La empresa española tendría que desembolsar más de US$ 9 millones que no estaban contemplados en su presupuesto inicial de US$ 460 millones. La construcción de la segunda unidad de Bocamina tenía su estudio de impacto ambiental aprobado y se habían iniciado las obras, cuando éstas dañaron algunas de las casas ubicadas en las poblaciones aledañas. Entonces los vecinos se organizaron y salieron a las calles a exigir ser trasladados de la zona, pues además de las grietas recientes acusaban a la empresa de haberlos contaminado por más de 40 años. (Ver reportaje Bocamina: Los pobladores que sentaron a negociar a Endesa)

Fue la presión de los pobladores la que obligó a Endesa a sentarse a negociar. Recién esta mañana se acordaron los términos del convenio, cuyo texto se está redactando para firmarse el próximo miércoles 17 de diciembre a las 11 horas en la gobernación de Concepción.

De acuerdo a lo pactado, Endesa deberá gestionar la construcción de 228 viviendas en la zona de Lagunillas, en Coronel. Según la dirigenta vecinal Guadalupe Prieto, las casas medirán unos 90 metros cuadrados y tendrán un valor de UF 1310, lo que equivale a más de $28 millones. A esto hay que sumarle que se acordó una solución para 55 familias allegadas, quienes recibirían viviendas de UF 970, unos $ 12,5 millones. Además, los actuales propietarios recibirán un bono por sus terrenos, el que oscilaría entre $2 y $3 millones.

Pese a que el acuerdo fue buscado por la gran mayoría de los vecinos, que temen por los daños a la salud que provocan las emanaciones de la planta, hay algunos que no están convencidos aún de la propuesta de Endesa. Según Carolina Fernández, la oferta es muy baja para ellos, que viven en casas antiguas y sólidas. Asegura que a los vecinos que vivían pegados a la planta, Endesa les pagó hasta $35 millones para que ellos compraran la casa que quisieran, pese a que sus antiguas viviendas eran más precarias que las del resto de la población, pues se originaron en tomas. “No nos gusta nada la idea, no sé si nos vamos a ir, porque salimos perdiendo si nos cambian casa por casa”, dice Carolina.

La ubicación de sus casas pudo haber sido -o fue- privilegiada. A 30 kilómetros de Concepción, a pocos metros del mar, en la zona de Lo Rojas. Ahora los separa del océano una línea de plantas pesqueras que les tapa la vista y exhala un fuerte olor a pescado. Al menos dan trabajo, porque lo peor para los pobladores está en la frontera oeste de su barrio, donde se levanta la segunda unidad de Bocamina, la central termoeléctrica de Endesa que los tiene en pie de guerra.

A sus 39 años, Carolina Fernández ríe como una niña cuando recuerda la primera vez que salió a protestar contra Endesa. Sus vecinos pasaron levantando a todos a gritos a las cuatro de la mañana para ir a impedir el ingreso de los trabajadores de Bocamina. Estuvo más de siete horas bajo la lluvia, gritando y bloqueando la entrada. Revive el miedo al relatar que después las cosas se salieron de control y su calle se convirtió en una trinchera. “Yo nunca había vivido una guerra”, grafica. La segunda ola de protestas la vivió encerrada en su casa, protegiéndose de las piedras, los gases y el guanaco.

Carolina confiesa que más miedo le da tener a Bocamina tan cerca de su casa. Ella creció al lado de Bocamina I, porque desde niña vive en la Aroldo Figueroa, donde se enamoró de un vecino y se quedó después de casada. “Si hubiéramos tenido plata hace ratito que habríamos volado de acá”, asegura, pues cree que la termoeléctrica es una “bomba de tiempo”.

Al otro lado de su calle pareciera que la bomba ya hubiera explotado. Hay viviendas desmanteladas; sin puertas, ni ventanas, menos muebles. Algunos vecinos aún esperan la mudanza, mientras en otros sitios sólo quedan escombros. Por la cercanía a la nueva planta, los vecinos que vivían frente a Carolina están siendo erradicados, pero ahora será ella quien estará en primera fila, a unos 20 metros de la pandereta que separará su vida de los 350 MW de potencia instalada que tendrá Bocamina II.

La tramitación del permiso ambiental para Bocamina II se inició en julio de 2006 y ya en agosto de 2007 Endesa podía echar a andar el proyecto. Antes de construir la planta, fue necesario compactar el terreno con maquinaria pesada. Según los vecinos, las faenas generaron fuertes temblores que, aunque sin aval científico, igualan con el grado 4 de la escala de Richter. “Empezamos a ver que se trizaban las murallas. Al principio no nos dimos cuenta de que era por los temblores. Después, otros vecinos dieron la alerta y ahí nos dimos cuenta”, dice Teodocia Vásquez, quien se mudó al barrio cuando fue inaugurado, en 1966.

La tramitación del permiso ambiental para Bocamina II fue lenta, pero sin inconvenientes. Se inició en julio de 2006 y ya en agosto de 2007 Endesa tenía todos los papeles en regla para echar a andar un proyecto que contempla una inversión de US$ 460 millones. Todo cambió en los últimos meses.

Antes de comenzar a construir la planta, fue necesario compactar el terreno con maquinaria pesada. Entonces a la empresa se le empezó a mover el piso. Según los vecinos, las faenas generaron fuertes temblores que, aunque sin aval científico, igualan con el grado 4 de la escala de Richter. “Empezamos a ver que se trizaban las murallas. Al principio no nos dimos cuenta de que era por los temblores. Después, otros vecinos dieron la alerta y ahí nos dimos cuenta”, dice Teodocia Vásquez, quien se mudó al barrio cuando fue inaugurado, en 1966.

Carolina y Teodocia abren las puertas de sus casas para mostrar las grietas. La mayoría son leves. La molestia de los pobladores empezó a aumentar cuando las trizaduras aparecieron no sólo en estas casas aledañas a la construcción de la termoeléctrica, sino que también en otras situadas a cuadras del lugar, donde denuncian que incluso llegó a hundirse el terreno. Ahora exigen que todos, unas 200 familias, sean erradicados.

Cuando pase el temblor

La primera medida de Endesa fue comprar las casas de los pobladores más cercanos a Bocamina, pues vivían sólo a un par de metros de la pandereta de la termoeléctrica. No calmó los ánimos. Las demandas del resto de los vecinos aumentaron al punto que la molestia traspasó la frontera de las poblaciones Aroldo Figueroa y Capitán Cabrejo, transformándose en un dolor de cabeza para las autoridades locales.

Entre ambas poblaciones hay una polvorienta cancha de tierra. Paradójicamente, desde una de las casas que bordea la cancha suena fuerte una canción de Soda Stereo: Cuando pase el temblor. En realidad en este momento no tiembla. El 8 de septiembre el alcalde de Coronel, René Carvajal, ordenó a Endesa detener las obras de la construcción de Bocamina II. Se inició entonces una batalla judicial que en primera instancia ganó la empresa. Los vecinos siguieron movilizados y la eléctrica consideró que no había condiciones de seguridad para el ingreso de sus trabajadores. Las labores se reiniciaron con protección policial a comienzos de octubre, aunque la intensidad del movimiento es baja.

Uno de los responsables de los problemas de Endesa es Eugenio Villablanca, pescador de 49 años. Su mujer atiende el pequeño almacén que está al costado de la cancha de tierra. Villablanca llega anunciado por el reaggetón que sale por las ventanas de su flamante camioneta Hilux negra y que acalla la música que antes emitía una casa vecina. Moreno, de pelo cortísimo y con un mechón de pelo largo y fino que cuelga desde su nuca, se baja con el celular en la mano y una polera que lleva por leyenda. “Very very macho”.

Villablanca es el presidente de la junta de vecinos de la población Aroldo Figueroa. Su única experiencia como dirigente era en el club de fútbol Estrella Negra, pero Endesa cambió todo. “Había que levantar a la gente”, dice. Se une a la conversación Hernán Bravo, 44 años, empleado de una pesquera, quien representa a la población Capitán Cabrejo. “También soy primerizo. Me metí porque el gerente de Endesa me decía que sólo conversaría con el presidente de la junta de vecinos, entonces le dije que lo sería en dos meses. Y así fue”, dice muy serio.

Se les suma Guadalupe Prieto, 34 años y dueña de casa. A ella le encomendaron el catastro de los vecinos que quieren irse del lugar. Debe tener la información lista en caso de que Endesa se allane a una salida favorable. La gente revolotea a su alrededor. Un adolescente le pide que lo inscriban porque su polola está embarazada y necesitan vivienda. La respuesta es igual de dura que la que ha recibido Endesa: “Por ningún motivo”.

“Endesa nos obligó a salir a la calle”, dice Eugenio Villablanca. Y salieron con todo. Fue después de varias infructuosas reuniones con las autoridades locales y Endesa que los dirigentes golpearon la mesa al decidir impedir por la fuerza la entrada de los trabajadores a las obras. Carabineros arremetió. Se replegaron a la población, escudados por barricadas. Su mejor arma: cables de hierro atados a los postes que impedían el ingreso de los carros policiales. En esa batalla, demostraron una sorpresiva pericia que, según Villablanca, se debe a la experiencia acumulada por las manifestaciones de los pescadores, pues en estas poblaciones ni en dictadura hubo protestas.

-Las Fuerzas Especiales reconocen que nunca han demorado más de 2 horas en las protestas. Y aquí han estado días completos. Y semanas. En una de las protestas estuvimos de lunes a viernes -asegura con orgullo Hernán Bravo.

Todo ocurrió las semanas previas a las elecciones municipales. Acá ni se notaba el clima electoral, porque estas poblaciones eran quizás las únicas de todo Chile donde no había ni un solo cartel de propaganda.

-El gobernador nos quiso ensuciar diciendo que éramos políticos. Con esto le estamos demostrando que no es así, porque no aceptamos ninguna propaganda y nos sentimos orgullosos de que en Chile, unos simples pobladores, vetaron a todos los políticos-afirma Villablanca.

Se enteraron de los riesgos de las termoeléctricas en un programa televisivo sobre Tocopilla, pero ahora hablan con naturalidad del efecto invernadero y de la globalización. Y, pese a que sólo reconocen una pequeña asesoría técnica de investigadores de la Universidad de Concepción, hoy aparecen como experimentados dirigentes. Dicen que lo han aprendido en la práctica. De los políticos, sólo han aceptado la ayuda del senador Alejandro Navarro, quien les puso dos abogados cuando Endesa presentó un recurso judicial en su contra y cuando hubo que sacar a los vecinos presos en las manifestaciones.

Mineados

En un computador de la CONAMA del Bio-Bio, una carpeta con el nombre “problemas” archiva los últimos documentos sobre la ampliación de la central Bocamina. Imposible más gráfico, porque si algo ha generado la central de Endesa a las autoridades regionales, son grandes problemas. El 25 de septiembre un comité técnico realizó una visita inspectiva a las casas que presentaban grietas. La Corema decidió que la única forma de saber si el origen estaba en las obras, era hacer un estudio geológico, el que debiera adjudicarse en los próximos días.

Una de las voces que pesó en el análisis de la Corema fue la de Hugo Constanzo, quien trabajó en Schwager y es el actual encargado de medioambiente del Servicio Nacional de Geología y Míneria regional (Sernageomin). Parado en la cima de una colina que se levanta sobre Bocamina y sobre cuyas laderas están algunas de las casas agrietadas, Constanzo retrocede hasta 1880, cuando en esta zona se construyó una mina de carbón que explotaba el chiflón Adelaida. Las faenas se cerraron años más tarde, pero un siglo después, en la misma área, fueron retomadas por la mina San Norberto. Fue en la década de 1980 cuando empezó a llenarse de pirquenes y ocurrieron los primeros desastres.

“Esto está todo mineado”, advierte Constanzo en jerga minera para graficar que bajo la tierra está lleno de minas. A fines de los ‘90 hubo subsidencias en el terreno, que se hundió en algunas partes porque los pirquenes estaban muy cerca de la superficie y la tierra se acomodó. Incluso una Iglesia Evangélica, ubicada al otro lado de la colina, cedió 70 centímetros cuando una galería nueva chocó con una antigua llena de agua, produciéndose una fuerte succión.

Hasta Bocamina I tuvo problemas la década pasada. Según cuenta Constanzo, los pirquineros cavaron por debajo de la central termoeléctrica y Sernageomin tuvo que intervenir. “Nos mandaron a buscar porque se había producido un hundimiento en la Bocamina I. Nos metimos a la galería e incluso sentíamos el ruido de las turbinas”, recuerda Constanzo. Cuenta que echaron a los mineros y le recomendaron a Endesa que rellenaran los espacios bajo tierra con arena a presión. “Afortunadamente, fue al lado de la torre que distribuye la energía, si no hubiera quedado la escoba.”, resume.

Endesa recurrió nuevamente a Sernageomin este año, durante los trabajos de Bocamina II, pues se encontraron con otra galería en el lugar donde se iba a construir la nueva planta. El dato es confirmado por el director regional de la CONAMA, Bolívar Ruiz: “Se identificó una estocada principal, una galería grande. Pasaba por debajo del sector preciso donde se va a construir la segunda unidad de Bocamina. Se tuvo que rellenar con arena y hacer toda una obra de ingeniería de estabilizado del terreno de manera de poder contar con una adecuada seguridad de construcción. Por eso la subsidencia minera no sorprende ni a los vecinos ni al titular del proyecto”.

Que el terreno esté mineado no sólo atañe a Endesa. Los más afectados son los habitantes de las casas construidas sobre el terreno inestable, principalmente las que están sobre la ladera del cerro. “Nosotros pedimos al Serviu que las retiraran por el peligro de subsidencia de terreno y por el riesgo de remoción en masa, por la pendiente del cerro. Informamos a la municipalidad que no permitiera que viviera gente aquí, pero la gente vino y se tomó el lugar”, se queja Constanzo.

-¿Quién es responsable?, ¿nosotros o el Estado por darnos estos sitios sabiendo que estaban mineados? Estaban las firmas del presidente Ricardo Lagos. El alcalde entregó los papeles regulatorios -acusa Guadalupe Prieto, quien vive en una de las casas más altas del cerro.

El tipo de suelo sedimentario y la inestabilidad del terreno mineado podrían estar en el origen de que las vibraciones por compactación del terreno de Bocamina II se hayan expandido con más fuerza, afectando las viviendas. Lo que le extraña a Constanzo es que algunas casas que están en el plano donde no hay pirquenes y más lejos de Bocamina, tengan grietas. Cree que allí el problema puede ser mala construcción.

Sólo después del estudio se podrá saber con certeza si hubo impactos no previstos en la tramitación ambiental y si la empresa deberá compensar por ellos. Pero el asunto es más complejo. Los pobladores no avalan el estudio geológico y piden además uno epidemiológico.

Porque si algo ha sucedido en estos meses es el empoderamiento de los pobladores. No es sólo protestar contra Endesa por daños a las viviendas. Es una gran pasada de cuenta por años de molesta convivencia.

Una deuda histórica

Las casas más antiguas se construyeron antes que Bocamina I, en 1966. Los pobladores llegaron tras el terremoto de 1960, cuando el mar se salió y barrió con sus casas. Al lado de su nuevo hogar había un pastizal, que pronto ocupó la central termoeléctrica de la entonces estatal Endesa, inaugurada el 30 de junio de 1970.

Según Eugenio Villablanca, en esa época nadie chistó porque se decía que la planta consumiría el carbón local, lo que fue valorado por los pobladores, en su mayoría mineros. Pronto se comprobó que las propiedades calóricas del carbón de la zona eran inapropiadas para la maquinaria. Se empezó a importar el combustible.

Según los vecinos, Bocamina siempre fue una molestia. “Cuando recién empezó, botaba una ceniza que cuando había viento dejaba todo oscuro. Y empezaba con un estampido tan fuerte, que parecían balaceras. A veces pasaban semanas con ruido y cuando terminaba uno no se daba cuenta porque seguía con el zumbido en los oídos”, recuerda Teodocia Vásquez.

Los dirigentes reconocen que las grietas sólo detonaron las quejas por años acumuladas. Ya no les basta saber si los daños son estructurales o pueden ser reparados. Acusan que durante décadas los pobladores han sufrido enfermedades respiratorias y a la vista, sin que nadie se haga cargo.

Hasta hace un par de años, Bocamina era el principal emisor de material particulado del Gran Concepción, un área con muchas industrias que el 2006 fue declarada zona de latencia por material particulado respirable (PM 10). Fue a propósito de la construcción de la segunda unidad que Endesa instaló un filtro de mangas para atrapar el humo y la ceniza. De acuerdo al estudio de impacto ambiental, esto permitirá que cuando estén ambas plantas funcionando, la contaminación sea equivalente al 19,29% de lo que emitía la primera unidad. También se abatirían un 98% de las emisiones de óxidos de azufre y de nitrógeno.

Las plantas a carbón estuvieron en retirada en la última década. En julio de 2005, el gerente general de Endesa, Héctor López, demostró en una entrevista al diario El Sur que tenía claros los costos: “El gran problema que tiene el carbón son las emisiones, por eso cuando hablamos del coste de generar con carbón no es simplemente la inversión propiamente tal, sino la inversión en todo lo que son los factores medioambientales. Las centrales de carbón van a ir costando más, porque se va ir exigiendo la instalación de más medidas del tipo que estamos anunciando aquí en Coronel (US$ 2,5 millones para un precipitador electrostático en Bocamina) (…) Por eso creemos que el carbón puede ser competitivo desde el punto de vista económico, pero no medioambiental.”

En Coronel no hay registro alguno que permita decir que la contaminación de Bocamina ha dañado la salud de las personas. Y ello porque simplemente nadie ha hecho un estudio. Los pobladores insisten en las altas tasas de enfermedades, pero el director del hospital, Hugo Arce, dijo a CIPER que no se ha detectado nada fuera de lo normal. Recién ahora la Universidad Católica de Temuco está haciendo un estudio epidemiológico por encargo de la CONAMA, que contempla tres puntos industriales de la región, entre los que está Bocamina.

En esos días se descartaba la construcción de Bocamina II. Pero a la escasez de gas natural en Chile se sumó el alza el precio del petróleo, lo que las ha hecho regresar a nivel internacional. En Estados Unidos hay una gran polémica porque la autoridad ambiental rechazó una termoeléctrica debido a su alta producción de dióxido de carbono y su efecto invernadero. En ese país, actualmente hay 25 centrales en construcción y otras 85 podrían desarrollarse en el corto plazo, aunque la reciente decisión ambiental podría ponerlas en jaque. En Chile, si el 2004 la CNE proyectaba 4 centrales a carbón, el 2007 ya calculaba que serían 10. Sólo en los últimos dos años se han tramitado ambientalmente 7 plantas de este tipo, entre ellas Bocamina II.

En Coronel no hay registro alguno que permita decir que la contaminación de Bocamina ha dañado la salud de las personas. Y ello porque simplemente nadie ha hecho un estudio. Los pobladores insisten en las altas tasas de enfermedades, pero el director del hospital, Hugo Arce, dijo a CIPER que no se ha detectado nada fuera de lo normal. Recién ahora la Universidad Católica de Temuco está haciendo un estudio epidemiológico por encargo de la CONAMA, que contempla tres puntos industriales de la región, entre los que está Bocamina.

El director de la Conama, Bolívar Ruiz, no descarta que puedan existir efectos acumulativos, pero insiste en que es un error metodológico mezclar las quejas por la contaminación de Bocamina I con la construcción de Bocamina II. Para Ruiz, el tema de fondo es de planificación urbana, pues la localización de las industrias con respecto a las áreas habitacionales no se ha abordado en el país. Y asume que si las normas permiten que una planta se instale al lado de una población, no es mucho lo que las autoridades ambientales pueden hacer.

-Las empresas no ponen mucha atención a la localización geográfica, más bien condicionada al análisis económico: dónde es más barato y se maximiza la rentabilidad de la inversión. Todavía no se ha entronizado en la cultura empresarial chilena el análisis de los factores sociales y culturales que podrían hacer que una localización económicamente muy conveniente, a la larga resulte incluso más cara producto precisamente de conflictos culturales y de difícil relación futura con las comunidades aledañas. Casos, hay miles en este país. Aparte de Endesa está lo ocurrido con las celulosas -dice Bolívar Ruiz.

La experiencia de Bocamina II también podría convertirse en emblemática. Tras los convulsionados episodios de septiembre y octubre, a comienzos de noviembre las partes volvieron a sentarse a negociar. Ahora Endesa sí estaría dispuesta a hacerse cargo de la erradicación de los vecinos.

“Ya nos sentamos a conversar con la empresa, ellos están conscientes de que hubo un daño patrimonial de salud de nuestra gente y están llanos a darle solución a las personas que están complicadas. Son cerca de 200 familias que llegaron a un preacuerdo con la empresa”, afirma Leonidas Romero, el alcalde electo de Coronel. Donde están las casas, se construiría un parque.

Endesa no quiso referirse a ningún tema relacionado con Bocamina, pero según cuentan los vecinos, el acuerdo podría implicar $25 millones por familia. De ser así, la eléctrica española tendría que desembolsar unos $5 mil millones de pesos para zanjar una disputa que mientras más se alargue, más cara puede costarle a la empresa. Y eso que el proyecto ya estaba aprobado.

Aunque las autoridades ambientales y las petroleras sostuvieron muchas veces que estaban estudiando el caso de Las Salinas con toda la atención y cuidado que requería un proceso inédito e histórico, el resultado no sólo demostró numerosas falencias de la legislación ambiental chilena y del aparato político local. También ignoró graves episodios de contaminación ocurridos en países vecinos, y que muestran aspectos similares que en su momento alarmaron a los vecinos y organismos ambientales viñamarinos que se opusieron al proyecto.

Uno de los precedentes más significativos es el protagonizado por Shell en Paulínia, una pequeña localidad situada a unos 120 kilómetros de la ciudad brasileña de Sao Paulo. Allí se desató el 2001 uno de los mayores escándalos ambientales en la historia de ese país, luego que se detectara que más de un centenar de personas habían resultado infectadas en su sangre con diversos químicos y residuos provenientes de una planta de pesticidas que el gigante anglo-holandés operó durante 25 años en el terreno aledaño al que luego se convirtió en residencial. El caso provocó una larga guerra judicial entre las autoridades locales y la empresa, luego que ésta desestimara insistentemente informes médicos e informes que certificaban la presencia de tóxicos.

Las primeras denuncias corrieron por cuenta de los habitantes del barrio “Recanto dos Pássaros” (Recanto de los Pájaros), que ya llevaban años denunciando olores, sabores y colores extraños en el agua que consumían, además de quejarse de cansancio, problemas de memoria, dolores de cabeza, alergias e insomnio. A poca distancia de las viviendas se ubicaba una planta en la que Shell fabricaba pesticidas como el aldrin, dieldrin y endrin, tres de los componentes de la llamada “docena sucia” -condenada por la Convención de Estocolmo- y que también se cuentan entre los tóxicos que dejaron las petroleras en Las Salinas.

Aunque dichos agroquímicos fueron prohibidos en Brasil en 1985, Shell continuó produciéndolos para la exportación hasta 1990. A mediados de los ’90 ya habían comenzado las protestas y acciones judiciales organizadas contra la empresa por otro caso localizado en un suburbio distinto de Sao Paulo, así que en 1995 la trasnacional decidió cerrar la planta y vendérsela a la filial brasileña de American Cyanimid y a la BASF. Pero una de las condiciones que pusieron los compradores era que Shell se hiciera responsable de la descontaminación en el predio, lo que obligó a la firma a admitirla y hacerla pública. Los problemas detonaron cuando los vecinos y autoridades locales exigieron que se aclarara también hasta qué punto los tóxicos habían infectado los suelos vecinos, cuestión que – al igual que en el caso viñamarino- la petrolera negó una y otra vez.

Eso, hasta que aparecieron estudios que mostraban niveles de contaminación que superaban hasta 12 veces las normas brasileñas en las zonas vecinas, lo que forzó a Shell a admitir el 2001 que había tóxicos allí y en las aguas subterráneas. Las autoridades le ordenaron a la firma remediar los suelos dañados y ésta accedió a abastecerlos de agua potable limpia y de hortalizas.

Pero eso no satisfizo al municipio de Paulínia, que comenzó a realizar exámenes médicos a los vecinos de Recanto dos Pássaros, los que publicó en un informe en agosto de 2001. El documento señalaba que de las 181 personas auscultadas, 156 tenían diversos tóxicos en el sistema circulatorio: 20 estaban infectadas con aldrin, 44 con DDT, 4 con BHC Alfa, cuatro con BHC Beta, una con heptacloro y siete con una mezcla de tres químicos. Las pruebas también dieron con altas concentraciones de metales pesados: plomo en 60 vecinos, cobre en 13, zinc en 22 y aluminio en 50. De los residentes examinados, cincuenta eran niños menores de 15 años, de los cuales 28 resultaron infectados.

Las pruebas también concluyeron lo que los residentes temían: muchos de los tóxicos eran causantes de problemas neurológicos, desórdenes hepáticos y cáncer. Ante semejante escándalo, la justicia brasileña acusó a fines del 2001 a Shell de negligencia al exponer a la población de Paulínia a severas enfermedades. La empresa rechazó tajantemente el informe de las autoridades locales, argumentando que éstas se habían basado en estándares más restrictivos que los de la Organización Mundial de la Salud, y contraatacó efectuando sus propios exámenes médicos a los vecinos, los que arrojaron resultados negativos.

El municipio de Paulínia hizo en 2001 exámenes médicos a los vecinos. De las 181 personas auscultadas, 156 tenían diversos tóxicos en el sistema circulatorio. De los residentes examinados, cincuenta eran niños menores de 15 años, de los cuales 28 resultaron infectados. Muchos de los tóxicos eran causantes de problemas neurológicos, desórdenes hepáticos y cáncer.

A esas alturas, el escándalo era imparable. Muchos vecinos se debatían entre la indignación y el pánico, mientras otros intentaban infructuosamente abandonar Paulínia: nadie quería comprarles sus casas. Las autoridades presionaron a Shell para que las adquiriera, a lo que la empresa inicialmente se negó. Sin embargo, a fines de ese año anunció que se abría a dicha posibilidad, ante “el terrorismo psicológico creado por la forma sensacionalista en que este asunto ha sido tratado por las autoridades locales”.

Los vecinos del sector comenzaron a presentar numerosas demandas judiciales, las que se dispararon a más de 200 cuando se acreditó que 844 ex trabajadores de la planta de pesticidas y de su sucesora, la planta de BASF, también estaban contaminados o eran víctimas de enfermedades asociadas al caso. Uno de ellos incluso logró que la justicia condenara a ambas firmas a indemnizarlo por casi US$ 82 mil. Otros no tuvieron tanta suerte e incluso algunos fallecieron de cáncer años después.

El desastre terminó destrozando el mismo negocio que lo había destapado: BASF optó por cerrar la planta el 2002, apenas dos años después de habérsela comprado a Shell. Y en enero de 2005, un juez brasileño le ordenó a la trasnacional petrolera –que en los últimos años ha sido multada varias veces- a detener el vertido de residuos químicos y sanear fuentes de agua contaminadas. Ese mismo año, la empresa llegó a un acuerdo con el gobierno de Sao Paulo, que la había demandado, para someterse a una serie de condiciones para prevenir nuevas desgracias.

La historia aún no termina. Si bien Shell aceptó someter los suelos de la ex fábrica de pesticidas y sus tierras aledañas a carísimos procesos de remediación, hasta hoy niega cualquier responsabilidad en las enfermedades o muertes registradas entre ex trabajadores suyos y vecinos del área, por lo que centenares de causas judiciales -que piden millonarias indemnizaciones- siguen tramitándose. Miengras, las autoridades y la justicia brasileñas intentan que la firma financie tratamientos médicos para los afectados por 620 millones de reales, luego de detectar que los casos de cáncer han aumentado en la zona.

Para sorpresa de muchos, hace pocas semanas se supo de un destino irónico para los 105 mil metros cuadrados en que se ubicaba la planta: Shell se la compró de vuelta a BASF por apenas el 37% del precio en el que se la había vendido en 1995.

El problema es que, de acuerdo a la investigación realizada por CIPER, los estudios de impacto ambiental para determinar cuán profunda debía ser la obligada descontaminación de esos terrenos antes de ser habitados, han experimentado sucesivas modificaciones e irregularidades, las que culminaron con la calificación de “Parques y Jardines” para un área que -según los estudios encargados por las petroleras- podría contener el cancerígeno benceno y otros compuestos similares más abajo de un metro de profundidad.

Así, de no mediar una intervención de las autoridades, en el gran espacio ubicado frente al Pacífico, entre el Regimiento Coraceros y terrenos de la Armada, miles de viviendas podrían ser compradas por quienes ignoran que el saneamiento que están dispuestas a pagar las petroleras Copec, Shell, Esso y Sonacol, de sólo un metro de profundidad, y aceptado por la autoridad ambiental, encierra un peligro de incalculables proporciones para sus moradores. Un precedente que sirve de ejemplo es la pesadilla que se vivió a partir del 2001 en Paulínia, Brasil, error que les significó a las petroleras perder millones de dólares.

Pero de todo aquello no se habla. Porque desde que las petroleras acordaron con las autoridades viñamarinas abandonar el terreno donde por casi un siglo operaron plantas de almacenamiento de combustibles, fábricas de lubricantes y agroquímicos, la atención se concentró en los cerca de US$ 60 millones que salieron al ruedo en la disputa inmobiliaria por la adquisición del paño más grande y mejor ubicado de la ciudad: las 17,8 hectáreas ubicadas en la recta Las Salinas. En una comuna donde ya casi no queda suelo para construir, todos comenzaron a llamarlo “el último filete”.

Desenredando la madeja

Acceder a los voluminosos legajos que conforman los estudios de impacto ambiental del terreno en cuestión fue fácil. Muy distinto fue entender la lógica del itinerario que siguió su aprobación. La aceptación de “buena fe” por parte de la autoridad de informes pagados por los mismos dueños del terreno que se exigía descontaminar; parámetros para medir tóxicos potencialmente cancerígenos que fueron reemplazados por otros más permisivos y autoridades que presionaron para apurar la aprobación de un proceso sin el saneamiento que garantice la salud de la población, son sólo un ejemplo de las múltiples irregularidades detectadas por CIPER en el “Proyecto de Recuperación Terreno Las Salinas”.

Para el cierre definitivo del negocio hoy sólo falta un trámite: la designación de la empresa auditora ambiental que fiscalizará la limpieza del terreno y que saldrá de una terna propuesta por las mismas petroleras. Pero un reciente dictamen de la Contraloría puso en tela de juicio gran parte del proceso, al invalidar una norma dictada por el Ministerio de Vivienda. Ésta eximió a las empresas de la obligación de limpiar el paño para que quedara apto para proyectos inmobiliarios, traspasando tal responsabilidad a los futuros compradores.

Así se llamó la evaluación de impacto ambiental a la que debieron someterse entre el 2002 y el 2007 Copec, Shell, Esso y Sonacol para poder desocupar y vender los 178 mil metros cuadrados junto a la playa, en la Ciudad Jardín, contaminados por hidrocarburos, pesticidas y varios compuestos peligrosos. Un desconocido proceso que resolvió la primera experiencia en Chile de reconversión de extensos suelos degradados por uso industrial para destinarlos a la actividad inmobiliaria.

En esos cinco años, en una batalla silenciosa y de escritorio, las petroleras lograron “bajar” los estándares de descontaminación a los mínimos necesarios y no para zonas residenciales, sino para áreas verdes. Así, Copec, Shell, Esso y Sonacol ganarán millones de dólares con la venta del terreno y ahorrarán otros tantos al sólo cumplir con una descontaminación que alcanza un metro de profundidad en los 13 puntos del terreno (según los estudios hechos por las mismas petroleras) que tienen contaminantes en una proporción que pone en riesgo la salud.

Para el cierre definitivo del negocio hoy sólo falta un trámite: la designación de la empresa auditora ambiental que fiscalizará la limpieza del terreno y que saldrá de una terna propuesta por las mismas petroleras. Pero un reciente dictamen de la Contraloría puso en tela de juicio gran parte del proceso. El ente fiscalizador invalidó una norma urbanística dictada por el Ministerio de Vivienda durante los momentos más críticos del conflicto, y que eximió a las petroleras de la obligación de limpiar el paño para que quedara apto para proyectos inmobiliarios, traspasando tal responsabilidad a los futuros compradores.

Fue precisamente esa resolución de Vivienda la que le despejó el camino a la Municipalidad de Viña del Mar para modificar el uso de suelo del sector y decretarlo como “zona de riesgo” por contaminación, pero permitiendo que el saneamiento definitivo se postergue incluso hasta el momento en que deba tramitarse la recepción final de lo que allí se construya. Es decir, cuando las torres de departamentos y hoteles ya estén terminados. La colisión de normas generada por el dictamen de Contraloría generó preocupación en las autoridades locales, empresas inmobiliarias y petroleras. Y ello porque el dictamen abrió una brecha que algunos expertos en medio ambiente pretenden aprovechar para exigir revisión del hasta ahora desconocido proceso ambiental, mientras que organizaciones vecinales locales estudian recurrir a la justicia.

La revisión hecha por CIPER de las decenas de documentos que se acumularon desde el 2002, más entrevistas con varios de los especialistas y ex autoridades que estuvieron involucrados en un proceso asumido desde un comienzo como el precedente para futuros casos similares, permitió establecer, primero, los principales puntos de fricción. Dos aristas marcan el límite que las petroleras no estaban dispuestas a traspasar y que determinaban la profundidad de la descontaminación a la que la ley los obliga: cuál era el nivel mínimo aceptado de contaminantes bajo tierra y si los tóxicos afectaron o no los terrenos colindantes al codiciado terreno.

El resultado indica que las petroleras impusieron su parecer en ambos frentes de conflicto. Pero la investigación de CIPER descubrió informes y recogió testimonios inéditos que cuestionan tanto la transparencia del proceso como los estudios que sirvieron para la aprobación del tipo de descontaminación a la que estaban obligadas Copec, Shell, Esso y Sonacol antes de vender. Entre ellos, borradores que la consultora contratada por las petroleras olvidó accidentalmente, filtraciones de hidrocarburos en las inmediaciones de la playa y la opinión del Instituto de Salud Pública, que no participó en el proceso conducido por la Conama.

Qué hay bajo tierra

El apelativo de “filete” que se le dio al codiciado terreno de las petroleras en la Quinta Región tiene asidero. A comienzos de esta década los analistas del sector calculaban que la plusvalía del terreno se dispararía por lo menos a las 60 UF por metro cuadrado cuando se retiraran las instalaciones, y a mucho más con el terreno construido. Eso hizo que inicialmente las petroleras pensaran en urbanizar ellas mismas el paño. Pero las complicaciones ambientales posteriores hicieron que abandonaran la idea. Poco después anunciaron que lo venderían. Y en ningún caso por menos de US$ 60 millones, una cifra que sigue sobre la mesa hasta hoy.

Ahí el problema se traspasó a los posibles compradores. Para dimensionar la rentabilidad del negocio era requisito previo sincerar cuán contaminado estaba el paño. Eso lo resolvería la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que se desarrollaría el 2002. Como las petroleras ya estaban trabajando con la filial chilena de la consultora holandesa Arcadis Geotécnica, la contrataron como su interlocutor ante la Conama. Arcadis elaboró durante el 2001 dos informes iniciales: “Estudio de Suelos” y “Estudio de Evaluación de Riesgos”.

Para el primer estudio examinaron el lugar, practicaron calicatas o excavaciones de prospección, y recogieron 1.594 muestras del terreno, de las cuales 233 fueron analizadas por reconocidos laboratorios holandeses, según Arcadis. Los resultados arrojaron la presencia de más de 240 sustancias derivadas o relacionadas con la actividad de hidrocarburos y otros contaminantes, en distintas cantidades y valores, que sirvieron de base para todo el proyecto. El informe también describe las condiciones generales del terreno y sus antecedentes históricos.

El segundo estudio “de Evaluación de Riesgos”, concluyó en lo que muchos temían: tanto el suelo como el agua del terreno presentaban grados de contaminación que superaban lo admitido en 13 puntos de los 165 que se examinaron. Entre varios otros contaminantes detectados figuraban “concentraciones de metales -bario, cobre, plomo y zinc-; agroquímicos, xilenos, clorofenoles, bifenilos policlorurados, hidrocarburos poliaromáticos y aceites minerales”. Las muestras de agua subterránea arrojaron presencia de “benceno, xileno, naftaleno, fenantreno y aceites minerales”. Todo lo anterior detallado en minuciosas tablas de medición.

Lo sorprendente es que, los científicos resultados de ambos estudios, tuvieron un mínimo impacto en el proceso de evaluación de impacto ambiental que siguió a continuación.

Y ello, a pesar que entre los agroquímicos a los que alude el informe figuran compuestos como el DDT, DDE, DDD y drines, los que junto a los clorofenoles forman parte de la denominada “docena sucia”, ampliamente rechazada en todo el mundo: el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) decretó su eliminación en el Convenio de Estocolmo, el que Chile suscribió en 2005. Dichas sustancias corresponden a los residuos que dejó una planta de producción de pesticidas que Shell operó en ese lugar hasta una fecha que los representantes de las petroleras -según explicaron a CIPER- fijan “hasta el año ’90 ó ‘91″.

Todas estas mediciones Arcadis las realizó en base a una propuesta que las petroleras avalaron y anunciaron en ese primer informe: para todo el proceso se iba a adoptar la severa norma holandesa de evaluación de riesgo. La Conama local la aceptó. Y se entiende. Como Chile no cuenta con una norma específica para este tipo de situaciones, en subsidio la legislación sugiere adoptar una referencia extranjera. Ese vacío se convertiría muy luego en una pesadilla para los responsables del proceso.

Un problema de “buena fe”

Aunque durante el 2002 las petroleras en reiteradas ocasiones informaron a la prensa que el EIA avanzaba rápido y que “en unos pocos meses” limpiarían el suelo y lo venderían, ocurrió todo lo contrario. Tras recibir varias observaciones de las autoridades competentes, la Conama regional devolvió los estudios con una precisión que desató el primer problema: sólo las petroleras eran responsables del saneamiento del terreno, y en ningún caso el futuro comprador.

-Eso no les gustó, nada. En el fondo era decirles a las petroleras que ellas debían pagar por la descontaminación. Conama siempre aplica el criterio “el que contamina, paga” -recuerda la abogada María Isabel Mallea, ex secretaria de la Conama V Región.

Dos aristas marcan el límite que las petroleras no estaban dispuestas a traspasar y que determinaban la profundidad de la descontaminación a la que la ley los obliga: cuál era el nivel mínimo aceptado de contaminantes bajo tierra y si los tóxicos afectaron o no los terrenos colindantes al codiciado terreno. La autoridad siempre sostuvo que éstos sí podían desplazarse horizontalmente –por sí mismos o a través de la napa-, pero las petroleras hasta hoy replican que eso es imposible. Al final impusieron su idea, sin que la Conama efectuara monitoreos en las áreas vecinas.

Luego de pedir postergación del plazo, meses después, las petroleras presentaron la documentación para la primera adenda o versión que recoge las correcciones. Y fue entonces que se produjo el primer cambio polémico: en esa entrega las petroleras abandonaron la norma holandesa -la misma que antes habían defendido- y la reemplazaron por una norteamericana. Ello implicó cambiar los modelos de cálculo de contaminantes y el software que permitía “tabular” los datos recogidos en terreno, además de traducirlos a niveles que revelaran riesgos para la salud humana. En el argot técnico, éstos últimos eran expresados en “valores objetivos de concentración” (VOC). Al igual que los dos estudios anteriores, la adenda fue elaborada por Arcadis Geotécnica y financiada por las cuatro petroleras.

Las empresas propietarias del terreno justificaron su decisión en que la norma desechada imponía el uso de programas computacionales que no permitían medir adecuadamente la presencia de algunos tóxicos, como el aceite mineral. Y argumentaron además, que el nuevo estándar norteamericano era “sobre conservador” para calcular los VOC de “inhalación de vapores en espacios cerrados”. Nada dijeron sobre un pequeño detalle: ni la Conama ni ningún organismo estatal competente en el proceso tenía la tecnología para comprobar la existencia de elementos nocivos para la salud.

No fue la única sorpresa del segundo informe presentado por las petroleras ante la Conama. Con el nuevo modelo, dijeron, los valores de concentración de sustancias más estrictos no eran los que se necesitan para uso inmobiliario, sino para un escenario que fue técnicamente definido como “Parques y Jardines”.

Los dos cambios introducidos por las empresas petroleras provocaron reclamos de organizaciones ambientalistas y vecinales, las que infructuosamente plantearon a las autoridades que eso obligaba a reiniciar el proceso desde cero, ya que el cambio de norma se iba a traducir en márgenes de limpieza menos rigurosos. Tuvieron eco en determinados especialistas de la Conama local, pero sólo en privado.

-El tema político era más complejo que el técnico, porque como no hay norma, da para interpretaciones muy flexibles. Los ambientalistas querían el máximo y los inversionistas el mínimo -reconoce en privado una fuente que asesoró de cerca a las petroleras.

Como contraparte de las petroleras estaba en ese momento Rodrigo Jerez, entonces jefe de la Unidad de Control de la Contaminación de la Conama V Región, y a cargo del proyecto. Hoy ya no trabaja en ese organismo y es uno de los pocos que conoció directamente este proceso y que accedió a entregar su opinión oficialmente:

-El modelo holandés es más restrictivo que el norteamericano; y esto porque los territorios de los Países Bajos son muy pequeños. Los norteamericanos no tienen problemas de espacio y su sistema ambiental es en algunos casos más flexible que el europeo. La verdad es que se cuida el ambiente, pero son un poco más relajados -dice.

Las cifras avalan los dichos de Jerez. Por ejemplo, para limpiar el suelo y dejarlo apto para uso residencial o de primera vivienda, la norma holandesa exige que en el primer metro la concentración de benceno -uno de los químicos más dañinos para la salud- no puede ser mayor a 0,4 miligramos por kilo de tierra. En cambio, la norma norteamericana aplicada para reacondicionar el terreno para áreas verdes acepta hasta un tope de 15 miligramos por kilo.

Pese a que varias autoridades locales criticaron que se aceptara un estándar que nada tenía que ver con el uso inmobiliario que se le iba a dar al terreno en cuestión, la Conama regional validó los valores requeridos para “Parques y Jardines”. Y lo hizo sin jamás comprobar esos valores con exámenes propios en terreno. Según los expertos que consultó CIPER, la legislación ambiental considera que en aspectos como éste el sistema descansa “sobre la buena fe” del titular del proyecto -en este caso, las petroleras- y porque además, la autoridad carece de los medios para efectuar mediciones tan específicas y costosas.

-Efectivamente, uno hace un acto de fe. Es uno de los problemas que tiene la legislación ambiental chilena -confirma Jerez, quien agrega que en todos los proyectos ambientales “es exactamente igual”.

La aceptación de la “normativa norteamericana” tuvo otros efectos polémicos. Al aplicarla en una tabla, ésta identifica contaminantes específicos y puede calificarlos en cantidades riesgosas hasta el primer metro de profundidad. De ahí para abajo también los detecta, pero no los estima peligrosos (“no aplican”, en lenguaje técnico). Habiendo aceptado también que el marco era “Parques y Jardines”, daba lo mismo si esos contaminantes existían. La única excepción “peligrosa” de dicho estándar es el benceno, un componente volátil que tiende a subir y a liberarse en contacto con el aire.

Pero medir la “excepción” benceno fue complejo. Porque en las tablas que las petroleras y Arcadis entregaron a la Conama local, las sustancias ubicadas bajo el primer metro fueron identificadas como “hidrocarburos totales”, resumidos como “TPH Suma” o “TPH totales”, es decir, una mezcla de elementos que no distingue cuál es cuál y en la que puede estar presente el benceno u otro volátil similar. En mediciones hechas a medio metro hubo puntos en que se hallaron 34 mil miligramos de TPH por kilo, pero a seis metros y medio los TPH llegaban a 40 mil miligramos por kilo. Pero eran sólo eso: “TPH Suma”. Con esos datos fue imposible saber cuánto benceno había en los TPH bajo el primer metro.

Está científicamente comprobado que la inhalación de benceno en espacios cerrados -como podría ocurrir si éste “sube” por tuberías de un edificio o traspasa estructuras- puede producir mareos, somnolencia y pérdida de conocimiento. En casos de exposición prolongada es cancerígeno.

Como al parecer nadie había reparado en los peligros que encierra esa falta de medición, CIPER decidió consultar al Instituto de Salud Pública si el benceno puede estar presente en los “TPH Suma”. La jefa del Laboratorio de Suelos y Residuos Peligrosos de dicho organismo, Isabel Guerrero, contestó: “Sí, es posible que estén presentes. Se debe verificar con algún tipo de análisis”.

También se le preguntó directamente a la gerencia de medio ambiente de Arcadis Geotécnica. “Los TPH pueden contener hidrocarburos volátiles, entre ellos el benceno. Dada la importancia de este compuesto, se hicieron análisis específicos para determinar su presencia en forma separada”, fue la respuesta.

Los análisis efectivamente se hicieron. Pero para sorpresa de muchos, las mediciones de benceno que se realizaron con la tabla norteamericana no superaron el límite de los 15 miligramos por kilo. Las muestras más altas se ubicaban en tres puntos donde arrojaron entre 0,6 y 1,14 miligramos por kilo, valores que sí exceden el tope aceptado por la tabla holandesa. Pero la Conama también decidió “hacer buena fe” de dichos cálculos.

Fue el primer gran triunfo de las petroleras. No sería el único. Entre el 2005 y 2007, cuando las empresas propietarias del codiciado terreno elevaron el caso a las instancias superiores de la Conama, ésta les pidió suprimir del EIA la fase de desarrollo inmobiliario que estaba explícitamente declarada en el informe original. Por lo que les pidieron reemitirse a los valores exigidos sólo a lo estrictamente relacionado con el saneamiento para “Parques y Jardines”. Eso fue todo.

Con esas dos resoluciones, dos triunfos, las empresas petroleras dueñas del terreno sólo quedaron obligadas a sanear el primer metro de suelo en los trece puntos en que se detectaron contaminantes que excedían la norma norteamericana. Lo que hubiera más abajo, no era su problema. Un argumento que repitieron cada vez que vecinos, organizaciones ambientales y autoridades locales pidieron en las observaciones al EIA que se sometieran a estándares más estrictos.

-La imagen que se usaba en las discusiones internas era “¿qué pasa si un niño de las futuras viviendas come tierra?”. Y la norma que ellos presentaban para ‘Parques y Jardines’ cumplía, aunque nosotros sabíamos que era para un proyecto inmobiliario… Lo que ocurre es que sanear un metro, aún con todas las restricciones que supone hacerlo para “Parques y Jardines”, es más barato que hacerlo para ocho o diez metros de profundidad -dice Isabel Mallea, abogada y ex secretaria de la Conama local.

El ahorro que significa la diferencia entre limpiar un terreno para “parques y jardines” y para viviendas fue un gran triunfo para las petroleras. La técnica de remediación ya acordada con la autoridad contempla retirar el suelo dañado sólo en los 13 puntos y no en todo el terreno, llevarlo a instalaciones de la empresa Hidronor -ubicada en Santiago y especialista en residuos peligrosos- y limpiarlo o reemplazarlo por material “sano”.

Para tener una idea de los costos, CIPER consultó a empresas especializadas en traslado de tierra y escombros que han operado en el área de Las Salinas. En una de ellas, un ejecutivo señaló que por cada metro cúbico de material extraído se cobra $350 por cargarlo en camiones y otros $100 por cada kilómetro de viaje.

Hechos los cálculos pertinentes, para remediar uno de los 13 puntos (que involucre un área de 20 metros por 20 metros, según un promedio estimado por Copec), los resultados son los siguientes. El escenario “Parques y Jardines”, es decir, remover y trasladar a Santiago un metro de profundidad, les costaría a las petroleras $ 4.140.000. En cambio, remover la tierra hasta al menos cinco metros bajo el suelo, elevaría los números a $20.700.000 por cada sector contaminado. Pero para tener una dimensión exacta, esta última cifra habría que multiplicarla por todos los puntos que deberían sanearse (muchos más de 13), pero además calcularla en base a una profundidad que habría sido posible determinar si se hubiese efectuado un correcto estudio de impacto ambiental.

Lo anterior, claro sin considerar el precio que cobraría Hidronor por recibir el material, limpiarlo, ni menos llevarlo de vuelta a Viña del Mar u otro destino.

De la puerta para fuera

A pesar de los problemas resueltos, el Estudio de Impacto Ambiental avanzó lentamente, ya que surgió otro de los principales puntos polémicos: si los terrenos aledaños a las antiguas plantas de combustible estaban contaminados, entonces las petroleras también tendrían la obligación de limpiarlos.

El principio básico que esgrimió la autoridad fue que si los hidrocarburos o cualquier otro contaminante se desplazaban horizontalmente, contaminarían otras áreas. Lo mismo si “bajaban” hasta la napa o flujo de agua subterránea -que en esa zona se ubica en el rango de los cinco metros de profundidad, es decir, fuera del escenario “Parques y Jardines”-, porque desde allí se desplazarían en otras direcciones.

No era una objeción nueva. Ya en la primera fase del proyecto, cuando la Seremi de Salud hizo sus observaciones, recordó una experiencia ocurrida a fines de los ‘90 en la zona relacionada con “desplazamiento de hidrocarburos por la dinámica de las napas subterráneas”. Más de un año después de la ruptura de un oleoducto de Sonacol en el sector de Reñaca Alto, el combustible había aflorado a cierta distancia.

Cada vez que se hacía la objeción, las petroleras replicaban que no había ninguna evidencia de que contaminantes provenientes del terreno se hubiesen desplazado a otras zonas. Y lo sostienen hasta hoy.

CIPER descubrió que uno de los estudios encargados por las petroleras a la consultora Arcadis aún contenía las correcciones hechas en su etapa de borrador. Una de ellas sostiene que “existen antecedentes de presencia de hidrocarburos en aguas subterráneas durante excavaciones realizadas años atrás en el predio ubicado al sur del sitio, antiguamente utilizado por los talleres de mantenimiento del Regimiento Coraceros”, es decir, en el terreno colindante. Otras contienen frases como “Ojo. Yo dejaría eso si corresponde a la verdad”.

-Esto tiene que ver con el comportamiento del suelo. Aquí está el cerro atrás, nosotros y el mar. Por lo tanto, la gradiente hidrogeológica que se midió es hacia el mar. Lo que haya sucedido en los años de operaciones de las plantas estaba refrendado por los Planes de Vigilancia Ambiental Acuáticos, que indicaron que no tuvimos incidencia en el borde costero. Por lo tanto, hacia los terrenos de la Armada, uno no tendría que preocuparse. Y hacia el lado del ex regimiento Coraceros, tampoco -asegura Renato Gaete, jefe del área de medio ambiente de Copec.

Desde el 2002 y hasta el 2004, los especialistas de Arcadis y Conama se enfrascaron en discutir si los contaminantes podían o no desplazarse horizontalmente. La consultora privada desplegó varias veces modelos y cálculos para demostrar que eso era imposible, y que sólo se movían verticalmente. Lo mismo afirma el gerente de Desarrollo de Copec y vocero de las cuatro petroleras, Arturo Natho:

-El hidrocarburo tiene un comportamiento que es bastante vertical, cae como piedra para abajo, por suerte. Así que si cayó aquí, no te pasa para acá.

Ninguna de esas argumentaciones hicieron cambiar de opinión a los técnicos de la Conama regional. Ellos siempre insistieron en que los tóxicos pudieron haberse propagado a los predios vecinos, ya que el flujo de agua subterránea lo permitía. Por eso se sorprendieron desde el inicio del proceso del EIA, en 2002, cuando las petroleras presentaron sus primeras estimaciones acerca del alcance de la contaminación, antes de medirla: curiosamente, todos los gráficos sostenían que el radio de posible alcance de los químicos llegaba justo hasta los límites del predio. Ni un metro más allá.

Otros informes sugieren que los técnicos de Conama tenían razón. CIPER revisó el “Estudio de Suelos, Planta Las Salinas, Viña del Mar”, que Arcadis elaboró luego de excavar el terreno para retirar las primeras muestras, con las que más tarde se determinaría la contaminación del terreno. El documento, fechado en diciembre de 2001, se compone de un texto en formato Word de 22 páginas. Pero al imprimirlo, la sorpresa fue que se obtuvo uno de 37 páginas y con numerosos párrafos y títulos tarjados. Fue la función “control de cambios” de dicho procesador de texto, que conserva las modificaciones hechas a un documento -aunque éstas se hayan borrado- la que permitió ver lo que se trató de ocultar.

Gracias a que los redactores del estudio no deshabilitaron esa herramienta, CIPER descubrió que hubo no sólo párrafos, sino capítulos enteros que fueron eliminados del informe, que más tarde fue incorporado al Estudio de Impacto Ambiental en la Conama. Y en algunos de esos párrafos suprimidos aparece claramente sugerida la presencia de contaminantes fuera del límite del terreno de las petroleras.

El punto 2.2, titulado Características del sitio y áreas vecinas, oficialmente tiene sólo dos párrafos, pero el original incorporaba un tercero. Allí se lee: “…existen antecedentes de presencia de hidrocarburos en aguas subterráneas durante excavaciones realizadas años atrás en el predio ubicado al sur del sitio, antiguamente utilizado por los talleres de mantenimiento del Regimiento Coraceros”. La ex unidad militar -donde hoy existen cuatro enormes torres de departamentos- era inmediatamente contigua al terreno de las petroleras.

Para Renato Gaete, jefe del área de medio ambiente de Copec, eso no significa nada. Junto con subrayar que los hidrocarburos no se mueven horizontalmente, explica que el Regimiento Coraceros era “un regimiento motorizado y el Ejército tenía un sistema de estanques y combustibles propio. Le hacían cambios de aceite a los tanques, por lo que se asumió que era de ellos”.

Otra “corrección” figura en el punto “2.3 Geología e Hidrología“. El texto tarjado representa lo que fue borrado:

“Mediciones del nivel freático realizadas en pozos de monitoreo indican que el agua subterránea en el Sitio se encuentra entre 5 y 7 m de profundidad por debajo de la superficie del terreno. La principal dirección del flujo subterráneo es hacia el Sur-poniente , correspondiente a una elevación entre 3 y 5 m.s.n.m.m. La principal dirección del flujo subterráneo es hacia el poniente, excepto en el sector de Planta Esso en que se observa un flujo hacia el surponiente.”

En el resto del texto original tarjado por Arcadis también se aprecian algunas apreciaciones de los redactores, como “Ojo. Yo dejaría eso si corresponde a la verdad”, que obviamente también fueron suprimidas. Pero nadie más que los analistas de Arcadis tuvo acceso en ese momento a las correcciones al estudio.

Los participantes del proceso coinciden en señalar a Sat Sansar Singh, nombre con el que sus alumnos de yoga conocen al especialista Luis Eduardo Ugalde Abaroa, como uno de los redactores y autores del documento. Pero Ugalde contestó que ya no trabaja en Arcadis Geotécnica y que requería una autorización por escrito de sus antiguos jefes para dar una entrevista.

Consultada la gerencia de medio ambiente de Arcadis sobre las interrogantes que plantea el descubrimiento de las correcciones al estudio oficial, la respuesta fue que “podría corresponder a un documento borrador de trabajo en equipo, en el que obviamente se encontrarán modificaciones, más aún cuando a esa fecha se continuaban haciendo mediciones y corroborando información de campo”.

Le mostramos el documento a Rodrigo Jerez, a cargo de supervisar el proyecto en Conama V Región. Muy sorprendido, afirma que nunca vio esas correcciones, y advierte que la evaluación ambiental del proyecto de las petroleras habría sido muy distinta si hubiese conocido esos antecedentes: “Si yo hago un juicio de lo que está tarjado, aparecen otras condiciones que fueron las mismas dudas que se nos generaron en la evaluación del proyecto. Aquí hay muchas cosas que podrían confirmar nuestra teoría, que ellos lo tenían claro pero lo eliminaron. Y eso repercute en la evaluación del proyecto”.

¿Petróleo en la playa?

Otro hecho aún más curioso también podría cuestionar la tesis de las petroleras de que la contaminación se limitó a su terreno y no afectó a las inmediaciones. Ocurrió el 2006, cuando el EIA ya había sido aprobado con condiciones por la Conama regional y las empresas peleaban por la aprobación definitiva ante la Conama nacional. El 6 de septiembre de ese año, personal de la constructora Siglo Verde realizaba excavaciones cerca de los restos de la antigua maestranza Edwards y Cerutti, situada justo al frente del polémico terreno, sólo que al otro lado de la recta Las Salinas y a la altura de 19 Norte.

Cuando los operarios se encontraron con restos de un muro subterráneo que debían demoler, de pronto una de sus grietas comenzó a filtrar una sustancia líquida, oscura, espesa y de un olor penetrante. También hallaron -según testigos- restos de tambores viejos y oxidados. Los trabajadores informaron a la Municipalidad de Viña, la que inspeccionó el sitio junto a personeros de Copec y Esso. Dos días después, las petroleras enviaron un equipo de la empresa Ecotecnos, que retiró el material, tomó muestras y las envió a laboratorios de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM).

El único registro público del accidente corrió por cuenta de una breve nota publicada dos días después de ocurrido por El Mercurio de Valparaíso. Bajo el título “Hallan napa con combustible”, se describió el hallazgo como “una napa subterránea cuyas aguas están mezcladas con residuos de combustible”, y se precisó que el material “fue encontrado a 5 metros de profundidad”, a “escasos metros de la playa”. Se anunció también que la UTFSM enviaría los resultados en diez días.

En una región donde este tipo de incidentes literalmente son “estrujados” por la prensa local, de éste nunca más se supo por los diarios. Nadie informó de sus resultados. Pero especialistas de la reconocida universidad viñamarina confirmaron a CIPER que las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Ensayos de Materiales y Control de Obras (LEMCO), dependiente de su Departamento de Obras. Lo sorprendente es que hasta hoy resulta imposible conocer qué contenía lo que encontraron los trabajadores de Siglo Verde, y si esos datos desmienten o no la tesis de las petroleras. En LEMCO contestaron que los exámenes dependen de “clientes con los que se mantienen estrictos acuerdos de confidencialidad”, por lo que denegaron nuestra petición de conocer los resultados.

La única pista adicional es un comentario del vocero de las petroleras, Arturo Natho, a raíz de la discusión por la posible contaminación en los alrededores: “Tomamos hartas muestras de la playa. La playa está limpia, se chequeó, y en la única parte en que se evidenció algo era frente al Coraceros y a la Esso, donde estaba Edwards y Cerutti, que yo creo es de donde salió el tema de Siglo Verde”.

Sin embargo, en la documentación oficial online del EIA de Las Salinas no se encontró ningún informe sobre dichas pruebas, pese a que sí fueron pedidas en reiteradas ocasiones por autoridades locales.

Para aclarar en parte estas dudas, recurrimos nuevamente al Instituto de Salud Pública, esta vez para preguntar en qué dirección tienden a moverse los contaminantes subterráneos en un caso como éste. Su jefa del Laboratorio de Suelos y Residuos Peligrosos, Isabel Guerrero, contestó: “Se pueden mover en distintas direcciones, dependiendo de las condiciones ambientales -como por ejemplo, la temperatura- y la mecánica y química del suelo”.

En tierra de nadie

Las controversias relatadas alargaron el EIA hasta octubre del 2004, cuando el estudio pasó a manos de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), el organismo político-técnico que le da el visto bueno a los proyectos. En una polémica asamblea que apenas cumplió con el quórum, marcada por una agria discusión entre autoridades locales que pedían más resguardos para la salud y el entonces gobernador provincial -y hoy intendente- Iván de La Maza, el organismo finalmente aprobó el proyecto por ocho votos a favor, tres abstenciones y uno en contra. El acta de la sesión describe lo ocurrido.

La resolución exenta 203/2004 aprobaba el saneamiento para “Parques y Jardines”, aunque con detalles contradictorios. Uno de los considerandos del texto -el 10.20- dice que “quedará expresamente prohibida la plantación de hortalizas o cultivos en toda la superficie” del predio. Pero también fijó condiciones que indignaron a las petroleras: el documento imponía tablas con valores más estrictos para tóxicos como el benceno, el tolueno y el xileno. Eso obligaba a un saneamiento más acucioso.

Las empresas replicaron ante el consejo de ministros de la Conama, a través de un recurso de reclamación. Y argumentaron que les habían “mezclado las tablas”.

En marzo de este año, el municipio viñamarino finalmente pudo publicar el seccional que permite construir edificios en el terreno, pero sujeto a congelamiento mientras no se levante la categoría de “Zona de Riesgo” que la afecta. La ordenanza respectiva dice que si “las obras de mitigación deben desarrollarse en conjunto con la ejecución del proyecto, deberá acreditarse su completa realización antes de la recepción definitiva de la obra”, es decir, cuando los proyectos inmobiliarios estén terminados y listos para ser habitados.

- Eso hacía incompatible todo lo que se había hecho, la metodología y el resultado con esa tabla. Se hacía incompatible con los 13 puntos, porque si no se nos transformaban como en 40. Y eso hubo que pedir aclararlo, porque si no, no teníamos cómo gestionar el proyecto- explica Gonzalo Puelma, jefe de Medio Ambiente, Prevención y Seguridad de Copec.

Pero el trámite se estiró tres años más. La dilación impacientó a las petroleras y también a las autoridades viñamarinas. Pero la mayor inquietud se desató entre las inmobiliarias interesadas en el codiciado paño. A esas alturas, las firmas constructoras ejercían una presión sin discreción sobre el municipio que lidera Virginia Reginato para que empezara a confeccionar el seccional que cambiaba el uso de suelo al predio y lo dejaría listo para construir.

La disputa por el paño se trasladó a los diarios. Uno de los más importantes empresarios del rubro inmobiliario, Abraham Senerman -actualmente construye el millonario complejo Titanium La Portada, en Vitacura- declaró públicamente su interés en comprar el “último filete”. A esa competencia se sumaron inversionistas del Reino de Bahrein, en el Golfo Pérsico, que viajaron hasta la Ciudad Jardín para explorar el negocio. Senerman, quien ya tiene diseñado un gigantesco proyecto para Las Salinas, llegó a ofrecer US$ 55 millones por el paño, suma que las petroleras rechazaron por encontrarla muy baja.

En esas condiciones, la dilación del estudio ambiental terminó en drama. La espera de las petroleras terminó recién el 9 de marzo de 2006, el penúltimo día del mandato de Ricardo Lagos, cuando el consejo de ministros de la Conama aprobó sólo parcialmente el reclamo. Las petroleras no quedaron satisfechas: querían garantía de que no quedara ningún margen de interpretación posible que las obligara a descontaminar más de un metro de profundidad. Lo intentaron con un recurso de aclaración. Fue rechazado. Insistieron con un segundo recurso. Y finalmente, en diciembre pasado, obtuvieron lo que querían.

Para entonces, la Municipalidad de Viña ya había ejecutado los cambios al seccional que determinan el uso del sueño en esa zona, luego de una larga negociación en que las empresas inmobiliarias interesadas les hicieran todo tipo de peticiones. Finalmente se optó por “reconvertir” el predio para una amplia variedad de construcciones. Entre otras, la ordenanza publicada en marzo de este año cita departamentos, hoteles, comercio, restaurantes e incluso edificios para educación “pre básica, sala cuna y jardín infantil”.

Todo ello quedó sujeto a un estudio de impacto ambiental que la propia municipalidad de Viña debía realizar. Y nuevamente la sorpresa. Aunque para el EIA municipal las autoridades comunales contrataron a una consultora, también se basaron en los estudios de Arcadis, la misma firma pagada por las petroleras. Es más: la asesora elaboró nuevos informes que también fueron financiados por los dueños del terreno. Al menos eso es lo que reconocieron en Arcadis.

-Con el propósito de incluir mayores exigencias en el plan seccional, la municipalidad estimó conveniente declarar la zona como de riesgo. Dado que nuestra empresa cuenta con la mayor experiencia y conocimiento en materias de evaluación de riesgo, las compañías petroleras nos encargaron desarrollar estos antecedentes, los que fueron aportados durante el proceso de evaluación del plan seccional para ser tomados en consideración- nos dijo la gerencia de medio ambiente de la consultora.

Se repitió el áspero tira y afloja entre Arcadis y la Conama regional y nuevamente surgió la discusión respecto de quién iba a limpiar el terreno para que quedara apto para la construcción de viviendas. Y también, quién controlaría ese proceso de limpieza.

En ese proceso fue crucial una norma que el ministerio de Vivienda dictó el 10 de marzo de 2006, justo un día después de la bullada resolución del consejo de ministros de la Conama sobre el terreno: la circular 0099 de la División de Desarrollo Urbano, más conocida como DDU 162. Dicho texto no hizo más que recordar que otras reglamentaciones exigen “estudios fundados” que acrediten que el riesgo ha sido superado, incluyendo la “evaluación de impacto ambiental correspondiente”. Pero en las últimas dos líneas agregó que las obras de mitigación del suelo son responsabilidad “del titular de cada uno de los proyectos de edificación que se solicite aprobar”.

La última frase ayudó a cerrar la discusión entre la Conama y la Municipalidad de Viña, que respondía duramente a cada petición de resguardo sanitario que le hacían las autoridades ambientales. También zanjó en el papel el cuestionamiento de la Conama acerca de que el EIA municipal dejaba en tierra de nadie la responsabilidad de la limpieza del suelo para fines inmobiliarios. Pero no apagó las críticas de organismos locales como la Seremi de Salud, que dio su visto bueno de mala gana y a última hora.

Tras obtener la aprobación de la Corema en noviembre de 2007 -que tampoco fue unánime-, el municipio publicó el seccional en un anuncio que fue celebrado por Reginato y otras autoridades locales. A solicitud de CIPER, el municipio envió la ordenanza del seccional, que declaró el predio como zona de riesgo, recogiendo la legislación urbanística y la DDU 162, pero agregó: “En el evento que los referidos estudios establezcan que las obras de mitigación deban desarrollarse en conjunto con la ejecución del proyecto, deberá acreditarse su completa realización antes de la recepción definitiva de la obra”.

Lo anterior significa que una vez que las petroleras vendan el terreno -sólo descontaminado en su primer metro-, el que lo compre podrá construir y al mismo tiempo sanear el resto del suelo. Incluso podrá postergar la limpieza hasta poco antes de la recepción final, cuando las nuevas edificaciones ya estén terminadas. Con ello se excluye toda garantía que evite que quien construya no limpie el suelo.

En teoría, el asunto no debiera ser tan simple para el futuro comprador. Pero es sólo teoría. Fuentes de la Conama regional advierten -en privado- que la ordenanza municipal dejó las cosas “en un rango bastante interpretable, que depende de cuán bueno sea el abogado de la empresa constructora que compre el paño”. A ello se suman las falencias ya descritas de la legislación. Por ejemplo, el EIA sólo es obligatorio para proyectos de una superficie igual o superior a una hectárea o 10 mil metros cuadrados, y el predio de Las Salinas tiene 17,8 hectáreas. Si los futuros dueños del paño lo subdividen en lotes inferiores al límite ambiental, nadie les podrá exigir que se sometan a examen ni menos a que descontaminen en detalle.

Por eso mismo, en su momento, las autoridades locales con competencia ambiental le pidieron a la alcaldesa Reginato que en el seccional fijara subdivisiones con un mínimo de una hectárea. La respuesta fue una rotunda negativa basada en que eso “rigidiza las posibilidades de gestión en el sector”.

El ex jefe de la Unidad de Control de Contaminación de la Conama de Valparaíso, Rodrigo Jerez, revela detalles de un proceso marcado por la ausencia de normas y que, a su juicio, dio luz verde a un plan que no elimina todos los riesgos de que sustancias nocivas afecten a los futuros residentes del codiciado sector costero viñamarino.

Rodrigo Jerez recibe a CIPER en su despacho de la Oficina Nacional de Emergencias, donde se desempeña ahora. En 2004 este ingeniero en Seguridad Industrial especializado en emergencias ambientales era jefe de la Unidad de Control de Contaminación  de la Conama V Región. Entonces libró un duro round con las petroleras. Sabía que en los terrenos de Las Salinas no se construirían “Parques y Jardines”, como aseguraba el proyecto de las compañías, sino residencias, y trató de torcerle la mano al mercado.

En Chile no existen normas para remediar suelos contaminados y Jerez solicitó una serie de monitoreos anexos a este plan de saneamiento para resguardar a los futuros residentes del sector.
Las “herramientas complementarias”, como las llama, no pasaron la prueba y las petroleras no fueron obligadas a realizar esos monitoreos. Jerez no se siente derrotado. Enfático, dice que lo único que hoy se puede construir ahí son “Parques y Jardines” y que persiste el riesgo de que en el subsuelo haya compuestos altamente nocivos, como el benceno, que afloren cuando se hagan los subterráneos de edificios.

“Lo dije en la Conama, lo dejé por escrito y hoy lo puedo hablar en términos netamente profesionales no siendo ya funcionario de la Conama: lo que se aprobó garantiza sólo la construcción de ‘Parques y Jardines’. Si se construye cualquier cosa más abajo de un metro de profundidad, la evaluación del proyecto tiene que ser revisada y actualizada”.

“Era muy ingenuo pensar que esas 17 hectáreas se iban a utilizar para un lindo jardín. Las condiciones donde están emplazadas son para otro negocio. Por lo tanto, las herramientas que nos quedaban fueron monitoreos complementarios a la norma. Ellos apelaron y llegaron hasta la Corte para decir que incluso cuando caminaban les pedían monitoreos”.

-¿Por qué se aceptó el límite de un metro?
-Ese es un problema del proyecto. Lo presentaron con una asesoría que yo no puedo calificar si fue buena o mala. Yo sólo califico si aplica o no para el requerimiento que se establece, en este caso para “Parques y Jardines”. Lo presentaron inicialmente con un sistema y después lo cambiaron.

-Primero lo presentaron con una norma holandesa y la autoridad ambiental lo aceptó, con la salvedad de que la remediación debía ser hecha por las petroleras y no por el futuro comprador.
-Así es, correcto.

-Pero después cambiaron a una norma estadounidense y para “Parques y Jardines”, argumentando que era más restrictiva.
-El modelo holandés es más restrictivo, porque los territorios de los Países Bajos son pequeños y hacen los mejores esfuerzos para mantenerlos. La justificación que dieron (para cambiar) fue que la norma de EE UU estaba mejor asociada a los productos de las petroleras. Ellos decían que era por la experiencia (de Texas) conocida internacionalmente, lo cual es cierto. El tema es si se está de acuerdo con aplicar esa norma para el objetivo que se quiere. Cuando uno hace remediación, independiente de la sustancia, la primera pregunta antes de operar es “¿Para qué queremos dejar apto este terreno?”.

-Y en este caso es para “Parques y Jardines” y la norma norteamericana aplica para eso. Pero en la discusión interna de la Conama regional, sabían que esto iba a tener uso residencial…
-Era muy ingenuo pensar que esas 17 hectáreas se iban a utilizar para un lindo jardín. Las condiciones donde están emplazadas son para otro negocio. Por lo tanto, las herramientas que nos quedaban fueron monitoreos complementarios a la norma. Ellos apelaron y llegaron hasta la Corte para decir que incluso cuando caminaban les pedían monitoreos. Eso lo conozco muy bien, porque fui yo el impulsor de hacer esos controles. En gran medida para resguardar lo que sabíamos que podía ocurrir: que se construyeran allí viviendas y no sólo parques y jardines.

-¿Qué controles ellos rechazaron y a su juicio eran clave?
-La construcción en altura obliga a hacer construcción subterránea para sustentación. Ellos rebatieron el monitoreo de los volátiles en el suelo y dentro de los edificios futuros si se llegara a construir. De las sustancias que están ahí, algunos son volátiles y generan problemas porque viajan por el suelo y salen al exterior. Los volátiles son capaces de pasar fundaciones y lo más probable es que ingresen a un tercer o cuarto subterráneo. Al ingresar esos volátiles, algunos son cancerígenos, tienden a ascender…

-Buscan tuberías, efecto chimenea, tiraje…
-Exactamente. Los gases van a buscar por donde salir, por la caja de ascensores, los ductos de ventilación. También manifesté mi preocupación por la red de incendios: dónde va a estar ubicada, si va a ser abastecida con aguas de napas, porque si el suelo está contaminado, el agua está contaminada. Puedo aceptar volátiles presentes, pero tengo que controlarlos. Si acepto que son 5, perfecto, porque eso no me genera una atmósfera explosiva. Pero hay que monitorearlo, porque si son 7, 10 ó 15, la cosa es distinta. La aprobación del proyecto (en 2004) fue por esas restricciones complementarias que colocamos. Se aprobó para “Parques y Jardines”, pero con todo lo complementario “en caso de”. Fue la manera de asegurarnos de que si la obra final no fuese parques y jardines, tuviéramos herramientas.

-Pero las petroleras reclamaron contra esa resolución.
-Ellos apelaron y lo someten a consideración de la Dirección Ejecutiva de Conama de Santiago. El tema salió de la región en 2004 y pasó a nivel central.

-La resolución final, ¿en qué cambió respecto de la que ustedes entregaron?
-La Dirección Ejecutiva consideró que lo que nosotros habíamos planteado estaba orientado a otro proyecto. Nosotros utilizamos todo un sistema complementario pensando en que el proyecto se transformaría en otra cosa y la Dirección Ejecutiva leyó que nosotros estábamos tomando resguardos para otro proyecto y no para el que se estaba evaluando. Y el que se estaba evaluando era muy concreto: “Parques y Jardines”. Sacaron todos esos resguardos que colocamos. ¿Qué quedó? La Resolución de Calificación Ambiental fue mucho más estricta que lo que pudimos haber hecho regionalmente, porque fueron tajantes y pusieron artículos que no dejan posibilidad a otro tipo de construcciones que no fuesen parques y jardines.

-Pero lo que hizo la autoridad central de Conama fue aceptar endosarle al futuro comprador la responsabilidad de sanear el terreno si quiere construir a una profundidad de más de un metro.
-Correcto, pero eso ya es otro proyecto.

-Pero sólo están obligados a presentar estudios de impacto ambiental por contaminación de suelos los terrenos de más de una hectárea. ¿Qué pasa si las petroleras venden en lotes de menos de una hectárea o el futuro comprador divide sus proyectos en terrenos más chicos?
-No ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La Ley 19.300 es explícita para ingresar remediación o recuperación de suelos contaminados: de una hectárea para arriba. Si un terreno es menor, no califica. Lo cual  hoy técnicamente es muy cuestionable. El problema lo puedes tener concentrado en 10 metros cuadrados.

-¿Qué pasa si quiero construir en una esquina en plena ciudad donde antes hubo una estación de servicio?
- Te van a responder: “Cumpla con todos los requerimientos que exige la municipalidad y construya”. No van a hacer ninguna recuperación de suelo. Cero. Y no es exigible tampoco por la municipalidad. Y me parece gravísimo, porque las grandes contaminaciones urbanas de suelo tienen que ver con estaciones de servicios o bodegas de sustancias químicas. Hay referencias de todo el mundo, las hay en Argentina y Brasil.

-¿Qué tipo de accidentes se han descrito a nivel internacional?
-Ninguno con grandes muertes, pero el problema es que estos sitios no generan un efecto agudo, sino crónico. Es poco probable, pero no imposible, una explosión. Pero la gente que habita ahí puede adquirir algún cáncer. Cuando se descubre ese cáncer podría derivarse una línea investigativa que establezca que fue adquirido por exposición a los “Betex” (benceno, tolueno y xileno). Había zonas en Sao Paulo donde sentían olor a combustible que les aparecía por el baño, por el lavamanos, el lavaplatos, sufriendo cefaleas, dolores de estómago.

-Respecto de lo que había en el suelo de Las Salinas, ¿la autoridad ambiental tomó muestras propias o sólo conoció los estudios de las muestras que tomaron los consultores de las petroleras?
-Se hace un acto de fe y se reconocen los análisis que hacen los dueños de los proyectos. En todos los proyectos ambientales es igual.

-¿Ustedes no ponen un inspector certificando que las muestras de tierra que se extraen correspondan a las que se declaran?
-No. Ese es uno de los problemas que tiene la legislación ambiental chilena. Uno hace un acto de fe y evalúas y revisas esos datos que te presentan. Te dicen “aquí me aparecieron 5 mg de arsénico” y uno hace un acto de fe de que efectivamente ahí hay 5 mg de arsénico.

-Es decir, ¿en el análisis de las muestras participa sólo el que la extrae y luego las envía a un laboratorio para que sean analizadas?
-Las envía a un laboratorio y si mi memoria no me falla estas muestras fueron analizadas en Holanda. La información está en el “Estudio de Riesgo del Suelo de Las Salinas”. Es información pública. Y ahí te vas a dar cuenta de que el suelo tiene contaminación desde la capa superficial hasta las aguas subterráneas, en todo el perfil.

-¿A qué profundidad están las aguas?
-En el orden de los 4,5 metros. En países desarrollados, cuando se construyen este tipo de obras, incorporan en su gestión ambiental el monitoreo del suelo y del agua, porque si detectan que el suelo se está contaminando, rápidamente deben extraer esa contaminación para que no llegue al agua. Porque al momento de llegar al agua subterránea el problema se te arrancó y es carísimo remediarlo, porque el agua es dinámica y el suelo es relativamente estático. Se necesita mucha investigación para establecer hasta dónde llega la influencia (del contaminante) y nuestra legislación desgraciadamente habla de que el proyecto está circunscrito al terreno que presenta el titular.

-Por eso ustedes propusieron un monitoreo en los sectores aledaños y ellos se negaron porque no es su terreno.
-Esa fue mi gran pelea. No existe una muralla o algo que diga “para allá no pasa el contaminante”. Eso lo demuestras haciendo calicatas y mallas de monitoreo.

-Entonces, una inmobiliaria puede construir una torre en Las Salinas y no va a estar obligada a hacer un monitoreo cada cierto tiempo.
-Hoy no podría construir. Eso es lo que se resolvió jurídicamente. Hoy ahí no se puede construir nada en altura.

-Pero puede presentar un proyecto mayor a una hectárea y someterlo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
-Supongamos que su proyecto es de dos hectáreas y debería ingresar al SEIA. Ahí la constructora tendrá que hacer sus fundaciones bajo un proyecto específico para eso. Y si el EIA le exige monitoreos permanente para poder construir, tendrá que hacerlos.

-¿Y si presenta un proyecto de una superficie menor a una hectárea?
-Ahí solamente tiene que cumplir la normativa sectorial, lo que le pueda exigir la municipalidad, el Ministerio de Salud, el Minvu, como construye cualquier cristiano. Ellos podrían considerar que el proyecto, por su ubicación, podría revestir algún problema y sugerir la pertinencia de ingresarlo al SEIA.

-Esas restricciones están planteadas en el plano regulador cuando se declaró área de riesgo.
-Así es. Efectivamente estaba en el proyecto del seccional y me tocó participar en la evaluación de área de riesgo. La Conama podía recomendar declarar zona de riesgo, pero el Minvu tiene esa atribución jurídica. Y lo sugerimos.

-Los ejecutivos de Copec dicen que en el subsuelo sólo detectaron un compuesto que se denomina TPH Suma, aseguran que son componentes pesados y que sólo migran hacia abajo…
-Hasta que llegan a las aguas subterráneas.

-¿Existe la posibilidad de que en estos TPH Suma hayan hidrocarburos livianos?
-Sí, claro.

-¿Y que en ellos haya Betex?
-Claro. Lo que pasa es que tú dices hidrocarburo y cuando empiezas a hacer la fragmentación, cuando vas con el zoom, puedes encontrar el A y el B.

-Por lo tanto, si tal como lo indican los planos que entregaron las petroleras hay sectores con 40 mil mg de TPH por kilo de suelo a 6,5 metros de la superficie, ¿hay un riesgo cierto de que ahí abajo haya Betex?
-Así es.

-¿Eso no obligaría a hacer la remediación hasta los 6,5 metros al menos en ese punto?
-Así es.

-Siendo así, ¿por qué ustedes sólo le aceptaron remediar hasta un metro, si puede haber benceno superando la norma para subsuelo que ellos mismos propusieron?
-Ahí está la maldad del modelo, porque tú al modelo le colocas datos. Y le colocas como dato el TPH, no le colocas la fragmentación de ese TPH.

-¿Usted piensa que por eso cambiaron del modelo holandés al modelo de EE UU?
-Claramente. Sin duda.

-El estudio de las petroleras sostiene que las napas escurren principalmente desde el talud rocoso al mar en sentido poniente.
-La napa de agua de toda esta zona tiende a este sentido (muestra en dirección surponiente).

-Pero ellos no declararon eso.
-No pues.

-¿Cómo sabe que la napa escurre surponiente?
-Por los estudios de la Dirección General de Aguas (DGA). Esa fue una gran lucha y por eso no quisieron monitorear cuando les pedimos que lo hicieran fuera de los límites del terreno, en Coraceros y en todo el perímetro, incluso en la playa. Ellos utilizaron un criterio jurídico por sobre el técnico. El criterio técnico te obliga, en gestión de sitios contaminados, a monitorear todo lo que sea necesario. Es al revés: partes desde donde tienes contaminante y te vas abriendo desde el centro en anillos, todo lo que sea necesario hasta que no detectes (contaminación).

-Pero las petroleras rechazaron hacer monitoreos fuera del terreno.
-Ese es un gran problema, porque la ley define que los proyectos están circunscritos a un área: “De aquí hasta acá y punto”. Esa es una de las limitantes jurídicas que tenemos.

-Si ustedes sabían que el dato de ellos era inexacto, por los antecedentes de la DGA, ¿por qué lo aceptaron?
-La propuesta de ellos es que el comportamiento de la napa es del talud hacia el mar. Los antecedentes que manejábamos y lo que yo también creo es que esto no es tan así, porque esto no se comporta lineal. Hay rocas y diferencias por depresiones, entonces el agua puede cambiar un poco de sentido. Eso tú lo compruebas con los monitoreos afuera.

-Por eso pidió monitorear afuera. Si con eso hubiese comprobado que el escurrimiento es surponiente, que había un riesgo de contaminación en Coraceros, ¿este plan de remediación hubiese servido tal como está hoy?
-No es suficiente.

-¿Usted hubiese exigido modificaciones sustanciales?
-Pero lógico, las hubiera sugerido. Es una alerta de que el problema no está confinado y los sigo convenciendo, toda la información técnica lo avala.

-Incluso aceptando el criterio de las petroleras de que lo único que está bajo el metro son TPH y que sólo migran verticalmente, en algún minuto se pueden encontrar con la napa y escurrir hacia lugares donde alguien podría captar agua, en Coraceros o el Sanatorio.
-Así es. De eso estoy convencido.

-¿Usted conoce este estudio que ellos presentaron? Aquí decía que el principal sentido de la napa es surponiente y que hay antecedentes previos de suelo con hidrocarburos en Coraceros, pero eso lo borraron en la versión final (Mira el informe).
- (Visiblemente sorprendido) Coincide con lo que yo te digo.

-¿Si hubiese conocido estos antecedentes, esta versión con “control de cambios”, cuando le tocó revisar el estudio, habría adoptado la misma decisión?
-Lo que me muestra aquí no lo había visto. Ahora, si yo hago un juicio de lo que está tarjado (en el texto), sin duda que al leer aparecen otras condiciones que fueron las mismas dudas que a nosotros se nos generaron en la evaluación del proyecto. Aquí hay muchas cosas que podrían confirmar nuestra teoría, que ellos las tenían claras pero las eliminaron. Y eso repercute en la evaluación del proyecto. Tú evalúas un proyecto en función de lo que te entregan. Pero si no te entregan necesariamente los antecedentes que corresponden y después aparecen…

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