El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, explica en esta entrevista cuáles son a su juicio los factores que han permitido que bandas de delincuentes se apropien de determinadas poblaciones de la capital, las que CIPER investigó e identificó como “Zonas Ocupadas”. También reseña cómo desde el Estado se está enfrentando el problema de los chilenos que viven en zonas vulnerables.
El último ranking de The Economist Intelligence Unit ubicó a Santiago como la segunda mejor ciudad de Latinoamérica para vivir. Pero para un sector de su población la realidad es muy distinta. Más de 660 mil santiaguinos viven alejados de los servicios básicos y en medio de traficantes, asaltos, riñas y balaceras. CIPER cotejó estudios e investigó a fondo en las zonas más pobres y vulnerables de la capital y detectó que en al menos 80 poblaciones, policías, ambulancias, bomberos, carteros y técnicos de las empresas que suministran agua, luz y teléfono no se atreven a ingresar. Las bandas y grupos de narcos dominan, mientras los vecinos deben vivir con miedo y hacinados en sus casas. Muchos se quieren ir. Pocos pueden. Así vive el sector más desprotegido de la sociedad chilena.
Luego de dos fallidos intentos y gracias a la Ley de Transparencia, Carabineros y la Dirección del trabajo entregaron información importante sobre el negocio de la seguridad privada.
La nueva Ley de Transparencia permitió conocer información sobre el negocio de la seguridad privada que CIPER persiguió por casi dos años. Si hasta ahora Carabineros había insistido en que no recibe dineros de privados, los registros indican que desde 2002, la Dirección de Seguridad Privada de la policía uniformada (OS-10), la única autoridad fiscalizadora del área, ha recaudado más de $2.600 millones de las empresas del rubro por concepto de evaluación y acreditación a guardias y vigilantes. Mientras, en la Dirección del Trabajo se acumulan las denuncias por abusos laborales de las mismas entidades. El récord lo exhibe G4S, la mayor empresa de guardias del país, con cerca de tres mil denuncias y multas por más de $1.390 millones. Allí trabajaban los guardias que fueron filmados hace algunos días golpeando brutalmente a un indigente en un mall de La Florida.
El 10 de octubre de 2007, CIPER solicitó a la subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, información acerca de los montos percibidos en la institución por concepto de prestaciones de servicios a particulares a través de su departamento OS10. La petición se hizo en el marco de una investigación acerca de los policías que se han visto involucrados en delitos, que fue publicada el 20 de noviembre del mismo año bajo el título “Paco-ladrón: Delincuentes de uniforme”. Blanco pidió los datos a la Dirección General de Carabineros y la respuesta fue emitida 7 días después de publicado el reportaje. En ella decía que “Carabineros de Chile, a través de la Subdirección de Seguridad, no presta servicios a particulares en materias inherentes a seguridad privada”. También agregaba que ellos eran quienes fiscalizaban la materia y que las personas que se desempeñan en el rubro deben contar con su autorización.
Hay tres veces más guardias de seguridad y vigilantes privados que policías en Chile. Y la cifra va en alza. Cada semana, Carabineros evalúa a unas 1.650 personas que quieren ingresar o mantenerse en el rubro. Sus servicios reportan un promedio de al menos $37.000 millones al mes a la industria. CIPER se introdujo en uno de los sectores más lucrativos del país y descubrió que con más de mil empresas, un crecimiento anual de dos dígitos y una facturación que bordea los US$1.000 millones, además de índices de delincuencia que no disminuyen y una población que se siente insegura, la venta de seguridad es negocio redondo. Más aún en tiempos de crisis económica. Tanto, que no sólo los privados ganan: Carabineros, la única autoridad fiscalizadora en la materia, percibe cerca de $400 millones al año sólo por acreditar a guardias y vigilantes.
Por Juan Pablo Figueroa y Sebastián Minay, CIPER
Aprovechan procedimientos simples en los que toman contacto con funcionarios policiales, como accidentes de tránsito, y desarrollan un patrón de acercamiento con pasos bien establecidos para tentarlos, en una rutina que ya fue identificada por algunos fiscales. Así sucedió con el cabo segundo que cayó por colaborar con “Los Car’e Jarro”. Su caso es idéntico al de otros dos carabineros que ya habían sido mencionados en una investigación de CIPER: uno fue reclutado por la mayor banda de asaltantes de camiones y el otro terminó condenado junto a un grupo que robó y secuestró a un empresario.
No hace bien al sistema en general que se rasguen vestiduras en forma anticipada a favor del supuesto trasgresor, sin un análisis completo de los antecedentes y hechos. Así fue en el caso del General Director de Carabineros, José Alejandro Bernales, y su monolítico respaldo al comandante Aldo Vidal, jefe de la escolta presidencial; el episodio terminó con el relevo del destacado oficial, en contraste con el férreo respaldo inicial.
Dos hermanos carabineros asaltan una bodega de licores. Un motorista planifica un atraco al empresario que habitualmente escolta al banco. Un cabo segundo participa en un robo con intimidación. Dos carabineros integran una banda que roba camiones en las carreteras. En 2006 fueron 16 los policías uniformados dados de baja por cometer delitos graves. Este año, hasta agosto, iban 11.
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