecto, proyecto cuyo horizonte sea la inclusión social y el ejercicio de derechos, es decir, ciudadanía plena para todos y cada uno de sus habitantes

De esa violencia sabe cada día la directora del colegio Manuel Vicuña, Eloisa Espinosa. Pero nunca había visto los niveles a que llegó el pasado 15 de marzo y que la hizo por primera vez pedir resguardo policial para proteger la vida de sus 324 alumnos. Hoy, desde su colegio atrincherado, reflexiona sobre el difícil momento de inflexión que vive La Legua.

Eloisa Espinoza recuerda con orgullo que, cuando la fundación Belén Educa decidió abrir el colegio en esa población, se les planteó un enorme desafío. El balance le indica que más de cinco generaciones han egresado de 4º medio, muchos de ellos siguiendo estudios superiores. En el 2009, por ejemplo, el 100% de los alumnos del último año egresaron, de los cuales el 73 % siguió estudios superiores y el 23% se encuentra trabajando.

Nada de eso era siquiera imaginable hace ocho años, en los inicios del colegio, cuando el sueño que se repetía en boca de los alumnos era ser futbolista.

-Cuando uno les replicaba que había que pensar en algo más porque podían no ser buenos para la pelota, algunos respondían: “¿Para qué estudiar?, si aquí en la población hay gente que gana mucho dinero sin estudios y sin trabajar”. Y era evidente que se referían a la vida de los narcotraficantes –dice la docente.

EL ASALTO DE LAS BANDAS

Con satisfacción la directora del colegio exhibe el progreso demostrado por sus alumnos en las pruebas SIMNCE de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias, con puntajes por encima de los 200 puntos en 2010.

-Los primeros años no fue fácil crear el hábito en las familias de que sus niños tenían que asistir a clases. Hoy, por el contrario, los padres nos dicen que sienten que el colegio es el lugar mas seguro de La Legua. Son ellos el principal incentivo para la asistencia a clases que alcanza al 93 % -cuenta Eloisa Espinoza.

Todo ello tuvo un corte el pasado martes 15 de marzo. En los ocho años al frente del colegio, su directora nunca había vivido una situación tan extrema. Al punto de tomar la decisión de salir y llegar hasta la 50ª Comisaría de Carabineros para pedir con urgencia que enviaran policías a la puerta del establecimiento, con el fin de resguardar la salida de los niños.

-Eran cerca de las 15:15 cuando empezó una balacera entre pandillas del sector. Se disparaban desde los techos de las casas en un fuego cruzado de lado a lado de la calle y de un pasaje a otro. Las balas iban y venían desde el pasaje Zárate Sur a Sánchez Calchero Sur. Algunos proyectiles llegaron hasta la puerta del colegio. Llamamos a Carabineros al teléfono del cuadrante. Al principio nadie respondía, y cuando respondieron y dijeron que vendrían, llegaron una hora más tarde de la primera llamada. Por esa razón tomamos la decisión de autorizar la salida de los niños del colegio 45 minutos más tarde de lo habitual –relata la directora.

Al día siguiente, convocó a una reunión de padres. Llegaron trescientos apoderados. El tema central fue impartir instrucciones para enseñarles a niños y adultos qué hacer para evitar ser herido con las balas perdidas en esta guerra de bandas que ha recrudecido. Se adoptó una decisión de emergencia: en caso de balacera, el colegio cerrará las puertas resguardando la integridad de sus alumnos. En cuanto a los padres, éstos permanecerán en sus casas hasta ser avisados por el colegio de que pueden ir a buscar a sus hijos. Un llamado que sólo se hará efectivo una vez que la policía haya controlado la situación.

Dada la respuesta tardía que obtuvieron de Carabineros en el tiroteo del 15 de marzo, decidieron dar un nuevo paso. Y ello, porque tanto la directora del colegio como los vecinos de La Legua de Emergencia, saben que la policía no llega hasta la población. Se sienten absolutamente desprotegidos. Por eso, Eloisa Espinoza se presentó en la 50ª Comisaría de San Joaquín llevando una carta en la que solicitaron “resguardo policial a la entrada y salida del colegio y que la policía no se retire del lugar cuando comienzan las balaceras”. Junto a la carta, llevaba una de las balas que terminaron en la puerta del colegio el pasado martes 15.

La respuesta del mayor de Carabineros, Gonzalo Cortés Zapata, no la sorprendió. El oficial le informó que desde que se puso término a la intervención policial en La Legua, esa Comisaría no tiene recursos para mantener personal de control permanente en el sector. Le dijo también que antes contaban con dos furgones blindados para esa tarea y que ahora sólo tienen uno. Y que sin vehículo blindado no puede patrullar las calles de La Legua de Emergencia al momento de las balaceras.

-Ojala se tomen en serio la carta de la directora y de verdad decidan protegernos. Porque los carabineros parece que les tienen miedo a los delincuentes. Siempre que hay balacera, si están cerca se retiran. Y si no lo están y uno los llama, se tardan horas en llegar hasta que la balacera terminó –señala M.R. (42 años), apoderada del colegio.

CIPER lo constató en terreno dos días después del incendio de la Cárcel de San Miguel, cuando en La Legua de Emergencia se realizó el funeral de Israel Díaz Martínez (21), vecino de la población y quien murió en ese incendio. Al momento de sacar en andas el cajón a la calle, varios de los asistentes sacaron sus pistolas y comenzaron a disparar indiscriminadamente al aire. Un furgón blindado de Carabineros (GOPE) que se encontraba a sólo dos cuadras del lugar, se retiró rápidamente.

Cuando el fiscal Alejandro Peña afirmó que esperaba que pronto “se restableciera el imperio del derecho en La Legua”, no lanzó un exabrupto. Las calles de esa población y sus habitantes son testigos de aquello. Desde enero del 2009 hasta lo que va corrido de 2011, en La Legua de Emergencia han muerto 15 personas víctimas de “balas locas” y ajustes de cuentas entre narcotraficantes. Sólo en estos últimos dos meses ya van tres muertos y, al menos, tres personas heridas por balas perdidas. Entre ellas, una niña de sólo 9 años.

Manuel Pereda Gálvez, de 62 años, es una de las últimas víctimas inocentes de los pistoleros que siguen recorriendo armados y en total impunidad las calles de La Legua de Emergencia. El simple deseo de fumarse un cigarrillo en la puerta de su casa casi terminó con su vida.

-El sábado 19 de marzo yo había llegado como de costumbre a mi casa alrededor de las siete de la tarde de mi trabajo. Me duche, cené y salí a fumarme mi cigarrito a la puerta para no molestar a mi hermana que está delicada de salud. Prendí el cigarro y al momento que me lo estaba llevando a la boca sentí un fuerte golpe en la mandíbula que me tiró al suelo. No perdí el conocimiento, pero tampoco sabía qué me pasaba. Intenté levantarme y me di cuenta que estaba perdiendo sangre. Volví a caer al suelo. Sólo en ese momento escuché a lo lejos unos disparos. Ahí me di cuenta que me había llegado una bala perdida. Mi hermana salió y me vio con mucha sangre. Fue ella quien empezó a llamar a los carabineros que se tardaron más de una hora en llegar. Yo ya había perdido mucha sangre. Me subieron al furgón y me trajeron al hospital Barros Luco. Dios me dio otra oportunidad –relató Manuel a CIPER.

Con sus 62 años, Manuel Pereda es como la mayoría de la gente que vive en la Legua de Emergencia y que carga con el estigma social de vivir allí: un hombre de trabajo. De lunes a viernes se desempeña como jardinero para una empresa que presta servicios a la Municipalidad de San Joaquín. Y para completar el mes, los fines de semana repara bicicletas y hace “pitutos” como electricista.

-Vivo con mi hermana, que está muy enferma y necesita 35 mil pesos al mes para sus remedios. Así que yo no puedo darme el lujo de dejar de trabajar. Pero jamás pensé que me podía pasar esto… Toda mi vida ha sido de esfuerzo y trabajo –dice Manuel.

Desde su cama de hospital, lo que más le inquieta hoy a Manuel es haber dejado sola a su hermana. No poder ayudarla lo angustia más que el resultado de la cirugía a la que debe someterse. El médico le ha dicho que tienen que reemplazar la parte izquierda de su maxilar ya que le quedó destrozado. La bala que entró por el costado de su boca, salió por la parte de atrás de su cabeza debido a que su hueso maxilar la desvió.

-¿Sabe quién o quiénes son los autores de esos disparos que dieron en su maxilar?
-No lo sé, pero nadie ha venido a pedirme disculpas y tampoco a mi hermana por tenerme aquí en la cama de un hospital sin haber tenido en mis 62 años ni siquiera un parte policial. Pero me han mandado ofrecer dinero de parte de unos cabros de la población. Les respondí que no aceptaba ni un peso de ellos.

-¿Quiénes circulan armados y disparan en La Legua de Emergencia?
-La mayoría de las balaceras se dan cuando se enfrentan dos bandas rivales o cuando hay un ajuste de cuentas de una banda con algún narcotraficante.

La afirmación de Manuel Pereda está ratificada por los hechos. El 25 de febrero un conocido pistolero y narcotraficante de La Legua de Emergencia -Heriberto Torres Arancibia (36), conocido como “El Chico Heri”-, con prontuario por tráfico de drogas, infracción a la Ley de Armas e incluso un homicidio frustrado, conducía su auto station wagon cuando en la intersección de Jorge Canning con Francisco de Zárate se cruzó con un menor de una banda rival, a quien había amenazado de muerte al igual que a toda su familia.

El menor sacó rápidamente una pistola que portaba y disparó 12 balas contra “El Chico Heri”. Una de ellas lo mató.

-Nadie se podía imaginar que pasaría esto, porque “El Chico Heri” es de los que la llevan aquí. Venía en su auto con la música alta, paró en la esquina, bajó la música y empezó a echarle la aniñá al otro, amenazándolo de que iba a matarlo a él y a toda su familia. El cabro chico no lo dudó: sacó un arma y se la descargó toda pa’ dentro del auto. Esa misma noche quedó la escoba. Fueron a la casa del cabro chico que lo mató ¡y le saquearon la casa! Por suerte no estaba ni el cabro chico ni su familia, porque conocen la ley que funciona aquí. Pero entraron, se llevaron todo y quemaron las cosas. Incluso mataron al perrito de la casa de dos balazos –relata un testigo y vecino de “El Chico Heri” a CIPER.

Dos días más tarde, el menor que cometió el asesinato se entregó a la policía. Hoy está recluido en un centro del SENAME, pero las balaceras lejos de haber terminado se han acentuado. Y la razón es parte de la ley que rige en La Legua de Emergencia: cuando muere uno de los “respetados” se inicia la disputa por quién ocupará su lugar.

ESTOS SON LOS PISTOLEROS

Varios son los pistoleros –los llamados “soldados” de los narcos- que hoy siembran el terror en las calles de La Legua de Emergencia “con gran poder de armas y a pleno día”, según han relatado a CIPER los vecinos de la población.

La nómina sólo consigna a los mayores de edad, ya que CIPER pudo comprobar que varios pistoleros son menores. Es el caso de R.R.V. (17 años), que baleó este sábado 26 de marzo a otro joven, quien permanece en su casa recuperándose del tiro que le atravesó la pierna derecha a la altura del muslo.

CIPER constató en terreno los nombres de los “soldados” más peligrosos:

No extraña entonces que el sacerdote Gerard Ouisse interpelara al ministro del Interior en una carta pública, diciendo: “En los últimos 15 días han muerto tres personas más y han sido heridas otras tantas. ¿Cuántas personas más considera que sería necesario que murieran para que ello provocara la reacción de las autoridades competentes?”. La carta finaliza: “Son las fuerzas de orden y no el narcotráfico el que tiene, según la ley, el monopolio del uso de las armas. Nos preguntamos, ¿de dónde provienen las armas y municiones?”.(Vea la carta del sacerdote Gerard Ouisse al Ministro del Interior)

La primera respuesta de la autoridad fue poner vigilancia policial a la Parroquia San Cayetano (Vea la entrevista al párroco).

Esta ley, junto con reconocer a los adolescentes derechos que no tenían, pretende enfrentar los delitos que cometan de una manera consistente con su edad. Para lograrlo es necesario recurrir sólo como última opción a la privación de libertad -cuando se trate de delitos muy graves- y privilegiar, en cambio, salidas alternativas y sanciones en medio libre. También se requiere que el sistema de justicia sea consciente todo el tiempo de que trata con adolescentes y no con adultos y que las medidas que se tomen deben favorecer su integración social.

Son estos los objetivos que no se cumplen pues el sistema está recurriendo al encierro con demasiada frecuencia.

Un estudio elaborado por la Defensoría con apoyo de UNICEF sobre los primeros 3 años de vigencia de la Ley, mostró que aunque el uso de la prisión preventiva ha bajado levemente en este periodo (de un 8,6% a un 7,5%) el promedio de días privados de libertad aumentó en un 46,5%, pasando de 81 a 119 días, esto es, 38 días adicionales. La cifra resulta más grave aún ya que sigue siendo altísima la cantidad de jóvenes que estuvieron presos sin ser finalmente condenados a una pena privativa de libertad (65,2%). Un 19% estuvo en internación provisoria y ni siquiera fue condenado.

Aunque a nivel académico y también de parte de los operadores del sistema hay consenso en que en la mayoría de los casos resulta más conveniente disminuir al máximo el contacto del adolescente con el sistema penal, favoreciendo el uso de salidas alternativas, esto no se lleva a la práctica. En los más de 3 años de operación de la ley se ha invertido negativamente la relación en este punto: si antes el 43% de los casos terminaba con una alternativa, hoy éstas sólo alcanzan a un 33%; y si las condenas primero eran un 33%, hoy alcanzan a un 44%. En forma complementaria, si uno analiza los datos aportados por el Ministerio Público sobre el total de casos, se aprecia que no hay mayor diferencia entre el tratamiento que reciben los adolescentes con el que reciben los mayores de edad (datos de imputado conocido).

En 2010 las condenas de adolescentes llegaron a un 29% y las de adultos incluso un poco menos, un 27,8%. En el caso de las salidas alternativas, la suspensión condicional del procedimiento es en ambos grupos de un 22,6% y los acuerdos reparatorios difieren en sólo 2 décimas (2,5% y 2,7%). En lo que sí se aprecia diferencia es en el principio de oportunidad, que se aplica más en adolescentes (15,3%) que en adultos (10,7%).

Ahora bien, si observamos el tipo de sanción que se aplica en términos globales 9 de cada 10 sanciones son no privativas de libertad, lo que es claramente positivo, pero la tendencia de los 3 años refleja que van al alza las sanciones privativas de libertad, pasando de un 8,6% el primer año a un 10,1% el tercero. A ello hay que agregar que la reconocida deficiencia en infraestructura física y socio-educativa de los centros privativos de libertad, precisamente destinados a favorecer la integración social, ponen en entredicho la legitimidad de aplicar estas sanciones que en los hechos son puro castigo, igual que si fueran adultos.

¿Es efectiva la cárcel para reinsertar a los adolescentes?

Una manera común aunque discutible de evaluar la efectividad de las sanciones es considerar la reincidencia del condenado (una nueva condena). De acuerdo con un estudio elaborado por la Fundación Paz Ciudadana las sanciones de servicios en beneficios de la comunidad, libertades asistidas y privaciones de libertad en sus diversas modalidades, presentan una tasa general de reincidencia de 55,2%. Como en muchos otros estudios internacionales, la reincidencia de quien ha pasado por un centro privativo de libertad es más alta que la de aquellos que no lo han hecho y Chile no es la excepción: 66% en régimen cerrado y un 67% en régimen semi-cerrado.

Una respuesta simplista es que ello se debe al “perfil” de los jóvenes condenados a tales sanciones, pero aún si fuera cierto ello no obsta a que los centros deban trabajar por la no reincidencia y el problema es que no les está yendo bien. Si bien hay reincidencia en las sanciones del medio libre, ellas son menos costosas que la cárcel, primero en términos humanos, pero también en recursos que podrían destinarse a crear oportunidades reales a los adolescentes más pobres de entre los pobres de nuestro país.

Una oportunidad para rectificar

Si bien no es razonable exigirle al sistema más de lo que puede dar, al menos sí se pueden corregir ciertos aspectos que permitan hacer de la justicia juvenil algo sustantivamente diferente de la justicia criminal para adultos.

Si sabemos que la mayoría de los adolescentes que estará en internación provisoria -verdadera “pasantía” en una escuela del delito- no serán condenados a una pena privativa de libertad, es irracional decretar tal internación, pero como ello parece más difícil de controlar, la ley podría poner límites más claros para su uso y duración y hacer imposibles los actuales 119 días de duración promedio.

Si las normas legales de adultos impiden acordar más salidas alternativas entre los jóvenes, establezcamos reglas especiales en la materia. Si las sanciones de trabajos comunitarios y libertad asistida representan alrededor del 70% de las penas, fortalezcamos esos programas y aumentemos el compromiso de la comunidad con la integración social.

Y si como sociedad aún no podemos prescindir de la privación de libertad como sanción, al menos démosles condiciones de vida dignas a los adolescentes encerrados en los centros y ofrezcámosles herramientas útiles para su futuro reingreso a la vida en libertad. ¿Alguien puede no estar de acuerdo?

* Profesor de Derecho Penal Juvenil, Universidades de Chile
y Central. También es jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Penal
Pública.

Cercano a las siete décadas, su coraje y entusiasmo se mantienen intactos. Y no es fácil. Porque en la guerra que libran las bandas de delincuentes en las calles y pasajes de la población, ser sacerdote no lo exime como blanco.

-En la capilla que tenemos en La Legua Emergencia yo contaba los impactos de balas. Hace dos años dejé de contarlos. Y llevaba 200 tiros. Las balaceras son una locura, ya que se dispara hasta con silenciador y con un alto poder de fuego. Dejan unos hoyos tremendos en las paredes –cuenta Gerard Ouisse.

A pesar de la gran labor social que realiza, este sacerdote reconoce que la batalla contra los narcotraficantes que controlan la población, no ha tenido el resultado que esperaba.

-La batalla contra la droga ya la perdimos. Ahora estoy viendo qué puedo hacer para que se controle el armamento que se maneja aquí. Con esas armas quienes se llevan la peor parte son la gente inocente y buena que vive aquí –dice sin rodeos.

Para Ouisse, las operaciones de los últimos meses de policías y fiscales han sido positivas, pero es claro en señalar que son “insuficientes”, que no terminan con el problema central de la violencia que viven a diario los vecinos. Y ello porque él sabe como pocos los nuevos problemas que éstas crean.

-Por ejemplo, la operación del cortejo fúnebre fue un éxito. Pero yo no puedo dejar de mirar que esas detenciones dejaron muchos hogares sin cabeza. Al día siguiente había varios niños solos. La mayoría ya tenía a su padre preso y ahora se llevaban a su madre. Y qué pasa: los jóvenes que se quedan solos ocupan el rol que dejaron sus progenitores. Forman pandillas y comienzan las batallas territoriales por quién se queda con el control del negocio.

El sacerdote tiene claro lo que se necesita: “Una intervención que no solo contemple llevarse gente presa, sino que sobre todo, traiga a la población una educación de calidad. Los niños aquí están marcados por la violencia. Se necesitan profesionales especializados, no cualquier tipo de profesor”.

-¿Y qué herramientas tiene usted para combatir la atracción que ejercen sobre los jóvenes las bandas de narcotraficantes con todo su dinero y la fuerza que dan las armas?
Soy el “pastor” de todos los que viven en la Legua. También de los narcos a los que les digo en la calle “dejen de vender la droga”. Porque nuestro combate es competir contra los narcos en el reclutamiento de jóvenes. Ellos les ofrecen dinero, armas y droga; y nosotros talleres, centros de rehabilitación, arte, teatro, baile, deporte. Atraerlos con actividades que los saquen de la violencia. La Legua Emergencia está totalmente controlada por un grupo pequeño de narcotraficantes que ha sabido comprarse poco a poco a familias aprovechándose de las condiciones de pobreza de los que no están metidos en el mundo de las drogas.

-¿Cómo funciona ese mercado de reclutamiento familiar de los narcos?
Con familias enteras que no son traficantes pero “trabajan” para ellos. Como el narcotraficante no cocina, no lava ropa, no plancha, contrata a gente de la población para que le haga esos trabajos. Por ahí se empieza. El mismo alcalde contó que pobladores que fueron a la municipalidad a pedirle ayuda para comprar una lavadora e iniciar un trabajo independiente, resultó que el trabajo era lavar la ropa de los narcos. Otros les guardan dinero, droga y reciben su paga. Ayer mismo me encontré con una señora a la que le pregunté cómo le iba en el nuevo trabajo que se había conseguido fuera de la población. Me respondió que dejó el trabajo porque lo que ganaba en un mes afuera, aquí en la población lo ganaba en un día.

El párroco de La Legua conoce cientos de historias similares:

-Hay un señor de la parroquia que necesita operarse con urgencia de la pierna. Le dieron el número 180 en la lista de espera. Para esa operación le dijeron que están operando a una persona al mes. Así, tendrá que esperar 180 meses. Cuando este señor contó aquí su caso, a los pocos días le empezaron a llegar otras propuestas de “trabajos” para que pueda obtener dinero y operarse en el sistema privado.

EL DIAGNÓSTICO DE LOS COLOMBIANOS

Gerard Ouisse está inquieto. No se permite tregua en la búsqueda de caminos y soluciones para los habitantes de La Legua Emergencia. Cuenta que unos expertos colombianos que tienen programas de prevención para zonas de riesgo similares en Colombia, después de pasar 12 días viviendo en La Legua Emergencia, llegaron a una conclusión:

-Su diagnóstico fue que aún se está a tiempo de parar la violencia, que se está en un buen momento, porque hay desarticulación; pero que de no aprovecharlo, el problema puede terminar en unos años más en lo que se convirtieron las poblaciones más peligrosas de Colombia.

-¿Alguna vez fue usted amenazado?
Sí, hace 3 años, cuando la cosa estaba muy mal y habían matado varias personas. Yo organicé con gente de la parroquia unas manifestaciones por las calles con pancartas que decían: “Tenemos derecho a la paz”, “Dejen de matar”, “Respeten la vida”. A los pocos días detuvieron a “Los cara pelota” y hubo gente que empezó a decir que yo había hecho la denuncia. Esa misma noche vinieron a la parroquia y dispararon. Me pusieron guardia policial, pero al final otro narco dio el anuncio: si me tocaban, iba a tomar venganza. Ahí se acabaron las amenazas.

-Pero al igual que muchos vecinos, el miedo lo conoce a diario. ¿Es así?
A mí me respetan, pero igual debo confesarte que muchas veces he sentido mucho miedo. El año pasado, cerca de la 1 de la mañana, me golpean la puerta a los gritos. Una señora me pedía que fuera a su casa porque habían matado a un joven. Fui y cuando entré a la casa me encontré con el pololo de su hija muerto. Era el tercer asesinato del menor que lo mató y que dejó a otro joven con dos tiros en la pierna. Todos lloraban. Rezamos para que se tranquilizaran un poco y después llamaron a los carabineros.

Otra vez, estaba preparándome para la misa y llega un señor grande vestido con una manta de huaso. Me dice que quiere entregarme algo. Lo llevo a mi oficina. El señor se levanta la manta y debajo tenía al menos 10 armas. Las puso sobre la mesa y me dice: “Vengo a entregarle estas armas para no arrepentirme después. Me contrataron para matar a una persona, pero no lo quiero hacer. Prefiero entregarle a usted las armas”. Las dejó y se fue. Nunca más lo vi.

-Usted organizó las llamadas “Marchas por la Paz” aquí en la población. ¿Cómo reaccionan los delincuentes?
La primera Marcha por la Paz fue en 2006. No pudimos terminarla. Apenas habíamos empezado y vinieron a amenazarnos. Incluso dispararon balas al aire. No podía arriesgar la vida de las personas que me acompañaban. Era época de balaceras. La segunda vez ya pudimos caminar por gran parte de la población y las siguientes hemos recorrido todo el sector. Desde entonces, siempre que muere un inocente por una bala perdida hacemos una marcha por la paz. Y con megáfono vamos gritando “¡no más balas!”, “¡no más balas!”. Hasta hicimos campañas por las ferias cambiándoles a los niños libros por armas. Otra iniciativa a favor de la paz es que todos los actos litúrgicos los hacemos en las calles. Desde las procesiones, hasta las misas solemnes.

-Usted ha seguido en su combate al narcotráfico, ¿y los delincuentes qué hacen?
Yo no me meto con ellos y ellos me respetan. Cuando hay disparos donde pueden morir inocentes, yo cojo mi megáfono, salgo a la calle y les grito: ¡respeten la vida, dejen las armas! Y hasta el momento nunca me han disparado. Pero con otras personas no es lo mismo…

-¿A qué se refiere?
-Mire, le cuento, hace un tiempo vino a visitarme el ministro de la Corte de Apelaciones Carlos Cerda. Me dijo que quería ayudar en esta lucha contra los narcos y quería comenzar a visitar La Legua. Yo le dije que lo iban a matar. No me creyó. Pero a los pocos días tres señoras de mi confianza, que estuvieron sondeando, me confirmaron que si él se metía en esta población, lo matarían. Hasta ahí pudo llegar con su intención.

-¿Es imposible entonces iniciar una ayuda desde afuera de La Legua Emergencia?
-No, pero no puede ser un acto individual. Sobre todo después de las últimas detenciones. Mire, la gente está muy desconfiada. Si no conocen a la persona que llega… Porque aquí es muy peligroso moverse. Todos saben que te pueden matar o darte una buena paliza como advertencia.

-¿Qué hacen los vecinos cuando la violencia de los narcos irrumpe y se toma las calles y pasajes?
Vivimos rodeados de violencia, pero alrededor veo personas que son verdaderos héroes. Ayer mismo vino una señora con su hija pequeña muy enferma a pedirme si la podía acercar al hospital de urgencia. Cuando estábamos en el hospital, me dice que lleva dos días sin comer. Y le estaban ofreciendo entrar en el negocio. Pero ella se resiste. ¿Hasta cuándo? Le dije que venga a la parroquia, al comedor, y muchos así lo hacen. Y resisten hasta que les surge un problema mayor, una enfermedad y ni siquiera tienen dinero para comprar un medicamento…

-Se lo escucha angustiado, padre.
Es que esta es una lucha muy desigual. Hay verdaderos héroes aquí dentro: familias que pasan mil penurias pero que no se meten en este negocio de la droga. Y sin embargo, cuando salen de aquí, cargan con todo el “estigma” de ser de La Legua.

-Nos estamos enfrentando a un tipo de delincuente con prontuario y más avezado. Portan fuerte armamento y forma bandas más organizadas que actúan con información precisa. Sus blancos predilectos son los camiones y las bodegas de empresas que distribuyen o almacenan las cargas de los mismos –explica el fiscal jefe de Robos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, José Morales.

Esa zona, una de las más peligrosas de la capital, está circunscrita por tres rutas de alto tráfico de camiones: Ruta 68, Autopista del Sol y Ruta 5. Las tres son vías de tránsito para mercaderías que van y vienen desde los puertos de Valparaíso y San Antonio.

Al elegir las bodegas de almacenamiento estas bandas identifican los horarios con menos gente trabajando o con baja o nula presencia de guardias, además de la información sobre los lugares donde se encuentra el dinero y vías precisas de escape. Respecto a los camiones, los más codiciados son los que transportan cigarrillos, ropas u objetos de marcas exclusivas, electrodomésticos y celulares. Todas de fácil reducción y de buen precio en el mercado irregular.

Este delincuente actúa muy confiado, dice el fiscal Morales. Como los cinco hombres que el pasado 13 de marzo ingresaron con un camión a las bodegas de la empresa de distribución de celulares Cellstar, en avenida Presidente Eduardo Frei Montalba (Conchalí). Permanecieron 32 minutos y salieron con un botín avaluado por la propia empresa en 1 millón de dólares ($570 millones).

-Eran alrededor de las 11 de la noche. Nos encontrábamos tres de nosotros en la caseta de entrada y otro compañero haciendo la ronda en el interior de las bodegas cuando en cuestión de segundos y sin siquiera percibir algo extraño nos vimos rodeados de cuatro sujetos. Con armas de fuego nos redujeron y con los mismos cables que arrancaron de la caseta de vigilancia procedieron a amarrarnos de manos y pies –relató uno de los guardias de seguridad.

Tras reducir al cuarto guardia, los asaltantes huyeron en un camión, el mismo en el que llegaron hasta la bodega, con ocho pallets que contenían 2.825 celulares de última generación. El dueño del camión está identificado. Su prontuario es de terror. Parte de la mercadería ya fue vendida en Antofagasta. Sus últimos destinos serán, como lo muestra la ruta de robos similares anteriores, Perú y Bolivia. Pero los delincuentes siguen libres.

Paradero 25, donde la vigilancia es inútil

9:00 horas. Gran Avenida esquina de Américo Vespucio, justo donde se ubica la estación de Metro La Cisterna, uno de los 17 puntos más peligrosos de Santiago. Lo primero que llama la atención es la gran cantidad de gente que deambula por el sector. Con dos líneas de Metro que confluyen, más el intermodal del Transantiago, se calcula que por allí transitan diariamente 120.000 personas.

A la salida del Metro, en la vereda norponiente, está el retén de Carabineros. Un suboficial me explica con detalles que la zona es segura, que la mayoría de los robos ocurre en la esquina de enfrente o en el paradero de bus que está sobre Gran Avenida.

-Aquí nosotros evitamos muchos robos –afirma el policía.

De repente, aparece presuroso un matrimonio joven con su hija. Piden ayuda. Les acaban de robar un computador, una cámara de fotos y un bolso. Y todo ello a sólo 50 metros del retén.

El suboficial les pregunta si tienen alguna identificación del ladrón. La pareja responde que no. Acaban de llegar desde de Chiloé y se les ve abatidos. El suboficial les dice que hagan la denuncia, pero después de preguntar las posibilidades reales que tienen de recuperar los objetos robados, el matrimonio decide marcharse sin estamparla.

A partir de ese momento la conversación con el suboficial toma otro rumbo. Deja de lado el discurso inicial y me cuenta que lleva sólo cuatro meses en ese retén y no se quedará allí por mucho tiempo:

-No es un lugar de alta permanencia. Los mandos nos van cambiando, de lo contrario aquí uno acabaría estresado ya que el trabajo es muy intenso. Mire, somos sólo tres carabineros, y como uno siempre se tiene que quedar en el retén, al final somos sólo dos los que andamos dando la vuelta. ¡Si no roban más es por que no quieren no más!

El suboficial ya conoce los rostros de algunos delincuentes. Pero es poco –dice- lo que puede hacer. Cuando los divisa, les hace control de identidad.

-Y como nunca andan con documentos, los paso a la comisaría y con eso los saco de circulación unas horas. Pero nada más -asume resignado.

A las horas de mayor concentración –y mayor peligro- unas cinco mil personas caminan en todas las direcciones. Este suboficial asume que es en esas franjas horarias cuando menos se puede actuar.

-Imagínate aquí con cinco mil personas caminando en todas las direcciones… Lo peor es que mucha gente piensa que carabineros es personal de información y hay momentos que tienes a 10 personas preguntando qué bus o qué metro me sirve para tal lugar. Otro gran problema que nos quita mucho tiempo para la labor de prevención es lo que nosotros llamamos “los cachos”: una señora que se cayó en la escalera mecánica, una mechera que los guardias no dejan entrar al supermercado y hace escándalo, los ambulantes que se meten al intermodal… Todo eso también nos toca a nosotros y con 100 mil personas diarias uno a veces termina atendiendo 50 mil cachos y descuida lo más importante.

-¿Y los guardias del Metro y los del intermodal no les ayudan en la prevención?
Mire, ellos nos dicen “hemos puesto 6 guardias, dos por piso para ayudar a la prevención”. Como si eso fuera una gran cosa. La verdad, es que muchas veces esto termina siendo mucho más trabajo para los tres que estamos aquí ya que los guardias nos están llamando a cada rato porque detuvieron a un delincuente o se les colaron unos ambulantes.

-¿Cuántos robos se cometen diariamente aquí?
-Uno o dos -dice titubeando.

-Y cuándo los detienen, ¿cuál es el procedimiento?
-¡Otro cacho! –afirma y sonríe con sorna antes de explicar-, entre las declaraciones de las victimas, los testigos, nuestro relato, tomar fotos de las especies, llevar al ladrón a constatar lesiones y después entregarlo en la comisaría, son como 15 papeles. La mayoría de las víctimas, si pillamos al delincuente en el momento y recuperan lo robado, ya no quieren hacer la denuncia y prefieren irse. Nosotros igual los pasamos detenido, pero a los dos días los vemos otra vez por aquí -señala otro policía del retén.

Ingreso al Intermodal. Una construcción de 60.000 metros cuadrados, cinco pisos, 35 andenes de buses, dos líneas de metro y 43 locales comerciales. La seguridad del recinto está a cargo de seis guardias privados. Ellos no rotan como los carabineros: conocen el sector como nadie. Le pregunto a uno de ellos –alto y corpulento- por los robos que se cometen allí dentro.

-¡Si!, alrededor de 4 a 6 robos diarios, y en las quincenas y final de mes es peor –exclama el guardia.

Un ladrón es sorprendido robando la cartera de una mujer. Dos guardias lo detienen y le revisan todos los bolsillos. Lleva un arma. Y aunque es de fogueo, es tan similar a las de verdad que provoca pánico. También entre los guardias, aunque bien lo disimulan. El incidente les recordó a dos de ellos lo que le ocurrió a uno de sus compañeros el año pasado cuando se encontraba trabajando en el primer piso del Intermodal. Recibió un llamado por radio de otro de los guardias desde el primer subterráneo: una joyería estaba siendo asaltada. Corrió y fue atacado con tres puñaladas en la espalda por uno de los delincuentes.

-Los que más nos sorprendió es que el ladrón no era menor de edad. Tenía 18 años. Y mire lo que pasó: lo detuvimos, le quitamos el cuchillo y se lo entregamos a los carabineros que se lo llevaron detenido después de tomar la denuncia. Como prueba, les entregamos también las cintas de las cámaras de seguridad donde quedó todo registrado. Dos días después apareció el mismo delincuente con otros siete sujetos y amenazaron al guardia que lo detuvo anunciándole que lo esperarían a la salida. Lo tuvimos que acompañar durante varios días cuando terminaba su turno. Lo increíble es que este guardia, a pesar de haber sido apuñalado, nunca fue citado ni por carabineros ni por la fiscalía. Y al delincuente lo hemos vuelto a ver en lo mismo por aquí…

Me despido de los guardias de seguridad. Al momento de partir, uno de ellos susurra: “Por eso mismo, ahora, si vemos algo raro, nos limitamos a llamar a los carabineros. Nosotros no podemos actuar. Ni armas tenemos. ¡No vale la pena!”.

Regreso al día siguiente al intermodal, esta vez al final de la tarde. Otros guardias cumplen su turno. Uno de ellos me confirma lo que los carabineros me relataron el día anterior:

-La mayoría de los robos que se cometen aquí no se denuncian. Y los mismos delincuentes siguen robando y robando.

En las seis horas que pasé en dos fríos días de julio en esa esquina, fui testigo de dos robos que se cometieron a pocos pasos de la policía. También observé la precariedad en que trabajan carabineros y guardias de seguridad privados. Las dos víctimas después de hablar con carabineros se fueron sin denunciar.

Casi a las 20:00 horas del 5 de noviembre de 2008, con luz de día, cuatro hombres entraron a su farmacia, dos de ellos armados. A gritos lo amenazaron y le exigieron dinero. Sin perder un segundo, el líder saltó por encima del mostrador y con violencia empujó a la mujer de Santos –que estaba en la caja– y sacó el dinero. Otros dos, en la puerta, vigilaban. El cuarto apuntaba con su arma al dueño, a su esposa y a los empleados de la farmacia.

Un mes después, cuando aún Santos no había sido llamado a declarar por el primer robo, tres sujetos armados entraron a los gritos y repitieron la operación. A pesar de contar ahora con los sistemas más sofisticados de una empresa de seguridad (ADT) -botón de pánico, monitoreo las 24 horas, contacto directo con el plan cuadrante de Carabineros- una vez más los delincuentes escaparon. Y hubo un tercer atraco.

El 28 de mayo de este año, diecisiete meses después del primer asalto, Ricardo Rojas Venegas fue condenado a seis años como autor de los tres robos a la farmacia de Las Industrias con Departamental. Sus acompañantes siguen libres. Santos busca hoy un nuevo local, lejos de una “zona caliente”.

LA TRILOGIA DEL MIEDO

A fines de mayo, CIPER conoció un plan piloto de la Fiscalía Sur a cargo del fiscal jefe de Robos, Marco Emilfork. Con la ayuda de un grupo de expertos a cargo del cartógrafo forense Alan Lenz, ubica las esquinas y calles con más denuncias de robos por sorpresa, con intimidación y con violencia. La trilogía del miedo.

–La idea es abordar la delincuencia de una manera distinta, centrándonos en los siete puntos más críticos de la zona sur en materia de robos. Una nueva forma de perseguir el delito. Para cada una de esas zonas destinaré un fiscal –explica Emilfork.

A partir de esos datos, CIPER procesó información y unificó los criterios utilizados por las fiscalías Centro Norte, Oriente y Occidente –y también de las policías– para “mapear” las “zonas calientes” de los tres tipos de robos que más dolor de cabeza provocan en la Región Metropolitana (Ver Mapa).

Comprobamos que, a pesar de ser una herramienta reconocida a nivel internacional contra la delincuencia, los mapas georeferenciales no están siendo utilizados en Chile como método de prevención y erradicación del delito. Aquí mostramos algunas razones.

La primera alerta surge al comparar el mapa de 2009 con el de años anteriores: los grandes focos siguen siendo los mismos, con pequeñas modificaciones. Los delitos de los que trata esta investigación, se repiten en los mismos sitios año tras año. Fuimos detrás de las razones.

El Centro de Estudios Estadísticos y Criminológicos de Carabineros usa el sistema de georeferencia del delito para poder determinar los comportamientos y patrones delictuales de las “zonas calientes”. Por Ley de Transparencia, el 7 de junio 2010, hicimos una solicitud sobre sus métodos para terminar con las “zonas calientes”.

En su respuesta (5 de julio), nos adjuntaron un documento PDF de dos hojas que explica en términos académicos en qué consiste el método, y una planilla Excel con “Delitos en estudio” además de las denuncias recibidas entre enero y mayo de 2010. Nada sobre sus métodos de prevención en los sitios donde el mismo delito se repite.

Para entonces, CIPER ya tenía configurado su propio mapa. Decidimos entonces visitar en terreno los sitios más peligrosos. Llegamos a Plaza Italia. Allí hay una cámara de vigilancia de la Municipalidad de Providencia, una cámara de la UOCT (Unidad Operativa de Control de Tránsito) y un retén de Carabineros las 24 horas.

El autor de esta investigación comenzó a sacar fotos muy cerca del retén. Inmediatamente se le acercó un carabinero.

–¡Hola! Tenga cuidado, es mejor que ande con la correa de la cámara amarrada ya que por aquí andan delincuentes jóvenes que le dan un tirón y salen corriendo con su cámara.

-¿Roban mucho por aquí? -le digo después de agradecerle el consejo.
–Sí, sí, andan grupos de jóvenes, incluso algunos en solitario, robando al descuido. A usted como es grande no lo van a enfrentar, pero sí lo podrían sorprender con un tirón y llevarse su cámara o la billetera si la trae a la vista. (Ver recuadro)

-¿Y estando ustedes aquí igual roban?
–Igual roban. Aquí no podemos hacer mucho. Si son menores y los detienes, los vuelven a soltar en seguida, y después pasan por aquí y se burlan. Lo que hacemos es que antes de llevarlos les damos unos buenos charchazos. ¡De rabia no más! Porque sabes que después los sueltan enseguida. Aquí los conocemos a todos, pasan toda la mañana cruzándose de un lado a otro.

-¿Y no tienen cámaras de vigilancia en una plaza tan grande?
–Si, mira –señalando a una de las cámaras–, ahí hay una. Allá otra de control de tránsito, pero no sirven para nada. Para lo único que sirven es para denunciarnos a nosotros: se fijan más en si uno esta comiendo algo o si te bajaste sin el gorro, pero no en si mantienes a estos delincuentes controlados.

Volvimos al final de la tarde del día siguiente. Otros carabineros están a cargo del retén.

–¿Hasta qué hora es seguro andar por aquí?
–No se preocupe, hay mucha vigilancia. Toda esta zona es bien segura, nosotros estamos aquí todo el día.

Lo que parece contradecir lo dicho en la mañana anterior cambia rápidamente al tenor de una pregunta: “¿Ganan bien los policías aquí en Chile?”.

–No, ¡qué vamos a ganar bien! Ganamos justo para vivir y si te quieres dar un pequeño lujo te tienes que endeudar. Ganan más los delincuentes que los policías –responde en tono jocoso el carabinero.

–¿Pero al menos tienen algún incentivo por detener a delincuentes?
–Mira lo que dice este español…si nos dan incentivos por detener delincuentes…ja ja ja –responde riéndose, haciendo que otro policía intervenga.

–Si ahora a usted lo asaltan en la otra esquina, el delincuente huye con su mochila, yo salgo de mi puesto, lo persigo y lo atrapo del otro lado del puente, lo único que voy a ganar es una sanción por abandono de mi puesto. Y si el delincuente es vivo, cuando pase detenido me puede inventar que él andaba con 300 euros cuando lo detuve y esos euros no aparecen. Me llamarán de la fiscalía militar a declarar: ¿Donde están los 300 euros del detenido? Y uno tiene que dar mil explicaciones para que te crean. Y el detenido ese mismo día está en la calle. ¡Así es la cosa en Chile!

NO HAY DENUNCIAS

El diálogo, que se repitió con otros términos en otras “zonas calientes”, grafica algunas de las razones de por qué los mismos delitos se enquistan en determinadas esquinas, calles y horarios.

En 2008, según las denuncias recibidas en el Ministerio Público, se registraron 52.949 robos en la Región Metropolitana. En 2009 fueron 52.835, apenas 111 denuncias menos que el año anterior.

Estas cifras contrastan con los índices de victimización de la última encuesta del gobierno y con los de la Fundación Paz Ciudadana. Ambos registran una baja bastante mayor en los robos. Lo cierto es que en los dos últimos años este delito se mantiene prácticamente igual. Y con un agravante: el mapa es el mismo. Los robos se siguen cometiendo en los mismos sitios.

Pero hay más. Según el Centro de Estudios de Carabineros existe una enorme “cifra negra”. En su Cuenta Pública 2009, informa que las comunas con mayor problema delictual registran entre un 45% y un 70% de NO denuncias. CIPER lo confirmó.

En Puente Alto, comuna de alta vulnerabilidad social, su alcalde Manuel José Ossandón, cuenta:

–Aquí el 90 % de los afectados no denuncia. Existen lugares donde la policía no entra si no es con el GOPE. Y el robo a una señora de la población La Legua significa muchísimo más que el robo a una de Las Condes, donde si le roban el laptop ese mismo día se compra otro. Aquí, si le roban el balón de gas, no tiene cómo cocinar. Pero esta señora no hará la denuncia, en parte porque no se siente protegida. Cuando digo que nos faltan carabineros, no lo invento. Pones dos carabineros a caminar por Providencia y espantas a los ladrones, aquí pones a dos carabineros a caminar por algunos sectores y tienes que sacarlos en camilla. (Puente Alto tiene 0.92 carabineros por cada 1.000 habitantes, frente a comunas como Providencia, con 2.02; Las Condes, con 1.22 y Vitacura, con 1.95 por cada 1.000 habitantes).

POR QUÉ NADA CAMBIA EN LAS ZONAS PELIGROSAS

La responsabilidad de las policías es evidente al mirar el Mapa del Robo diseñado por CIPER con las denuncias efectivas. Si tomamos, por ejemplo, el eje central de Alameda, nos encontramos con 11 cuarteles policiales en el sector. De los 36 puntos marcados, muchos están identificados por los mismos cuya tarea es prevenir el delito. Pero el diálogo de Plaza Italia y en otros puntos peligrosos (Ver recuadro) con los mismos policías revela las fallas y vacíos para enfrentar el problema.

La puerta giratoria se escucha reiteradamente como el origen clave del alto índice de delitos. Fernando Valderrama, juez presidente del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, con jurisdicción en Providencia y Ñuñoa, tiene respuestas:

–¿Por qué en Providencia, esquinas como Pedro de Valdivia con 11 de septiembre y Ricardo Lyon con 11 de septiembre, son sitios donde se cometen muchos robos y nada cambia?
–En los controles de detención en esta jurisdicción, en un día con 30 a 35 imputados, son muy pocos los que llegan por robo por sorpresa, con intimidación o con violencia. La mayoría son por violencia intrafamiliar, muchos por hurto en comercio establecido y también por infracción a la propiedad intelectual: comercio ambulante. Y esto es por la baja denuncia y la mala fiscalización contra los robos. Mi percepción es que tal vez se esté dando prioridad a otros delitos: venta ambulante y hurto en comercio establecido. Ahora, como ciudadano le puedo decir que yo paso muchas veces por ese lugar y veo pocos policías o carabineros más preocupados del comercio ambulante.

–¿Muchos acusan que los delincuentes entran y salen una y otra vez?
–No me creo lo de la puerta giratoria. Los imputados que llegan al Ministerio Público y posteriormente al tribunal y con pruebas suficientes, terminan privados de libertad. Lo que sí admito es que muchas veces a los tribunales llegan con antecedentes insuficientes, falta de prolijidad en la práctica de diligencias y por lo tanto ausencia de antecedentes condenatorios. Y como nosotros actuamos conforme a derecho, a falta de pruebas, la persona vuelve a la calle.

–¿A qué se debe esa desprolijidad en las diligencias de los fiscales?
–En gran parte a que hay mucho apuro en resolver rápido los casos y mucho interés en cumplir metas de gestión. Y para cumplir esas metas se hacen las cosas a medias o no se hacen bien. Hay que ser más prolijos y más atentos al hacer las diligencias. A veces nos llegan pedidos de órdenes de detención o allanamiento con pruebas muy vagas, o simplemente sin la explicación suficiente de los antecedentes reunidos y cómo se obtuvieron.

ZONA NORTE: LOS AVEZADOS LADRONES DE CAMIONES

En la zona norte de la capital los robos por sorpresa crecieron un 13% el año pasado. Pero son los robos a empresas y a camiones los que hoy originan los dolores de cabeza del fiscal jefe de Robos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, José Morales:

–Nos estamos enfrentando a un tipo de delincuente con prontuario y más avezado. Portan fuerte armamento y forma bandas más organizadas que actúan con información precisa. Sus blancos predilectos son los camiones y las bodegas de empresas que distribuyen o almacenan las cargas de los mismos. (Ver recuadro).

Al elegir las sedes de empresas, estas bandas identifican los horarios con menos gente trabajando o con baja o nula presencia de guardias, además de la información sobre los lugares donde se encuentra el dinero y vías precisas de escape. Respecto a los camiones, los más codiciados son los que transportan cigarrillos, ropas u objetos de marcas exclusivas, electrodomésticos y celulares, los que muchas veces terminan siendo vendidos en Perú y Bolivia.

Por lo general estas bandas nunca guardan lo robado en sus casas. Poseen un lugar muy discreto para almacenar la mercadería y contactos para una reducción rápida, especialmente circuitos de reventa en el comercio establecido. Por ejemplo, para ropa de marca tienen sus tiendas de distribución. No venden el botín en ferias. Saben que allí no les van a pagar un buen precio.

Este delincuente actúa muy confiado, dice el fiscal Morales. Como los cinco hombres que el pasado 13 de marzo ingresaron con un camión a las bodegas de la empresa de distribución de celulares Cellstar, en avenida Presidente Eduardo Frei Montalba (Conchalí). Permanecieron 40 minutos y salieron con un botín avaluado por la propia empresa en 1 millón de dólares ($570 millones).

A pesar de haber constatado que parte de este robo se vendió en Antofagasta, los fiscales reconocen que es un caso muy difícil de resolver. No obstante, aseguran que agotarán todas las instancias antes de que este robo pase a engrosar el 70 % de causas que se archivan sin culpables. Y también acusan carencias.

-Se habla de la falta de policías, pero no de especialidades. Un gran error. Se necesitan policías con más preparación y mejor pagados. Cuando se combate un delito donde los delincuentes en un día ganan lo que a un carabinero le cuesta un año de trabajo, no podemos pedir más. La falta de medios con que cuentan nos juega en contra. Se les estropea un vehículo y ya no tienen en qué salir o no tienen dinero para gasolina –dice el fiscal Sergio Soto, de la Fiscalía Occidente.

En otra fiscalía son aún más tajantes: han tenido que dejar de trabajar ciertos robos con algunas unidades de la PDI que han pasado a ser objeto de investigación en el Ministerio Público por corrupción y obstrucción a la investigación.

ROBOS A CASAS DEL SECTOR ORIENTE

Dentro de esta trilogía de robos –por sorpresa, con intimidación y con violencia–, es el último el que aumentó un 14 % en el sector Oriente de la capital (de 2.009 a 2.282 casos en los últimos dos años). Pese a que el sector, el de mayor poder adquisitivo de la capital, cuenta con los mejores sistemas de seguridad y vigilancia, en lo que llevamos de este año la Fiscalía Oriente registra 2.019 robos en lugar habitado.

Con un agravante; gran parte de estos robos ha afectado a casas con moradores. Éstos son reducidos por los delincuentes, amarrándolos o encerrándolos mientras desvalijan el inmueble. “Robos con amarrados” los llaman en la jerga interna de las fiscalías. Un delito especialmente grave, para el que se ha destacado a cuatro fiscales de tiempo exclusivo. Solo en marzo, 200 casas fueron afectadas por este delito. Entre ellas, la del ciudadano alemán M.J., asaltado por tres hombres el 19 de marzo a las 20:30, cuando salió al patio (condominio “El Remanso” de Las Condes) para alimentar a su gato.

Transcurridos tres meses y a pesar de haber cumplido con todos los protocolos policiales y del Ministerio Público, esta carpeta ya forma parte de los archivos provisorios o sin resolver. De los autores, ni una sola pista. El año pasado, en la misma Fiscalía Oriente, el 87% de las 7.032 denuncias de robos en lugar habitado tuvo el mismo final.

En es sector hay un gran problema: la escasa participación de las víctimas. “Uno logra detener al delincuente, recuperar especies, llega la etapa del juicio y las víctimas al final no declaran”, relata el fiscal Marcelo Vargas, de la Fiscalía Oriente.

–El mayor problema es que las víctimas confíen en que se les puede proteger a la hora del juicio oral y no se retracten al momento de estar frente al juez. En ese minuto, el estar frente al delincuente, atemoriza a muchos. Sobre todo cuando la víctima y el victimario tienen un entorno más o menos común (vivir en la misma comuna, por ejemplo, pero en sectores socio económicos distintos). En ocasiones, durante la investigación, ya sea el delincuente o sus familiares hacen contacto con la víctima para que ésta se retracte. Y tiene efecto vía amenaza o pasando dinero –ejemplifica Vargas.

Lo anterior lo confirma Marcos Emilfork, de la Fiscalía Sur:

–Ayer (martes 15 de junio) me llegó este correo referente a un robo de un camión en La Pintana en que uno de los delincuentes fue capturado por una patrulla de Carabineros que pasaba por el lugar. “Señor Fiscal: No queremos seguir adelante porque la familia del imputado nos pasó 250 lucas a cada uno de los dueños de la mercadería. Así que queremos retractarnos de nuestra declaración y ya no queremos ser citados”.

ROBOS A CASAS EN EL SECTOR SUR

Por problemas atribuidos al terremoto, la Fiscalía Occidente no contaba con las cifras exactas de los robos a casas en el sector sur de la capital. Pero según cifras de Carabineros, el número no es pequeño. Sí reconocen que por ser gente de menores recursos e influencia social, no se les presta la misma atención que a las víctimas del sector oriente. El protocolo no escrito da cuenta de ello.

–Aquí en la 52 ª comisaría de Maipú, en caso de asaltos a casas, los primeros que se hacen presentes son los del carro policial de ronda. Una vez constituido en el lugar, si se trata de alguien “influyente” –pariente de un fiscal, alcalde o ministro o de alguien con influencia política o social que pudiera atraer a la prensa– los del carro policial avisarán inmediatamente al jefe de turno, quien se presentará y valorará la importancia de la persona afectada asegurándose si está la prensa o si puede llegar. En caso positivo, avisará al mayor (comisario) que, de hacerse presente por la “importancia del sujeto asaltado”, irá acompañado de los dos capitanes que se encuentran en la unidad. Esto puede llevar a que, por considerarse un hecho mediáticamente bueno para Carabineros, el mayor a su vez llame al prefecto de la zona occidente quien se hará presente con los dos comandantes. Un caso así puede llegar a convocar hasta 30 carabineros en un lugar. Si el mismo asalto ocurre en la casa de cualquier vecino, llega el carro policial, con suerte le tomarán la denuncia, en muchas ocasiones le dicen a los dueños de casa que no vale la pena. Y si le toman la denuncia, les dicen que debe esperar la citación -explica un oficial de esa Comisaría que pide reserva de su identidad.

Este código tácito fue confirmado por un alto jefe de Investigaciones del sector alto de Santiago. El procedimiento utilizado –dice– dependerá en gran medida de quién es la persona afectada y de los contactos sociales que tenga.

El 15 de julio del año pasado, Matilde Vidal se presentó en el cuartel de la PDI en Echenique (La Reina). Denunció un robo en su casa. Hizo la declaración y esperó la citación de la fiscalía. Nunca llegó. A los 20 días una vecina le proporcionó a Matilde el nombre del ladrón. Visitó la casa del supuesto delincuente y habló con su madre, la que se mostró dispuesta a reparar el daño. Justo en ese momento llegó el acusado y la echó de la casa. Matilde llamó al cuartel de la PDI. Esa misma tarde llegaron a su casa dos policías. Recogieron los nuevos datos y le dijeron que ahora sí todo llegaría a la fiscalía. El 21 de agosto –según consta en la causa RUC 0900667661-5 del fiscal José Reyes–, se recibió un oficio de la PDI aportando antecedentes y pidiendo interrogar al sujeto. La orden nunca fue despachada desde la fiscalía. Veintiún días más tarde, Matilde recibió una notificación de la fiscalía informándole que por falta de antecedentes la causa se cerró. Diez días después hubo un asalto a un camión de Coca-Cola en el mismo sector. Un sujeto fue detenido. Matilde descubrió que se trataba del mismo joven que robó en su casa.

Muy distinto es lo que ocurrió con el anillo de compromiso de oro, platino y diamantes que le robaron a la mamá de un fiscal de esa zona. Desapareció de su casa un día 30 de diciembre y al día siguiente, el mayor de la 47ª comisaría Los Dominicos se lo entregó personalmente. Había sido vendido en una joyería de la calle Estado. El caso se resolvió en tiempo record.

*Este reportaje fue publicado en revista Qué Pasa el viernes 30 de julio de 2010.