Este viernes 6 de agosto tendrá lugar en Cabrero una audiencia de cautela de garantías solicitada por la defensa del diputado Jorge Sabag, quien se encuentra formalizado por negociación incompatible en los pagos irregulares realizados a supuestas sedes parlamentarias. La audiencia fue pedida por su abogado Hernan Bosselin, quien calificó de “filtraciones” las publicaciones periodísticas sobre este caso, argumentando que vulneran las garantías de su defendido. La defensa busca que el juez fije límites a la información pública de esta investigación para lo cual ha invocado un artículo del Código Procesal Penal que permite hasta el sobreseimiento temporal de la causa. La decisión del tribunal de Cabrero no es un mero trámite, tendrá lugar en los días previos a la reformalizado del diputado, esta vez por fraude al Fisco, lo que está programado para fines de este mes.
El Ministerio Público de Valparaíso envió además los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos para que este organismo evalúe si inicia acciones legales por evasión tributaria a una de las sociedades de la familia del senador Hosain Sabag. El caso se enmarca entre las investigaciones por malos usos de los fondos de asignación parlamentaria, en una de cuyas aristas la fiscalía pidió esta semana la primera condena: 7 años para el diputado Maximiano Errázuriz, por los delitos de fraude al Fisco y uso malicioso de instrumento público.
Este viernes la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidirá si la causa judicial por los posibles ilícitos derivados del pago de arriendo de la sede distrital del diputado Jorge Sabag (DC) a una sociedad de su padre, el senador (DC) Hosain Sabag, quedará radicada en la Quinta Región, como piden la fiscalía y el CDE; o en la Octava, como lo quiere el parlamentario. Sabag fue formalizado este martes en Cabrero por “negociación incompatible” y el Ministerio Público tiene cinco meses para investigar. Tras la polémica por el uso de las asignaciones parlamentarias, ya fue formalizado el ex diputado Maximiano Errázuriz (RN) y para el 7 de abril están fijadas las audiencias de formalización de la diputada Claudia Nogueira (UDI) y el ex diputado René Aedo (RN).
Sebastián Piñera asume con una limitación diseñada por sus propios partidarios, un contrapeso al poder presidencial que limitará su capacidad de tomar decisiones. La Constitución fue pensada para que la mayoría que fue opositora al régimen militar no pudiera gobernar sin la venia de sus partidarios. Pero ahora que un presidente de derecha vuelve a ocupar La Moneda, su precariedad parlamentaria se transformará en un problema debido a los “amarres” que quienes lo apoyan dejaron.
Un nuevo coletazo en las irregularidades de las asignaciones parlamentarias dejó la Ley de Presupuesto. El presupuesto del Congreso incluyó una inédita glosa que especifica que los fondos aprobados por las comisiones de régimen son de libre disposición. El senador Hosaín Sabag dice que esto permite demostrar que a los parlamentarios no se les aplican las sanciones penales relativas a los funcionarios públicos, una interpretación que afecta directamente a su hijo Jorge Sabag, investigado por el fiscal de Valparaíso por “negociación incompatible”. Ya en agosto pasado el Congreso debatió la idea de crear un delito especial para los parlamentarios, pero destacados penalistas les aclararon que significaría “sustraerse del sistema penal” además de replicar lo que ya existe en el Código Penal.
Escenario de una competencia feroz y descarnada por llegar al Congreso, en esta zona circulan dos circos de campaña, figuras de la farándula y una candidata con protección policial. Acá Marco Enríquez-Ominami tiene puestas sus principales fichas: la candidatura de su padre, Carlos Ominami, con su propio circo y el apoyo permanente de su nuera Karen Doggenweiler además del candidato a diputado Marcelo Trivelli (ex DC). Su competencia más directa, Nelson Ávila, le disputa el voto progresista con una persistente campaña radial en la que previene que “detrás de ese pelotón de rostros no hay más que un crudo interés electoral”. En la derecha la disputa al Senado es todavía más reñida. Lily Pérez (RN) y Marcelo Forni (UDI) no se dan tregua. Sus campañas han estado marcadas por peleas a golpes entre sus adherentes y acusaciones cruzadas. Entre los candidatos a diputados el ambiente es similar y la palabra que se repite es incertidumbre.
Corrida ya la cortina oficial sobre el financiamiento de la última campaña parlamentaria por parte del Servicio Electoral, los ingresos de los candidatos a diputados del 2005 arrojan sorpresas, partiendo por las primeras grandes empresas que admiten haber donado fondos durante dicha contienda: Córpora Tres Montes, Colmena Golden Cross y Echeverría Izquierdo Ingeniería. Fuera de ello, la gran mayoría de los congresistas y sus financistas prefieren mantener la discreción: de los 120 que hoy ocupan la Cámara, en 71 casos prevalecieron los aportes anónimos y reservados, y sólo en 49 de ellos se identificó a algún donante distinto del partido político correspondiente. Muchos registraron el uso de bienes de terceros y otros dineros provenientes de familiares, amigos o cercanos suyos; incluso de otros parlamentarios, funcionarios públicos y empresas proveedoras en su misma zona.
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CIPER pidió al Senado las copias de las rendiciones de gasto de los parlamentarios. La respuesta de la Cámara Alta fue negativa. No existen. Hasta ahora, no se les exigía entregar comprobantes para respaldar sus reembolsos.
El Senado anunció recientes cambios al sistema de fiscalización de las asignaciones parlamentarias. Lo que no se dijo fue que hasta ahora una parte importante de los gastos de los senadores eran reembolsados sin que nadie les exigiera la entrega de comprobantes. La falta de control se conoció luego de que CIPER solicitara las rendiciones mediante la Ley de Transparencia y se respondiera que no existían. Ello permitía, por ejemplo, que los senadores hicieran donaciones a sus electores sin rendir cuenta de a quiénes y para qué, incluyéndolas como gastos de oficina. Ahora deberán entregar los comprobantes de sus gastos y dispondrán de $200 mil para “apoyo a organizaciones”.
Un total de 472 UF gasta mensualmente la Cámara para pagar dos seguros que benefician a los diputados y sus parientes. Los contratos de esos seguros no están en la sección de transparencia activa de la Cámara y no se licitan a través de ChileCompra. El más caro -un seguro complementario de Salud que cubre a 108 diputados y 293 cargas familiares- se entrega “a dedo” a la corredora de seguros Colemont Fusión. La misma que fue “designada” durante diez años para administrar el seguro de vida de los diputados. Luego fue licitado por invitación por primera vez en 2008 – estará vigente hasta marzo de 2010- y también se lo adjudicó Colemot Fusión.
Los tres ejecutivos de cuentas que llevan el registro de todos los dineros que reciben los diputados declararon esta semana ante el fiscal Jorge Abbott. Son ellos quienes conocen los secretos y la discrecionalidad con que manejan los fondos supuestamente destinados a apoyar el trabajo legislativo y que nadie fiscaliza. El 65% de los $13 millones que reciben todos los meses, incluyendo la dieta, son en la práctica de libre disposición. El resto requiere sólo de una boleta de honorarios o un contrato y un cheque nominativo. Nadie controla qué se paga. CIPER desmenuzó cada uno de estos gastos y los vacíos que permitieron casos como los de los diputados Nogueira y Errázuriz. Los mismos que están forzando con urgencia a un cambio radical en la administración del Congreso y en la definición y control de las asignaciones de los parlamentarios.
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Rodrigo Álvarez: “Hay criterios para las asignaciones, pero no hay control efectivo”
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El presidente de la Cámara de Diputados hace un crudo diagnóstico de la falta de fiscalización sobre las cuentas del organismo que, paradójicamente, tiene la misión de fiscalizar. En esta entrevista Rodrigo Álvarez se hace cargo de las carencias y vacíos en cuanto a normas y también de la “sumisión” de los funcionarios, una cultura cuyos principales responsables son los diputados y que ha permitido el uso discrecional de los recursos. También explica la total confusión que existía sobre las normas que rigen a la Corporación hasta el momento en que el fiscal de Valparaíso Jorge Abbott comenzó a investigar las irregularidades. Y promete una completa reingeniería, que va mucho más allá de las medidas ya anunciadas.
Una interpretación distinta a la Cámara de Diputados hace el Senado de la norma que regula la contratación de familiares. Mientras la primera exige a los parlamentarios que expliquen las “circunstancias excepcionales” que justifican los contratos, la Cámara Alta respondió los senadores no deben cumplir ese requisito.
Los diputados pueden contratar familiares sólo si entregan razones fundadas para ello. El presidente de la corporatión accedió a enviar información sobre los diputados que tienen parientes contratados, pero no entregó las razones que lo justificaron
Si bien la ley prohíbe a las autoridades públicas -incluyendo a los parlamentarios- contratar a parientes, la misma norma establece que se pueden establecer vínculos comerciales de ese tipo “cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario”. En ese caso, la contratación debe hacerse mediante una “resolución fundada” autorizada, en el caso de la Cámara, por la Comisión de Conducta Parlamentaria. Usando la nueva Ley de Transparencia, CIPER consultó formalmente las razones que han esgrimido los 18 diputados que han empleado a familiares desde que se adoptó la norma, pero la Comisión de Conducta determinó que los fundamentos que les exige la ley para justificar esos contratos deben permanecer en secreto.
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