CIPER llegó allí investigando los criterios que determinaron que alrededor del 70% del presupuesto gestionado por el TIC fuera gastado en millonarios contratos con unos pocos proveedores: Mellafe y Salas, Entel, Elsag-Datamat S.P.A. e Interexport (representante de Motorola en Chile). A poco andar, descubrimos una historia en la que fueron apareciendo los hijos del ex director de Carabineros, general (r) Fernando Cordero Rusque, además de varios oficiales implicados en episodios en los que se mezclan denuncias, intrigas y un oscuro tráfico de influencias que envuelve contratos por millones de dólares.

La investigación arrojó que uno de los principales proveedores de tecnología y otros menesteres de Carabineros, es la empresa Mellafe y Salas. Sólo por el sistema de compras públicas denominado “Convenio Marco” esa firma facturó entre enero e inicios de diciembre de 2011 por un total de $ 2.673.382.177 en productos vendidos a Carabineros.

El sistema de compras por “Convenio Marco” con Mellafe y Salas incluye el abastecimiento de todo tipo de productos para Carabineros, tales como toner para impresoras, generadores de electricidad, estufas y hasta soportes para pantallas LCD (vea algunas de estas órdenes de compra).

El valor de mercado de estos y otros artículos fueron pesquisados por CIPER con varios de los grandes proveedores nacionales del propio TIC, constatando notorias diferencias de precios que benefician a Mellafe y Salas.

Acto seguido, se procedió a conversar con oficiales que se desempeñan en el TIC, contactando además a ex funcionarios civiles de ese mismo departamento. Fueron estas fuentes las que confirmaron a CIPER los nombres de los proveedores que poseen nexos privilegiados con el TIC y cuya ventaja es conocida por quienes participan en las licitaciones de Carabineros.

Entre estos proveedores privilegiados figuran Francisco y Fernando Cordero Sepúlveda, hijos del general (r) Fernando Cordero Rusque, quien fuera en 1991 director del Departamento de Tecnología y Comunicaciones (TIC) y luego director de Logística de la institución, para posteriormente asumir como director general de la policía uniformada entre 1995 y 1997, y más tarde como senador designado desde 1998 a 2006.

Los hermanos Cordero Sepúlveda son dueños de Sectrade Limitada, dedicada a la representación de productos para criminalística forense, biometría y seguridad. Esta empresa, según señaló Francisco Cordero a CIPER, esta subcontratada por la firma italiana Elsag Datamat S.P.A., que tiene contratos millonarios para abastecer de equipos de identificación biométrica a Carabineros. Sectrade se encarga de las pruebas, demostraciones, servicio técnico y mantenimiento de esos productos.

Otro nombre que se repite en los contratos del TIC es el de Héctor Alegría Melo, condenado por la justicia naval en 1992 a tres años y un día por el delito de “falsedad administrativa militar con perjuicio para el Estado”. (Ver historial judicial de Héctor Alegría Melo).

Lo extraño es que este marino (r) suscribió contratos en forma directa con Carabineros en 2010 a través de su empresa Servicios y Asesorías Héctor Hernán Alegría Melo E.I.R.L. (cuyo nombre de fantasía es AIRH SOFTWARE E.I.R.L.), a pesar de esta condena y de figurar en Dicom con más de 67 documentos impagos por un monto de $52,9 millones y una querella en trámite -interpuesta por la Isapre Banmédica- por el delito de “giro doloso de cheques”.

Héctor Alegría Melo y Fernando Cordero Sepúlveda, uno de los hijos del general Fernando Cordero, también tienen nexos entre sí. En 2005 figuran ambos dejando en prenda un vehículo Volkswagen Bora 2.0 a favor de Forum Servicios Financieros. Francisco Cordero señaló a CIPER que efectivamente conocen a Alegría Melo, pero asegura que no tienen vínculos comerciales. No obstante, reconoce que en 2004 ambos hermanos junto a Alegría Melo se asociaron para producir un programa de TV -llamado “Casilla 412”-, que cruzaba datos de demanda de empleo con ofertas de trabajo, el que trataron de vender a Chilevisión.

-Al final el proyecto no prosperó y nos gastamos todos los ahorros que teníamos por nuestros otros trabajos -dice Francisco Cordero, quien es tajante al asegurar que no fueron ellos los que presentaron a Alegría en el TIC: “No tengo ni idea como llegó él a Carabineros”.

SE ENCIENDE LA ALERTA

El lunes 5 de diciembre CIPER se contactó con la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, solicitando una entrevista con el general Eduardo Muñoz Poblete, en ese momento director de Logística. La respuesta fue que se encontraban muy ocupados y que la entrevista sería aplazada para la semana siguiente.

El 9 de diciembre se supo que el general Muñoz Poblete se iba a retiro. El alto oficial estaba bajo la mira de la Contraloría por el juicio de cuentas Nº 40.263 de 2011(2).

También abandonó la institución, el general Aquiles Blu, quien fue sindicado por el ex general director Eduardo Gordon como el responsable del cambio del parte por el accidente de su hijo, lo que nunca se documentó. El episodio, denunciado por CIPER, le costó su cargo a Gordon y luego al general Blu.

Un dato que interesa para esta investigación: el general Blu firmó el contrato de Carabineros con Elsag Datamat suscrito en 2009.

Solo dos días antes de que se anunciara su retiro, el 7 de diciembre, el general Muñoz Poblete aparece firmando un contrato por $1.969.926.000 por concepto de arriendo de equipos con Elsag Datamat S.P.A., empresa cuyos representantes ante el TIC son los dos hijos del ex general director de Carabineros, Fernando Cordero Rusque.

Todos los oficiales del TIC consultados por CIPER admitieron que los gestores de Elsag Datamat S.P.A. son los hermanos Cordero Sepúlveda. En el primer contrato firmado por la empresa italiana con Carabineros, en 2007, por US$ 2,4 millones, Francisco Cordero aparece como coordinador ejecutivo del contrato y representante ante Carabineros.

En los posteriores tres contratos sucritos por Elsag Datamat con la policía uniformada -uno por más de $ 5 mil millones, otro por $ 908 millones y el tercero por $ 1.969 millones-, los nombres de los hermanos Cordero ya no aparecen, pero los oficiales del TIC dijeron a CIPER que ellos siguieron gestionándolos. Y aunque el representante legal de la firma italiana, el abogado Cristóbal Porzio Honorato, señaló que los hermanos Cordero “no están contratados por la empresa”, fue el propio Francisco Cordero el que reconoció a CIPER que ellos están subcontratados por Elsag Datamat para gestionar el servicio técnico y mantención de los productos.

CIPER se contactó en varias ocasiones con el Departamento de Comunicaciones de Carabineros para insistir en la entrevista con el general Muñoz. La respuesta siempre fue la misma: “Estamos gestionando la entrevista para ver cuando podemos concretarla, tal vez la próxima semana”. En una de esas llamadas, nos pidieron saber sobre qué asunto trataría la entrevista. Les dijimos que era por una investigación de sobreprecios que se pagaban en el TIC. La entrevista nunca se concedió.

TRASLADOS SORPRESIVOS

Faltan pocos minutos para las 20:00 del jueves 12 de enero. Estamos frente al cuartel del TIC en la calle Retiro y aún quedan varios funcionarios cumpliendo sus labores en el interior, a pesar de que el horario de salida es a las 18:30.

El pequeño grupo sabe que su nuevo jefe, el coronel Juan Antonio Muñoz Cortés, también se ha quedado hasta tarde en su oficina de la sede central del TIC, en calle Amunátegui 519. Nadie se queja por el sobretiempo. Tanto el coronel Muñoz como sus subordinados comprenden que la situación es crítica. Una investigación interna de Carabineros ha puesto bajo la lupa todos sus procedimientos de compras.

La dotación del TIC se enteró de golpe. Al mismo tiempo que efectivos de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar) comenzaron a visitar a funcionarios de la repartición, sorpresivamente una mañana supieron que su jefe, el coronel Iván Cortés Hernández, fue trasladado a la Comisaría de la Prefectura Norte. Uno de los hombres de confianza de Cortés en el TIC, el mayor Raúl Urrea, también debió abandonar su oficina en calle Retiro: fue trasladado a otra dependencia del mismo TIC, en Amunategui.

Consultada la Dirección de Comunicaciones de la institución por el traslado de dos oficiales del TIC, la respuesta fue: “Son los cambios normales que se hacen todos los años entre octubre y diciembre”.

No fue ésa la respuesta que CIPER encontró entre los funcionarios del TIC. Lo que por años fue un comentario de pasillo, ya estaba en cada dependencia del TIC traspasando los grandes portones verdes de metal y llegando a otras reparticiones de Carabineros. Desde distintas unidades, y también de proveedores, comenzaron a aparecer nuevos datos de irregularidades.

-Como siempre el hilo se cortará por lo más débil, y al final, los únicos que van a pagar el pato serán los carabineros de a pie. Aquí van a rodar las cabezas del capitán Carlos Bustos y del teniente Rodrigo Carrasco. El general Muñoz ya se fue a retiro, a los otros dos los trasladaron y a Bustos y a Carrasco les van a decir: “Ustedes son los culpables, uno como encargado de compras y el otro como administrador de contratos”. Y mi general y mi coronel saldrán limpios de polvo y paja -fue el comentario de unos de los oficiales del TIC a CIPER.

LOS TRATOS DE LOS CORDERO

Los nombres del capitán Bustos y del teniente Carrasco ya habían asomado en el transcurso de esta investigación. El primero ha sido el encargado de compras del TIC por más de cuatro años, siendo señalado por varios proveedores y personal interno como un hombre vinculado a las compras en favor de ciertas empresas y de entera confianza del Coronel Iván Cortés Hernández.

Un oficial que ha trabajado en el TIC y cercano al capitán Bustos reconoció que éste irregularmente dio luz verde al pago de órdenes de compra, a pesar de que los productos aún no habían sido recibidos, pero que lo hizo siguiendo órdenes superiores. “Eso se hacía sólo con algunas empresas proveedoras”, dijo el oficial. Bustos fue interrogado por la Dipolcar y luego trasladado a una comisaría del sector sur de Santiago.

El teniente Rodrigo Carrasco es el administrador del último contrato con Elsag Datamat que dejó firmado el general Muñoz Poblete antes de su retiro. Carrasco ha sido el interlocutor de los hermanos Cordero Sepúlveda para el arriendo a la firma italiana de 310 equipos de consulta biométrica portátil PSS-IIB, por $1.969 millones.

El contrato original de la compra del sistema biométrico PSS (“Patrol Support System”), por más de $5 mil millones, data de septiembre de 2008. Sólo un mes después que la empresa Elsag Datamat se instalara en Chile. El contrato estipula también la adquisición de los hardware, software y know-how que lo acompañan. A ello se agregan “mil dispositivos portátiles con sus accesorios, los computadores centrales necesarios a la gestión de los mil aparatos periféricos (GPRS Comunication Server y PSS Integration Server); un máximo de 50 computadoras personales y accesorios para la captura y/o almacenamiento de los datos procedentes de los PSS al final de las actividades de patrulla diaria y puesta al día de los archivos internos”.

Casi un año más tarde, en julio de 2009, fue el general Aquiles Blu quien firmó un complemento por el arriendo de 200 nuevos dispositivos PSS, por un monto de $ 908.820.000.

En septiembre de 2011, por resolución exenta Nº 1066 de la Dirección de Logística, se autorizó una nueva ampliación del contrato por otros 310 equipos, pero esta vez “en trato directo”, sin licitación. El monto: $1.969.926.000. Francisco Cordero Sepúlveda explicó a CIPER que el trato fue directo porque sólo Elsag Datamat tenía ese sistema y no había otros oferentes.

TRAMPAS A CHILE COMPRAS

En 2011, el coronel Iván Cortés envió al capitán Bustos un total de 801 órdenes de compra, por un valor de US$ 4.506.894, sólo por “Convenio Marco”, para que se autorizara su pago. Fue un buen año para los proveedores. Aún así, los reclamos de oferentes aumentaron en el portal de Chile Compras, hasta llegar a la propia Dirección General de Carabineros.

CIPER se contactó con varios proveedores para conocer el origen de sus quejas. Juan Pablo Canessa, jefe de ventas de Lechner y Compañía Limitada, empresa que se dedica a la venta de insumos computacionales y que lleva varios años como proveedor de la institución, dice que ya no pierde tiempo en las licitaciones de las “grandes compras” de Carabineros:

-El negocio está cocinado, así que dejamos de ofertar. Hay una empresa que se gana todas las grandes compras. Esto es muy dañino para el funcionamiento del portal y sobre todo para Carabineros -señaló Canessa a CIPER, uno de los pocos proveedores que dio su testimonio sin pedir reserva de su identidad.

Si bien Canessa no oculta su temor de que le corten el acceso a seguir vendiéndole a la institución, afirma que decidió hablar porque “esto no se puede callar, ya que todos los años tenemos que volver a licitar para estar dentro del Convenio Marco”.

Lo mismo dijo a CIPER el jefe de ventas de otra empresa que en 2011 hizo ventas por mas de $90 millones a Carabineros, quien no cree que “una denuncia pública sirva para mejorar la transparencia”. Y argumentó: “Mientras el sistema siga funcionando, aunque sea irregularmente, como ya conozco las mañas, siempre podré encontrar cómo seguir obteniendo beneficios”.

-Todos los que estamos en el rubro sabemos a qué licitación podemos presentarnos y a cuál no, porque es una pérdida de tiempo y recursos y la cosa está vendida antes de aparecer en el portal -afirma otro proveedor.

“A partir de 2009, para sobrevivir en esto, yo llegué a frecuentar el departamento TIC prácticamente todos los días de la semana, durante meses, para ir conociendo al personal e ir haciendo amistades. Así funciona. En ese contacto diario te vas enterando de las grandes licitaciones que vienen o qué están necesitando en tal unidad… Uno tiene que estar atento para saber cuándo y cómo ofrecer”, cuenta un proveedor.

A medida que se recorren los proveedores, se repiten los ejemplos y episodios oscuros. Como el que narra M.B.: “Hace sólo unos días la empresa Mellafe y Salas empezó a distribuir en arriendo unas impresoras para Carabineros que le significarán varios millones. Nosotros también postulamos… Hasta que me di cuenta de que el tema estaba vendido antes de salir al portal”.

La historia fue inicialmente contada a CIPER por otro de los proveedores interesados en esa importante licitación:

-Una licitación que presentó Carabineros para el arriendo de 5 mil impresoras HP modelo 2055 DN, por 36 meses, la ganó Mellafe y Salas. Pero estaba claramente dirigida. Yo me enteré de esta licitación un año antes. En el lenguaje de ventas les llamamos “propuestas trabajadas”. Son licitaciones que requieren mucho capital y pocos tienen espaldas para eso. Y aún así, si se presentan varios oferentes, se ponen requisitos que excluyen a otras empresas, como tener certificación ISO u otorgar más puntaje si tienes empleados discapacitados.

El mismo proveedor agrega: “Apenas supe de la licitación de las impresoras me puse a evaluar la propuesta. Sólo en ‘fierro’ (las máquinas) necesitas US$ 1.750.000, si le sumamos un toner por máquina, son 36 toner, que al precio de costo sale US$ 136. En realidad se gana por los insumos, porque si calculamos un toner al mes por máquina, por los 36 meses, es una venta de más de US$ 24.000.000, sólo en toner. ¿Quién se arriesga a hacer todo ese trabajo de preparación de la licitación si después te salen con un resquicio preparado y te dejan fuera?”.

LOS DESCARGOS DE MELLAFE Y SALAS

Según el nuevo jefe del TIC, coronel Juan Antonio Muñoz, las 5 mil impresoras arrendadas a Mellafe y Salas comenzaron a ser entregadas el 17 de enero de 2012. Este fue el último contrato que firmó el general Muñoz Poblete con esa empresa, de los más de cien que obtuvo el año pasado por “Convenio Marco”, por un total que supera los $2.600 millones (vea las órdenes de compra que favorecieron a Mellafe y Salas desde enero hasta inicios de diciembre de 2011). Si se suma el arriendo de las 5 mil impresoras, trato que se cerró a fines de 2011, el total facturado a Mellafe y Salas el año pasado supera los $2.850 millones.

El socio y presidente de Mellafe y Salas, Daniel Platovsky, recibió a CIPER.

-Tengo la tranquilidad de que todas las compras que nos hace Carabineros son por medio del portal Chile Compras, por lo tanto no pueden estar mal, ya que nos sujetamos a las normas del portal. No tenemos ningún contrato directo con Carabineros -dijo Platovsky.

Mellafe y Salas le vendió a Carabineros varios generadores eléctricos con un precio notablemente superior al de mercado. Platovsky explicó a CIPER que esto se debe a que la licitación de los equipos incluía su envío a 295 unidades policiales de todo el país y una caseta metálica o de fibra para su instalación. Para corroborarlo, el empresario envió a CIPER copia de la orden de compra 5240-121-CM 11 por 295 generadores marca Kipor. Por cada equipo, la empresa cobró $2,3 millones. El precio de venta al público del mismo generador en Sodimac.com es de $1.020.000. En la distribuidora Salcom, el precio es de $1.392.000. Esto implica que por el despacho más la caseta, Mellafe y Salas cobró más de un millón de pesos por cada generador.

Cuando esta investigación ya estaba en curso, el 26 de diciembre de 2011, Carabineros adquirió, a través de la orden de compra 4928-758-CM 11, el mismo modelo de generador Kipor a otro proveedor: Frindt y Cía. Ltda. El precio de venta fue de $ 1.029.000, puesto en Valdivia, aunque sin caseta. Dicho de otro modo, Frindt cobró $ 1.300.000 pesos menos y la única diferencia con Mellafe y Salas fue la caseta. Esto significa que en la oferta de Mellafe y Salas resultó más cara la caseta que el generador licitado.

CIPER llamó a algunas de las unidades policiales del extremo norte en las que Mellafe y Salas debía entregar el generador Kipor y la caseta, de acuerdo con las especificaciones de la orden de compra enviada por Platovsky. En la tenencia de Pica indicaron que el traslado del equipo lo hizo Carabineros y la construcción de la caseta fue hecha por efectivos de la misma unidad policial. En la tenencia de carretera de Iquique, informaron lo mismo. En el retén de Camiña, señalaron que la entrega del generador la hicieron efectivos de Iquique y que la caseta la construyeron ellos con madera y techo de zinc. Respuestas similares dieron en unidades de Mamiña, Sierra Gorda y Ujina (Pozo Almonte).

Según la orden de compra 4928-448-CM 11, Mellafe y Salas vendió a Carabineros un generador FG Wilson P33 por $ 19,8 millones, lo que incluía transporte e instalación en la subcomisaría de Colchane. El precio de venta del generador en la empresa Diperk es de $ 6,2 millones. Siguiendo la lógica de Platovsky, Mellafe y Salas cobró $ 13,6 millones por el envío e instalación. En la unidad de Colchane informaron a CIPER que el generador está instalado pero no se puede usar, porque debe modernizarse toda la instalación eléctrica del cuartel, y siguen utilizando un equipo viejo que les presta la gobernación.

Un oficial de la sección de infraestructura del TIC dijo a CIPER que hay varios generadores como el de Colchane que se pagaron con evidente sobreprecio y que no se pueden usar, porque las instalaciones eléctricas de las unidades eran muy viejas.

La orden de compra 4928-484-CM 11 indica que Mellafe y Salas le vendió al TIC dos generadores FG Wilson P22 en $ 30,8 millones (cada uno en $15,4 millones). La empresa Diperk ofrece el mismo equipo en $8,8 millones por unidad. Si la diferencia se explica por el costo del traslado e instalación, sería curioso, ya que uno de los generadores debía ser entregado en el cuartel de la calle San Isidro 330, Santiago Centro. El segundo fue entregado en el retén Río Loa, al norte de Tocopilla. La orden de compra indica que el plazo para entregar el equipo vencía el 27 de octubre, pero en el retén Río Loa el suboficial Guillermo Neira informó que el generador llegó recién el 15 de noviembre y que la caseta la instalaron el 5 de diciembre. Neira agregó que el equipo aún no se puede usar, porque los técnicos de la empresa se comprometieron a volver para capacitar a los policías y aún no regresan.

2008: EL AÑO DE INICIO

Según proveedores que llevan varios años suministrando productos para el TIC, los problemas “comenzaron a mediados del 2008”. Una fecha que coincide con el cambio de mando en la Dirección de Logística de Carabineros.

-Hace cuatro años que las cosas cambiaron. Mellafe y Salas está compitiendo de una manera muy desleal y eso te lo puede decir cualquier proveedor. Otros que tienen mucha ventaja son los hermanos Cordero, son hijos de un ex director general y juegan con ventaja. A mí, el propio capitán Bustos me comentó que la mayoría de las veces que se destinaba cierto monto para un nuevo proyecto de innovación tecnológica, ellos aparecían justamente presentando un proyecto por el mismo monto. ¡Hasta los céntimos son los mismos! Contra esa fuente de información que ellos manejan, no hay nada que hacer -cuenta el socio de una importante firma proveedora.

Francisco Cordero dijo a CIPER que los montos de las ofertas de Elsag Datamat coinciden con el presupuesto destinado por Carabineros para las compras, porque la institución previamente cotizaba con la misma empresa los costos de los productos que requería. Y agrega que ser hijos de un ex general director les ha significado más escollos que ventajas para hacer negocios con Carabineros

-Por ser hijo de quien fue hace 15 años general director, los negocios con Carabineros para nosotros son mas complicados, ya que nos exigen más que a cualquier persona y nos miran todo con lupa.

Carlos Alberto Palma Rivera, socio de la empresa Alca Computación Limitada, sí sabe de escollos. Él relata porque Carabineros dejó de invitar a su firma a las licitaciones de “grandes compras” del Convenio Marco:

Palma señala que luego de ganar una licitación de insumos para impresoras de 200 comisarías, empezaron a distribuir el toner. Para su sorpresa, desde algunas les devolvieron el producto. Al llamarlos, la respuesta fue: “No nos sirve, porque nuestras impresoras son otras”. Palma decidió solucionar el problema cambiando el producto por el que correspondía a las impresoras. Y como eso le tomaba un tiempo adicional, habló con el jefe del TIC, coronel Iván Cortes:

-Le expliqué que me habían comprado un toner que no era compatible con las impresoras que tenían. Ya me habían pagado, pude haberme desentendido, pero conseguí lo que necesitaban. El coronel Cortés me dijo que el problema era mío y que si no entregaba en los plazos establecidos, nos aplicaría una multa. Y lo hizo. Apelamos y demostramos que la falta era del TIC. Nunca más nos comunicaron las licitaciones de grandes compras.

Si los proveedores indican que todo comenzó en 2008, hay unanimidad también en señalar que la opacidad creció sin control en 2009.

PAGOS QUE ACUSAN

Precisamente a fines de 2009, la jefatura del TIC decidió no renovar el contrato a dos funcionarias de la sección Gestión Económica. Malas calificaciones en su desempeño fue la explicación. Una semana antes habían sido felicitadas por la jefatura.

Varios oficiales del TIC refirieron a CIPER que ambas funcionarias fueron despedidas por otras razones: habían visto y acumulado información sobre cómo se operaba internamente frente a determinados proveedores. Episodios que comprometían a oficiales de los cuales eran subordinadas.

-En noviembre de 2009 les avisaron que no les iban a renovar contrato y en diciembre las echaron… Ellas tenían mucha información y, al parecer, la supieron aprovechar. Porque de inmediato se volvieron a juntar con su jefe directo, el capitán Bustos, y éste, por orden del coronel Iván Cortés, les dijo que les iban a conseguir otro trabajo, y que por mientras les pasarían $250.000 al mes a cada una para ayudarlas -relató a CIPER un oficial del TIC.

CIPER se contactó con las dos funcionarias. Tienen miedo y pidieron la reserva de sus nombres. Una de ellas accedió a hablar. Dice que conocen las trampas que se hacían al sistema de compra por Convenio Marco. Por ejemplo, a veces llegaban productos antes de que se emitiera la orden de compra. Situaciones como esa debían informarlas al suboficial Carlos Novoa Jaramillo o al sargento Patricio Bascur, los que a su vez debían reportar al capitán Carlos Bustos, su jefe directo.

El protocolo indicaba que en esa unidad debían recibirse todos los productos comprados y recién ahí se daba el visto bueno para el pago, pero el sistema cambió: “Ya no llegó más todo a nuestra vista y, sin embargo, el visto bueno de la entrega se seguía dando desde nuestro departamento. ¿Cómo podíamos estar seguros de que efectivamente habían llegado los insumos?”, dice la ex funcionaria.

Lo que preocupaba a los empleados de esta sección se comprobó muy luego, con ocasión de la entrega de unos plasmas, los que serían utilizados para el control de los GPS. Nunca llegaron. Hubo una pequeña investigación interna, pero nunca se supo dónde se perdieron aproximadamente 40 plasmas.

La funcionaria despedida dijo a CIPER:

-Poco antes de que nos fuéramos, nos reunió el capitán Bustos. Nos dijo que había escuchado que íbamos a dejar la embarrada y a contar todo lo que sabíamos. Al parecer, eso se lo dijo un proveedor. Y nos dijo que él había hablado con el coronel Cortés y que éste nos mandaba a decir que había intentado dejarnos en el departamento, pero que no había sido posible, que nos estaban buscando otro trabajo y que por mientras nos pasarían $250 mil a cada una. Incluso se fijó la fecha de la entrega de ese dinero: el 21 de cada mes.

La misma ex funcionaria explicó cómo funcionó durante meses la entrega del dinero a cambio de silencio:

-Empezaron a pasarnos el dinero, algunas veces era en efectivo. Esas veces lo íbamos a buscar al TIC, pero casi siempre fue por transferencia bancaria de la cuenta del capitán Bustos o a veces de otra cuenta. No sabría decir de quién era.

Los pagos siguieron hasta que, a mediados de 2010, la misma ex funcionaria dice que las llamó el capitán Bustos para anunciarles que les había conseguido un trabajo en Mellafe y Salas y que debían presentarse las dos con su currículum en las oficinas de esa empresa en calle Carlos Valdovinos:

-Allí nos atendió una señorita que nos explicó que el trabajo se trataba de sacar fotocopias en una universidad o un instituto, y que el sueldo eran $180 mil al mes. Nos pareció ridícula la propuesta. En el TIC ganábamos casi $600 mil y eso era menos de lo que nos estaban pasando mientras nos buscaban trabajo -dice la ex funcionaria.

Daniel Platovsky asegura que nunca supo de esa oferta de trabajo en su empresa: “Como política no hacemos favores. No tenía idea que esto fue así”.

Lo que ocurrió después de que las dos mujeres rechazaron el empleo también fue relatado a CIPER por la ex funcionaria del TIC:

-Hablamos con el capitán Bustos y éste nos amenazó diciendo que el coronel Cortés le había dicho que su mujer, que es abogada, nos iba a poner una demanda por extorsión. Y que era mejor que nos quedáramos con el trabajo de Mellafe y Salas. Que ellos estaban viendo otra posibilidad con Motorola, pero que aún no les respondían. Y que ya no nos pasarían ni un peso más.

La ex funcionaria alega que ellas nunca extorsionaron a nadie, que fueron el capitán y el coronel los que decidieron pasarles dinero mientras les buscaban trabajo: “De hecho, nos siguieron dando dinero hasta diciembre pasado”.

Los pagos a las dos ex funcionarias del TIC -de los que CIPER obtuvo confirmación- se prolongaron por dos años y efectivamente el último se concretó a mediados de diciembre del 2011. Pocos días después, el coronel Cortés y el capitán Bustos fueron trasladados del TIC.

EL CONTRATO EXPRESS

El miércoles 29 de diciembre de 2010 llegó a manos del capitán Bustos un contrato con orden de ser pagado a la brevedad. Un funcionario que fue testigo de la entrega relató a CIPER que le pareció raro que el documento ya viniera con todas las firmas y listo para ser pagado. Por eso lo recuerda bien.

Era un contrato directo entre Carabineros y la empresa Servicios y Asesorías Héctor Hernán Alegría Melo E.I.R.L. La orden de pago inmediato fue monitoreada telefónicamente por el general Gerardo González Theodor, quien acaba de ser ascendido y designado director de Personal de Carabineros.

El mismo funcionario cuenta que a Bustos le bastó una mirada a la primera página del contrato para exclamar: “Es un contrato express, se planeó el 24 de diciembre, se aprobó el 28 y hoy ya está aquí para ser pagado. ¡Así da gusto tener amigos!”.

El 11 de agosto del 2011, Hernán Alegría Melo volvería a ser beneficiado con un nuevo contrato de un up grade de software para su empresa. Los $48 millones involucrados en esta nueva transacción fueron objeto de una atención especial por parte de González Theodor, quien hasta hace poco se desempeñaba como director de Planificación y Desarrollo de la institución. (Ver contratos).

No era ni la primera ni la última vez que el general González Theodor aplicaría el mismo tratamiento para los contratos de su interés. Así lo relataron varios testigos del TIC a CIPER:

-Eso sí, mi general González lo hacía todo por teléfono. No dejaba nada por escrito. Lo curioso es que el famoso “software up grade bodega digital” que nos vendió Alegría Melo, aún sigue sin funcionar -dice un oficial.

También en ese curso comencé a cuestionar la calidad de profesor del oficial que me hacía clases, así como la pertinencia de su ramo, y posteriormente la de muchos oficiales que hacían clases en los grupos de instrucción, Escuela de Suboficiales, Escuela de Carabineros y academia, como ahora se le denomina -lugares en los que estuve designado- y finalmente en lo que ahora se denomina “Dirección de Educación”.

Como los oficiales que hacen clases reciben una remuneración adicional, es muy entendible que todos deseen mejorar sus ingresos, siendo nombrados profesores. Pero el sistema no comprueba si ese oficial está capacitado para ejercer como profesor. Citaré mi caso: en la Escuela de Suboficiales se me comunicó que había sido nombrado profesor de criminalística y nunca la institución me había enseñado nada de eso. Esa realidad ahorra comentarios sobre la calidad de nuestra educación.

Para mayor comprensión del proceso enseñanza-aprendizaje de Carabineros citaré algunos hechos que me correspondió vivir recién egresado, con el título de subteniente. Guardia y turnos, no sabía en qué consistían y durante seis meses debí acompañar a otro oficial con experiencia para aprender la rutina. Si él la hacía mal, yo también aprendería mal. Se me ordenó confeccionar la estadística de la delincuencia, pero no conocía los formularios ni sabía para qué servía aquello. Por orden judicial allané el domicilio y aprehendí a un individuo que supuestamente robaba quillay y tenía un saco repleto de su corteza, pero estimé no necesario remitir el saco al tribunal, en circunstancias que era el medio de prueba, por lo que quedó en libertad. Creo que con estos ejemplos queda clara la calidad de la enseñanza de Carabineros.

Hechos de reciente ocurrencia, como el caso del sargento que durante disturbios nocturnos disparó y dio muerte a un joven con las consecuencias ya muy conocidas, ameritan indagar sobre la preparación que recibió para enfrentar situaciones de ese tipo y también respecto del entrenamiento que tuvo quien estaba al mando de esa fuerza. Si se indaga, se comprobará que ninguno la recibió y que cada cual actuó desde su particular punto de vista tal como ocurría en mi época.

En contraste con lo anterior, cito el caso de un policía norteamericano que detuvo a un sospechoso negro que resultó ser académico de la Universidad de Harvard. Como el hecho trascendió -pues inicialmente se acusó al policía de conductas discriminatorias por razones raciales-, el Presidente de los EE UU manifestó que el agente había actuado estúpidamente y el jefe de la policía replicó que lo había hecho conforme al manual de procedimientos. Al final, el Presidente debió retractarse. Allá, ellos tienen otro nivel de educación y preparación. En cambio, en Chile un parlamentario se quejó por haber sido denunciado por exceso de velocidad y el mando sancionó al carabinero que lo multó. Sólo por la presión pública ese castigo se dejó sin efecto. Por consiguiente: ¿somos profesionales u obsecuentes con el más poderoso?

Todo esto se acentúa porque quienes ingresamos a carabineros procedemos de la enseñanza pública, que no es tanto mejor que la enseñanza que se imparte en la institución. Durante más de seis años se me “enseñó inglés” y egresé de la educación media sin entender ni hablar una palabra. En los otros ramos todo era memoria y nada de análisis, solamente las verdades del profesor. Y eso ha cambiado muy poco, salvo para quienes pueden financiar un colegio particular de calidad y que naturalmente no postularán a Carabineros.

En la actualidad ya nadie con una mediana educación duda que el punto de partida para el desarrollo personal, organizacional y del país, será una educación de excelencia, sin embargo, es lo que más hemos descuidado. Por lo demás, mientras no exista una enseñanza de excelencia al alcance de todos y en especial de los sectores más vulnerables, la delincuencia que tanto preocupa en estos momentos no disminuirá. Al contrario, aumentará.

AUSENCIA DE DOCTRINA

Una organización pública o privada, con y sin fines de lucro, necesita una gerencia profesional para cumplir su finalidad, es decir, una administración que haya sido preparada para su cometido. Si no tiene esa gerencia profesional, lo más probable es que fracasará y desaparecerá, salvo que sea estatal, pero su marcha será deficiente y recibirá muchas críticas y algunos de sus miembros severos castigos o incluso la cárcel, como ocurrió en el caso del sargento ya mencionado, en circunstancias que ellos no tienen ninguna posibilidad de cambiar el sistema ni son los responsables de haber recibido una deficiente calificación.

Quien en Carabineros desee ser un verdadero profesional deberá lograrlo como autodidacta, proceso que en mi caso resultó muy largo y difícil, puesto que se debe empezar a definir qué es lo que se quiere y después buscar lo apropiado para lograrlo. La teoría me resultó muy interesante, pero llegar a ser capaz de aplicarla en mis actividades resultó muy difícil y lento. Recién ahora, después de 23 años en retiro y por persistir en mi intento y realizar una actividad productiva, lo he logrado. No es mi intención descalificar a personas, sino contribuir a que la sociedad tome conciencia de que si los Carabineros actuamos mal, no es porque lo pretendamos, sino que es la consecuencia de una pésima preparación y una peor conducción de nuestros jefes, pues no han sido preparados para ser líderes verdaderos, capaces de mejorar la eficacia de sus colaboradores.

En Carabineros faltan las grandes definiciones y lineamientos que debe dictar el Alto Mando para señalar a todos sus integrantes hacia dónde deben ir. Como no existen, la marcha es por inercia. El Alto Mando hace intentos, pero como no está preparado, producen mayor confusión y escepticismo, tal como lo pude apreciar con su reciente manual de doctrina, que no es tal. Según la definición de Kenneth R. Andrew:

“Doctrina es la expresión sobre qué es lo que quiere hacer la organización, qué es lo que quiere alcanzar y las acciones que intenta emplear.

La gente se motiva para actuar mediante la expresión de ideas y símbolos. La expresión de la doctrina en forma clara, consistente, segura y repetida con frecuencia, puede formar un consenso sobre los objetivos comunes entre los miembros.

En consecuencia, la elaboración, expresión y manejo de la doctrina es una responsabilidad importante en aquellos que tienen en sus manos el liderazgo. Es una fase en la que debe invertirse tiempo, pensamiento y esfuerzo y que, sin embargo, a veces se descuida. El descuido en el establecimiento de la doctrina dará por resultado la carencia de un grupo común de propósitos, una imagen ambigua y una conducta oportunista debido a que su sentido de propósito es oscuro”.

Aun recuerdo cuando un coronel que se distinguía por su seriedad y siendo yo recién capitán me dijo: “¿Qué doctrina? Carabineros no tiene doctrina”.

LA CRÍTICA, SINÓNIMO DE OFENSA

La cultura de mi institución rechaza severamente la crítica, se considera muy grave formularla y ante ella siempre el mando se sentirá ofendido. Pero, sin la crítica, ¿es posible mejorar? Creo que no, por consiguiente debemos ser más humildes, reconocer que nos equivocamos y escucharla. Si es razonable, cambiemos, y si no lo es, demostrémosle al crítico que está equivocado. En cambio, con la actual actitud sólo estamos liquidando la creatividad, participación y compromiso con la misión de todos los integrantes de la institución y, lo que es peor, su evolución.

Tomando la definición de Andrew, analizaré el cargo de director de la Escuela de Carabineros: 1) “Qué quiere hacer”: lo lógico, formar a los futuros subtenientes; 2) “qué es lo que quiere alcanzar”: lo obvio, que los subtenientes puedan realizar sin error las tareas que corresponderán a su grado (entre las que pudo estar la de comandar al sargento ya señalado); 3) “Las acciones que intenta emplear”: Enseñar la teoría necesaria junto con la práctica respectiva para que el alumno logre realizar todas las tareas de su grado con absoluta seguridad y corrección. Además, debería hacer un seguimiento de los egresados que le permita obtener la información necesaria para evaluar todo el proceso. Como esto no se hace, ocurre lo que he relatado y no me cabe la menor duda que se continuará repitiendo.

Dadas las características culturales de la organización, será imposible el cambio, salvo que sea introducido desde fuera. Por consiguiente, le corresponde a la sociedad a través de sus representantes, que son las autoridades del Ministerio del cual depende Carabineros, tomar la palabra, pues equivale a su directorio.

Está muy descuidada la verificación de la calidad, oportunidad y sujeción a la legalidad del servicio prestado y si el usuario quedó conforme, por lo que no son de extrañar las críticas que se reciben. Por otra parte, los jefes respectivos no responden por el mal desempeño de sus dirigidos, no obstante que su misión es asegurar el trabajo eficaz de sus subalternos

Carabineros, al igual que toda organización, necesita declarar en forma clara, consistente y permanente, su misión, de manera de crear en todos sus miembros un consenso sobre la dirección de sus esfuerzos. También es deber de su Alto Mando determinar el tipo de capacitación que deberá dar a todos sus integrantes para asegurar la calidad de su desempeño, además de definir su estrategia, la que permanentemente deberá evaluar para comprobar que efectivamente le está permitiendo satisfacer las necesidades de seguridad, orden público y respeto a las leyes que le corresponde hacer cumplir con eficiencia y eficacia.

El descuido en declarar la misión ha sido constante y nunca la institución ha expresado el cómo “prevenir los riesgos de que se altere la seguridad y el orden público y se incumplan las leyes que le corresponde supervisar”. Si lo declarase, se encontraría de inmediato frente a un enorme desafío, pues significaría que debe evitar que los hechos que tanta alarma causan en la sociedad se continúen repitiendo o incluso aumenten, como hasta ahora ocurre con asaltos a residencias o robos de cajeros automáticos, entre otros.

El proceso de Carabineros para cumplir su finalidad está compuesto por lo que denomina “servicio de guardia” y “servicio de población”. Ambos están regulados por reglamentos relativos a la forma, pero no a su finalidad. El primero funciona en el cuartel y es donde se reciben las denuncias o requerimientos de quienes sienten amenazada o quebrantada su seguridad. Es una de las principales fuentes de información sobre las necesidades de seguridad y orden de los usuarios o sobre la calidad, oportunidad y pertinencia del servicio que Carabineros les ha prestado. Sin embargo, esa información no se procesa ni analiza para usarla en la planificación.

El segundo opera en la calle y su finalidad debería ser neutralizar los riesgos de que se altere la seguridad, el orden público o se incumplan las leyes que a la institución le corresponde fiscalizar. Lamentablemente, durante su preparación, equivalente al plan de acción, se transforma en una mera rutina reglamentaria donde no se da a conocer lo que ha estado ocurriendo ni menos que la tarea será impedir que eso se repita, por lo que cada cual deberá suponer lo que debe hacer.

Existe en todo el proceso formativo un fuerte énfasis en la instrucción a pie y en las presentaciones de corte militar, que es lo único que el mando valora. Sin embargo, el desarrollo de la capacidad analítica es el gran ausente. Todo se limita a lo memorístico, en desmedro de la resolución de los problemas propios de la finalidad institucional

La supervisión de ambos procesos es muy escasa y no está orientada a la gestión del desempeño y a la recolección de información que permita planificar con eficacia las futuras acciones y a establecer metas que permitan medir el desempeño de cada cual. También está muy descuidada la verificación de la calidad, oportunidad y sujeción a la legalidad del servicio prestado y si el usuario quedó conforme, por lo que no son de extrañar las críticas que se reciben. Por otra parte, los jefes respectivos no responden por el mal desempeño de sus dirigidos, no obstante que su misión es asegurar el trabajo eficaz de sus subalternos.

El accionar completo de la institución ha descuidado el análisis, elemento esencial para garantizar la eficiencia, eficacia y mejoramiento del servicio que la sociedad le ha encomendado, pues continúa haciendo más de lo mismo, sin reparar que en la actualidad lo decisivo es el talento y éste se desarrolla únicamente con una educación de calidad.

Los directivos o jefes deben ser preparados para su cargo, pues de su experiencia y compromiso con su misión, dependerá también el compromiso de sus dirigidos, aspecto también muy descuidado, puesto que están más interesados en la forma que en obtener los resultados deseados mediante el trabajo del equipo de colaboradores. Si no están capacitados para potenciar y mejorar las habilidades de sus colaboradores, no conseguirán prevenir los riesgos inherentes a la finalidad institucional.

El otro aspecto muy descuidado es la comprobación de la calidad, oportunidad e interés por el buen servicio que se debería prestar, sea en la guardia o en la población. Es frecuente que, cuando no se hace nada ante un requerimiento, esto termine ventilándose por la prensa y con la baja del responsable, pero nunca se busca la causa de esos comportamientos.

El proceso de formación y capacitación

Este proceso se realiza de manera autónoma y desvinculado de la misión, en el sentido de que no considera los aspectos antes planteados ni menos analiza los desempeños de sus egresados para efectuar las correcciones pertinentes. No existe una coordinación con la línea operacional para formular sus planes ni asume su responsabilidad por el mal desempeño de sus egresados.

El señor General Director, como se le denomina dentro de la institución, es intocable y siempre está rodeado de obsecuentes que lo consideran infalible. Y si comete errores inaceptables, nunca la sociedad, a través de sus representantes, lo ha hecho responder ni menos pedido cuentas de cómo usa los recursos institucionales

Existe en todo el proceso formativo un fuerte énfasis en la instrucción a pie y en las presentaciones de corte militar, que es lo único que el mando valora. Sin embargo, el desarrollo de la capacidad analítica es el gran ausente. Todo se limita a lo memorístico, en desmedro de la resolución de los problemas propios de la finalidad institucional.

La oficialidad que hace clases -las que son remuneradas- generalmente no está preparada para ese cometido. Incide mucho en esto la costumbre de repartir las horas de clases y distribuir los ramos de acuerdo al grado que quién los impartirá, sin verificar la competencia del profesor y, lo más grave, sin evaluar su desempeño ni la pertinencia de lo aprendido con las futuras exigencias del cargo que desempeñará el alumno. Tampoco se conoce que hagan alguna publicación relativa a su disciplina o trabajo de investigación que permita mejorar el proceso. Por otra parte, quienes son destinados al área docente no reciben una formación previa que los habilite para tan decisiva función en el futuro desempeño de los egresados.

El Estado ha hecho un continuo aumento de las dotaciones, con un enorme costo. Sin embargo, la situación de alarma pública por la seguridad continúa igual, precisamente porque no se ha reparado en que, más que un problema de recursos, es un asunto de gestión. Por consiguiente, ¿tiene sentido el aumento de diez mil plazas sin un análisis sobre cómo se emplean?

Por otra parte, la sociedad debe informarse acerca de cómo funciona la organización y exigir al Alto Mando, a través de sus representantes, que responda por el mal desempeño de sus dirigidos y no aceptar sanciones aplicadas a quienes han cometido errores que se deben, tal como lo he señalado, a una mala gestión institucional.

Como ejemplo, puedo citar el caso del uso de balines con pintura en unos incidentes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. El incidente provocó serios reclamos de su rector, lo que significó graves problemas a un coronel y un mayor. Las preguntsa son: ¿Ellos compraron esos elementos? ¿Qué directiva dictó el Alto Mando para su uso? En mi época nunca las dictó y cada cual debía determinar su empleo.

No hace mucho se cuestionó la actuación del General Director, pero nunca se esclareció el hecho. En cambio, casos parecidos le costaron la eliminación a otros de menor graduación. Mientras la sociedad no exija transparencia y seriedad a sus representantes, la situación no cambiará.

El señor General Director, como se le denomina dentro de la institución, es intocable y siempre está rodeado de obsecuentes que lo consideran infalible. Y si comete errores inaceptables, nunca la sociedad, a través de sus representantes, lo ha hecho responder ni menos pedido cuentas de cómo usa los recursos institucionales. Por ejemplo, ¿es correcto que al acogerse a retiro continúe con auto, chofer y bencina institucionales de por vida? Tampoco se le pide cuenta por el ineficaz resultado del llamado Plan Cuadrante, que si fuese sometido a un verdadero escrutinio por expertos en planificación se concluiría que no responde a los mínimos estándares de establecimiento de metas medibles. Tampoco se le ha evaluado como para afirmar, con antecedentes concretos, si está resolviendo el problema de inseguridad.

El meollo del problema radica en la pésima formación que recibimos todos los integrantes de la institución y en la creencia de que es una deslealtad decir lo que está malo, tal como me lo expresó un oficial que me pidió hacer clases a sus dirigidos, donde se comprobó que nadie sabía exactamente su misión como jefe de retén o de turno: “Debemos tener mucho cuidado, pues el Alto Mando puede tomarlo como una crítica”, me dijo.

No hace mucho se cuestionó la actuación del General Director, pero nunca se esclareció el hecho. En cambio, casos parecidos le costaron la eliminación a otros de menor graduación. Mientras la sociedad no exija transparencia y seriedad a sus representantes, la situación no cambiará.

Finalmente, el gobierno del momento, al elegir al nuevo General Director, debe evaluar su competencia y no su obsecuencia o grado de amistad con la clase política.

Pero fueron las últimas palabras de Gordon, quien interrumpió una licencia médica para anunciar las sanciones, las que hicieron eco al interior de Carabineros creando un ruido sordo que por ahora crece al interior de las comisarías y amenaza con salir a la calle. Y no sólo por las bajas que incluyeron el llamado a retiro del general Sergio Gajardo, el segundo al mando en la Zona Metropolitana.

“Lamentablemente, uno de los nuestros, incumpliendo todas las normativas, hizo uso de las armas saliéndose de los parámetros y de las normativas que éstas requieren. Y además, trató de ocultar información y ahí rompió otro de los principios que para los carabineros son fundamentales: la verdad”, dijo el martes 30 de agosto.

Ese mismo día el propio Gordón dio otra señal de severidad al llamar a retiro al prefecto de Carabineros de Cautín, coronel Fernando Barja, luego de que fuera denunciado ante la justicia ordinaria por intervenir en un procedimiento policial para proteger a su hijo.

Una nueva muestra de respuesta express frente al ocultamiento de información, una falta que el mismo Gordon llamó como la violación de un principio fundamental para su institución: “la verdad”.

El problema para los carabineros que están en conocimiento de los hechos y los documentos a los que tuvo acceso CIPER, es que el propio Gordon violentó ese mismo principio hace un año, incurriendo en la misma falta por la cual fue dado de baja su subalterno, el coronel Barja, ahora ex prefecto de Cautín.

ENCUBRIMIENTO EN MIGUEL CLARO

Los hechos tuvieron lugar a las 6:30 del viernes 16 de julio del año pasado, cuando el general Eduardo Gordon llevaba apenas un año y dos meses en el cargo de director general de Carabineros. Era un día feriado, y a esa hora de la madrugada el hijo del general, Eduardo Ignacio Gordon Orduña, quien regresaba a su hogar conduciendo una camioneta Chevrolet gris patente BCCH69, no respetó un semáforo y chocó por la parte trasera al vehículo Yaris sport blanco, patente BGBZ40, conducido por la estudiante de 22 años, Nicole Andrea Labbé Alemán.

Gordon Orduña impactó el vehículo de la joven justo en la esquina de Eliodoro Yáñez con Hernando de Aguirre. Así quedó registrado por los carabineros de la 19ª Comisaría que a los pocos minutos se hicieron presentes en el lugar, después que la afectada llamara al 133. La camioneta que chocó por detrás a Nicole Labbé se había dado a la fuga, pero una amiga de la joven que la acompañaba alcanzó a anotar su patente y a distinguir el rostro del joven que la conducía, según relatataron a los policías en la misma esquina.

En el vehiculo Z-4048 del cuadrante 124, venía como jefe de patrulla el sargento Iván Escobar y como conductor, el cabo Juan Rojas. Al ver el estado de nerviosismo de la joven afectada, lo primero que hicieron ambos carabineros fue preguntarles a ambas si tenían alguna herida o contusión producto del choque, si experimentaban dolores y si el vehículo y ellas mismas estaban en condiciones de seguir su camino.

Nicole Labbé descartó alguna contusión y sólo manifestó su indignación por la cobarde actitud del conductor de la camioneta Chevrolet que se dio a la fuga sin socorrerla ni pedirle disculpas.

El sargento Escobar, cumpliendo el procedimiento habitual, le hizo las preguntas de rigor para dejar constancia en su hoja de ruta en qué circunstancias se había producido el choque. Y quedó registrado que cuando Nicole Labbé se desplazaba de oriente a poniente por la avenida Eliodoro Yáñez, al llegar a la intersección de Hernando de Aguirre procedió a frenar ya que el semáforo se encontraba en rojo, sintiendo un gran frenazo por la parte posterior de su vehículo, seguido de un fuerte golpe.

También quedó consignado el relato de la amiga de Nicole Labbé, quien al mirar hacia atrás, alcanzó a ver que el conductor del vehículo que las había chocado dio marcha atrás y huyó rápidamente del lugar en dirección desconocida, incluso infringiendo el semáforo que acababa de ponerse nuevamente en rojo. A lo único que atinó –dijo-, fue a anotar la matricula de la camioneta Chevrolet gris.

Como el vehículo estaba en condiciones de ponerse en marcha, los dos carabineros les pidieron que los acompañaran hasta la comisaría, ubicada en Miguel Claro Nº 300, para hacer la denuncia correspondiente y corroborar por medio de un biométrico la identidad del propietario de la camioneta que la había chocado.

Una vez en la 19ª Comisaría, mientras el cabo Juan Rojas Cerda redactaba el parte policial correspondiente, el sargento Escobar procedió a sacar el biométrico de la patente del vehículo. Y cuando en la pantalla leyó “Eduardo Ignacio Gordon Orduña”, ni siquiera sospechó que el nombre que le aparecía como dueño del vehículo que se había dado a la fuga sin prestar ayuda, correspondía al hijo mayor de su superior máximo, el general Eduardo Gordon.

Otros testigos de lo que ocurrió esa mañana en la 19ª Comisaría, relataron a CIPER que cuando otro carabinero se percató que el nombre y apellido del dueño del auto del choque eran los mismos que los del director de la institución, tanto el sargento como el cabo se miraban incrédulos ante la posibilidad de que el hijo del general Gordon se hubiera dado a la fuga.

El documento que acreditaba la identidad del propietario del vehículo y el parte policial redactado por el cabo Rojas fueron entregados al suboficial de guardia, Juan Tapia González, quien procedió a redactar el parte oficial que se envía al Tercer Juzgado de Policía Local. El parte Nº 01572, firmado por Tapia lleva la descripción del accidente, los datos de los dos vehículos y de sus propietarios. El documento quedó archivado en la carpeta de los partes policiales de esa noche de guardia.

El parte donde constaba el choque sufrido por Nicole Labbé no permaneció por mucho tiempo en la carpeta. Otro carabinero que presenció el trámite, sospechando que era mucha la coincidencia de nombres y apellidos, decidió corroborar sus dudas y por el número de RUT llegó a la ficha del Registro Civil constatando que efectivamente no se trataba de un alcance de apellido: Eduardo Ignacio Gordon Orduña era efectivamente el hijo del director general de Carabineros. Y de inmediato se lo hizo saber al sargento a cargo.

-Infelizmente, en Carabineros se da mucho que cuando uno tiene un dato importante como éste, enseguida se pone en conocimiento del jefe. Y no sólo porque la institución es jerarquizada, sino más por la intención de quedar bien con el jefe, porque uno sabe que éste también sacará provecho de la información. Uno queda bien delante del jefe y el jefe queda bien delante de su superior –explicó a CIPER un policía de la 19ª Comisaría que pidió reserva de su identidad.

Eso fue exactamente lo que hizo a su vez el sargento Tapia cuando tomó conocimiento del lazo filial del autor del choque: decidió llamar a su superior en la Comisaría, el mayor Iván Campaña Toledo. Según las fuentes consultadas por CIPER, el mayor Campaña “se comunicó inmediatamente con el general Gordon, quién le pidió reserva y que le pasara los datos de la afectada para ver cómo solucionar el problema”.

Todo ocurrió muy rápido porque a las 10:25 de ese mismo viernes feriado el parte escrito por el sargento Tapia fue cambiado. Un segundo parte, redactado esta vez por los cabos Cayupe y Olea –por orden del mayor Campaña- lo sustituyó y en dicho documento oficial se omitió el nombre del hijo del general Gordon, quedando sólo la patente del vehículo seguido de la siguiente frase: “desconociendo mayores antecedentes, para posteriormente el conductor del móvil darse a la fuga en dirección desconocida”.

Contactada telefónicamente por CIPER. Nicole Labbé, sobrina del alcalde de Providencia (Ver nota), Cristián Labbé, afirmó escuetamente que el hijo del general Gordon le respondió por el accidente, “y me pagó $3 millones para poder reparar los daños del vehículo, no quedando nada pendiente”. Labbé no quiso referirse más al accidente, salvo el hecho de manifestarse sorprendida de que estuviésemos en conocimiento de los hechos.

Del choque nunca más se habló en la 19ª Comisaría. Al menos frente al mayor Iván Campaña. Porque casi todos los policías de ese retén sí supieron y vieron los dos partes que se referían al choque protagonizado por el hijo del general Gordon. El primero nunca fue destruido. De allí que la intervención de ocultamiento y protección a su hijo que hiciera el general Gordon esa mañana del 16 de julio de 2010, saltó a otras comisarías del país.

Y el martes 30 de agosto los hechos cobraron nueva fuerza cuando Gordon afirmó ante las cámaras: “A mis carabineros les ordeno a continuar cumpliendo con sus obligaciones que están adscritos en esta doctrina, que seamos los espejos de la lealtad, los valores y la verdad y a leer el manual de doctrina todos los días”. Y rubricó: “A quienes han usado malamente este uniforme les digo por favor, váyanse, no nos hagan más daño. Carabineros es importante”.

Nota: En relación a este reportaje se comunicó con CIPER, Nicole Labbé Willems aclarando que ella es efectivamente la sobrina directa del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, pero que no es la persona afectada por el accidente pues se trata de un alcance de nombres.

Mi nombre es Ana Cortez Salas, soy antropóloga de profesión y les escribo para denunciar la violencia policial de la que fui víctima en mi propio hogar el pasado 4 de agosto a eso de las 20:00 hrs, en el marco de las protestas estudiantiles por una educación gratuita y de calidad.

Francisca, Carlos y yo conversábamos amenamente en las inmediaciones de Calle Curicó con Vicuña Mackenna, lugar donde se encuentra el edificio donde vivo. Desde temprano pudimos observar desde esa esquina como Carabineros de Chile dispersaba a los y las estudiantes que demandan el fin al lucro en la educación.

A eso de las 20:00 horas el tránsito se había normalizado y sólo quedábamos nosotros tres en esa esquina, más algunos vecinos y vecinas del edificio donde vivo. De repente, entró por Calle Curicó una micro de Carabineros en contra del tránsito, se detuvo justo frente a este grupo de vecinos y vecinas, y varios efectivos corrieron en actitud amenazante hacia nosotros.

Como comprendimos inmediatamente que querían tomarnos detenidos, nos refugiamos en nuestro edificio. Pero Carabineros no se detuvo ahí: procedieron a romper todos los citófonos del edificio, patearon la puerta de entrada, luego entraron al edificio y trataron de derribar a patadas la puerta de mi departamento y la de mi vecino por más de 10 minutos. Sólo se detuvieron cuando lograron descerrajar de cuajo la puerta de mi vecino, quien felizmente no se encontraba en su hogar.

Les pido encarecidamente que se detengan a leer el relato de los hechos que hace Francisca. Es sólo un botón de muestra de lo que ocurrió esa noche, sin lugar a dudas muchos de ustedes también sufrieron la brutal violencia policial. Queda claro sí con este y otros hechos que el derecho a demandar a través de la protesta social lo que creemos es justo se acabó en Chile.

Ana Cortez Salas

ATACADOS POR CARABINEROS

El jueves 4 de agosto pasé a ver a una amiga que vive cerca de la plaza Italia después del trabajo. La idea era acompañar un ratito a los estudiantes en su marcha no autorizada y luego devolvernos por un té o un café para conversar de los miles de temas que nos pertenecen y que no tienen que ver necesariamente con la contingencia del día jueves 4 de agosto. Cuando llegué a la casa de mi amiga, pasadas las 18:30 horas, se vio que era muy difícil que pudiéramos acompañar a nadie en ninguna marcha ya que la policía y las Fuerzas Especiales de Carabineros habían iniciado desde muy temprano una labor de dispersión bastante impresionante.

A eso de las 18:30 horas la calle olía a lacrimógena y frente a la casa de mi amiga, cuyo departamento está en un edificio en plena esquina de calle Curicó, se podía apreciar a los muchos estudiantes y adultos que huían después de haber intentado marchar por la Alameda. Estuvimos mucho rato mirando qué pasaba, en una actitud completamente contemplativa. A un par de esquinas de donde estábamos, se divisaba una barricada y un poco más allá algunas micros verdes de donde bajaban y bajaban efectivos policiales.

Un par de veces en que vimos que la cosa se ponía muy álgida decidimos entrar al edificio, sobre todo para evitar que nos llegara alguna piedra. El ambiente por mientras era de caceroleo anticipado y de pitos y bocinazos provenientes de los departamentos de los edificios vecinos y de los pocos automóviles que se atrevían a circular. En eso estábamos las antropólogas, haciendo una observación que podríamos decir que es propia del trabajo etnográfico, sacándole el rollo a los pacos, a los jóvenes y niños de edades fluctuantes, mientras sobrevolaban los helicópteros, sonaban las ambulancias y las cucas, cuando de repente apareció de la nada y contra el tránsito una micro de Carabineros que se estacionó frente a nosotras.

No quiero exagerar, pero la imagen fue digna de cualquier libro de Tolkien: de ella bajó un contingente de tipos del GOPE parecidos a los orcos, envueltos en cascos y escudos, con tamaño de gorila y con actitud y gesto muy beligerante y amedrentador. Éramos unas ocho personas las que estábamos en esa esquina, todas del edificio de mi amiga, quienes los quedamos mirando. De pronto nos dimos cuenta que venían hacia nosotros. Entonces, de forma espontánea nos replegamos, entramos al edificio y cerramos la puerta metálica que comunica con la calle.

Mi amiga, intuitivamente, corrió a su departamento que está en el 1º piso y comenzó a abrir la puerta ya que estaba con llave. Yo, por mientras, me quedé cerca de la entrada, a la subida de la escalera, mirando hacia afuera por una columna vidriada muy angosta que era parte de la puerta metálica, de la cual estaba a unos tres metros, para ver qué pasaba y cómo se iban. Creí que el grupo del GOPE, al ver que éramos residentes y que estábamos en un espacio privado al cual no es posible ingresar por la fuerza de ningún tipo, porque además la ley no lo permite, se iría. Pero en vez de irse comenzaron a arremeter a golpes de puño y patadas contra la puerta que tenía a tres metros de mí.

A esas alturas mi amiga gritaba porque nos entráramos cuanto antes a su casa, lo que yo hice inmediatamente. Estábamos entrándonos a su departamento cuando el GOPE ingresó al edificio, logrando nosotras cerrar la puerta del departamento y poner llave casi en sus narices. Lo que vino después fue horrible, comenzaron a patear y a golpear la puerta nuestra y la del vecino del frente. Por mientras, nosotras, atónitas, no sabíamos qué hacer.

Yo personalmente, después de constatar en fracción de segundos que no teníamos por donde huir, ya que estábamos en un espacio absolutamente cerrado, entré en un estado de perplejidad a la espera de que entraran en cualquier momento para llevarnos del pelo o de no sé de dónde. Después de 8 o 10 minutos de patadas y golpes en la puerta se hizo un silencio. No sé cuanto rato pasaría antes de que volviéramos nuevamente a sentir voces en el pasillo, si fueron 5, 10 o 15 minutos ya que estábamos impactadas.

Cuando salimos constatamos, junto al grupo de vecinos que habían arrancado igual que nosotros a sus departamentos, que todos los citófonos del edificio habían sido completamente destruidos y que la puerta de la casa del vecino, donde felizmente no había nadie, había sido descerrajada y abierta a golpes. Los ahí presentes grabaron y fotografiaron las evidencias de los destrozos producidos por quienes algunos llaman “carabineros” pero que en realidad era más propio del paso de un grupo de forajidos y delincuentes que de quienes se supone que deben resguardar el orden público y la integridad de los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Cuando llegaron los dueños del departamento descerrajado y luego de ser informados de lo que había sucedido con su casa por sus vecinos, un familiar de ellos fue a poner una denuncia a la comisaría más cercana a su domicilio, la que el personal de turno no quiso recibir.

En el poco tiempo que ha pasado he pensado bastante en todo lo acontecido. A los dos días de aquel jueves, leí una columna en un medio de prensa chileno donde se decía que, a pesar de los disturbios y de la represión del jueves 4 de agosto, no debían hacerse comparaciones con los hechos acontecidos durante la dictadura y que, además, era importante valorar y proteger la actual democracia.

Si bien luego de los hechos acontecidos estuve tranquila, después de esa lectura no pude dejar de sentirme transgredida. ¿Qué tipo de democracia es aquella en que la gente no sólo no puede marchar libremente por las calles, sino que además cuenta con una policía que amedrenta y amenaza tan violentamente a quienes somos los ciudadanos de este país? ¿Qué tipo de democracia es aquella en que las Fuerzas Especiales entran a los espacios privados destruyéndolos y luego las instituciones no son capaces de hacerse cargo de sus actos ni siquiera recibiendo las denuncias?

Todo lo anterior lo comparto porque siento que es importante, porque me imagino que hay miles de historias como la mía que sucedieron ese jueves 4 de agosto y, por lo tanto, no tuve la exclusividad de haber estado en un hecho de violencia. Compartir esta historia ha sido un gesto de afecto y una manera de decir que es inaceptable una democracia que se despliega a través del uso de la fuerza acompañada al mismo tiempo de un modelo económico que le ha dado continuidad a una injusticia social tan inaudita. También ha sido mi forma de decir que tengo fe y esperanza en que mi hijo, los hijos e hijas de ustedes y luego los nietos y los hijos de nuestros nietos, van a poder encontrarse con un modelo económico y político y una sociedad diferente. Pero para que todo esto cambie, nosotros, desde donde estemos y como podamos, tenemos que aparecer y hacernos presentes, respetando nuestras diferencias por supuesto ya que somos seres humanos. Cada uno sabrá cómo puede hacerlo.

Francisca Vera Vivanco.

-Nos estamos enfrentando a un tipo de delincuente con prontuario y más avezado. Portan fuerte armamento y forma bandas más organizadas que actúan con información precisa. Sus blancos predilectos son los camiones y las bodegas de empresas que distribuyen o almacenan las cargas de los mismos –explica el fiscal jefe de Robos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, José Morales.

Esa zona, una de las más peligrosas de la capital, está circunscrita por tres rutas de alto tráfico de camiones: Ruta 68, Autopista del Sol y Ruta 5. Las tres son vías de tránsito para mercaderías que van y vienen desde los puertos de Valparaíso y San Antonio.

Al elegir las bodegas de almacenamiento estas bandas identifican los horarios con menos gente trabajando o con baja o nula presencia de guardias, además de la información sobre los lugares donde se encuentra el dinero y vías precisas de escape. Respecto a los camiones, los más codiciados son los que transportan cigarrillos, ropas u objetos de marcas exclusivas, electrodomésticos y celulares. Todas de fácil reducción y de buen precio en el mercado irregular.

Este delincuente actúa muy confiado, dice el fiscal Morales. Como los cinco hombres que el pasado 13 de marzo ingresaron con un camión a las bodegas de la empresa de distribución de celulares Cellstar, en avenida Presidente Eduardo Frei Montalba (Conchalí). Permanecieron 32 minutos y salieron con un botín avaluado por la propia empresa en 1 millón de dólares ($570 millones).

-Eran alrededor de las 11 de la noche. Nos encontrábamos tres de nosotros en la caseta de entrada y otro compañero haciendo la ronda en el interior de las bodegas cuando en cuestión de segundos y sin siquiera percibir algo extraño nos vimos rodeados de cuatro sujetos. Con armas de fuego nos redujeron y con los mismos cables que arrancaron de la caseta de vigilancia procedieron a amarrarnos de manos y pies –relató uno de los guardias de seguridad.

Tras reducir al cuarto guardia, los asaltantes huyeron en un camión, el mismo en el que llegaron hasta la bodega, con ocho pallets que contenían 2.825 celulares de última generación. El dueño del camión está identificado. Su prontuario es de terror. Parte de la mercadería ya fue vendida en Antofagasta. Sus últimos destinos serán, como lo muestra la ruta de robos similares anteriores, Perú y Bolivia. Pero los delincuentes siguen libres.

Paradero 25, donde la vigilancia es inútil

9:00 horas. Gran Avenida esquina de Américo Vespucio, justo donde se ubica la estación de Metro La Cisterna, uno de los 17 puntos más peligrosos de Santiago. Lo primero que llama la atención es la gran cantidad de gente que deambula por el sector. Con dos líneas de Metro que confluyen, más el intermodal del Transantiago, se calcula que por allí transitan diariamente 120.000 personas.

A la salida del Metro, en la vereda norponiente, está el retén de Carabineros. Un suboficial me explica con detalles que la zona es segura, que la mayoría de los robos ocurre en la esquina de enfrente o en el paradero de bus que está sobre Gran Avenida.

-Aquí nosotros evitamos muchos robos –afirma el policía.

De repente, aparece presuroso un matrimonio joven con su hija. Piden ayuda. Les acaban de robar un computador, una cámara de fotos y un bolso. Y todo ello a sólo 50 metros del retén.

El suboficial les pregunta si tienen alguna identificación del ladrón. La pareja responde que no. Acaban de llegar desde de Chiloé y se les ve abatidos. El suboficial les dice que hagan la denuncia, pero después de preguntar las posibilidades reales que tienen de recuperar los objetos robados, el matrimonio decide marcharse sin estamparla.

A partir de ese momento la conversación con el suboficial toma otro rumbo. Deja de lado el discurso inicial y me cuenta que lleva sólo cuatro meses en ese retén y no se quedará allí por mucho tiempo:

-No es un lugar de alta permanencia. Los mandos nos van cambiando, de lo contrario aquí uno acabaría estresado ya que el trabajo es muy intenso. Mire, somos sólo tres carabineros, y como uno siempre se tiene que quedar en el retén, al final somos sólo dos los que andamos dando la vuelta. ¡Si no roban más es por que no quieren no más!

El suboficial ya conoce los rostros de algunos delincuentes. Pero es poco –dice- lo que puede hacer. Cuando los divisa, les hace control de identidad.

-Y como nunca andan con documentos, los paso a la comisaría y con eso los saco de circulación unas horas. Pero nada más -asume resignado.

A las horas de mayor concentración –y mayor peligro- unas cinco mil personas caminan en todas las direcciones. Este suboficial asume que es en esas franjas horarias cuando menos se puede actuar.

-Imagínate aquí con cinco mil personas caminando en todas las direcciones… Lo peor es que mucha gente piensa que carabineros es personal de información y hay momentos que tienes a 10 personas preguntando qué bus o qué metro me sirve para tal lugar. Otro gran problema que nos quita mucho tiempo para la labor de prevención es lo que nosotros llamamos “los cachos”: una señora que se cayó en la escalera mecánica, una mechera que los guardias no dejan entrar al supermercado y hace escándalo, los ambulantes que se meten al intermodal… Todo eso también nos toca a nosotros y con 100 mil personas diarias uno a veces termina atendiendo 50 mil cachos y descuida lo más importante.

-¿Y los guardias del Metro y los del intermodal no les ayudan en la prevención?
Mire, ellos nos dicen “hemos puesto 6 guardias, dos por piso para ayudar a la prevención”. Como si eso fuera una gran cosa. La verdad, es que muchas veces esto termina siendo mucho más trabajo para los tres que estamos aquí ya que los guardias nos están llamando a cada rato porque detuvieron a un delincuente o se les colaron unos ambulantes.

-¿Cuántos robos se cometen diariamente aquí?
-Uno o dos -dice titubeando.

-Y cuándo los detienen, ¿cuál es el procedimiento?
-¡Otro cacho! –afirma y sonríe con sorna antes de explicar-, entre las declaraciones de las victimas, los testigos, nuestro relato, tomar fotos de las especies, llevar al ladrón a constatar lesiones y después entregarlo en la comisaría, son como 15 papeles. La mayoría de las víctimas, si pillamos al delincuente en el momento y recuperan lo robado, ya no quieren hacer la denuncia y prefieren irse. Nosotros igual los pasamos detenido, pero a los dos días los vemos otra vez por aquí -señala otro policía del retén.

Ingreso al Intermodal. Una construcción de 60.000 metros cuadrados, cinco pisos, 35 andenes de buses, dos líneas de metro y 43 locales comerciales. La seguridad del recinto está a cargo de seis guardias privados. Ellos no rotan como los carabineros: conocen el sector como nadie. Le pregunto a uno de ellos –alto y corpulento- por los robos que se cometen allí dentro.

-¡Si!, alrededor de 4 a 6 robos diarios, y en las quincenas y final de mes es peor –exclama el guardia.

Un ladrón es sorprendido robando la cartera de una mujer. Dos guardias lo detienen y le revisan todos los bolsillos. Lleva un arma. Y aunque es de fogueo, es tan similar a las de verdad que provoca pánico. También entre los guardias, aunque bien lo disimulan. El incidente les recordó a dos de ellos lo que le ocurrió a uno de sus compañeros el año pasado cuando se encontraba trabajando en el primer piso del Intermodal. Recibió un llamado por radio de otro de los guardias desde el primer subterráneo: una joyería estaba siendo asaltada. Corrió y fue atacado con tres puñaladas en la espalda por uno de los delincuentes.

-Los que más nos sorprendió es que el ladrón no era menor de edad. Tenía 18 años. Y mire lo que pasó: lo detuvimos, le quitamos el cuchillo y se lo entregamos a los carabineros que se lo llevaron detenido después de tomar la denuncia. Como prueba, les entregamos también las cintas de las cámaras de seguridad donde quedó todo registrado. Dos días después apareció el mismo delincuente con otros siete sujetos y amenazaron al guardia que lo detuvo anunciándole que lo esperarían a la salida. Lo tuvimos que acompañar durante varios días cuando terminaba su turno. Lo increíble es que este guardia, a pesar de haber sido apuñalado, nunca fue citado ni por carabineros ni por la fiscalía. Y al delincuente lo hemos vuelto a ver en lo mismo por aquí…

Me despido de los guardias de seguridad. Al momento de partir, uno de ellos susurra: “Por eso mismo, ahora, si vemos algo raro, nos limitamos a llamar a los carabineros. Nosotros no podemos actuar. Ni armas tenemos. ¡No vale la pena!”.

Regreso al día siguiente al intermodal, esta vez al final de la tarde. Otros guardias cumplen su turno. Uno de ellos me confirma lo que los carabineros me relataron el día anterior:

-La mayoría de los robos que se cometen aquí no se denuncian. Y los mismos delincuentes siguen robando y robando.

En las seis horas que pasé en dos fríos días de julio en esa esquina, fui testigo de dos robos que se cometieron a pocos pasos de la policía. También observé la precariedad en que trabajan carabineros y guardias de seguridad privados. Las dos víctimas después de hablar con carabineros se fueron sin denunciar.

Casi a las 20:00 horas del 5 de noviembre de 2008, con luz de día, cuatro hombres entraron a su farmacia, dos de ellos armados. A gritos lo amenazaron y le exigieron dinero. Sin perder un segundo, el líder saltó por encima del mostrador y con violencia empujó a la mujer de Santos –que estaba en la caja– y sacó el dinero. Otros dos, en la puerta, vigilaban. El cuarto apuntaba con su arma al dueño, a su esposa y a los empleados de la farmacia.

Un mes después, cuando aún Santos no había sido llamado a declarar por el primer robo, tres sujetos armados entraron a los gritos y repitieron la operación. A pesar de contar ahora con los sistemas más sofisticados de una empresa de seguridad (ADT) -botón de pánico, monitoreo las 24 horas, contacto directo con el plan cuadrante de Carabineros- una vez más los delincuentes escaparon. Y hubo un tercer atraco.

El 28 de mayo de este año, diecisiete meses después del primer asalto, Ricardo Rojas Venegas fue condenado a seis años como autor de los tres robos a la farmacia de Las Industrias con Departamental. Sus acompañantes siguen libres. Santos busca hoy un nuevo local, lejos de una “zona caliente”.

LA TRILOGIA DEL MIEDO

A fines de mayo, CIPER conoció un plan piloto de la Fiscalía Sur a cargo del fiscal jefe de Robos, Marco Emilfork. Con la ayuda de un grupo de expertos a cargo del cartógrafo forense Alan Lenz, ubica las esquinas y calles con más denuncias de robos por sorpresa, con intimidación y con violencia. La trilogía del miedo.

–La idea es abordar la delincuencia de una manera distinta, centrándonos en los siete puntos más críticos de la zona sur en materia de robos. Una nueva forma de perseguir el delito. Para cada una de esas zonas destinaré un fiscal –explica Emilfork.

A partir de esos datos, CIPER procesó información y unificó los criterios utilizados por las fiscalías Centro Norte, Oriente y Occidente –y también de las policías– para “mapear” las “zonas calientes” de los tres tipos de robos que más dolor de cabeza provocan en la Región Metropolitana (Ver Mapa).

Comprobamos que, a pesar de ser una herramienta reconocida a nivel internacional contra la delincuencia, los mapas georeferenciales no están siendo utilizados en Chile como método de prevención y erradicación del delito. Aquí mostramos algunas razones.

La primera alerta surge al comparar el mapa de 2009 con el de años anteriores: los grandes focos siguen siendo los mismos, con pequeñas modificaciones. Los delitos de los que trata esta investigación, se repiten en los mismos sitios año tras año. Fuimos detrás de las razones.

El Centro de Estudios Estadísticos y Criminológicos de Carabineros usa el sistema de georeferencia del delito para poder determinar los comportamientos y patrones delictuales de las “zonas calientes”. Por Ley de Transparencia, el 7 de junio 2010, hicimos una solicitud sobre sus métodos para terminar con las “zonas calientes”.

En su respuesta (5 de julio), nos adjuntaron un documento PDF de dos hojas que explica en términos académicos en qué consiste el método, y una planilla Excel con “Delitos en estudio” además de las denuncias recibidas entre enero y mayo de 2010. Nada sobre sus métodos de prevención en los sitios donde el mismo delito se repite.

Para entonces, CIPER ya tenía configurado su propio mapa. Decidimos entonces visitar en terreno los sitios más peligrosos. Llegamos a Plaza Italia. Allí hay una cámara de vigilancia de la Municipalidad de Providencia, una cámara de la UOCT (Unidad Operativa de Control de Tránsito) y un retén de Carabineros las 24 horas.

El autor de esta investigación comenzó a sacar fotos muy cerca del retén. Inmediatamente se le acercó un carabinero.

–¡Hola! Tenga cuidado, es mejor que ande con la correa de la cámara amarrada ya que por aquí andan delincuentes jóvenes que le dan un tirón y salen corriendo con su cámara.

-¿Roban mucho por aquí? -le digo después de agradecerle el consejo.
–Sí, sí, andan grupos de jóvenes, incluso algunos en solitario, robando al descuido. A usted como es grande no lo van a enfrentar, pero sí lo podrían sorprender con un tirón y llevarse su cámara o la billetera si la trae a la vista. (Ver recuadro)

-¿Y estando ustedes aquí igual roban?
–Igual roban. Aquí no podemos hacer mucho. Si son menores y los detienes, los vuelven a soltar en seguida, y después pasan por aquí y se burlan. Lo que hacemos es que antes de llevarlos les damos unos buenos charchazos. ¡De rabia no más! Porque sabes que después los sueltan enseguida. Aquí los conocemos a todos, pasan toda la mañana cruzándose de un lado a otro.

-¿Y no tienen cámaras de vigilancia en una plaza tan grande?
–Si, mira –señalando a una de las cámaras–, ahí hay una. Allá otra de control de tránsito, pero no sirven para nada. Para lo único que sirven es para denunciarnos a nosotros: se fijan más en si uno esta comiendo algo o si te bajaste sin el gorro, pero no en si mantienes a estos delincuentes controlados.

Volvimos al final de la tarde del día siguiente. Otros carabineros están a cargo del retén.

–¿Hasta qué hora es seguro andar por aquí?
–No se preocupe, hay mucha vigilancia. Toda esta zona es bien segura, nosotros estamos aquí todo el día.

Lo que parece contradecir lo dicho en la mañana anterior cambia rápidamente al tenor de una pregunta: “¿Ganan bien los policías aquí en Chile?”.

–No, ¡qué vamos a ganar bien! Ganamos justo para vivir y si te quieres dar un pequeño lujo te tienes que endeudar. Ganan más los delincuentes que los policías –responde en tono jocoso el carabinero.

–¿Pero al menos tienen algún incentivo por detener a delincuentes?
–Mira lo que dice este español…si nos dan incentivos por detener delincuentes…ja ja ja –responde riéndose, haciendo que otro policía intervenga.

–Si ahora a usted lo asaltan en la otra esquina, el delincuente huye con su mochila, yo salgo de mi puesto, lo persigo y lo atrapo del otro lado del puente, lo único que voy a ganar es una sanción por abandono de mi puesto. Y si el delincuente es vivo, cuando pase detenido me puede inventar que él andaba con 300 euros cuando lo detuve y esos euros no aparecen. Me llamarán de la fiscalía militar a declarar: ¿Donde están los 300 euros del detenido? Y uno tiene que dar mil explicaciones para que te crean. Y el detenido ese mismo día está en la calle. ¡Así es la cosa en Chile!

NO HAY DENUNCIAS

El diálogo, que se repitió con otros términos en otras “zonas calientes”, grafica algunas de las razones de por qué los mismos delitos se enquistan en determinadas esquinas, calles y horarios.

En 2008, según las denuncias recibidas en el Ministerio Público, se registraron 52.949 robos en la Región Metropolitana. En 2009 fueron 52.835, apenas 111 denuncias menos que el año anterior.

Estas cifras contrastan con los índices de victimización de la última encuesta del gobierno y con los de la Fundación Paz Ciudadana. Ambos registran una baja bastante mayor en los robos. Lo cierto es que en los dos últimos años este delito se mantiene prácticamente igual. Y con un agravante: el mapa es el mismo. Los robos se siguen cometiendo en los mismos sitios.

Pero hay más. Según el Centro de Estudios de Carabineros existe una enorme “cifra negra”. En su Cuenta Pública 2009, informa que las comunas con mayor problema delictual registran entre un 45% y un 70% de NO denuncias. CIPER lo confirmó.

En Puente Alto, comuna de alta vulnerabilidad social, su alcalde Manuel José Ossandón, cuenta:

–Aquí el 90 % de los afectados no denuncia. Existen lugares donde la policía no entra si no es con el GOPE. Y el robo a una señora de la población La Legua significa muchísimo más que el robo a una de Las Condes, donde si le roban el laptop ese mismo día se compra otro. Aquí, si le roban el balón de gas, no tiene cómo cocinar. Pero esta señora no hará la denuncia, en parte porque no se siente protegida. Cuando digo que nos faltan carabineros, no lo invento. Pones dos carabineros a caminar por Providencia y espantas a los ladrones, aquí pones a dos carabineros a caminar por algunos sectores y tienes que sacarlos en camilla. (Puente Alto tiene 0.92 carabineros por cada 1.000 habitantes, frente a comunas como Providencia, con 2.02; Las Condes, con 1.22 y Vitacura, con 1.95 por cada 1.000 habitantes).

POR QUÉ NADA CAMBIA EN LAS ZONAS PELIGROSAS

La responsabilidad de las policías es evidente al mirar el Mapa del Robo diseñado por CIPER con las denuncias efectivas. Si tomamos, por ejemplo, el eje central de Alameda, nos encontramos con 11 cuarteles policiales en el sector. De los 36 puntos marcados, muchos están identificados por los mismos cuya tarea es prevenir el delito. Pero el diálogo de Plaza Italia y en otros puntos peligrosos (Ver recuadro) con los mismos policías revela las fallas y vacíos para enfrentar el problema.

La puerta giratoria se escucha reiteradamente como el origen clave del alto índice de delitos. Fernando Valderrama, juez presidente del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, con jurisdicción en Providencia y Ñuñoa, tiene respuestas:

–¿Por qué en Providencia, esquinas como Pedro de Valdivia con 11 de septiembre y Ricardo Lyon con 11 de septiembre, son sitios donde se cometen muchos robos y nada cambia?
–En los controles de detención en esta jurisdicción, en un día con 30 a 35 imputados, son muy pocos los que llegan por robo por sorpresa, con intimidación o con violencia. La mayoría son por violencia intrafamiliar, muchos por hurto en comercio establecido y también por infracción a la propiedad intelectual: comercio ambulante. Y esto es por la baja denuncia y la mala fiscalización contra los robos. Mi percepción es que tal vez se esté dando prioridad a otros delitos: venta ambulante y hurto en comercio establecido. Ahora, como ciudadano le puedo decir que yo paso muchas veces por ese lugar y veo pocos policías o carabineros más preocupados del comercio ambulante.

–¿Muchos acusan que los delincuentes entran y salen una y otra vez?
–No me creo lo de la puerta giratoria. Los imputados que llegan al Ministerio Público y posteriormente al tribunal y con pruebas suficientes, terminan privados de libertad. Lo que sí admito es que muchas veces a los tribunales llegan con antecedentes insuficientes, falta de prolijidad en la práctica de diligencias y por lo tanto ausencia de antecedentes condenatorios. Y como nosotros actuamos conforme a derecho, a falta de pruebas, la persona vuelve a la calle.

–¿A qué se debe esa desprolijidad en las diligencias de los fiscales?
–En gran parte a que hay mucho apuro en resolver rápido los casos y mucho interés en cumplir metas de gestión. Y para cumplir esas metas se hacen las cosas a medias o no se hacen bien. Hay que ser más prolijos y más atentos al hacer las diligencias. A veces nos llegan pedidos de órdenes de detención o allanamiento con pruebas muy vagas, o simplemente sin la explicación suficiente de los antecedentes reunidos y cómo se obtuvieron.

ZONA NORTE: LOS AVEZADOS LADRONES DE CAMIONES

En la zona norte de la capital los robos por sorpresa crecieron un 13% el año pasado. Pero son los robos a empresas y a camiones los que hoy originan los dolores de cabeza del fiscal jefe de Robos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, José Morales:

–Nos estamos enfrentando a un tipo de delincuente con prontuario y más avezado. Portan fuerte armamento y forma bandas más organizadas que actúan con información precisa. Sus blancos predilectos son los camiones y las bodegas de empresas que distribuyen o almacenan las cargas de los mismos. (Ver recuadro).

Al elegir las sedes de empresas, estas bandas identifican los horarios con menos gente trabajando o con baja o nula presencia de guardias, además de la información sobre los lugares donde se encuentra el dinero y vías precisas de escape. Respecto a los camiones, los más codiciados son los que transportan cigarrillos, ropas u objetos de marcas exclusivas, electrodomésticos y celulares, los que muchas veces terminan siendo vendidos en Perú y Bolivia.

Por lo general estas bandas nunca guardan lo robado en sus casas. Poseen un lugar muy discreto para almacenar la mercadería y contactos para una reducción rápida, especialmente circuitos de reventa en el comercio establecido. Por ejemplo, para ropa de marca tienen sus tiendas de distribución. No venden el botín en ferias. Saben que allí no les van a pagar un buen precio.

Este delincuente actúa muy confiado, dice el fiscal Morales. Como los cinco hombres que el pasado 13 de marzo ingresaron con un camión a las bodegas de la empresa de distribución de celulares Cellstar, en avenida Presidente Eduardo Frei Montalba (Conchalí). Permanecieron 40 minutos y salieron con un botín avaluado por la propia empresa en 1 millón de dólares ($570 millones).

A pesar de haber constatado que parte de este robo se vendió en Antofagasta, los fiscales reconocen que es un caso muy difícil de resolver. No obstante, aseguran que agotarán todas las instancias antes de que este robo pase a engrosar el 70 % de causas que se archivan sin culpables. Y también acusan carencias.

-Se habla de la falta de policías, pero no de especialidades. Un gran error. Se necesitan policías con más preparación y mejor pagados. Cuando se combate un delito donde los delincuentes en un día ganan lo que a un carabinero le cuesta un año de trabajo, no podemos pedir más. La falta de medios con que cuentan nos juega en contra. Se les estropea un vehículo y ya no tienen en qué salir o no tienen dinero para gasolina –dice el fiscal Sergio Soto, de la Fiscalía Occidente.

En otra fiscalía son aún más tajantes: han tenido que dejar de trabajar ciertos robos con algunas unidades de la PDI que han pasado a ser objeto de investigación en el Ministerio Público por corrupción y obstrucción a la investigación.

ROBOS A CASAS DEL SECTOR ORIENTE

Dentro de esta trilogía de robos –por sorpresa, con intimidación y con violencia–, es el último el que aumentó un 14 % en el sector Oriente de la capital (de 2.009 a 2.282 casos en los últimos dos años). Pese a que el sector, el de mayor poder adquisitivo de la capital, cuenta con los mejores sistemas de seguridad y vigilancia, en lo que llevamos de este año la Fiscalía Oriente registra 2.019 robos en lugar habitado.

Con un agravante; gran parte de estos robos ha afectado a casas con moradores. Éstos son reducidos por los delincuentes, amarrándolos o encerrándolos mientras desvalijan el inmueble. “Robos con amarrados” los llaman en la jerga interna de las fiscalías. Un delito especialmente grave, para el que se ha destacado a cuatro fiscales de tiempo exclusivo. Solo en marzo, 200 casas fueron afectadas por este delito. Entre ellas, la del ciudadano alemán M.J., asaltado por tres hombres el 19 de marzo a las 20:30, cuando salió al patio (condominio “El Remanso” de Las Condes) para alimentar a su gato.

Transcurridos tres meses y a pesar de haber cumplido con todos los protocolos policiales y del Ministerio Público, esta carpeta ya forma parte de los archivos provisorios o sin resolver. De los autores, ni una sola pista. El año pasado, en la misma Fiscalía Oriente, el 87% de las 7.032 denuncias de robos en lugar habitado tuvo el mismo final.

En es sector hay un gran problema: la escasa participación de las víctimas. “Uno logra detener al delincuente, recuperar especies, llega la etapa del juicio y las víctimas al final no declaran”, relata el fiscal Marcelo Vargas, de la Fiscalía Oriente.

–El mayor problema es que las víctimas confíen en que se les puede proteger a la hora del juicio oral y no se retracten al momento de estar frente al juez. En ese minuto, el estar frente al delincuente, atemoriza a muchos. Sobre todo cuando la víctima y el victimario tienen un entorno más o menos común (vivir en la misma comuna, por ejemplo, pero en sectores socio económicos distintos). En ocasiones, durante la investigación, ya sea el delincuente o sus familiares hacen contacto con la víctima para que ésta se retracte. Y tiene efecto vía amenaza o pasando dinero –ejemplifica Vargas.

Lo anterior lo confirma Marcos Emilfork, de la Fiscalía Sur:

–Ayer (martes 15 de junio) me llegó este correo referente a un robo de un camión en La Pintana en que uno de los delincuentes fue capturado por una patrulla de Carabineros que pasaba por el lugar. “Señor Fiscal: No queremos seguir adelante porque la familia del imputado nos pasó 250 lucas a cada uno de los dueños de la mercadería. Así que queremos retractarnos de nuestra declaración y ya no queremos ser citados”.

ROBOS A CASAS EN EL SECTOR SUR

Por problemas atribuidos al terremoto, la Fiscalía Occidente no contaba con las cifras exactas de los robos a casas en el sector sur de la capital. Pero según cifras de Carabineros, el número no es pequeño. Sí reconocen que por ser gente de menores recursos e influencia social, no se les presta la misma atención que a las víctimas del sector oriente. El protocolo no escrito da cuenta de ello.

–Aquí en la 52 ª comisaría de Maipú, en caso de asaltos a casas, los primeros que se hacen presentes son los del carro policial de ronda. Una vez constituido en el lugar, si se trata de alguien “influyente” –pariente de un fiscal, alcalde o ministro o de alguien con influencia política o social que pudiera atraer a la prensa– los del carro policial avisarán inmediatamente al jefe de turno, quien se presentará y valorará la importancia de la persona afectada asegurándose si está la prensa o si puede llegar. En caso positivo, avisará al mayor (comisario) que, de hacerse presente por la “importancia del sujeto asaltado”, irá acompañado de los dos capitanes que se encuentran en la unidad. Esto puede llevar a que, por considerarse un hecho mediáticamente bueno para Carabineros, el mayor a su vez llame al prefecto de la zona occidente quien se hará presente con los dos comandantes. Un caso así puede llegar a convocar hasta 30 carabineros en un lugar. Si el mismo asalto ocurre en la casa de cualquier vecino, llega el carro policial, con suerte le tomarán la denuncia, en muchas ocasiones le dicen a los dueños de casa que no vale la pena. Y si le toman la denuncia, les dicen que debe esperar la citación -explica un oficial de esa Comisaría que pide reserva de su identidad.

Este código tácito fue confirmado por un alto jefe de Investigaciones del sector alto de Santiago. El procedimiento utilizado –dice– dependerá en gran medida de quién es la persona afectada y de los contactos sociales que tenga.

El 15 de julio del año pasado, Matilde Vidal se presentó en el cuartel de la PDI en Echenique (La Reina). Denunció un robo en su casa. Hizo la declaración y esperó la citación de la fiscalía. Nunca llegó. A los 20 días una vecina le proporcionó a Matilde el nombre del ladrón. Visitó la casa del supuesto delincuente y habló con su madre, la que se mostró dispuesta a reparar el daño. Justo en ese momento llegó el acusado y la echó de la casa. Matilde llamó al cuartel de la PDI. Esa misma tarde llegaron a su casa dos policías. Recogieron los nuevos datos y le dijeron que ahora sí todo llegaría a la fiscalía. El 21 de agosto –según consta en la causa RUC 0900667661-5 del fiscal José Reyes–, se recibió un oficio de la PDI aportando antecedentes y pidiendo interrogar al sujeto. La orden nunca fue despachada desde la fiscalía. Veintiún días más tarde, Matilde recibió una notificación de la fiscalía informándole que por falta de antecedentes la causa se cerró. Diez días después hubo un asalto a un camión de Coca-Cola en el mismo sector. Un sujeto fue detenido. Matilde descubrió que se trataba del mismo joven que robó en su casa.

Muy distinto es lo que ocurrió con el anillo de compromiso de oro, platino y diamantes que le robaron a la mamá de un fiscal de esa zona. Desapareció de su casa un día 30 de diciembre y al día siguiente, el mayor de la 47ª comisaría Los Dominicos se lo entregó personalmente. Había sido vendido en una joyería de la calle Estado. El caso se resolvió en tiempo record.

*Este reportaje fue publicado en revista Qué Pasa el viernes 30 de julio de 2010.

Creo que Carabineros, al igual que cualquier institución pública, tiene deficiencias. Pero cuando son requeridos para actuar en un determinado procedimiento, tienen la obligación constitucional y legal de responder. No quiero decir que no sea cierto que haya vecinos que han tenido y tienen la experiencia de llamar a Carabineros y no tener respuesta. Es probable que ocurra en algunos sectores, pero no es la generalidad en las poblaciones.

-El reclamo lo escuchamos reiteradamente de los vecinos en las poblaciones que CIPER recorrió: dicen que cuando hay enfrentamientos de bandas, llaman a la policía y o no les responden o les dicen que los llamen cuando todo haya terminado, “después de que se hayan matado”.

Eso es súper fácil de comprobar. Todos los llamados al 133 quedan grabados. Le aseguro que no todos ellos son tan reales como lo cuentan.

“Son barrios que no reúnen las condiciones elementales de una ciudad. Esa marginalidad permite la aparición de estos grupos que se adueñan de los sectores y vulneran a la mayoría de sus habitantes que quiere vivir en paz”.

-Pero también están los teléfonos del Plan Cuadrante. ¿Esos llamados también quedan grabados?

No, esos no.

-En todas las poblaciones donde fuimos los vecinos reconocen que ya no existe confianza en las policías, porque deben convivir con grupos armados y traficantes y cuando llaman a Carabineros no obtienen respuesta o es tardía. ¿Qué políticas está desarrollando el Estado en este tipo de zonas, además del Plan Cuadrante?

Efectivamente, desde la década de los ’90 empezó a surgir un fenómeno en algunos barrios de las grandes ciudades que se caracterizó por la aparición de bandas de delincuentes ligados al microtráfico y al tráfico de drogas. Se instalaron en determinados barrios sin que necesariamente vivieran ahí. En aquella época se comenzó a desarrollar un esquema de trabajo denominado Barrio Seguro (en convenio con el BID) y que partió en 2001 con La Legua. Al año siguiente se agregó la Santa Adriana, la población Yungay; y después entraron poblaciones de afuera de Santiago, como la Intendente Saavedra, en Valparaíso.

-Las llamadas “intervenciones” que hizo el Ministerio del Interior.

Intervención no es el nombre apropiado, porque generas dos efectos: uno, estigmatizas a la población completa; y dos, no da cuenta de lo que se hizo con el programa Barrio Seguro, cuyas líneas fundamentales eran mantener la estrategia de control policial en el perímetro y al interior de estos barrios y disponer a todos los servicios públicos en una línea de trabajo con los vecinos para fortalecer las organizaciones comunitarias y la capacitación laboral. Son poblaciones donde, producto de la acción de las bandas, toda la estructura social empezó a desaparecer de las calles. Las organizaciones que aún existían eran las vinculadas con algún tipo de “protección” a estas bandas. Hubo un trabajo también muy fuerte en materia de prevención sicológica y social a través del Conace, los Cosam…

-Pero si uno examina los planes y sus efectos, finalmente han sido soluciones parche, que quizás funcionan, pero sólo por un tiempo.

Uno puede decir que son parches en el sentido de que eran acotadas en el tiempo, pero como había distintos tipos de programas, hubo una acción permanente. Conace ha hecho muchas cosas con agrupaciones de jóvenes en temas deportivos, culturales y artísticos. Y hubo también una intervención más visible, vinculada a la infraestructura, para recuperar espacios como canchas, sitios eriazos, equipamiento. Toda la inversión del programa Barrio Seguro -en las diez o doce poblaciones donde se implementó este trabajo- debe andar por sobre los $2.500 millones. No trabajamos sobre la población vulnerada, sino con sujetos que vulneran un entorno, habitualmente los mismos y que circulan entre la población y la cárcel. De allí la coordinación con las policías y Gendarmería para saber cuándo salen.

Patricio Rosende, subsecretario del interior

-¿Qué tan efectivos han sido los programas? ¿Cuál es la evaluación?

No sé si se puede hacer una evaluación de cuál fue el efecto de Barrio Seguro. Creo que instaló una metodología de trabajo que se ha ido aplicando en muchas poblaciones y que básicamente es cómo se transforma a un vecino solitario en uno solidario. Lo que estamos tratando de hacer en estas villas es generar redes sociales que les permitan a los vecinos recuperar su entorno y aislar a los que vulneran su barrio. Si uno compara con la situación de las poblaciones del país en 2000, cuando partió el programa, creo que hemos tenido éxito en muchas poblaciones. Hay algunas donde es probable que uno pueda decir que no hubo efecto alguno…

-¿De qué depende?

Del funcionamiento del Plan Cuadrante, de la efectividad de las políticas, de que hayamos logrado o no generar un entorno vecinal proclive a un trabajo de más largo plazo. No es llegar y decir vamos a capacitar, arreglar una plaza, poner luz y nos vamos.

-Pero en la población Yungay, emblemática del programa, estuvieron tres años: pavimentaron algunas calles y veredas, iluminaron rincones oscuros, pusieron lomos de toro, pero los vecinos cuentan que después que se fueron la cosa sigue igual o peor, que las balaceras son algo cotidiano.

Estos programas evolucionan al mismo ritmo que lo hace la actividad delictual. Es cierto que en la Yungay uno podría decir que el efecto durante la intervención se produjo y se sintió; y cuando terminó, la gente puede decir que los abandonamos. Pero no es verdad. Por ejemplo, en Santa Adriana, La Legua, Los Centinelas en Concepción y en una serie de poblaciones estos programas van cambiando. Hoy se llama Quiero Mi Barrio, otra modalidad producto de Barrio Seguro.

-Si uno mira el listado de sectores donde está presente Quiero Mi Barrio, la mayoría de los considerados críticos queda fuera. Por ejemplo, en casi ninguna de las poblaciones de La Pintana están.

Hay distintos tipos de acciones. Quiero Mi Barrio es sólo uno. Por ejemplo, en la Santa Adriana, una zona compleja por el tema de seguridad vinculada con el microtráfico, estamos desarrollando un programa que le va a cambiar la cara a la población. En La Legua pronto vamos a inaugurar el Centro Cívico. En distintas poblaciones hay varios tipos de acciones que van acompañadas de control policial, que puede ser deficitario, insuficiente porque efectivamente hay una demanda y tenemos un déficit de Carabineros. No hay duda.

-En junio se informó de una carencia estimada en 4.500 carabineros.

De 5.200 en estricto rigor para los próximos cuatro años. Durante este gobierno se han agregado a la dotación 6.000 carabineros, 1.500 carabineros por año. Pero uno no saca nada poniendo carabineros en todas las cuadras. Un Estado policial nunca va a ser suficiente. Por eso para nosotros es muy importante el trabajo con las organizaciones vecinales. Puede tener todos los defectos, situaciones que corregir además de reforzar la presencia policial en muchas de estas poblaciones, pero hay que comparar la evolución de la seguridad desde hace 10 años a la fecha. Porque puedes decir que en Santiago hay 80 de estas poblaciones, pero te aseguro que en el 2000 había 150.

-El promedio de distancia entre las poblaciones y el recinto policial más cercano es de 2 ó 2,5 kilómetros. Quizás esa distancia influye en la lentitud de la acción. Se ha propuesto la creación de retenes y comisarías al interior de estas zonas y finalmente no se hace. ¿Por qué?

Nosotros lo hemos desincentivado por un motivo muy simple: lo que nos interesa es tener mayor eficiencia policial. La presencia de un retén o una tenencia en un determinado lugar genera un entorno de mayor protección, pero lo mismo hace la pareja de policías o el vehículo que cumple su función de manera periódica en un sector. En un retén trabajan siete funcionarios. De ellos, tres están con permiso, dos tienen labores administrativas y sólo quedan dos operativos. O sea, la peor inversión es instalar retenes. El sentido del Plan Cuadrante es precisamente tener mayor cercanía entre los Carabineros y un determinado sector.

“Hay que comparar la evolución de esta institución y de la seguridad desde hace 10 años a la fecha. Porque puedes decir que en Santiago hay 80 de estas poblaciones, pero te aseguro que en el 2000 había 150”.

-Pero el Plan Cuadrante no ha tenido la mejor de las evaluaciones.

Sería absurdo afirmar que con la dimensión de los cuadrantes que tenemos en Santiago no hay déficit. Lo hay: de carabineros y de vehículos. Eso se está paulatinamente corrigiendo. Pero no creo que sea esa la razón por la que todavía tenemos poblaciones donde hay grupos que las vulneran de manera periódica.

-Usted dijo que la acción de estos grupos ha cambiado por completo el sistema social de estas poblaciones, pero también que el foco principal del trabajo estatal son las bandas. ¿Qué se está haciendo con la gente afectada por esas bandas?

Eso es lo que uno trata de reflejar en el programa comunal de seguridad: empoderar a los vecinos, crear redes comunitarias. Hace un tiempo partimos con un programa de instalación de alarmas que ha generado una comunidad distinta. Al vecino que vive solo o que es mayor, le sirve frente a un asalto y ante cualquier problema: toca la alarma y se genera una reacción del vecindario completo. Lo estamos viendo en Puente Alto, La Florida, Maipú. El sistema ha sido muy potente por la capacidad que han tenido los vecinos de reagruparse y tomar posesión de sus barrios. Más que poner rejas o cerrar los pasajes, que al final se transforma en un obstáculo para la entrega de servicios. También la inversión en luminarias. Los delincuentes actúan donde está oscuro y los vecinos están encerrados. Pero cuando éstos salen a las calles y se toman los espacios, los delincuentes tienden a replegarse. Hay que generar las condiciones para que puedan salir a la calle. En esa línea estamos trabajando.

-Volviendo al tema de las bandas. ¿Cuál es el protocolo de acción cuando hay enfrentamientos? En todas las poblaciones dicen que se repiten todos los fines de semana y que Carabineros no llega sino hasta después de ocurrido el problema. Lo mismo con las ambulancias.

Me cuesta aceptar -como si fuera la normalidad- que cuando esto pasa y llaman a Carabineros, éstos no llegan. Es una conducta inadecuada e impropia. Debe ser una excepción. Si eso fuera así, me costaría encontrar razones para que Carabineros siga siendo la institución con más alta credibilidad en el país. Estoy seguro que si uno hace una revisión completa de los procedimientos, son muchos más los casos en que sí llegan y oportunamente. El protocolo de Carabineros es de estándar internacional. Cuando hay una llamada de emergencia, quien responde por el cumplimiento es el oficial de más alto grado. Por eso me cuesta decir que lo normal es que a estas poblaciones los Carabineros no llegan.

Patricio Rosende inaugura proyecto de recuperación de espacios públicos en Recoleta

-Pero si alguien sabe de lo que allí ocurre son los propios vecinos.

No digo que no suceda. Si errores e incumplimiento a los procedimientos existen y habitualmente, pero lo normal es que lleguen y adopten los mecanismos que correspondan. En todo caso, las condiciones en estos barrios vulnerables no dependen exclusivamente de la mayor o menor presencia o frecuencia de las rondas policiales. Por eso hacemos tanto hincapié en que hay que hacer prevención, sin dejar de lado la responsabilidad policial. Carabineros y la PDI tienen un rol que cumplir. Para eso se les entregan los recursos. Lo que importa en estas poblaciones es cómo se genera seguridad comunitaria, porque nunca vamos a tener la cantidad de Carabineros que la gente quisiera tener en la calle. Por eso hay que reforzar la seguridad comunitaria, que se expresa en la rearticulación de las redes vecinales, familiares y escolares. Muchos de los jóvenes que actúan en estas bandas han abandonado la educación formal. Estamos en un trabajo fuerte para recuperarlos en los colegios.

-En muchas de estas poblaciones no hay colegios en las cercanías y en varios casos sólo son de básica y el que imparte educación media está al otro lado de la comuna.

Sí, pero esa no es una realidad que sólo ocurra en las zonas vulneradas, así que uno no puede decir que ese sea el elemento que detona la situación.

-En las zonas vulnerables sí hay problemas de locomoción y a muchos lugares aún no llegan las micros. Y cuando llegan, después de cierta hora dejan de hacerlo. Eso también ayuda a que los espacios comunes sean tomados por grupos que consumen drogas, alcohol y perpetran delitos.

Pero uno también podría decir que las viviendas son tan chicas que la gente no tiene cómo estar adentro de las casas…

-Y también es así.

Sí. Y gran parte de los problemas que hay en estas poblaciones es precisamente producto de la forma en cómo la ciudad de Santiago ha ido concentrando realidades complejas en los mismos sectores.

-Desde que el ’79 se liberalizó el uso de suelo, hubo una explosión en la construcción y entrega de viviendas sociales en la periferia, sin los servicios necesarios.

Así es. Ese es un déficit importante en muchas de estas poblaciones. Eso es verdad.

-Y se mantiene hasta hoy.

No, porque la política de vivienda actual es completamente distinta, incluso a la de cinco años atrás. Hoy la calidad de la vivienda social es mucho mejor: es más grande y con mejores instalaciones. No hay ningún barrio nuevo que se entregue sin servicios asociados.

“La forma de diseñar las ciudades, con carencias en infraestructuras y servicios, hace que la gente se encierre en sus casas. En muchas de las poblaciones, a pesar del tamaño de las viviendas, la gente no sabe quién vive al lado ni atrás ni adelante. Se generan situaciones de alta desconfianza, vecinos solitarios muchas veces asustados y escondidos. Y no porque la gente haya optado por eso, sino porque el entorno que se les construyó iba orientado en ese sentido. Ahí hay una deuda muy fuerte que estamos enfrentando”.

-Pero si hablamos de poblaciones nuevas, las que se instalaron hace unos 10 años, en ellas aún se encuentran estos problemas.

Sí. Siguen teniendo esos problemas porque cuando debes optar, como política pública, entre terminar o disminuir el déficit habitacional, te preocupas de lo primero. El componente de calidad de vida es accesorio ante una demanda que es mucho más urgente. Pero hoy eso casi no existe en los barrios nuevos. Es verdad que se construyeron miles y miles de viviendas sin servicios, sin centros comunitarios, sin escuelas. Es cosa de ir a darse una vuelta. Sin duda que hay una demanda insatisfecha en muchísimas poblaciones donde hay mucha gente.

-¿De qué manera ese déficit ha influido en el deterioro de la seguridad en estos sectores?

Creo que influyen mucho las condiciones urbanísticas de una ciudad para facilitar la comisión de delitos. Esa forma de diseñar las ciudades, con carencias en infraestructuras y servicios, hace que la gente se encierre en sus casas. En muchas de las poblaciones, a pesar del tamaño de las viviendas, la gente no sabe quién vive al lado ni atrás ni adelante. Se generan situaciones de alta desconfianza, vecinos solitarios muchas veces asustados y escondidos. Y no porque la gente haya optado por eso, sino porque el entorno que se les construyó iba orientado en ese sentido. Y ellos tampoco lograron tener los apoyos para generar condiciones de vida y de ciudad distintas. Ahí hay una deuda muy fuerte que estamos enfrentando. Es muy difícil, porque pasar del temor y la desconfianza a la condición de vecinos más empoderados, más involucrados en una vida de barrio, requiere de muchas energías que confluyan en el mismo sentido.

-A la hora de diseñar un nuevo barrio, ¿se trabaja en conjunto con la Subsecretaría del Interior para ver la seguridad?

Claro. No sólo para la seguridad. Hoy sigue existiendo déficit habitacional, pero las condiciones en que se construyen las viviendas sociales son muy distintas. Antes sólo se entregaban viviendas casi en obra gruesa; hoy ninguna se entrega sin calefón o revestimiento de interiores. Es otro concepto que también influye en la dignidad de la familia. En los ’90, una vivienda Serviu era muy poco acogedora: murallas sin revestimientos, piso de radie, lavatorios pequeñísimos… Hoy se entrega otra casa, para que los vecinos no sólo se sientan dueños de su espacio, sino también de un barrio que los acoge. Eso no existió en la gran obra de vivienda de los primeros 15 años de los gobiernos de la Concertación. No hemos logrado resolver nudos importantes en algunas de estas poblaciones.

-¿Cuáles son esos nudos?

Son barrios que no reúnen las condiciones elementales de una ciudad. Esa marginalidad permite la aparición de estos grupos que se adueñan de los sectores y vulneran a la mayoría de sus habitantes que quiere vivir en paz. Esa es nuestra apuesta: que esos muchos más logren empoderarse. Para eso el Estado tiene que poner no sólo el control policial, sino que generar espacios para que esa gente pueda salir a la calle con confianza y a determinada hora del día los puedan usar los niños, la tercera edad y los jóvenes. Eso requiere mucha coordinación y acción proactiva del Estado, las municipalidades y los vecinos.

-Habla de “grupos que se adueñan de los sectores”. ¿Reconoce que bandas delictuales han tomado el control de algunos sectores?

Hay grupos y bandas que actúan en algunas poblaciones y que causan un problema complejo. Nosotros estamos trabajando para controlarlas y sacarlas de esos lugares.

Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) identificó a la Cuatro de Septiembre como una de las 171 poblaciones con mayores índices de delitos graves y tráfico de drogas de la Región Metropolitana. Según los registros de Gendarmería, homicidios, secuestros, robos, hurtos, tráfico de drogas, porte de armas y lesiones son los principales delitos por los que han sido encarcelados algunos de sus moradores. Al 3 de marzo de este año, había 32 personas de esa población privadas de libertad (19 reincidentes). Ello muestra que la gran mayoría de sus pobladores son trabajadores, dueñas de casa y estudiantes. Por ello, los vecinos acusan: “esa minoría es la que decide las reglas de nuestra vida cotidiana”.

Para ellos, la muerte del “Peto” no fue algo extraordinario. La junta de vecinos tiene empadronadas las 615 casas de la población donde viven poco más de 4.000 habitantes. La mayoría –dicen sus dirigentes- ya está acostumbrada a refugiarse en sus hogares por las balaceras que estallan sorpresivamente; a que cada noche los traficantes transen su mercancía en las esquinas; a los asaltos de los propios vecinos; a que los niños tengan que pasar el día encerrados y a que sus juegos y canciones estén relacionados con las drogas. Pero sobre todo, a que nadie haga nada para cambiar la situación.

En muchas de las zonas ocupadas, los vecinos deben convivir con basurales, sitios eriazos y perros vagos.

CIPER investigó lo que ocurre en las zonas más vulnerables de la capital y descubrió que a esta población, y al menos a otras 79 de Santiago (ver Mapa), son muy pocos los extraños dispuestos a ingresar. En medio de basurales, jaurías de perros vagos y animitas dispersas, lejos de colegios, centros de salud, comercio, farmacias y bancos o centros de pago, estos sectores se han convertido en las “zonas rojas” de los servicios básicos. No hay teléfonos públicos en las calles porque las empresas se cansaron de reponerlos. Las numerosas redes de cables clandestinos de electricidad son un peligro permanente para niños y adultos, y las filtraciones de cañerías no se reparan porque a los contratistas de la compañía sanitaria los apedrean al entrar. Las cartas no llegan porque a los carteros los asaltan y muchos vecinos mueren simplemente porque no llegan ni ambulancias ni bomberos ni policías.

-Vivimos en una villa donde tenemos toda la gama de adicciones: marihuana, pasta base, cocaína y alcohol. No tenemos farmacias, pero sí un récord de botillerías. Hay mucho microtráfico y violencia. Uno llama a Carabineros y dicen que no tienen carros o bencina o personal, que los vecinos hagamos algo. ¡Pero qué vamos a hacer, si los tipos andan armados! La gente vive con miedo… Da rabia tener que estar encerrados en nuestras casas mientras esos tipos andan libres por nuestras calles. Estamos completamente olvidados –dice José Manuel Aliaga, dirigente de la junta vecinal de la población Cuatro de Septiembre.

Las deudas del diseño urbano

La noche del viernes 13 de febrero hubo un enfrentamiento a balazos entre pandillas rivales en la población Francisco Coloane, una de las 45 villas ubicadas al sur poniente de Puente Alto, donde habitan cerca de 11.500 personas. Todo ocurrió frente a la casa de Pilar, quien cuenta que eso ocurre todos los fines de semana y, a veces, también en días hábiles: “cada viernes y sábado los jóvenes se toman las plazas y asaltan a los que llegan en las micros”.

Pilar y Viviana, ambas dirigentas de la junta de vecinos, han trabajado en conjunto con sus pares de las otras poblaciones del sector (Marta Brunet, Pedro Lira y El Volcán). Y en todas enfrentan los mismos problemas: hacinamiento y drogadicción que derivan en violencia intrafamiliar, delincuencia, balaceras, asesinatos y falta de espacios públicos y acceso a servicios. Ellas tienen identificados a los responsables: “las drogas, la falta de voluntad de las autoridades para encontrar soluciones y las políticas públicas de vivienda”. En esto último, muchos expertos están de acuerdo.

La Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación Metropolitana (Serplac) realizó en 2007 un estudio para la implementación de su programa Zonas Urbanas Vulnerables en las distintas poblaciones y villas de la capital. El resultado arrojó que en Santiago hay 180 poblaciones vulnerables y 2,5 millones de personas viviendo en condiciones de vulnerabilidad.

Las poblaciones detectadas por CIPER se encuentran en pésimas condiciones y alejadas de la mayoría de los servicios.

El problema, según Mario Bugueño, coordinador del programa, “radica en las políticas sociales históricas que ha elaborado el Estado y se manifiesta en el diseño urbano de Santiago”. En 1979, el régimen militar liberalizó el uso de suelos a través de su Política Nacional de Desarrollo Urbano. Con esto, la construcción de viviendas sociales se privatizó y el mercado inmobiliario dedicado a la vivienda social mejoró considerablemente la oferta cuantitativa, pero los estándares de vida y la calidad dejaron de ser una prioridad.

-Esto provocó una explosión sin control de la construcción a baja altura y de bajo costo. Este tipo de construcciones ha ocupado las periferias más pobres aumentando la condición de marginalidad en la población: los sectores en los que más se ha desarrollado este tipo de proyectos están alejados de equipamientos y servicios –dice Mónica Bustos, coordinadora de los tres barrios críticos (Las Viñitas, Santa Adriana y Unidad Vecinal Portales) contemplados en el programa Quiero mi Barrio del Ministerio de Vivienda.

Entre 1980 y principios de 2000, la lógica del proceso de vivienda social no consideró las demás variables, como el círculo social o urbano. Se han entregado casas, pero sin colegios o consultorios o centros comerciales para satisfacer las necesidades de los nuevos pobladores. Además, las políticas focalizadas se han encargado de eliminar focos conflictivos, distribuyendo a los pobladores hacia otros sectores.

-De esta forma –dice Bugueño-, lo que se hace es exportar y diseminar el delito. No se trata sólo de dar casas, sino también de entregar servicios eficientes. Eso es algo que recién desde hace unos cuatro años se está tomando en cuenta, pero el 70% de los que han sido instalados en lugares distintos ha tenido problemas. Eso ocurrió, por ejemplo, en la población El Volcán, en Puente Alto. Para eliminar los focos de delincuencia de La Legua y de otros lugares, los han trasladado hasta allá, pero sin hacer un trabajo social. Eso ha permitido que surjan nuevos focos de delincuencia diseminados por las poblaciones de la ciudad.

Eso es precisamente lo que pasó en el sector donde Pilar y Viviana viven y en muchas de las poblaciones investigadas en terreno por CIPER. La locomoción es un problema: los chóferes de micros, taxis y colectivos tienen miedo de ingresar a esas poblaciones en las noches. Los vecinos también se quejan de que los pasajes no estén pavimentados ni iluminados y de que no haya lugares de entretención para los jóvenes, por lo que plazas y esquinas se convierten en centros de consumo de drogas y alcohol. O de que no haya farmacias y que tengan que comprar remedios en las ferias libres o en casas de vecinos. Tampoco tienen cerca un supermercado, un retén de policía o un banco.

Hace dos años, mientras hacía pan en su casa, una vecina de Pilar recibió una bala perdida de un enfrentamiento en la calle. Pilar llamó pidiendo una ambulancia. No llegó. Su vecina murió.

Que se maten, después los vamos a recoger

La Chimba es una pequeña población en Recoleta que partió hace más de 50 años con una toma. Sus pasajes o no están pavimentados o allí donde alguna vez hubo pavimento hoy predominan los hoyos donde se acumula agua sucia y basura. Todas las casas son distintas porque al instalar la villa, el Estado les dio un terreno y los mismos pobladores edificaron sus viviendas. Son pequeñas y casi todas enrejadas. Algunas tienen segundo piso y muros sólidos; otras, sólo son planchas de madera y de metal apiladas.

Las animitas y murales en homenaje a los asesinados en las poblaciones son una imagen que se repite en casi todas las zonas ocupadas de Santiago.

Juan Flores es de la camada inicial de pobladores. También el dirigente deportivo de la población. Pero desde hace más de cuatro años en La Chimba ya no se hace deporte: la cancha exhibe piedras puntiagudas y afiladas. Cuando algunos se atreven a jugar, terminan con heridas y piedras enterradas.

-¿Vienen a menudo los carabineros? –le preguntamos.

-Sí. Tengo buena relación con ellos, de confianza. Conversamos harto…

-Pero Juan –le interrumpe José Ponce, el presidente de la junta de vecinos-, ¿vienen cuando uno los llama? ¿Llegan a poner orden cuando hay peleas?

-Ah… no. Nunca he visto a los carabineros haciendo eso por acá.

En las zonas investigadas por CIPER son pocos los que confían en las policías. Ponce dice que hasta hace poco tenía contacto directo con los carabineros del Plan Cuadrante. Pero ya no. Cuenta que le contestaban después de varios intentos para decirle que los funcionarios estaban en otro operativo y que tendría que esperar al menos 45 minutos. Finalmente no llegaban. Aunque el manual de operaciones multi institucional ante emergencias dice que Carabineros deberá hacerse presente “en toda emergencia que requiera de un procedimiento policial”.

-Un carabinero me explicó que no se meten a La Chimba porque los sobrepasan, porque es muy peligroso –cuenta Ponce.

Lo mismo pasa en la Villa Lago Puyehue, en pleno sector Santo Tomás de La Pintana. Según sus habitantes, “es como un pueblo sin ley”.

Los dirigentes de esa junta de vecinos cuentan que los pobladores no pueden salir tranquilos de sus casas, que los niños no pueden salir a jugar porque les puede llegar un balazo, que los enfrentamientos pueden ser en cualquier minuto. Mientras hablan, por la ventana se ven al menos tres vehículos policiales pasar en casi dos horas.

-Es que es la mañana. Pero cuando empiezan los balazos llamamos a los pacos y nunca llegan. Nos dicen “que se maten los hueones. Cuando haya pasado, los vamos a recoger” –cuenta Raquel, la presidenta de la agrupación.

Muchos jóvenes andan armados por las calles de las poblaciones. En esta imagen tomada en Puente Alto, dos jóvenes posan con sus armas de fuego.

En algunos sectores de Lo Hermida, en Peñalolén, la historia es similar. Los pobladores cuentan que han hecho fiestas y Carabineros ha llegado por ruidos molestos. Pero que cuando los llaman por las balaceras, los asaltos y el tráfico, no llegan. Y que cuando lo hacen, ya es muy tarde: si hay heridos, los vecinos ya se los llevaron porque las ambulancias tampoco aparecen.

Pero eso no pasa sólo en las balaceras. Los vecinos de las zonas ocupadas de Santiago aseguran que lo mismo ocurre cuando hay ataques cardíacos o accidentes.

-Muchas veces nos cansamos de esperar la ambulancia y tenemos que trasladar a las personas en autos particulares –cuenta Iván Chacón, uno de los dirigentes vecinales de Lo Hermida.

Sectores con “eventos”

El consultorio Karol Wojtyla, en la población Pedro Lira de Puente Alto, está entre los blocks de la población y un peladero donde se acumulan basura y pastizales secos. Allí hay sólo una ambulancia para atender a 15 barrios. Y generalmente está estacionada junto a la entrada.

Trabajadores del consultorio cuentan que casi siempre llegan personas baleadas o apuñaladas y que son los vecinos quienes los llevan. Una semana antes de que CIPER visitara el lugar, llegó un joven con la pierna destrozada a balazos.

-Acá es más tranquilo. En el consultorio Cardenal Silva Henríquez (que atiende a las demás poblaciones del sector sur poniente de la comuna, en la población El Volcán) ingresan los heridos y detrás llegan los que les dispararon para rematarlos –dice un funcionario del recinto municipal de salud.

La falta de recursos es otro problema. En el SAMU Metropolitano cuentan con sólo 38 ambulancias para cubrir toda el área metropolitana. Allí reconocen que hay sectores a los que, en determinados “eventos”, las ambulancias no entran. Un “evento” es un 11 de septiembre, el día del joven combatiente o cualquier riña entre bandas. No tienen un estudio oficial, pero en conversaciones con CIPER los funcionarios identificaron a 48 de las poblaciones de la Región Metropolitana mencionadas en los informes de la PDI y Carabineros como las más peligrosas: la población San Luis, en Maipú; la San Gregorio, en La Granja; El Manzano, en San Bernardo; y Cerro 18, en Lo Barnechea, entre otras.

-Después de recibir el llamado evaluamos la situación: si hay armas involucradas, si hay heridos y si hay vías de entrada y salida libres. Porque en muchas poblaciones han instalado postes y pilares que no les permiten a los chóferes maniobrar, o basurales y hoyos que impiden el paso. En el 50% de los casos las llamadas nos llegan desde Carabineros y a esas les damos prioridad. Pero nuestros vehículos no llegan al sector hasta que Carabineros haya asegurado el área. Si el área no está asegurada, simplemente no vamos –dice un alto funcionario del SAMU.

Los choferes relatan el caso de un niño de dos años que se había caído en la población El Castillo, de La Pintana. Al llegar la ambulancia, los paramédicos examinaron al pequeño y descubrieron que había sido golpeado. El padre sacó un revólver y los amenazó. Los paramédicos se tiraron bajo la ambulancia con el niño en brazos. Entre gritos y balas, se subieron al vehículo y se fueron con el menor. También cuentan que en La Legua Emergencia, en San Joaquín, a uno de ellos le pusieron una pistola en la frente y le robaron los equipos del vehículo. Estas son sólo dos de las cientos de historias que los llevaron a decidir a qué sectores no ingresaban.

Ingrid es ajena a esa violencia, pero vivió las consecuencias. Estaba en su casa, en la población Cuatro de Septiembre en El Bosque, cuando su marido sufrió una hemorragia interna. Llamó a la ambulancia y a carabineros. Nada. Después de esperar un par de horas lo llevó al Hospital Barros Luco con ayuda de sus hijos. Allí esperaron otras cuatro horas sin ser atendidos. Finalmente les dijeron que se fueran al Hospital El Pino, en San Bernardo. Ahí sí los atendieron, pero el marido de Ingrid murió antes de 24 horas de ocurrida la hemorragia. El médico le dijo que si hubiese llegado a tiempo se hubiera salvado. Recién habían cumplido 36 años de matrimonio.

“Aquí pagan justos por pecadores”

En las zonas ocupadas de Santiago es común que las casas y departamentos estén rodeados de rejas y alambres. Marisol Orrego vive en un departamento junto a su familia y a la de Olga, en la población Andes, en San Bernardo. “Vivir aquí es como estar en un ghetto, prisioneros en nuestras propias casas”, dice.

Lo mismo ocurre en la población El Castillo, en La Pintana. Pero acá la situación es mas grave porque muchos departamentos han sido abandonados por sus propietarios al no soportar más la inseguridad y vivir encerrados. La mayoría termina desmantelado. En algunos sectores, los edificios parecen haber sido bombardeados. Los vecinos que quedan, deben vivir tras las rejas.

La situación en los pocos recintos comerciales que aun permanecen en la mayoría de estas 80 poblaciones no es mejor: los negocios están cercados con verjas y alambres y muchos de ellos están abarrotados incluso al interior.

Supermercado enrejado en La Pintana

Durante los primeros 13 años de existencia de la Villa Lago Puyehue, en La Pintana, ningún supermercado se instaló cerca. Sólo había pequeños almacenes y varias botillerías. Hasta que en enero de este año se inauguró un pequeño supermercado sobre la avenida general Arriagada, a media cuadra de Las Parcelas.

El supermercado está junto a un enorme sitio eriazo lleno de basura, escombros y perros vagos. Allí se reunió ansiosa la gente el día de la apertura. Apenas abrieron, un tumulto entró. En cosa de minutos se robaron casi todo dejando las estanterías vacías.

-La gente tomaba las cajas grandes de aceite y se las llevaba -relata uno de los guardias del recinto.
El supermercado cerró sus puertas. Al día siguiente fue cercado por alambres electrificados y cámaras de seguridad y en la entrada y salida instalaron una reja que impide el paso rápido. Ya nadie puede ingresar con bolsos. “Aquí pagan justos por pecadores”, dice otro guardia, quien debe informar por radio ante cualquier sospecha. Cuatro hombres custodian hoy el local: dos uniformados y dos encubiertos.

Cuando todos duermen

En noviembre pasado, el sindicato nacional de Correos de Chile presentó a la empresa un estudio identificando las “zonas rojas” en tres comunas (La Pintana, Puente Alto y La Florida) que avaló la petición de un bono de riesgo, ya que en esos sectores nadie paga los $30 que están autorizados a cobrar por carta. Aseguran que, por ejemplo, en los 152 blocks de la población Santo Tomás, nadie paga. La empresa aún no les ha respondido. Para ellos el problema pasó a ser una prioridad de seguridad.

-Cada vez que entro no sé si voy a salir. Los asaltos, las balaceras y los cobros de peajes son cosa de todos los días. Hay compañeros que han salido acuchillados, a otros les han robado el bolso y la bicicleta y a uno, en la población San Luis de Maipú, lo asaltaron y lo golpearon muy duro -asegura Patricio Arias, cartero en la población Pablo de Rockha, de La Pintana.

Como la situación se repite en la población Yungay de La Granja y en muchas otras más, los carteros adoptaron soluciones. Sólo entran cuando en las poblaciones la gente “peligrosa” duerme: entre las 10:00 y las 13:00 horas. En algunos sectores han contratado a gente domiciliada en la población para entregar la correspondencia y en otros, como en la Carol Urzúa de Puente Alto, dejan las cartas en la iglesia o la sede vecinal durante meses.

En los últimos tres años, Telefónica registró casi 9.000 cortes de red por el robo de cerca de 12.000 kilómetros de cable de cobre. Si bien ese robo ha disminuido, aseguran que al ir a reponerlos, los trabajadores han sido asaltados: no sólo les quitan el cable nuevo, sino también la camioneta y las herramientas. Omar González es uno de ellos. En cinco años trabajando en El Castillo lo asaltaron 20 veces. La última fue el año pasado, cuando lo encañonaron y le quitaron la camioneta con todo lo que tenía adentro. Al día siguiente, el vehículo apareció desvalijado en la población Libertad, en San Ramón.

Para las empresas sanitarias, uno de los mayores problemas es la manipulación ilegal de los grifos. No sólo los usan para capear el calor, sino también como barrera para detener autos y asaltarlos.

Un riesgo mayor enfrentan los contratistas de los servicios de electricidad y agua. Cada vez que entran a esos sectores hay gente que los sigue para impedir que corten el suministro en una casa o por el miedo a que desmantelen a los “colgados” del sistema. Tanto en Chilectra como en Aguas Andinas, el 10% de sus pérdidas es por hurto a través de conexiones clandestinas al suministro. Y en las zonas ocupadas resulta evidente: los cables desde los departamentos hacia los postes se enredan como telarañas sobre las calles y las filtraciones de agua por reposiciones ilegales del servicio se ven en muros y techos.

En la población San Gregorio, en La Granja, los vecinos cuentan que han pasado autos de Chilectra que, sin detenerse, sacan un palo largo y arrasan con las conexiones ilegales. Los operarios de esas compañías dicen que es lo único que pueden hacer en las zonas ocupadas. Porque los testimonios de los riesgos que corren suman varias páginas. Como lo que le pasó a Raúl, un trabajador de una empresa sanitaria que fue a reparar una filtración en un block de departamentos en una población de Puente Alto. Un vecino llamó por el agua que se escurría desde el piso de arriba. Al tocar el timbre en el piso superior para revisar la conexión, se encontró con una pistola apuntando a su rostro.

-Si tocas las cañerías, te disparo –recuerda que escuchó.

Raúl se fue mientras el agua siguió escurriendo.

Algo de acción

Michel Garrido (20 años), vivía junto a su familia en la Villa La Orquesta de La Pintana. Allí volvería al salir de la cárcel. Pero el 13 de febrero participó en una riña en la Penitenciaría de Santiago. Un gendarme disparó perdigones de goma para intentar dispersar a los reos. Uno de ellos mató a Garrido. Dos días después, cuando el ataúd con el cuerpo de Garrido llegó a la casa de su familia, sus amigos lo esperaban con muchas coronas de flores. Los vecinos de la población corrieron a refugiarse en sus casas. Sabían que en cosa de segundos comenzaría el homenaje a Michel.

Sonó el primer disparo y luego una ráfaga de balas al aire. Hubo gritos y llantos. Una mujer cuenta que vio llegar a uno de los hombres que velaba a Michel con “una caja de esas que usan para llevar plátanos”, llena de marihuana y coca. Y que la puso en la mitad de la calle: el que quería sacaba. Los disparos continuaron. Cuando la procesión fúnebre partió rumbo al cementerio, sus amigos y familiares iban detrás cargando sus pistolas, escopetas e incluso, según algunos vecinos, subametralladoras UZI. Esa noche, una fuerte explosión despertó a los vecinos. Los más pequeños lloraban asustados. Al día siguiente, sus patios delanteros estaban llenos de casquillos y sus paredes y techos con impactos de bala.

A pocas cuadras de ahí, en la Villa Lago Puyehue, Raquel se queja del hacinamiento en que viven. Cuenta que en el sector hay un sólo colegio municipal y que los demás son particulares subvencionados; no tiene farmacias cerca y protesta por los bomberos que ya ni se aparecen cuando hay incendios y, sobre todo, por los policías que no responden a los llamados. Raquel está preocupada por lo que pasará el día siguiente.

-Esta mañana un vecino me avisó que había escuchado a unos cabros de la Villa La Orquesta diciendo que en este sector había mucha calma, que mañana tendrían que venir “a poner algo de acción” –cuenta Raquel.

-¿Qué significa eso?

-Que mañana no vamos a poder a salir porque en cualquier minuto van a llegar disparando.

Zona Multimedia:

En el caso de Carabineros, la información acerca de los montos percibidos en la institución por la prestación de servicios a particulares a través de su Dirección de Seguridad Privada (OS-10) se venía solicitando desde 2007, cuando CIPER investigaba los casos de policías vinculados a delitos. Luego se solicitó, con más detalles, en enero de 2009. Las respuestas a ambas petitorias fueron tardías, genéricas e incompletas. Y siempre faltó el dato más importante: cuántos ingresos recibe la institución por dicho concepto. Por eso, apenas entró en marcha la nueva Ley de Transparencia, CIPER pidió nuevamente la información.

El 20 de abril se envió una nueva solicitud a Carabineros, la tercera para obtener los mismos datos. El 12 de mayo llegó la respuesta. Esta vez sí se incluyeron los detalles de cuánto obtenía el OS-10 por evaluar y acreditar a guardias y vigilantes privados, los precios cobrados por el proceso, una tabla de ingresos v/s gastos correspondiente al año pasado y la nómina de sanciones que ha cursado dicho departamento a las empresas de seguridad.

Documentos enviados por Carabineros de Chile (12 de mayo de 2009)

Solicitud de acceso a información Carabineros.
Carta de respuesta de Carabineros.
Anexo 1: Ingresos percibidos por acreditaciones de guardias 2002-2008
Anexo 2: Planilla de ingresos v/s costos de OS-10 (2008)

Anexo 3 – Infracciones de empresas de seguridad detectadas por OS-10:
Infracciones, año 2005
Infracciones, año 2006
Infracciones, año 2007
Infracciones, año 2008
Infracciones, año 2009 (hasta mayo)

A la Dirección del Trabajo (DT) se le pidió la información referente al número de denuncias y multas presente en sus registros sobre empresas de seguridad. Para obtener la respuesta, también hubo que solicitarla en tres oportunidades.

La primera fue el 21 de noviembre de 2008: la respuesta del 16 de enero pasado dice que el acceso a la base de datos del servicio “es a partir del R.U.T. de cada una de las empresas o de la razón social de las mismas”. Por lo mismo, el 28 de enero CIPER envió nuevamente la solicitud, pero anexando una lista de empresas de seguridad: las que habían mencionado en entrevistas los trabajadores del área como las de peores condiciones laborales y las principales del rubro de transporte de valores. Como durante los tres meses siguientes no hubo respuesta, al día siguiente de la puesta en marcha de la nueva ley para el acceso a la información pública, CIPER volvió a pedir la información.

Los documentos llegaron el 19 de mayo.

Documentos enviados por la Dirección del Trabajo (19 de mayo de 2009)
Carta de respuesta de Dirección del Trabajo.
Listas de denuncias y multas contra empresas de seguridad:
Alfa Ltda. y Omega Ltda.
Megaservicios Ltda.
Pegasus Ltda.
Shield’s S.A. (I y II)
G4S Security Services S.A. y G4S Security Services Regionales S.A.
Brink’s (I, II y III)
Empresas Prosegur: Servicios Prosegur Ltda. y Capacitaciones Ocupacionales S.L.

Empresas Wagner: Wagner Servicios Integrales de Seguridad y Transporte de Valores Ltda. y Wagner Custodia, Seguridad y Transporte de Valores S.A.

Vea además:
Acceso a Información Pública: Ingresos de Carabineros por acreditación de guardias y vigilantes privados

Serie de reportajes de Seguridad Privada:
Seguridad privada I: El millonario negocio de explotar el miedo
Seguridad Privada II: Las historias no contadas del terror que impera en Wagner
Seguridad Privada III: Un negocio que genera abusos laborales e ingresos millonarios a Carabineros