-Don Juan Pablo no ha venido por acá hace tiempo, aunque la casa ya está casi terminada. Le faltan puros detalles, no más –dice el cuidador que cierra el paso, confirmando que la propiedad es de Juan Pablo Valenzuela Miranda.

No han sido buenas las últimas semanas para Valenzuela y quizá por eso no ha puesto pie en su flamante refugio de montaña. De hecho, esa propiedad es una de las que se mencionan en la denuncia interpuesta en su contra por las religiosas de la congregación Misioneras Catequistas de la Sagrada Familia. Ellas son las sostenedoras del colegio Providencia, de Parral, donde Valenzuela ha ejercido como subdirector, aunque no es docente, y ha oficiado como asesor jurídico, sin ser abogado.

Las monjas concurrieron al Ministerio Público el 9 de junio pasado y lo acusaron de “apropiación indebida” de fondos. Ellas sospechan que los más de $132 millones que Valenzuela ha invertido en propiedades en el último año pueden haber salido de las arcas de su colegio parralino. El establecimiento atiende a 1.500 alumnos y recibe más de $120 millones mensuales por concepto de subvención y aporte solidario de los apoderados.

La historia tiene además una arista que sorprende y sirve de combustible a aquello de “pueblo chico, infierno grande”: la superiora de la congregación, Ana Águila, la Madre Anita, respalda a Valenzuela, con quien tiene una relación de extrema confianza, y así lo hizo saber al cuerpo docente y administrativo del Colegio Providencia. En los hechos, la denuncia ante la fiscalía es síntoma de un quiebre profundo entre la superiora y el resto de las religiosas que dirigen la congregación.

El episodio que dejó a Valenzuela navegando en aguas tormentosas comenzó a escribirse el 24 de abril pasado. Ese día Chilevisión informó sobre la denuncia de un profesor que aseguró que las listas de asistencia de otro colegio que tiene la congregación en la localidad de Las Camelias, en la comuna de Retiro, eran adulteradas para cobrar dolosamente las subvenciones estatales.

La acusación dio origen a una investigación del Ministerio de Educación. Para enfrentar la denuncia, la dirección del colegio fue asumida por la religiosa Mireya Alfaro, la Madre María Jesús, quien convocó como asesor jurídico al ex alumno de las monjas y abogado parralino Daniel Castillo. En medio de esa indagatoria y al tomar contacto con funcionarios de Educación que trabajan en el área de las subvenciones, la religiosa fue alertada sobre el conjunto de propiedades que había adquirido desde julio de 2010 el subdirector del Colegio Providencia, Juan Pablo Valenzuela. Las sospechas se basan en que las inversiones descubiertas no tendrían relación con los ingresos que percibía Valenzuela por su trabajo en el establecimiento.

FINIQUITO Y AUDITORIA

El sábado 21 de mayo se celebró en Santiago el “Encuentro Fraterno” que anualmente reúne a todas las integrantes de la congregación. Aunque no estaba en tabla, la jornada fue aprovechada para citar de manera extraordinaria el Consejo Superior, órgano máximo de la Congregación. Ahí se expusieron las sospechas que recaían sobre Valenzuela y se solicitó a la superiora que explicara el rol que el subdirector cumplía en materias administrativas.

Valenzuela siempre había estado bajo la mira de un grupo importante de religiosas. La congregación tiene 91 años dedicada a la educación, administra nueve colegios, atiende a más de 6 mil alumnos y en toda su historia la directora y subdirectora de cada establecimiento siempre fue una consagrada. Eso hasta 2008, cuando sin poner sobre aviso a las hermanas, la Madre Anita designó a Valenzuela como subdirector del colegio de Parral. Aquello preocupó a varias religiosas, debido a que consideran que la historia personal de Valenzuela no es compatible con un alto cargo en un colegio administrado por monjas.

La nominación de Valenzuela fue traumática en la forma, pues se anunció en la liturgia del inicio de clases de 2008 sin que la hasta entonces subdirectora Soledad Soto, con más de 30 años de docencia en el colegio, supiera que sería relevada. Y también lo fue en el fondo, porque Valenzuela, que hasta entonces se desempeñaba como asesor jurídico del colegio, había tenido un niño con la hija de uno de los profesores y poco tiempo después tuvo una niña con una joven docente del mismo establecimiento. A eso sumaba otro hijo con una pareja anterior. Ahora mantiene una relación con la secretaria administrativa del colegio. Además, ha enfrentado por lo menos dos juicios por alimentos.

-Toda persona es libre de hacer lo que quiera con su vida privada, pero para ocupar un puesto en un colegio de religiosas no nos parecía adecuado. Varias personas se lo hicimos saber a la Madre Anita, incluso otras hermanas de la congregación, pero ella no quiso escuchar -señala un apoderado que se relaciona habitualmente con Valenzuela.

El Consejo Superior de las religiosas está integrado por siete hermanas. Y en la reunión urgente del 21 de mayo, fueron cuatro las que inclinaron la balanza contra Juan Pablo Valenzuela, a pesar de la defensa que hizo la Madre Anita. La cita se selló con dos acuerdos. El primero estipuló que al día hábil siguiente, el lunes 23 de mayo, se procedería al finiquito de Valenzuela como subdirector del Colegio Providencia y como asesor jurídico del colegio de Las Camelias, función que ostentaba en paralelo. Y, en segundo término, que se realizaría de inmediato una auditoria financiera y administrativa al colegio Providencia.

REUNION CON EZZATI

El abogado de Valenzuela, Iván Quijada, asegura que su cliente firmó el finiquito en los primeros días de junio y que la auditoría está en marcha hace dos semanas, realizada por un equipo que habría sugerido el obispo de Linares, Tomislav Koljatic.

Las religiosas que interpusieron la denuncia en la fiscalía de Parral señalan que la Madre Anita no les ha dado copia del finiquito y que no les ha informado sobre la supuesta auditoría. De hecho, ellas se reunieron el miércoles 25 con el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, para ponerlo al tanto de la situación, porque la congregación tiene su sede central en su diócesis. Y Ezzati les sugirió que la auditoría la hiciera una funcionaria del arzobispado de su confianza, Nelda Campos, quien hasta ahora no ha recibido luz verde desde el colegio para proceder.

La Madre Anita tiene su lugar de trabajo en la sede central de la congregación, en la calle Maturana de Santiago, pero desde que se inició el conflicto ha permanecido en Parral, en la casa que tienen las religiosas dentro del colegio.

En un contacto telefónico con CIPER, Juan Pablo Valenzuela aseguró que la denuncia sólo cuenta con el respaldo de la religiosa que la interpuso, la Madre María Jesús, y que el resto de la Congregación, incluida la superiora, no apoyan la judicialización del tema.

Pero la investigación de CIPER arrojó que la Madre María Jesús, ecónoma y administradora de los bienes de las religiosas, no está sola. El 7 de junio, ante la nula respuesta de la Madre Anita respecto de los acuerdos suscritos en la reunión del 21 de mayo, la vicaria de la congregación, la hermana Yolanda Covarrubias, la Madre María Soledad, tomó las riendas del asunto como segunda al mando. Para ello, requirió un certificado extendido por el Arzobispado de Santiago que la acredita como representante legal de la congregación. Y fue ella la que mandató a la Madre María Jesús y al abogado Castillo para que presentaran la denuncia ante la fiscalía, lo que se concretó el 9 de junio. Castillo además, anuncia que presentará una querella contra Valenzuela.

-Lo que hay acá es una congregación que reúne a cerca de una treintena de consagradas y de ellas hay por lo menos 21 religiosas que respaldan lo obrado por su Consejo Superior y por las madres María Soledad y María Jesús -sostiene Castillo.

El único finiquito que han tenido a la vista las religiosas es el que puso fin a la asesoría jurídica que brindó Valenzuela al colegio de Las Camelias. Fue firmado por la Madre Anita y Juan Pablo Valenzuela en Parral el 23 de mayo pasado, pero fue legalizado en una notaría de Linares. El documento contiene una cláusula sorprendente, que estipula que los términos del finiquito así como los argumentos utilizados para poner fin a la relación laboral son confidenciales y queda prohibido a las partes hacer mención de ellos. El incumplimiento, dice el texto, dará derecho a la contraparte a cobrar 10 mil UF (unos 218,5 millones de pesos):

-Para máxima claridad, ninguna de las partes abajo firmantes, podrá referirse a la otra en caso alguno y bajo ninguna circunstancia, en términos que involucren menosprecio, ofensas o injuria o cualquier forma de menoscabo –establece el finiquito.

LAS PROPIEDADES

Juan Pablo Valenzuela aseguró a CIPER que las propiedades cuyas escrituras fueron acompañadas por la denunciante suman cerca de $40 millones y que pudo financiarlas con diversos créditos. Su abogado, Iván Quijada, estimó que los créditos que pidió su cliente para solventar estas operaciones suman unos $30 millones, y que el resto lo cubrió con ahorros y otros ingresos.

-Él tiene negocios en el rubro agrícola, además de una sociedad de asesoría jurídica con un hermano. Tiene ingresos permanentes en los colegios desde hace diez años. Es soltero y vive con su mamá. Así que tiene capacidad de ahorro. Vamos a entregar a la fiscalía todos los documentos que acreditan los recursos con los que hizo estas compras de propiedades -dijo Quijada.

Respecto de los juicios por pensión alimenticia y los desembolsos que Valenzuela debe hacer para mantener a sus tres hijos, Quijada indicó que sólo estaba informado de que su cliente llegó a acuerdo con la profesora que es madre de su hija menor y que “eso se inició como una reclamación por régimen de visitas”. Sobre los otros casos, señaló que no tenía antecedentes.

En contraste con las cuentas que saca Valenzuela, CIPER tuvo acceso a las escrituras de las cuatro propiedades que acompañaron la denuncia: la inversión total suma $53,5 millones. Se trata de una parcela en el sector de Los Molinos, en Parral, que adquirió en $16 millones; otra parcela en el mismo lugar que compró en $14 millones; una casa también en Parral por $18 millones y el sitio en Bullileo que le costó $5,5 millones.

Además, el abogado Castillo señaló a CIPER que tuvo acceso a una escritura de compraventa de un inmueble que está en la notaría de Gloría Acharán, en Santiago, fechada el 29 de abril de 2011, bajo el repertorio 17.523. En esa escritura, señala Castillo, figura como comprador Juan Pablo Valenzuela y como vendedor “Francisco Javier Bizama Cifuentes y otra”. El abogado asegura que la venta es por 3.018 UF (casi $66 millones) y que el pago fue acreditado por Valenzuela mediante un vale vista que permanece en custodia en la misma notaría. La operación no se había cerrado, dijo Castillo, porque faltaba la firma de uno de los vendedores.

El abogado Quijada dijo a CIPER que no tenía información sobre esta última compra y no descartó que se haya financiado con un préstamo hipotecario, pero subrayó que no está dentro de los documentos que acompañan a la denuncia.

Con esta última compra en curso, las inversiones inmobiliarias hechas por Valenzuela desde julio del año pasado a la fecha totalizan cerca de $119,5 millones. A ello debe agregarse el costo de la casa que se construyó en Bullileo, cifra que el abogado Quijada estimó en conservadores $14 millones, pues incluyó hasta la piscina. Eso da un total de $133,5 millones.

A ese paquete debe sumarse la nueva, amplia y moderna casa construida por Valenzuela en Parral y que habita junto a su madre en calle Ignacio Carrera Pinto Nº 97. El inmueble es de estilo ecléctico y más ostentoso que bello. Resaltando entre las modestas viviendas aledañas por detalles como una puerta con marco de madera y un gran vidrio grabado con las iniciales VM, la casa despierta las fantasías de los parralinos, quienes aseguran que Valenzuela trajo muebles desde España para alhajarla.

Respecto de los costosos vehículos que utiliza Valenzuela y que despiertan envidia o admiración en el pueblo, Quijada dijo que el moderno BMW en que se desplazaba hasta hace poco, era producto de un leasing que tuvo que deshacer. La amplia camioneta Chevrolet Traverse 2009 está a nombre del hermano menor y socio de Valenzuela, Miguel Luis, y figura en prenda por el préstamo que facilitó su compra.

LOS FONDOS SEP

Raúl Zuñiga fue profesor en el Colegio Providencia por más de 20 años. Encabezó la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento hasta el último día del año pasado, cuando Valenzuela le anunció su despido.

Zúñiga fue el encargado de postular al colegio en 2008 a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), que otorga más dinero fiscal por atender a menores vulnerables. Según cuenta, al postular ese año el colegio sólo gastó en una capacitación realizada por Santillana precisamente para instruir a los docentes en cómo integrarse al sistema SEP. Sin embargo, al revisar en un portal del Ministerio de Educación, se encontró con un documento que resume la rendición que hizo el colegio del uso de la subvención SEP en 2008 y en el que figura un gasto de $4.736.760 correspondientes a “supervisión de prácticas pedagógicas en aula”.

-Ese gasto no se hizo en 2008, porque la supervisión en aula la hice yo y otra colega pero recién a contar de 2009 -dice Zúñiga, quien asegura que el manejo administrativo de la subvención estaba en manos de Valenzuela.

El mismo docente indica que en noviembre de 2010 se realizó en el colegio una supervisión de los gastos de la SEP por parte del Departamento Provincial de Educación. Durante esa visita inspectiva, recuerda, Valenzuela le pidió que firmara un anexo con una cláusula transitoria para su contrato en el que se establecía que desde marzo de 2009 -casi dos años antes- recibía mensualmente $470 mil “con expreso cargo a la Ley SEP”. En total, debía haber cobrado $ 9.400.000 en los dos años. Pero Zuñiga afirma tajante “jamás recibí ese dinero”. Hasta la fecha de su finiquito en diciembre de 2010, sus liquidaciones de sueldo no incluyeron ese pago.

CIPER tuvo a la vista documentos que demuestran que otros docentes firmaron contratos bajo la administración de Valenzuela que indicaban que recibirían remuneraciones con cargo a la Ley SEP desde marzo de 2009, por montos que involucran a lo menos unos $20 millones. Hasta la fecha, en sus liquidaciones de sueldo no figuran pagos por ese concepto.

UN PUESTO SOLITARIO

Mientras la investigación de la fiscalía de Parral sigue su curso, en paralelo corre la arista eclesial del conflicto. Para este sábado 18 de junio, estaba programada una reunión de las religiosas, incluyendo a la superiora, con el arzobispo Ezzati. Fuentes allegadas a la congregación indicaron a CIPER que esa cita sería crucial para definir el futuro de la Madre Anita.

CIPER intentó comunicarse con la Madre Anita. Concurrimos dos veces hasta el Colegio Providencia, pero las llamadas y los recados que se le dejaron no fueron respondidos.

La superiora está cuestionada debido a que no cumplió con los acuerdos adoptados en la sesión del Consejo Superior del 21 de mayo o, al menos, no informó oportunamente de su cumplimiento, lo que desembocó en la formalización de una denuncia que dañó severamente la imagen de la congregación. Además, en franca oposición al Consejo Superior, a la hermana vicaria y a la hermana ecónoma, le brindó respaldo público a Valenzuela.

En efecto, el sábado pasado, frente a varios testigos, la Madre Anita le señaló al constructor Mario Cisternas, encargado de levantar un auditorio en el colegio, que debía entenderse con Valenzuela para seguir adelante con la edificación. Y antes, el jueves 26 de mayo, reunió a todo el personal del Colegio Providencia y anunció que Valenzuela había renunciado, que ella lo apreciaba y que había aprendido mucho de él en los diez años en que trabajaron juntos. También pidió que la entendieran porque el cargo que ella ostentaba era un puesto de “mucha soledad” y que antes que religiosa, era mujer y tenía sentimientos.

-Una declaración así, en boca de una mujer consagrada, es fuerte y da para pensar muchas cosas. Quedamos realmente sorprendidos -comentó una de las profesoras presentes en esa reunión.

La discusión que provocó la acusación hecha por el Ministerio Público al diputado Sabag y a su hermano quedó reflejada en el tiempo que le demandó a la sala de verano de la Corte Suprema emitir su veredicto. El problema llegó a manos de la Suprema luego que en noviembre pasado el tribunal de Cabrero sobreseyera a Patricio Sabag afirmando que no se le podía acusar por fraude al Fisco ya que éste no era funcionario público. Un mes más tarde la resolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Concepción. El paso siguiente fue la Corte Suprema. Y esto porque el Ministerio Público apeló con un recurso de queja que apuntó al fondo de la actitud adoptada por los ministros de la Corte penquista (Ver informe de la Corte de Apelaciones de Concepción a la Corte Suprema).

El fallo del máximo tribunal fue suscrito por los ministros Juan Araya, Rosa Egnem y Roberto Jacob, quienes estimaron que la resolución del tribunal de alzada de Concepción tenía suficiente fundamento y que su “labor no revela falta o abuso susceptible de ser enmendado por la vía disciplinaria”.

No fue así el criterio de los ministros Sergio Muñoz y Pedro Pierry. Ambos redactaron un explosivo voto de minoría que entra al fondo de la tipificación de los delitos investigados y propone enviar los antecedentes al pleno de la Corte Suprema para que sea el máximo tribunal el que imponga sanciones disciplinarias tanto al juez de Cabrero como a los magistrados de la Corte de Apelaciones de Concepción. Y la causal es grave: “La flagrante transgresión de normas que importan, a lo menos ignorancia inexcusable, dada la gravedad y efectos definitivos de la determinación adoptada”.

Pese a ser un voto de minoría, a juicio del ex fiscal regional de Valparaíso Jorge Abbott –quien inició esta acusación por el uso irregular de las asignaciones parlamentarias– el tenor de los argumentos de dos jueces de la Corte Suprema no deja otra opción al Ministerio Público que seguir avanzando en la causa y pedir el desafuero del diputado Jorge Sabag.

De hecho, fuentes del Ministerio Público consultadas por CIPER concordaron en que pese a haber perdido el recurso en la Corte Suprema, el voto de minoría le pone fuerte presión al sucesor de Abbott, el fiscal Pablo Gómez y al Consejo de Defensa del Estado, quienes en los próximos días deberán decidir si se piden o no el desafuero de Jorge Sabag.

Cabe recordar que el diputado Sabag se encuentra formalizado por negociación incompatible y que no se presentó en el tribunal de Cabrero a la audiencia en que se intentó re-formalizarlo por fraude al fisco. Como no se le puede obligar a asistir a la audiencia porque tiene fuero, si se quiere ejecutar este nuevo paso, se requiere ahora que el diputado sea previamente desaforado por la Corte Suprema.

Los argumentos de Muñoz y Pierry

Según el análisis de los ministros Sergio Muñoz y Pedro Pierry, una de las irregularidades que en este proceso se cometieron es que una vez que se cierra la investigación, sólo el fiscal puede solicitar el sobreseimiento y no el imputado, como sucedió en este caso. Luego, su voto de minoría se pronuncia sobre el fondo de la acusación del Ministerio Público: el pago con fondos de la asignación parlamentaria de Jorge Sabag a una sede distrital en Cabrero, que en realidad era una oficina de una empresa del senador (DC) Hosain Sabag y su esposa, cuyo representante era su hijo Patricio.

En esa calidad el Ministerio Público le imputó a Patricio Sabag el delito de fraude al fisco. En un fallo de segunda instancia, los magistrados de Concepción se pronunciaron sobre estos hechos, lo que para los ministros de la Suprema Muñoz y Pierry constituye una “indebida anticipación” de juicio.

En sus fundamentos, los magistrados de la Corte de Concepción, zona donde el clan Sabag ha desarrollado tanto su potencial electoral como sus empresas, concluyeron que Patricio Sabag no podía ser acusado de fraude al fisco porque no era funcionario público. Además, decidieron “la clausura del proceso”, para “evitar las perniciosas consecuencias del mismo en la dignidad del imputado, arrastrado a un juicio sin finalidad práctica, afectándose de este modo sus derechos fundamentales, los cuales deben ser preservados por el tribunal”.

Fue precisamente esta decisión la que fue duramente cuestionada por los ministros Sergio Muñoz y Pedro Pierry, quienes sostienen que esos argumentos demuestran “un desconocimiento absoluto de los fines del nuevo proceso penal” y que la connotación del imputado no puede influir en la determinación “puesto que en nuestro país no hay clases privilegiadas”.

Para ambos magistrados, los ministros de la Corte de Concepción evaluaron los antecedentes que debían ser analizados por un Tribunal de Juicio Oral además de proceder sin contar con las pruebas que se presentan en un juicio de ese tipo.

Otro de los puntos centrales cuestionados por Muñoz y Pierry es aquel en que la corte penquista sostiene que el diputado Sabag sea funcionario público es una “cuestión absolutamente oscura en la doctrina penal dado (sic) que detenta un cargo por elección popular”. Los dos ministros argumentan, en cambio, que los tipos penales aplicables a los funcionarios públicos incluyen a quienes ejercen funciones públicas, en este caso un diputado.

En su parte medular, Muñoz y Pierry se pronuncian sobre el problema que ha estado en el centro de las discusiones por los escándalos del mal uso de las asignaciones parlamentarias: si se trata de fondos públicos o es dinero de los diputados. Los ministros de la Corte Suprema afirman que los arriendos de las sedes distritales no sólo los paga directamente el Congreso, sin que además nunca pasan al patrimonio del parlamentario, quien no los declara como ingreso.

-Que por las razones dadas, la sentencia que motiva los recursos de queja ha sido dictada mediando falta y abuso grave en el ejercicio de la función jurisdiccional, al hacer un mal uso de sus atribuciones, la cual tiene, además, defectos en el obrar, todo lo cual debe ser enmendado por esta vía disciplinaria. No solamente se ha privado al Ministerio Público de conducir la investigación, formular acusación y concurrir a un juicio oral y público, si no que se le ha puesto término definitivamente; se ha atendido la petición de un interviniente que no está legitimado para requerir el sobreseimiento definitivo (…); se anticipó pronunciamiento de mérito sobre los hechos, sin permitir la realización del juicio oral, que está llamado a recibir la prueba, invadiendo las atribuciones del Tribunal de Juicio Oral por un Juez de Garantía; se han realizado ponderaciones de antecedentes inexistentes y se ha estimado que no se encuentran probados los hechos de manera extemporánea- concluyen Muñoz y Pierry.

Estas consideraciones son las que respaldan la tesis del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado y que podrían derivar en la próxima solicitud de desafuero de Sabag.

Siguen los coletazos del escándalo

El caso del diputado Jorge Sabag no es el único que sigue pendiente de aquellos gatillados por diversas denuncias periodísticas durante el año 2009. Este martes 26 de abril la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó sobreseer al ex diputado RN Maximiano Errázuriz, quien se encuentra formalizado por fraude al fisco y uso malicioso de instrumento privado. En las próximas semanas se iniciará el juicio –oral o abreviado- en su contra.

Paralelamente, a casi dos años del escándalo en el Congreso, aún se trabaja en lo cambios de fondo anunciados para terminar con la discrecionalidad en el manejo de los dineros de las asignaciones parlamentarias. Ha sido un proceso lento desde que en junio de 2009 los entonces presidentes del Senado y de la Cámara, Jovino Novoa y Rodrigo Álvarez, anunciaron la creación de un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias en que no participarían ni senadores ni diputados.

Para implementarlo fue necesario cambiar la Ley Orgánica del Congreso, dictar un reglamento y nombrar a sus integrantes. Recién a fines del año pasado comenzó a funcionar el consejo presidido por el ex senador (DC) Sergio Páez e integrado también por el ex presidente del Banco Central Vitorio Corbo, el ex director de Presupuestos Alberto Arenas, el ex rector de la Universidad de Chile Luis Riveros y el ex diputado (UDI) Andrés Egaña.

La Ley de Presupuesto de 2011 les asignó $568 millones para operar, un monto que fue calificado de excesivo en el Ministerio de Hacienda y que equivale a más de 1 millón de dólares. El grueso, $527 millones, se destina al pago de salarios e incluye, además de los consejeros, el secretario ejecutivo, funcionarios administrativos y asesorías, a los tres integrantes del Comité de Auditoría creado para fiscalizar el gasto de los fondos del Congreso Nacional. Estos últimos fueron elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública y reciben una renta bruta de $5 millones.

Los consejeros, en cambio, tienen una remuneración mensual de 100 UF ($2,1 millones) y su presidente130 UF ($2,8 millones). Pese a que la remuneración es mensual, no se les exige reunirse con una periodicidad definida. Sin embargo, el ex senador Páez asegura que en la práctica se han reunido más de una vez al mes y se han repartido el trabajo en comisiones por área.

Hasta ahora, la única información pública que se conoce del trabajo de esta comisión es que en diciembre pasado resolvieron aumentar en 4,2% las asignaciones parlamentarias reajustables con la inflación. Según explica Páez, las actas y registro del resto de su trabajo se darán a conocer en cuanto se tomen las resoluciones respecto a los cambios en las asignaciones parlamentarias.

Para ello han establecido una “carta Gantt”, un calendario que contempla presentar a ambas cámaras su propuesta de cambios a fines de mayo, discutirlos durante junio e iniciar una marcha blanca a partir de julio, para que entren en régimen en enero de 2012. Pese a las conversaciones que sostendrán con los parlamentarios, Páez enfatiza que “esta es una comisión resolutiva y lo que se resuelve se acata”.

En cuanto a la misión del organismo, Páez la define así: “blindar, en el buen sentido de la palabra, que se estén cumpliendo las normas y que haya tal claridad que sea imposible que un parlamentario salga nuevamente en la prensa por cosas escandalosas”.

Dichos escándalos tuvieron un fuerte costo en la imagen de la Cámara de Diputados. Mientras Claudia Nogueira (UDI) y René Aedo (RN) llegaron a un acuerdo para la suspensión condicional con la fiscalía y devolvieron el dinero de las asignaciones usadas indebidamente, siguen abiertos los procesos contra Errázuriz y Sabag.

El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad critica la falta de herramientas que existen en el país para combatir y perseguir los actos de corrupción. Recuerda que el año pasado se anunció la creación de un Frente Anticorrupción, integrado por las cabezas de algunas de los más importantes organismos del Estado chileno, el que sin embargo se diluyó en el tiempo. Si no se fortalecen las instituciones y sus herramientas legales, la lacra de la corrupción podría avanzar sin contratiempos.

En los países serios la corrupción es el enemigo número uno de sus Estados de Derecho, de sus sistemas políticos democráticos y de sus economías de libre mercado y en razón de ello el Ministerio Público tuvo la excelente idea de relacionarse con la Agencia Eurosocial de la Comunidad Europea para disponer de mayores antecedentes en su cometido. Así fue como desarrolló con ella el proyecto “Lucha contra la corrupción: el modelo de fiscalía especial y multidisciplinaria” cuyo objetivo es detectar a tiempo la configuración de ese tipo de delitos, que en Chile ha sido muy difícil pesquisar por las razones que cada lector perspicaz comprenderá.

Los abogados especialistas del Ministerio Público han dicho que la lacra de la corrupción deber ser enfrentada, desde la perspectiva de su persecución penal, de una manera muy distinta a los otros tipos de investigaciones y que, para ello, se hace necesario modificar nuestro ordenamiento jurídico con lo cual se lograrían los resultados que la sociedad espera. Lo anterior es un tremendo desafío si sabemos que en nuestro país, de una u otra forma, está garantizada la impunidad cuando se trata de delitos económicos cometidos por los dilectos animadores del establishment.

En el año 2007 el Ministerio Público propuso al gobierno de Bachelet la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción integrada por 25 fiscales con dedicación exclusiva en la materia, pues su Unidad Especializada Anticorrupción se veía ampliamente superada por las enormes dificultades que la persecución de esta particular clase de delitos le exigía. Pero, luego de los profusos anuncios en la prensa respecto de las bondades de dicha propuesta, ni la presidenta, ni menos, su ministro del interior, Edmundo Pérez Yoma, hicieron mayor cosa para activar la creación de dicha fiscalía, posiblemente porque creían que el control de la probidad pública y digámoslo con claridad, la connivencia entre algunos funcionarios de la administración con excelsos actores privados, no tenía la prioridad que sí exigían otras iniciativas más “entretenidas” y mediáticas.

Transcurrió el tiempo y el domingo 5 de julio de 2009, en pleno fragor de la campaña presidencial que le dio el triunfo a Piñera, se publicó en El Mercurio un completísimo reportaje titulado “El debut del Frente Anticorrupción”, con ocasión de una reunión llevada a cabo en ese diario por las máximas autoridades de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado. Se explayaron en la cita Urbano Marín, Juan Colombo, Ramiro Mendoza, Sabas Chahuán y Carlos Mackenney, respectivamente, siendo entrevistados por la periodista Pilar Molina. Debemos tener presente que los 2 primeros han sido reemplazados por Milton Juica y Marcelo Venegas.

Los titulares de esas instituciones fueron muy convincentes en plantear sus ideas para atacar dicho flagelo y recordaron que el 2 de diciembre del año 2008 ya habían firmado un compromiso de intercambio de información para prevenir las faltas a la probidad de los funcionarios públicos.

En lo que dice relación a las sanciones bajas e inoportunas para el fraude al fisco y el cohecho, Mendoza indicó que “las penalidades no son lo suficientemente drásticas”, pero también dijo que “había que fortalecer las unidades de auditoría interna en los servicios y municipios y el seguimiento de sus denuncias en los tribunales”. En lo referido al trato y colaboración e independencia frente al gobierno, Colombo sostuvo que “una vez nombrado, uno tiene que aplicar el principio de la ingratitud con quien te nombró”. Ante las modalidades de corrupción, todas graves, Chahuán explicó “la que implica abuso de poder es de un nivel de repudio ético y moral más execrable”. Quien dio en el clavo fue el asertivo Mackenney, quien expresó “nos interesa que el país trabaje en la prevención”.

Pero como ningún medio de prensa le hizo seguimiento a la creación de ese Frente Anticorrupción y dado que se echó al olvido esa atractiva iniciativa con la cual se habrían aumentado los estándares en la probidad, en razón a que somos curiosos, desde hace 2 meses, nos pusimos en campaña para revisar personalmente con los titulares de esas 5 instituciones en qué etapa de desarrollo estaba dicho Frente. Nos entrevistamos con Milton Juica y Marcelo Venegas, presidentes en ejercicio de la Corte Suprema y Tribunal Constitucional, respectivamente; con Carlos Mackenney, presidente del CDE y con el subdirector de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, quien nos recibió acompañado con un abogado de esa repartición. La apretada agenda de Ramiro Mendoza ha imposibilitado nuestro contacto con la Contraloría General.

Las cuatro reuniones fueron gratas, notando un genuino interés por parte de quienes nos recibieron en mejorar la institucionalidad, pero quedó demostrado que el Frente Anticorrupción no existe en los términos que El Mercurio nos anunció en julio de 2009, lo cual nos debe hacer recapacitar y sacar conclusiones.

En todo caso y relacionado con la materia, traemos a colación una graciosa experiencia que tuvimos en días pasados con el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, institución con muy buena llegada a los medios, quien informó recientemente a la opinión pública que había mejorado el “índice de percepción de la corrupción” en Chile, medición que se basa en un estudio de analistas, expertos independientes e instituciones internacionales. Como teníamos ciertas fundadas dudas con ese insólito resultado, le solicitamos al portavoz de esa organización que nos diera los nombres de aquellos líderes de opinión, altos dirigentes empresariales y en general de todos quienes habían sido consultados y que estaban tan satisfechos respecto de cómo aprecian este escenario. La respuesta de esa institución que vela por la transparencia (sic) nos dejó pasmados, porque nuestro interlocutor, después de varias sesudas explicaciones, mantuvo en reserva los nombres de quienes fueron consultados.

Haciendo abstracción de lo dicho en el párrafo anterior y recapitulando, si se llegara a producir un milagro y este Frente Anticorrupción llegara a operar más adelante, sería imperioso que también lo integre el efectivo Consejo para la Transparencia, organismo que ha sabido cumplir con excelencia su labor cotidiana. Pero más necesario que lo anterior es darle al Ministerio Público las potestades y recursos financieros para que sus fiscales ataquen con decisión los recurrentes ilícitos que cometen los más vivaces del grupo social más encumbrado que hay en el país.

Piñera, Hinzpeter y Felipe Larraín, quienes son los que mandan en Chile, saben que la corrupción es un fenómeno complejo ejecutado por redes de individuos que conocen muy bien el sistema y por ende sus debilidades y por ello esperamos que, entre los 3, adopten las decisiones conducentes a erradicarla paulatinamente para mejorar nuestra democracia y para que los privados de todos los pelajes entiendan que las leyes siempre se deben obedecer sin recurrir a los abogaditos expertos que las interpretan a sus amaños.

Si ello no acontece y continuamos como hasta ahora nos hemos desenvuelto, quedará en evidencia que coexistir con la sofisticada corrupción de las élites es un buen negocio para aquellos que toman las decisiones políticas en el esplendoroso Palacio de La Moneda.

(*) Patricio Herman es presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.

El anuncio lo hizo desde un salón de un hotel capitalino, y respaldado por la plana mayor del gabinete de seguridad: los ministros de Defensa y Seguridad, David Munguía Payés y Manuel Melgar; el director de la Policía, Carlos Ascencio; el director del Organismo de Inteligencia del Estado, Eduardo Linares, y el secratrio de Asuntos Estratégicos, Hato Hasbún, quien además coordina el gabinete.

Según Moreno, las destituciones realizadas hasta este lunes responden a un proceso de investigación realizado “desde el 1 de junio”, y se da a conocer este mes luego de tener corroborada toda la información para realizar las destituciones.

“El crimen organizado tenía infiltrado centros penales”, reconoció el funcionario. El anuncio de las nuevas destituciones, que incluye a dos directores de cárceles (uno en Sensuntepeque y el otro en La Unión) ocurre tres días después de que Moreno informara que todo el personal del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, La Paz, fue removido debido a su relación estrecha con los reos ahí detenidos.

“Si eso hacían en Zacatecoluca, que es el de máxima seguridad, imagínense cómo estaba el resto de centros del país”, dijo Moreno, en alusión a los casos detectados en Zacatecoluca.

Algunos de esos casos, según había revelado Moreno a El Faro en agosto, mostraban a custodios ayudando a los reos a desconectar los sistemas bloqueadores de señales telefónicas en una prisión, o a una abogada en juegos sexuales con uno de sus clientes.

El anuncio de hoy fue antecedido por un video preparado por Centros Penales que evidencia la permisividad de los custodios de Zacatecoluca porque aparecen reclusos consumiendo marihuana, con teléfonos celulares, con objetos -introducidos por los mismo custodios- para destruir las instalaciones y para presumiblemente hacer armas artesanales.

El video era narrado por Moreno y musicalizado por una tonadilla en rap. Estuvieron pendientes de toda la conferencia David Rivas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia; y Luis Verdi, el asesor en comunicaciones del presidente Mauricio Funes.

Según Moreno, las investigaciones continúan y no se descartan más despidos o “terminaciones de contratos”. Agregó que de los 225 nuevos empleados destituitos, a 57 se les han individualizado los casos y las sospechas en su contra han sido entregadas a la Fiscalía. Moreno aclaró que contra ellos hay acusaciones por introducir objetos ilegales a las intalaciones de centros penales, que es un delito que ya recoge el Código Penal.

El caso de Zacatecoluca

Zacatecoluca alberga a 334 internos y se supone que se caracteriza por las máximas medidas de seguridad y aislamiento para reos condenados por dirigir grupos criminales o de sicarios, especialmente jefes de pandillas. Sin embargo, las autoridades han descubierto que buena parte de los asesinatos cometidos por pandillas son ordenados desde esta cárcel. Asimismo, hace dos semanas encontraron a un reo común asesinado dentro de la prisión.

Moreno, en una entrevista con El Faro en mayo pasado, había revelado una serie de anécdotas de corrupción de personal no sólo de Zacatecoluca, sino del sistema penitenciario nacional. En esa ocasión estimó que un 50% del personal estaba corrompido y al servicio de las pandillas o el crimen organizado.

En el caso del penal de máxima seguridad, la desconfianza recayó en absolutamente todos los empleados. Incluso el expediente del ex director del penal, Mario Barriere, quien renunció hace cuatro meses argumentando estar amenazado, ha sido remitido a la Fiscalía.

Entre las 95 personas despedidas de Zacatecoluca hay 56 a las que se les documentó “indicios” de que ayudaban a la introducción de teléfonos celulares al penal, así como accesorios y drogas. Además, Moreno dijo que por cada aparato introducido, cada empleado corrompido recibía 2 mil 500 dólares.

Hace cuatro meses, el ejército se sumó a la custodia de los centros penales, dedicándose a brindar seguridad perimetral y a registros de las personas que ingresan como visitantes. Esto, según los militares, fue tan efectivo en el control del ingreso de bienes ilícitos a las cárceles, que los teléfonos celulares comenzaron a cotizarse caros. Este viernes, Moreno aseguró que cada aparato en Zacatecoluca se vendía hasta en 5 mil dólares.

La investigación que culminó este día en la destitución de todo el personal empezó, según dijo Moreno, desde inicios de la actual gestión de Centros Penales, y para ello, agregó, fue también clave la participación del ejército.

El Ministerio Público, que tendrá un plazo de cinco meses para investigar los posibles ilícitos, lo acusa de haber usado su asignación parlamentaria para arrendar una oficina distrital a una sociedad que es propiedad de sus padres en Cabrero y donde funcionan los negocios familiares de los Sabag. En el transcurso de los últimos meses hasta la fiscalía han llegado otras antecedentes y testimonios que podrían dar mérito para una acusación de fraude al fisco.

Cabrero es el corazón del imperio del clan Sabag. Ahí empezó sus negocios su abuelo Mohamed Sabag y hoy la familia cuenta con los actores más relevantes del mundo económico y político local. Su padre Hosaín Sabag (DC) es el principal empresario de la ciudad y senador de la zona (circunscripción de la Octava Región Norte). Con un patrimonio reconocido de más de $3 mil millones, tiene negocios madereros, de transporte y es dueño de 44 propiedades en la comuna, una de las cuales fue entregada en comodato a la Policía de Investigaciones.

El tío del diputado, Hasan Sabag, es alcalde de Cabrero desde 1992. Su hermano Patricio Sabag se dedica a los negocios familiares y es el presidente de la Asociación de Canalistas. Su hermana Gloria Sabag oficia de notaria suplente en la Notaría y Conservador de Bienes Raíces de Cabrero. Y su prima, Manife Soto Sabag, es oficial tercero del Juzgado de Letras y Garantía, el mismo que verá ahora la causa del diputado.

Así lo decidió la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que en un fallo dividido ratificó la resolución en que el Juzgado de Garantía de Valparaíso se declaró incompetente y trasladó la causa a Cabrero. Los ministros Dinorah Cameratti y Hugo Fuenzalida estimaron que el principio de ejecución del delito tuvo lugar en Cabrero, donde se firmó el contrato de arrendamiento. El voto de minoría corresponde al ministro Jaime Arancibia, quien argumentó que la firma del contrato no tiene consecuencias penales y que el delito comenzó a ejecutarse en Valparaíso, cuando se presentó ante el Departamento de Administración y Finanzas de la Cámara de Diputados. Esta tesis había sido planteada por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.

En el fallo se relata varios hechos que llaman la atención. El primero es que el diputado Sabag nunca intentó ocultar la relación familiar que lo unía con el arrendador de su supuesta sede parlamentaria. El contrato que presentó ante la Cámara de Diputados lleva su firma y la de su hermano Patricio Sabag, quien representa a la sociedad Inmobiliaria Nabatieh S.A., propiedad de los padres de ambos.

Además, el pronunciamiento de la Corte de Valparaíso reproduce parte del contrato, cuya cláusula 2ª establece claramente que la sede de Calle Río Claro Nº 1050 “no podrá ser dedicada por el arrendatario a otra actividad que no sea la parlamentaria”. Como publicó CIPER en agosto pasado, en dicho lugar no funciona una sede parlamentaria, sino que es la principal oficina de negocios de la familia Sabag. En esa oportunidad, el diputado explicó que la consideraba su “casa matriz”, pues ahí trabajaba antes y tenía el computador que le entrega la Cámara. Aseguró que a veces recibía gente, pero que en realidad el dinero del arriendo lo utilizaba su hermano para pagar otras sedes distritales.

De acuerdo al fallo de la corte, la fiscalía calculó que entre marzo de 2006 y julio de 2009, la Cámara de Diputados pagó a la sociedad de los padres de Sabag con cheques de la cuenta única fiscal un total de $22.699.830.

El padre del diputado y dueño de la oficina arrendada, el senador (DC) Hosain Sabag, ha dicho que el dinero no es de la Cámara sino del parlamentario, y por tanto puede gastarlo como estime conveniente. Tanto en el Congreso, como en la prensa, el senador ha insistido en que los parlamentarios no son funcionarios públicos y por lo tanto no pueden ser acusados por negociación incompatible, como lo es hoy su hijo.

Otro efecto relevante de la decisión de los ministros de Valparaíso y que favorece al clan Sabag, es que los recursos que vengan en esta causa serán vistos por la Corte de Concepción, corte que también deberá decidir su eventual desafuero.

La decisión de los ministros no es banal. Si la investigación debe rendir cuentas al juzgado de Cabrero, el diputado Sabag se defenderá en un terreno que conoce como pocos. En esa zona su familia ha construido un verdadero imperio político y económico.

Su padre, Hosain Sabag (DC), es el senador de la región (VIII Norte); él diputado y su tío (hermano del senador Sabag) alcalde. Además, otros familiares tienen posiciones estratégicas: un hermano preside la asociación de canalistas y una hermana es oficial segundo de la Notaría y Conservador de Bienes Raíces de Cabrero. Incluso la Policía de Investigaciones funciona en una casa entregada en comodato por el senador Sabag, ubicada justo a un costado de la oficina que figuraba como sede parlamentaria del diputado y que motivó una investigación de CIPER.

La Fiscalía de Valparaíso lo investiga por haber usado los fondos destinados a arriendo de su sede parlamentaria para pagarle a una empresa de su padre, el senador Sabag, y que es gestionada por su hermano. La supuesta sede es en realidad la oficina donde se concentran los negocios familiares en Cabrero, ciudad donde el diputado fue formalizado.

Desde enero pasado que el diputado Sabag intenta que el juzgado de su distrito se haga cargo del caso, aunque la investigación podría seguir en manos de la Fiscalía de Valparaíso. Formalmente, lo que la Corte de Apelaciones decidirá este viernes es el principio de ejecución del presunto delito: si éste se realizó en Valparaíso, donde se firmó el contrato de arrendamiento; o en Cabrero, donde se encuentra la cuestionada sede distrital. Por la primera opción se inclinan la fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, mientras que la defensa del diputado intenta probar lo contrario.

Pero de acuerdo a los hechos investigados, lo que está en juego es algo más.

La disputa comenzó el pasado 7 de enero, cuando el Ministerio Público pidió audiencia para formalizar a Sabag en el Juzgado de Garantía de Valparaíso. Ese mismo día el diputado presentó en el Juzgado de Cabrero una solicitud para que se le informara si existía una investigación en su contra.

Lo que vino después fue una confusa secuencia de presentaciones judiciales entre Cabrero y Valparaíso. La fiscalía representó ante el tribunal de la VIII Región que la solicitud de Sabag carecía de fundamento, ya que él estaba al tanto de que era investigado en la V Región. Y avaló sus dichos en el hecho de que el propio hermano del diputado, Patricio Sabag, había declarado en septiembre del año pasado.

De todos modos se realizó una audiencia en Cabrero. El tribunal dio 60 días de plazo para que se formalizara al diputado. El plazo se cumplía el 21 de marzo. Pero antes, el 3 del mismo mes, estaba fijada una audiencia con el mismo objeto en Valparaíso, la que tras el terremoto se postergó para el 7 de abril, fecha posterior al plazo fijado por Cabrero. Finalmente, se consiguió adelantar la fecha. El 10 de marzo Sabag se anotó un triunfo: la jueza Verónica Toledo resolvió que el juzgado competente era el de Cabrero. La resolución pasó inadvertida. Faltaban sólo horas para la ceremonia del cambio de mando presidencial.

La fiscalía apeló de la resolución de la jueza Toledo e insistió en que Cabrero no era el lugar en que se cometió el delito investigado. El lunes 22 de marzo se realizaron los alegatos. Sabag estuvo representado por el abogado Hernán Bosselin. Pero la resolución quedó pendiente. Entonces, la audiencia de formalización -que se había adelantado para el 18 de marzo- fue suspendida por incompetencia. De todos modos Sabag no se presentó en la corte ese día: estaba con licencia médica.

En el intertanto, los 60 días de plazo que le impuso el tribunal de Cabrero a la fiscalía de Valparaíso para formalizar a Sabag, seguían corriendo. De no mediar una acción judicial, se corría el riesgo de que la causa se sobreseyera. Fue entonces que la fiscalía decidió pedir audiencia en Cabrero. Ahí fue formalizado el martes pasado el diputado Jorge Sabag. Hasta la Octava Región viajaron la fiscal adjunta de Valparaíso, Paola Castiglione y el abogado del CDE, Javier Rojas. Sabag estuvo representado esta vez por el abogado Mario Boero Gasparini, de Concepción, quien pidió que la investigación durara sólo 15 días. No tuvo éxito: la fiscalía tendrá 5 meses para investigar.

La defensa del senador Sabag

La investigación de la Fiscalía de Valparaíso se inició luego de que CIPER revelara en agosto del año pasado las inconsistencias en la sede distrital del diputado Sabag. La oficina para la cual la Cámara le entregaba la asignación de arriendo, ubicada en la calle Río Claro 1050 de Cabrero, era en realidad la oficina del aserradero y otros negocios de la familia Sabag. El pago lo recibía mensualmente una sociedad del senador Hosain Sabag y su esposa. Al ser consultado, el diputado dijo en ese momento que su hermano Patricio, gerente de la empresa, distribuía luego el pago entre sus otras sedes.

Cuando las pesquisas de la fiscalía ya estaban públicamente en curso, el senador Sabag aprovechó la tramitación de la Ley de Presupuesto para intervenir indirectamente en el problema de su hijo. El gobierno presentó una glosa –que nadie dice haber pedido, aunque algunos apuntan a Sabag– que especifica que las asignaciones parlamentarias “continuarán siendo de libre disposición”. En la comisión mixta el senador dijo que si ese punto no se aclaraba, todos los parlamentarios podrían ser acusados penalmente por negociación incompatible (la figura que se le imputa a su hijo) y criticó veladamente al Ministerio Público.

En enero, Hosain Sabag volvió a ocuparse del problema y defendió a su hijo en el diario El Sur de Concepción usando justamente el argumento de la misteriosa glosa: “En la Ley de Presupuesto 2010 se dice que estos recursos son de libre disposición y por lo tanto no se puede cuestionar su uso”. A juicio del senador Sabag, el dinero no es de la Cámara sino de cada diputado y además sostiene que parlamentarios sí pueden firmar contratos con sus familiares, a diferencia de las otras autoridades.

En su momento, al ser publicado en la edición dominical de El Universal de Caracas, el reportaje pasó casi inadvertido. No hubo escándalo, pronunciamientos ni explicaciones por parte de la autoridades aludidas. Cuanto más, el trabajo del periodista Joseph Poliszuk sobre actos de corrupción en la administración del ex alcalde del municipio de Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, fue replicado por un canal de televisión venezolano sin mencionar la fuente. La denuncia quedó en el limbo y casi un año después, cuando ya parecía olvidada, obtuvo un valioso reconocimiento que lo sitúa en un lugar de privilegio.

Negocios Cruzados, el reportaje que Joseph Poliszuk publicó en dos entregas en marzo de 2009 resultó ganador en la categoría Impresos del I Concurso Nacional de Investigación Periodística, organizado por el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela). El jurado del certamen -integrado por Laura Weffer (Venezuela), Tamoa Calzadilla (Venezuela), Ignacio Rodríguez Reyna (México) y Cristóbal Peña (periodista de CIPER Chile)- otorgó el premio de Bs 16 mil (US$ 3.700 según cambio oficial) al trabajo de Poliszuk por “documentar y probar de manera consistente y rigurosa la trama de corrupción creada en torno a las contratistas de la Alcaldía del Municipio de Sucre y los beneficios obtenidos por la primera dama de esta entidad, Gabriela Chacón, y su esposo, el ex alcalde José Vicente Rangel Ávalos”.

Rangel Ávalos es hijo de un conocido político venezolano y su gestión fue duramente criticada por deficiencias e irregularidades. En la última elección el municipio caraqueño pasó a manos de la oposición, pero el ex alcalde, y especialmente su mujer, conservaron poder: Gabriela Chacón, una controvertida empresaria de la moda textil, consiguió hacerse de la administración de un albergue para niños en situación de riesgo social construido en la gestión de su esposo. Este caso fue abordado en la segunda entrega del reportaje premiado.

Además, en la misma categoría, fueron reconocidos con dos menciones honrosas las periodistas Andrea Daza y Adriana Rivera por sus investigaciones El País en el Imperio y La Construcción de una Estafa, respectivamente.

En la categoría radio, el jurado premió a Andreína García y Pablo López Hurtado, quienes recibieron Bs 12 mil por el reportaje La Iglesia Universal del Reino de Dios: una Corporación de Milagros. El trabajo realizado para la Universidad Central de Venezuela da cuenta de las sospechas de fraude que recaen sobre esta institución religiosa.

El concurso, que declaró desierta la categoría Internet al no recibir postulantes, se propone fomentar la práctica del periodismo de investigación en Venezuela.

*Lee el reportaje premiado

Tras aceptar cargos por revelación de secreto con grave daño a la causa pública, Andrés Contardo fue condenado a tres años y un día y a 542 días con libertad vigilada. La situación del doble asesor, quien trabajó en dos millonarias licitaciones del Registro Civil al tiempo que vendía información a la empresa TATA, quedó sellada una vez que dio su versión del papel cumplido por el círculo de influencia del ex director del servicio, Guillermo Arenas. Acusó a sus amigos y antiguos correligionarios, Isidro Solís y Jorge Schaulsohn, además del abogado Alejandro Vergara y el ex oficial de Carabineros Joaquín Mora, de ejercer influencias para distintas empresas. Si bien su declaración sirve a la fiscalía para reforzar la tesis de que Arenas usó su cargo para defraudar al servicio y puede tener impacto político, Contardo no involucra a sus antiguos empleadores en TATA y tampoco entrega pruebas de sus acusaciones sobre los amigos de Arenas.

La tarde del 27 de octubre último, sin que la prensa reparara en él, Andrés Contardo Santibáñez llegó hasta la Fiscalía Centro Norte para entregar una declaración de relieve. El doble asesor informático, quien trabajó en una millonaria licitación sobre tecnología e informática para el Registro Civil al tiempo que vendía información a una de las empresas concursantes, TATA Consultancy Services, entregó nombres de políticos y lobbistas que frecuentaban al director del servicio por asuntos de negocios. No fue una declaración gratuita. Días antes, el doble asesor negoció un juicio abreviado en el que reconocía sólo uno de los dos delitos que se le imputaban en un comienzo: revelación de secreto con grave daño a la causa pública.

El juicio abreviado fue realizado el miércoles 20 y se tradujo en dos penas para el doble asesor: una de tres años y un día por revelación de secreto con carácter de consumado y una segunda de 541 días por el mismo hecho, pero frustrado. Si bien podrá cumplir el castigo en régimen de libertad vigilada, y se le aplicó una multa de sólo 36 UTM ($1.320.444) que podrá pagar en doce cuotas, fue un hecho significativo: es el primer condenado en un caso de múltiples aristas e imputados. Aunque Contardo no es cualquier imputado.

Además de ser el nexo fundamental entre el Registro Civil y la empresa TATA, asomó como la punta de un iceberg de lo que la fiscalía considera un plan mayor de defraudación. De ahí la importancia de lo que dijo y calló el doble asesor en su declaración ante la fiscalía.

Entre lo que calló se cuenta todo lo relativo al rol de los ejecutivos de TATA. En cambio sí apuntó contra el ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas Escudero, y el grupo de influencia que giraba a su alrededor, imputándoles haber hecho gestiones por distintas empresas en los tiempos en que el servicio preparaba dos millonarias licitaciones. Una sobre plataforma tecnológica, de comunicaciones e informática, por US$ 80 millones. La otra para producir los carnés de identidad y pasaportes, por US$ 300 millones. De acuerdo con el citado testimonio, mientras ambos procesos estaban en curso, Arenas solía reunirse en las oficinas del servicio con el ex diputado Jorge Schaulsohn y el ex ministro de Justicia Isidro Solís, dos de sus antiguos correligionarios y amigos.

Según Contardo, no eran reuniones de camaradería. Schaulsohn representaba a la empresa norteamericana Digimarc, interesada en adjudicarse la licitación por los US$ 300 millones. El ex asesor asegura que sus reuniones con Arenas tenían el objetivo de conseguir ese contrato, algo que Schaulsohn ha negado.

Aún más alto apuntó Contardo al identificar al ex ministro de Justicia de Michelle Bachelet, Isidro Solís, como representante de Entel en la misma licitación.

A los políticos agregó a un abogado que identificó como Alejandro Vergara, quien habría actuado en representación de Solem, una empresa que se adjudicó una tercera licitación para un laboratorio de biometría facial.

Contardo también lanzó el nombre del ex carabinero Segundo Joaquín Mora, acusándolo de actuar en favor de la firma española Indra en una licitación que el ex director no alcanzó a asignar antes de ser removido. Arenas habría decidido favorecer a esta multinacional, adjudicándole el negocio de los carnés de identidad y pasaporte desde antes que las bases de licitación fueran publicadas.

Los cuatro personajes –Schaulsohn, Solís, Vergara y Mora- circulaban habitualmente por las oficinas de Guillermo Arenas y, según la misma declaración, manejaban códigos de lealtad y confianza entre sí.

A la citada declaración de octubre le siguió una última, fechada el 22 de diciembre, que no varió mayormente de la anterior. Con excepción de ciertas precisiones sobre errores y detalles referentes a algunas de las personas aludidas, el asesor informático ratificó los dichos previos que sellaron la negociación para llevarlo a juicio abreviado.

En rigor, las últimas dos declaraciones no constituyen una confesión ni entregan pruebas de sus acusaciones. Sin embargo, pueden tener impacto político y pueden ser de utilidad para los propósitos de la fiscalía y los querellantes: demostrar que el ex director del Registro Civil utilizaba su cargo para conseguir coimas a cambio de la adjudicación de millonarias licitaciones.

PRINCIPIOS FIRMES

El nombre de Jorge Schaulsohn salió por primera a la luz pública en este caso cuando el ministro de Justicia, el radical Carlos Maldonado, denunció ante el Ministerio Público que el nombre del primero estaba entre las personas que ejercían “ofertas de influencias indebidas” para conseguir negocios con el Registro Civil. La denuncia fue gatillada por una investigación publicada sólo cuatro días antes por CIPER, lo que detonó el escándalo por la relación de TATA con Contardo y las irregularidades en la licitación.

Ante los dichos del ministro de Justicia, el aludido reconoció ser amigo de Guillermo Arenas y representante legal de la firma norteamericana Digimarc, que pretendía el negocio de las cédulas de identidad y pasaportes. Pero no obstante ello, el ex dirigente PPD y actual ChilePrimero, quien en 2006 dejó la Concertación denunciando que a ésta la animaba una “ideología de la corrupción”, negó haber ejercido influencias con su amigo. De paso, dijo además que quienes pretendan involucrarlo en asuntos turbios “se van a pisar la cola”.

No pasó mucho tiempo antes de que alguien desoyera sus advertencias. Primero fue el dueño de Sonda, Andrés Navarro, quien en una entrevista con Qué Pasa dijo haber sido visitado por Schaulsohn para ofrecerle sus buenos oficios ante las licitaciones en curso del Registro Civil. Sin embargo, tras ratificar sus dichos ante la fiscalía, Navarro se negó a firmar su declaración.

Después fue el turno de José Orlandini, gerente de la división de servicios de integración y outsourcing de Sonda. El ejecutivo dio cuenta ante la fiscalía de que el nombre de Schaulsohn era mencionado a modo de rumor en la industria como uno de los lobbistas que ofrecía sus servicios a cambio del 8% del valor de la propuesta. Unos 24 millones de dólares.

El gerente general de la empresa de informática y telecomunicaciones Protab, Felipe de Vidts, también tuvo algo importante que decir al respecto. Según el diario La Segunda, ante la fiscal Alejandra Godoy, quien conduce la investigación, De Vidts dijo que el dirigente de ChilePrimero se había acercado a él para ofrecerle “una participación privilegiada en el proceso” de licitación de las cédulas de identidad y pasaportes. “El da a entender que tiene la llegada, que conoce el Registro Civil”.

De acuerdo con este testimonio, la idea de Schaulsohn era que Protab se aliara a Digimarc y actuara como ejecutor de proyecto. Así se lo habría hecho saber a De Vidts. También le habría informado que la licitación para la plataforma tecnológica del servicio, que precedía a la otra, ya estaba adjudicada en favor de TATA.

Jorge Schaulsohn ha negado las imputaciones anteriores. También ha desconocido haber siquiera visto a Andrés Contardo, no obstante que éste refiere que fue Arenas quien los presentó en las oficinas del Registro Civil. Schaulsohn y Arenas son amigos entrañables desde los años en que militaban en la juventud del Partido Radical. De ello da cuenta un díptico de campaña de la candidatura a diputado por el distrito 28 (Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel) que Arenas emprendió sin éxito en 1997, en el cual Schaulsohn firma la siguiente declaración: “Con Guillermo trabajamos desde los 14 años. Hemos estado en muchas jornadas de lucha. Tiene opiniones claras y firmes principios”.

EL EX MINISTRO

El Partido Radical (PR) es también el origen de la amistad entre Guillermo Arenas e Isidro Solís, el otro político señalado por el asesor informático como uno de los intermediarios en las licitaciones del Registro Civil. Aunque a fines de los ’80 el primero se mudó al PPD y el segundo permaneció en el PR, ambos amigos coincidirían en destinaciones políticas.

A comienzos de los ’90 Arenas asumiría como jefe de Administración y Finanzas de la Dirección de Seguridad Publica e Información, más conocida como La Oficina, de la que Solís sería director. Este último, al comienzo del gobierno de Michelle Bachelet, fue nombrado ministro de Justicia y propuso el nombre de su amigo Arenas a la cabeza del Registro Civil, dependiente de esa cartera.

El entonces vicepresidente del Partido Radical permaneció sólo un año al frente del Ministerio de Justicia. En marzo de 2007 la Presidenta la pidió la renuncia. Su regreso a la actividad privada coincidió con el inicio del proceso de licitación de los carnés de identidad y pasaportes en la que Solís, de acuerdo con el testimonio del asesor informático, habría procurado influir en favor de la empresa Entel. En ese entonces el conglomerado de telecomunicaciones chileno apostaba a adjudicarse el negocio mediante una alianza con la empresa norteamericana L-1 Identity Solutions. Esta última, que fabrica verificadores y cédulas de conducir, adquirió en 2008 Digimarc, la empresa que representaba Jorge Schaulsohn.

Entel también tenía intereses en la licitación de la plataforma tecnológica. Mediante una alianza con la multinacional TATA, que resultó favorecida en circunstancias irregulares, ofreció el servicio de comunicaciones. Su propuesta tenía un costo cercano a 9.000 UF mensuales, casi el triple de lo ofrecido en este ítem por los otros dos competidores representados por Sonda y Quintec.

Hoy Entel postula a la licitación de los carnés de identidad y pasaportes a través de Cientec, de su propiedad, que a la vez actúa en sociedad con la francesa Sagem Sécurité. Su representante en este proceso de licitación es el ex ministro y abogado radical Juan Agustín Figueroa.

CARABINERO EN RETIRO

Pese al lobby que según Contardo habrían ejercido los amigos de Arenas, el mismo asesor asegura que para 2007 el negocio de las cédulas de identidad y pasaportes ya estaba adjudicado a la española Indra. Esta poderosa multinacional habría contado con los influyentes oficios del ex oficial de Carabineros, Segundo Joaquín Mora. El asesor informático lo señala como uno de los hombres de confianza de Arenas y quien habría intermediado para la concreción del negocio. Según su versión, el acuerdo habría sido afinado en varias reuniones en las que participaron Arenas, Contardo y representantes de los españoles.

Contardo asegura haber escuchado de boca del propio Arenas que la decisión de adjudicar irregularmente el negocio a la firma española provenía del ministerio de Defensa chileno. También le habría confidenciado que para los españoles el negocio no era muy relevante en términos monetarios.

Indra ha prestado servicios en Chile en áreas como puertos, ferrocarriles y tráfico terrestre. También es uno de los siete postulantes para la fabricación de las nuevas cédulas y pasaportes que debe dirimirse en febrero. Sin embargo, quedó en un mal pie al impugnar sin éxito el actual proceso.

Aunque el asesor informático no entrega mayores antecedentes respecto de Segundo Joaquín Mora, CIPER pudo establecer que éste fue jefe de Comunicaciones de Carabineros y hombre de confianza del ex director de la institución, Rodolfo Stange. Desde 1991, cuando pasó a retiro como teniente coronel, se dedicó a los negocios.

Fue en estas nuevas ocupaciones, por intermedio de un socio, que Mora conoció a Eric Schnake. Trabaron amistad y al tiempo el primero se mudó a las oficinas del abogado en calle Catedral y comenzó a tratar a los amigos del dirigente PPD. Uno de ellos era Guillermo Arenas, quien llegó a trabajar a las oficinas de Schnake una vez que salió del Instituto de Salud Pública. Se hicieron amigos y socios en negocios inmobiliarios. Una década después, cuando Arenas asumió la dirección del Registro Civil, Mora comenzó a visitar las oficinas del servicio para tratar acerca de los negocios venideros.

CIPER comenzó a investigar la relación entre Arenas y Mora en mayo de 2008, estableciendo los vínculos pero no logrando certificar irregularidades. El trabajo de reporteo llegó rápidamente a oídos de Arenas, según consta en las interceptaciones telefónicas ordenadas por la fiscalía. Aunque la información que tenía sobre el trabajo periodístico contenía numerosos errores, el ex director del Registro Civil llamó alarmado a su amigo Isidro Solís para pedirle que ejerciera influencias para parar la publicación:

“Pero acuérdate que Joaquín Mora es mi amigo. Páralos para que no lo nombren (…) Es un ex oficial de Carabineros de alta weá. Yo tuve con él estrictamente negocios inmobiliarios. Tres negocios inmobiliarios. El primero de ellos con una factura de él de más de 100 millones, de hace más de 10 años atrás, donde me compré mi casa, con el pelado Schnake, pero en esta otra weá. Cero, coma cero, cero. ¿Cachai?”, le dijo Arenas a Isidro Solís en una conversación grabada por la policía.

CONSULTORA INTERNACIONAL

Mora no sólo habría oficiado de intermediario con la española Indra. También tomó contacto con la empresa Quintec para ofrecer sus servicios en la adjudicación de las licitaciones del Registro Civil bajo la administración de Arenas. Los vínculos de Mora con Quintec se remontaban a un proyecto de licitación de la central de comunicaciones de Carabineros en el que el ex uniformado ofició de asesor para esa empresa. Los contactos se retomaron en 2007, y según dijo a CIPER un ejecutivo de Quintec, en esa oportunidad Mora “habló de un plan estratégico de tres licitaciones que el director del Registro Civil tenía contemplado para el servicio en materia informática”.

En particular a Mora le interesaba promocionar un proyecto para la venta externa al servicio de certificados emitidos por el Registro Civil. “Nos dijo ‘esto es lo que hemos diseñado con el director del servicio, Guillermo Arenas’, informándonos que para esta licitación el contrato tendría una duración de cuatro años y su monto alcanzaba US$ 40 millones”.

Mora gestionó con Arenas una reunión en la que participaron ambos junto a otros representantes del Registro Civil y Quintec. Pero de acuerdo con la misma versión, las gestiones habrían sido interrumpidas una vez que los ejecutivos de Quintec recibieron el recado proveniente de la dirección del servicio: la adjudicación del negocio implicaba el pago de $100 millones al momento de la licitación y otros $100 por cada uno de los cuatro años que establecía el contrato. Fuentes cercanas a Mora descartan cualquier irregularidad y sólo admiten que se gestionaron reuniones con Arenas para el proyecto con Quintec.

El proyecto de modernización para el Registro Civil trazado por Guillermo Arenas consideró además una cuarta licitación que hoy está bajo cuestionamiento. La idea esta vez consistía en implementar un laboratorio de biometría facial destinado a la instrucción de los funcionarios del servicio en la materia y cuyo costo bordeaba el millón de dólares.

De acuerdo con la última declaración del asesor informático, en la adjudicación a la empresa Solem intervino un abogado llamado Alejandro Vergara, otro de los lobbistas del círculo de Arenas, quien también rondaba las oficinas del fallecido Eric Schnake.

Pero según Contardo, los planes de Guillermo Arenas no se habrían limitado a administrar las licitaciones del servicio. Una vez que concluyera el “proceso de modernización”, y con la experiencia acumulada, pretendía formar junto a su hijo una consultora internacional en materia de registros civiles.

PATRIA Y LIBERTAD

Si bien Andrés Contardo entrega antecedentes valiosos, pues contribuyen a magnificar el plan de defraudación que a juicio de la fiscalía Guillermo Arenas habría montado durante su gestión en Registro Civil, sus últimas declaraciones resultan parciales y en cierto modo decepcionantes para efectos de la persecución penal.

El asesor informático no implica directamente a Arenas en actos ilícitos. Dice no conocer al gestor de negocios Danilo Rivas, señalado por otros imputados como uno de los actores clave en la irregular adjudicación a la empresa TATA por la plataforma tecnológica. No menciona a Rodrigo Codorniu, otro de los personajes señalados como lobbistas. Y no hay una sola palabra que aluda a la responsabilidad que le cupo a los ejecutivos de TATA en el millonario intento de defraudación.

Quienes han seguido de cerca la investigación consideran que si Contardo pasó casi seis meses en prisión y no habló contra sus antiguos empleadores en la empresa india, no lo hará nunca.

Aunque en esos meses de encierro se lo vio deteriorado, por días muy a mal traer, el asesor informático se mantuvo firme en su reserva con respecto a TATA. Tan firme como se mostró al terminó del juicio abreviado del miércoles: pese a la insistencia de los periodistas, Andrés Ruperto Contardo Santibáñez no pronunció palabra.

De 58 años, este ingeniero sin título universitario que se presenta como experto en informática es un hombre formado en cierto rigor militar. Mientras estudiaba Ingeniería en Ejecución en la Universidad de Chile, carrera que no terminó, Contardo militó en Patria y Libertad. No tuvo gran figuración en ese movimiento de extrema derecha, pero uno de sus compañeros de entonces, el empresario y dirigente salmonero César Barros, quien también estuvo en Patria y Libertad, lo recuerda como un cuadro perseverante entre “el lote de la Universidad de Chile”.

El convencimiento de que Contardo no declararía contra los ejecutivos de TATA llevó a la fiscal Alejandra Godoy a negociar un juicio oral con él. Pero no fue la única razón ni menos la principal. El asesor informático es considerado una pieza menor en el entramado de irregularidades investigadas por el Ministerio Público hace un año y diez meses. Y considerando que el objetivo mayor está centrado en demostrar la culpabilidad de Arenas y los más altos ejecutivos de filial de TATA en Chile, el hecho de que Contardo haya sido condenado antes de que se celebren los juicios orales contra aquellos, resulta beneficioso para la fiscalía.

Hay además un factor subjetivo: ante al fracaso de los últimos juicios por fraude al fisco, al menos la fiscalía parte asegurándose una condena. Aunque ésta sea menor y con pena remitida.

No obstante lo anterior, la decisión de resolver la situación de Andrés Contardo mediante juicio abreviado fue intensamente discutida en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) donde hubo voces disidentes. No todos estaban de acuerdo con esta estrategia de la fiscalía, que además excluía la acusación de cohecho planteada inicialmente en la demanda del CDE. Finalmente se optó por no impugnar el juicio oral, aceptando que la condena permitirá reafirmar las imputaciones contra los jefes del asesor informático.

La decisión judicial sobre Contardo es un hecho significativo. Pero sólo el punto de partida. Inmediatamente después de la condena contra el asesor informático, en una audiencia de apercibimiento de cierre, la fiscal Alejandra Godoy pidió ampliar el plazo de la investigación. Le fue concedido, pero sólo parcialmente. El plazo vence el 27 de marzo. Hay aún diligencias pendientes. Y según anunció la misma fiscal en la audiencia, es probable que sobrevengan nuevas formalizaciones antes de las anunciadas para marzo contra uno de los ejecutivos de TATA. Esto recién está comenzando.

Así como en Chile fue una investigación periodística la que reveló las irregularidades en una licitación del Registro Civil que tiene la cúpula ejecutiva de la empresa TATA a punto de ser formalizada, en México un reportaje reveló presuntas irregularidades en un contrato licitado por el estado a la misma multinacional india.

Amobos casos tienen varias semejanzas. De acuerdo a la revista digital Reporte Índigo, TATA se adjudicó una licitación pública con el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) en octubre de 2007, dejando atrás a conocidas empresas como IBM, Unisys y Hewlett-Packard. El monto tope del contrato por Servicios de Administración y Soporte de Aplicaciones de Cómputo asciende a US$ 260 millones.

Al igual que en Chile la Contraloría objetó la adjudicación del contrato del Registro CIvil a TATA; en México su equivalente, la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuestionó la licitación y abrió un expediente. Sin embargo, meses más tarde ratificó el contrato otorgado a TATA.

Ahora Reporte Índigo reveló que durante diciembre de 2008, la compañía habría facturado 420 mil horas/hombre de consultoría, lo que equivaldría a a destinar 2 mil 625 programadores de tiempo completo, en turnos de ocho horas durante cinco días laborables, sólo para dar servicio a ese contrato.

Otro de los cuestionamientos apunta a que el profesional a cargo de la licitación es Carlos Castañeda Gómez del Campo, primo hermano de la primera dama Margarita Zavala Gómez del Campo. A esto se sumó un hecho dramático que agravó las críticas: al día siguiente de la publicaciónd el reportaje, ocurrió el incendio a la guardería donde murieron 44 ñiños. Las dos dueñas de la guardería eran casadas con altos funcionarios del estado de Sonora -quienes renunciaron a sus cargos- y una de ellas, Marcia Altagracia Gómez del Campo, tenía un parentezco -al parecer lejano- con la primera dama. Comos si fuera poco, el lugar estaba bajo tutela del IMSS.

La suma de ambos temas ha generado cierta repercusión política y el PRD ya pidió explicaciones al gobierno. Como antecedente, la prensa menciona el rol de TATA en el caso del Registro Civil en Chile, al que Reporte ïndigo ha llamado el “Tatagate”.

Haciendo click AQUÍ puede ver la versión multimedia de la revista digital Reporte Índigo.

Durante casi una hora y media, el ex ministro de Defensa contestó el pasado miércoles 8 de abril varias preguntas de CIPER sobre la Corporación de Estudios Estratégicos (CEES) y sus negocios con el Ministerio de Defensa, entre otros. A medida que se le fueron exponiendo dudas e irregularidades, se fue molestando cada vez más y pidiendo que se respetara su trayectoria pública, la que describió largamente. En varias de sus respuestas contradijo la documentación de la entidad sin fines de lucro, y en otras entregó información nueva. Pero cuando se le preguntó sobre su relación con Bartolomé Dezerega y su hijo, Alejandro, la entrevista llegó a su fin. Comenzó por quejarse de que lo culpaban de la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, y luego minimizó el paso de Dezerega hijo por la CEES hasta finalmente cerrar abruptamente el encuentro. Escuche extractos del audio

-¿Cuál fue la génesis de la Corporación de Estudios Estratégicos (CEES)? ¿En qué momento se le ocurre?
Desde antes de ser ministro de Defensa, en la Democracia Cristiana teníamos la convicción de que no estábamos informados ni menos preparados –aún durante un régimen militar tan prolongado como el del general Pinochet- para atender los asuntos de seguridad y defensa en un régimen democrático. No teníamos experticia, como se dice ahora; no teníamos centros de estudios dedicados a esto. Una vez hecha la experiencia de cuatro años en el ministerio, vi que la transición más difícil estaba en el sector Defensa y que era necesario recoger todo lo aprendido para continuar explorando y estudiando esos temas desde un ámbito estratégico-militar y no estratégico-político. Para eso había otros centros. Quería concentrarme en temas duros: por qué tener una política de disuasión y no sólo una de defensa; por qué tener una cooperación militar estrecha con los países vecinos y cómo mejorarla. Eso me llevó a que al final del gobierno decidí dos cosas: reincorporarme a la Universidad de Chile, que ha sido siempre mi alma máter. Soy exonerado de la Chile, para que sepas, ¿ah? Te voy a dar un currículum…

-¿En qué momento estuvo usted en la Universidad de Chile?
Siempre estuve en la Chile. Estudié ahí y una vez graduado fui ayudante de la Escuela de Medicina y trabajé en el Servicio Médico y Dental de los alumnos de la Universidad. He hecho algunas cosas en la vida, hijo. Después de eso, fui al Ministerio de Educación con don Eduardo Frei Montalva. Aquí te doy un resumen del currículum; creo que te puede servir.

-¿Y cuál fue su segunda decisión cuando terminó el gobierno de Aylwin?
Crear esta corporación de estudios de seguridad y defensa, que llamamos Corporación de Estudios Estratégicos.

-¿En qué fecha toma la decisión de crearla?
Al final del gobierno. Está en el decreto que creó la corporación.

-¿Cómo se decidió quiénes integrarían la CEES?
Como se hace en todos los casos: con la constitución de un directorio con un mínimo de miembros –en este caso, cinco-, y se invita a las personas que uno considera más calificadas. Tuve la muy valiosa colaboración de gente bastante destacada hasta hoy en el ámbito político y de la magistratura, como don Mario Fernández Baeza, quien no sólo fue ministro y subsecretario conmigo, sino que hoy es miembro del Tribunal Constitucional; Claudio Troncoso, hoy asesor jurídico del Ministerio Relaciones Exteriores; Marcos Sánchez Edwards, un destacado abogado que fue subsecretario de Guerra. Con todos ellos se conforma un grupo de socios iniciales. Pero con el tiempo ha ido cambiando, porque al tomar puestos públicos de responsabilidad los miembros tenían que renunciar a este directorio y entraron otras personas. La corporación ha tenido un nacimiento, un auge y una declinación. Hoy estamos en plena declinación.

-¿Declinación?, ¿desde cuándo?
Absolutamente. Esta corporación está dormida, por no decir hibernada completamente. Te lo voy a contar brevemente. Al término del primer gobierno de transición, en el Ministerio de Defensa –que sigue con Edmundo Pérez- se conforma un pequeño grupo de estos centros de estudios de seguridad y defensa. Por ejemplo, con la preparación del primer y segundo Libro de la Defensa se encargan trabajos, estudios, se contratan temas. La corporación trabaja, más o menos, un tema al año durante unos diez años. Pero ya con la distensión franca de las relaciones entre civiles y militares disminuye el interés y la demanda por estudiar estos temas. Hoy ese tipo de estudios está prácticamente congelado desde el 2008. El último que hicimos fue en 2007, y desde entonces no se han hecho más porque no hay demanda.

-¿Podría precisar lo que usted llama el período de “auge” de la corporación?
Desde el año 95, ’96 en adelante, hasta el 2004, 2005, por ahí.

-Dijo que cuando seleccionó a los integrantes de la corporación convocó a los más preparados…
… y con confianza civil-política.

-¿Era muy importante la confianza política?
Por supuesto, porque esta es una corporación que estudia temas militares, pero es evidente que la perspectiva con que se hace puede variar desde un centro de pensamiento más bien de derecha que de centroizquierda, de uno pro concertacionista a uno pro Alianza, porque todos estos temas inciden.

-Llama la atención que estructurara la corporación junto a tres ex subsecretarios y dos ex funcionarios de confianza suya en el Ministerio de Defensa: el núcleo con el que trabajó en esa cartera.
Porque éramos un equipo que trabajó cuatro años en estos mismos temas, y usted comprende que cuando forma un equipo –igual que Barticciotto o Bielsa-, no desarma su equipo cuando se cambia de lugar y continúa su línea de trabajo. El equipo era para mí muy importante, ya entendíamos los temas, conocíamos el interior del funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Piense que cuando la civilidad entra al fin del régimen militar al Ministerio de Defensa sólo éramos cinco civiles y un ministro. ¿Se da cuenta lo que es eso?

Éramos un equipo que trabajó cuatro años en estos mismos temas, y usted comprende que cuando forma un equipo –igual que Barticciotto o Bielsa-, no desarma su equipo cuando se cambia de lugar y continúa su línea de trabajo. El equipo era para mí muy importante, ya entendíamos los temas, conocíamos el interior del funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Piense que cuando la civilidad entra al fin del régimen militar al Ministerio de Defensa sólo éramos cinco civiles y un ministro.

-¿Ese mismo equipo ya lo había acompañado antes de asumir en Defensa, cuando estaba en Estados Unidos?
Claro, trabajé en la OEA durante cuatro años, fui director… ahí en el currículum está… He sido un alto funcionario internacional en diversos períodos de mi vida. Eso me ha dado la posibilidad de ganar mucho dinero, sobre todo cuando he estado exonerado en Chile. Usted lea aquí: el ‘68, en pleno gobierno de Frei Montalva, yo soy presidente de la Comisión Ejecutiva de la OEA, el tercer cargo más alto y después estuve entre el ’70 y el ‘73. Nada más que para referencia tuya, fui ministro del Interior de Frei Montalva: acuérdese que soy el hombre que da el resultado de la elección presidencial de Salvador Allende. Eso no es menor tampoco.
En esos dos períodos -’68 al ‘69 y ’70 al ’73- viví en Washington, tenía mi casa, crié y eduqué a mis hijos allá, y para que usted sepa, yo ganaba el equivalente a unos US$ 30 mil mensuales de hoy. Cuando se dice “¿De dónde saca plata este señor?’”, como algunos andan preguntando, le quiero decir que he tenido una dedicación de años. Después, vea usted (muestra su currículum): (75-90) Consultor internacional asuntos científicos, Banco Mundial, BID, OEA. Esto era lo que me daba mis ingresos entre 1975 y 1990, años de dictadura. Yo estaba exonerado (muestra un certificado en el que aparece como exonerado y lee)… Para que sepa: con mucho orgullo.
Me debatía entre la cooperación internacional muy bien pagada, porque son ingresos sin tributación. Después llegué el ‘90 al ministerio, y sigo aquí como presidente de la corporación y mucho trabajo técnico. Hice mucho trabajo internacional durante el régimen militar. Como le dije al general Pinochet en una ocasión, “Alguna vez dijo que los políticos estaban muy enojados con usted porque los había dejado sin pega y no podían ganar plata. Yo le quiero dar las gracias”. “¿Por qué, ministro?”, me preguntó. “Porque usted me dejó sin pega, pero no sin sueldo, porque gané mucha plata trabajando en el extranjero durante los 16 años que usted me tuvo fuera de trabajos en Chile”, le contesté. Eso lo voy a contar en mi libro sobre las conversaciones con el general Pinochet.

-Ah, va a publicar un libro…
Cuando sea el momento.

-Entre las labores que usted hizo en el extranjero en dictadura figuran algunas relacionadas con los productos educacionales de la Editorial o la Fundación Santillana. ¿Podría precisar?
Nada en Chile. Cuando tuve que ir al exilio forzoso porque no tenía trabajo en Chile, tuve relación y trabajo directo con el Grupo y la Fundación Santillana. Pero con una condición: que no iba a tener ninguna intervención ni ningún negocio en Chile. Primero, porque nadie me lo iba a pedir ni menos pagar sueldo por un negocio con el régimen militar; y segundo, era lógico que no me vinculara con negocios en Chile, cosa que ha sido mi norma. Eso me hizo actuar en otros países de América Latina para el Grupo Santillana.

-¿Recuerda en qué países?
Argentina, Perú y Venezuela durante los ’70 y ’80. La relación terminó completamente cuando volví a Chile.

La CEES y sus trabajos para los ministerios

-¿Trabajó en 1989, en la campaña senatorial de Andrés Zaldívar con algunas de las personas que convocó a la CEES?
Efectivamente, Andrés Zaldívar me pide que yo sea su jefe de campaña junto a Marcos Sánchez. Y lamento casi decirlo: le gané a mi muy querido amigo Ricardo Lagos Escobar, por quien tengo un gran respeto desde los tiempos de la FECH. Ahí en el currículum no figura, pero fui presidente de la FECH.

-¿Cómo definiría su relación con Marcos Sánchez, quien lo acompaña hasta hoy en la CEES?
Don Marcos Sánchez es amigo mío desde antes del Ministerio de Defensa por haber sido ambos DC y sigue siendo mi amigo y muy dilecto. Tanto como con Andrés Zaldívar… para qué seguir.

-Le pregunto por Marcos Sánchez porque a propósito de la creación de la corporación, tengo una duda. El decreto que le otorgó la personalidad jurídica lo dicta y firma Marcos Sánchez, entonces subsecretario de Justicia. Lo dicta a comienzos de febrero…
No me acuerdo de eso…

-Y sale publicado en el Diario Oficial el último día del gobierno de Aylwin.
No sé nada ni recuerdo nada de lo que me estás hablando. Lo único que le puedo decir es que todos esos decretos van a trámite de razón de la Contraloría. Si no hubiera sido de acuerdo a Derecho, habría sido rechazado u objetado.

-El decreto figura en las bases de datos del Diario Oficial y llama la atención que el subsecretario de Justicia aprobara la personalidad jurídica de una corporación de cuyo directorio él mismo forma parte.
No le puedo aclarar eso. Le digo que no me acuerdo de lo que usted está hablando. Yo no invento. Ni miento tampoco. Pregúnteselo a don Marcos Sánchez.

-¿Tiene usted algún recuerdo de las actividades de la corporación en 1994, su primer año de funcionamiento? Usted ya no era ministro, Marcos Sánchez y Jorge Kindermann tampoco eran subsecretarios, casi todos habían salido del Ministerio después de marzo, menos Mario Fernández, que asume como subsecretario de la Fuerza Aérea.
Organizarse, preparar material de difusión, entrevistarse con autoridades, presentar la corporación, hacer la búsqueda de potenciales demandas de estudios y hasta presentar el primero proyecto que no se hizo a un ministerio, sino al Fondecyt, al Concicyt.

-¿Alcanzaron a concretar algún proyecto o estudio ese primer año?
No. Que yo recuerde, no. El primer trabajo contratado (revisa unas hojas impresas que lleva a modo de apuntes) se hace en 1996.

Seamos claros: las fundaciones que se crean al final del gobierno de don Patricio Aylwin, pues. Con todo respeto, estamos entrando en un tema al que le está dando un sesgo que francamente no me gusta. Porque no corresponde. Don Patricio Aylwin forma al término de su gobierno una corporación en lo jurídico del todo semejante a ésta, llamada Libertad y Desarrollo (en realidad se llama Justicia y Democracia). Y desde entonces hace distintos contratos de trabajo con distintas entidades públicas que figuran en el presupuesto de la Nación. Y nadie le ha objetado a don Patricio Aylwin su vinculación con el gobierno.

-Entonces, no hubo ningún contrato en 1994. ¿Podría detallarme cómo se decidía qué estudio hacer, quiénes lo hacían, cuánto tiempo tomaba?
Sí, pero es algo muy genérico. El tema se conversa –en esa época no había ChileCompra- y se hacía con propuestas directas a concursos de Conicyt o a un ministerio, y una vez que se manda una información o se requiere por parte de la autoridad una descripción del tema, se preparan los términos de referencia. Estos últimos son los que dan a conocer qué contenido, la duración y el valor del estudio. El tiempo es generalmente menos de un año; hasta un año.

-Esas conversaciones con los ministerios, ¿las llevaba a cabo usted?
Sí.

-Entiendo que esas conversaciones eran con los ministerios de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores…
Varios ministerios. Si la CEES no sólo está dedicada a los temas de seguridad y defensa. Puede hacer estudios de seguridad y estrategia en otros campos. Pero con Relaciones Exteriores no tuve nada.

-Al menos en los documentos de la CEES se menciona.
¿Relaciones Exteriores? Usted está equivocado… Ahí tiene todos los papeles nuestros…Nosotros recibimos el requerimiento que hicieron ustedes al Ministerio de Justicia.

-Sí, nosotros los pedimos a esa subsecretaría. De hecho, nos faltaron algunos. Mire, en la memoria del 2000 dice que se “están llevando a cabo negociaciones con los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores”.
Sí, pero aquí no dice más que se está esperando la respuesta. (Lee) “Aún cuando no se ha recibido una respuesta definitiva de negociaciones en curso”. Lea bien. Nunca tuvimos nada con ellos.

-Pero sí con los ministerios del Interior y Defensa.
Sí.

-Aparte de esos dos ministerios, ¿hubo otro con el cual pudieron acordar un estudio?
Tratar, con varios. Concretar, ya es otra cosa.

La comparación con la fundación de Patricio Aylwin

-Con todo respeto, ¿Nunca nadie le cuestionó que la CEES le vendiera estudios al Ministerio de Defensa, en circunstancias que buena parte de la misma CEES había sido el núcleo de ese mismo ministerio? ¿No había otras corporaciones también capacitadas?
La pregunta está mal planteada, con todo respeto también se lo digo. Lo dice como si fuéramos oferta única, y no es así. Si haces una pregunta mal hecha, te la tengo que corregir. A partir del año ’94 -’95, el Ministerio de Defensa se abre a la contratación de estudios hechos por civiles. Ellos determinan qué quieren estudiar en un momento determinado. Entonces, se va formando una pequeña comunidad de entidades dedicadas a los temas de seguridad y defensa: la Universidad Católica tenía un núcleo, Flacso otro y cada una de las tres ramas de las FF.AA. crean centros de estudios del mismo tipo. Se formó una comunidad civil y otra militar –ya retirada-, y en ella el ministerio distribuía trabajos en base a los presupuestos anuales. Prácticamente a cada uno le tocaba algún tipo de estudio durante ese período. A nadie le llamaba la atención que un centro formado por el Ejército o la Marina recibiera contratos del Ministerio de Defensa. Y eso es más relación directa que con un ex ministro de Defensa dedicado a los temas del ramo. No veo incompatibilidad.

-¿Tenía una fuerte competencia la CEES para contratar estudios?
El verbo no es competencia, si no concurrencia. El ministerio equilibraba asignaciones anuales de estudios entre los distintos centros. En general, todos concurrían con algún tipo de estudio.

-No tengo otro ejemplo de una entidad similar a la CEES que tenga vínculos tan fuertes con el Ministerio de Defensa, precisamente a través de ex altos funcionarios suyos y le financien estudios.
No en Defensa, pero sí en otras partes. Seamos claros: las fundaciones que se crean al final del gobierno de don Patricio Aylwin, pues. Con todo respeto, estamos entrando en un tema al que le está dando un sesgo que francamente no me gusta. Porque no corresponde. Don Patricio Aylwin forma al término de su gobierno una corporación en lo jurídico del todo semejante a ésta, llamada Libertad y Desarrollo (en realidad se llama Justicia y Democracia). Y desde entonces hace distintos contratos de trabajo con distintas entidades públicas que figuran en el presupuesto de la Nación. Y nadie le ha objetado a don Patricio Aylwin su vinculación con el gobierno. Así que, por favor, no siga por ese camino…

-Quiero que me entienda bien, don Patricio: para evitar cualquier malentendido: le estoy haciendo estas preguntas con mucho respeto, cara a cara…
Sí, pero no por mucho respeto las preguntas dejan de ser lo que son, pues mi amigo. Usted puede decir “con mucho respeto…” y le dice una grosería monstruosa a alguien; a pesar del respeto, le puede sacar respuesta.

-Lo que corresponde es que las preguntas se las haga a usted y no a otras personas.
Le dí la respuesta: no fuimos la única corporación que nació al final del gobierno de don Patricio Aylwin, ¿me entiende?

-Perfecto. ¿Tiene a mano la cantidad de contratos por estudios y proyectos que le hayan financiado a la CEES?
No, no lo tengo. Y no lo voy a buscar.

-Cuando revisó sus notas y me dijo que el primer contrato era de 1996, pensé que tenía un registro.
No, no. Y no lo voy a dar a conocer tampoco, no corresponde. Son contratos con el Ministerio de Defensa, y si el ministerio los quiere dar a conocer, allá ellos. En todas partes es igual: si usted hace un contrato con el Pentágono, el Pentágono es el dueño del producto, del insumo, del presupuesto, de la plata y de la evaluación. Si usted quiere saber algo, no puede preguntarle a quién hizo el estudio; le van a decir que se dirija al Pentágono. Pero le voy a decir algo: son ingresos magros, suficientes… ¿Qué te podría decir? Un ingreso anual, casi, para mantener en operación el gasto corriente de la CEES, que es mínimo. Y te repito: todo eso está cerrado hoy. Esta corporación no funciona; no sé si me entiendes. ¡No funciona! Se acabó desde el 2008 en adelante.

Se formó una comunidad civil y otra militar –ya retirada-, y en ella el ministerio distribuía trabajos en base a los presupuestos anuales. Prácticamente a cada uno le tocaba algún tipo de estudio durante ese período. A nadie le llamaba la atención que un centro formado por el Ejército o la Marina recibiera contratos del Ministerio de Defensa. Y eso es más relación directa que con un ex ministro de Defensa dedicado a los temas del ramo. No veo incompatibilidad.

-En julio de 1997, la CEES firma un contrato con la Subsecretaría de Guerra para realizar un estudio sobre los Ministerios de Defensa de Alemania, España, Francia, Reino Unido e Italia. Se fija como fecha de entrega el 31 de diciembre de 1997, pero ese mismo mes se modifica el contrato y se prorroga el plazo al 30 de junio de 1998. Y en esa última fecha se vuelve a correr el plazo al 31 de diciembre de 1998. La entrega se atrasa un año más. ¿Hubo algún problema que justificara ese atraso?
La complejidad del estudio, pues muchacho. Lea usted el título. ¿Usted cree que eso se hace así, a la carrera? ¿Ah? Las cosas no se obtienen todas a tiempo (se para, sale y vuelve con una copia del estudio)
Los estudios valen lo que valen, contando las horas hombre que se van a destinar para las remuneraciones, el overhead –que es lo que cobran todos por un servicio adicional-, los gastos de viajes, insumos, y eso da el resultado con que se negocia. Además, el Ministerio de Defensa sabe valorizar estudios, pues, ¡no está presentando la valoración de un estudio en millones a un niño de Educación Básica! Mire, en general estos estudios nunca pasaban de 10, 12 millones…

-Por eso mismo me llama la atención en este contrato que cuando lo firman, en julio de 1997, el monto acordado es de $13 millones…
¿No ves? Por ahí anda.

-… pero cuando se prorroga el plazo y la entrega se atrasa hasta el…
Bueno, no te voy a aclarar ninguna de esas cosas porque no las sé. Si se postergaron las fechas fue porque el estudio era muy complejo y queríamos hacerlo muy bien. Este era un estudio básico para reformar la estructura del Ministerio de Defensa. Cualquiera que fuera estudioso veía cómo estaba organizado el Ministerio de Defensa en Inglaterra, Francia, España y Alemania: actualizado. Entonces, eso servía mucho para los que estaban escribiendo el proyecto de ley que hoy está casi por aprobar el Congreso.

-Si me permite terminar la pregunta: se cambia el plazo y también el monto. Originalmente el contrato era por $13 millones y terminó siendo por $23 millones. ¿Por qué subió el valor?
Ninguna extensión ni ningún incremento de costos deja de tener la aprobación de las partes. Si las partes lo aprueban, quiere decir que está dentro de los parámetros que corresponden a la cantidad de trabajo.

El dueño de la oficina de calle Asturias

-¿Recuerda cuánto lograba recaudar anualmente la CEES?
Eso ya me lo has preguntado tres veces. Te lo dije: cada estudio costaba alrededor de 12, 13, 14 millones, y era más o menos un estudio al año. Con suerte, cuando tocaba estudios.

-¿Y cuánto gastaban?
Mucho menos. Lo que está en los balances, que ustedes también los tienen.

-Es que tengo otra duda. En los balances siempre figura un saldo a favor que oscila entre $30 y $40 millones, y entre los gastos está el arriendo. ¿Recuerda cuánto gastaron en arriendo en esta oficina?
¿200 mil pesos? ¿180 mil? Depende de qué año, pues.

-Digamos el año 1996.
Divida por 12. ¿Cuánto dice el arriendo?

-$7.500.000
¿De arriendo?

-Sí, y si divido por 12, eso nos da un arriendo mensual de $625.000
(Mira los balances detenidamente) Eso debe ser, pues… Le quiero decir que eso se redujo drásticamente después, porque no había recursos y se redistribuyeron los espacios.

-¿Dejaron de ocupar la misma superficie?
No se ocupa más que uno o dos despachos.

-Ah, y el resto lo subarrendarán, supongo.
Claro.

-¿Y a quién le arriendan estas oficinas?
Pero, ¡por favor, oiga! ¿No cree que es demasiado? Usted está suponiendo que yo soy el dueño de esto. ¡Quién le dijo que soy el dueño!

-Es que justamente es ese el problema…Según el Conservador de Bienes Raíces, estas oficinas las compró en 1994 su hermano –que en paz descanse-, don Carlos Eduardo. Pero él era el tesorero de la CEES, por lo cual ustedes le pagaban el arriendo a su propio tesorero. Y también le paga arriendo la Fundación Valle Lo Aguirre.
¿Y?

-Y resulta que a contar del 2007, su hermano le traspasó la propiedad de estas oficinas a su esposa. Entonces, le siguen pagando arriendo a su propia esposa.
No, hombre. Esta corporación no paga ni un peso de arriendo desde el año pasado, cuando murió mi hermano. Lo único que se recibe de arriendo es lo que paga la Fundación.

-La Fundación Valle Lo Aguirre sí le paga arriendo.
¡Claro! ¿Cómo no va a pagar arriendo? ¡Tiene que pagar!

-¿Y la CEES no paga hoy, entonces?
No se le paga arriendo a la dueña.

-Pero sí se le pagaba a su hermano, tesorero de la CEES.
Por supuesto. ¿Y qué incompatibilidad hay ahí?

-Era para precisar, como usted primero dijo que no era el dueño… Usted recién decía que había presentado proyectos a Conicyt. ¿Cuántas veces postularon a esa entidad?
Creo que un par de veces. Una vez sacamos el recurso, pero la segunda vez ya no y después no se reiteró.

-Y los otros estudios que no les aprobaron, ¿recuerda sobre qué materia eran?
No.

Quiero que por favor entienda, míreme a los ojos: yo no soy un hombre que haga cosas irregulares. He manejado cientos de millones de dólares, he manejado los presupuestos de Educación, de Interior, de la FF AA… ¿La Contraloría alguna vez me ha hecho un sumario? Entonces, ¡por favor! respeta un poco una trayectoria y una vida dedicada a tanta cosa, pasando peligros…

-¿No los tienen archivados, aunque no hayan sido aprobados?
No. Tenemos solamente los que hemos hecho… Usted presenta unas cuatro o dos hojitas… hay unos formatos en el Conicyt, y con eso usted dice “salí seleccionado y vamos a hacer el estudio”. De lo contrario no hace nada, pues. ¿Va a trabajar sin contrato?

-El estudio que ustedes se adjudicaron -“De la seguridad hemisférica colectiva a la cooperación para la paz en el continente”- y que el Fondecyt les financió, estaba basado en una encuesta que la CEES contrató a la consultora MORI. Revisándolo y conversando con académicos a cargo de ese estudio, varios manifestaron dudas…
Ya, ¿y cuál es la duda?

-Nadie recuerda que el estudio haya cumplido con el requisito de ser editado en una publicación académica. En las hojas de evaluación le pidieron varias veces que se acreditara esa publicación.
No, no es así. Efectivamente no hubo publicación académica, pero sí la publicación del seminario que se hizo al final, lo que entendimos cumplía con la obligación de publicar. Se editó un folleto.

-Un librito azul que tenía el logo de la CEES y de la Fundación Konrad Adenauer.
Sí, exactamente, eso es. Mire, habrá hablado con muchas personas, y sé con quiénes ha hablado usted… Lo que le puedo decir es que cuando habla con algunas de estas personas que están anualmente colgadas de los proyectos del Conicyt y del Fondecyt, que viven de eso… Y no le hablo sólo de los historiadores, sociólogos, biólogos, genetistas y todo lo demás… Ellos siempre son apegados, by the book, es decir “aquí dice debe hacerse esto y esto no se hizo”. Pues bien, esa prolijidad yo la admiro, pero yo no soy de esa comunidad. Soy un político especializado en temas de seguridad y defensa, innovación, tecnología y otras cosas duras de ciencia, ¿me entiende? Leo todo el día temas científicos duros, no leo las encuestas. Quiero que me entienda: estoy apartado de la vida política. Hice todo lo que tenía que hacer por mi país. Y con todo respeto: no fue poco. Y para que usted lo sepa de una vez por todas: soy el autor de la reforma educacional que cambia la escuela primaria de seis a ocho años, junto al ministro Gómez Millas, en el gobierno de Frei. Soy el creador de la Junta de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), a través de la ley que Radomiro Tomic presenta, y que nosotros en la Fech impulsamos. Y como subsecretario, la llevamos a todo Chile y es hasta hoy el mejor programa de alimentación escolar y de becas que ha existido nunca en un país de América Latina, salvo Brasil. Soy co-creador del Canal Nacional de Televisión. Soy co-creador del Conicyt, y cuando veo estos científicos, apegados a la letra, digo “¡Ojalá se acordaran cómo se creó el Conicyt!”. Yo compré las casas de la calle Canadá, en ese barrio tan bonito. Nosotros pusimos el dinero. Yo no soy un aparecido. ¿Sabe qué edad tengo?: 76. Y todavía estoy trabajando.

-Me parece muy bien.
Gané mucho dinero, pero también he tenido que hacer inversiones. ¿Y por qué sigo trabajando? ¡Porque tengo que trabajar! Porque después de 40 años de servicio público, de toda esta historia que llevo en el cuerpo, si me jubilo recibo 600, 700 lucas, ¿me entiende?

Dezerega marca los límites

-Entiendo que don Alejandro Dezerega, quien trabajó en el Ministerio de Defensa cuando usted era ministro, también se incorporó a la CEES. Usted es muy amigo de su padre. ¿Desde qué fecha usted y don Bartolomé Dezerega Salgado son amigos?
¿Qué tiene que ver eso con la corporación?

-Para precisar qué otro lazo lo une a Alejandro Dezerega. ¿Cómo describiría la amistad que lo une a su padre?
Ya sé para dónde van las cosas. En este país estamos como estamos, bueno, muy bien: hay que perseguir a los que han trabajado toda su vida por los chilenos… Mire mijito, a mí me han dicho poco menos que ¡contribuí a matar a don Eduardo Frei Montalva! ¿Se imaginará cómo estoy? ¿Sabe usted que yo era el hombre de más confianza política del Presidente Frei Montalva, pese a que era un cabro? ¿Se le puede ocurrir que, siendo médico además, haya hecho algo para que él fuera asesinado? ¡En eso estamos! ¡Este país está enfermo!

He sido un alto funcionario internacional en diversos períodos de mi vida. Eso me ha dado la posibilidad de ganar mucho dinero, sobre todo cuando he estado exonerado en Chile. Usted lea aquí: el ‘68, en pleno gobierno de Frei Montalva, yo soy presidente de la Comisión Ejecutiva de la OEA, el tercer cargo más alto y después estuve entre el ’70 y el ‘73. Nada más que para referencia tuya, fui ministro del Interior de Frei Montalva: acuérdese que soy el hombre que da el resultado de la elección presidencial de Salvador Allende. (…) Cuando se dice “¿De dónde saca plata este señor?’”, como algunos andan preguntando, le quiero decir que he tenido una dedicación de años.

-Estoy al tanto de lo que se ha dicho del caso Frei, pero…
A ver, le aclaro de inmediato. Primero: los miembros del directorio eran todos sin ninguna remuneración; nadie ganaba un peso ni nunca lo ha ganado. Eso incluye a todos los directores. ¿Está claro? Sólo por amistad o por colaborar. Alejandro Dezerega entra y trabaja en el Ministerio de Defensa junto con otros profesionales después de que –como le dije- entramos cinco civiles a un ministerio lleno de militares. Había que aumentar el número de civiles porque así no se podía manejar en democracia, y él es un profesional muy destacado, tal vez el mejor alumno de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Chile, que tiene un altísimo requerimiento académico. Entonces, no es un “hijo de su papá” que llega porque el papá es amigo del ministro. Él entró y salió de la CEES en las fechas que están previstas.

-¿Y usted me podría precisar en qué fecha se fue Alejandro Dezerega?
No, tampoco. No está para nada en la CEES. En absoluto. Hace años. ¡Puf! Diez años.

-Sí, pero en la Memoria del 2005, Alejandro Dezerega aparece incluso como integrante de la Junta de Vigilancia, y eso fue hace apenas cuatro años.
Sí, pero Junta de Vigilancia no es formar parte de la CEES.

-Pero Alejandro Dezerega forma parte de la CEES. Eso dice en sus propias memorias.
Pero ese cargo no significa nada. Bueno, haga lo que quiera. Está fuera, no tiene nada que ver. Además, entiéndame: la CEES apagó las luces hace ya dos años. Entonces, no es que don Alejandro no esté; aquí no está nadie, porque esto está hibernado.

-¿No recuerda cuáles fueron los méritos para enviar a Alejandro Dezerega becado por el Ministerio de Defensa a la Academia de Monterey, en California?
Sí, pero eso no tiene ninguna cortapisa. Fue él y otros, y como a todos los civiles que van a estudios, se les encarga que se formen, porque se necesitaba gente que entendiera de defensa, de presupuestos militares, de la previsión de los militares. No teníamos a nadie. Un ministro que sólo tenía unos subsecretarios civiles de confianza, ¿y hacia abajo? ¿Me entiende? ¿Con quién revisa el presupuesto y otras cosas? Hay que acordarse, hijo, de lo que fue ese período.

-Sí, si me han contado que usted subía el volumen de la radio de su oficina, y ponía “La Traviatta” bien fuerte para poder conversar.
Muy bien. Veo que le han contado. No era nada fácil. Como ministro del Interior a mí me toca primero, la ocupación del Regimiento Tacna por el general Viaux, una sublevación militar en forma. Duró un día y terminó en la noche por gestiones que realicé a través de distintas personas. ¡Yo! Nadie más que yo. Y todos los que digan que lo hicieron ellos, son mentiras. El Presidente Frei Montalva lo sabe muy bien. O lo supo muy bien, hasta que vivió. Segundo, el asesinato del general Schneider en las calles de Santiago y detectar quiénes lo mataron, cómo lo mataron, por qué lo mataron y meterlos a todos presos. Y tercero, me toca la elección de 1970. Estaba metida la CIA, que no quería que fuera Salvador Allende, teníamos todos metidos adentro una cosa horrible. Y yo soy el que a las 2:30 ó 3 de la mañana salgo y digo: “Aquí ganó don Salvador Allende”. Tú eres muy joven seguramente, así que yo me las he pelado, hijo, muy duras. Por eso, esto de estarme diciendo “¿Salió o no salió de la corporación en tal fecha?”… ¿qué quiere que le diga?

-Entiendo que para usted no sea importante, pero…
Si usted me hubiera preguntado sobre el contenido de los estudios, pero me ha hecho sólo preguntas que tienden a probar que esta corporación se ha manejado de una manera… ¿podría decir “gris”? ¿“Rara”? No me ha hecho una pregunta de qué ha significado esto… Yo se lo digo: esto significó algo para preparar la ley del Ministerio de Defensa. Y tú no has preguntado ¡nada! de esto. ¿Qué significa entonces? Y además, se lo digo con toda franqueza: sé las conversaciones que han tenido con distintos colaboradores míos. Sé que hay alguien que incluso -¡se atrevió!- a decir que cómo era posible que yo tuviera una casa en Concón, que no correspondía a mis ingresos de un millón y medio de pesos en ese momento.

-¿Cómo es eso, don Patricio?
¡De los suyos! De los de tu centro de investigación periodística. Una periodista, entrevistando a una persona que colaboró con nosotros, se atrevió a comentar “¿No le parece extraño que don Patricio Rojas esté con una casa de departamentos en Concón, que no corresponde a sus ingresos, que en ese momento eran de un millón y medio de pesos?”. ¡Realmente lo más indigno que me han dicho nunca en la vida!

-Me va a perdonar, pero no tengo constancia de la escena que usted relata.
Bueno, pero era una persona de tu centro de investigaciones periodísticas. ¡El colmo de la ignominia! Esa casa la compré a la vuelta de Estados Unidos, en que vine con muchos miles de dólares, cuando regresé de la OEA, el ‘ 72, en pleno período de la Unidad Popular. Y me la vendieron en menos de 3 mil dólares, para que sepa. Una tremenda casa y tremendo sitio en Concón, en Los Romeros.

-¿Cuál: la de calle Bellavista 101?
Veo que sabe bastante. ¿Ves tú?

-Es que hay dos terrenos en Los Romeros.
No, hay uno no más. Que yo sepa… había dos, pero ahora hay uno solo.

-El otro se perdió en un juicio.
Entonces… Ustedes han averiguado todo, por Dios… Muy bien, lo felicito. Pero que me vengan a sacar eso… como que yo hubiera sido un tipo ¡que estaba limpiando autos cuando me compré el terreno! A usted no le digo esto, se lo digo por la periodista que hizo la observación: ¡Es lo más indecente que he oído en mi vida! A mí me han tratado de todo, salvo de maricón; por suerte que no. Dijeron que estaba pagado por la CIA, que hicimos un complot para impedir que Allende se tomara el poder… Estoy hablando de cosas muy complejas, que usted ni ha escuchado, probablemente. Yo tengo muchos secretos de Estado adentro del cuerpo. Y que usted me venga a preguntar si don Alejandro Dezerega se salió en tal fecha… ¿qué quieres que te diga?
Lo único que le voy a decir es que vendí dos propiedades que tenía en Santiago, ¿por qué? Porque primero, la casa no daba, porque tengo una familia muy grande. Tengo cinco hijos y diez nietos, todos muy buenos profesionales, ganan todos buen dinero y tienen como colaborar en una especie de condominio familiar. Vendí dos propiedades y ayudaron ellos. ¿Por qué ese año?: porque la casa ya reventó. Y porque el ’99 fue el año de la crisis asiática. Y la crisis tiró para abajo la construcción, el comercio, todo. Y en ese momento construir…, así como en 1972 me compré la casa y el terreno con menos de 3 mil dólares.

-¿Podría precisarme su amistad con don Bartolomé Dezerega?
Le he dicho que es conocida y reconocida. No es un tema para… no voy a decir nada más. (Serio) No tiene nada que ver con esta entrevista, mi amigo. Se acabó.

Los miembros del directorio eran todos sin ninguna remuneración. ¿Está claro? Sólo por amistad o por colaborar. Alejandro Dezerega entra y trabaja en el Ministerio de Defensa junto con otros profesionales después de que entramos cinco civiles a un ministerio lleno de militares. Había que aumentar el número de civiles porque así no se podía manejar en democracia, y él es un profesional muy destacado, tal vez el mejor alumno de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Chile. Entonces, no es un “hijo de su papá” que llega porque el papá es amigo del ministro.

-Necesitaba preguntarle si…
¡Se acabó! No más. ¡No más! La entrevista terminó. Además, estás haciendo preguntas que no tienen ninguna relación con el tema al que dijo que venía. Quiero que por favor entienda, míreme a los ojos: yo no soy un hombre que haga cosas irregulares. He manejado cientos de millones de dólares, he manejado los presupuestos de Educación, de Interior, de la FF AA… ¿La Contraloría alguna vez me ha hecho un sumario? Entonces, ¡por favor! respeta un poco una trayectoria y una vida dedicada a tanta cosa, pasando peligros… Cuando era ministro del Interior, el MIR me hizo llegar información de que si yo seguía jodiéndolos iban a raptar a mis hijos chicos. En el gobierno de Pinochet, las amenazas usted no las conoce. Yo era el ministro que andaba cateteando al general Pinochet, y eso podía ser muy peligroso. ¡Por favor!

-Escúcheme por favor. Sólo le pregunté por su amistad con Bartolomé Dezerega. Necesito describir la relación entre ustedes dos, por qué tienen las casas separadas por pocos metros y compradas el mismo año.
¡Averígüelo, pues! ¡Si es así como dice usted! Él vive en el mismo barrio porque en esa época opté por dos sectores: Bilbao Oriente o Vitacura. La mayor parte de mis amigos se fue a Vitacura. Yo, no sé por qué elegí Bilbao Oriente. ¿Por qué está otra persona al lado mío o en otra casa? No tengo idea. ¡Ya está bueno!

-Una última pregunta mientras empaco mis cosas…
No hay más, está bueno… (Se para y camina hacia fuera)

-¿Cuál fue su relación siendo ministro con el general (r) Ramón Vega y cómo es hoy?
(Se devuelve) La relación institucional que se tiene con el segundo de la FACh en un momento muy difícil de transición, en que la FACH fue la rama de las FF. AA. que más flexibilidad tuvo para adaptarse. Y eso se expresaba a través del comandante en jefe, general Fernando Matthei, y con su segundo, el general Vega. Después, la misma que tengo con todos quienes fueron comandantes en jefe: no nos visitamos, no tenemos contacto.
Mire, llevamos una hora y media. Me llamaste ayer, te di la entrevista hoy, cosa que no hago; no hablo con periodistas. Pero como tú me dijiste “Centro de Investigaciones Periodísticas”, y ustedes se dedican a investigar cosas de interés… pero no creo que haya interés en el desarrollo de una corporación que está dormida hace dos años, sin actividad y prácticamente con la luz apagada. ¡No tengo fundos, no tengo aviones, no tengo yates, no tengo nada! ¿Me entiende? ¡No soy socio de ningún club ni tengo ninguna acción! ¿Cuándo diablos va a entender que no soy lo que usted cree? ¡Ya está bueno, ya! (Abre la puerta y me hace salir) ¡Hasta luego!

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La conexión de Patricio Rojas con el caso Mirage y sus negocios con el Ministerio de Defensa

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