Ante el Juzgado de Cabrero deberá dar cuenta la Fiscalía de Valparaíso por la investigación sobre el mal uso de los fondos públicos destinados al pago de sus sedes distritales por la que se formalizó al diputado (DC) Jorge Sabag. La decisión la adoptó la Corte de Apelaciones de Valparaíso, aceptando la tesis del parlamentario, quien intentó desde enero pasado trasladar la causa por “negociación incompatible” a un tribunal de la ciudad del clan Sabag.
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Este viernes la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidirá si la causa judicial por los posibles ilícitos derivados del pago de arriendo de la sede distrital del diputado Jorge Sabag (DC) a una sociedad de su padre, el senador (DC) Hosain Sabag, quedará radicada en la Quinta Región, como piden la fiscalía y el CDE; o en la Octava, como lo quiere el parlamentario. Sabag fue formalizado este martes en Cabrero por “negociación incompatible” y el Ministerio Público tiene cinco meses para investigar. Tras la polémica por el uso de las asignaciones parlamentarias, ya fue formalizado el ex diputado Maximiano Errázuriz (RN) y para el 7 de abril están fijadas las audiencias de formalización de la diputada Claudia Nogueira (UDI) y el ex diputado René Aedo (RN).
En su momento, al ser publicado en la edición dominical de El Universal de Caracas, el reportaje pasó casi inadvertido. No hubo escándalo, pronunciamientos ni explicaciones por parte de la autoridades aludidas. Cuanto más, el trabajo del periodista Joseph Poliszuk sobre actos de corrupción en la administración del ex alcalde del municipio de Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, fue replicado por un canal de televisión venezolano sin mencionar la fuente. La denuncia quedó en el limbo y casi un año después, cuando ya parecía olvidada, obtuvo un valioso reconocimiento que lo sitúa en un lugar de privilegio.
Tras aceptar cargos por revelación de secreto con grave daño a la causa pública, Andrés Contardo fue condenado a tres años y un día y a 542 días con libertad vigilada. La situación del doble asesor, quien trabajó en dos millonarias licitaciones del Registro Civil al tiempo que vendía información a la empresa TATA, quedó sellada una vez que dio su versión del papel cumplido por el círculo de influencia del ex director del servicio, Guillermo Arenas. Acusó a sus amigos y antiguos correligionarios, Isidro Solís y Jorge Schaulsohn, además del abogado Alejandro Vergara y el ex oficial de Carabineros Joaquín Mora, de ejercer influencias para distintas empresas. Si bien su declaración sirve a la fiscalía para reforzar la tesis de que Arenas usó su cargo para defraudar al servicio y puede tener impacto político, Contardo no involucra a sus antiguos empleadores en TATA y tampoco entrega pruebas de sus acusaciones sobre los amigos de Arenas.
Así como en Chile fue una investigación periodística la que reveló las irregularidades en una licitación del Registro Civil que tiene la cúpula ejecutiva de la empresa TATA a punto de ser formalizada, en México un reportaje reveló presuntas irregularidades en un contrato licitado por el estado a la misma multinacional india.
Durante casi una hora y media, el ex ministro de Defensa contestó el pasado miércoles 8 de abril varias preguntas de CIPER sobre la Corporación de Estudios Estratégicos (CEES) y sus negocios con el Ministerio de Defensa, entre otros. A medida que se le fueron exponiendo dudas e irregularidades, se fue molestando cada vez más y pidiendo que se respetara su trayectoria pública, la que describió largamente. En varias de sus respuestas contradijo la documentación de la entidad sin fines de lucro, y en otras entregó información nueva. Pero cuando se le preguntó sobre su relación con Bartolomé Dezerega y su hijo, Alejandro, la entrevista llegó a su fin. Comenzó por quejarse de que lo culpaban de la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, y luego minimizó el paso de Dezerega hijo por la CEES hasta finalmente cerrar abruptamente el encuentro.
Al cumplirse justo un año desde que CIPER revelara las irregularidades en la millonaria licitación del Registro Civil que se adjudicó la empresa india Tata, Jorge Lobos, jefe de gabinete de Guillermo Arenas cuando éste dirigió dicho servicio, fue procesado y encarcelado como su ex jefe. No fue la única mala noticia que Lobos recibió. El sumario que le abrieron en la Dirección de Crédito Prendario (más conocida como “La Tía Rica”), institución a la que pertenecía, se cerró con su destitución.
Cuando se acerca una nueva oleada de formalizaciones por estafa y fraude al fisco en uno de los casos de corrupción más bullados de los últimos años, las sucesivas pesquisas del Ministerio Público están revelando que varios de los protagonistas que hasta ahora se conocen en la causa están conectados a través de la Masonería. Gracias a intercepciones telefónicas y otras diligencias, se sabe que el ex director del servicio, Guillermo Arenas –hoy formalizado- le pidió a Danilo Rivas, miembro de la Logia Prometeo N° 101 y uno de los gestores de la polémica licitación que destapó el caso, que intercediera ante sus compañeros de Logia, ya preocupados por el alcance de la investigación judicial. CIPER logró establecer que los principales actores de este proceso pertenecen a la Masonería y mantienen estrechos vínculos de amistad y negocios.
Obras ejecutadas sin permisos de construcción vigentes, estacionamientos insuficientes y una serie de violaciones a la legislación urbanística y ambiental son las que conforman la no difundida génesis del suspendido proyecto de Cencosud, que pasó de ser el aspirante a símbolo de la industria a emblema de la crisis. Tanto los privados como las diversas autoridades –municipios y ministerios, entre otros- que debían fiscalizar la polémica obra cometieron diversas infracciones, que acá detalla, muy en su estilo, uno de los principales críticos de las irregularidades del sector inmobiliario.
Publicado en 2008, el reportaje de los periodistas Mónica González, Cristóbal Peña y Francisca Skoknic provocó la anulación de un millonario contrato y el descabezamiento de la directiva del servicio, encabezada por el abogado PPD Guillermo Arenas. Además dio pie a una investigación del Ministerio Público que ya acumula seis aristas distintas y varios imputados tanto del sector público como privado. El prestigioso galardón, que entrega la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado en reconocimiento a los mejores reportajes publicados en Chile, también premió la serie “Muertos de nadie”, del periodista de CIPER Juan Pablo Figueroa.
El ministro Alejandro Madrid sigue arrojando sorpresas. A punto de terminar la pesquisa sobre la extraña muerte de Eduardo Frei Montalva, acaba de concluir una investigación que entrega una nueva versión sobre el robo de una sucursal bancaria en Calama, que terminó en 1981 con dos empleados dinamitados y un botín de $45 millones desaparecido. Los autores, dos agentes de la CNI, fueron fusilados y su jefe, el mayor Juan Delmas, se suicidó. El equipo policial de Madrid descubrió que Delmas fue asesinado por otros hombres de los aparatos represivos para impedir que se develara que el robo fue parte de un plan organizado por la propia CNI para financiarse. Y para ello debieron seguir matando a otros agentes, crímenes que hoy son investigados por un juez de Arica.
La “temporada de caza” como se le llama en los partidos al período electoral, experimentó cambios importantes en la última elección municipal. Si la acusación se había convertido en un arma habitual de la política en período de campaña, ahora habrá que analizarlo. Ad portas de un año de comicios presidenciales y parlamentarias, el experto electoral del PPD saca una importante lección de las últimas municipales: a los electores no les importan las acusaciones de irregularidades.
Aprovechan procedimientos simples en los que toman contacto con funcionarios policiales, como accidentes de tránsito, y desarrollan un patrón de acercamiento con pasos bien establecidos para tentarlos, en una rutina que ya fue identificada por algunos fiscales. Así sucedió con el cabo segundo que cayó por colaborar con “Los Car’e Jarro”. Su caso es idéntico al de otros dos carabineros que ya habían sido mencionados en una investigación de CIPER: uno fue reclutado por la mayor banda de asaltantes de camiones y el otro terminó condenado junto a un grupo que robó y secuestró a un empresario.
Frente a los últimos casos de corrupción, el investigador del CEP plantea la atracción que representa para políticos y privados influir en las decisiones de asignación de un presupuesto nacional que pasó de US$ 6.400 millones en 1990 a US$ 34.000 millones en 2008. Lo “urgente” –afirma- es reformar la debilidad del Estado, que es una invitación a la corrupción. Y pone el acento en un factor del que pocos hablan: que “algunas empresas, en lugar de competir por calidad y precio, lo hagan ‘capturando’ a los encargados de adjudicar los valiosos contratos estatales”.
Dos hermanos carabineros asaltan una bodega de licores. Un motorista planifica un atraco al empresario que habitualmente escolta al banco. Un cabo segundo participa en un robo con intimidación. Dos carabineros integran una banda que roba camiones en las carreteras. En 2006 fueron 16 los policías uniformados dados de baja por cometer delitos graves. Este año, hasta agosto, iban 11.
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