Lo que comenzaron ‘Los tangueros’ de Fidel Castaño, posteriormente autodefensas, en los municipios de San Pedro, Necoclí y Apartadó (Antioquia), rápidamente se extendió a Córdoba a las localidades de Valencia, Tierralta y Montería.

Las masacres, ocurridas en las tres últimas décadas, fueron acompañadas de hordas de desplazados que abandonaron sus tierras o mal vendieron a quienes ponían a firmar los paramilitares.

La situación se desbordó tanto, que hoy Córdoba es el octavo departamento más afectado por el desplazamiento forzado en el país. Tiene 160 mil campesinos desarraigados del millón 400 mil habitantes que posee en su territorio, según el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Una población itinerante que se mueve de un lado a otro, perdida y permanentemente amenazada si intenta solicitar la restitución de sus derechos. Montería, la capital cordobesa, se constituye como el municipio de mayor recepción de desplazados, el 10% de su gente es refugiada. La situación puede ser mucho peor, porque más del 43% de las personas que rindieron declaración de su condición no fueron incluidas en el Registro Único de Población Desplazada.

El tema ha sido abordado de distintas maneras por los diversos organismos del Estado, pero nunca conjuntamente. La Defensoría del Pueblo profirió una resolución, la 058 del 14 de abril de 2010, que fue el resultado de las reuniones con las víctimas, las cuales se siguen haciendo bajo las más estrictas medidas de seguridad. Impacta la forma cómo estas llegan a los sitios dispuestos para los encuentros.

Son recibidas por una nube de escoltas que se aseguran que nada las perturbe. Ya vienen perturbadas por lo que les sucedió en el pasado.

La Defensoría monitorea las zonas de riesgo y emite así alertas tempranas que más que contener la oleada de violencia, explican lo grave que se torna el tema tierras, como raíz y germen del conflicto en Colombia, explicó Julia Rodríguez, defensora del Pueblo en Córdoba. La resolución fue engavetada por más de dos años, ninguna autoridad le prestó atención.

En abril de 2012 llegó una orden del Ministerio de Agricultura a la regional del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), en la que exige atender los cuestionamientos de la resolución que nadie nunca antes miró. Un funcionario del Instituto dice que ahora sí quieren ponerle el acelerador a los resultados frente a temas como Derechos Humanos y especialmente la política de tierras de este Gobierno, que la Comunidad Internacional conoce con excesivo ‘bombo’.

EL TERRITORIO EN DISPUTA

Córdoba es un departamento de 23.980 kilómetros cuadrados, distribuidos de una manera inequitativa. Las grandes extensiones de tierras productivas están en manos de una pequeña élite, mientras que la gran masa se debate en medio de la pobreza. El 53.53% de los hogares cordobeses tiene las necesidades básicas insatisfechas, mientras que un 23.91% se encuentra en la miseria absoluta, según datos de la Defensoría del Pueblo.

La puesta en marcha de varias reformas agrarias en el departamento no ha logrado superar el conflicto, a pesar de haber transcurrido cerca de 47 años de ejecución entre 1963 y 2010, pese a que el departamento contó con dos regionales del antiguo Incora (La Doctrina y Montería), hoy Incoder.

Solo por poner un ejemplo histórico, en 1970 un 4% de la población poseía el 86% de la tierra en el departamento de Córdoba. Actualmente la tendencia es a la concentración de la tierra, pues en este, en la margen izquierda del río Sinú, el 12% de la población posee el 80% de la misma.

El territorio en disputa en Córdoba pinta en el mapa 11 puntos rojos (ver mapa) en donde la pelea por la tierra está que arde, bien sea porque los actores armados no permiten que los beneficiarios gocen de los predios, o porque el Incoder readjudicó lo que ya tenía dueño o porque los campesinos no viven allí porque el Estado no los dotó de proyectos productivos, según lo pudo constatar El Meridiano al recorrer esa ruta del despojo.

TIPOLOGÍAS DEL DESPOJO

Los vacíos legales en la tenencia de la tierra han facilitado la apropiación y desalojo de campesinos por parte de actores armados al margen de la ley, grandes propietarios y sectores económicos que explotan los recursos naturales. El total de hectáreas usurpadas o forzadas a dejar en abandono durante los últimos 11 años sería del orden de 5.5 millones (equivalentes al 10.8% de la superficie agropecuaria del país), de esos millones a la Costa Caribe le corresponde el 38.2%. Al hacer el recorrido en Urába y Córdoba, los testimonios confirman la caracterización de cinco tipologías del despojo de la tierra:

1. Desalojo de campesinos por parte de paramilitares, algunas veces mediante asesinatos de personas y masacres que obligaron a sus familias a vender y que también causaron desplazamiento; Caso Los Padilla en Urabá antioqueño (límites con Córdoba); o mediante quema de sus viviendas, caso Maritza Salabarría, Mundo Nuevo, en zona rural de Montería, Córdoba.

2. Desplazamientos por la llamada Casa Castaño, que se apoderó de predios. Luego llegaron otros paramilitares y volvieron a desplazar. Caso Costa de Oro, en Tierralta, Córdoba.

3. Tierras entregadas por el Gobierno a campesinos, que después los paramilitares compraron a ‘peso de plomo’. Caso El Tronco en Montería, Córdoba.

4. Familias beneficiarias de tierras por parte del Incora, que no pudieron establecerse por razones de seguridad, ya que eran señaladas de ser colaboradoras de actores armados. Caso El Quindío, Valencia, Córdoba.

5. Asesinato de líderes que han abogado por la recuperación y acceso a las tierras por parte de los campesinos. Caso Leoncio Manuel Mendoza Mejía, Urabá Antioqueño.

EL PASO A SEGUIR

La política de tierras implica retos. El primero de ellos, poner a tono a todas las autoridades, y en eso justamente está empeñado el Ministerio de Agricultura, en clarificar el estado de la propiedad de la tierra, para llegar más rápido al postconflicto. Como quien dice, el Gobierno contradice a quienes aseguran que no es posible avanzar en la restitución en medio de la guerra, porque justamente la causa de la disputa es la tierra.

El tema no es fácil. Según datos de la Universidad de los Andes publicados en la revista Semana, entre 1961 y 2010 se titularon 23 millones de hectáreas, de las cuales el 92 por ciento fueron baldíos entregados a campesinos o a grupos étnicos. Sin embargo, en los últimos 20 años 6.6 millones de hectáreas le fueron despojadas a campesinos y por lo menos 3 millones al Estado.

Sin embargo y pese a estudios y cifras, el Estado no sabe a ciencia cierta cuántos terrenos baldíos tiene ni dónde están ubicados. Tampoco tiene claridad sobre la tierra en manos de campesinos, quienes tienen títulos que nunca registraron. Tampoco ha dimensionado la corrupción que se escondió por años en las entidades como el Incora y el Incoder. El primero, adjudicó tierras que posteriormente abandonaron campesinos como consecuencia de la violencia, y esas mismas parcelas se las readjudicó a otras personas que las usufructúan y tienen papeles para demostrar que es legal.

Luego llegó el Incoder y continuó la maniobra de legalizar la tenencia, pero no a favor de los campesinos. El caso de los Salabarría explica el embrollo, y pone de presente un nudo gordiano que le costó la renuncia al director del Incoder, Juan Manuel Ospina.

Por su parte, la Superintendencia de Notariado y Registro está haciendo una labor titánica, pero el lío es tan monumental, que tomará mucho tiempo desenredar la madeja de corrupción y escasez de información de unos 40 años.

De no ser porque muchos documentos y testimonios lo confirman, sería muy difícil creer que la estrategia de los paramilitares para tomarse política y económicamente una región, la del Urabá antioqueño, chocoano y cordobés, haya llegado a niveles de complejidad y sofisticación tan grandes. Fue tal la maraña de sociedades y organizaciones que crearon que consiguieron, incluso que los gobiernos colombiano y de Estados Unidos respaldaran su proyecto, y que una asociación que fabricaron se ganara un premio internacional.

La sinuosa estrategia tenía cómplices por doquier, y con ellos, consiguió despojar tierras de campesinos pobres, entrenó juntas comunales, creó organizaciones no gubernamentales, montó empresa agroindustriales que consiguieron contratos con multinacionales, apoyó campañas electorales, respaldó a estructuras del narcotráfico y aprovechó recursos estatales. Su telaraña vinculó a políticos y a empresarios, y no sólo sirvió a su proyecto contrainsurgente en los años previos a la desmovilización paramilitar, sino que siguió tejiendo lazos y respaldos como parte de los proyectos de reinsersión.

Una exhaustiva revisión de documentos públicos de casi un año, contrastados con entrevistas y con versiones de exparamilitares entregadas a la Fiscalía General de la Nación, le permitieron a investigadores de VerdadAbierta.com conocer el entramado de esta red.

Si bien toda la información está en poder de las autoridades y serán los jueces los que establezcan hasta dónde los proyectos promovidos por el Gobierno Nacional y el Plan Colombia rayaron con la ilegalidad, también queda claro que la calculada conquista de la política y la economía en el Urabá por parte de la organización paramilitar fue real y eficaz.

En este especial, Verdad Abierta reconstruye cómo los paramilitares implementaron su proyecto militar, político y económico para consolidar el poder político y económico en Urabá, una región golpeada duramente por el conflicto armado en el país, donde los habitantes sufrieron las peores violaciones a los derechos humanos, desde el despojo y desplazamiento forzado, hasta desapariciones forzadas y brutales asesinatos, que incluyeron la práctica del descuartizamiento.

Tulapa: punta de lanza

Las estructuras paramilitares agrupadas en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) entraron al corazón del Urabá antioqueño desde el departamento de Córdoba entre 1994 y 1995. Una vez en esta zona, se enfrentaron con las guerrillas del Epl y las Farc en la zona conocida como Tulapa, que abarca varias veredas de los municipios de Turbo y Necoclí.

Del valor estratégico de esta zona ha hecho referencia el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en una de sus versiones libres se le preguntó por esta zona y respondió: “¿Dónde queda Tulapa? Tulapa queda lejos de todas partes”. Y aclaró en esa ocasión que esta región fue utilizada como punta de lanza geoestratégica para que las Accu se tomaran el llamado Eje bananero y el Darién chocoano.

Mancuso expuso que los Castaño lo delegaron a él para manejar los negocios y la “compra” de tierras en Tulapa, y admitió que la Casa Castaño se fue quedando con “grandes extensiones de tierra”, las cuales eran compradas, según este ex jefe paramilitar, bajo presión armada. En ello fue clave la tesorera de los Castaños, Sor Teresa Gómez, quien en la actualidad se encuentra prófuga tras ser condenada por ordenar el asesinato de Yolanda Izquierdo, una líder de campesinos de Córdoba.

También fue clave en este despojo, el Fondo Ganadero de Córdoba, presidido para esa época por Benito Osorio Villadiego, exgobernador de Córdoba destituido y quien actualmente huye de la justicia, que lo acusa de concierto para delinquir y lavado de activos.

Desde Tulapa, las Accu se tomaron Urabá a sangre y fuego. Datos de la Fiscalía muestran que en solo el primer semestre de 1995 en Necoclí se registraron 130 personas asesinadas, 122 desaparecidos y 1.300 familias desplazadas. Fue en este bautizo de sangre en esta localidad del que comenzó a emerger una estructura paramilitar que, luego, sería conocida como Bloque Elmer Cárdenas de las Accu.

El ‘paso’ del Bloque Elmer Cárdenas

En el municipio de Necoclí, los Castaño se encontraron con un joven de 22 años quien en poco tiempo tendría un acenso vertiginoso dentro de las filas paramilitares. Se trató de Freddy Rendón Herrera, quien posteriormente sería conocido con el alias de ‘El Alemán’.

Rendón, oriundo de Amalfi, de donde también eran los Castaño, se sumó con entusiasmo al naciente proyecto contrainsurgente de las Accu. En un relato de su ingreso a las filas de la organización paramilitar, ‘El Alemán’ recordó el día que llegó Carlos Castaño a Necoclí: “nos reunió y se echó un discurso de dos horas que me dejó boquiabierto”.

Desde su base en Necoclí, los paramilitares iniciaron en 1996 la incursión al Urabá chocoano. Inicialmente, llegaron al casco urbano de Riosucio, donde se tomaron a bala la población. En febrero de 1997, continuaron avanzando y desarrollaron la Operación Cacarica, que consistió en atacar varias posiciones de las Farc en una amplia zona selvática bañada por los caños Cacarica y Salaquí, y que se coordinó, según ‘El Alemán’, con la comandancia de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, que a su vez adelantó la Operación Génesis.

Durante el desarrollo de estas operaciones militares murió el campesino Marino López Mena, quien, según las denuncias de sus familiares, fue retenido en las afueras del caserío de Bijao, descuartizado a machetazos, exhibido entre los pobladores de y pateada su cabeza como balón de fútbol. Si bien en las versiones ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz los paramilitares que adelantaron la operación han negado que el homicidio se haya cometido en esas circunstancias, las comunidades se sostienen en su versión.

Hasta ese momento, la estructura paramilitar que comandaba alias ‘El Alemán’ era conocida como el Frente Chocó; no obstante, la muerte de uno de sus comandantes, llamado Elmer Cárdenas, en un enfrentamiento con la guerrilla, llevó a los jefes sobrevivientes a nombrar el bloque con el nombre de su ex líder. Con la toma del Bajo y Medio Atrato, se consolidó su dominio sobre el norte de Urabá y el Darién chocoano.

Con los años, Carlos Castaño se convirtió en una especie de mentor para ‘El Alemán’, inculcándole una visión política e ideológica del movimiento paramilitar, que les permitió construir una afinidad ideológica y una estrecha relación personal

Una vez se acordó con el Gobierno Nacional la desmovilización colectiva de las distintas estructuras de las Auc, el Bloque Elmer Cárdenas tomó distancia de las negociaciones de Santa Fe de Ralito, Cordoba, y no admitió esos acuerdos por diferencias con el Estado Mayor de las Auc. Esas diferencias se agravaron cuando Vicente Castaño ordenó la muerte de su hermano Carlos en 2004, como muestra de su respaldo al ala más narcotraficante de las entrañas del paramilitarismo.

Varios meses después del asesinato de Carlos Castaño, la comandancia del Bloque Elmer Cárdenas planteó un esquema particular para dejar las armas y acogerse al plan de desmovilización y reinserción ofrecido por el Gobierno Nacional. Juan García, asesor político de esta estructura y hermano del asesinado paramilitar Carlos Mauricio García, alias ‘Doblecero’, propuso lo que llamaron el “Proyecto de Alternatividad Social” (PASO) como “columna vertebral” de la desmovilización en Urabá.

“La idea es que se desarrollen proyectos productivos para las comunidades, que se apropien tierras con participación de los ganaderos”, dijo García en 2005. “Que con la tierra como capital, los campesinos y los reinsertados aporten trabajo. La política de ‘El Alemán’ es que en cultivos de palma, plátano, caucho y reforestación participen las comunidades”.

Las evidencias permiten concluir que la propuesta del jefe paramilitar de integrar la participación del Gobierno Nacional, la cooperación internacional y a los empresarios y campesinos en un solo plan agrario fue llevada a la práctica.

En su momento, el PASO recibió fuertes críticas por representantes de organizaciones de víctimas y derechos humanos, quienes denunciaron que el programa implicaba legalizar las tierras que quedaron en manos de paramilitares, repobladores apoyados por ellos y testaferros, mientras que las víctimas quedarían como mano de obra teniendo a sus propios victimarios como patrones.

Una investigación basada en informes de riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia realizada por el programa La Noche, del canal privado de televisión RCN, concluyó que a través del PASO los paramilitares quisieron “consolidar su poder económico” y “establecer un nuevo orden social que produzca la ejecución de proyectos productivos”.

Documentos consultados y testimonios escuchados por VerdadAbierta.com indican que el Bloque Elmer Cárdenas inició los proyectos productivos asociados al PASO por lo menos tres años antes de su desmovilización, ocurrida en agosto de 2006. Estos mismos proyectos agroindustriales son los que terminan recibiendo el apoyo de Acción Social y del Plan Colombia a pesar de fuertes indicios de sus relaciones con estructuras paramilitares y cuestionados inversionistas.

Juntas de acción comunal, semillas de la parapolítica

La injerencia del Bloque Elmer Cárdenas en la actividad política de Urabá fue planeada con paciencia. En el año 2000, cuando los paramilitares habían consolidado su poder, alias ‘El Alemán’ envió una delegación a una finca de la Casa Castaño en Córdoba. Más que una reunión, el encuentro fue un taller. Carlos Castaño había creado un movimiento social que se conoció como Clamor Campesino Caribe.

El propósito del taller era que los hombres de ‘El Alemán’ aprendieran de esta organización y crearan un movimiento paralelo en Urabá, que llamaron “Poder Popular Campesino”. Después del taller en Córdoba, este bloque entrenó un grupo de paramilitares rasos en una escuela abandonada de Necoclí para convertirlos en Promotores de Desarrollo Social (PSD).

En una versión libre ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, alias ‘El Alemán’ explicó que los Promotores de Desarrollo Social eran “muchachos que habían sido heridos en combate. Ellos desarrollaron trabajo comunitario y tenían una formación mínima en cooperativismo, conocían cómo formar una junta de acción comunal, cómo se podría hacer una veeduría ciudadana, empoderando entonces a los presidentes de acción comunal y dándoles vida jurídica”.

El entrenamiento de los PDS fue bastante completo según las versiones de un desmovilizado: “ingresaron a unas jornadas de capacitación donde se veía temas como leyes comunales de creación de Juntas de Acción Comunal, todo el tema de participación ciudadana, trabajo social…” Además de ayudar la creación de Juntas comunales, los PDS también eran “rompe hielos” entre “la parte política-social, concejales, alcaldes, y presidentes de juntas de acción comunal con la comandancia del Bloque”.

El testimonio de otro desmovilizado resalta que el trabajo de los PDS incluía “trabajar, asesorar, y acompañar las juntas de acción comunal para su buen desarrollo y sus actividades cotidianas, elaboración de puentes, cofinanciación de obras entre la comunidad propias, del municipio y de la organización, porque hicimos obras en conjunto. Un 90% de las vías las hicimos entre la comunidad y la organización”.

Fue en parte por el trabajo minucioso de los PDS que el Bloque Elmer Cárdenas pudo captar la atención política en la región. Las juntas de acción comunal se convirtieron en incubadoras de políticos, quienes trabajaban con el aval y la complicidad de esta estructura paramilitar. Las juntas también fueron utilizadas como reservas de peso electoral. Con las elecciones del 2001, según El Alemán, “se inicia en cada uno de los corregimientos de los municipios de Urabá y Córdoba la realización de asambleas con el fin de escoger según el consenso electoral los candidatos por corregimiento al concejo municipal”.

Revelando el contenido poco democrático del proceso, “El Alemán” ha explicado cómo se escogían los candidatos para alcaldías: “por cada municipio de Urabá y Córdoba la idea era tener dos candidatos. Un candidato de preferencia afín a las ideología de las Auc, y un candidato de poco peso político que pudiéramos poner en la contienda”. Un ex promotor social le dijo a la Fiscalía que “desde el año 2001 en adelante todos los procesos de elección concejales y alcaldías fueron de la mano con aval y apoyo del comandante ‘El Alemán’”.

En las versiones libres de Justicia y Paz han surgido acusaciones contra políticos que concretaron acuerdos con el Bloque Elmer Cárdenas para recibir apoyo electoral, logístico y financiación para sus campañas. Por tal motivo fue que la Fiscalía dictó sendas medidas de aseguramiento en el año 2010 contra por lo menos 25 dirigentes políticos del Urabá, incluyendo alcaldes, concejales, diputados, ex funcionarios de gobiernos locales y periodistas.

Todos ellos han sido acusados de pactar acuerdos con este bloque paramilitar como parte de la alianza política llamada “Por un Urabá Grande, Unida y en Paz”. Documentos de la Fiscalía señalan que esta organización ilegal también tuvo proyectos paralelos en el Chocó y Córdoba, llamados respectivamente el “Proyecto Político del Darién Chocoano” y el “Proyecto Marizco” (Margen Izquierda de Córdoba).

‘El Alemán’ explicó que delegó a Jorge Pinzón, un fallido aspirante a la Asamblea de Antioquia, para coordinar los proyectos políticos. El movimiento del “Urabá Grande”, según la aclaración de un paramilitar desmovilizado, fue financiado por un 70% por el Bloque Elmer Cárdenas y el otro 30% por las alcaldías.

Con sus simpatizantes políticos articulados en diversos cargos públicos de elección popular, el Bloque Elmer Cárdenas se aprovechó tanto de los proyectos productivos como de las finanzas públicas de los municipios bajo su control. Como declaró un desmovilizado: “en el norte de Urabá teníamos relación con todos los concejales de los municipios del norte con absolutamente todos, reunían con el comandante ‘Alemán’ o los PDS para gestionar un proyecto, o para evaluar la gestión de proyectos presentados ante el concejo municipal”.

Asocomún: ‘Ong de los paras’

El dominio político, económico y social del Bloque Elmer Cárdenas se logró a través de la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún), una organización no gubernamental creada el 16 de febrero de 2002 por John Jairo Rendón Herrera, conocido como ‘Germán Monsalve’ y hermano de alias ‘El Alemán’.

De Acuerdo con sus estatutos, Asocomun pretendía convertirse en un actor central del “desarrollo integral sostenible de las comunidades asociadas, mediante la participación, concertación y gestión en proyectos sociales, económicos, educativos, de salud y ambientales”. Para lograr ese propósito buscó “canalizar recursos del sector público y privado, a través de proyectos y programas que mejoren la calidad de vida de los asociados de Asocomun, buscando financiación de entidades competentes de carácter nacional e internacional”.

Se creó entonces el proyecto Tulapa Horizonte de Esperanza, con la participación de por lo menos 72 comunidades de la zona de influencia de Asocomun, logrando que esta iniciativa fuera inscrita en el programa Familias Guardabosques, dentro del Proyecto de Desarrollo Alternativo de la Presidencia de la República.

Con el respaldo armado, Asocomun consiguió tan alto nivel de institucionalidad, que consiguió apoyos de las alcaldías de Necoclí y Turbo, así como de la Consejería para la Acción Social de la Presidencia de la República, la Corporación Ambiental del Urabá (Corpouraba), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), la Gobernación de Antioquia, la Universidad Autónoma de Manizales y varias empresas de la región.

También logró reconocimiento internacional al ser elegida en el año 2006 como uno de los veinte finalistas del concurso Experiencias de Innovación Social, patrocinado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con el apoyo de la Fundación W. K. Kellogg.

Adicionalmente, el congresista César Andrade, preso por sus nexos con grupos paramilitares, condecoró a Asocomún con la Orden de la Democracia Simón Bolívar, el reconocimiento civil más alto de la Cámara de Representantes de la República, en “reconocimiento a su labor en pro del desarrollo social de comunidades”.

‘Germán Monsalve’ mantuvo un bajo perfil, incluso para las autoridades. “Don Germán”, como le decían en la zona de Urabá, aún es recordado como un pastor evangélico a quien le gustaba regalar Biblias en las reuniones que presidía. A la par de esa reputación, también era de conocimiento en la región de su papel dentro del Bloque Elmer Cárdenas y de las Accu.

Ever Velosa, alias ‘HH’, jefe del Bloque Bananero del Urabá, declaró ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz que ‘Germán Monsalve’ tuvo mucha injerencia en las decisiones de la Casa Castaño y era “una persona que era escuchada y respetada en las autodefensas”. Estas sospechas fueron corroboradas cuando el pastor evangélico y líder paramilitar se entregó en Ciudad de Panamá en el 2009 a la justicia de Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico y terrorismo.

Pero sería a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que se conocerían los alcances de Asocomun y el papel de ‘Germán Monsalve’. Se trata de la sentencia dictada contra el ex senador Antonio Valencia Duque, quien admitió sus relaciones con grupos paramilitares en Urabá y se acogió a sentencia anticipada.

En la argumentación del Alto Tribunal se dejó constancia del uso que el paramilitar le daba a Asocomun. A juicio de la Corte, ‘Germán Monsalve’ usaba la figura de esta organización no gubernamental para dinamizar la injerencia del Bloque Elmer Cárdenas en la política y economía de la región.

Valencia Duque se valió del Programa de Familias Guardabosques, impulsado por Asocomún, para lograr la votación suficiente en las elecciones del 2006, que le permitirían llegar al Senado, en reemplazo de Álvaro Araújo cuando éste renunció por las investigaciones de la parapolítica.

Lo que se demostró es que el político antioqueño asistió a varias reuniones con ‘Germán Monsalve’ y dirigentes políticos del Urabá en las que se pactaron acuerdos políticos. Lo que se recuerda en la zona es que los participantes de estas reuniones salían con “Biblia y poncho en la mano”.

Entre el 2004 y el 2007, Asocomún firmó contratos de prestación de servicios con varias entidades gubernamentales y alcaldías de Urabá, el Incoder, Acción Social, el Ministerio de Agricultura y Corpourabá. El valor constatado por VerdadAbierta.com de varios de esos contratos asciende a 1.607 millones de pesos.

Asocomún también parece haber recibido fondos del Plan Colombia por vía indirecta de un proyecto de cacao y caucho en el municipio de San Juan de Urabá financiado con 375.167 dólares de USAID. Un informe de USAID del 2006 estudiando la viabilidad del proyecto menciona a Asocomún como una posible “asociación productiva” para llevar a cabo la iniciativa.

Aunque los documentos de USAID no vuelven a mencionar esta organización, informes de la Fundación Codesarrollo de 2009 demuestran la participación de Asocomún. La cooperativa de productores que recibió una donación de USAID contrató a Asocomún, sin dejar claro en qué condiciones, como “organización gestora acompañante”.

Los informes de Codesarrollo aseveraron que la participación de Asocomún fue desastrosa, dejando “a la deriva su participación en la coordinación de las actividades restantes de la alianza”. También denunciaron que Asocomún “no realizó los pagos al coordinador y la secretaria del proyecto que tenían establecidos en la zona de la alianza. Esto propició que las dos personas renunciaran a sus cargos desde finales de diciembre 2008 y entablaran un demanda jurídica contra Asocomún”.

Los tentáculos del Bloque Elmer Cárdenas también penetraron el sistema de salud con la creación de la empresa Organización para la Salud, Ltda. (Orsalud). Según las explicaciones de un desmovilizado, “esta empresa se forma cuando se hace un convenio y reunión en el corregimiento de Las Platas, vereda El Volcán, del municipio de Arboletes, entre el señor ‘Alemán’, Carlos Carrillo, llegando al acuerdo que el Gerente de la Endisalud nos iba dar los contratos de promoción y prevención de los municipios de Necoclí, Arboletes, Los Córdobas, Canalete y San Pedro de Urabá”.

Otras denuncias ante la Fiscalía añaden que en la Alcaldía de Arboletes, bajo la administración de William Saleme Petro, hoy detenido por sus nexos con el paramilitarismo, se entregaban “recursos del municipio para las Auc, en especial a Freddy Rendón Herrera, dando el 40% del presupuesto de la salud”. Los pagos se hacían “a través de la IPS Orsalud, en Arboletes, Norsalud en Necoclí y Emdisalud de Montería.

La misma denuncia sobre Saleme Petro menciona “dineros que extrajo contratos del alumbrado público, el plan maestro del acueducto y alcantarillado, el contrato de recolección de basura” y hasta el “contrato para la construcción del parque de la no violencia”.

Un informe judicial del año 2008 dejó constancia de los orígenes de Asocomún. En el documento se dijo que esta organización llegó a “la región de Tulapa e inició una labor social comunitaria para la erradicación manual de cultivos ilícitos y la generación de alternativas económicas y sociales”. Se la describió como “una asociación de juntas de acción comunal liderada por el Bloque Elmer Cárdenas, por cuya vía se quiso controlar el Proyecto de Familias Guardabosques para la erradicación manual de cultivos ilícitos”. Además, se constató que ‘Germán Monsalve, su promotor, era “el tercero en la línea de mando de los Rendón Herrera y el encargado de legalizar sus negocios”.

El negocio de la Multifruits

Entre la carpeta de proyectos económicos que impulsaba John Jairo Rendón Herrera, alias ‘Germán Monsalve’, se encontraba el de la explotación de plátano en alianza con la firma Comercializadora Internacional Multifruits y Cia Ltda., una empresa en la que tuvo intereses el Bloque Elmer Cárdenas y presencia en su junta directiva.

Multifruits se constituyó el 24 de julio de 2001 en Cartagena mediante la escritura pública número 1593. Inicialmente fue elegido como representante legal Carlos Nikolai Strusberg González, pero el 5 de mayo de 2004 se conformó una nueva junta directiva en la que se nombraron como miembros principales Juan Manuel Campo Eljach, Berly Fernández Mattos y John Jeremías Pinto Rodríguez; y como suplentes, Juan Carlos Marrugo Velásquez, Cesar Cárdenas Rendón y Andrés Tamayo Agudelo. Como representante legal fue nombrado Juan Manuel Campo Eljach.

Campo Eljach es parte del clan político de los Cuello Campo del Cesar; además, fue ex miembro del Directorio Nacional del Partido Conservador y fue fórmula a la Cámara de Representantes de Alfredo Cuello Baute para las elecciones del 2010. Entre los nuevos inversionistas mayoritarios de Multifruits aparece también César de Jesús Cárdenas Rendón, hermano del fallecido paramilitar Elmer Cárdenas.

Las operaciones comerciales de Multifruits se concentraron en el municipio de Necoclí, donde adquirieron una finca conocida como El Atravesao” de 279 hectáreas, donde se sembró plátano para la exportación. La historia de la propiedad de este predio muestra que inicialmente fue un baldío adjudicado por el Incora en 1983 a Ramiro Arango Jaramillo; en 1985 le fue transferido a Virginia Díaz viuda de Arango, quien el 19 de enero de 1998 le vendió por 34 millones de pesos a Elmer Cárdenas, lo que sorprende pues este paramilitar había muerto un mes antes en combates con la guerrilla de las Farc.

En la cadena de irregularidades también queda en evidencia que Elmer Cárdenas transfiere el predio el 16 de abril de 2004 a su hermano y socio de Multifruits, Cesar Cárdenas Rendón por 30 millones de pesos. Finalmente, dos meses después, éste último le vende la finca a la empresa comercializadora por 200 millones de pesos, transacción que se registró el 16 de junio de 2004.

Campesinos desplazados consultados por VerdadAbierta.com en Urabá denunciaron que el manejo de las operaciones de Multifruits eran coordinadas por John Jairo Rendón Herrera, alias ‘Germán Monsalve’, hermano de Fredy. Lo que dicen los denunciantes es que ‘Germán Monsalve’, a través de la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún), entregaba créditos y otros apoyos a los labriegos para la siembra de plátano para Multifruits.

“Pero los campesinos empacaban y empacaban plátano y él nunca rebajaba la cuenta. Entonces la gente se mareó de esa vaina y no quiso empacar más”, dijo un desplazado quien insistió en la reserva de su identidad. “Este señor Monsalve hizo una reunión y decía que vendían a las buenas o las malas y a muchos de los que debían más le quitaron los títulos de las fincas”. Según este campesino, unos 300 campesinos se endeudaron con ‘Germán Monsalve’ y por lo menos 120 familias tuvieron que dejar sus tierras.

Mientras tanto, Multifruits firmó un contrato de comercialización por siete años con un valor potencial de $6.2 millones de dólares con la multinacional Del Monte y su filial local C.I. Conserba S.A. El contrato, firmado en agosto del 2004 por Jose Antonio Yock, en representación de Del Monte, menciona que “la productora dispone de una finca ubicada en Necoclí” y se comprometió a entregar 2.000 cajas de plátano por semana a partir de enero 2006.

Al año siguiente, Multifruits firmó otro acuerdo para una alianza estratégica con Adán Quinto, el supuesto representante legal del Consejo Comunitario de la Cuenca del Cacarica. Pero años atrás las comunidades lo habían destituido de su cargo por corrupción y su complicidad con la explotación ilegal de madera por parte de Maderas del Darién S.A.

La Corte Constitucional respaldó la destitución de Quinto en una sentencia del 2003. Sin embargo, a espaldas de la comunidad, Quinto comprometió 20.600 hectáreas del territorio colectivo (casi 25 por ciento del título) por un periodo de 50 años en el contrato. Aún está por determinar si durante este proceso Multifruits obtuvo algún beneficio del Incoder que en esa época estaba bajo la dirección de Rodolfo Campo Soto, tío de Juan Manuel Campo Eljach, representante legal de la compañía.

Las repetidas denuncias de la comunidad y las resoluciones del Ministerio del Interior sobre los territorios colectivos frenaron la alianza estratégica del Cacarica. Con Multifruits en la mira de las autoridades y su evidente participación en actividades controversiales, Del Monte canceló los contratos con esta compañía, lo que derivó en la liquidación de la sociedad en septiembre de 2007.

Denuncias que hoy reposan en la Fiscalía General de la Nación señalan a alias ‘Germán Monsalve’ como el coordinador de los proyectos de Multifruits. Testigos advirtieron que lo vieron en reuniones en el Cacarica promoviendo la alianza estratégica entre la comunidad y la comercializadora de plátano en el sitio conocido como La Balsa, una antigua base paramilitar.

El acta de liquidación de Multifruits reconoció la participación de Asocomun en el proceso de comercialización y le agradeció por ser “la entidad que permitió el acercamiento del trabajo y apoyo social del modelo asociativo comunitario de perfil privado”.

Plan Colombia: Madera y Caucho

Meses antes de la disolución de la Comercializadora Internacional Multifruits y Cia Ltda., las actas de la compañía mencionan a Luis Alfonso Jaramillo Muñoz como asesor de negocios y desarrollo empresarial. Y cuando la junta decidió liquidar la sociedad, lo nombraron como agente liquidador para manejar la disolución. Al mismo tiempo, Jaramillo presidía como gerente de otra empresa con extensos negocios en Urabá, la Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización Agropecuaria, Incuagro.

Incuagro es una empresa mixta creada por iniciativa del programa Presidencial Contra Cultivos Ilícitos y cofinanciada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). El propósito de este proyecto fue la creación y capacitación de compañías agropecuarias y su fortalecimiento empresarial apoyado por el programa contra cultivos ilícitos de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

Bajo la dirección de Jaramillo, Incuagro se vinculó como socio mayoritario en cuatro compañías en el Urabá: dos de reforestación y dos de caucho. Las empresas fueron establecidas a finales del 2005 después de un foro del programa Familias Guardabosques en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño. De ese encuentro surgieron las empresas El Indio y La Gironda, que se dedicarían a la reforestación comercial de maderas como teka, acacia y melinda. También se conformaron dos productoras de caucho, Procaucho y Caucho San Pedro.

Incuagro invirtió en esas cuatro empresas 24 mil millones de pesos. Entre los que suscribieron capital en El Indio también aparece en el registro Multifruits con una inversión de 200 millones de pesos. Otro socio de las empresas es el ganadero Benito Osorio Villadiego, quien ha sido relacionado con grupos paramilitares y hoy se encuentra prófugo de la justicia. Bajo su administración, el Fondo Ganadero de Córdoba invirtió 809 mil millones de pesos en las dos caucheras.

Antes de constituirse como empresas de carácter privado, El Indio y La Gironda surgieron en el 2003 como proyectos pilotos del Programa Familias Guardabosques de Acción social. El mismo año, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), como parte del Plan Colombia, empezó a estudiar la posibilidad de apoyar el Programa de Familias Guardabosques. En un informe publicado en el 2004, esta agencia norteamericana se refirió a Asocomún como “colaborador clave” para el desarrollo de proyectos forestales en Turbo y Necoclí.

Es así como en el 2004 ambos proyectos empezaron a recibir la cooperación de USAID. Una de las particularidades de este apoyo es que El Indio y La Gironda recibieron 402 mil dólares en donaciones para un proyecto de 1.200 hectáreas una semana antes de la desmovilización definitiva del Bloque Elmer Cárdenas, realizada en agosto de 2006. Los informes de USAID también indican que donaron 300 mil dólares a las caucheras Procaucho y Caucho San Pedro para fortalecer un cultivo de 1.100 hectáreas.

En una entrevista con VerdadAbierta.com realizada en 2009, alias ‘El Alemán’ reconoció la participación del bloque en proyectos productivos ligados a la erradicación de coca y admitió que fueron coordinados por su hermano ‘Germán Monsalve’: “Arrancó el proceso, yo entré a mediar porque los cachacos no querían erradicar y me tocó que las tropas nuestras arrancaran la coca. … Empezaron a trabajar en Asocomún y le dije a mi hermano que trabajara con ellos”.

Cuando VerdadAbierta.com solicitó una entrevista con representantes de USAID pidiendo aclaraciones, primero insistieron en recibir las preguntas por escrito y finalmente se negaron a responder.

Según ‘El Alemán’, después de que Asocomún ya se había involucrado en los proyectos de Tulapa, “se recibió la visita del embajador de Estados Unidos y se empezaron a desarrollar programas de caucho, madera, cacao, con el apoyo de Acción Social. Luis Carlos Restrepo me envió un correo en el que decía que el 28 de diciembre de 2005 debía reunirme con Victoria Eugenia Restrepo, encargada de la erradicación”.

Esta reunión, según el jefe paramilitar se había realizado en la finca La Virgen del Cobre, un predio ubicado en Necoclí y de propiedad de José Antonio Ocampo, alias “Pelusa”, un viejo socio del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

Victoria Eugenia Restrepo Uribe fue la coordinadora nacional del Programa Contra Cultivos Ilícitos (PCI) bajo el gobierno de Álvaro Uribe. En un discurso dado en Santa Marta el 4 de octubre de 2007, el mandatario la calificó como la “mamá de las Familias Guardabosques”.

Como presidenta del PCI, Restrepo Uribe participaba en reuniones de la junta de Incuagro. De las actas registradas por la compañía a principios del 2006, se infiere que Restrepo hizo un fuerte lobby para que Incuagro apoyara los proyectos del Urabá.

En el año 2008, Restrepo Uribe se vio comprometida en unas grabaciones de conversaciones telefónicas que tuvo con el empresario Juan Felipe Sierra, el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Marco Antonio Pedreros, y el director encargado de fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio. Las conversaciones salpicaron a todos los involucrados por posibles relaciones con otro hermano de ‘El Alemán’, se trata de Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”. Por estas relaciones, Valencia Cossio fue condenado a 15 años de cárcel; Pedreros fue destituido; y Sierra Fernández ha venido siendo procesado por la justicia, sin que se haya resuelto su situación.

Según la revista Cambio, las autoridades también tenían sospechas de posibles nexos entre Victoria Eugenia Restrepo y la mafia. Citando fuentes anónimas de inteligencia, la revista resaltó: “En el caso concreto de Restrepo, les intrigaba [a las autoridades] por qué su oposición sistemática a la fumigación de cultivos de coca en Antioquia y Córdoba, en áreas de influencia de Daniel Rendón, ‘Don Mario’”.

Restrepo Uribe ha negado de manera enfática en diversas ocasiones cualquier relación con estructuras criminales y ha explicado que su cargo no le daba autoridad alguna para impedir fumigaciones de hoja de coca. Sobre sus relaciones con Sierra también ha precisado que eran amigos de infancia e insistió que a Valencia Cossio lo conoció recién el mismo día de la conversación. Explicando por qué Asocomún termina ganando un contrato del PCI por 467 millones de pesos para acompañar el Programa de Familias Guardabosques, la funcionaria explicó que esta organización no gubernamental dirigida por ‘Germán Monsalve’ fue la única entidad que se presentó para la solicitud y que no sabía que él era hermano de El Alemán.

La reciente sentencia dictada por la Corte Suprema contra el ex senador Ramón Antonio Valencia Duque por parapolítica incluyó datos importantes sobre la trayectoria de los proyectos agroindustriales del Urabá. La Corte determinó que “la iniciativa de incorporar a las comunidades de Urabá en el componente social del Programa Familias Guardabosques para la erradicación de cultivos ilícitos fue de Asocomún, con el liderazgo de ‘Germán Monsalve’ desde el año 2002”.

La decisión de la Corte también dejó claro que Valencia Duque cumplió un papel fundamental en la realización del proyecto agroindustrial. La sentencia rastreó la trayectoria de un pacto donde ‘El Alemán’ ofrecía apoyo político, logístico y financiero a las campañas de Valencia.

Mientras tanto, el político conservador hacía un intenso lobby con instituciones gubernamentales, incluyendo instancias del Plan Colombia, para lograr el apoyo a los proyectos del Programa Familias Guardabosques asunto que, según la Corte, “explica por qué posteriormente el congresista tuvo un inmenso crecimiento electoral en esas localidades”. De hecho, los votos obtenidos por Valencia Duque en los municipios de Urabá entre las elecciones del 2002 y 2006 crecieron por casi un 2.000 por ciento.

El testimonio de Sandra Suárez, la entonces Alta Consejera Presidencial para el Plan Colombia, dio clara confirmación ante la Corte que “la inclusión del Urabá al Programa Familias Guardabosques, en los municipios de Necoclí y Turbo, fue iniciativa del congresista Ramón Antonio Valencia Duque”.

La tragedia humanitaria que ha vivido Colombia en los últimos quince años fue peor en estas colinas caribeñas que se extienden en quince municipios de Sucre y de Bolívar y en sus alrededores al noroccidente del país. Los colombianos se han estremecido con los relatos de sus masacres, El Salado, Chengue, entre otro medio centenar, y con los retratos de maldad de los autores comandados por “Cadena” y Vecino”. También ha constatado, después de sentencias ejemplares como la que dictó la Corte Suprema contra el cacique sucreño Álvaro García, que políticos cómplices, aprovecharon el miedo, para ampliar su poder y fortunas.

Más allá de estos hitos tremendos, sin embargo, la historia del paramilitarismo suele contarse en blanco y negro, escondiendo así aquella historia más sutil y más verdadera de cada región. Es en esos relatos más grises, de decisiones morales, de pasiones e intereses individuales, pero también de los conflictos históricos y las políticas estatales que los perfilaron, donde afloran las claves de por qué la violencia en este país siempre parece estar al acecho de la siguiente oportunidad.

En este especial, y en otros que vendrán en las próximas semanas, VerdadAbierta.com quiere aportar desde el periodismo a construir esos relatos regionales, más investigados y minuciosos, basados en decenas de entrevistas y documentos.

Conocer mejor qué pasó, nos ayuda a comprender por qué la elusiva paz no se instala del todo y, sobre todo, nos indica el camino de futuro para no repetir la misma historia.

*Vea el especial publicado por VerdadAbierta.com

Morris (41 años), uno de los 12 periodistas escogidos para el programa Nieman 2010-2011, director y conductor del exitoso programa de TV Contravía, ha sido uno de los más importantes investigadores de los lazos secretos entre paramilitares y políticos aliados al Presidente Álvaro Uribe. Las historias e impactantes imágenes sobre las miles de víctimas que arroja el conflicto armado de ese país y sus responsables, han estremecido a los ciudadanos y se han convertido en un trozo de la otra historia de Colombia.

Según reportó la agencia Associated Press (AP), el curador de la Fundación Nieman en Harvard, quien ha ofrecido becas internacionales de estudios para periodistas en Estados Unidos desde 1938, indicó que un funcionario consular en la embajada estadounidense en Bogotá le informó que Morris fue declarado inelegible de forma permanente para obtener el visado bajo normas sobre “actividad terrorista” de la Acta Patriota, sancionada a fines del 2001.

-Esto nunca sucedió antes. Y Hollman ha viajado antes a Estados Unidos a ofrecer conferencias y recibir premios –afirmó a AP el curador de la Fundación Nieman, Bob Giles, quien acotó en entrevista telefónica que ya han escrito una carta al Departamento de Estado solicitando que reconsideren la decisión.

La negación de la visa a Morris por parte del gobierno de EE.UU. es el último eslabón de una cadena de hostigamientos y amenazas que tanto él como su familia y el equipo de Contravía han debido enfrentar por parte de organismos de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe, el principal aliado de Estados Unidos en la región.

La principal operación política ilícita en contra de Morris y otros periodistas y magistrados, fue ratificada por la Fiscalía General de Colombia la que desmenuzó macabros detalles del llamado caso “Las chuzadas del DAS” (Departamento Administrativo de Seguridad, bajo directa dependencia de la presidencia de Colombia). Su objetivo: amenazar, desprestigiar a nivel nacional e internacional, sabotear, realizar montajes, intimidar e interceptar ilegalmente las comunicaciones de los escogidos. (Ver documentos).

En uno de los documentos del DAS, fechado en octubre de 2005, Morris figura en una nómina de seguimientos a “organizaciones y personas de tendencia opositora frente a políticas gubernamentales, con el fin de restringir o neutralizar su accionar”. [Sobre este caso ver nota de Adam Isacson].

En febrero pasado, con las pruebas en mano y avalado por la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de su país, Hollman Morris responsabilizó políticamente al Presidente Álvaro Uribe por los seguimientos e interceptaciones telefónicas y amenazas ejecutadas por su policía secreta (DAS). Lo hizo frente a las pantallas de TV en una emisión de su programa Contravía entregando una primicia: un documento hallado en las instalaciones del DAS que tenía como objetivo “gestionar la suspensión de la visa de Hollman Morris” [Ver Video]

Sólo días antes, el 13 de enero pasado, Morris había ingresado a la residencia del embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, invitado especialmente para un almuerzo privado con el subsecretario de Estado James Steinberg. Fue una reunión absolutamente privada en la que sólo participaron otros cuatro civiles junto a Morris. Y se entiende, el tema era delicado: la persecución ilegal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) del gobierno de Álvaro Uribe en contra de defensores de derechos humanos y periodistas independientes, entre otros problemas.

Una veintena de ex funcionarios del DAS han sido detenidos por delitos relacionados con estas operaciones de espionaje. Tanto en la investigación de la Fiscalía como en otras de índole periodística ha quedado clara la responsabilidad del Presidente Uribe en el acoso a Morris, jueces y otros profesionales. Un hecho que no es nuevo ya que en varias ocasiones Uribe ha acusado públicamente al director de Contravía de simpatizar o colaborar con las FARC, la guerrilla responsable del asesinato del padre del mandatario colombiano (1983). El capitulo de mayor impacto se registró en febrero de 2009, cuando ante las cámaras de la TV y en un acto público el Presidente Uribe calificó a Morris como un “cómplice del terrorismo” que fingía de periodista.

Bob Giles, curador de la Fundación Nieman en Harvard, dijo a la Associated Press (AP), que los funcionarios consulares de Estados Unidos citaron como razón de la negativa del visado la sección 212 (a) (3) (B) del Acta Patriota. Tal sección declara inelegible a cualquier persona vinculada a actividades terroristas, perteneciente a un grupo o que apoye actividades terroristas. Las FARC figuran en el listado de grupos terroristas del Departamento de Estado.

En el caso de Morris, quien ha reiterado que todos sus contactos con las FARC han sido exclusivamente de carácter periodístico, ya la fiscalía colombiana le había abierto una investigación luego de que en marzo del 2008 se encontraran correos a su nombre en el computador portátil de Raúl Reyes, un fallecido jefe guerrillero. Lo cierto es que ellos muestran que el conductor de Contravía sirvió como intermediario entre las FARC y diplomáticos franceses que intentaban la liberación de Ingrid Betancourt. Así lo confirmó la fiscalía colombiana que archivó dicha investigación sin formular cargos.

Lo anterior fue confirmado a la agencia AP por el director de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía General de Colombia, Hernes Ardila.

El clima de hostigamiento y las constantes amenazas que reciben tanto Hollman Morris como su familia, lo llevaron a postular a una de las prestigiosas becas Nieman de la Universidad de Harvard. En estricto rigor, el paso dado por Morris no fue sólo una aspiración académica. Su propósito fue buscar en Harvard (Estados Unidos), al menos durante un año, un respiro de protección para su vida y principalmente la de su familia. Oxígeno para terminar con el temor a que las amenazas pasen a otro nivel.

Tanto la excelencia profesional, su aporte histórico como el clima de odiosidad que ha rodeado a Morris en los últimos años ha sido corroborado por sus colegas en Colombia y en el mundo. Entre otros importantes premios ha recibido el de Human Rights Watch (HRW), en 2007, mientras que si huella fue objeto de una película-documental -“Temoin Indesirable”- producida por la televisión franco-suiza en 2008.

El último homenaje a Hollman y Contravía se lo rindieron el pasado 28 de junio todas las facultades de comunicación social y periodismo de Colombia (Afacom) y más de 10 organizaciones (ver programa). Allí quedó claro que no sólo sus amigos, sino cientos de profesionales que admiran y respetan el trabajo infatigable y de excelencia desarrollado por Hollman Morris merece en este minuto una tregua, unos meses de tranquilidad.

El gobierno de Estados Unidos ha dicho no. Sus razones son confidenciales. “Sentimos que esto es escandaloso”, dijo Joel Simon, director del Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York. Su opinión es compartida por cientos de organizaciones de periodistas que hoy exigen que se le otorgue la visa a Morris ante el temor de que en Colombia las mafias del crimen organizado ligados al poder político, las mismas que Morris ayudó a develar, actúen nuevamente en total impunidad.

* Con información proporcionada por la Agencia Associated Press (AP), a la que contribuyó su corresponsal en Bogotá, Libardo Cardona.

*Quienes deseen escribir al gobierno de Estados Unidos para soolicitar que se le otorgue al periodista Hollman Morris la visa para ingresar a Estados Unidos y pueda estudiar en la Universidad de Harvard, pueden escribir a:

1) Ambassador Janice Lee Jacobs
Assistant Secretary
Bureau of Consular Affairs
Harry S. Truman Building
2201 C Street, NW, Room 6811
Washington, DC 20520
and
2)The Honorable William R. Brownfield
Ambassador of the United States
American Embassy
Carrera 45 No. 24B-27
Bogotá, D.C. Colombia

De acuerdo a distintos autores hay guerras necesarias, opcionales, pero también las hay estúpidas. La guerra contra la droga en América Latina –y su piedra angular, el Plan Colombia- caería en esta última categoría. No es simple estupidez. Es un negocio de miles de millones de dólares que explican muchas de las decisiones de Estados Unidos en la región.

Richard Haas, un politólogo que fue funcionario y consejero militar en las presidencias de ambos Bush (George H. y George W), distingue dos clases de guerras: las que son necesarias e inevitables y las opcionales. En su provocador libro Guerra de Necesidad, Guerra de elección (Simon & Schuster, 2009), Haas pone entre las primeras a la II Guerra Mundial, a la primera del Golfo y a la primera en Afganistán, cuando EE.UU. salió a buscar resuello tras los atentados del 11 de septiembre.

Por el lado de las opcionales, enumera la segunda de Irak, la de Vietnam y la actual en Afganistán, que va asumiendo ya el perfil del mayor desafío bélico para el gobierno de Barack Obama. Se dirá que es un poco fútil y polémica la idea. Las guerras no son otra cosa que las formas en que se resuelven contradicciones de poder -poder económico- no importa tanto si hubo o no chance de evitarlas. Pero lo cierto es que las guerras, además, son un buen negocio, también entre nosotros.

No lejos de estos debates, además de las dos alternativas que describe Haas, hay otros analistas como el politólogo y catedrático de historia de la Universidad de Nueva York, Greg Grandin, quien añade una tercera variedad: las guerras estúpidas. Al tope de la clasificación coloca el ejemplo de la guerra “fallida” contra el narcotráfico en esta parte del mundo, apuntando más bien a las formas que tomó esa confrontación que tiene a Colombia como uno de sus ejes centrales. Y al Plan Colombia de asistencia norteamericana como protagonista estelar.

En la misma estrategia o retórica antinarco se incrusta la decisión de EE.UU. de desplegar bases propias en más de media docena de cuarteles militares repartidos por toda Colombia. Uno de los sentidos de esa operación, que ha creado comprensibles agonías y recelos en la región, se puede encontrar como huellas muy marcadas recorriendo algunos pasos de la historia reciente del vínculo entre Washington y Bogotá. No es difícil acabar por descubrir que las cosas pueden ser mucho más pedestres que lo que indica cierta urgencia conspirativa. Veamos.

En un imperdible artículo publicado en The Nation, “What can Obama do in Latin America?” (¿Qué puede hacer Obama en América latina?), Grandin recuerda que el presidente norteamericano en plena campaña proclamó, justamente, que sólo se opondría a las guerras estúpidas. “Esta guerra (contra el narcotráfico) es una de esas, de las estúpidas”, dice enfático y explica: “No ha reducido la exportación de narcóticos a EE.UU., pero sí ha esparcido la violencia desde América Central a México, mientras afianzó el poder de los paramilitares en Colombia”.

El Plan Colombia es la pieza central de esa guerra -una iniciativa que, por su tamaño, convierte en casi nada al filoso tema de las bases norteamericanas- que no sólo este académico considera como una operación fallida. Es el mismo plan, aclaremos, que influyó en la otra guerra civil que se libra contra las FARC; pero ahí la guerrilla ha perdido frentes y efectivos debido a su decadencia ideológica, una extendida lumpenización y la consecuente deformación delictiva.

La guerra de los helicópteros

El Plan Colombia nació con la administración de Bill Clinton apuntando a los grandes carteles de la droga (no exactamente las FARC) cuando gobernaba el país sudamericano Andrés Pastrana. Ha implicado desde entonces una inversión de alrededor de US$ 6.000 millones. Y convertido a Colombia en uno de los mayores receptores mundiales de asistencia militar norteamericana. El problema han sido y siguen siendo los resultados.

El Brooking Institute, un poderoso think-tank demócrata, uno de cuyos miembros más prominentes, Carlos Pascual, acaba de ser designado embajador de los Estasdos Unidos en México, sostiene que la batalla centralizada en cada país contra el narcotráfico sólo ha servido para que las mafias se muden sin perder eficiencia. El caso de los carteles narcos de Colombia, donde se concentró esa batalla, es paradigmático sobre la consecuencia del crecimiento de las alternativas mafiosas en México. Para el Brooking el eje pasa por combatir con mayor énfasis el enorme consumo en Norteamérica, y destruir el contrabando de miles de armas que cada día pasan desde el sur al norte por la frontera mexicana.

Esa polémica importa poco a los protagonistas directos de la película. Las razones son sencillas. El dinero del Plan Colombia ha fluido como un río hacia proveedores gigantes de material bélico como United Technologies. Este coloso de la industria militar, basado en Connecticut, es el mismo que proveerá a México, como parte del cuestionado Plan Mérida (la versión azteca del antinarco aplicado en Colombia), de una flota de helicópteros Black Hawks que construye su subsidiaria Sikorsky. El anuncio lo hizo la canciller de Obama, Hillary Clinton, en marzo en México. Esos helicópteros operan también en Colombia.

Es interesante observar que cuando George W. Bush activó el Mérida, optó por dotarlo de helicópteros Bell, cuya planta está en su estado natal, Texas. La United Tech está radicada en Hartford, Connecticut, de donde proviene el halcón Joe Liberman, un influyente senador (primero demócrata luego independiente) que apoyó decididamente el belicismo de Washington en Irak y que, junto a su colega Christopher Dodd, introdujo una enmienda que autoriza al Pentágono, en consulta con los militares colombianos, a determinar cuál es el modelo más efectivo para luchar contra el narcotráfico.

La pelea por Colombia entre Sikorsky y Bell, con sus lobbies y una lluvia de cientos de miles de dólares que denunció el respetado Center for Public Integrity de EE. UU. (“The Helicopter War“), es uno de los capítulos poco transitados pero claves para comprender el sentido y permanencia de esta guerra. Y por qué es tan importante para esos sectores del poder en EE.UU. la figura de Alvaro Uribe y la gracia de su reelección. Es claro ya que las polémicas bases son una parte de su campaña electoral.

Vale la pena abundar. Según datos de 2007 consignados por la BBC, que cita a la especialista colombiana en lucha contra el narcotráfico Diana Murcia, al menos 35% de los fondos del Plan nunca llegaron a Colombia sino que pasaron en forma directa a los proveedores. “El programa iba a servir para reducir 50% la oferta de cocaína hacia EE.UU. y Europa, pero ha sido un total fracaso”, dijo.

Tanta evidencia puede más bien hacer poco sin un sistema regulatorio que controle los excesos. El almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., atajó hace poco el pedido para desmantelar el Plan Colombia afirmando en Bogotá que hay que “aprender de los enormes éxitos de este plan” y sugirió que tales enseñanzas deberían ser aplicadas en Afganistán, el nuevo Vietnam en proceso. El corresponsal en la Casa Blanca de The Washington Post, Scott Wilson, avanzó un poco más: urgió a Obama a usar a Colombia como el aula donde aprender cómo golpear al enemigo Talibán. Y preparar un ejército que lo haga, no importa a qué costo. Es un mundo pequeño.

*Marcelo Cantelmi es editor internacional del diario Clarín de Argentina

La siguiente investigación publicada por Semana.com da cuenta de la instalación de la gran minería aurífera en la Serranía de San Lucas, en el noroeste colombiano. Para dar tranquilidad a las faenas y evitar ofensivas guerrilleras o de los narcos, se reforzó el Ejército en la zona. “En lugar de tranquilidad, hubo mayor tensión”, asegura el reportaje. Y así lo indican las sospechosas muertes de dos líderes de los pequeños mineros de la región que se oponían al desembarco de las transnacionales. Ambos fueron muertos a tiros por los militares e inicialmente identificados como guerrilleros, pero documentos oficiales reunidos por Semana.com, lo ponen en duda. Una de las empresas que se instaló en la zona es la sudafricana Anglo Gold Ashanti, la que hasta fines de 2007 estuvo asociada con Antofagasta Minerals -el brazo minero del grupo Luksic- para sondear reservas de oro en el sur colombiano.

En la zona de influencia de la Serranía de San Lucas vino la gran minería, se reforzó el Ejército, y en lugar de la tranquilidad, hubo mayor tensión. Las sospechosas muertes de dos líderes así lo demuestran. Investigación especial de Semana.com.

Si hay un lugar de Colombia donde se han puesto a prueba los dos pilares del gobierno Uribe, confianza inversionista y seguridad democrática, ha sido en la agreste y rica región entre el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, cuyo corazón es la Serranía de San Lucas.

Desde 2003 allí llegaron grandes y pequeñas empresas mineras en una versión contemporánea de la fiebre de oro. La gigante multinacional Anglo Gold Ashanti, con el estudio más completo jamás realizado sobre posibles depósitos de oro y otros metales en todo el país, vio la promesa en esta región y para 2004 había reservado un poco más de un millón de hectáreas en títulos mineros. Le siguieron San Lucas Gold y Uragoldcorp. También las nacionales, Promoción de Proyectos Mineros, Mineros de Antioquia y Mineros S.A. (ver cuadro).

No era terreno fácil para desarrollar un proyecto minero, sin vías de acceso, sin mayor presencia estatal, deterioro ambiental, cultivos ilegales y cocinas de coca, y con un largo y cruento dominio de grupos armados, primero del ELN, luego de las Farc y desde comienzo de los noventa, de los paramilitares. En medio de esas aguas turbulentas, los mineros artesanales y sus familias han sobrevivido con lo del día, barequeando duro al rayo del sol, en tierras sin títulos.

Era de esperarse que tras las multinacionales, llegarían los hombres armados como moscas a la miel. Dijo la Defensoría en 2006 que las Farc querían “restringir la explotación industrial de las minas auríferas”, pero más probable es que buscaran una tajada del negocio en expansión.

Precisamente para ayudarles a los nuevos inversionistas, y más a los extranjeros, a medírsele a zonas como ésta, el gobierno promete la seguridad democrática. Se reforzó la presencia militar en la Serranía y sus alrededores. E incluso algunas mineras grandes firmaron convenios especiales de protección con las Fuerzas Armadas, aunque oficialmente el Ejército lo negó cuando Semana.com se lo preguntó (ver respuesta del general Ricardo Vargas, comandante de la Quinta Brigada).

Los convenios son secretos pero según pudo establecer Semana consisten en que el Ejército se compromete a garantizar la seguridad de las actividades de las empresas, y éstas, le pagan una suma anual. Para evitar desvíos de los que sucedieron con los paramilitares, estos pactos de protección se cuidan de dejar por escrito que los dineros que se aporten a los militares no se pueden usar para labores ofensivas, ni para comprar armas o municiones.

Los mineros artesanales

Mientras las grandes mineras alistaban su desembarco en la zona, el Ministerio de Minas les dio a los mineros tradicionales un plazo muy corto para legalizar sus títulos, hasta el 31 de diciembre de 2004. Si no lo lograban, las recién llegadas podrían reclamarlos para ellos. Asustados porque temían que con las nuevas reglas de juego se quedarían sin minas y sin pan, y sospechando con sabiduría, que también implicaría una mayor puja violenta por el oro, los mineros comenzaron a reunirse. En San Lucas, Santa Rosa sur y otros pueblos, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol) convocó a la gente; en Remedios, Antioquia el llamado lo hizo la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, sólo para citar dos ejemplos.

Algunos militares en terreno –y como suele suceder en el círculo vicioso de desconfianza del largo conflicto colombiano – creyeron que si los pequeños mineros rechazaban a los nuevos inversionistas era porque eran guerrilleros. Y se pusieron en la tarea de vigilarlos. Hasta ahí cumplían con su deber, quizás buscando al enemigo en el lugar equivocado, pero debían cerciorarse, pues no se puede desconocer que estas guerras irregulares no todo es como aparece.

Sin embargo, es probable que los militares hayan ido más allá de lo que la ley permite, pues entre fines de 2006 y comienzos de 2007, dos líderes mineros, Alejandro Uribe y Carlos Mario García, murieron con balas de soldados en circunstancias muy sospechosas.

Fusilado y sin registro

Alejandro Uribe, de 29 años, era el noveno de diez hijos y padre de dos niños. Dedicaba sus días a la minería, a su trabajo en la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Gallo (Municipio de Morales), donde vivía, y participaba activamente en Fedeagromisbol.

Era uno de los que más se oponía a la llegada de las compañías mineras. Consideraba que las grandes empresas estaban llegando sin consultarles a ellos, los mineros, que se habían hecho a esas tierras con generaciones de arduo trabajo.

El 19 de septiembre de 2006, él y su amigo Emiliano García, fiscal de Fedeagromisbol, salieron a las 9 de la mañana desde su vereda hacia otra llamada Las Culebras, pensado regresar el mismo día. Pero Alejandro no volvió. Sus vecinos, preocupados, salieron a buscarlo y en el camino, otros campesinos les dijeron que habían visto pasar su cuerpo sin vida colgando como saco en una mula conducida por soldados.

Oficialmente el comandante del Batallón Nueva Granada, dijo que Uribe era un guerrillero caído en combate; que había liderado una estrategia de las Farc y el ELN para organizar a los campesinos en contra el Estado. El informe oficial a la Fiscalía decía que le habían encontrado un fusil AK 47, una granada de mano, 54 cartuchos, 5 proveedores para fusil, un chaleco negro, documentos, un casete pequeño y otro grande marca Sony. (Vea el reporte).

“Para el mes de marzo de 2006, Alejandro Uribe (alias Andrés) participó en una ‘reunión de área’, allí dirigió a los asistentes a impedir la entrada de las multinacionales AngloGold Ashanti y Kedahda S.A”, según reza textualmente en otro documento elaborado por los militares.

Como las versiones de la comunidad y del Batallón Nueva Granada sobre Uribe y las circunstancias de su muerte eran tan contradictorias, Semana.com pidió información oficial del caso al Ejército. Después de un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia por el derecho al acceso a la información que favoreció a Semana.com, el Ejército respondió a las preguntas de la revista sobre éste y otros casos de muertes sospechosas en la región. (Ver resumen del caso en que la Corte Suprema avaló el acceso a la información del Ejército).

La gran sorpresa fue que la Dirección de Operaciones del Ejército no tenía ningún dato sobre Alejandro Uribe. Ni su muerte ni la operación en la que ocurrió fueron reportadas ante los superiores como es obligación hacerlo. (Ver respuesta del general Matamoros)

Según le dijeron a Semana.com fuentes cercanas al caso, el dictamen de Medicina Legal de Alejandro Uribe decía que su cuerpo tenía tatuajes por dos disparos, uno por la espalda, lo que indica que se hicieron a menos de 50 centímetros de distancia. Es decir, fue fusilado.

Hasta ahora, el proceso por esta muerte se encuentra en investigación preliminar. La Fiscalía aún no ha ordenado capturar ni incluir a ningún militar en el caso.

Después de que se conociera la muerte de Uribe, cerca de 1.300 personas, lideradas por el presidente de Fedeagromisbol, Teófilo Acuña, se movilizaron hacia el casco urbano de Santa Rosa Sur para protestar porque estaban convencidos de que éste no era guerrillero. Incluso, la Iglesia Católica expresó su preocupación con lo ocurrido.

La gestión de Acuña para movilizar a la gente aparece mencionada en un informe de inteligencia militar como uno de los indicios que llevaban a pensar que él era guerrillero. Entre su supuesto actuar delictivo, citan también una reunión que realizó en la vereda Las Culebras, del municipio de Río Viejo (Sur de Bolívar).

Allí, le dijo a la gente que “de ninguna manera se podía permitir que fuera a entrar una multinacional en el Sur de Bolívar, como lo había hecho la Sociedad Kedahda (la filial original de la AngloGold en Colombia) en el corregimiento de Buena Seña, del mismo municipio, ni mucho menos que fueran a explotar el oro de las minas de San Lucas”. Por eso, dice el informe militar, está realizando “reuniones de proselitismo político en pro del ELN, aprovechándose de la inocencia del campesino”. (Lea el informe)

Semana.com le preguntó a Acuña sobre dicho encuentro y el porqué de su actitud contra la minera. Él confirmó que había dicho eso en la reunión porque temía que con la llegada de la multinacional se quedaran sin sustento cerca de 35 mil personas que viven de la minería en la zona.

Con base en aquel informe inteligencia militar, Acuña fue detenido el 26 de abril de 2007 acusado de rebelión por un fiscal de Simití (Bolívar), pero como no hubo pruebas suficientes, quedó libre. Sin embargo, tuvo que salir de la región amenazado y hoy recibe protección del mismo Estado. (Ver informe de la ONG Human Rights First). El pasado 2 de marzo otros tres integrantes de la junta de Fedeagomisbol fueron arrestados.

En las aguas turbias donde han sucedido estos acontecimientos, seguramente es difícil para las autoridades trazar líneas tajantes entre población civil y guerrilla. Sin embargo, por los hechos graves aquí descritos, un muerto fuera de combate y procesos judiciales que se caen a la primera revisión seria, cabe preguntarse si los militares no han confundido la protesta social legítima con subversión armada. Y más paradójico aún, si con estos actos irregulares, en lugar de contribuir a la seguridad de la zona y de las empresas están socavándola.

La otra pregunta obligada es si tuvieron que ver las compañías en estos actos irregulares del Ejército. Es muy difícil decirlo. La más grande, la AngloGold, y el blanco de las críticas de Fedeagromisbol, lo niega rotundamente. La trayectoria de la Anglo en el mundo no es impecable, pues fue cuestionada en el Congo por haber financiado en 2003 al grupo ilegal Frente Nacionalista e Integracionista (FNI) para poder explotar la mina Mongbwalu.

Sin embargo, en septiembre de 2007, esta compañía minera suscribió, ante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, un pacto global de responsabilidad social por el cual se comprometieron a tener buenas prácticas en derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción.

Además, según explicaron  voceros de la empresa a Semana, la minera devolvió el 92 por ciento de las áreas que había pedido originalmente. Y hoy tiene solicitadas 102 mil hectáreas, de las cuales tiene ya concesionadas y firmadas 36 áreas que ocupan 64 mil hectáreas.

La Anglo ha desarrollado cuatro proyectos de exploración en el Sur de Bolivar, en Barranco de Loba, San Martín de Loba, en Buena Seña y Río Viejo y en todos, para hacer los muestreos de suelo y roca o perforar, se concertó con la comunidad con la cual se hicieron talleres y en Buena Seña se hizo una aula escolar.  Los voceros aclararon que ninguno de estos proyectos está abierto en este momento porque la empresa tiene otras prioridades de exploración en el país.

La AngloGold  no perseveró directamente en las explotaciones del Sur de Bolívar porque se cree que las reservas de oro allí econtradas no son superiores a las cinco millones de onzas troy, que son los proyectos que esta empresa suele acometer directamente. Aunque explicaron que sí seguirán en tareas de exploración y explotación en sociedad con las compañías B-2 Gold y Mineros de Antioquia.

Sobre las minas de la Fedeagromisbol, la AngloGold explicó que nunca tuvo interés en sus terrenos (como en efecto lo demuestran los mapas de Ingeominas que consultó Semana) y que, por el contrario, intentaron asesorarlos en la legalización y que, pese a que en las reuniones se mostraban interesados, afuera los seguían criticando duramente.

Fedeagromisbol sin embargo, no persistió en su resistencia para preservar la explotación artesanal de las minas de la que hablaban en sus proclamas; que no querían allí  mineras grandes porque estas explotarían en unos pocos años las minas que a ellos, a pequeña escala, les darían sustento por una o dos generaciones . Pero apenas consiguieron los derechos legales sobre sus minas, los vendieron a la San Lucas Gold Corporation, una empresa minera estadounidense, por 500 millones de pesos de inversión inicial que deberán destinarse a inversión social y 250 millones de pesos semestralmente durante seis periodos para el fortalecimiento de esa Federación. Además, la compañía debe contratar para sus actividades a personal de la región.

El caso García

Unos meses después de la muerte de Uribe, de lado antioqueño de las estribaciones de la Serranía de San Lucas, en Remedios, hubo otra muerte sospechosa. La de Carlos Mario García, a quien reconocían como un joven de 22 años, servicial con su comunidad e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Ojos Claros y del grupo juvenil de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc).

El trabajo de la Acvc en defensa de los derechos humanos fue reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que les otorgó medidas cautelares en 1999 y 2000 a sus miembros amenazados. Esta organización también se opuso a las mineras.

El domingo 25 de marzo de 2007, García salió con un amigo a hacerle el favor al vecino de llevarle una madera por el río Altamar. El lunes, la emisora Colombia Estéreo pasó la noticia de que el Batallón Calibío del Ejército había dado de baja en combate al guerrillero Carlos Mario García. El coronel Jorge Alberto Segura presentó el cadáver envuelto en una bolsa negra y dijo que García había muerto durante la ‘Operación Atenea’ y que sus hombres se habían incautado de un fusil AK-47, un proveedor y municiones. Supuestamente, en este operativo se desmanteló una sastrería de las Farc.

La gente de Remedios que conocía al joven García no creyó la versión oficial. Y menos cuando en esa zona los mineros habían reportado hasta ese momento otras seis muertes más en circunstancias extrañas. Una multitud de 350 campesinos marcharon hasta donde los militares a reclamar el cadáver del muchacho y luego se fueron a un campamento en la vereda Puerto Nuevo Ité, creado para albergar refugiados en peligro.

Otro medio centenar de campesinos entre adultos, niños, ancianos y mujeres viajaron a Bogotá en abril de 2007 para denunciar ante las autoridades su situación.

Juan*, el joven menor de 18 años que acompañaba a Carlos Mario aquella mañana de domingo, relató ante la Procuraduría lo que les sucedió después de que salieron a llevar la madera:“Íbamos en una balsa por el río Altamar cuando unos militares nos dijeron que los pasáramos al otro lado de la orilla. En los camuflados tenían insignias del Batallón Calibío. Les hicimos el favor. Ahí, nos dijeron que teníamos que ir donde el teniente porque nos iba a hacer unas preguntas. Nos dejaron esperando como media hora, entonces Carlos Mario y yo les dijimos que nos teníamos que ir porque nos iba a coger la tarde…nos llevaron a las malas hasta un sitio llamado Rancho Tembleque. Llegaron otros siete soldados y sólo me llevaron a mí y dejaron a Carlos Mario. Me pararon en una loma y un soldado me encañonó y otro le dijo que esperara un momento y bajó el fusil. Yo me tiré a una cañada y salí corriendo. Entonces los militares me hicieron varios disparos y me persiguieron, pero alcancé a volarme”. (Lea la declaración)

En la misma petición que hizo al Ejército por el caso de Alejandro Uribe, Semana pidió información sobre el de este joven de Remedios. El general Gustavo Matamoros, por entonces Jefe de Operaciones del Ejército, remitió una carta con los datos del caso, pero en lugar de esclarecer los hechos, ésta presentaba nuevas inconsistencias.

Según este informe oficial, Carlos Mario García era un guerrillero muerto en combate y desde antes, fuentes de inteligencia lo habían identificado como tal y lo habían visto portando un fusil AK-47.

Sin embargo, después de su supuesta muerte en combate, el informe asegura que García portaba “un fusil K-Orinco y un bolso que después del levantamiento del cadáver la Fiscalía encontró que se trataba de tres proveedores”. Semana.com consultó a un conocedor de tipos de armas y éste aclaró que debe haber un error porque no existen fusiles K-Orinco. Se puede tratar, sin embargo, de un fusil Norinco, que es una copia china de los fusiles estadounidenses R-15. Y además explicó que el fusil Norinco nada tiene que ver con un AK-47 que según inteligencia era el arma que le habían visto.

Para colmo de incoherencias, al final del reporte, el Comando del Ejército aseguró que “el material incautado fue una pistola y una granada de fragmentación”, sin informar qué pasó con el fusil ni con los proveedores que supuestamente portaba cuando cayó. Tampoco informan sobre ninguna sastrería desmantelada en esa acción militar. (Lea la respuesta del Ejército).

Además, los militares aseguraron que “los testigos afirman que alias ‘Flash’ (como identifican a Carlos Mario) se dedicaba a realizar trabajos extorsivos consistentes en cobros de dinero a ganaderos y mineros de la región”, una versión negada radicalmente por los cientos de personas que se movilizaron cuando lo mataron. (ver video)

Un año y siete meses después de ocurridos estos hechos, en octubre de 2008, cuando estalló el escándalo de los falsos positivos, el presidente Álvaro Uribe destituyó a los comandantes de este Batallón Calibío por haberse comprobado en una investigación interna que éste era muy poco riguroso en sustentar las operaciones con los respectivos planes de batalla y que era alto el riesgo de que algunos de sus miembros hubieran realizado ejecuciones extrajudiciales de civiles.

Semana.com consultó por los procesos de los destituidos de este batallón y la Fiscalía informó que “ninguno de los militares citados aparecen en el banco de datos de la Unidad de Derechos Humanos, en la que se encuentran procesados tanto por el viejo sistema penal como por el nuevo en lo ateniente a ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’”. O sea, los destituyeron, pero no los están investigando.

La persecución a los miembros de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc) no se detuvo con la muerte de García. Entre fines de 2007 y comienzos de 2008 toda la junta directiva de esta entidad fue detenida bajo los cargos de rebelión. Hoy todos, menos uno de ellos, fueron liberados pues las pruebas contra ellos eran frágiles.

A juzgar por los hechos aquí descritos,  hay suficientes dudas de que ni Alejandro Uribe, de Morales, ni Carlos Mario García, de Remedios, reportados como muertos en combate, eran realmente guerrilleros, como para que las autoridades emprendan una investigación a fondo. Y también, que es muy probable que hayan sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por cuenta de unos militares que, con o sin la complicidad de empresas mineras, creyeron equivocadamente que garantizarles la seguridad era acallar a plomo todo debate público sobre su entrada a esta olvidada región.

Es un perfecto retrato en pequeño de los riesgos que tiene la filosofía oficial de pensar que la confianza inversionista se construye con una seguridad sólo basada en ofensiva militar. Y con frecuencia sucede como en esta región, que el oro prometido se vuelve plomo.

Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares para combatir el narcotráfico a través del el Plan Colombia. Pero mientras entrega apoyo militar y financiero para terminar con los cultivos de coca, esta exhaustiva e impactante investigación revela que parte del dinero que busca fomentar siembras alternativas fue entregado a empresas productoras de palma ligadas a presuntos narcotraficantes y paramilitares. Los mismos que por años aterrorizaron a los campesinos, asesinando y saqueando sus tierras para después arrebatárselas y cultivar allí miles de hectáreas de palma que funcionaron como una buena pantalla del lavado de dinero.

El 14 de mayo pasado, la Fiscalía General de Colombia discretamente convocó a una audiencia pública para decidir la suerte de Coproagrosur, una cooperativa de cultivo de palma de aceite ubicada en Simití, un pueblo en el norte del país. Como parte de un programa de reparación de víctimas de la violencia, un confeso narcotraficante y jefe paramilitar conocido como “Macaco” había entregado al gobierno los bienes de la cooperativa, que según él son suyos.

Macaco, cuyo nombre real es Carlos Mario Jiménez, fue uno de los más sangrientos comandantes paramilitares de la larga guerra civil colombiana y ha confesado el asesinato de 4.000 civiles. Él y sus hombres son también en gran parte responsables de haber convertido a 4,3 millones de colombianos en refugiados internos, la población de desplazados más grande del mundo después de Sudán. En mayo de 2008, Macaco fue extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y “narco-terrorismo”. Sigue esperando su juicio en una cárcel de Washington D.C.

Macaco se entregó a las autoridades a fines de 2005, respondiendo a la propuesta de amnistía del gobierno. La desmovilización de los jefes paramilitares requería la entrega de los bienes obtenidos ilícitamente, incluyendo aquellas tierras que arrebataron a través del violento desalojo de sus propietarios. Macaco ofreció los bienes de Coproagrosur como parte del trato.

Pero el aviso publicado por la Fiscalía no menciona que Coproagrosur recibió una donación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) en 2004. La donación –pagada a través del Plan Colombia, el multimillonario paquete de ayuda para combatir el narcotráfico– parece haber puesto dólares de la guerra contra la droga en manos de un conocido paramilitar y narcotraficante. Como los paramilitares colombianos están en la lista de organizaciones extranjeras terroristas del Departamento de Estado, la donación podría constituir una posible violación de las leyes federales de Estados Unidos. Pero los procesos de chequeo interno de USAID “no fallaron”, de acuerdo a la respuesta oficial de la embajada estadounidense en Bogotá. Y ello porque Macaco no aparecía oficialmente entre los socios de Coproagrosur.

Desde el 2002, el Plan Colombia autorizó cerca de US$ 75 millones anuales para programas de “desarrollo alternativo”, como la producción de palma de aceite. Dichos programas entregan fondos para convenios entre empresarios agroindustriales y campesinos con el objeto de alejarlos de los cultivos ilícitos (la coca entre ellos). La mayoría de estos proyectos de desarrollo están concentrados en el norte de Colombia, que fue el epicentro de desplazamientos masivos de campesinos.

Funcionarios de USAID dicen que estos proyectos ofrecen una alternativa a la violencia asociada a las drogas en un país que carga con las llagas abiertas del conflicto armado. Insisten en que esa agencia vigila atentamente para detectar actividades ilegales y no ha recompensado a quienes cultivan tierras robadas. Pero un estudio de los documentos internos de USAID, escrituras de las compañías y reportes de prensa, genera serias dudas sobre la vigilancia que ejerce la agencia sobre los postulantes, en particular, sobre su habilidad para detectar conexiones con narco-paramilitares, crímenes violentos y tomas ilegales de tierras.

Además de los US$ 161.000 entregados a Coproagrosur, USAID también otorgó US$ 650.000 a Gradesa, una empresa palmicultora que tiene a dos miembros de su junta directiva investigados por narcotráfico y vínculos con paramilitares. Una tercera compañía del rubro, Urapalma, también acusada por su relación con paramilitares, casi recibió la aprobación de una donación antes de que su solicitud fracasara por falta de documentos. Los críticos dicen que la contradicción de dichas donaciones perjudican la misión antidroga del Plan Colombia.

“El Plan Colombia está luchando militarmente contra las drogas al mismo tiempo que entrega fondos para apoyar el cultivo de palma, que es usado por las mafias paramilitares para lavar dinero”, dice el senador colombiano Gustavo Petro, un abierto crítico de la industria palmífera. “Estados Unidos está implícitamente subsidiando a los narcotraficantes”.

El impacto más agudo de los proyectos palmicultores patrocinados por paramilitares y narcotraficantes se encuentra en el departamento del Chocó. El boom de la palma en esa región enfrenta a campesinos pobres contra un aglomerado de fuerzas poderosas, incluyendo el Ejército, narco-paramilitares, y ejecutivos palmicultores con fácil acceso a las aulas del poder. La formula funcionó con simple brutalidad: mientras los campesinos huían de incursiones conjuntas entre paramilitares y fuerzas estatales, entraban los palmicultores arrebatando las tierras abandonadas para sembrar palma aceitera, una de las fuentes más rentables de biocombustibles.

El despojo y el boom de los biocombustibles

El viejo campesino seguía al brigadier general Pauxelino Latorre por un oscuro laberinto de corredores de cemento en el batallón de la Decimoséptima Brigada del Ejército en Carepa, un pueblo en el extremo noroeste de Colombia. Pasaban por cuartos agudamente iluminados por grandes ventanales con vista a las plataneras que rodean el batallón. Soldados daban un tieso saludo mientras el general pasaba a toda máquina. El campesino -Enrique Petro, un hombre pobre y con casi 70 años- arrastraba lo pies detrás del general, tratando de no cruzar su mirada con la de los soldados.

Petro estaba comprensiblemente ansioso. Investigaciones criminales habían ligado repetidamente a la Decimoséptima Brigada con los grupos paramilitares que habían asesinado brutalmente a miles de personas, incluyendo a su hermano y a su hijo adolescente. A medida que se adentraba en el cuartel, Petro se empezó a preocupar aún más. Latorre abrió una puerta hacia un cuarto al final de la base, donde Javier Daza, en esa época gerente de Urapalma, esperaba. En el encuentro que siguió, Daza y el general dominaron la conversación.

Era agosto de 2004. Unos pocos días antes, Petro se había quejado ante el general de que Urapalma estaba sembrando palma en tierras que los paramilitares le habían robado en 1997, en el casi contiguo departamento del Chocó. Como respuesta, el general le sugirió una reunión en la base. Y Petro, suponiendo que tenía poco que perder, aceptó. Al final de breve encuentro -dice Petro-, Daza y Latorre lo intimidaron para que validara legalmente la incautación de sus tierras. Con la firma de Latorre como testigo del contrato, Petro perdió 85% de su finca de 150 hectáreas. Casi cinco años después, aún no recibe el magro pago que le ofrecieron.

Petro es uno de los afortunados: aún está vivo. De acuerdo a reportes del gobierno colombiano y de organizaciones no gubernamentales, Urapalma ha obtenido ilegalmente más de 5.654 hectáreas de densas tierras tropicales en el Chocó, incautadas con la ayuda de personas como Latorre y sus colaboradores paramilitares.

Latorre fue alumno de la Escuela de las Américas -la academia de entrenamiento del Ejército de Estados Unidos para los militares latinoamericanos-, fue imputado el año pasado de haber lavado millones de narco-dólares para un grupo paramilitar y los fiscales están investigando sus actividades a la cabeza de la Decimoséptima Brigada. Otro general, Rito Alejo del Río, quien lideró la brigada en la época del desalojo de Petro, está preso por cargos de colaboración con paramilitares. Él también fue entrenado en la Escuela de las Américas.

Reportes gubernamentales, documentos legales y testimonios de grupos de derechos humanos muestran que narco-paramilitares –a menudo en cooperación con el ejército financiado por EE.UU.- forzaron el desplazamiento de miles de campesinos del Chocó a fines de los años ’90, matando a más de un centenar. Desde 2001, Urapalma y una docena de otras compañías palmíferas se han tomado al menos 22.000 hectáreas de tierras abandonadas en el Chocó. Como las de Petro. La mayor parte eran propiedades colectivas de campesinos afro-colombianos.

En 2005, el presidente colombiano Álvaro Uribe, invocando los pujantes mercados de alimentos y biocombustibles, hizo un llamado al país para aumentar la producción de palma desde 300.000 hectáreas a 6 millones de hectáreas. Los críticos argumentan que la expansión palmífera en muchas regiones exhibe patrones de narcotráfico, paramilitarismo y violencia similar a la del Chocó, incluyendo masacres y desplazamientos forzosos. Un informe de la organización internacional Human Rights Everywhere reveló violentos crímenes relacionados con el cultivo de palma en cinco regiones distintas, todas las cuales caen dentro de la iniciativa de Uribe. Casi todas esas regiones han sido también objetivo del apoyo de USAID para el cultivo de palma.

La agencia estadounidense administra el programa de desarrollo alternativo del Plan Colombia desde el enorme edificio tipo bunker de la embajada estadounidense, ubicada en una de las principales avenidas de Bogotá. Entre los cultivos que reciben apoyo financiero, la palma de aceite o palma africana es uno de los pocos cuya rentabilidad es eventualmente comparable con la de la coca. Desde 2003 los contratos de desarrollo alternativo de USAID han entregado cerca de US$ 20 millones para proyectos agroindustriales de palma a lo largo del país.

Casi la mitad de la palma producida en Colombia es exportada, la mayor parte a Europa, pero también a Estados Unidos y algunos países de América Latina. El gobierno tiene ahora sus ojos fijos en el tratado de libre comercio entre EE.UU y Colombia, cuya aprobación en el Congreso en Washington –vista como posible con el explícito apoyo del Presidente Obama- permitirá a la palma colombiana entrar a Estados Unidos sin aranceles. A pesar de que el aceite de palma es destinado a docenas de productos comerciales, Colombia está apostando al mercado del biodiesel.

“Estamos en vísperas de iniciar otro gran desarrollo energético a partir de la palma africana”, dijo el presidente Uribe en 2005 cuando anunció la iniciativa. El país duplicó su superficie plantada de palma desde 2001, el año en que Colombia se convirtió en el cuarto exportador del mundo y el año en que las compañías llegaron al Chocó.

Grupos de derechos humanos han acusado durante largo tiempo a compañías palmicultoras en Colombia –a Urapalma en particular- de cultivar en tierras robadas. Jens Mesa, presidente de Fedepalma, la federación nacional de productores de palma, dice que esos cargos son muy exagerados. Mesa se queja de que las compañías del Chocó, las cuales no son miembros de la federación, son excepciones que han estigmatizado injustamente a toda la industria.

No obstante, la bancada afro-americana del Congreso de Estados Unidos ha expresado frecuentemente a la administración Uribe su preocupación por la industria de la palma, que está concentrada en áreas con gran población afro-colombiana. Inquieto por que el Congreso estadounidense pueda retener los fondos del Plan Colombia o bloquear el acuerdo de libre comercio, el gobierno colombiano ha empezado a tomar las acusaciones más seriamente.

A fines de 2007, el fiscal general Mario Iguarán anunció una investigación sobre las denuncias de que 23 compañías palmicultoras en el Chocó, incluyendo Urapalma, trabajaron con los paramilitares para incautar tierras a comunidades. Por la misma época, el senador estadounidense Patrick Leahy incluyó una indicación a la ley que entrega los fondos del Plan Colombia, en la que se prohíbe el financiamiento de proyectos de palma que “causen el desplazamiento forzoso de habitantes locales”. El Congreso de EE.UU. debatirá pronto el financiamiento del Plan Colombia para el 2010, en el primer desembolso de fondos hacia el extranjero diseñado por la administración Obama. En el actual borrador del proyecto, la indicación de Leahy está marcada para ser borrada.

Sean Jones, quien hasta mediados de mayo fue el director para desarrollo alternativo de USAID en Colombia, reconoce que la industria de palma de aceite en Colombia tiene “dos caras”. Una es la de aquellas compañías que cumplen la ley, pero “también está la cara fea de la palma africana, donde hay algunos jugadores realmente sucios”.

Los paramilitares y La Violencia

Incluso en Colombia, con su riqueza geográfica y diversidad cultural, el departamento selvático del Chocó es considerado exótico. La selva tropical del Chocó, ubicado en la esquina noroeste del país, donde Sudamérica limita con Panamá, está entre aquellas con mayor biodiversidad del planeta. Pero muchos colombianos aún la ven como un rezagado reducto de violencia. Lluvias torrenciales alimentan sus hileras de bajas montañas que irrigan cientos de ríos y ciénagas que se extienden como venas a lo largo del paisaje. Muchos de estos cursos de agua terminan en el largo río Atrato, que serpentea por la selva hacia el norte hasta que su delta desemboca en el golfo del Caribe. Los lugareños llaman Urabá a esta zona.

Los campesinos del Urabá más afectados por el negocio de la palma viven cerca de dos exuberantes tributarios: las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. En el 2000 la agencia gubernamental que administra las tierras rurales, Incoder, entregó títulos colectivos por 101.000 hectáreas a descendientes de comunidades de esclavos negros, que de acuerdo a la Constitución de Colombia, tienen los mismos derechos territoriales que los indígenas.

Pero el gobierno, en un esfuerzo por atraer inversionistas extranjeros, también ha bautizado a Urabá como “la mejor esquina de América”. Un campesino expresó los sentimientos locales sobre el marketing gubernamental: “Le dicen ‘la mejor esquina,’ pero si uno apenas levanta ese telón encuentra cosas horribles”. En los últimos años, las compañías palmicultoras han ocupado más del 20% de estas ancestrales tierras que limitan con ambos ríos, correspondientes a la zona más habitable y viable agrícolamente.

A fines de los ’80, esta parte de Colombia se transformó en base de grupos paramilitares o “paras” fundados por tres hermanos de la familia Castaño: Fidel, Vicente y Carlos, quienes venían de las filas del infame cartel de Medellín de Pablo Escobar. Los Castaños recibieron un generoso apoyo logístico y financiero de empresarios, políticos, terratenientes, narcotraficantes y militares. Colaboraron tan estrechamente con la guerra sucia del Ejército contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que un reporte de 2001 de Human Rights Watch se refiere a ellos como la “sexta división” del Ejército. Alimentados por un ferviente anticomunismo, los señores de la guerra -como los Castaño- mataron salvajemente a miles de inocentes acusados de simpatizar con la guerrilla.

Hacia mediados de los ’90, los informes de derechos humanos mostraron que los paras habían reorientado su violencia hacia fines económicos: tomando tierras y negocios, eliminando oponentes y protegiendo su actividad más lucrativa, el narcotráfico. Los Castaño y sus aliados se convirtieron en los indiscutidos sultanes de la cocaína, ganándose importantes puestos en las listas de los más buscados del gobierno estadounidense. Los señores de la guerra iniciaron una sangrienta marcha hacia Urabá.

Primero aparecieron panfletos advirtiendo a todos los colaboradores de la guerrilla de marcharse y los pueblos se llenaron de graffiti de paramilitares. Uriel Tuberquia, uno de los vecinos de Enrique Petro, recuerda que en los meses previos al arribo de los paras, en la comunidad corrían rumores de que venían los mochacabezas, en referencia a la forma en que los paramilitares desmembrarían los cuerpos de sus víctimas. Los paras usaban machetes para descuartizar los cadáveres y dentro del torso vaciado colocaban los miembros y la cabeza de sus víctimas. La espantosa práctica tenía una función práctica: el no tener que cavar fosas profundas. Otros de estos “cadáveres” simplemente se tiraban a la omnipresente corriente opaca de los ríos.

Cuando los paras finalmente llegaron, asesinaron al padre de Tuberquia mientras pastoreaba su ganado. “Lo mataron así desde lejos, a punta de bala, como corriendo atrás de él”, dice Tuberquia mientras fija su mirada en los árboles de palma con ojos inexpresivos:

-A mi papá nunca le pudimos dar un entierro, entonces quedó por ahí debajo de toda esa palma.

En octubre de 1996, los paras tuvieron un macabro aterrizaje en Chocó, con el asesinato de ochos campesinos en el pequeño pueblo de Brisas, a la orilla del río Curvaradó, a una hora a pie de la finca de Petro. Jesús Artiaga, otro vecino campesino de Petro, estuvo en Brisas el día de la matanza, en la cual dice que también participaron unidades de la Decimoséptima Brigada. El pueblo estaba lleno de gente por un torneo de fútbol. “Llegaron echando plomo. Tiroteando por todos lados diciendo ‘¡todo el mundo al suelo, todo el mundo al suelo’!”. Un sol ardiente picaba a los cuerpos inmóviles acostados bocabajo en el cemento de la plaza central. Unos paras armados hasta los dientes arrastraban el contrafilo de sus machetes por las espaldas de los campesinos tendidos en el piso. Unas horas después escogieron a seis hombres de la multitud y los fusilaron ahí mismo. Mientras se iban, mataron a otros dos tirando sus cuerpos lánguidos por el borde de un puente.

Lo que siguió fue un crescendo de terror simplemente llamado por los campesinos como “La Violencia”. En febrero de 1997 los militares, respaldados ese año por un apoyo estadounidense de US$ 87 millones, hicieron equipo con su “sexta división” para batir el norte del Chocó. Helicópteros del Ejército y aviones de combate lanzaron bombas y fuego de alto calibre contra las comunidades selváticas, mientras los paras “limpiaban” a su paso. Militares y paramilitares instalaron retenes –muchos a pocos metros del otro bando– en todas las rutas. Los grupos internacionales de derechos humanos documentaron masacres, tortura, asesinatos y desapariciones. Los paramilitares cerraron el año con el asesinato de treinta y un campesinos en el pueblo de Buena Vista la semana antes de Navidad.

De acuerdo a la agencia de refugiados de las Naciones Unidas, la ofensiva de 1997 forzó el desplazamiento de unas 17.000 personas desde sus tierras. Sólo en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó, 140 campesinos fueron reportados muertos o desaparecidos, casi todos por soldados y paramilitares. En esa época, Petro ya había perdido a su hermano y sus dos hijos por “La Violencia”, uno de ellos asesinado por las FARC. Los paramilitares le advirtieron repetidamente que lo matarían si no dejaba sus tierras. Intentó quedarse, pero cuando otro de sus hijos se quiso ir, Petro decidió abandonar su tierra.

“Ellos decían que iban hacer una limpieza de la guerrilla”, recuerda Petro. “Hicieron una limpieza, pero de nosotros los campesinos. Nos sacaron a todos”. En entrevistas, los campesinos que sobrevivieron al desplazamiento forzoso dicen que cuando empezó “La Violencia” los paramilitares llegaban a sus fincas con una escalofriante oferta: “O nos vende o negociamos con la viuda”.

Para el 2001, cuando los paras anunciaron el control definitivo de Urabá, Petro y otros campesinos ya se habían dispersado. Algunos seguían escondidos bajo el tapiz de la selva; otros habían abandonado definitivamente el Chocó. Pese a que los paras les advirtieron que no visitaran sus fincas, los campesinos escucharon rumores de que esas tierras estaban siendo sembradas de palmas.

Gustavo Duncan, analista de seguridad de la Universidad de los Andes en Bogotá, dice que el giro de los paramilitares hacia la palma fue una decisión de negocios lógica: “Es un cultivo que contribuye al control territorial y que permite invertir el capital acumulado de las drogas en un negocio rentable”. De acuerdo a la declaración de un ex empleado de Urapalma que cooperó con la investigación de la Fiscalía, el principal puente entre los Castaño y los inversionistas fue Hernán Gómez, uno de los mentores ideológicos de los hermanos Castaño y esposo de la actual presidenta de Urapalma. La declaración asegura que Gómez, quien no devolvió los múltiples llamados hechos a su casa, ayudó a los Castaño a reclutar a narcos ricos y con experiencia en el cultivo de palma para invertir en Urapalma.

En una entrevista en 2005, Vicente Castaño admitió con orgullo: “En Urabá tenemos [los paras] cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos”.

Cuando los campesinos empezaron a retornar a sus hogares después de 2001, encontraron a sus campos arrasados y plantados con plántulas de palmas. Compañías como Urapalma habían puesto letreros con grandes letras: Propiedad Privada. La permanente presencia paramilitar aterrorizaba la zona.

Petro pasó cinco años sin ver sus tierras, refugiado en el pueblo cercano de Bajirá. Volvió recién en 2002 a un panorama devastador: “Perdí todo el trabajo de mi juventud,” dice Petro. Recita un lista que aparentemente se sabe de memoria: “Yo tenía por lo menos 110 vacas, yo tenía 20 carneras, tenía nueve bestias, mi esposa muchas gallinas…”

Urapalma arrasó su potrero para sembrar palma. Cuando volvió para nuevamente sacar a su finca adelante, el miedo no desapareció: “Me puse a trabajar y después de trabajar un año vinieron los paramilitares aquí a matarme y ahí fue que me dejaron esos escritos”. Él se había ido al pueblo esa mañana así que se salvó. Pero cuando volvió, se encontró con una casa saqueada y casi destruida, llena de graffiti de eslóganes del bloque paramilitar que controlaba la zona. Los mensajes amenazantes todavía se ven en las paredes de su casa destartalada.

USAID y la palma

Tres meses después de que los paras saquearan la casa de Petro, Urapalma envió su solicitud de financiamiento a las oficinas en Bogotá de ARD Inc., un contratista de desarrollo con 30 años de experiencia y sede en Burlington, Vermont, además de oficinas en cuarenta y tres países. En su sitio web, ARD se describe a sí misma como guiada por “los ideales de Vermont de liderazgo en asuntos ambientales y participación local en el gobierno”. USAID, una gran fuente de recursos para ARD, tiene US$ 330 millones en contratos activos con la compañía.

En enero de 2003, ARD empezó a administrar US$ 41,5 millones para el Programa de Cooperación en Agronegocios con Colombia (CAPP, por su sigla en inglés) de USAID. Urapalma fue una de las primeras compañías en enviar una solicitud. La empresa ligada a Macaco, Coproagrosur, recibió su donación de US$ 161.000 el año siguiente (un tercio del monto fue devuelto sin ser gastado). Los reportes trimestrales de ARD muestran que Urapalma pidió financiamiento por US$ 700.000 para cubrir la plantación de 1.500 hectáreas en Urabá, el epicentro de las tierras robadas. La solicitud inició su camino dentro del proceso de ARD.

Representantes de USAID se refieren al proyecto propuesto por Urapalma como una “alianza estratégica” y normalmente llaman a este tipo de iniciativas como “lideradas por la comunidad”. Un funcionario de la embajada estadounidense dice: “Sin nuestro apoyo, los campesinos serían más débiles para negociar alianzas justas con los industriales”. Pero de acuerdo a documentos de la investigación hecha en 2007 por la Fiscalía que fueron obtenidos por el Fondo de Investigación de The Nation Institute, las compañías palmicultoras en Chocó utilizaron estas asociaciones para legitimar las adquisiciones ilegales de tierras, muchas veces a través de fraude y coerción.

Parte de la investigación se basa en una declaración de Pedro Camilo Torres, un ex empleado de Urapalma que manejó las solicitudes de apoyo financiero entre 1999 a 2007, incluyendo la petición hecha a USAID. En su declaración, acusa a Urapalma de haber creado organizaciones campesinas “de papel” para obtener falsos títulos de dominio y acceder a fondos públicos.

El caso más emblemático de fraude involucra a Lino Antonio Díaz Almario, quien supuestamente compró 5.900 hectáreas en el año 2000, una fortuna imposible para un campesino pobre. Inmediatamente después vendió esas tierras a la Asociación de Pequeños Productores de Palma de Aceite de Urabá, una organización formada por Urapalma. Pero Díaz estaba muerto desde 1995, cuando se ahogó en las aguas turbias del Jiguamiandó.

El proyecto propuesto por Urapalma a USAID, de acuerdo al resumen de un reporte de ARD, se refiere a “asociaciones afrocolombianas”. Según la declaración de Torres y de testigos citados por la Fiscalía, todas las organizaciones campesinas fueron montadas por Teresa Gómez, a quien el Tesoro de Estados Unidos identifica como “gerente de finanzas” de la vasta federación narco-paramilitar de los Castaño. Dirigió al meno otras dos ONGs ligadas a los paras y es buscada por el asesinato de una líder de campesinos en la provincia de Córdoba, que reclamó la devolución de tierras incautadas por los Castaño. Llamados telefónicos y mensajes dejados al equipo de Urapalma durante meses nunca fueron contestados.

Susan Reichle, la directora de la misión de USAID en Colombia, dice que Urapalma nunca recibió el dinero gracias al riguroso proceso de revisión de la entidad. “Mi equipo tiene un protocolo de tierras y todo un proceso para garantizar, en la medida de nuestras posibilidades y a través de una exhaustiva investigación, que esta tierra es sana,” dice. Pero admite: “Me encantaría decir que el proceso es cien por ciento seguro pero desafortunadamente nunca lo va a ser”. Sean Jones, quien encabezó los programas de desarrollo alternativo de USAID en Colombia desde 2006, contradice a Reichle, asegurando que la solicitud de Urapalma se estancó debido a que la compañía no cumplió con la entrega de la requerida documentación.

De acuerdo a los reportes trimestrales de CAPP, un “comité de revisión” conjunto entre USAID y ARD avanzó la propuesta de Urapalma hasta la penúltima etapa del proceso –un paso antes de la entrega del dinero- hacia enero de 2005. Roberto Albornoz, quien encabezó el programa agroindustrial de ARD en Colombia desde el inicio del contrato con USAID, dice que su equipo realizó un proceso de revisión, pero nunca encontró evidencia de actividades sospechosas. Confirma que el proyecto se “congeló” en abril de 2005 sólo después de que Urapalma dejara de enviar la documentación. Albornoz dice que su equipo no supo del pasado oscuro de Urapalma hasta que apareció un artículo en la revista Semana, cinco meses después de que la propuesta fue congelada.

Consultado sobre por qué los revisores de ARD fallaron en sospechar de las actividades ilegales de la compañía, Jones hace eco de los dichos de Albornoz: “Las acusaciones sobre Urapalma no habían aparecido en la prensa en ese momento”.

Pero los desplazamientos forzosos y masacres en Urabá ya eran información pública entonces. En julio de 2003, un mes antes de la solicitud de Urapalma a USAID, el diario El Tiempo reportó que “los proyectos de palma africana en el sur del eje bananero de Urabá chorrean sangre, miseria y corrupción”. El Washington Post relató la misma historia dos meses más tarde.

En cables desclasificados de la embajada de Estados Unidos, representantes diplomáticos en Bogotá sonaron la alarma sobre el dominio de los paramilitares en Urabá ya en 1996. Un cable de ese año sostiene que “los Castaño han obtenido enormes ganancias de sus actividades y han sido reportados adquiriendo miles de acres de tierra en el norte de Colombia”. El cable caracteriza al creciente control paramilitar en todo el país como la creación de “estados cuasi-independientes” provocando la “feudalización de Colombia” y menciona específicamente a Urabá.

En 2003, cinco meses antes de que Urapalma solicitara apoyo financiero a USAID, la Corte Interamericana de Derechos Humanos individualizó a la compañía en la colusión con paramilitares en Urabá. “Desde el año 2001 la empresa Urapalma S.A. ha promovido la siembra de palma aceitera en aproximadamente 1.500 hectáreas de la zona del territorio colectivo de estas comunidades, con ayuda de la protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados”. Es decir, paramilitares. Soldados y paras iniciaron incursiones armadas, concluyó la corte, para “intimidar” a comunidades “ya sea para que se vinculen a la producción de palma o para que desocupen el territorio”.

Albornoz dice que ARD cruza los datos de los registros de las compañías con las bases de datos de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos sobre personas vinculadas al tráfico de droga. Pero la compañía sí tenía evidentes vínculos narco: en sus papeles de registro de la cámara de comercio, Urapalma tiene entre sus inversionistas fundadores a dos hermanos de la familia Zúñiga Caballero, a quienes las autoridades colombianas acusa de ser un clan con conexiones paramilitares y con vínculos con los carteles de Medellín y Cali.

Cientos de miles de dólares

Aunque USAID eventualmente congeló la propuesta de Urapalma, la agencia otorgó una donación a Coproagrosur, la compañía cuyos bienes fueron entregados por Macaco, y otra a Gradesa, que refina aceite de palma para consumo doméstico y exportación, principalmente a Estados Unidos. De acuerdo a los reportes de ARD y los documentos de USAID, la donación de la agencia a Gradesa ayudó a financiar un proyecto en Belén de Bajirá, Chocó, el mismo municipio de Urabá donde queda la sede de Urapalma y las tierras de Enrique Petro. USAID parece haber apoyado la participación de Gradesa en refinar aceite de palma proveniente de los sangrientos campos del Chocó.

USAID insiste en que nunca financió un proyecto de palma en Chocó. Representantes de USAID, Gradesa y ARD niegan que el proyecto tuviera actividades en Belén de Bajirá, a pesar de tres años de referencias al pueblo en documentos internos y públicos. Representantes de USAID dicen que el lugar fue incluido erróneamente luego de que Gradesa equivocadamente lo mencionara en un reporte de avance.

-El error pasó inadvertido porque el mayor interés se centra en la información de hectáreas, familias, empleo y presupuesto invertido -explicó por email el encargado de prensa de USAID,

En cualquier caso, al tiempo que USAID concedía a Gradesa US$ 257.000 el 19 de diciembre de 2003, documentos corporativos muestran que los mismos dos hermanos Zúñiga (Antonio y Carlos) que invirtieron en Urapalma, también se sentaron en el directorio de Gradesa. (En 1987, Carlos figuró en una lista de narcotraficantes del gobierno colombiano). En marzo de 2005, la Fiscalía anunció que estaba incautando la participación de Zúñiga en la empresa y presentando cargos criminales contra los hermanos por usar Gradesa para lavar narco-dólares. De acuerdo a un oficial de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la participación era de 50%. Una reciente entrevista con el presidente de Gradesa reveló que los hermanos tenían dicho porcentaje desde comienzos de los ’90, mucho antes de la donación hecha por USAID. El caso de la Fiscalía sigue su curso en los estrados de las cortes colombianas, en el quinto intento del gobierno por fijar cargos de lavado de dinero contra los Zúñiga.

A pesar de la acción legal pendiente, USAID aprobó una segunda donación a Gradesa en 2007, esta vez por US$ 400.000, como parte de un nuevo contrato a cinco año con ARD por US$ 182 millones. En una respuesta oficial por escrito, un funcionario de la embajada de Estados Unidos dijo que como USAID no recibió ninguna notificación formal del caso contra los Zúñiga, “USAID no tenía ninguna forma de saber del vínculo entre Gradesa y la investigación contra los Zúñiga”. El funcionario agregó que “nada disparó las alarmas” en el proceso de revisión para el segundo financiamiento de Gradesa y que como los Zúñiga ya no eran “accionistas, inversionistas o administradores”, no calificaron como “receptores” de la donación. Lo cual es lógico ya que la compañía ya estaba intervenida por la Fiscalía y las acciones de los Zúñiga estaban en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Desplazamiento permanente

La vida no ha mejorado mucho para Petro y los demás campesinos desplazados de la zona. En abril el gobierno devolvió 1.300 hectáreas –apenas el 6% de las tierras robadas- a algunos campesinos del río Curvaradó. Doce años después de que fueran forzados a partir, el resto se mantiene como desplazado. El gobierno dice que está presionando a las empresas palmicultoras para que devuelvan voluntariamente las tierras restantes, pero ya muchas veces los lugareños han escuchado ese tipo de promesas. Mientras tanto, las compañías siguen cargando camiones llenos de corozos de palma. A Petro sólo le queda una fracción de su finca, parte del cual ha convertido en una “zona humanitaria”, un campamento de chozas de madera llamado Caño Claro, habitado en los últimos años por una docena de familias desplazadas.

Más de 2.500 personas todavía sobreviven en un puñado de estas zonas humanitarias esparcidas a lo largo de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, pese a que ninguna es reconocida legalmente por el gobierno. En algunos casos, todo lo que separa a esos refugiados de sus tierras cubiertas de plantaciones de palma, es una sucia calle destapada con charcos y posos enormes. Estos caminos son patrullados por paramilitares, ahora vestidos de civil, y soldados del Ejército. Niños corretean alrededor de los campos con sus barrigas infladas por la enfermedad y la malnutrición, mientras sus familias claman por fuentes de subsistencia. Las represalias y violentas amenazas contra quienes demandan la devolución de sus tierras han aumentado últimamente.

Un día de octubre pasado, el líder campesino Walberto Hoyos fue ejecutado de un disparo cerca del río Curvaradó. Su cuello y su cara fueron reventados por las balas de un paramilitar. A la mañana siguiente, los residentes de Urabá se levantaron para encontrar sus pueblos nuevamente rayados con graffitis frescos y forrados de panfletos anunciando la formación de un nuevo grupo paramilitar. Una inquietante repetición de los eventos anunciando “La Violencia”.

*Teo Ballvé es un periodista independiente que escribe para revistas como Nacla Report, The Progressive y The Nation, medio que publicó originalmente este reportaje en inglés. El apoyo para realizar este artículo fue entregado por el Puffin Foundation Investigative Fund de The Nation Institute, con respaldo adicional de Project Word.

Los dos links siguientes corresponden a reportajes de la revista Semana de Colombia sobre el mismo tema, cuyos periodistas han investigado durante años las actividades de los paramilitares en la zona y sus apoyos y vínculos políticos y económicos.
Palma adentro
La palma maldita

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Arturo Torres, uno de los periodistas de investigación más importantes de Ecuador, acaba de publicar El juego del Camaleón, libro en el que revela los secretos del ataque que ordenó el Presidente Uribe al campamento de las FARC en territorio ecuatoriano y que culminó con la muerte del segundo jefe de la guerrilla, Raúl Reyes. Su investigación da cuenta de un proceso de inteligencia y espionaje que antecedió al bombardeo, además de la intensa colaboración que el grupo armado articuló en Ecuador. Todo ello avalado en decenas de entrevistas y centenares de documentos y fotografías que Torres recopiló en su país, Venezuela y Colombia hasta estructurar una historia que hoy sacude al Ecuador. CIPER publica la introducción y el capítulo II del impactante libro.

Mi primer acercamiento al conflicto interno colombiano ocurrió en agosto del 2000. Enviado por el diario El Comercio, viajé al municipio de El Caguán, donde se llevaban a cabo los diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana.

Programé la visita en las instalaciones de una radio quiteña, donde me reuní con la compañera Esperanza (Nubia Calderón), representante internacional de las FARC en Ecuador. Ella tenía contactos con políticos y dirigentes sindicales ecuatorianos, especialmente de izquierda. Uno de los principales era el “comandante Pablo Paz”, un ecuatoriano con quien me desplacé a la zona de despeje en forma casi clandestina.
En El Caguán conocí a varios comandantes guerrilleros, incluido Raúl Reyes, entonces su vocero internacional.

Aparte de los grupos alzados en armas, empecé a saber del fenómeno de la lucha armada a través de sus diversos actores: funcionarios del gobierno, representantes de la sociedad civil, autoridades locales, pobladores… Entonces el conflicto colombiano no tenía mayor influencia en Ecuador. A lo mucho se manifestaba en esporádicos incidentes en la frontera de 700 kilómetros de largo que comparten ambos países. Uno de ellos fue el ataque de los subversivos de las FARC a una patrulla ecuatoriana, en diciembre de 1993, que dejó 11 uniformados muertos.

En el 2000, la llegada del presidente Bill Clinton a Cartagena de Indias, en Colombia, fue sintomático: cambió el escenario para las FARC. Dio inicio formal al Plan Colombia, un sinnúmero de acciones, entre ellas el combate armado a la guerrilla y al narcotráfico. Paralelamente, en Ecuador, empezó a operar el Puesto de Avanzada Operativa (FOL) de Estados Unidos en la Base de Manta. A través de los sofisticados aviones Awac, la Base se convirtió en un puntal del espionaje satelital para reforzar el Plan Colombia.

Con el fracaso de los diálogos en el Caguán, buena parte de las tropas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se replegó hacia el Putumayo, especialmente a ambos lados de la frontera colombo-ecuatoriana.

Por esos días, volví a ver a Reyes en dos ocasiones: en Quito, en un encuentro con los masones (inicios del 2001), y en El Putumayo colombiano, a donde viajé para entrevistarlo, en el 2003.

Las presiones del lado colombiano desembocaron en un éxodo de campesinos hacia Ecuador: hoy viven en este país más de 500.000 migrantes y desplazados. Al mismo tiempo, se convirtió en una zona vital para los carteles de la droga, aliados con las FARC, que procesan la cocaína en laboratorios clandestinos instalados a lo largo del cordón fronterizo. La gasolina blanca, indispensable para la purificación de la droga, proviene de los residuos de la explotación petrolera, lo que dio origen a mafias que controlan el tráfico de combustibles en toda la región, con la consecuente corrupción de ciertas estructuras estatales.

Hay lugares como Santo Domingo de los Tsáchilas, articulados íntegramente a la dinámica del narcotráfico. Esta ciudad es el corazón de esas actividades ilícitas, pues se conecta directamente con todos los puertos, a través de los cuales se despacha la droga hacia Estados Unidos y Europa.

De la mano de los carteles llegaron el sicariato, el secuestro, las vacunas (extorsión a hacendados), el crimen organizado, las bandas de paramilitares. Los últimos ocho años esos hechos se multiplicaron.

La magnitud del fenómeno salió a la luz, en buena medida, luego del bombardeo de Angostura, el 1 de marzo del 2008, a dos kilómetros de la frontera con Colombia. Allí murieron el jefe subversivo Raúl Reyes y una veintena de guerrilleros, además de civiles de varios países.

Las autoridades ecuatorianas condenaron, con sobrados motivos, la violación de su soberanía, lo que fue apoyado por la OEA y el Grupo de Río. No obstante, la presencia del campamento del segundo de las FARC en Ecuador destapó un problema estructural, que no ha sido abordado por los gobiernos de Colombia y Ecuador.

Históricamente, ambos estados abandonaron las poblaciones fronterizas, que se articularon desde la década de los ‘80 a la economía de la hoja de coca en el Putumayo. Ese es el motor económico de la zona de frontera. Ante la ausencia del Estado, las FARC asumieron la figura de autoridades locales, impartiendo justicia y dirimiendo conflictos entre los pobladores. En el imaginario de los habitantes, los armados, incluso, son figuras casi míticas, identificadas con las causas del pueblo. Los niños sueñan con ser guerrilleros y muchos se enrolan a edades tempranas en sus filas.

Pese a ser su vecino, Ecuador desconoce la complejidad del conflicto colombiano, que tiene más de 50 años. Hay que recordar que esa nación vivió un proceso tibio de reforma agraria y que tradicionalmente ha tenido gobiernos afines a las élites, lo cual acentuó las desigualdades sociales, especialmente en el campo.

En Ecuador, varios sectores políticos y académicos de distintas vertientes de la izquierda se han identificado con el ideario de las FARC, grupo al que aún relacionan con los postulados de los movimientos subversivos de los años 60.

Esta mitificación pierde de vista el hecho de que muchos de los alzados en armas –sobre todo las nuevas generaciones- dejaron de ser un grupo con un ideal político: para subsistir se aliaron con la delincuencia común.

Ese nexo con los carteles de la droga, a los cuales empezaron a cobrar impuestos por la producción y transporte de la cocaína, fue crucial para las FARC. Les sirvió para financiar el salto de guerrilla campesina a un ejército de 16 000 combatientes.
Para sus operaciones, el grupo armado fue tejiendo una red logística asentada en Ecuador. Y para ello se valió del apoyo de políticos, sindicalistas, académicos y hasta militares ecuatorianos. Varias ciudades se convirtieron en zonas de descanso, abastecimiento, atención médica, lavado de dinero…

La presente investigación intenta recrear –en la medida de lo posible- un fenómeno complejo, que aún está en desarrollo y que ha desencadenado una polarización de posiciones, cruzada por nacionalismos radicales a ambos lados de la frontera.

Mi propósito, en este sentido, es presentar una reconstrucción imparcial y veraz de los hechos. Por eso no he tomado como fuente de información los cuestionados correos de las computadoras que habrían pertenecido a Raúl Reyes, y que fueron diligentemente difundidos por los servicios de Inteligencia colombianos. Me he limitado a mencionarlos como simple referencia de contexto.

Éste es un informe independiente, con base en una extensa reportería en varias ciudades de tres países (Ecuador, Colombia y Venezuela), que se fundamenta en medio centenar de entrevistas y más de 1.000 documentos probatorios.

Para recrear ciertas situaciones, ambientes y diálogos me tomé algunas licencias literarias. Lo hice con un solo objetivo: dar fluidez y color a la narración. En esencia, todos los hechos son verídicos, están ampliamente documentados y contrastados con rigor.

Mientras avanzaba en el trabajo de campo, fue tomando cuerpo una de las hipótesis iniciales: el bombardeo de Angostura que terminó con la vida de Raúl Reyes fue el resultado lógico de un proceso minucioso y persistente de inteligencia y espionaje. A lo largo de ocho años la organización armada fue penetrada a todo nivel. Los infiltrados se mimetizaron como camaleones en el grupo armado.

En el curso de la reportería constaté además que ciertas poblaciones del Ecuador viven con la misma intensidad las secuelas de la violencia generada por los grupos armados colombianos. Esa influencia desbordó hace mucho tiempo las zonas de frontera.

Arturo Torres

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Capítulo II

El general visita
a Raúl Reyes

En el grupo de ecuatorianos que llegó al
Putumayo para dialogar con el líder insurgente
se encontraba el general (r) René Vargas Pazzos,
actual embajador del Ecuador en Venezuela.
Era a fines de julio del 2003.

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Los golpes a la guerrilla arreciaban en Colombia. El comandante guerrillero Raúl Reyes era celosamente cuidado por su grupo escolta, compuesto por 35 guerrilleros (29 hombres y 6 mujeres), no mayores de 35 años. Ellos tenían la orden de protegerlo con su vida, ser su sombra, en cualquier circunstancia.

Su condición era saludable, pero las inclemencias de la selva minaban su organismo. Por entonces tenía 55 años, y con dificultad soportaba las extenuantes jornadas de caminata en los parajes selváticos. Sobre todo, cuando huía de los furiosos ataques del Ejército colombiano.

Según su parte médico, no sufría de cáncer, pero sí una dolencia en la próstata. Además, padecía un cuadro de presión alta, que controlaba diariamente con Artensol, y exceso de colesterol en las arterias. Por consejo médico cambió su dieta. Dejó el tinto y lo cambió por agua de panela y avena Alpina; esporádicamente se permitía una taza de chocolate caliente. El cocinero del campamento recibió instrucciones de prepararle pollo sudado, papa y verduras, y de evitar las grasas y frituras.

Ése era uno de los principales motivos de sus visitas obligadas a Quito. Su condición requería chequeos y exámenes médicos regulares. Ya no era suficiente la atención de doctores ecuatorianos que, con cierta regularidad, acudían a los campamentos. Algunos eran parte de una red de centros médicos clandestinos y oficiales, como la Clínica Dame, ubicada en el norte de la capital ecuatoriana, donde se atendían subversivos heridos en combate que llegaban desde Sucumbíos. Allí, por ejemplo, fue capturado el comandante Uriel del bloque Sur de las FARC, cuyo nombre verdadero es Nelson Yarguna Méndez, quien fue deportado a Colombia.

Los cuidados odontológicos de Reyes y su grupo escolta estaban a cargo de Ana Mishel Antón, de 34 años, conocida como Juliet. Ella también fue detenida en la Clínica Dame, junto con seis rebeldes colombianos y ocho ecuatorianos, que eran sus colaboradores.

Precisamente, por los cuidados de su salud, con relativa frecuencia la prensa, especialmente colombiana, informaba de la supuesta agonía de Raúl Reyes.

Despachos de agencias aseguraban que padecía un cáncer de próstata terminal y que sería sacado al exterior en un avión francés, a cambio de la liberación de Íngrid Betancourt.

Tratando de esclarecer lo que estaba ocurriendo, a través de un sindicalista quiteño conocido como comandante Pablo Paz, quien me pidió no revelar su verdadera identidad, ubiqué a Nubia Calderón, para entrevistar a Reyes en la Amazonía colombiana.

Luego de las verificaciones y con la confirmación del líder subversivo, a fines de julio del 2003 iniciamos el viaje desde Quito a Lago Agrio (Nueva Loja), en Sucumbíos, donde descansamos hasta el día siguiente.

El recorrido continuó en una camioneta doble cabina blanca, junto a Nubia, hasta Puerto Ospina, donde nos hospedamos en una pensión, administrada por milicianos de las FARC, que nos daban protección.

Al amanecer tomamos un bote, conducido por un colorado corpulento, de unos 25 años, que pese a su juventud ya era un combatiente veterano de la guerrilla. Se llamaba Julio y vestía una camiseta blanca, un jean y botas negras de caucho, que le llegaban hasta las rodillas, igual que cualquier lugareño. Solo un detalle lo delataba: la pistola Taurus plateada 9 milímetros, de fabricación brasileña, que cargaba en el cinto.

Durante tres horas, el guerrillero condujo el bote por el caudaloso Putumayo y se internó por estrechos y sinuosos riachuelos que conocía como la palma de su mano.
Por estos torrentes culebreros, que los campesinos llaman caños, penetramos en la amazonía colombiana.

La travesía fue la antesala de una caminata de tres horas por trochas abiertas a machete. Las plantaciones de hoja de coca se confundían con la densa vegetación. De no ser por los inmensos tanques metálicos despintados, que contenían precursores químicos, dispersos cerca de precarias cabañas de madera, esos sembradíos pasarían desapercibidos.

A nuestro paso, campesinos que aparecían intermitentemente saludaban agitando la mano desde las ventanas y zaguanes. En el trayecto no había un solo militar o policía colombiano.

Llegamos a un pequeño caserío donde nos esperaba Raúl Reyes, que apareció sonriente, con algunos kilos de sobrepeso que se volvían más notorios en su pequeña figura.
-Como usted ve estoy en perfecto estado, nunca me he sentido mejor- me dijo, brindando con una pequeña copa metálica rebosante de vodka danés Danskaya, su trago favorito(1) . Estaba acompañado por Rodrigo Granda (el canciller de las FARC), un tipo reservado, de mirada desconfiada y escrutadora.

Pese a su aparente jovialidad, los reveses del grupo tenían muy preocupado a Reyes, que no ocultaba su enojo por las actuaciones del entonces presidente Lucio Gutiérrez. Lo responsabilizaba directamente de la arremetida antisubversiva en Ecuador.

-Nos extrañó su cambio, esperábamos más de él- comentó el jefe irregular, con su característica voz nasal pausada.

En el grupo de ecuatorianos que llegó para dialogar con el líder insurgente se encontraba el general (r) René Vargas Pazzos, actual embajador del Ecuador en Venezuela.

Luego de una parada de 45 minutos, la caminata continuó selva arriba hacia la base irregular. Cerca de las cinco de la tarde aparecieron las primeras señales de la proximidad del campamento: había tablas sobre el sendero y una rústica infraestructura de puentes de madera. El puesto se asentaba en la cima de una pequeña loma que dominaba la hondonada.

A un costado corría un pequeño río, vital para la supervivencia de los combatientes y para su aseo. Un centinela, que vestía un uniforme de camuflaje y cargaba un rifle HK sobre el hombro derecho, custodiaba el acceso. A los costados de la base, del tamaño de una cancha de fútbol, se levantaban decenas de caletas pequeñas, usadas por los guerrilleros como precarios dormitorios. Allí también pernoctaban políticos, ex militares y sindicalistas de varios países, ávidos por conversar con el representante internacional de las FARC.

Mientras la noche avanzaba, el comandante de pequeña estatura se daba tiempo para conversar con cada uno de sus visitantes.

-Nosotros seguimos aplicando la táctica del Che Guevara: morder, retirarse y volver a morder- me comentó Reyes, cuando llegó mi turno, a las cuatro y media de la madrugada, mientras desayunábamos arepas con chorizo y agua de canela.

Durante esa apretada jornada, que concluyó al mediodía, Reyes conversó por unos 40 minutos con el general Vargas.

De esa ocasión, el oficial pasivo del Ejército guarda el recuerdo del segundo de las FARC en su faceta de político sagaz y guerrero experimentado.

-Yo le pedí que no vengan a Ecuador, que no atenten contra el país, que no queremos participar ni en contra ni a favor, y le dije que nos mantendríamos neutrales. Además, le expuse claramente mi posición en torno a no denominarlos terroristas, tampoco a reconocerlos como una fuerza beligerante- comenta Vargas, cinco años más tarde, en su despacho de la embajada, en el este de Caracas. A su derecha luce imponente un cuadro del Libertador Simón Bolívar, su inagotable fuente de inspiración.

Esa no fue, por cierto, la primera vez que el general en retiro había visitado a Reyes en el Putumayo. En el 2000, por delegación de la ONU y de Amnistía Internacional, Capítulo Suecia, fue parte de una misión humanitaria que durante varios días visitó campamentos de las FARC en Colombia y dialogó con autoridades civiles y militares en diferentes departamentos.

-Visitamos y conversamos con guerrilleros y autoridades, también con Raúl Reyes. Estábamos con Rigoberta Menchú impulsando los diálogos de paz- apunta el general, que hoy está dedicado a tiempo completo a las actividades diplomáticas.

-Uno puede ser amigo, es un asunto privado, ser amigo (de comandantes guerrilleros) no significa nada; lo que importa son los principios. Con un amigo uno puede discutir, buscar acercamientos, pero siempre hay que dejar en claro su posición- recalca Vargas Pazzos, quien en esos años era una de las cabezas del Grupo de Monitoreo del Plan Colombia y un estudioso del problema interno colombiano y sus afectaciones en la región andina:

-Mi propósito siempre fue analizar detalladamente la situación geopolítica y conocer lo que estaba ocurriendo con sus principales actores en el terreno- aseguró.

Vuelve a la palestra

La figura del general recobró vigencia los primeros meses del 2008. Especialmente, luego de que el Gobierno colombiano denunciara que su nombre aparecía en los supuestos correos de los computadores de Raúl Reyes, encontrados después del bombardeo en Angostura.
En esos documentos también se menciona al coronel (r) del Ejército Jorge Brito.

Tanto Vargas como Brito han negado enfáticamente esas denuncias, asegurando que los correos son una patraña montada por el gobierno colombiano.

Brito dejó la milicia el 2000, luego de participar, junto con Lucio Gutiérrez, en el golpe que derrocó al presidente Jamil Mahuad. Durante los años siguientes participó en conferencias, mesas redondas y debates haciendo análisis geopolíticos sobre las implicaciones para el Ecuador del Plan Colombia, y sobre las consecuencias de la presencia de militares estadounidenses en la Base de Manta.

Brito y Vargas, junto al activista de DD.HH. Alexis Ponce, formaron el Grupo de Monitoreo. Desde esa tribuna criticaron duramente la política belicista del presidente Álvaro Uribe, y la intervención de su aliado, Estados Unidos, en la región.

-Por mi participación activa y frontal, desde el 2002, fui víctima de persecuciones de elementos de Inteligencia militar y de la denominada Legión Blanca, que varias veces me ha condenado a muerte- afirmó Brito en su declaración en la Fiscalía(2).

El coronel Brito fue miembro del grupo estratégico de la provincia de Pichincha durante la campaña electoral de Alianza País. Los encuentros se realizaban los lunes o martes, desde las cinco de la tarde. Participaban, entre otros, Gustavo Larrea, Carlos Vallejo, Wellington Sandoval.

En la campaña también se involucró activamente el general Vargas como cabeza del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista, del cual es su fundador.

Vargas, de 75 años, vive en Caracas desde mediados del 2007, junto a su esposa y su hijo en un penthouse en el residencial barrio de Palos Grandes. A pocas cuadras, en La Castellana, está la embajada de Ecuador.

La confianza del presidente Hugo Chávez en el general ecuatoriano es tal que en octubre del 2008 incluso lo invitó a acompañarlo en una visita oficial a Rusia, Bielorusia, España y Portugal.

El militar manabita recuerda con orgullo y afecto los diversos encuentros que ha mantenido con el mandatario venezolano. Durante su gestión ha logrado concretar 25 proyectos bilaterales, especialmente en el área petrolera.

La amistad entre ambos militares retirados se estrechó cuando Chávez estuvo encarcelado por el intento fallido del golpe de estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, en febrero de 1992. Desde entonces el general le enviaba libros de Manuelita Sáenz y de Eloy Alfaro a la cárcel.

Cuando Chávez llegó al poder, Vargas se convirtió en un asiduo visitante del Palacio de Miraflores. Festejó varios de sus cumpleaños y participó en el programa sabatino Aló Presidente.

La afinidad entre ambos es, sobre todo, ideológica. Se manifiesta en el impulso del pensamiento bolivariano y la unidad latinoamericana, la crítica a la política intervencionista estadounidense y su simpatía por las luchas antiimperialistas. Juntos escribieron el libro La Unidad Cívico Militar para el éxito de una revolución, asegura Vargas, pero lamenta no tener un solo ejemplar para comprobarlo.

Precisamente, por esa cercanía, durante la campaña presidencial el militar retirado se convirtió en el eslabón que unió la cadena Chávez-Correa. Por esa afinidad, el día siguiente de la posesión presidencial, el 16 de enero del 2007, ambos mandatarios le pidieron que fuera el nuevo embajador del Ecuador en Venezuela.

El general Vargas Pazzos es carismático y bonachón. Rompe todos los esquemas: defiende con euforia el discurso del socialismo del siglo XXI, pero es un acaudalado terrateniente.

Acumuló una fortuna, expresada en 16 bienes inmuebles, entre departamentos, casas y dos haciendas (una de ellas avaluada en 800.000 dólares, ubicada en La Concordia, y otra en 150.000 dólares, en Santo Domingo de los Tzáchilas), así como terrenos y locales comerciales en varias provincias. Posee cuatro propiedades en Quito y sus alrededores. Además es dueño de otros 12 inmuebles en distintas ciudades. Eso consta en la declaración patrimonial que presentó en diciembre del 2007 ante la Notaría Vigésimo Sexta de Quito(3).

Erigió su figura durante la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara, a inicios de los setenta. Entre 1973 y 1977 ocupó varios cargos en el área hidrocarburífera nacional: fue subgerente y gerente de la estatal petrolera, ex CEPE, y luego Ministro de Energía. Fue uno de los artífices de la salida de la empresa norteamericana Texaco: una muestra de su ideario nacionalista, que también se plasmó en la reformulación de la Ley de Hidrocarburos de la época.

Entonces era coronel y tuvo un ascenso vertiginoso: llegó a ocupar la jefatura del Estado Mayor del Ejército. Entre los uniformados de esa época era un secreto a voces que él obligó, con pistola en mano, a que los gringos de la Texaco firmaran la entrega de las acciones. Era un fogoso y arriesgado coronel.

-Yo nací así, nacionalista y revolucionario, mi padre era comandante liberal con Eloy Alfaro, siempre me he opuesto a la base de Manta, al Plan Colombia- enfatiza Vargas.

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(1)Esa entrevista se publicó en Diario El Comercio, de Quito, en agosto del 2003.

(2)Declaración de Jorge Brito en la Fiscalía del Estado.

(3)Documento juramentado de bienes, inscrito en la Notaría XXVI.

*Arturo Torres es uno de los periodistas de investigación más importantes de Ecuador con 16 años de experiencia. Entre otras distinciones, en 2004 obtuvo el primer premio por la mejor investigación de un caso de corrupción en Latinoamérica – serie publicada durante seis meses sobre la corrupción en la Corte Suprema de Justicia de su país- otorgado por el Instituto de Prensa y Sociedad y Transparencia Internacional, en Buenos Aires. En la actualidad es el coordinador de información del diario El Comercio de Ecuador. (Correo electrónico: atorres@elcomercio.com)

No les queda demasiado aire para sostener su soberbia armada. En el último año, los golpes recibidos por las FARC han sido seguidos y grandes. El primer eslabón importante de la cadena de golpes que el gobierno le ha propinado a las FARC comenzó con la muerte de Tomás Medina, alias el Negro Acacio. En septiembre del año pasado, durante un bombardeo del Ejército, cayó junto a otros 16 guerrilleros en el Guaviare. Según fuentes militares el Negro Acacio controlaba el tráfico de cocaína en las selvas del Vichada, Vaupés y Guaviare, y manejaba una gran parte del flujo de caja del grupo guerrillero.

Un mes después, en el área rural del Aceituno, municipio de El Carmen de Bolívar, cayó en otra operación militar, Gustavo Rueda Díaz, alias ‘Martín Caballero’. Según fuentes militares, 18 guerrilleros murieron al lado del combatiente. Caballero militó más de 25 años en las filas de las FARC, luego de haber pertenecido a la juventud comunista en Barrancabermeja, y en los últimos 11 operaba en la región de la costa utilizando como escondite estratégico los Montes de María. Martín Caballero fue el captor de Fernando Araújo, el actual canciller, quien logró escapar después de seis años de estar en poder del grupo guerrillero.

Pero los golpes a las FARC no pararon ahí. La captura de Martín Sombra, un guerrillero de los más antiguos, que estuvo en Marquetalia e hizo parte de los orígenes de las FARC, fue otro revés importante a la moral y la confianza de esta guerrilla. Martín Sombra tuvo por varios años la responsabilidad de custodiar a Íngrid Betancourt, los tres estadounidenses y Clara Rojas, quien dio a luz con su asistencia a Emmanuel. El niño que estaba al cuidado de un guerrillero de bajo rango, fue confiado a una familia campesina que lo entregó a Bienestar Familiar. La mentira de que sería liberado por la guerrilla junto a Clara Rojas, Gloria Polanco y Orlando Beltrán, y el anuncio del gobierno de que el niño no estaba en poder de las FARC sino que desde hacía meses atrás estaba en manos del Estado, significó un golpe más a la credibilidad del grupo insurgente.

Luego vino lo el marzo negro para las FARC. El 1 de ese mes, en un bombardeo de tropas colombianas a un campamento del grupo guerrillero en territorio ecuatoriano, cayó el segundo del secretariado: Raúl Reyes. No había pasado una semana, mientras el país asistía al diferendo diplomático derivado de la violación a la soberanía del país vecino, cuando se conoció la noticia de que Manuel de Jesús Muñoz, conocido con el alias de Iván Ríos e integrante del Secretariado, había sido traicionado por su jefe de seguridad, alias Rojas. Por una recompensa ofrecida por el gobierno, Rojas asesinó al más joven de los integrantes de la cúpula guerrillera.

El 26 del mismo mes se produjo el deceso de Manuel Marulanda Vélez, el líder guerrillero más importante para las FARC. Si bien no fue un golpe de las autoridades, fueron éstas las que hicieron el anuncio y con ello se anotaron el golpe.

A este hecho se sumó la entrega de Nelly Ávila Moreno, alias Karina, la comandante del frente 47 de las FARC y única mujer integrante del Estado Mayor Central de esa organización. Con ella el Estado Mayor perdió ocho de sus 31 integrantes. En el imaginario del grupo guerrillero, se había urdido la imagen mítica de que Karina era una mujer inquebrantable. Sin embargo, en declaraciones a la prensa dijo que había preferido seguir el consejo de su compañero ‘Rojas’, quien le había sugerido que se entregara a cambio de los beneficios de la desmovilización, porque el frente al cual pertenecía estaba totalmente liquidado y las FARC no tenían futuro.

Qué dicen los analistas

“Las FARC tienen que replantearse toda su actuación. Tienen que hacer un alto en el camino, porque sin estos secuestrados no pueden presionar al gobierno”, dijo el ex asesor de paz, Carlos Eduardo Jaramillo, ante la noticia del rescate militar a los secuestrados políticos más importantes para la guerrilla. Jaramillo explicó que las FARC tienen que cambiar su estrategia militar y política.

“El hecho de que los secuestrados que quedan en poder de las FARC no sean de relevancia política, puede derivarse en su utilización en la estrategia de guerra. Pero no podrán seguir utilizando el secuestro como arma política”, advirtió el ex asesor de paz.

Sobre la operación militar dijo que de ser como la describió el Ministerio de Defensa, había un evidente resquebrajamiento del grupo guerrillero. “Si los soldados lograron infiltrar a los captores de los secuestrados y la operación fue tan impecable, hay que quitarse el sombrero. Eso fue de una pulcritud que sólo se ve en las tropas israelíes. Las FARC tienen que barajar las cartas. Tal vez dentro del grupo guerrillero continúe la expurgación que comenzó desde que murió Ríos y hayan algunas muertes entre ellos mismos”, argumentó Jaramillo.

Sin embargo, el ex asesor de paz advirtió que para que el país encontrara la paz había que esperar mucho tiempo. Para Jaramillo, las FARC van a tratar de sobreponerse separando lo que significa el golpe para sus metas militares, de lo que significa para sus intereses políticos.

Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz y analista político, en entrevista con Semana.com calificó el rescate como “un golpe audaz. Más que de fuerza militar fue un golpe de inteligencia. Nos tiene felices a todos porque no hubo muertos, aunque esta no ha sido la actuación más recurrente del Ejército”, dijo.

“Este es un duro golpe, que repercute en la desmoralización de la guerrilla, pero no es el fin del fin. Ojalá les sirva para que analicen que la confrontación bélica no es la salida y dejen en libertad a los demás secuestrados y se decidan por una salida política”, añadió Lozano.

Lozano enfatizó en la necesidad de no abandonar el intercambio humanitario, para liberar a los que quedan, y la salida negociada para salir del conflicto. Sin embargo, dijo que pese a que las FARC han recibido reveses de gran calado, todavía no estaban derrotadas.

La emoción que ha causado en todos los colombianos el rescate de los secuestrados, y las sensatas palabras de Betancourt que llamaron a la paz, pueden servir de detonante para que los miembros del secretariado de las FARC, hoy universitarios en su mayoría, comprendan que su lucha armada es estéril.

Pero si nada los conmueve, como ya hemos visto tantas veces, puede que al hacer un análisis realista de su situación consideren que quizás su única salida es una propuesta generosa de paz. Y la única manera como los colombianos consideremos siquiera realizar una negociación de paz con las FARC sea si liberan inmediatamente a los demás rehenes políticos y militares en sus manos.

Si persisten en su guerra, en cambio, lo más probable es que muy pronto, el país sólo vuelva a hablar de las FARC cuando muera otro de sus jefes o cuando lancen algún cilindro en un pueblo, y el mundo, simplemente los olvide.

Semana.com:El más completo informe multimedia publicado sobre el estado actual de la organización guerrillera. ¿Cómo han planeado su guerra de 44 años en las conferencias?¿Coinciden los frentes aún activos con el narcotráfico? ¿Secuestran todavía? ¿Cuántos jefes de su estado mayor han salido del juego y cuántos les quedan? ¿Qué futuro les espera?