Esta semana dos emblemáticos proyectos inmobiliarios sufrieron duros traspiés. Ya no está claro si Horst Paulmann podrá construir el edificio más grande de Sudamérica o de Chile cuando retome las obras de Costanera Center y tres inversiones ligadas a importantes grupos empresariales en Pudahuel deberán esperar a que el gobierno subsane una serie de problemas detectados por la Contraloría.
El 5 de enero se cumplió el plazo para que los alcaldes presentaran su declaración de patrimonio. Entre ediles entrantes y salientes de las 96 principales comunas del país, 132 declaraciones deberían haber llegado a la Contraloría. CIPER descubrió que sólo se han recibido 16. La ley estipula sanciones por la no entrega o presentación tardía del documento destinado a impedir enriquecimiento ilícito, pero en pocas ocasiones se hacen efectivas. Entre los que cumplieron, siete son alcaldes reelectos, tres son salientes y seis son ediles nuevos. Del patrimonio de 116 ediles nada se sabe.
Por Juan Pablo Figueroa, Paula Guerra y Cristina Soto, CIPER
Más de $ 4 millones en cenas que no se justifican como gastos de representación, además de numerosos contratos cuyas labores no fueron acreditadas, son algunas de las herencias de Guillermo Arenas en el Registro Civil. En una auditoría de la Contraloría vuelven a aparecer los nombres de su ex jefe de gabinete Jorge Lobos y de Verónica Escudero, además de cuestionarse contratos de cuñados de Camilo Escalona y del hijo de Isabel Allende. Ante las numerosas faltas detectadas, la Contraloría iniciará sumarios administrativos que incluyen un contrato por más de $ 400 millones con Sonda autorizado por el actual director Luis Fuentes. El informe llama la atención sobre las debilidades del control del registro de condenas.
CIPER reveló que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile había implementado un modelo de autocontratos a través de una fundación ligada a la misma facultad y con su mismo nombre. La investigación estableció que los directivos de la facultad fueron contratados para hacer consultorías pagadas a sociedades que éstos tenían con sus esposas. La Contraloría acaba de concluir una auditoría al respecto, confirmando las posibles irregularidades. Instruyó un sumario administrativo y envió copia del informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, quienes deberán evaluar si además de faltas administrativas se cometieron delitos.
El alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, aceptó la renuncia del coronel (r) de Carabineros Pedro Valdivia Castillo, quien ocupaba el cargo de Director de Operaciones del municipio desde 1997, puesto desde donde dirigía los servicios de seguridad ciudadana de esa comuna.
Aldo Sabat, mano derecha del alcalde Torrealba y hermano del jefe comunal de Ñuñoa, estaba al tanto de los vínculos entre el jefe de seguridad de Vitacura y la empresa de guardias SyP. De hecho, aunque Pedro Valdivia niega haber operado para SyP después del 2000, Sabat dice que el coronel (r) lo convenció de asociarse con esa empresa en 2004 para formar una compañía de cámaras de vigilancia y en la que ambos compartieron directorio.
Alcalde Torrealba confirmó su nueva destinación, la que se mantendrá mientras se investigan los negocios realizados entre el municipio y una empresa de seguridad privada vinculada al coronel (r). El edil confirmó que los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público y a la Contraloría, además de instruir dos sumarios en la comuna.
El coronel (r) Pedro Valdivia está acusado de usar la empresa de seguridad privada que fundó y administró hasta enero de este año (SyP) para triangular contratos de la Municipalidad de Vitacura a través de Piamonte S.A. Su cargo de director de Operaciones del mismo municipio lo tiene hoy bajo fuego cruzado de la Contraloría y de su ex socia y pareja. El mediático ex oficial de Carabineros dice que todo es “un problema sentimental”. Pero la historia que investigó CIPER es más compleja y está documentada.
El lunes 28 de julio CIPER solicitó a la Contraloría General de la República acceso a las declaraciones de patrimonio de los todos los alcaldes de la zona metropolitana y de las principales ciudades de regiones. La solicitud fue respondida al día siguiente y la Contraloría dio acceso a los documentos, destinando a un funcionario a tiempo completo para facilitar la consulta y fiscalizar que no se sacaran fotocopias, fotografías o copias en formato digital de los originales, en concordancia con el fallo del Tribunal Constitucional del 6 de diciembre de 2005. La consulta en lo referido a las declaraciones de los alcaldes metropolitanos se realizó los días 29, 30 y 31 de julio, y en relación a los documentos de los jefes comunales de provincia se efectuó los días 06 y 07 de agosto. Lea aquí las reproducciones de los documentos.
Durante dos años el alcalde de Ancud ignoró la ley que lo obliga a entregar a la Contraloría una declaración de patrimonio. Los alcaldes de Arica e Iquique tampoco cumplieron con los plazos para actualizar las declaraciones. Un dato sorprendente: el suspendido edil antofagastino Daniel Adaro declaró que guarda en su casa $22 millones.
Un saxofón de tres millones de pesos, un caballo llamado “Tirano”, un nicho perpetuo y un Ford de 1946 figuran entre las curiosidades que anotan los alcaldes en sus declaraciones de patrimonio. El jefe comunal de San Miguel sólo apunta una deuda y el de La Cisterna ni siquiera eso: entregó la ficha en blanco. El de Pirque, en tanto, muestra un millonario patrimonio en acciones que contrasta con el modesto préstamo que pidió hace diez años a la popular “Tía Rica”. En esta segunda entrega, CIPER publica las declaraciones de patrimonio de otros 27 alcaldes capitalinos.
Mesas de pool, caballos de carrera y autos antiguos se mezclan con las sociedades, casas e inversiones que incluyen las declaraciones de patrimonio que hicieron los alcaldes en 2006 y que a partir del 6 de diciembre, al finalizar su período, podrán ser comparadas con las actualizaciones que los ediles deben entregar por ley. Una obligación que transparenta la función pública y ayuda a la fiscalización del posible enriquecimiento ilícito. Como un aporte al voto informado en las elecciones municipales, CIPER copió los formularios que entregaron los jefes comunales a la Contraloría y en este primer capítulo publica los correspondientes a los municipios de la zona norte metropolitana.
Hace cinco años, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile se vio envuelta en el caso MOP-CIADE, que en su arista administrativa terminó con la destitución del director del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade), Nassir Sapag. Fue acusado de autorizar pagos a empresas propias y de su esposa, entre otras cosas. A pesar de esto, el modelo de negocios se volvió a implementar de manera muy similar, aunque esta vez sin involucrar al MOP. La facultad creó una fundación homónima dirigida por sus propios directivos. Los mismos que fueron contratados para hacer asesorías y consultorías pagadas a sociedades constituidas con sus esposas. La Contraloría se instaló en la facultad a investigar y ya existe una denuncia ante el Ministerio Público.
El escándalo por las irregularidades en el Registro Civil tiene hasta ahora como único detenido al asesor Andrés Contardo. Pero el destituido director Guillermo Arenas y su jefe de gabinete Jorge Lobos están en la mira de la investigación. La dupla se conoció hace más de una década en la Caja de Crédito Prendario, Dicrep, más conocida como la “Tía Rica”. Ahí dejaron millonarias pérdidas y otorgaron créditos de ayuda social a familiares y políticos. El déficit fue agudizado por su sucesor, el actual director de Sernatur Óscar Santelices.
María Isabel Moya, jefa del Departamento de Informática del Registro Civil, fue la única integrante de la comisión evaluadora de la licitación de US$ 80 millones que se mantuvo en su puesto tras el descabezamiento de la semana pasada. Ayer, su extensa declaración ante la fiscalía gatilló una serie de diligencias, entre ellas el sorpresivo allanamiento de la casa del ex director Guillermo Arenas en el momento en que festejaba su cumpleaños. Moya es una testigo privilegiada de la cuestionada licitación y maneja antecedentes clave, que de acuerdo a diversas fuentes, apuntarían a la manipulación de la evaluación técnica para favorecer a la empresa TATA.
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