El primero de ellos responde a la insignificancia del Congreso como legislador, que se grafica claramente en la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre el post natal. La (exigua) mayoría del TC estimó que era inconstitucional la votación de un artículo que permitía al Congreso elevar el gasto público y alterar la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de leyes sobre seguridad social. El Tribunal ha respaldado históricamente las atribuciones especiales del Presidente en materias presupuestarias. En los gobiernos de la Concertación, el TC confirmó la autoridad del Jefe de Gobierno en materia de administración financiera del Estado. Sin entrar al mérito de la decisión, el problema de fondo se encuentra en el desequilibrio de atribuciones entre el Parlamento y el Ejecutivo. Que un Congreso no tenga la potestad de elevar el gasto público y no pueda legislar –por su iniciativa– las cuestiones políticas básicas de las sociedad –como son las materias laborales, tributarias y de seguridad social, entre otras– configuran la irrelevancia de este poder del Estado. Esta insignificancia contribuye a la trivialidad de su acción, reduciéndose a legislar sobre delitos y monumentos nacionales.

El segundo problema constituye la rotación sin pudor de parlamentarios al gabinete presidencial y viceversa. La situación, como se sabe, comenzó hacia el final del último gobierno de la Concertación. Con la entrada de la entonces diputada Carolina Tohá al gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, se validaba una práctica que erosiona los principios fundamentales de separación de poderes y de representatividad popular. Lo curioso proviene del hecho de que la Alianza gobernante –que lleva menos de dos años en el poder– ha acelerado el menoscabo del Parlamento, cuando las promesas apuntaban a la renovación y el cambio. En todo caso, parece que no hay sorpresas: a la derecha chilena le importa poco la representación popular como eje de legitimidad democrática. Como se sabe, el esquema funciona de la siguiente forma: los cargos de diputados y senadores son incompatibles con otra función pública, como la jefatura de algún ministerio. En caso que un parlamentario asuma como ministro, su cargo queda vacante. Las vacancias parlamentarias, desde la reforma constitucional del 2005, se suplen mediante la decisión adoptada por el partido del ex diputado o senador.

El problema de representatividad y legitimidad se ilustra paradigmáticamente en la ex ministra Von Baer. Quien fuera candidata al Senado y perdiera una elección, fue reclutada para servir como ministra de Estado. Cuando su desempeño político se demostró insatisfactorio, se le requiere la renuncia y se le asegura, como un premio de consuelo (¿?), el cargo de senadora de la República. Es decir, la misma persona que perdió una elección, se ve recompensada para ocupar el mismo cargo que los votantes le negaron, por la mera decisión de los partidos con la aquiescencia del Presidente de la República. La expropiación de la voluntad popular –amparada en una extremadamente permisible lectura de la Constitución– constituye un fraude democrático.

Así las cosas, no debiera extrañar la desconfianza de los actores sociales por la resolución de problemas políticos a través de la intervención del Congreso. Los estudiantes, por ejemplo, rechazaban “desviar” la discusión educacional hacia los legisladores. El diagnóstico de la falta de representatividad ha impulsado la propuesta de mecanismos de democracia directa, como el uso intensivo del plebiscito o la iniciativa popular de ley. Sin perjuicio de las ventajas e inconvenientes de tales mecanismos, las soluciones planteadas parecen contribuir a la estrepitosa decadencia del otrora “poder” del Estado.

La investigación contra el parlamentario se inició luego de que CIPER revelara que la sede distrital que la Cámara de Diputados arrendaba para el diputado Sabag era en realidad una oficina de una sociedad de su padre, el senador Hosaín Sabag, administrada por su hermano Patricio. Desde entonces, la Fiscalía de Valparaíso y la defensa del diputado Sabag han protagonizado una verdadera guerrilla de recursos judiciales que la próxima semana entrará en una fase decisiva.

El primer gran triunfo del parlamentario fue lograr en marzo de 2010 que la causa se trasladara hasta Cabrero, donde está el centro de operaciones políticas y económicas de su familia. Ahí fue formalizado por negociación incompatible y a su hermano Patricio se le imputó la coautoría de fraude al fisco, pero cuando se quiso reformalizar al diputado como autor del mismo delito, éste no se presentó a la audiencia.

Posteriormente Patricio Sabag fue sobreseído por el juez de Cabrero, resolución ratificada por la Corte de Apelaciones de Concepción y por la Corte Suprema. Sin embargo, el voto de minoría del máximo tribunal sería determinante en lo que vendría después.

En abril pasado, los ministros Sergio Muñoz y Pedro Pierry dejaron estampadas duras acusaciones contra las instancias judiciales inferiores que sobreseyeron a Patricio Sabag, al punto que propusieron enviar las resoluciones adoptadas por esos jueces y ministros al pleno de la Suprema para que evaluara sanciones disciplinarias por “la flagrante transgresión de normas que importan, a lo menos ignorancia inexcusable, dada la gravedad y efectos definitivos de la determinación adoptada”.

Una de las “flagrantes transgresiones de normas” fue que, al analizar el sobreseimiento de Patricio Sabag, tanto el juez de Cabrero como la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción se pronunciaron también sobre los delitos que se le imputan a su hermano diputado. Cuestionaron su carácter de funcionario público y el que las asignaciones para arriendo fueran platas fiscales, piedra angular de la acusación de la fiscalía, apoyada por Muñoz y Pierry. Los supremos hicieron críticas a la etapa procesal en que se había sobreseído a Patricio Sabag y a que emitieran pronunciamientos de fondo sin tener acceso a las pruebas.

El voto de Muñoz y Pierry pudo quedarse en el papel, pero fue utilizado como un arma por la Fiscalía de Valparaíso. Primero, pidió a la Corte de Apelaciones de Concepción el desafuero del diputado Sabag, bajo la lógica de que el pronunciamiento de dos ministros de la Suprema sustentaba su posición. Luego envió el voto de minoría a la Fiscalía  de Concepción para que iniciara una investigación por prevaricación. Ésta afecta al juez de Cabrero, Leonel Sánchez, a la ministra suplente Matilde Esquerré, la fiscal judicial Miriam Barlaro y el abogado integrante Patricio Mella, quienes integraron la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones penquista.

En paralelo, y ante el sobreseimiento de su hermano, Jorge Sabag había solicitado que también se pusiera fin a la investigación en su contra. El juez de Cabrero fijó la audiencia para hoy, desatando una carrera contra el tiempo para la fiscalía. Tres veces intentó sin éxito que la corte penquista suspendiera la audiencia hasta que se viera el desafuero. Y aunque tuvo la suerte de que la corte agendara primero la vista del desafuero, el diputado no se presentó: alegó que no había sido notificado. Un argumento formal, pues está claro que sí se enteró, ya que su abogado asistió portando un mandato judicial. Finalmente la audiencia de desafuero se reprogramó para el próximo martes 7.

A ambas partes aún les quedaban varios cartuchos que utilizar. Este lunes, en una entrevista con radio Bío Bío el diputado Sabag acusó a la fiscalía de persecución política en su contra y amenazó con recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que prospera la investigación por prevaricación contra los magistrados. De acuerdo al parlamentario, el origen de la supuesta persecución sería que su padre, el senador Hosain Sabag, votó en contra de una moción que entregaba más atribuciones al Ministerio Público. Y este viernes a través de El Mercurio informó que se querellaría contra la fiscalía por desacato. “Está amarrando las manos a los jueces. Estoy en indefensión”, dijo el diputado.

La acusación de Sabag no detuvo a la Fiscalía de Valparaíso. Al día siguiente presentó un recurso de recusación e implicancia contra el juez de Cabrero Leonel Castro, argumentando que ya se había pronunciado sobre el asunto cuando sobreseyó a Patricio Sabag. El magistrado rechazó inhabilitarse.

Este jueves el juez Castro presidió la audiencia fijada para decidir el sobreseimiento, pero que comenzó con la reformalización del diputado Sabag, quien esta vez sí se presentó. Junto con imputarle el delito de fraude al fisco reiterado, la fiscalía cerró la investigación y presentó la acusación por el mismo delito. Como el diputado aún tiene fuero, se solicitó la suspensión de la audiencia de preparación de juicio oral hasta que se vea el desafuero. Esta medida fue cuestionada por la defensa de Sabag, pero la fiscalía estimó que con antelación se operó de la misma forma en los casos de las diputadas Amelia Herrera y Laura Soto.

La audiencia prosiguió con los alegatos sobre el sobreseimiento de Sabag. Esta vez fue el Consejo de Defensa del Estado el que solicitó la recusación del juez Castro. Nuevamente éste rechazó inhabilitarse. Luego de que las partes expusieran sus argumentos, el magistrado se retiró a su oficina a deliberar por cerca de una hora.

Cuando volvió a la sala se esperaba que diera a conocer su resolución, pero sorpresivamente el juez Castro informó que no podía conocer la causa. Se inhabilitaba. Asumió inmediatamente la secretaria del tribunal, quien citó a las partes para el 9 de junio para zanjar el sobreseimiento.

El cambio de fecha le da espacio a la fiscalía para jugar sus últimas cartas, pues dos días antes los 17 ministros del pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción escucharán los alegatos por el desafuero del diputado Jorge Sabag, quien hoy sí fue notificado de la citación.

La resolución refuta la tesis defendida por la Fiscalía de Valparaíso y el Consejo de Defensa del Estado en la causa por el arrendamiento de una sede distrital del diputado Jorge Sabag, la que era propiedad de su familia. Establece que a su hermano Patricio Sabag, quien firmó por la sociedad familiar, no se le puede acusar de fraude al Fisco pues no es funcionario público. El fallo va más allá: pone en duda los fundamentos legales de los delitos que se le imputan al parlamentario y establece que las asignaciones parlamentarias deben ser reguladas por la Cámara de Diputados y su mal uso no es materia penal.

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de Cabrero que sobreseyó a Patricio Sabag Villalobos, quien se encontraba formalizado por fraude al fisco por haber arrendado como sede distrital una oficina de propiedad de una sociedad familiar a su hermano, el diputado Jorge Sabag.

La sentencia hace un largo análisis jurídico para determinar si a alguien que no es funcionario público se le puede imputar el delito de fraude al fisco. Se trata de un asunto controversial, admiten los magistrados, que finalmente adhieren a la tesis contraria. Para hacerlo citan un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que sobreseyó a Marco Antonio Pinochet, aunque se refieren a él con el eufemismo de una acusación de “malversación de caudales públicos que se le imputaba a miembros de la familia de un ex gobernante”, sin nunca mencionar a Augusto Pinochet.

Se descarta también el argumento de los querellantes de que procesalmente no era el momento para sobreseer al imputado. Esto, debido a que cuando el juez lo hizo ya se encontraba agendada una audiencia en el Tribunal Oral, en la que correspondía revisar la figura penal. La Corte, en cambio, estimó que el sobreseimiento puede dictaminarse en cualquier momento, siempre que los hechos no sean constitutivos de delito.

Además, el fallo entra en materias directamente ligadas con los delitos que la Fiscalía de Valparaíso pretende imputarle al diputado Jorge Sabag. El parlamentario está formalizado por negociación incompatible y no ha sido reformalizado por fraude al fisco debido a que no se presentó a la audiencia a la que fue citado y la Fiscalía tendría que pedir el desafuero para conseguirlo. Esto lo decidiría la misma Corte de Apelaciones de Concepción que emitió su fallo hoy y ya está claro que al menos la sala integrada por la ministra suplente Matilde Esquerré Pavón, la fiscal judicial Miriam Barlaro Lagos, y abogado integrante Patricio Mella Cabrera estiman que no hay delito.

Respecto a los hechos, la resolución afirma que el Ministerio Público no ha podido acreditar que la oficina arrendada por el diputado Sabag a su familia no se haya usado nunca como sede distrital. Si bien la Fiscalía aseguró que es “público y notorio” que no se trata de una sede distrital, los ministro hacen ver que hay declaraciones de personas que afirman que sí lo es.

Las dudas sobre Jorge Sabag

>La sentencia va más allá y se pronuncia sobre la discusión de si las asignaciones son o no fondos públicos. El senador Hosaín Sabag –padre del diputado investigado– ha insistido reiteradamente que se trata de dineros de libre disponibilidad, mientras que numerosos abogados se han inclinado por la tesis contraria.

Los magistrados adhieren a Sabag, al afirmar que sostener que el diputado es funcionario público es una “cuestión absolutamente oscura en la doctrina penal dado que detenta un cargo por elección popular” y estiman que a la luz de los antecedentes recopilados no es posible sostener que haya intervenido en razón de su cargo, como lo exige la ley para castigar el delito.

Además, sostienen que el uso de las asignaciones parlamentarias es asunto del reglamento interno de la Cámara de Diputados y no constituyen materia penal:

-Que en cuanto al perjuicio, de estimarse que las asignaciones de arriendo y telefonía son de propiedad del parlamentario, las cuales posibilitan el ejercicio de las funciones propias de un cargo de elección popular y dan cuenta de la independencia que se debe asegurar a los representantes de un poder del Estado, en relación a los otros poderes públicos, una supuesta incorrección en su uso, será materia propia del régimen interno de la respectiva Cámara, la cual podrá soberanamente ejercitar las medidas de control interno, sean de carácter administrativas o restitutorias en contra del congresista infractor que no cumple el destino contemplado para la asignación, pero ello está lejos de constituir un delito, conducta típica que debe estar sancionada con antelación al castigo penal, lo que en este caso no ocurre, descartándose de esta manera toda tentación analógica en la aplicación de sanciones penales, demostrativa de una sociedad en que los derechos fundamentales pierden su eficacia, constituyendo un síntoma de regresión en la protección de los derechos humanos.

El año pasado en el Congreso Nacional se analizó la posibilidad de crear una figura penal especial para los delitos parlamentarios. Para ello se escuchó a cinco destacados abogados de la plaza: Jorge Bofill, Jean Pierre Matus, Juan Domingo Acosta, Jorge Correa Sutil y Patricio Zapata. Finalmente se decidió no legislar y según se relató entonces, a la mayoría de los parlamentarios que asistieron a la sesión les quedó claro que si bien administrativamente los parlamentarios no son funcionarios públicos, sí lo son para los tipos especiales de delitos considerados en el Código Penal. Resultaba, entonces, absurdo crear tipos nuevos.

En esa ocasión, el presidente de la Cámara de Diputados y actual subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez, sostuvo que había llegado al convencimiento de que a los parlamentarios sí se les pueden aplicar algunos de los artículos con los que el Código Penal sanciona exclusivamente a los funcionarios públicos.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción pone en duda esa tesis, así como también el hecho de que las asignaciones parlamentarias sean fondos públicos.

La discusión anterior se dio en el marco de un escándalo por el mal uso de dichos recursos revelado por el programa Informe Especial y La Nación Domingo. Como consecuencia el ex diputado René Aedo (RN), imputado por negociación incompatible, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y devolvió $10 millones y donó otro millón. Aedo arrendaba una sede parlamentaria que era propiedad de una sociedad de la que formaba parte.

Más tarde la diputada Claudia Nogueira llegó a otro acuerdo y devolvió $ 30 millones, junto con donar otros $ 5 millones. La parlamentaria deberá firmar por 18 meses, pero evitó una condena por usar las asignaciones parlamentarias para pagar servicios que no se realizaban, dinero que era depositado luego en su cuenta corriente.

Queda pendiente el fallo del ex diputado Maximiano Errázuriz, a quien se le imputan los delitos de fraude al fisco y uso malicioso de instrumento privado.

Tras esta seguidilla de casos, CIPER reveló la situación del diputado Jorge Sabag, quien arrendaba una sede distrital en Cabrero que era propiedad de una sociedad familiar y en la que funcionaba la barraca de los Sabag. La Fiscalía de Valparaíso inició una investigación pero el diputado consiguió que la causa fuera trasladada a su distrito -donde incluso se prohibió a la Fiscalía informar a la prensa-, razón por la cual el fallo de hoy recayó en la Corte de Apelaciones de Concepción.

El pasado 2 de noviembre el Juzgado de Cabrero sobreseyó a Patricio Sabag, quien se encontraba formalizado por fraude al Fisco por haber firmado un contrato en representación de la empresa de su padre, el senador Hosain Sabag, para arrendar una sede distrital a su hermano, el diputado Jorge Sabag.

La resolución acogió el argumento de Patricio Sabag, en cuanto a que la figura de fraude al fisco por la que había sido formalizado sólo puede aplicarse a los empleados públicos y él no lo es.

Se trata de un golpe para la estrategia del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, que ya apelaron ante la Corte de Apelaciones de Concepción en busca de revertir la decisión. Los querellantes estiman que no correspondía que el juez se pronunciara sobre el sobreseimiento en momentos en que la acusación ya había sido presentada y estaba agendada una audiencia en el Tribunal Oral para el 18 de este mes, donde podría haberse revisado la figura penal.

La Corte de Apelaciones de Concepción ya resolvió sobre una arista de este caso el 4 de octubre pasado, cuando rechazó el sobreseimiento del diputado Jorge Sabag. En esa ocasión el fallo se basó en que “si bien los hechos que se le atribuyen al imputado (…) no serían, hasta ahora, típicos, no resulta razonable, dada su complejidad y controversia, decretar en el estado en que se encuentra la presente investigación el sobreseimiento definitivo impetrado por el recurrente, más aun si se considera que los intervinientes se limitaron en la audiencia a mencionar someramente sólo parte de algunos de los antecedentes allegados a la investigación”. La resolución fue dividida, con el voto en contra de la ministra Flora Sepúlveda, que expuso un largo argumento a favor del sobreseimiento.

El diputado Sabag sigue imputado por negociación incompatible y aunque la fiscalía intentó re-formalizarlo por fraude al Fisco, no pudo hacerlo porque éste no se presentó a las audiencias. Si decide insistir en cambiar la figura penal, la fiscalía tendría que recurrir nuevamente a la Corte de Apelaciones de Concepción para solicitar el desafuero del parlamentario.

La investigación de la Fiscalía de Valparaíso se inició luego de que CIPER publicara un reportaje que denunciaba que la sede distrital que la Cámara le pagaba a Sabag era propiedad de una empresa de propiedad de su padre senador. En su representación firmaba Patricio Sabag, ahora sobreseído. En marzo, el imputado consiguió trasladar la causa a Cabrero, ciudad de la Octava Región donde su familia tiene gran poder político y económico.

La información respecto a esta causa es limitada debido a que en un hecho inédito en un proceso de este tipo, el Juzgado de Cabrero acogió una solicitud de Sabag y determinó que el Ministerio Público no podía entregar ningún tipo de información a la prensa.

En el Congreso, el senador Sabag ha intentado dejar sentado que las asignaciones son de libre disposición y que por lo tanto los parlamentarios no pueden ser juzgados por lo que hagan con ellos. Hace un año logró incluir una inédita glosa en el presupuesto que explicitaba la libre disposición de los fondos y, según publicó La Segunda, en septiembre pasado le pidió al secretario del Senado Carlos Hoffman –hoy cuestionado por como ha manejado la acusación de acoso sexual a un funcionario– que emitiera un certificado certificando que puede contratar parientes.

“No existe disposición legal, reglamentaria ni acuerdo de la Honorable Comisión de Régimen Interior que prohíba la contratación por parte de los Honorables señores Senadores con cargo a sus asignaciones, de personas ligadas a ellos por vínculos societarios o de parentesco para que se desempeñen mediante contratos de trabajos o a honorarios”, dice el certificado.

A diferencia del Senado, la Cámara de Diputados exige que se justifique la contratación de parientes por circunstancias excepcionales, aunque mantiene en reserva dichas razones.

A primera vista no habría nada que objetar. Si existen cuantiosos recursos disponibles para afrontar las agudas necesidades que el país sufre, ¿por qué no echar mano a tales dineros que descansan tranquilamente? ¿Acaso el terremoto no es un caso fortuito que justifica gastos extraordinarios de recursos que están afectados para la compra de pertrechos militares? ¿No se requiere medidas excepcionales para enfrentar una situación especial como fue el sismo de febrero pasado?

La respuesta, sin embargo, no descansa en los motivos o benévolos deseos de las autoridades. La reconstrucción de una parte significativa del país requiere cumplir, para ser legítima, con estándares democráticos que aseguren la rendición de cuentas y accountability de la acción gubernamental. En otras palabras, como se trata de decisiones que nos incumben a todos los chilenos y que comprenden millonarios montos, lo mínimo que puede exigirse a la autoridad es que los ciudadanos podamos acceder a los fundamentos de tales medidas. Y esto es, precisamente, en lo que la Ley del Cobre falla, marginando a la sociedad civil y excluyendo de la deliberación y control democrático a toda la ciudadanía.

Dicha legislación, como es sabido, es secreta. No es que ciertos montos o algunos aspectos de los contratos sean reservados, sino que las normas –en su totalidad– no están disponibles para el público. Y aquí radica el problema, puesto que se trata de una ley que contraviene el principio de transparencia que recoge el artículo 8 de la Constitución. Tal grado de secreto es inconstitucional porque violenta las bases democráticas de deliberación de los asuntos públicos en materia de defensa nacional. Tal cuestionamiento no puede sino acentuarse cuando se emplean sus recursos para fines distintos a la defensa. No se cuestiona la necesidad de gastar recursos para determinados fines -como es la reconstrucción-; lo que está en jaque es la falta de transparencia sobre las decisiones que nos afectan a todos y que no podemos evaluar sin la necesaria información pública de la que esta ley nos margina completamente.

(*)Pablo Contreras es abogado y candidato al LL.M. en IHR, por Northwestern University.

Este viernes 6 de agosto tendrá lugar en Cabrero una audiencia de cautela de garantías solicitada por la defensa del diputado Jorge Sabag, quien se encuentra formalizado por negociación incompatible en los pagos irregulares realizados a supuestas sedes parlamentarias. La audiencia fue pedida por su abogado Hernan Bosselin, quien calificó de “filtraciones” las publicaciones periodísticas sobre este caso, argumentando que vulneran las garantías de su defendido. La defensa busca que el juez fije límites a la información pública de esta investigación para lo cual ha invocado un artículo del Código Procesal Penal que permite hasta el sobreseimiento temporal de la causa. La decisión del tribunal de Cabrero no es un mero trámite, tendrá lugar en los días previos a la reformalizado del diputado, esta vez por fraude al Fisco, lo que está programado para fines de este mes.

Para este viernes a las 13:30 está fijado un sorpresivo hito en el proceso judicial que enfrenta el diputado (DC) Jorge Sabag, hijo del senador Hosain Sabag. Su abogado, Hernán Bosselin, pidió una audiencia cautelar de garantías pues -según fuentes cercanas al tribunal- estima que las informaciones publicadas por la prensa respecto al caso afectan su presunción de inocencia y crean un clima de hostilidad.

Bosselin invocó el artículo 10 del Código Procesal Penal, que establece que el juez debe adoptar las medidas necesarias para el respeto de las garantías constitucionales de un imputado. Esta disposición legal permite incluso la suspensión y el sobreseimiento temporal de la causa.

La semana pasada Bosselin anunció a través del diario La Segunda que presentaría un reclamo contra quienes resultaran responsables de las “filtraciones” de información. El reclamo se originó en la molestia que le provocó la información difundida por el vespertino –lo que también hizo CIPER– en relación al requerimiento hecho por la Fiscalía al Servicio de Impuestos Internos sobre la sociedad Nabatieh S.A., propiedad del senador Hosain Sabag y su familia. En la investigación en curso dicha empresa aparece recibiendo más de $20 millones de asignaciones parlamentarias del diputado Sabag, los que no fueron declarados para el pago de impuestos.

Quienes han seguido desde sus inicios esta polémica indagatoria aseguran que el grueso de la información ya había sido entregada por la Fiscalía en una audiencia pública, por lo que no se trata de filtraciones ni de información reservada. En esa misma audiencia, el diputado Sabag intentó que sólo se le otorgaran 15 días a la Fiscalía para investigar. El Ministerio Público argumentó que lo sucedido con los fondos de Nabatieh podría configurar fraude al Fisco, por lo que era necesario más tiempo. Finalmente el tribunal le otorgó 5 meses para investigar.

Como el plazo está por cumplirse, la defensa de Sabag solicitó una audiencia –fijada para el 31 de agosto– para pedir el sobreseimiento del imputado. Para la misma fecha, la Fiscalía pidió en cambio la reformalización del diputado, modificando la acusación desde negociación incompatible a fraude al Fisco. Y agregó la formalización de su hermano Patricio Sabag como coautor del mismo delito, en virtud de que es la persona que firmó los contratos de arrendamiento de la sede parlamentaria por Nabatieh S.A.

Pese a la molestia del diputado Sabag por lo que estima “filtraciones” a la prensa, lo cierto es que la investigación por la cual se encuentra formalizado se inició en la prensa. Fue después de un reportaje de CIPER que el Ministerio Público decidió pesquisar los contratos de Sabag y sumarlos a otros gastos de diputados que ya investigaba. Estos se originaron también en una serie de publicaciones periodísticas del diario La Nación y el programa Informe Especial (TVN) sobre irregularidades en los pagos de las asignaciones parlamentarias.

El primer reportaje sobre Sabag fue publicado hace un año. En él se reveló que el diputado tenía registrada como oficina parlamentaria una dirección que pertenecía a una sociedad de su padre, el senador (DC) Hosain Sabag. El contrato de arrendamiento había sido firmado por su hermano Patricio a nombre de la sociedad familiar Nabatieh. En esa ocasión, el diputado Sabag argumentó que se trataba sólo de una forma de administrar los fondos y que luego, con ese dinero se pagaba el arriendo de distintas sedes distritales. Para entonces el Ministerio Público había reunido nuevos antecedentes y lo formalizó por negociación incompatible. La imputación podría agravarse si es formalizado por fraude al Fisco, debido a que la Fiscalía habría acreditado que la sede por la cual se firmó el contrato sólo funcionó para las empresas de los Sabag y nunca como oficina parlamentaria.

Inicialmente el caso fue visto en la Corte de Valparaíso e investigado por la Fiscalía de la Quinta Región, sin embargo Bosselin consiguió que la causa fuera trasladada a Cabrero, localidad de la Octava Región que es el corazón del imperio político y económico del clan Sabag.

El Ministerio Público de Valparaíso envió además los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos para que este organismo evalúe si inicia acciones legales por evasión tributaria a una de las sociedades de la familia del senador Hosain Sabag. El caso se enmarca entre las investigaciones por malos usos de los fondos de asignación parlamentaria, en una de cuyas aristas la fiscalía pidió esta semana la primera condena: 7 años para el diputado Maximiano Errázuriz, por los delitos de fraude al Fisco y uso malicioso de instrumento público.

Cuando ya está a punto de concluir el plazo que el Juzgado de Cabrero le otorgó para investigar el uso de los fondos para asesorías del diputado DC Jorge Sabag, la Fiscalía de Valparaíso pidió audiencia para reformalizar al parlamentario. En marzo pasado, a Sabag se le imputó el delito de negociación incompatible, debido a que en vez de pagar directamente el arriendo de sus sedes distritales lo hizo a una sociedad de su padre Hosain Sabag. Ahora se le acusa de fraude al fisco, debido a que la fiscalía cree tener los elementos para probar que una de dichas sedes nunca funcionó como tal, sino que era simplemente una oficina del negocio familiar.

La nueva audiencia fue fijada para el 31 de agosto, ocasión en que también se pedirá la formalización de otro de los hijos del senador Sabag, Patricio, como “coautor extraneus”, pues a diferencia de su hermano no es funcionario público, lo que implica que si no se le imputa la figura de fraude al fisco podría calificar como estafa. El contrato de arriendo de la supuesta sede distrital de Cabrero fue firmado por el diputado Jorge Sabag y la contraparte fue su hermano Patricio. Este último actuó como representante legal y gerente de Inmobiliaria Nabatieh, una sociedad familiar formada en 2004 por sus padres, el senador Hosain Sabag y su esposa Fresia Castillo.

CIPER reveló las irregularidades del contrato en agosto pasado y en esa ocasión el diputado Sabag aseguró que Nabatieh recibía los fondos y luego pagaba los arriendos de sus distintas sedes de San Carlos, Quirihue y Yumbel. Aseguró que por la oficina de Cabrero, ubicada en Río Claro 1050, propiedad de su padre, no pagaba arriendo. Sin embargo, el contrato de la Cámara de Diputados era por esa locación y la fiscalía ha recopilado testimonios que darían cuenta de que nunca funcionó como sede distrital. En la misma investigación consta que al contrato original de la Cámara se le agregó un anexo que incluía el pago de la oficina de San Carlos. Esta última fue arrendada en 2002 a nombre del senador Sabag. La fiscalía investiga aún quién era el que la pagaba.

Si se considera que la sede de San Carlos costaba $180.000, mensualmente casi $400.000 fueron recibidos por Nabatieh para la oficina de Cabrero. Como la fiscalía estima que nunca funcionó, calcula que el perjuicio fiscal es de más de $20 millones. Este monto fue recibido por Nabatieh y no habría sido tributado. Como no tiene atribuciones para investigar este delito, el Ministerio Público puso hace semanas todos los antecedentes en manos del Servicio de Impuestos Internos, entidad que no ha entregado respuesta. Si se decide a iniciar acciones legales, la eventual evasión de la sociedad del senador Hosaín Sabag podría ascender a unos $5 millones.

Mientras la fiscalía busca ampliar el plazo de investigación, el abogado del diputado Sabag, Hernán Bosselin, había pedido con anterioridad que se decretara el sobreseimiento definitivo de la causa.

La investigación se inició tras un reportaje de CIPER y la encabeza la Fiscalía de Valparaíso debido a que en esa ciudad se encuentra la Cámara de Diputados. Sin embargo, en marzo Bosselin logró que la causa se trasladara a Cabrero -donde dice que se firmó el contrato-, localidad de la VIII Región donde los Sabag han construido un imperio político y económico.

La decisión de los ministros no es banal. Si la investigación debe rendir cuentas al juzgado de Cabrero, el diputado Sabag se defenderá en un terreno que conoce como pocos. En esa zona su familia ha construido un verdadero imperio político y económico.

Su padre, Hosain Sabag (DC), es el senador de la región (VIII Norte); él diputado y su tío (hermano del senador Sabag) alcalde. Además, otros familiares tienen posiciones estratégicas: un hermano preside la asociación de canalistas y una hermana es oficial segundo de la Notaría y Conservador de Bienes Raíces de Cabrero. Incluso la Policía de Investigaciones funciona en una casa entregada en comodato por el senador Sabag, ubicada justo a un costado de la oficina que figuraba como sede parlamentaria del diputado y que motivó una investigación de CIPER.

La Fiscalía de Valparaíso lo investiga por haber usado los fondos destinados a arriendo de su sede parlamentaria para pagarle a una empresa de su padre, el senador Sabag, y que es gestionada por su hermano. La supuesta sede es en realidad la oficina donde se concentran los negocios familiares en Cabrero, ciudad donde el diputado fue formalizado.

Desde enero pasado que el diputado Sabag intenta que el juzgado de su distrito se haga cargo del caso, aunque la investigación podría seguir en manos de la Fiscalía de Valparaíso. Formalmente, lo que la Corte de Apelaciones decidirá este viernes es el principio de ejecución del presunto delito: si éste se realizó en Valparaíso, donde se firmó el contrato de arrendamiento; o en Cabrero, donde se encuentra la cuestionada sede distrital. Por la primera opción se inclinan la fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, mientras que la defensa del diputado intenta probar lo contrario.

Pero de acuerdo a los hechos investigados, lo que está en juego es algo más.

La disputa comenzó el pasado 7 de enero, cuando el Ministerio Público pidió audiencia para formalizar a Sabag en el Juzgado de Garantía de Valparaíso. Ese mismo día el diputado presentó en el Juzgado de Cabrero una solicitud para que se le informara si existía una investigación en su contra.

Lo que vino después fue una confusa secuencia de presentaciones judiciales entre Cabrero y Valparaíso. La fiscalía representó ante el tribunal de la VIII Región que la solicitud de Sabag carecía de fundamento, ya que él estaba al tanto de que era investigado en la V Región. Y avaló sus dichos en el hecho de que el propio hermano del diputado, Patricio Sabag, había declarado en septiembre del año pasado.

De todos modos se realizó una audiencia en Cabrero. El tribunal dio 60 días de plazo para que se formalizara al diputado. El plazo se cumplía el 21 de marzo. Pero antes, el 3 del mismo mes, estaba fijada una audiencia con el mismo objeto en Valparaíso, la que tras el terremoto se postergó para el 7 de abril, fecha posterior al plazo fijado por Cabrero. Finalmente, se consiguió adelantar la fecha. El 10 de marzo Sabag se anotó un triunfo: la jueza Verónica Toledo resolvió que el juzgado competente era el de Cabrero. La resolución pasó inadvertida. Faltaban sólo horas para la ceremonia del cambio de mando presidencial.

La fiscalía apeló de la resolución de la jueza Toledo e insistió en que Cabrero no era el lugar en que se cometió el delito investigado. El lunes 22 de marzo se realizaron los alegatos. Sabag estuvo representado por el abogado Hernán Bosselin. Pero la resolución quedó pendiente. Entonces, la audiencia de formalización -que se había adelantado para el 18 de marzo- fue suspendida por incompetencia. De todos modos Sabag no se presentó en la corte ese día: estaba con licencia médica.

En el intertanto, los 60 días de plazo que le impuso el tribunal de Cabrero a la fiscalía de Valparaíso para formalizar a Sabag, seguían corriendo. De no mediar una acción judicial, se corría el riesgo de que la causa se sobreseyera. Fue entonces que la fiscalía decidió pedir audiencia en Cabrero. Ahí fue formalizado el martes pasado el diputado Jorge Sabag. Hasta la Octava Región viajaron la fiscal adjunta de Valparaíso, Paola Castiglione y el abogado del CDE, Javier Rojas. Sabag estuvo representado esta vez por el abogado Mario Boero Gasparini, de Concepción, quien pidió que la investigación durara sólo 15 días. No tuvo éxito: la fiscalía tendrá 5 meses para investigar.

La defensa del senador Sabag

La investigación de la Fiscalía de Valparaíso se inició luego de que CIPER revelara en agosto del año pasado las inconsistencias en la sede distrital del diputado Sabag. La oficina para la cual la Cámara le entregaba la asignación de arriendo, ubicada en la calle Río Claro 1050 de Cabrero, era en realidad la oficina del aserradero y otros negocios de la familia Sabag. El pago lo recibía mensualmente una sociedad del senador Hosain Sabag y su esposa. Al ser consultado, el diputado dijo en ese momento que su hermano Patricio, gerente de la empresa, distribuía luego el pago entre sus otras sedes.

Cuando las pesquisas de la fiscalía ya estaban públicamente en curso, el senador Sabag aprovechó la tramitación de la Ley de Presupuesto para intervenir indirectamente en el problema de su hijo. El gobierno presentó una glosa –que nadie dice haber pedido, aunque algunos apuntan a Sabag– que especifica que las asignaciones parlamentarias “continuarán siendo de libre disposición”. En la comisión mixta el senador dijo que si ese punto no se aclaraba, todos los parlamentarios podrían ser acusados penalmente por negociación incompatible (la figura que se le imputa a su hijo) y criticó veladamente al Ministerio Público.

En enero, Hosain Sabag volvió a ocuparse del problema y defendió a su hijo en el diario El Sur de Concepción usando justamente el argumento de la misteriosa glosa: “En la Ley de Presupuesto 2010 se dice que estos recursos son de libre disposición y por lo tanto no se puede cuestionar su uso”. A juicio del senador Sabag, el dinero no es de la Cámara sino de cada diputado y además sostiene que parlamentarios sí pueden firmar contratos con sus familiares, a diferencia de las otras autoridades.

Sebastián Piñera asume con una limitación diseñada por sus propios partidarios, un contrapeso al poder presidencial que limitará su capacidad de tomar decisiones. La Constitución fue pensada para que la mayoría que fue opositora al régimen militar no pudiera gobernar sin la venia de sus partidarios. Pero ahora que un presidente de derecha vuelve a ocupar La Moneda, su precariedad parlamentaria se transformará en un problema debido a los “amarres” que quienes lo apoyan dejaron.

En la teoría política la “transición” es uno de los términos más analizados del mundo y, a la vez, uno que tiene varias acepciones.

En Estados Unidos “transición” es simplemente el traspaso de mando desde un gobierno a otro, bajo la misma Constitución, en el lugar, día y hora que precisa la ley. Transición de Clinton a Bush; de Bush a Obama; o, como a los norteamericanos les gusta hablar de números, el traspaso del 43° al 44° presidente.

En América Latina, tras la caída de las dictaduras la “transición” aludió ya no al paso de un gobierno a otro sino a algo más profundo, el tránsito de un sistema político (la dictadura) a su opuesto (la democracia). Dicho de otro modo, el paso del poder ilimitado al poder sujeto a límites, reglas y responsabilidades que fija la ley.

¿CUÁNTO PODER SE TRASPASA A PIÑERA?

El jueves 11 de marzo, cuando Bachelet entregó el poder a Piñera es claro que estamos hablando de una transición del primer tipo y en ningún caso del segundo. Pero a la mayoría de los chilenos estas disquisiciones académicas le importan poco. Lo que realmente les interesa saber en esta transición es cuánto poder se está traspasando de la Concertación a la nueva coalición gobernante.

La respuesta no es fácil pues estamos ante una función presidencial que expresa la contradicción de reunir un poder muy grande pero, a la vez muy acotado. Es muy grande porque la Presidencia de la República es el corazón del sistema político chileno. Ahí se concentra la totalidad del Poder Ejecutivo y es, a la vez, el principal poder colegislador. Maneja la administración pública, las relaciones exteriores, la defensa.

Pero también es un poder bastante acotado por la forma en que las actuales fuerzas electorales se expresarán en las estructuras de poder en los próximos cuatro años. El ceremonial del cambio de mando lo pone de manifiesto de una manera que habla más que mil palabras. La banda presidencial, el símbolo de su poder, no le fue entregada a Sebastián Piñera por uno de sus partidarios ni por una autoridad neutral, sino por un opositor: el presidente del Senado, Jorge Pizarro.

El mensaje es claro: el poder y sus límites.

En términos muy concretos, los hechos que configuran los equilibrios, pesos y contrapesos de poder son básicamente cuatro.

Primero, el Presidente Piñera tuvo un triunfo indiscutido en la contienda electoral. Pero es cierto también, que lo hizo por un estrecho margen. Obtuvo un 51,6% de los votos, esto es un punto y medio más que la mayoría absoluta.

Segundo, la coalición que apoya al Presidente es minoritaria en el Senado como lo prueba que esta Cámara estará presidida durante todo su período por un miembro de la oposición.

Tercero, la coalición del Presidente es también minoritaria en la Cámara de Diputados y para ser mayoría requiere sumar a los tres congresistas de un minúsculo partido (PRI) que además se ha definido como opositor al gobierno. Es la alianza con el PRI, puramente instrumental como la ha definido esta colectividad, la que ha puesto en la presidencia de la Cámara a una militante del PRI y a un vicepresidente de la UDI y otro de RN.

Finalmente -salvo la Contraloría, sobre cuyo titular pesa la duda de una fuerte inclinación hacia el nuevo gobierno- los demás poderes del Estado (Corte Suprema, Tribunal Constitucional; etc.) tienen hoy una composición pluralista y equilibrada que asegura su independencia respecto del poder presidencial. Ellos no estarán en la oposición a Piñera, pues traicionarían su sentido y misión, pero ya no serán el apéndice del Poder Ejecutivo que fueron bajo la dictadura Esta independencia es otro factor de equilibrio de poder y una garantía esencial del Estado de Derecho.

IRÓNICA PRECARIEDAD

Pero la más pesada limitación con la que Piñera deberá gobernar no está determinada por la precariedad de su poder parlamentario, sino por un hecho que aparece como una ironía de la historia.

Los redactores de la Constitución del 80 -todos ellos pertenecientes a las fuerzas políticas que hoy apoyan a Piñera- la hicieron a la medida de su propio temor. Pensaron que llegado el momento del sufragio universal, el pueblo elegiría a alguien contrario “a la obra del régimen militar” y por tanto decidieron crear mecanismos para impedir que esa mayoría electoral que ocuparía la Presidencia y el Parlamento pudiera gobernar sin la autorización de ellos.

Tal fue el sentido de una institución tan burda como los senadores designados y también el propósito del sistema electoral binominal. Para los efectos del análisis que aquí se hace sobre el poder real del gobierno de Piñera, lo que realmente importa es la calificación de las mayorías en el Congreso.

Desde el punto de vista democrático es posible sostener que para aprobar, derogar o reformar las leyes, el que tiene un voto más manda. Pero ése no fue el espíritu de quiénes redactaron la Constitución del 80. Ellos establecieron que la fuerza política que obtuviera la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados y el Senado (61 y 20 votos, respectivamente) debía poder hacer muy poco: aprobar, en general, leyes sin importancia; pero para las decisivas era necesario contar con el respaldo de bastante más.

Concretamente casi todas las leyes más importantes, las leyes orgánicas constitucionales (LOC), requieren para su aprobación, modificación o derogación del voto favorable de los cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio: 68 votos en la Cámara y 22 en el Senado.

Esta expresa limitación impuesta a la mayoría política para gobernar fue tan extrema para los redactores del texto original que estableció que para aprobar, reformar o derogar las LOC se requería de un quórum de los dos tercios: 80 de los 120 diputados y 25 de los 38 senadores, y sólo fue la insistencia de la Concertación la que permitió bajar esos quórums en la reforma de 1989, que se negoció y aprobó después del plebiscito de 1988 y antes que asumiera Patricio Aylwin.

La ironía de la historia es que hoy las mismas fuerzas que aprobaron esa Constitución deberán asumir los efectos de la limitación a la mayoría que ellos mismos crearon e impusieron. Concretamente, para aprobar leyes importantes el gobierno piñerista deberá salir a buscar diez votos -que no tiene- en la Cámara de Diputados; y cuatro que le faltan en el Senado.

No a Sebastián Piñera (que no participó en la redacción de la Constitución del 80), pero sí a las fuerzas que lo apoyan, particularmente la UDI, es aplicable una paráfrasis de un viejo dicho: para redactar constituciones y comer pescado hay que hacerlo con mucho cuidado. Hoy, tal vez la mayor limitación que puede tener el gobierno de derecha son los “amarres” que ellos mismos crearon cuando no imaginaban que alguna vez iban a llegar a ocupar el Poder Ejecutivo y a través del voto.

Un nuevo coletazo en las irregularidades de las asignaciones parlamentarias dejó la Ley de Presupuesto. El presupuesto del Congreso incluyó una inédita glosa que especifica que los fondos aprobados por las comisiones de régimen son de libre disposición. El senador Hosaín Sabag dice que esto permite demostrar que a los parlamentarios no se les aplican las sanciones penales relativas a los funcionarios públicos, una interpretación que afecta directamente a su hijo Jorge Sabag, investigado por el fiscal de Valparaíso por “negociación incompatible”. Ya en agosto pasado el Congreso debatió la idea de crear un delito especial para los parlamentarios, pero destacados penalistas les aclararon que significaría “sustraerse del sistema penal” además de replicar lo que ya existe en el Código Penal.

Son sólo tres líneas. Y aunque ellas son el primer texto legal que establece específicamente la libre disposición de las asignaciones parlamentarias, pasaron completamente inadvertidas. La inédita glosa fue incluida en la partida presupuestaria para el 2010 del Congreso Nacional en la Ley de Presupuestos y podría no tener ninguna importancia, si no fuera porque el fiscal de Valparaíso, Jorge Abbott, está investigando si diputados de distintas bancadas hicieron mal uso de dichas asignaciones.

La Cámara Baja ha defendido ante el fiscal Abbott la tesis de que las asignaciones parlamentarias son de libre disposición: Por ello, para la mayoría de los parlamentarios consultados por CIPER la glosa sólo ratifica la situación actual (Ver recuadro). Pero para el senador Hosain Sabag (DC), las tres líneas en cuestión tienen implicancias mayores. Y aunque Sabag afirma que su inclusión solo busca defender la autonomía del Congreso, su activa participación en este acápite toca directamente la delicada situación que afecta a su hijo, el diputado Jorge Sabag, investigado por Abbott por “negociación incompatible”.

Según consta en el acta de la subcomisión mixta que analizó el presupuesto del Congreso Nacional, “(el senador Sabag) advirtió que si no se aclara la libre disposición de las asignaciones parlamentarias todo el Poder Legislativo podría verse amenazado por la aplicación de los artículos 260 y 240 del Código Penal”.

¿De qué habla Sabag? El artículo 260 define quiénes son considerados en materia penal como empleados públicos, especificando que incluye a los que ostentan un cargo de elección popular. El artículo 240 es el que establece la negociación incompatible para los funcionarios públicos, castigando a quienes saquen provecho de negocios celebrados en virtud de sus cargos. El artículo incluye a quienes beneficien a sus familiares o socios.

Ese es precisamente el foco de la investigación que lleva a cabo el fiscal Abbott sobre el hijo de Sabag. Y lo que el fiscal está en vías de determinar es si el diputado incurrió en dicho ilícito al utilizar los fondos que la Cámara de Diputados le entregó para arriendo de sedes distritales al pagarle a una sociedad formada por sus padres, gerenteada por su hermano, y en cuya dirección funcionan las empresas de la familia Sabag.

La investigación de Abbott se originó tras un reportaje de CIPER, en el que Jorge Sabag aseguró que se trataba sólo de una forma de organización financiera, pues en realidad la sociedad de sus padres pagaba el arriendo de otras tres sedes que sí funcionaban como oficinas parlamentarias.

De acuerdo a la tesis que intenta imponer, entre otros, su padre Hosain Sabag, los parlamentarios no son empleados públicos y por lo tanto no se les puede aplicar la figura de negociación incompatible. “En su opinión no se pueden asimilar los Parlamentarios a los funcionarios públicos, porque se trata de funciones distintas y menos se pueden aplicar los delitos contemplados para los funcionarios públicos a los Parlamentarios. En efecto, acotó que los Parlamentarios tienen la libre disposición de sus dietas y de sus asignaciones parlamentarias, situación distinta a los empleados públicos, puesto que los Parlamentarios no están obligados por ley a rendir cuenta de la administración de sus asignaciones”, recoge el acta de la sesión celebrada el 28 de octubre pasado.

La argumentación de Sabag ante la comisión mixta busca que se deje legalmente establecido que las asignaciones que reciben los parlamentarios son fondos de libre disposición y sin fiscalización externa: “En este sentido, manifestó su apoyo a la propuesta de agregar una nueva glosa que declare la continuidad de la libre disponibilidad de las asignaciones parlamentarias, para así evitar que nuestro Parlamento continúe siendo sometido a diversos vejámenes. La idea, continuó, es defender a nuestra institución y a su autonomía, y a los Parlamentarios. Asimismo, sostuvo que no se pueden sentir constantemente amenazados por otros poderes, porque los fondos de la dieta parlamentaria, así como los de las asignaciones parlamentarias son de libre disposición, sujetos únicamente a la revisión y a las disposiciones que dicte la Comisión de Régimen Interior de cada Cámara”.

En su intervención en la subcomisión de presupuesto, Sabag hizo una crítica velada al trabajo del Ministerio Público, sosteniendo que “el propio Congreso Nacional ha aprobado una serie de instituciones con poderes ilimitados y que hoy día se han encargado de denostar a una institución tan antigua como el Congreso Nacional”.

Y para dar mayor fuerza a su argumentación, asimiló las asignaciones de los parlamentarios a los gastos reservados del Ejecutivo, que “pueden ser invertidos discrecionalmente por la autoridad superior del organismo al que se asignan, para las distintas necesidades comprendidas en la órbita de las funciones y objetivos públicos que le competen, en tanto que dichos gastos no estén prohibidos por ley, sin necesidad de rendir cuenta”.

El senador se encargó también en la subcomisión de señalar el origen de las tres líneas al “valorar” que el presidente del Senado, Jovino Novoa, haya “promovido” ante el Ejecutivo la indicación en la que se establece la libre disposición de dichos fondos. Consultado por CIPER acerca de si fue el senador Novoa el que decidió el agregado, Sabag aclaró que en realidad entendía que se trataba de una preocupación que hace tiempo tenían Novoa y el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez. Sin embargo, tanto Novoa –a través de su encargada de prensa-, como Álvarez, negaron alguna responsabilidad en el origen de la indicación.

-La glosa evidentemente no se aplica a ningún problema del pasado -enfatiza Álvarez, quien insiste en que los fondos siempre han sido de libre disposición, pero que deben ser gastados de acuerdo al fin para el cual fueron destinados por la comisión de Régimen Interno.

El senador Carlos Ignacio Kuschel (RN), uno de los tres que votó a favor de la aprobación de la polémica indicación, dijo no saber su origen. “Me limité a aprobarlo”, sostuvo. Además de Kuschel y Sabag, la indicación fue aprobada gracias al voto del diputado socialista Carlos Montes, quien sostuvo:

-El que hizo toda esa gestión fue Hosaín Sabag. Por lo tanto, hay que preguntarle a él.

Montes agregó que no cree que la inclusión de la glosa tenga relación con la investigación que sigue el Ministerio Público, pues los fondos siempre han sido de libre disposición, sino simplemente a la ambigüedad con que el tema quedó en el texto de la Ley Orgánica Constitucional (LOC) del Congreso Nacional, que acaba de ser aprobada por la Cámara de Diputados.

La reforma a la LOC incluye un cambio que hace más llamativa la indicación que nadie reconoce haber pedido: las partidas del Congreso Nacional tendrán glosas definidas a partir del 2011, pues hasta ahora –a diferencia del presupuesto de los otros organismos públicos- sólo contenía una descripción genérica de los gastos. Por eso la glosa en cuestión, añadida por el Ejecutivo, es la única que contiene el presupuesto de la Cámara de Diputados para el 2010. “Incluye el pago de asignaciones parlamentarias aprobadas por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, las que continuarán siendo de libre disposición”, dice la glosa asociada a Bienes y Servicios de Consumo y a Transferencias Corrientes.

El Senado se adelantó a los cambios de la LOC y este año incluyó tres glosas en su presupuesto (relacionadas con la dotación de autos, personal, viáticos, horas extraordinarias y capacitación). A ellas se agregó la polémica indicación sobre las asignaciones parlamentarias, la cuarta glosa, que es exactamente igual a la de la Cámara: establece que son de libre disposición.

Diputados bajo la lupa

Los cambios a la LOC del Congreso fueron gatillados por la reforma a la Constitución de 2005, que hizo urgente adecuarla. Pero la tramitación fue compleja y tras las modificaciones introducidas en el Senado y la Cámara de Diputados, el texto terminó en Comisión Mixta. Ahí estaba cuando en junio de este año el programa Informe Especial de TVN hizo las primeras denuncias sobre irregularidades en los arriendos de sedes distritales, al que siguió un reportaje de La Nación sobre el mismo tema. Ambos reportajes provocaron gran impacto público.

El fiscal de Valparaíso Jorge Abbott empezó entonces a investigar masivamente el uso de las asignaciones parlamentarias, ampliando su radio de acción, hasta entonces limitado a las irregularidades detectadas en el pago de asesores por la diputada Claudia Nogueira (UDI). La polémica pública cambió drásticamente el escenario de la discusión de la LOC. Los timoneles de ambas cámaras, Novoa y Álvarez, decidieron entonces coordinarse para impulsar una serie de cambios que buscan regular mejor el sistema de asignaciones y separar a los parlamentarios de las decisiones económicas, creando comités independientes que determinen cómo se gastan los dineros y sus posteriores auditorías. Reformas para el Congreso del Bicentenario, lo bautizaron.

En el intertanto, Abbott siguió avanzando en su investigación judicial. Ya se descartaron irregularidades en los pagos realizados por los diputados Julio Dittborn (UDI), Gonzalo Uriarte (UDI), Joaquín Godoy (RN) y la independiente Marta Issasi. No tuvo la misma suerte el diputado Maximiano Errázuriz (renunció a RN y no se presentó a la reelección), quien fue formalizado el pasado 6 de noviembre por fraude al fisco y uso malicioso de instrumento privado falso al triangular fondos para arriendo de sus sedes distritales.

Lo que viene es en parte conocido. Ya se sabe que el fiscal resolvió formalizar a la diputada Claudia Nogueira –trámite aplazado por distintas diligencias solicitadas por su defensa-, por haber recibido en su cuenta corriente parte de los pagos realizados por la Cámara a sus asesores. Entre esas diligencias, a la fiscalía le ha correspondido investigar a fondo la lista de otros 12 diputados, entregados por la defensa de la diputada UDI, que habrían usado mecanismos similares. En total, una veintena de parlamentarios han sido investigados este año por el Ministerio Público. Nada menos que un sexto de los integrantes de la Cámara Baja.

Y es precisamente allí donde se explica la inquietud del senador Sabag. Su hijo, el diputado Jorge Sabag (DC) y el diputado René Aedo (RN) son dos de los diputados que no han sido descartados por la fiscalía y cuyos antecedentes son evaluados en estos momentos para determinar los pasos a seguir judicialmente.

Los parlamentarios se han debatido entre el esfuerzo por mejorar la gestión y la fiscalización de los recursos que manejan, y atisbos de defensa corporativa respecto a la sanción por irregularidades ocurridas en el pasado. “De lado y lado ha habido intenciones de beneficiar a los afectados”, reconoce un diputado de la Alianza.

Delito penal para parlamentarios

Una de las propuestas -leída por algunos como un intento desesperado de defensa corporativa- fue una indicación presentada por Novoa y Álvarez que establecía una figura penal especial para los parlamentarios. Conscientes de lo delicado de los cambios que estaban promoviendo, los parlamentarios se hicieron asesorar por destacados abogados de la plaza, quienes rápidamente los convencieron de desestimar la idea.

La cita con los juristas tuvo lugar el lunes 17 de agosto pasado en la sede de Santiago del Congreso Nacional. Los convocados fueron los penalistas Jorge Bofill, Jean Pierre Matus y Juan Domingo Acosta –quienes debían analizar la polémica figura-, y los constitucionalistas Jorge Correa Sutil y Patricio Zapata, quienes expusieron sobre la autonomía del Congreso Nacional.

“La fórmula era completamente impresentable, política y jurídicamente”, comenta uno de los abogados que asistió ese día y quien considera que la propuesta era reñida con el estándar de igualdad ante la ley de los parlamentarios.

Otro de los abogados consultado explica que lo más complejo era que se establecía un plazo de prescripción más corto para los delitos cometidos por los parlamentarios que para el resto de los ciudadanos. El artículo establecía la prescripción sólo seis meses después de que las cuentas de la Cámara fueran aprobadas por la Comisión de Auditoría, mientras que hoy las figuras penales para los mismos delitos prescriben entre 5 y 10 años después de cometido el ilícito. “Significaba sustraerse del sistema penal”, concluye uno de los abogados.

-Tomamos un concepto nuevo, que es el de la función parlamentaria, y en un minuto consideramos que era necesario impulsar tipos penales especiales, pero los abogados nos dijeron que no era así y ahí quedó -explica Álvarez.

Pese a los duros cuestionamientos que generó la iniciativa, varios de los juristas que asistieron ese día creen que no había mala voluntad en la propuesta de Álvarez y Novoa. Aunque todos coinciden en que era una pésima idea. “Los penalistas fueron muy críticos, pues más allá de la intención, podía interpretarse como una forma de bajar el castigo y por lo tanto una defensa corporativa. Mostraron con ejemplos cómo se les daría un tratamiento desigual”, recuerda Patricio Zapata.

De acuerdo al análisis de uno de los abogados, las penas establecidas en el artículo –pecuniarias, de prisión y de prohibición de ejercer cargos públicos- en algunos casos eran mayores y en otros menores que las que rigen actualmente. Pero al parecer, fueron hechas sin considerar que en abril pasado hubo una modificación del Código Penal que endureció las sanciones a delitos similares a los diseñados para los parlamentarios. Éstos castigaban a quienes en ejercicio de su función defraudaran o consintieran en defraudar a la corporación o usaran los fondos para un fin distinto para el cual le fueran asignados, tanto para cosas ajenas a su función como para actividades parlamentarias distintas del fin original. (Vea el artículo)

Un cambio en las sanciones y plazos es particularmente delicado. Y ello porque en principio, en cualquier juicio penal, el imputado tiene derecho a que se le juzgue con la norma que más lo beneficie, aunque ésta se haya dictado después de cometido el delito. En este caso, los cambios en los tipos penales podían tener impacto en las investigaciones que afectan actualmente a diputados en ejercicio.

-El proyecto introducía distorsiones. Se nos preguntó si estos hechos ya eran delitos y la opinión unánime fue que era así y que por lo tanto no se justificaba un tipo penal especial -cuenta otro de los abogados.

Otra pregunta que debieron responder los juristas es si los parlamentarios son o no funcionarios públicos. Más allá de las interpretaciones del senador Sabag, a la mayoría de los asistentes les quedó claro que si bien administrativamente no son funcionarios públicos, sí lo son para los tipos especiales de delitos considerados en el Código Penal. Esa fue una de las razones por las cuales no es necesario crear tipos nuevos.

Hasta ahora sólo se ha conocido el contenido de una de las respuestas de la Comisión de Régimen Interno al fiscal Abbot, la que fue publicada hace algunas semanas por El Mostrador. El texto señala expresamente que los parlamentarios “en caso alguno son funcionarios públicos”, sostiene que las asignaciones parlamentarias no son fondos fiscales sino que públicos, y que la LOC y el reglamento de la cámara son “el único marco del Derecho Parlamentario –especialmente financiero, autónomo y de aplicación previa y preferente a cualquier otro orden legal o administrativo” y diferente al Derecho Administrativo Público.

Esta interpretación los dejaría fuera de las normas penales aplicables a los funcionarios públicos, que en muchos casos agravan las penas con respecto a los ciudadanos comunes. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez, aclara que el oficio fue enviado antes de escuchar la opinión de los penalistas y que ha llegado al convencimiento de que a los parlamentarios sí se les pueden aplicar algunos de los artículos con los que el Código Penal sanciona exclusivamente a los funcionarios públicos.

Además asegura que lo que se intentó dejar sentado fue que si bien originalmente los dineros asignados por la Ley de Presupuesto son fondos fiscales, es el Congreso el que controla su gasto, lo que los convertiría en fondos públicos. “Eso rompe varias líneas de defensa”, acota otro diputado.