La mayor parte de las observaciones no objetan el uso del dinero ni los montos. El cuestionamiento más reiterado es no haber cumplido con la obligación de publicar las compras por trato directo -sin licitación- en el sistema de Mercado Público. En general, las reparticiones que incurrieron en este error actuaron bajo el criterio de que el estado de catástrofe las facultaba a saltarse este trámite para agilizar las compras.

No obstante, hay otras situaciones más delicadas, en las que se objeta la falta de control para determinar si los dineros se destinaron efectivamente al uso declarado por la autoridad, pagos improcedentes, sobrepagos, trabajos incompletos o defectuosos. Y, en algunos casos, suman miles de millones.

Respecto de los recursos utilizados en asistencia directa a damnificados en los días posteriores a la emergencia, los montos objetados suman a lo menos $13.840 millones (cerca de US$28 millones). Esto no significa que el dinero haya sido efectivamente mal utilizado, sino que los fiscalizadores consideran que su uso no está suficientemente respaldado, que la ejecución de los servicios adquiridos no está del todo acreditada o que el desembolso no se ajustó a criterios propios de una emergencia.

Se trata de una cifra que surge de la revisión de los 26 informes de auditoría que la Contraloría ya había cerrado al momento en que Mendoza se reunió con los diputados. Ese monto se desagrega en más de $7.985 millones destinados a raciones alimenticias (Junaeb), cerca de $5.351 millones en compras de mediaguas (Onemi-Interior), $324 millones para crear el Registro de Emergencia en Zonas de Catástrofes (Mideplan) y $180 millones para despejar escombros en la zona costera del Maule (Subdere).

DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS

El informe de la Contraloría sobre los gastos efectuados por la Junaeb está fechado en septiembre de 2010 e indica que esa repartición “el 28 de abril del presente año rindió la suma de M$9.055.779, por gastos realizados hasta el 31 de marzo de 2010, siendo el ítem de alimentación el más importante, con un 88,18%, correspondiente a las raciones de alimentos compradas a las empresas concesionarias que participaron en la emergencia con la preparación y distribución de éstas”. El gasto en alimentación ascendió, según esa rendición de la Junaeb, a $ 7.985.716.635.

La auditoría estableció que la Junaeb no pudo acreditar que las cantidades solicitadas en las órdenes de compra a las empresas concesionarias fueron efectivamente entregadas a damnificados. Aunque la repartición argumentó que no pudo ejercer controles por la situación de emergencia, la Contraloría desestimó esa explicación y en las conclusiones del informe indicó que “procederá a incoar un proceso disciplinario, con la finalidad de precisar las eventuales responsabilidades que de los hechos pudieran determinarse, en atención al volumen de recursos involucrado”.

En sus visitas a terreno, los fiscalizadores se encontraron con situaciones que desmentían los informes aportados por Junaeb respecto del número de raciones que se estaban entregando en los albergues:

-Efectuado el cruce de datos entre las certificaciones enviadas desde regiones, con la información obtenida por esta Contraloría General en las fiscalizaciones efectuadas en albergues, se constató que las primeras informan un número superior de raciones despachadas, el que en el caso del Estadio Víctor Jara de la Región Metropolitana, alcanzó a un 100%, debido a que al momento de la visita no se encontraba operativo –dice el informe.

Efectivamente, la auditoría indica que la Junaeb certificó que el 30 de abril se entregaron 60 desayunos, almuerzos, onces y cenas en el Estadio Víctor Jara de Santiago. Pero, los fiscalizadores constataron que ese día el recinto ya no funcionaba como albergue y que cuando estuvo habilitado como tal, cobijó sólo un promedio de 35 personas diarias. Más compleja es la situación que se detectó en la Escuela República de Croacia, de Cerro Navia, donde la Junaeb certificó que los días 21, 22 y 23 de abril se entregaron 500 almuerzos y desayunos, en circunstancias que el recinto ya no operaba como albergue desde el 20 de abril.

En tanto, en la Escuela Movilizadores Portuarios, de San Antonio, Junaeb certificó que del 23 al 30 de abril se entregaron 45 desayunos, almuerzos, onces y cenas, pero en su visita los fiscalizadores comprobaron que el 27 de ese mes en ese recinto sólo se repartieron 30 almuerzos y cenas.

Además, la Contraloría estableció que Junaeb rindió entre sus gastos la compra de 251 toneladas de “pouch” (carne de vacuno y pollo en cubos) por un total superior a $ 942 millones. Al revisar la documentación de respaldo, los fiscalizadores determinaron que la compra real fue por 180 toneladas, con un costo de casi $673 millones: “Lo que se traduce en M$269.482 que recibiría la Junaeb sin motivo justificado. Al respecto, es necesario indicar que la Junaeb, no obstante disponer de las 16 facturas desde el día 10 de marzo, tal como lo indica el timbre estampado en cada una de ellas, declaró al Ministerio del Interior la orden de compra sin incluir los documentos antes indicados”, se lee en el informe.

La Contraloría indica también que Junaeb pagó $22 millones a la Red de Psicólogos Voluntarios de Chile para que realizaran evaluaciones sicológicas a comunidades escolares de 349 escuelas municipales pertenecientes a 23 comunas. El trabajo sería efectuado por 62 psicólogos voluntarios en 15 días y de manera simultánea en tres regiones. Pero Junaeb no pudo acreditar que ese servicio efectivamente se haya concretado, pues sólo presentó un “informe de avance” del trabajo. Dicho documento, por lo demás, indicaba que al 7 de junio el programa sólo se había ejecutado en 16 comunas y 137 establecimientos, es decir, un 40% de lo inicialmente pactado.

Finalmente, el informe establece que Junaeb pagó un sobreprecio de $2.586.000 por la compra de mil polerones rojos, poleras y jockeys en el mismo tono, destinados a identificar a los funcionarios que trabajaban en terreno (Ver recuadro)

MEDIAGUAS DE $820 MIL

El flamante subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, es uno de los afectados por la auditoría practicada a la Onemi. Lira, que también integra el Consejo Asesor que administra las donaciones que recibe el Fondo de Reconstrucción Nacional del Ministerio de Hacienda, era el jefe del Comité de Emergencia nombrado por la Presidencia de la República para coordinar la asistencia a los damnificados.

La Contraloría indica en su auditoría a la Onemi que la Circular Nº 13, del 19 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, instruyó que las compras derivadas de la emergencia debían ser determinadas en forma conjunta por la Onemi, el comité que dirigía Lira y la Jefatura de Administración y Finanzas de la Subsecretaría del Interior. Sin embargo, la auditoría estableció que las compras realizadas por Onemi (que en el periodo examinado ascendieron a $10.503 millones) fueron determinadas exclusivamente por el comité de Lira y que no hay documentación que respalde la participación con poder de decisión de funcionarios de Onemi, transgrediendo lo dispuesto en la Circular 13.

La Contraloría detectó que los integrantes del Comité de Emergencia que decidieron las compras estaban contratados a honorarios, por lo que no le son aplicables las normativas de responsabilidad funcionaria en caso de que finalmente se detecten irregularidades por su proceder. Una situación que puede tornarse grave, toda vez que el informe se cerró con observaciones a compras de mediaguas que se pagaron con sobreprecio –debido a un incentivo económico por pronta entrega– a proveedores que no cumplieron con ese requisito, con lo que se vulneró “el principio de igualdad de los oferentes”.

En efecto, la Circular Nº 28 del Ministerio del Interior detalló que las mediaguas para los damnificados debían tener las especificaciones técnicas de las que construye un Techo para Chile (UTPCh) y estableció un precio base de $440.000, más $25.000 por flete (valores sin IVA). Para apurar a los proveedores, a este precio base de $465.000 se le agregó un “incentivo por pronta entrega”: $100 mil si las mediaguas eran entregadas en la primera semana de abril; $65 mil en la segunda semana de ese mes; $40 mil en la tercera semana y $15 mil en la última.

El diputado Patrio Hales, quien participa en la comisión de la Cámara que recibió al contralor, cuestiona que se ofreciera un premio por entregar en la última semana: “En la construcción de pagan incentivos por entregar de manera adelantada, no por hacerlo en el plazo acordado, para eso está el precio base”.

La auditoría estableció que en la última semana se mantuvo el monto que correspondía a la tercera semana, lo que se tradujo en un sobreprecio de cerca de $38.140.000 por la cantidad de mediaguas que se pagó a $505.000 cuando se deberían haber cancelado a $480.000. Esta información fue publicada originalmente por el diario electrónico El Mostrador el 3 de enero pasado y, tras la polémica, Cristóbal Lira dijo que no existía sobreprecio, pues además de tener mejores estándares el precio de mercado de los materiales había subido. Sin embargo, hasta ahora, ni la Onemi ni Interior han exhibido documentos que respalden el mayor gasto. CIPER solicitó entrevistas con los responsables de la adquisiciones en la Onemi y con Cristóbal Lira –hoy a cargo de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior–, pero no obtuvo respuestas.

Lo mismo ocurre con las compras que el Comité de Emergencia hizo a Forestal Tromen y a la empresa Techo para Cristo (TPC). En ambos casos, se pagó un precio muy superior a los establecidos en la Circular Nº 13. A Tromen se le cursó una orden de compra por 4.600 mediaguas a $820.000 cada una (lo que totaliza $4.488 millones, con el IVA) y TPC recibió una orden de compra por mil unidades a $693.000 cada una (lo que suma, agregando el IVA, $825 millones). En el caso de TPC hubo otra orden con valores superiores a los establecidos originalmente, pero que no fue pesquisada por la Contraloría porque se emitió fuera del período auditado. Esta orden fue por 288 mediaguas a $695.000 (con un monto total de $235 millones, con IVA).

El gerente de Forestal Tromen, Cristián Yussem, aseguró a CIPER que los $820 mil pagados por cada una de sus mediaguas se deben a que éstas son de mayor calidad que las de UTPCh y con mejores materiales aislantes porque debían ser instaladas en el borde costero. No obstante, ni Onemi ni el comité de Lira agregaron en la orden de compra documentos que respalden esta afirmación. Por el contrario, la orden de compra remite a los mismos anexos con que se hicieron las restantes adquisiciones, los que establecen las características técnicas genéricas de las mediaguas que utiliza UTPCh.

En el caso de TPC acontece lo mismo. Ni Onemi ni el Comité de Emergencia añadieron a sus órdenes de compra especificaciones más complejas que las de las mediaguas de UTPCh, por lo que la explicación que entregó a CIPER su gerente, Gloria Abusleme, en orden a que se trata de unidades de mejor calidad para soportar el clima de la costa, no tienen respaldo en documentación oficial.

Finalmente, la Contraloría manifiesta que “en reiteradas oportunidades las guías de despacho que sirvieron de respaldo para pagos efectuados a proveedores presentaban ilegible la confirmación de la recepción de los bienes adquiridos”. Esto resulta particularmente grave en el caso de la recepción de mediaguas, pues se requería corroborar la fecha para comprobar si correspondía el pago del incentivo por pronta entrega.

En relación a esta última observación, la Onemi respondió a Contraloría que la División de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior está preparando “un nuevo catastro de recepción de viviendas, pero con información entregada desde las municipalidades”. Esto, a juicio de los fiscalizadores, sólo “permite confirmar que dicha oficina (Onemi) no mantiene control sobre la distribución y recepción de bienes adquiridos con Fondos de Emergencia”.

LA FICHA ÚNICA DE EMERGENCIA

De acuerdo con la auditoría hecha por la Contraloría a los gastos de la Subsecretaría de Planificación , la preocupación que ha mostrado el ministro de Mideplan, Felipe Kast, en orden a focalizar correctamente los recursos destinados a planes sociales, contrasta con el rendimiento de los $324 millones que su cartera dispuso para el Programa de Registro de Emergencia en Zonas de Catástrofe.

En el contexto del mencionado programa, Mideplan entregó los recursos a 150 municipalidades para que aplicaran la “Encuesta Ficha Única de Emergencia, EFU”. Según el informe de los fiscalizadores, dicha encuesta tenía por objeto “obtener un registro con información fidedigna completa y precisa, de la situación de vulnerabilidad de las personas damnificadas por el terremoto (…) determinando el número de familias y personas afectadas, fallecidas, el grado de daño de las viviendas y el detalle de las respectivas soluciones de emergencia (que requerían esas familias)”. La ficha, en resumen, debía ser clave para orientar a las autoridades en la resolución de las necesidades de los damnificados.

Al margen de diversos reparos formales por rendiciones de fondos no efectuadas a tiempo por los municipios, por gastos que debían ser pagados por las municipalidades y que fueron endosados a Mideplan y por recursos no ocupados que no se devolvieron a la cartera, la Contraloría abordó el fondo del asunto y detectó que un alto porcentaje de las fichas no cumplía con los objetivos previstos para apoyar a los damnificados.

Al revisar la base de datos que resultó de la aplicación de la encuesta, los fiscalizadores determinaron que el 71% de los registros obtenidos no tenían información acerca de las soluciones de emergencia que requerían las familias. Del total de 274.484 fichas ingresadas (correspondientes a 802.785 personas afectadas), 195.022 estaban en esta situación (573.180 personas).

En relación a las prioridades para atender a las familias (albergado y/o vivienda destruida; damnificado y/o vivienda con daño mayor, damnificado y/o vivienda con daño menor), el 20,65% de las fichas no tenía información. Es decir, 56.675 fichas, correspondientes a 163.250 personas, estaban en esta condición.

Además, la Contraloría efectuó visitas en terreno para validar los datos contenidos en las fichas. En este ejercicio constató un alto número de registros con inconsistencias en relación con los datos obtenidos en terreno.

En la Región de Valparaíso, por ejemplo, se examinaron 216 fichas, de las cuales 129 fueron validadas y a 87 se les hicieron observaciones. En la VI Región, se revisaron 108 fichas y a 38 de ellas se les formularon observaciones. En el caso de la Región Metropolitana, el examen arrojó un alto número de fichas en las que se omitió el número de integrantes del grupo familiar. Esta situación resultó extrema en los municipios de Melipilla y San Bernardo, donde 2.241 y 613 fichas, respectivamente, presentan ese problema.

Los argumentos respecto de que la situación de emergencia conspiró para obtener mejores resultados, se diluyen al observar que en las regiones del Maule y Bío Bío, donde el terremoto azotó con más fuerza, la encuesta se aplicó casí sin problemas. En Maule, la Contraloría examinó 146 fichas y planteó reparos sólo a diez. En Bío Bío, finalmente, se revisaron 105 fichas y todas fueron validadas sin observaciones.

DESPEJANDO ESCOMBROS

El informe de la auditoría realizada a la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior (Subdere), indica que se revisó la totalidad de las transferencias efectuadas por dicha cartera para enfrentar la emergencia, las que ascienden a $412.518.038. Con este dinero se financió la compra de generadores eléctricos, motobombas, contenedores para ser usados como bodegas u oficinas de emergencia, flete de contenedores, arriendo de maquinaria para despejar escombros, herramientas para facilitar el despeje y fletes en general. Todo ese significó un desembolso de $ 395.493.039.

En cuanto a las compras, la Contraloría sólo hizo un par de observaciones relacionadas con la adquisición de contenedores. En este item el gasto se excedió del presupuesto establecido, sin contar con autorización del Ministerio del Interior, en $6.667.901. Además, se constató en terreno que tres de los 40 contenedores entregados a 24 municipalidades, no estaban siendo usados. Dos de ellos corresponden a Hualpén y uno a Pedro Aguirre Cerda.

Respecto al despeje de escombros, la Contraloría detectó que la Subdere contrató por trato directo a la empresa Ruiz y Blanco Limitada para el arriendo de maquinaria. El acuerdo consistía en que la empresa trabajaría para tres municipios de la zona costera del Maule: Pelluhue, Chanco y Constitución. El servicio incluía operadores, alimentación, hospedaje, combustible y traslado de maquinaria.

El 2 de marzo el contrato se estimó en la suma de $108.723.000, para contar con ocho camiones tolva, dos retroexcavadoras, una motoniveladora, dos excavadoras, gastos operacionales y fletes. Pero el 6 de marzo se amplió la suma en otros $71.526.301, según consta en la “orden de compra urgencia-007”, debido a que se requerían más horas de trabajo en terreno que lo previsto al inicio. Finalmente, bajo la orden de compra Nº 761-404-SE10 se dio cuenta del valor total de la contratación: $180.249.301.

Al examinar los antecedentes del contrato, la Contraloría interpretó que la empresa debía trabajar 450 horas en cada municipio: “La Subdere (…) contrató mediante trato directo a la empresa Ruiz y Blanco Ltda. el arrendamiento de maquinaria y ejecución de obras de despeje, consistentes en 450 horas de trabajo por municipio”. No obstante, al examinar los certificados emitidos por los tres municipios, constató que en Pelluhue se trabajaron 100 horas, en Chanco 200 y en Constitución 250: “Dejando de manifiesto el incumplimiento de lo contratado por falta de control”, dice el informe.

La Subdere respondió que el arriendo era “por un total de 450 horas trabajadas en aquellas ciudades”, dando a entender que incluía a los tres municipios. La subsecretaría, además, adjuntó documentos para probar que en Pelluhue se trabajaron 200 horas, en Chanco otras 200 y en Constitución 250, por lo que el total ascendería a 650 horas trabajadas por el mismo precio de $180 millones.

Finalmente, la repartición anunció que dictaría una resolución complementaria para enmendar la situación. Sin embargo, dicha corrección se hizo recién el 20 de enero de 2011, cinco meses después de que el informe de los fiscalizadores estuvo terminado (se cerró en agosto) y poco después de que el contralor Mendoza se sentara frente a los diputados para entregar el detalle de la revisión a los gastos originados por el terremoto. Está por verse si, en la próxima revisión, el órgano fiscalizador acepta la enmienda de la Subdere.

Por dos delitos de negociación incompatible fue formalizado este lunes 17 de enero el ex director del Departamento de Administración, ex vicedecano interino y ex director de Postgrados de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile Carlos Maquieira Villanueva. Mientras se desarrolla la investigación, para la que defensa no pidió un plazo determinado, el imputado deberá firmar mensualmente en la Fiscalía Centro Norte Metropolitana y permanecerá con arraigo nacional.

Los delitos que se le imputan se refieren a dos contratos por $8.700.000 cada uno, realizados en 2005 y 2006, que CIPER detalló hace dos años, cuando investigó los negocios realizados a través de una fundación ligada a la FEN, con su mismo nombre, creada en 2003.

A fines de 2005 la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile contrató a la Fundación Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile –en 2006 cambió el nombre a Facultad de Economía y Negocios (FEN)– para realizar un trabajo denominado “Análisis de la Actual Gestión estratégica de programas de postgrado de negocios”. Dicho trabajo fue encargado por la Fundación a un tercero, Inversiones Maquieira y Caro Limitada, pagando por él la suma de $8.700.000. Carlos Maquieira Villanueva participó en los tres organismos involucrados, ya que era director del Departamento de Administración, vicedecano interino y director de Postgrados de la FEN, todos cargos que le daban un puesto en el directorio de la Fundación; y socio de Maquieira y Caro Limitada, junto a su esposa Lorena Caro. El estudio había sido solicitado por el mismo Maquieira.

El mismo proceso se repitió en enero de 2006 por un trabajo similar llamado “Educación de postgrado en negocios y educación continua de los ejecutivos: Oportunidades de desarrollo y propuesta para la escuela de postgrado de la facultad de Economía” y por el que se pagaron otros $8.700.000.

El año 2007 el académico de la FEN Miguel Mendoza realizó una denuncia con estos antecedentes en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, para luego hacer la misma denuncia a la Contraloría General de la República, el 16 de abril de 2008.

El 26 de diciembre de ese año, la Contraloría emitió un informe que detalla las faltas ya detectadas en la investigación de CIPER y envió la información al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado(CDE). El informe concluye que los funcionarios “al intervenir en razón de sus funciones en asuntos en los que tenían interés personal , habrían contravenido el principio de probidad administrativa, al no observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto de la función o cargo, con preeminencia del interés general por sobre el particular”.

El 31 de marzo de 2010, el CDE presentó una querella criminal en contra de Maquieira por negociación incompatible. Tras una investigación del fiscal de Delitos Económicos de la fiscalía Centro Norte, César Urzúa, el ex directivo de la FEN fue formalizado y quedó con firma mensual y sin poder salir del país.

De terminar en un juicio, el actual decano de la Facultad de Administración de la Universidad Santo Tomás arriesga desde 541 días de reclusión (que podrían quedar en 61 días por su irreprochable conducta anterior), inhabilitación para ejercer cargos públicos y multa del diez al cincuenta por ciento del valor de lo obtenido por la negociación incompatible, de acuerdo a lo establecido en el artículo 240 del código Penal.

El Ejército estimó que el nuevo cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto requería de una vivienda acorde con “la dignidad del cargo”, lo que incluía una larga lista de comodidades. Eso explica el alto monto solicitado para la compra: $534 millones, es decir, más de US$ 1 millón. Sin embargo, la Contraloría rechazó la compra por no ajustarse a derecho.

Sala de lavado y planchado, living separado del comedor, además de un comedor de diario y una salita de estar, calefacción central, piscina y jardín con riego automático, eran algunas de las exigencias hechas por el Ejército para la vivienda que planeaba comprar para el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El cargo fue creado por la última reforma hecha a la institucionalidad del Ministerio de Defensa, que estableció que el Estado Mayor Conjunto sería un organismo de trabajo y asesoría permanente de esa cartera. La Contraloría hizo notar que su jefatura no necesariamente recaerá en un funcionario del Ejército –también puede pertenecer a la Armada o a la Fuerza Aérea– por lo tanto no corresponde que esa rama de las Fuerzas Armadas sea la que compre una vivienda. Además, el cargo no depende del Ejército, sino del Ministerio de Defensa. Su rango y sueldo son equivalentes al de un comandante en jefe de una de las ramas de las FF.AA.

El primero en ocupar ese puesto es el general de Ejército Cristián Le Dantec, quien fue nombrado en febrero de 2010 y para quien estaba destinada la vivienda cuya adquisición fue cuestionada.

La compra del inmueble sería hecha a través del Comando de Ingenieros del Ejército, del Comando de Apoyo a la Fuerza, que a través de su resolución Nº 221 de 2010 aprobó las bases administrativas para la adquisición. Y se fundamentó en que el nombramiento de un alto oficial de Ejército como jefe de Estado de Mayor Conjunto requería la compra de una vivienda “acorde con la dignidad del cargo”.

Pero la Contraloría miró con otros ojos la resolución militar. El 31 de diciembre, el contralor Ramiro Mendoza se abstuvo de dar curso a la resolución por estimar que la compra no se ajustaba a derecho. La ley invocada para la adquisición era la N° 17.174, que permite que los fondos recibidos por la enajenación de bienes fiscales de las Fuerzas Armadas sean invertidos en la compra de inmuebles para las mismas instituciones.

El contralor también cuestionó las “comodidades” explicitadas en las bases: “en relación a los requisitos del inmueble especificados en el Anexo N° 1 -pieza de servicio con baño, sala de lavado y planchado, living separado del comedor, comedor principal y comedor de diario, piscina, sala de estar distinta del living, jardín con sistema de riego automático, sistema de calefacción central, entre otras- se hace presente que, atendidos los principios de libre concurrencia y de transparencia que inspiran los actos de la Administración, no se advierte la justificación para estimar indispensable su cumplimiento, sin perjuicio de señalar que tales requerimientos puedan ser considerados como criterios de evaluación”.

Además, Mendoza hizo notar que si bien el valor explicitado como máximo a pagar según las bases era de $534 millones, el certificado de disponibilidad de fondos ascendía a $530 millones.

¿Para qué tipo de vivienda alcanza con ese monto? Una rápida búsqueda en un portal de compra venta de viviendas arroja una casa por $534 millones en el exclusivo barrio de Santa María de Manquehue, en la comuna de Vitacura. El inmueble tiene 500 metros cuadrados construidos, sobre un terreno de 900 metros. Sus cinco habitaciones son en suite, tiene comedor de diario, sala de estar, sala de cine, sistema de riego y calefacción central. Tal como la casa que buscaba el Ejército para el general Le Dantec.

Las Fuerzas Armadas arrastran una historia de cuestionamientos a sus manejos inmobiliarios desde la época de la dictadura. El más escandaloso fue la construcción de una mansión en Lo Curro destinada a Augusto Pinochet, lo que hizo pasar casi inadvertido que en paralelo, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea se había hecho construir otra lujosa vivienda para su exclusivo uso.

Ya en democracia, los beneficios extraordinarios a los que estaban acostumbrados los altos oficiales quedaron en evidencia cuando se descubrió que el entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Rojas Vender, había importado como pertrechos militares muebles de rattán para su uso personal.

Esta semana dos emblemáticos proyectos inmobiliarios sufrieron duros traspiés. Ya no está claro si Horst Paulmann podrá construir el edificio más grande de Sudamérica o de Chile cuando retome las obras de Costanera Center y tres inversiones ligadas a importantes grupos empresariales en Pudahuel deberán esperar a que el gobierno subsane una serie de problemas detectados por la Contraloría.

La agrupación “Defendamos la Ciudad” es como una pulga en la oreja de autoridades y empresas inmobiliarias. Los dueños de los más importantes proyectos han debido enfrentar una persistente artillería de recursos legales y denuncias a la Contraloría del representante de la organización, Patricio Herman, quien suele ir aliado con los vecinos. Prolífero redactor de columnas y reclamos, Herman y su agrupación obtuvieron esta semana dos victorias respecto a millonarios y emblemáticos megaproyectos.

El primero de ellos es Costanera Center, del empresario Horst Paulmann. Desde que se puso la primera piedra del edificio, la organización alegó que los permisos de edificación eran ilegales. Recién ahora que las obras están paralizadas por la crisis económica pero alcanzaron un importante grado de avance, el secretario regional ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, Carlos Estévez, determinó el 17 de marzo que la Municipalidad de Providencia efectivamente autorizó el inicio de las obras con permisos mal otorgados (ver documento).

El error estuvo en que la construcción se inició en 2006 con un permiso de edificación aprobado el 2001. Y se puso en marcha pese a que se habían anexado nuevos terrenos y ampliado notablemente la superficie a construir, lo que la Municipalidad de Providencia consideró que sólo eran modificaciones. Según el seremi Estévez, correspondía tramitar un nuevo permiso de edificación. Adicionalmente, cuestionó que los nuevos predios no se hubieran fusionado antes de la otorgación del permiso, como lo exige la ley.

La nueva decisión de la autoridad ministerial incluye la exigencia de un nuevo cálculo de los estacionamientos que debe incluir el proyecto. Un punto que ya la organización que lidera Herman había cuestionado, pues se utilizó una norma incorrecta que derivó en un menor número de plazas que las que correspondía.

La resolución también cuestiona la forma en que se calculó las rasantes aplicables del edificio y por lo tanto la altura que éste puede tener. Estévez instruyó a la Dirección de Obras Municipales de Providencia a tomar las medidas necesarias para solucionar los problemas. Aunque los trabajos de Costanera Center ya se encuentran bastante avanzados, Patricio Herman estima que cuando Paulmann retome las faenas ya no podrá construir los 65 pisos proyectados, sino a lo más entre 48 y 50. De ser así, ya no podrá ser el edificio más alto de Chile, el récord llegará a las manos de Abraham Senerman, con su edificio que tendrá 52 niveles.

Pero todo lo anterior es teoría. Porque aunque altas fuentes del Minvu reconocen que el proyecto adolece de “serios problemas” y debería recortar varios pisos, también prevén que el caso llegará eventualmente a manos de la Contraloría, cuya jurisprudencia indica que se privilegia el derecho adquirido del titular del proyecto. Y en caso de que las obras estén iniciadas, hasta ahora siempre se ha permitido continuarlas según el diseño original. De acuerdo a esta lectura, a lo más habría un sumario contra las autoridades municipales.

Obstáculos para una nueva ciudad en Pudahuel

El segundo triunfo de “Defendamos la Ciudad” se obtuvo tras enviar a lo menos once escritos a la Contraloría con argumentos para que ésta no tomara razón de las resoluciones del gobierno regional metropolitano que modifican el Plan Regulador Metropolitano, las que permitirían la construcción de tres megaproyectos inmobiliarios en Pudahuel. El 27 de marzo, el contralor Ramiro Mendoza devolvió al gobierno las resoluciones enumerando una serie de cuestionamientos (ver documento). Esto implicará cambios y un severo atraso en la puesta en marcha de los megaproyectos, cuyos dueños ya estaban preocupados por la excesiva demora en la tramitación de los permisos.

Las iniciativas contemplan una inversión de unos US$ 4000 millones e involucran a importantes grupos económicos: Urbanya, de Santa Cruz-Yaconi; Ciudad Lo Aguirre, de Hurtado Vicuña y Cruzat; y Enea, de Enersis. Entre los tres suman 1.500 hectáreas y con ellos debuta el sistema de Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC), que en este caso requería cambiar el uso de suelo de agrícola a urbano.

Entre otros puntos, la Contraloría estimó que los planos presentados tienen errores. Urbanya incluye áreas de riesgo de inundación y parques metropolitanos e intercomunales, mientras que los proyectos de Enea y Ciudad Lo Aguirre se extienden sobre zonas de parque metropolitano.

Lo más grave según los requirentes, es que no se adjuntó el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), como lo exige la ley. El cuestionamiento del ente contralor señala que el estudio que las inmobiliarias entregaron no está concluido ni considera un plan de inversiones con obras de mitigación, así como las expropiaciones que serían necesarias.

La respuesta a estos cuestionamientos la dio el propio seremi Carlos Estévez, quien le bajó el perfil a los argumentos de la Contraloría. En declaraciones a El Mercurio, negó que hubiera ilegalidades, sino simplemente observaciones que deben ser subsanadas. Esto fue ratificado a CIPER por una alta fuente del Minvu, la que estimó que bastará con enviar correcciones o explicaciones. En cuanto al Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), indicó que no es necesario porque no es un permiso de edificación sino un cambio en el plan regulador. Ahora deberán conseguir que la Contraloría concuerde con esta tesis.

Pese a los inconvenientes generados a todos estos proyectos por los reclamos de “Defendamos la Ciudad”, el funcionario del Minvu valoró su trabajo por representar un nuevo estilo de participación de la sociedad civil: “Tiene un lado muy positivo, y es que obliga a la gente a hacer las cosas bien y de forma prolija. Eso es bueno para la sociedad”.

El 5 de enero venció el plazo legal de 30 días para la entrega de la declaración de patrimonio que deben realizar todos los alcaldes y concejales después de asumir o dejar su cargo. Según el Decreto Nº 45 (2006) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que modifica la Ley Nº 18.575, el formulario debe ser llenado por los funcionarios de alta jerarquía de la administración del Estado, ejecutivos de empresas públicas, parlamentarios y miembros de los tribunales superiores de justicia cada cuatro años, cada vez que la persona sea nombrada en un nuevo puesto de la administración pública y al concluir el período de su función. También cuando su patrimonio sufra cambios significativos. Todos conocen la ley. Por lo mismo, todos los alcaldes –electos, reelectos y salientes– deberían ya haberla enviado. Pero la transparencia no parece ser la tónica de la administración local.

CIPER fue esta semana a Contraloría para revisar las nuevas declaraciones patrimoniales de los 49 alcaldes reelectos y salientes del Gran Santiago (22 de Santiago norte y 27 de Santiago sur), los 27 ediles de las principales comunas de regiones y los 36 nuevos jefes en las alcaldías del mismo grupo. En total, eran 132 planillas de las 345 que deberían haber ingresado en los archivos del órgano fiscalizador. Pero de ellas, sólo encontramos 16: tres de alcaldes que dejaban el sillón edilicio, siete de los que fueron reelectos y seis de personas nuevas en el cargo.

De las otras 116, aún no se sabe nada.

Sanciones inefectivas

La ley es clara: existen sanciones para la no entrega o presentación tardía de las declaraciones de patrimonio. Según el artículo 24 del Decreto Nº 45, “se presume que el funcionario o autoridad ha incurrido en infracción a su obligación de presentar la declaración de patrimonio, si trascurren más de treinta días desde que la declaración fuere exigible y ésta no se hubiere efectuado”. En estos casos, la sanción consiste en una multa que va desde las 10 a las 30 UTM (entre $375.000 y $1.125.000). Pero estas sanciones casi nunca son efectivas.

El fin del proceso es que los ciudadanos puedan fiscalizar si hay enriquecimiento ilícito por parte de sus autoridades. Y a mediados de 2006, todos los funcionarios públicos que están obligados a llenar el formulario con datos específicos sobre sus bienes inmuebles, vehículos motorizados, valores transables, derechos en sociedades y comunidades y pasivos superiores a las 100 UTM, debían presentar sus declaraciones. Pero al revisarlas en agosto pasado, CIPER descubrió que durante dos años el ex alcalde de Ancud, Pablo Ossio (DC), simplemente hizo caso omiso a esa obligación. Y no es que la haya hecho a tiempo y se haya perdido en el trayecto a la Contraloría Regional. Tampoco que a sus asesores se les haya olvidado enviarla. Ossio llenó el formulario recién el 11 de agosto del año pasado y sólo incluyó un crédito de consumo por $4.000.000. Pero en todo ese tiempo, nadie lo fiscalizó.

Tampoco nadie lo hizo con los alcaldes suplentes de Arica e Iquique, el independiente Waldo Sankán y la también independiente, pero apoyada por la Alianza, Myrta Dubost. Ambos iniciaron el período anterior como concejales de sus comunas e hicieron sus declaraciones según ese cargo, pero asumieron la jefatura de sus municipios luego de que sus antecesores fueran destituidos –Carlos Valcarce, en Arica, por fraude al fisco y Jorge Soria, en Iquique, por notable abandono de deberes y faltas a la probidad, además de estar acusado de fraude al fisco, negociación incompatible y otras irregularidades–. Sin embargo, ninguno actualizó su declaración al asumir el mando municipal. Pero al menos uno de ellos reparó el error.

Después de las elecciones municipales del año pasado, tanto Sankán como Dubost fueron confirmados como alcaldes. Y la de Dubost es una de las nueve declaraciones que ya ingresaron a la Contraloría desde regiones. En la casilla donde debe poner el cargo que ostenta ya no dice concejal, sino alcaldesa. Pero esa no es la única diferencia con su formulario anterior.

Las actualizaciones que llegaron

Cuando Myrta Dubost era concejala por Iquique, según su declaración de patrimonio sólo poseía $10 millones en bienes muebles y una cuenta corriente. No indicó ni el tipo de bienes ni el monto o a qué banco correspondía la cuenta. Pero dos años después, el formulario que presentó como alcaldesa es muy distinto.

Dubost hizo su declaración el penúltimo día de 2008 y en ella no aparecen ni la cuenta corriente ni los $10.000.000 en bienes muebles. Pero agrega un auto Honda de 1996 y seis sociedades, de las cuales tres (Ocean Investments Ltda., Pacific Trading Ltda. y South Investments Ltda.), según ella misma indica, no han tenido movimiento desde hace más de 20 años. Lo que llama la atención es que no haya incluido en su declaración anterior las sociedades D y G Asociados Ltda., en la que participa desde 1996, ni Chileminmetals S.A. y Quebrada del Desierto S.A.C., en las que posee derechos a través de D y G Asociados desde 2005.

La actualización de Dubost no fue la única que llegó a la Contraloría. Al menos otras siete declaraciones corresponden a actualizaciones por reelección. Una de ellas es la de la alcaldesa de Concepción, Jaqueline Van Rysselberghe (UDI), una de las pocas que evidencia un incremento en su patrimonio.

Mientras que en el formulario que la edil penquista presentó en 2006 aparecía su domicilio, además de un sitio eriazo avaluado en $120,5 millones y una cuenta corriente sin fondos, en la declaración que entregó ahora ya no aparece su dirección ni el sitio eriazo. Sin embargo, asegura tener dos sitios más, cuyo valor suma $225 millones. Además, ahora tiene dos cuentas corrientes con fondos que adicionados superan por poco los $5.000.000.

Otro de los alcaldes reelectos cuya actualización resulta llamativa es el de Coquimbo, Oscar Pereira (DC). En su declaración anterior , Pereira puso en la casilla destinada al organismo en que se desempeñaba “Jubilado SNS”, pero ahora rectificó: llenó el espacio con “I. Municipalidad de Coquimbo”. Ya no aparecen los dos créditos Corfo que tenía para pagar los estudios de sus hijos y sus acciones en Coopeuch pasaron de $1.860.000 a $6.152.744.

Otro cambio que mostró en el nuevo formulario fue su profesión: en 2006 se identificó como auxiliar de enfermería; ahora figura como paramédico.

El patrimonio de los que se van

De los 36 alcaldes incluidos en la lista de declaraciones que CIPER solicitó ver en Contraloría y que dejaron su puesto en el municipio, sólo tres han cumplido con la obligación de presentar el formulario con el detalle de su patrimonio. Y los tres son de regiones: Arturo Molina (Calama), Carlos Arellano (Rancagua) y Aldo Bernucci (Chillán).

El primero en hacerla fue Molina (DC), el 27 de noviembre de 2008. Según su “actualización por cese de funciones”, su patrimonio sólo ha variado en cuanto al valor de su auto y el vehículo de su mujer, además de la eliminación de una deuda de casi $6,5 millones . Todo lo demás sigue igual.

El radical Aldo Bernucci llenó el formulario el 5 de diciembre de 2008, un día antes de dejar la alcaldía chillaneja y ni siquiera se dio la molestia de rellenar las casillas referentes al cargo que dejaba. Ya no incluye su casa en Valdivia, pero en su reemplazo hay otra que no corresponde a su domicilio. Tampoco están los cerca de $7.000.000 que en 2006 tenía repartidos en una cuenta corriente, un fondo mutuo y una cuenta diferida. Ahora sólo anota una cuenta corriente con un fondo de dos millones de pesos. Y es mucho más que lo declarado por el ahora ex alcalde de Rancagua, Carlos Arellano (DC).

El formulario previo de Arellano da a entender que cuando llegó al mando del municipio no tenía nada. Ni propiedades ni vehículos ni bienes transables. Ni siquiera debía plata. Al parecer, durante los cuatro años que estuvo en el sillón edilicio no le fue muy bien: ahora sólo incluye $13,5 millones en deudas.

Los nuevos jefes

Dos días después de asumir la alcaldía de Lo Barnechea, Felipe Guevara (RN) llenó la primera declaración de patrimonio que hace como jefe municipal. En ella consignó que llevaba 25 días en el cargo, una casa en la misma comuna, un departamento destinado a la renta en Las Condes y un terreno en Cochamó, Puerto Varas. También incluye pasivos por $190 millones, un depósito a plazo de $35.000.000, una sociedad individual de responsabilidad limitada y acciones en D&S, Enersis y LAN, cuyo valor suma $11,8 millones.

Al otro lado de Santiago, Cristián Balmaceda (independiente pro Alianza) ganó en las elecciones con el 61,66% de los votos y llegó a reemplazar a Jaime Escudero (PPD), quien fue su contendor en la pelea por estar al frente de la municipalidad de Pirque entre 2008 y 2012. Balmaceda hizo su declaración el 26 de diciembre e incluyó dos sitios en Los Maitenes (avaluados en $68 millones), tres vehículos, dos sociedades y dos pasivos. Y a pesar de que su patrimonio está lejos de ser despreciable, no se compara con lo que su antecesor declaró tener en 2006 .

Escudero no ha presentado su actualización por cese de funciones, pero además de los tres caballos que tenía a su haber –dos tasados en 1,5 millón de pesos y el tercero en un millón–, uno de los cuales llevaba el sugerente nombre de “Tirano”, lo más llamativo de su declaración patrimonial eran sus acciones en la Sociedad Agrícola La Higuera Ltda., cuyos títulos representaban la cantidad de $3.325.000.000. De todas formas, Balmaceda no consigna el valor de sus participaciones en las sociedades Comercial El Llano de Pirque Ltda. –en la que posee el 50% de los derechos– ni en Inversiones Balún Ltda. –donde es dueño del 12,5%–, por lo que es imposible asegurar que su patrimonio sea menor.

Finalmente, al otro lado de la moneda está la declaración del nuevo alcalde de San José de Maipo, Luis Pezoa (RN). De las seis declaraciones que ya fueron ingresadas en la Contraloría por parte de alcaldes nuevos, la de él destaca por su austeridad. En el formulario, el edil de RN sólo indica poseer un millón de pesos guardados en una cuenta corriente en el BCI. Y eso sería todo.

Más de $4 millones en cenas que no se justifican como gastos de representación, además de numerosos contratos cuyas labores no fueron acreditadas, son algunas de las herencias de Guillermo Arenas en el Registro Civil. En una auditoría de la Contraloría vuelven a aparecer los nombres de su ex jefe de gabinete Jorge Lobos y de Verónica Escudero, además de cuestionarse contratos de cuñados de Camilo Escalona y de hijo de Isabel Allende. Ante las numerosas faltas detectadas, la Contraloría iniciará sumarios administrativos que incluyen un contrato por más de $400 millones con Sonda autorizado por el actual director Luis Fuentes. El informe llama la atención sobre las debilidades del control del registro de condenas.

Un completo y duro informe sobre la gestión del Registro Civil emitió hoy la Contraloría General de la República luego de ejecutar una “auditoría integral aleatoria” a ese servicio público. El nudo de la inspección apunta a decisiones tomadas por el cuestionado ex director del servicio, Guillemo Arenas, quien debió hacer abandono de su cargo luego de que CIPER denunciara irregularidades en una millonaria licitación adjudicada a la empresa india TATA.

En 84 páginas, el ente contralor detalla las irregularidades administrativas e instruye la realización de varios sumarios. Entre ellos, destaca la identificación de un total de $39 millones que no califican como gastos de representación o no se encuentra debidamente especificado el motivo de la reunión que los originó o la investidura de los asistentes.

Sólo Guillermo Arenas rindió $4.415.809 de gastos en restoranes que para la Contraloría no se justifican. Como se ve en el mapa (haga click en los puntos azules para ver el local y el gasto), el ex director del Registro Civil recorrió los más variados restoranes de Santiago.

A éstos hay que sumar el restorán “Coco Loco” de Valparaíso, donde gastó $431 mil pesos en dos cenas. Una de ellas, Arenas la justificó como una reunión de la comisión mixta de presupuesto en el Congreso ($266 mil), pero no informó los nombres ni la investidura de los asistentes. La otra comida ($165 mil), la presentó como una cita preparatoria de una reunión de los registros civiles de América Latina, pero la boleta no tiene número ni fecha, y no hay ninguna información sobre la identidad de los asistentes.

Guillermo Arenas era un hombre querido entre los funcionarios del servicio, quienes incluso hicieron un paro cuando dejó su cargo el año pasado. En el informe de la Contraloría, se ve que el ex director invirtió dinero del servicio para agasajar al personal con motivo del 123 aniversario. Para dicho festejo, celebrado en julio de 2007, destinó un total de $28 millones. La Contraloría no hace reparos sobre el monto, sino que cuestiona que “no consta la asistencia de autoridades superiores”.

Pero fue la parrillada “Los Buenos Muchachos” la que se llevó la mayor tajada de los gastos de representación. En este caso, la rendición de cuentas corrió por cuenta de la jefa de Comunicaciones de dicho servicio público, Carolina Ruiz. En ese conocido restorán el Registro Civil organizó dos cenas, para 199 y 900 personas respectivamente, las que significaron un desembolso total de más de $14 millones. A ello hay que agregar $360 mil que se gastaron en buses para trasladar a los invitados desde “Los Buenos Muchachos” a Maipú y Puente Alto. El informe nada indica de las horas en que se habría hecho el traslado y tampoco la identidad de los pasajeros. En las mismas fechas, cada dirección regional realizó sus propias celebraciones, por las que la Contraloría también pide explicaciones.

Para aclarar todos estos gastos, se instruirá un sumario administrativo y ya la Contraloría anunció que hará reparos.

Incumplimiento de contratos

Jorge Lobos, el ex jefe de gabinete de Guillermo Arenas, fue el responsable de autorizar 50 de los 288 contratos revisados por la Contraloría. Inconsistencias con lo que se estipula como actividad realizada y otras carencias y errores fueron detectados por el ente fiscalizador en 44 casos. Lo que queda claro es que sólo muy pocos de esos contratos en la mira de la Contraloría fueron aclarados por las autoridades del Registro Civil en sus descargos.

El nombre de Lobos también aparece vinculado a las irregularidades en el otorgamiento de créditos de la Caja de Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como la Tía Rica. De acuerdo con otro informe de Contraloría, en 1996 Lobos autorizó un préstamo por un millón de pesos para Erika Henríquez González, quien era su pareja y terminó trabajando en la oficina de Dicrep de Temuco. Además, el informe objetó que el auto que Erika González presentó como garantía no era suyo, sino del mismo Lobos.

Tras ser destituido junto a Guillermo Arenas de la dirección del Registro Civil, en mayo último Jorge Lobos volvió a la Dicrep, donde es funcionario de carrera desde los ‘80. Sin embargo, recién retornado, quedó suspendido al iniciarse un sumario en su contra por la investigación en curso en el Registro Civil. Desde entonces, pese a estar suspendido, el abogado sigue recibiendo un sueldo que supera el millón de pesos. Su situación debiera resolverse en un par de meses, una vez que se presenten los cargos en su contra.

La lista de contratos aprobados por Lobos en el Registro Civil y cuestionada por la Contraloría estaba encabezada originalmente por Andrés Contardo Santibáñez, el asesor informático que fue despedido “por razones de buen servicio” en marzo de 2008, luego de que CIPER revelara que prestaba doble funciones en la empresa TATA, que se había djudicado una licitación por US$ 80 millones. Ahora el ente contralor revela que en 2007 recibió $17.429.160 y en 2008 $12.000.000 como asesor de la licitación. Sus informes indican que participó del cronograma de trabajo de evaluación del Registro Civil, en el plan de revisión de las bases de licitación, en el cronograma de trabajo para la licitación de identificaciones y en el piloto de modelo biométrico. En su primera revisión, la Contraloría concluyó que no había antecedentes adicionales que acreditaran la ejecución efectiva de dichas funciones. Posterioremente, otros asistentes a las reuniones en las que Contardo dijo participar confirmaron su asistencia. Así, el asesor informático salió de la lista negra de la Contraloría, pero no de la fiscal que sigue el proceso por los delitos cometidos en la licitación otorgada a Tata.

Más difuso parece el caso de Verónica Luz Escudero Ramos, quien entre 2006 y 2007 recibió pagos por más de $18 millones como asesora en contratos tecnológicos ligados a la licitación informática. “En la revisión de dichos informes, se comprobó que corresponden a artículos extraídos de internet, los que se reproducen casi textualmente”, concluyó la primera etapa de la auditoría, que incluso detalla los artículos que fueron plagiados de la web. En el informe final, sin embargo, se “hace presente” que hay registro de los informes bimensuales de Verónica Escudero, pero no agrega ningún detalle acerca de aquellos que habían sido plagiados de internet.

La abogada Verónica Escudero llegó a trabajar al Registro Civil en octubre de 2006, pocos meses después de que Arenas asumiera la dirección del servicio. Su esposo, el también abogado PPD Juan Guillermo Hurtado, ha mantenido un vínculo laboral más estrecho y cercano con el ex director del Registro Civil.

En 1994, cuando fue nombrado en la jefatura máxima de la Dirección General del Crédito Prendario, Arenas nombró a Hurtado a la cabeza del Departamento Jurídico, lo que en la práctica le permitió ser el segundo de a bordo en la Dicrep. Además, fue uno de los tres integrantes de una comisión encargada de un programa de créditos excepcionales que dejó pérdidas por $1.000 millones. Se trata del crédito con garantía de prenda industrial sin desplazamiento, que mereció un sumario de Contraloría. Entre otras cosas, el informe del organismo fiscalizador objetó el hecho de que uno de los beneficiados por los préstamos por un millón de pesos fuera el ex alcalde de Pirque Jaime Francisco Escudero, quien es hermano de la esposa de Hurtado y, por tanto, primo de Guillermo Arenas.

El matrimonio también apareció mencionado en el informe de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados por el caso de TVN. Frente a la grave crisis por la que atravesaba la estación pública tras el fin de la dictadura, en 1990 la Cámara Baja aprobó un duro informe que daba cuenta de situaciones anómalas. Entre otras cosas, destacó el hecho de que el animador César Antonio Santis cobrara asesorías millonarias a través de la empresa Alati Comunicaciones Ltda., cuya propiedad aparecía a nombre de Verónica Escudero y Juan Guillermo Hurtado. De acuerdo con un informe de Contraloría, las asesorías no fueron respaldadas ni justificadas, y significaron montos que en valores de la actualidad superan los $2.200 millones.

Además de Verónica Escudero, el reciente informe de la Contraloría sobre el Registro Civil incluye a personas que saltaron indirectamente a la escena pública tras el escándalo de la fracasada licitación a TATA. Una de ellas es Karina Talcan Sumarett, quien se hizo conocida a comienzos de 2008, cuando la prensa informó que había sido jefa de gabinete del presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona (quien negó su vinculación con ella, pese a las evidencias) y tenía una asesoría en el Registro Civil. Para la Contraloría, los informes que entregó sobre su estudio de las necesidades de las comunidades mapuches no permiten acreditar que las labores hayan sido realizadas, pues son poco claras y no entregan detalles de las reuniones. Incluso el subdirector de Administración y Finanzas se abstuvo de visar su informe de marzo de 2008 porque no tenía conocimiento respecto de su trabajo. El 30 de abril se puso término anticipado a su contrato.

No sólo por Talcan fue cuestionado Escalona, sino también porque los hermanos de su pareja, Verónica Tricallota, también hacían asesorías al Registro Civil. Ambos aparecen en el informe. Respecto a René Tricallota López, dice que no se puede acreditar que haya desarrollado su labor de “apoyo con entrega de uniformes”, por la cual recibió $500 mil por un mes de trabajo, pese a haber laborado sólo 9 días hábiles. Su hermana Gloria Tricallota López, trabajó entre septiembre y diciembre de 2007 como asesora de la Unidad de Gestión y Control de Ingresos. Aunque el servicio dijo haber verificado el trabajo realizado, la Contraloría no logró que se le entregara documento impreso ni digital que permita acreditar el cumplimiento de las labores.

La sorpresa del nuevo informe de Contraloría es que también afecta a la diputada Isabel Allende, opositora a la conducción de Escalona en el Partido Socialista, y quien se sumó a las críticas en contra del presidente del PS por los contratos de sus familiares en el Registro Civil. Su hijo -Gonzalo Meza Allende- es quien ahora aparece mencionado en la auditoría. Los reparos se refieren a que Meza Allende fue contratado para un “análisis de contexto de temas contingentes”, tarea que no guarda relación con las funciones propias del servicio. En el informe se señala que sus informes tratan temas como “las elecciones internas de la Concertación con pocos aires de cambio”, “las visiones extremistas de la acusación constitucional”, “conflicto Colombia-Ecuador, una alerta para la región”, “la aparición molesta de Lavín para la Alianza” y la “experiencia francesa en las elecciones municipales”.

En otro acápite, el informe hace especial mención a María Isabel Moya, la jefa de Infomática, quien fue una testigo clave para la fiscalía en la investigación por las irregularidades en la licitación adjudicada a TATA. La Contraloría cuestiona que haya sido contratada como asesora grado 3 en la escala única de sueldos y se le pague un sueldo equivalente al grado 2. El servicio respondió que el cambio se solicitó al Ministerio de Justicia en febrero de 2007 y aún se está a la espera de la respuesta, por lo que el ente contralor ordena “regular a la brevedad” su condición contractual o “proceder al reintegro de los fondos pagados en exceso”.

Otra vez Sonda

En su exhaustiva auditoría, la Contraloría cuestiona numerosos contrados y estudios, como los $400 millones desembolsados para pagar dos convenios con la Universidad de Santiago, los que ya son objeto de un sumario administrativo. También critica el pago de $391 millones a la empresa Sonda, la misma que actualmente se encarga del sistema informático para la elaboración de Cédulas de Identidad y Pasaportes y que ha sido fuertemente cuestionada por el gobierno por su rol en los problemas del Transantiago.

La documentación oficial del Registro Civil indica que la empresa de Andrés Navarro fue contratada para realizar el servicio biométrico de la confección de cédulas y pasaportes, lo que a juicio de la Contraloría no corresponde. Y ello porque “no pueden modificarse los aspectos esenciales del contrato, como es la contratación de un nuevo sistema de identificación denominado servicio biométrico”.

Se hace notar también que los cambios irregulares a este contrato con Sonda fueron firmados por el actual director Luis Fuentes; y Manuel Godoy y María Isabel Moya en su calidad de coordinadores del proyecto, pese a que no tenían “facultades para contraer obligaciones de tipo onerosos en representación del Servicio”. Para Fuentes, el informe de Contraloría vuelve a recordar los estrechos lazos que éste tuvo con Sonda en los contratos pasados que se adjudicó la empresa en las licitaciones del Registro Civil.

La Contraloría anunció que se investigarán las responsabilidades administrativas de esta orden de cambio y de otras dos relacionadas con la empresa Adexus, pero que suman poco más de $1 millón.

Falta de control en el registro de condenas

Un acápite de mayor gravedad pero en un ámbito distinto es el capítulo en el que la Contraloría expresa especial preocupación por el proceso de registro general de condenas. Se trata de un servicio administrado por el Registro Civil que guarda la información de las causas penales de todos los chilenos. Son datos privados y muy sensibles, que sólo pueden ser consultados por los tribunales y policías. El ente contralor ya había cuestionado en un informe anterior la falta de control sobre la eliminación y alteración del registro de condenas, un problema que ha saltado a la palestra en los últimos escándalos de corrupción y que ahora adquiere otro cariz a la luz de la precariedad del registro más sensible para la seguridad ciudadana.

Según la auditoría de la Contraloría, entre 2007 y 2008 se eliminaron 38.321 sentencias, labor realizada por 32 funcionarios del Registro Civil. El ente fiscalizador ya había cuestionado la falta de procedimientos formales en las eliminaciones, falta de foliación de los documentos, controles de validación y la eliminación de todo el prontuario de una persona a través de una sola solicitud. Un hecho que calificó como grave cuando existen varias condenas. Además criticó que la eliminación de registro no estuviera asociada al cumplimiento de condenas.

Si bien los mandos directivos del Registro Civil aclararon satisfactoriamente varias de estas inquietudes y dijeron haber solucionado otras, la Contraloría sostuvo que falta aún validar en nuevas visitas que el resultado sea el adecuado. La principal sugerencia para este problema es que en la próxima licitación del proyecto de integración de plataforma tecnológica se incorporen controles automáticos que velen por la integridad de la información.

Un ejemplo de la precariedad en el resguardo de estos registros está en el control de acceso al sistema. Según la Contraloría, la primera información entregada por el servicio hablaba de 1.706 cuentas que podían utilizarse para eliminar sentencias, de las cuales 1.235 no tienen restricción de horario de conexión. Sin embargo, luego se informó que durante el 2007 se habían usado 218 cuentas para eliminaciones, mientras que en 2008 fueron 1.706. Finalmente, el servicio le informó a la Contraloría que no podía identificar cuántas cuentas podían eliminar sentencias, lo que lleva a concluir sobre el riesgo de que hubiera usarios con habilitaciones no autorizadas.

Después de todas estas contradicciones, el Registro Civil entregó la información que supuestamente es la correcta, pero que la Contraloría analizará en un próximo informe. Las nuevas cifras hablan de 1.256 cuentas, de las cuales 89 podrían hacer eliminaciones y sólo 27 lo hicieron efectivamente durante 2008. Al validar estos datos, los fiscalizadores detectaron que al menos una cuenta de administrador aparecía catalogada como no autorizada para hacer eliminaciones, lo cual es contradictorio. Por eso, anuncia que seguirá trabajando en el tema. De hecho, el propio servicio informó que son sólo 33 las cuentas que deberían contar con los “privilegios” para hacer eliminaciones -en vez de las actuales 89-, por lo que se procedará a anular los que no corresponden.

En otro largo acápite, la Contraloría analiza y cuestiona algunos procedimientos contables y financieros, así como cuantiosas cuentas por cobrar ($81 millones sólo del año 2006).

Los contratos a honorario también cayeron bajo la lupa del ente contralor, pues detectó diversas personas ejerciendo funciones de jefatura en forma permanente. Y aunque el informe no lo dice, se trata de puestos extremadamente sensibles para las labores habituales del Registro Civil y también para las licitaciones en curso, como los cargos del jefe de seguridad de la información, el jefe del área de infraestructura tecnológica o el jefe del proyecto de gobierno electrónico.

Millonario Edificio

Otro cuestionamiento a la gestión de Guillermo Arenas es el millonario gasto en el arriendo del edificio que se estrenó en calle Merced 379 al 385, donde antiguamente funcionaba la Universidad Miguel de Cervantes. El inmueble fue arrendado de manera directa a la Sociedad de Inversiones Antares, sin llamado a licitación pública como lo exige la ley. Además, el Ministerio de Hacienda había autorizado por un año el monto para el arriendo de ese edificio. No obstante aquello, el 5 de julio de 2007 se firmó un contrato por un plazo de 10 años por más de $14 millones mensuales, es decir, unos $170 millones anuales.

Pese a que la autorización de la Dirección de Presupuesto no contemplaba gastos en reparación o habilitación del edificio, se desembolsaron $137 millones por ese concepto.

Ante estos antecedentes, la Contraloría instruyó un sumario administrativo.

Ver La ruta culinaria de Guillermo Arenas en un mapa más grande

En junio pasado, CIPER reveló que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile había implementado un modelo de autocontratos a través de una fundación ligada a la misma facultad y con su mismo nombre. La investigación estableció que los directivos de la facultad fueron contratados para hacer consultorías pagadas a sociedades que éstos tenían con sus esposas. La Contraloría acaba de concluir una auditoría al respecto, confirmando las posibles irregularidades. Instruyó un sumario administrativo y envió copia del informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, quienes deberán evaluar si además de faltas administrativas se cometieron delitos.

El informe de la Contraloría detalla las faltas detectadas en la investigación de CIPER. Por ejemplo, el contrato con una sociedad de uno de los representantes de la fundación, Mario Morales Parragué, actual director del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de dicha facultad y ex director de Extensión del mismo departamento, para hacer consultorías. También destaca el contrato a María Morales Parragué, hermana del profesional. Fue el propio Mario Morales quien autorizó los pagos a su hermana e incluso firmó un cheque, pero la Contraloría no encontró evidencias de las tareas encomendadas a la mujer.

A Morales también se lo contrató por encargo de la propia facultad para hacer estudios a cambio de un pago de $10 millones, sin que a juicio de la Contraloría se encontraran los resultados de dichos trabajos.

La Contraloría además apunta hacia Carlos Maquieira Villanueva, pues la sociedad que tiene con su esposa -Maquieira y Caro Inversiones Limitada- también realizó asesorías mientras él era director de la fundación, además de director del Departamento de Administración, vicedecano interino y director de Postgrados. Al momento de publicarse el reportaje de CIPER, Maquieira mantenía este último cargo, pero en septiembre pasado asumió como decano de la Facultad de Administración de la Universidad Santo Tomás.

La Contraloría también detectó posibles irregularidades en la ejecución de varios diplomados impartidos por la facultad. En algunos de ellos aparece mencionado Mario Morales y en uno figura también su hermano Francisco, quien fue contratado para dictar un curso.

En su conclusión, el ente contralor establece que los funcionarios “al intervenir en razón de sus funciones en asuntos en los que tenían interés personal , habrían contravenido el principio de probidad administrativa, al no observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto de la función o cargo, con preeminencia del interés general por sobre el particular”. Detalla que se habría contravenido el artículo 62º de la Ley Orgánica de Bases de Administración del Estado.

El informe agrega que los contratos en general no han reportado remanentes ni para la facultad ni para la fundación y que tampoco se pudo confirmar que la facultad hubiera recibido los dineros pagados por los cursos investigados. Cuestiona además que una empresa externa se haya arrogado la representación de la universidad en la gestión de los diplomados, llegando incluso a ocupar un timbre oficial para registar los ingresos. Dichos diplomados tenían también una duración menor que la exigida.

El alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, aceptó la renuncia del coronel (r) de Carabineros Pedro Valdivia Castillo, quien ocupaba el cargo de Director de Operaciones del municipio desde 1997, puesto desde donde dirigía los servicios de seguridad ciudadana de esa comuna.

Valdivia había sido separado de sus labores habituales y subordinado a la Dirección de Tránsito después de que CIPER publicó, el pasado 22 de agosto, los documentos que indican que participó en una triangulación de contratos para adjudicarse el servicio de motoristas de seguridad del municipio, situación en la que está involucrada la automotora Piamonte S.A. y que benefició a una empresa de guardias -SyP Limitada- que el ex jefe policial fundó y representó hasta enero de este año.

La investigación de CIPER, además, incluyó documentos que apuntan a que el ex jefe policial no informó en su declaración de intereses -la que deben hacer todos los altos funcionarios municipales- el nexo que mantuvo con la empresa SyP Limitada como administrador y representante.

A través de una circular interna difundida por la subdirección de Recursos Humanos, los funcionarios de las distintas direcciones municipales fueron informados de que el alcalde Torrealba (RN) había aceptado la renuncia de uno de sus colaboradores de mayor confianza.

El renunciado director de Operaciones de Vitacura abandona su cargo cuando es objeto de cuatro investigaciones, de acuerdo con la información que proporcionó la alcaldía: un sumario que lleva adelante el juez de Policía Local, Sergio Villalobos Ríos, otro que está en manos del contralor municipal, una investigación de la Contraloría General de la República y una indagación del Ministerio Público. Este último organismo recibió los antecedentes de manos del propio Torrealba.

La situación de Valdivia se complicó después de que trascendiera que el martes 2 el alcalde reunió a los concejales para informarles que el juez Villalobos ya había entregado su informe, en el que consideró que el ex jefe policial había incurrido en una falta cuando aún era socio de SyP Limitada -en el año 2000- y la municipalidad contrató a esa empresa para vigilar los módulos de cobranza del permiso de circulación, servicio por el que se pagaron más de 9 millones de pesos. El episodio también fue documentado en el artículo de CIPER del 22 de agosto. Villalobos, según dijo el alcalde a los concejales, dejó sentado en su informe que Valdivia debía ser sancionado con la destitución, pero consignó que la falta estaba prescrita.

El alcalde ha dicho que no conocía estas anomalías, a pesar de que la denunciante -una ex pareja y ex socia de Valdivia- ha mostrado copias de un correo que le envío en febrero alertándolo de la situación (ver artículo Los negocios y amores que complican al guardián de la seguridad en Vitacura). Sin embargo, el más estrecho colaborador del edil, el administrador municipal de Vitacura, Aldo Sabat, sí estaba al tanto de que Valdivia seguía ligado a SyP como su administrador o representante. De hecho, Sabat, hermano del alcalde de Ñuñoa, confirmó en un reportaje publicado por CIPER el pasado miércoles 3 que fue invitado por Valdivia a integrarse a una sociedad junto a SyP Limitada en 2004. Incluso, Aldo Sabat admitió que compartió el directorio de esta nueva sociedad que comercializaba alarmas y circuitos cerrados de televigilancia -llamada I View Chile S.A.- con Valdivia, quien ocupaba ese cargo en representación de SyP.

Aldo Sabat, mano derecha del alcalde Raúl Torrealba y hermano del jefe comunal de Ñuñoa, estaba al tanto de los vínculos entre el encargado de seguridad de Vitacura y la cuestionada empresa de guardias SyP. De hecho, aunque Pedro Valdivia niega haber operado para SyP después del año 2000, Sabat dice que el coronel (r) lo convenció de asociarse con esa empresa en 2004 para conformar una compañía dedicada a instalar cámaras de vigilancia y en la que ambos funcionarios municipales compartieron directorio.

Desde el martes recién pasado el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN), tiene un sus manos un informe del juez de policía local de su comuna que tornó oscuro el panorama para el director de Operaciones de su municipalidad, el coronel (r) de Carabineros Pedro Valdivia Castillo. Tal como lo informó CIPER el viernes 22 de agosto, el máximo jefe de los servicios de seguridad ciudadana de una de las comunas más ricas del país está siendo investigado por sus vínculos con la empresa de vigilancia “SyP Limitada” -que fundó y representó hasta enero de este año-, la que está acusada de ejecutar trabajos para el municipio y triangular contratos a través de la automotora Piamonte S.A. para adjudicarse el servicio de los motoristas de seguridad que laboran en la comuna.

El coronel (r) Valdivia, una de las voces más requeridas en la TV cuando hay noticias policiales que estremecen al país, está siendo investigado simultáneamente por la Contraloría General de la República, el contralor municipal y el juez de policía local de la comuna. Además el propio Torrealba anunció que entregaría los antecedentes al Ministerio Público.

Fuentes del municipio confirmaron a CIPER que el alcalde ha comentado reservadamente que el juez de policía local, Sergio Villalobos Ríos, dio por acreditada una falta cometida en 2000 por Valdivia, cuando aún figuraba como socio de SyP y esa empresa prestó el servicio de vigilancia a los módulos de cobranza del permiso de circulación, por lo que el municipio le pagó más de 9 millones de pesos. El edil ha dicho a sus cercanos que la conclusión del juez fue sancionar a Valdivia con la destitución, pero en el mismo informe consignó que la falta está prescrita, pues fue cometida hace más de cinco años. No obstante, para Torrealba resultaría incómodo iniciar la campaña electoral municipal con una mochila que indique que a su jefe de seguridad ciudadana –un hombre que ha gozado de toda su confianza desde 1997- se le acreditó una falta a la probidad.

Al alcalde, en todo caso, se le ha abierto otro flanco incómodo, pues CIPER comprobó esta semana que su más estrecho colaborador, el administrador municipal Aldo Sabat Pietracaprina, sabía perfectamente que Valdivia trabajaba para “SyP Ltda.” y que, por lo tanto, no es efectivo lo que ha dicho el coronel (r) en orden a que se apartó de la administración de esa empresa desde el año 2000. Es más, el administrador municipal se asoció con “SyP Ltda.” conformando una nueva empresa de seguridad: “I View Chile S.A”. En ella compartió el directorio con Valdivia, quien precisamente representó a SyP en esa instancia.

Compañeros de directorio

Valdivia tomó vacaciones a contar del mismo martes 2 de septiembre en que Torrealba recibió el informe. Seis días antes, el jueves 28 de agosto, el más mediático de los expertos en seguridad ciudadana había sido separado de sus funciones habituales y subordinado a la directora de Tránsito. Ese mismo día, el encargado de llevar el sumario de la Contraloría, José Zamorano, puso fin a la recolección de antecedentes –misión que le tomó unos dos meses- y la plana directiva del municipio espera que pronto entregue su informe.

La investigación que lleva adelante la Contraloría debiese pronunciarse sobre la denuncia que indica que SyP trianguló con Piamonte S.A el contrato de los motoristas y confirmar si Valdivia siguió vinculado a esa empresa de seguridad privada, a pesar de que insiste en que dejó de ser socio de ella en abril de 2000. Efectivamente, el coronel (r) cedió sus derechos a su entonces pareja y socia, Pilar Reyes. Pero la mujer exhibe un poder notarial de ese mismo año en el que delegó el mandato de representación y administración de la sociedad en el ex jefe policial, y muestra documentos en los que Valdivia aparece firmando por SyP como representante, gerente general y empleador.

El alcalde Torrealba señaló a Las Últimas Noticias del domingo 24 que no conocía estas denuncias, a pesar de que recibió un correo electrónico de Pilar Reyes en febrero de este año donde le entregaba los antecedentes: “Mire, durante el tiempo que se hacen las acusaciones, yo estaba de vacaciones. De todos modos, son situaciones que hay que investigar y no tengo ningún inconveniente en colaborar con Contraloría”, dijo Torrealba al matutino.

Si Torrealba no sabía que su director de seguridad ciudadana estuvo vinculado hasta enero de este año a “SyP Ltda.”, el administrador municipal Aldo Sabat -hermano del alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat (RN)- sí estaba en conocimiento. Aldo Sabat es el más alto funcionario después de Torrealba, encargado de subrogar al alcalde y en quien el edil ha delegado amplios poderes.

El 26 de junio de 2004, Sabat firmó la escritura que dio origen a “I View Chile Seguridad Digital e Electrónica S.A.”. Lo hizo en representación de “Inmobiliaria e Inversiones Sabat Goiri Limitada”, la sociedad que mantiene con su cónyuge María Eugenia Beatriz Goiri Rayo. Así, Sabat Goiri Ltda. se hizo del 17,17% de la propiedad de “I View Chile S.A”. En la misma escritura figura SyP ingresando a la sociedad con idéntico 17,17%.

En el artículo primero transitorio de la escritura firmada por Sabat, se lee: “Hasta la fecha en que se celebre la primera junta general ordinaria de accionistas, la sociedad será administrada por un directorio provisorio compuesto por : don Luis Eliseo Fredes Ortega, don Aldo Andrés Sabat Pietracaprina y don Pedro Valdivia Castillo”. La sociedad se dedicaría al negocio de la instalación de alarmas, sistemas digitales de seguridad y cámaras para circuitos de televigilancia.

Aldo Sabat confirmó a CIPER que Valdivia figuraba en ese directorio en representación de “SyP Ltda.” También reconoció que estaba al tanto de los nexos comerciales que mantuvo el ex jefe policial con esa empresa de seguridad hasta enero de este año. No obstante, sostuvo que no sabía de la triangulación que se ha denunciado entre “SyP Ltda.” y “Piamonte S.A.” para adjudicarse contratos de seguridad ciudadana en Vitacura. Aún así, el administrador municipal reconoció que en su rol de coordinador de las distintas direcciones del municipio y de supervisor del cumplimiento de los programas que se ejecutan en ellas, no pidió detalles a la dirección que encabeza Valdivia respecto de los medios usados por Piamonte S.A. para dotar de motoristas de seguridad a la comuna. Sabat admite que no preguntó si Piamonte S.A. tenía el giro para dedicarse a la vigilancia o tendría que subcontratar a una empresa especializada con vigilantes acreditados por el OS 10 de Carabineros.

A Sabat le consta que Valdivia tenía una relación de trabajo con “SyP Ltda.” después del año 2000, al contrario de lo que sostuvo el ex carabinero. El administrador municipal reconoce que los socios de “I View Chile S.A” convinieron pagar una remuneración a los miembros del directorio, entre ellos Valdivia, que actuaba en representación de SyP, aunque advierte que esto no se concretó porque, según su versión, la empresa no arrojó utilidades. También le consta que Valdivia operaba para “SyP Ltda.” porque su esposa, María Eugenia Goiri, es gerente general de Televisa Chile y ahí contrató a esa empresa de seguridad precisamente por el vínculo del coronel (r) con ella. Es más, cuando Pedro Valdivia formó su propia empresa y se llevó los clientes de SyP –lo que motivó la denuncia de su ex socia y ex pareja-, uno de los que partieron con él fue Televisa Chile.

Mal negocio

La historia de “I View Chile” es curiosa. Aldo Sabat dice que no recuerda con precisión los hechos, pero cree que el negocio le fue propuesto a Valdivia por un empresario de nombre Alejandro Marchant. Haciendo memoria, Sabat dice que fue Valdivia el que lo invitó a participar, porque Marchant tenía la representación de los productos taiwaneses de “I View Communication Inc.”. Alejandro Marchant, según cuenta Sabat, se quedó con el 49% de la sociedad, en tanto el resto se repartió en partes iguales entre “SyP Ltda.”, “Sabat Goiri Ltda.” e “Inversiones Titanio Ltda.” Pero la escritura no fue firmada por Marchant, sino por su suegro Luis Eliseo Fredes Ortega. Esto no le llamó la atención a Sabat, quien asegura que decidió entrar a la sociedad sin preguntar por qué el socio principal y organizador del negocio, Marchant, no suscribió directamente el documento y puso en su lugar a su suegro.

Luis Eliseo Fredes Ortega no ve a su yerno desde 2005. Al otro lado del teléfono cuenta que ese año concurrió a una notaría junto a Marchant y se salió de una sociedad en la que nunca participó activamente pues sólo había firmado para hacer una “paleteada” al marido de su hija y padre de su nieto. El negocio, según cuenta Fredes, lo llevaban Sabat, Valdivia, Marchant y Manuel Cifuentes, quien oficiaba como administrador y era socio a través de “Inversiones Titanio”. Las versiones de Sabat y Fredes coinciden en que a la sociedad no le fue bien. El suegro de Marchant confirma que su yerno arrastraba problemas comerciales que le impedían aparecer como titular en cualquier negocio y que sus deudas se fueron profundizando, al punto que ese mismo 2005 decidió largarse. Fredes dice que está en Guayaquil, Ecuador, y que mantiene contacto esporádico con su esposa –con la que está separado- y con su hijo.

Marchant al parecer tenía otros problemas que afectaban a la sociedad. La marca “I View” había sido registrada en Chile por otra empresario del rubro de las instalaciones de alarmas: Juan Leonardo Momberg, quien asegura que por esta razón mantiene en curso acciones judiciales contra “I View Chile Seguridad Digital y Electrónica S.A.”.

Sabat sostiene que no tenía idea de los problemas financieros del socio mayoritario. Sólo cuenta que los negocios no se dieron como lo habían previsto y que él decidió salirse de la sociedad en noviembre de 2004. Cree que Valdivia se retiró poco después. Y relata un dato curioso, tuvieron que mantenerse un par de meses más como miembros del directorio porque cuando se realizó la junta de accionistas citada en noviembre de ese año –en la que concretó su retiro- el suegro de Marchant se mandó a cambiar enojado con su yerno y no hubo quórum para hacer las modificaciones al directorio.

Entre julio y noviembre de 2004, mientras estuvo en la sociedad, Sabat dice que se presentaron a varias propuestas públicas y que no ganaron ni una. En el ámbito municipal, según recuerda, sólo intentaron ganar un contrato en Puente Alto. En Vitacura, dice, nada.

Si Valdivia no puso en su declaración de intereses que mantenía una relación de administrador y representante de SyP Ltda., Sabat tampoco actualizó su declaración para consignar que se convirtió en socio de “I View Chile S.A.”. El administrador municipal dice que para llenar el formulario se asesoró con funcionarios municipales tanto de Recursos Humanos como de la Dirección Jurídica: “No es obligación declarar las sociedades en las cuales uno no es socio directo. Nadie tiene que declarar las sociedades indirectas (…) y yo participación directa tengo en la inmobiliaria (Sabat Goiri Ltda.)”.

Sin embargo, Sabat reconoció que facilitaría la fiscalización pública el que hubiese puesto todas las sociedades, ya que la ley busca que los ciudadanos conozcan todos los intereses económicos de los funcionarios. En ese sentido, estuvo de acuerdo en que habría sido conveniente que los ciudadanos de Vitacura hubiesen sabido que su administrador municipal tenía interés en el área inmobiliaria y, además, en la venta de alarmas y cámaras de vigilancia, dos rubros que pueden eventualmente beneficiarse con resoluciones y contratos municipales: “Creo que tienes razón, más allá de que la ley no lo contemple. Si me preguntas mi opinión, sí”.

-Útima hora: Pedro Valdivia renuncia a su puesto en Vitacura

Sólo cinco días después de que CIPER difundiera los documentos que vinculan al director de Operaciones de la Municipalidad de Vitacura, coronel (r) Pedro Valdivia, con una triangulación de contratos en ese municipio, la que benefició a una empresa de seguridad que él representaba, se conocieron los primeros efectos de esa investigación. Valdivia fue separado de su cargo y enviado a otra repartición municipal. El propio alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, entregó este jueves 28 un comunicado de prensa en el que informa que el coronel (r) de Carabineros, jefe de los servicios de seguridad ciudadana de la comuna, fue destinado a la Dirección de Tránsito mientras se investigan los hechos.

El comunicado de Torrealba señala que dispuso la instrucción de “dos sumarios administrativos que están a cargo del juez de Policía Local de la comuna y el director de Control, respectivamente”. Además, el alcalde señaló que puso los antecedentes “en conocimiento de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público”.

Torrealba, según los documentos que expuso CIPER, fue alertado de los hechos en febrero pasado. El jefe comunal no respondió nuestras consultas acerca de por qué no había reaccionado antes. No obstante, en un artículo publicado por Las Últimas Noticias luego del reportaje de CIPER, Torrealba señaló: “Mire, durante el tiempo que se hacen las acusaciones, yo estaba de vacaciones. De todos modos, son situaciones que hay que investigar y no tengo ningún inconveniente en colaborar con Contraloría”.

En una nota posterior de Las Últimas Noticias, el concejal de Vitacura Sergio Hernández (DC), confirmó que el alcalde ya había sancionado a Valdivia en 2005. Ese año, Hernández denunció que el coronel (r) utilizaba vehículos municipales en su empresa de seguridad privada. Hernández afirma que el alcalde ordenó un sumario: “El fiscal entonces fue el contralor municipal (…) Sé que el fiscal aplicó una sanción. Valdivia apeló ante el alcalde Torrealba, quien determinó sancionar al señor Valdivia con una multa del 20% de un mes de sueldo (…) El hecho de que el alcalde lo haya sancionado significa que hubo culpabilidad de Valdivia, aunque en mi opinión cabía la destitución”.