El 5 de enero venció el plazo legal de 30 días para la entrega de la declaración de patrimonio que deben realizar todos los alcaldes y concejales después de asumir o dejar su cargo. Según el Decreto Nº 45 (2006) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que modifica la Ley Nº 18.575, el formulario debe ser llenado por los funcionarios de alta jerarquía de la administración del Estado, ejecutivos de empresas públicas, parlamentarios y miembros de los tribunales superiores de justicia cada cuatro años, cada vez que la persona sea nombrada en un nuevo puesto de la administración pública y al concluir el período de su función. También cuando su patrimonio sufra cambios significativos. Todos conocen la ley. Por lo mismo, todos los alcaldes –electos, reelectos y salientes– deberían ya haberla enviado. Pero la transparencia no parece ser la tónica de la administración local.

CIPER fue esta semana a Contraloría para revisar las nuevas declaraciones patrimoniales de los 49 alcaldes reelectos y salientes del Gran Santiago (22 de Santiago norte y 27 de Santiago sur), los 27 ediles de las principales comunas de regiones y los 36 nuevos jefes en las alcaldías del mismo grupo. En total, eran 132 planillas de las 345 que deberían haber ingresado en los archivos del órgano fiscalizador. Pero de ellas, sólo encontramos 16: tres de alcaldes que dejaban el sillón edilicio, siete de los que fueron reelectos y seis de personas nuevas en el cargo.

De las otras 116, aún no se sabe nada.

Sanciones inefectivas

La ley es clara: existen sanciones para la no entrega o presentación tardía de las declaraciones de patrimonio. Según el artículo 24 del Decreto Nº 45, “se presume que el funcionario o autoridad ha incurrido en infracción a su obligación de presentar la declaración de patrimonio, si trascurren más de treinta días desde que la declaración fuere exigible y ésta no se hubiere efectuado”. En estos casos, la sanción consiste en una multa que va desde las 10 a las 30 UTM (entre $375.000 y $1.125.000). Pero estas sanciones casi nunca son efectivas.

El fin del proceso es que los ciudadanos puedan fiscalizar si hay enriquecimiento ilícito por parte de sus autoridades. Y a mediados de 2006, todos los funcionarios públicos que están obligados a llenar el formulario con datos específicos sobre sus bienes inmuebles, vehículos motorizados, valores transables, derechos en sociedades y comunidades y pasivos superiores a las 100 UTM, debían presentar sus declaraciones. Pero al revisarlas en agosto pasado, CIPER descubrió que durante dos años el ex alcalde de Ancud, Pablo Ossio (DC), simplemente hizo caso omiso a esa obligación. Y no es que la haya hecho a tiempo y se haya perdido en el trayecto a la Contraloría Regional. Tampoco que a sus asesores se les haya olvidado enviarla. Ossio llenó el formulario recién el 11 de agosto del año pasado y sólo incluyó un crédito de consumo por $4.000.000. Pero en todo ese tiempo, nadie lo fiscalizó.

Tampoco nadie lo hizo con los alcaldes suplentes de Arica e Iquique, el independiente Waldo Sankán y la también independiente, pero apoyada por la Alianza, Myrta Dubost. Ambos iniciaron el período anterior como concejales de sus comunas e hicieron sus declaraciones según ese cargo, pero asumieron la jefatura de sus municipios luego de que sus antecesores fueran destituidos –Carlos Valcarce, en Arica, por fraude al fisco y Jorge Soria, en Iquique, por notable abandono de deberes y faltas a la probidad, además de estar acusado de fraude al fisco, negociación incompatible y otras irregularidades–. Sin embargo, ninguno actualizó su declaración al asumir el mando municipal. Pero al menos uno de ellos reparó el error.

Después de las elecciones municipales del año pasado, tanto Sankán como Dubost fueron confirmados como alcaldes. Y la de Dubost es una de las nueve declaraciones que ya ingresaron a la Contraloría desde regiones. En la casilla donde debe poner el cargo que ostenta ya no dice concejal, sino alcaldesa. Pero esa no es la única diferencia con su formulario anterior.

Las actualizaciones que llegaron

Cuando Myrta Dubost era concejala por Iquique, según su declaración de patrimonio sólo poseía $10 millones en bienes muebles y una cuenta corriente. No indicó ni el tipo de bienes ni el monto o a qué banco correspondía la cuenta. Pero dos años después, el formulario que presentó como alcaldesa es muy distinto.

Dubost hizo su declaración el penúltimo día de 2008 y en ella no aparecen ni la cuenta corriente ni los $10.000.000 en bienes muebles. Pero agrega un auto Honda de 1996 y seis sociedades, de las cuales tres (Ocean Investments Ltda., Pacific Trading Ltda. y South Investments Ltda.), según ella misma indica, no han tenido movimiento desde hace más de 20 años. Lo que llama la atención es que no haya incluido en su declaración anterior las sociedades D y G Asociados Ltda., en la que participa desde 1996, ni Chileminmetals S.A. y Quebrada del Desierto S.A.C., en las que posee derechos a través de D y G Asociados desde 2005.

La actualización de Dubost no fue la única que llegó a la Contraloría. Al menos otras siete declaraciones corresponden a actualizaciones por reelección. Una de ellas es la de la alcaldesa de Concepción, Jaqueline Van Rysselberghe (UDI), una de las pocas que evidencia un incremento en su patrimonio.

Mientras que en el formulario que la edil penquista presentó en 2006 aparecía su domicilio, además de un sitio eriazo avaluado en $120,5 millones y una cuenta corriente sin fondos, en la declaración que entregó ahora ya no aparece su dirección ni el sitio eriazo. Sin embargo, asegura tener dos sitios más, cuyo valor suma $225 millones. Además, ahora tiene dos cuentas corrientes con fondos que adicionados superan por poco los $5.000.000.

Otro de los alcaldes reelectos cuya actualización resulta llamativa es el de Coquimbo, Oscar Pereira (DC). En su declaración anterior , Pereira puso en la casilla destinada al organismo en que se desempeñaba “Jubilado SNS”, pero ahora rectificó: llenó el espacio con “I. Municipalidad de Coquimbo”. Ya no aparecen los dos créditos Corfo que tenía para pagar los estudios de sus hijos y sus acciones en Coopeuch pasaron de $1.860.000 a $6.152.744.

Otro cambio que mostró en el nuevo formulario fue su profesión: en 2006 se identificó como auxiliar de enfermería; ahora figura como paramédico.

El patrimonio de los que se van

De los 36 alcaldes incluidos en la lista de declaraciones que CIPER solicitó ver en Contraloría y que dejaron su puesto en el municipio, sólo tres han cumplido con la obligación de presentar el formulario con el detalle de su patrimonio. Y los tres son de regiones: Arturo Molina (Calama), Carlos Arellano (Rancagua) y Aldo Bernucci (Chillán).

El primero en hacerla fue Molina (DC), el 27 de noviembre de 2008. Según su “actualización por cese de funciones”, su patrimonio sólo ha variado en cuanto al valor de su auto y el vehículo de su mujer, además de la eliminación de una deuda de casi $6,5 millones . Todo lo demás sigue igual.

El radical Aldo Bernucci llenó el formulario el 5 de diciembre de 2008, un día antes de dejar la alcaldía chillaneja y ni siquiera se dio la molestia de rellenar las casillas referentes al cargo que dejaba. Ya no incluye su casa en Valdivia, pero en su reemplazo hay otra que no corresponde a su domicilio. Tampoco están los cerca de $7.000.000 que en 2006 tenía repartidos en una cuenta corriente, un fondo mutuo y una cuenta diferida. Ahora sólo anota una cuenta corriente con un fondo de dos millones de pesos. Y es mucho más que lo declarado por el ahora ex alcalde de Rancagua, Carlos Arellano (DC).

El formulario previo de Arellano da a entender que cuando llegó al mando del municipio no tenía nada. Ni propiedades ni vehículos ni bienes transables. Ni siquiera debía plata. Al parecer, durante los cuatro años que estuvo en el sillón edilicio no le fue muy bien: ahora sólo incluye $13,5 millones en deudas.

Los nuevos jefes

Dos días después de asumir la alcaldía de Lo Barnechea, Felipe Guevara (RN) llenó la primera declaración de patrimonio que hace como jefe municipal. En ella consignó que llevaba 25 días en el cargo, una casa en la misma comuna, un departamento destinado a la renta en Las Condes y un terreno en Cochamó, Puerto Varas. También incluye pasivos por $190 millones, un depósito a plazo de $35.000.000, una sociedad individual de responsabilidad limitada y acciones en D&S, Enersis y LAN, cuyo valor suma $11,8 millones.

Al otro lado de Santiago, Cristián Balmaceda (independiente pro Alianza) ganó en las elecciones con el 61,66% de los votos y llegó a reemplazar a Jaime Escudero (PPD), quien fue su contendor en la pelea por estar al frente de la municipalidad de Pirque entre 2008 y 2012. Balmaceda hizo su declaración el 26 de diciembre e incluyó dos sitios en Los Maitenes (avaluados en $68 millones), tres vehículos, dos sociedades y dos pasivos. Y a pesar de que su patrimonio está lejos de ser despreciable, no se compara con lo que su antecesor declaró tener en 2006 .

Escudero no ha presentado su actualización por cese de funciones, pero además de los tres caballos que tenía a su haber –dos tasados en 1,5 millón de pesos y el tercero en un millón–, uno de los cuales llevaba el sugerente nombre de “Tirano”, lo más llamativo de su declaración patrimonial eran sus acciones en la Sociedad Agrícola La Higuera Ltda., cuyos títulos representaban la cantidad de $3.325.000.000. De todas formas, Balmaceda no consigna el valor de sus participaciones en las sociedades Comercial El Llano de Pirque Ltda. –en la que posee el 50% de los derechos– ni en Inversiones Balún Ltda. –donde es dueño del 12,5%–, por lo que es imposible asegurar que su patrimonio sea menor.

Finalmente, al otro lado de la moneda está la declaración del nuevo alcalde de San José de Maipo, Luis Pezoa (RN). De las seis declaraciones que ya fueron ingresadas en la Contraloría por parte de alcaldes nuevos, la de él destaca por su austeridad. En el formulario, el edil de RN sólo indica poseer un millón de pesos guardados en una cuenta corriente en el BCI. Y eso sería todo.

La automotora envuelta en la triangulación de contratos que culminó con la renuncia del jefe de seguridad ciudadana de Vitacura, Pedro Valdivia, cobra más de $433 millones anuales en Ñuñoa, donde tiene dos contratos. Uno se firmó en 1997 sin licitación y se ha renovado automáticamente hasta ahora. El segundo es con la Corporación de Educación y Salud, y fue suscrito a pesar de que el vicepresidente ejecutivo de esa entidad comunal es socio del dueño de Piamonte, Raúl Dell’Oro, y también del alcalde Sabat.

Piamonte S.A., la automotora envuelta en la trama que terminó con la salida del jefe de seguridad ciudadana del municipio de Vitacura, coronel (r) Pedro Valdivia, también hace negocios con la Municipalidad de Ñuñoa. Y el contrato que la liga al alcalde Pedro Sabat tiene características similares al que desató el problema que culminó con el alejamiento de Valdivia: Piamonte le arrienda al municipio de Ñuñoa todos los vehículos que conforman la flota de la seguridad ciudadana de la comuna.

Una diferencia con Vitacura es que en Ñuñoa la automotora también alquila los autos y camionetas que usan los restantes departamentos de la municipalidad, además de los buses que utiliza la Corporación de Educación y Salud de la comuna para acercar a los escolares a sus colegios. Todo ello le significa a Piamonte ingresos anuales que alcanzan a los $433.000.000. Dentro de los cerca de 30 vehículos que Ñuñoa arrienda a esta automotora figura el auto Toyota Camry que está al servicio personal del alcalde Pedro Sabat.

Otra diferencia con Vitacura es que en Ñuñoa no se puede triangular el contrato con Piamonte (ver recuadro) Y ello, porque los guardias de la seguridad comunal no son de una empresa privada, sino que dependen directamente de la Municipalidad. Aún así, los contratos que benefician a esta concesionaria de Fiat presentan ciertas peculiaridades en las que hasta ahora nadie había reparado. Una de ellas es que el contrato entre Piamonte y Ñuñoa por el arriendo de vehículos, se suscribió en 1997 y en estos 11 años nunca se ha licitado, aunque sobrepasa el monto máximo que exige la ley desde 2003 para obligar a una propuesta pública.

La segunda, es que el contrato de la Corporación de Educación y Salud de Ñuñoa con Piamonte se materializó a pesar de la relación comercial entre el propietario de la empresa automotora y uno de los máximos ejecutivos de la entidad comunal. En efecto, una escritura inscrita en el registro de comercio y fechada el 19 de marzo de 2003, indica que el vicepresidente ejecutivo de la corporación, Mario Gómez Puig, constituyó junto al dueño de Piamonte S.A., Raúl Dell’Oro, la sociedad “Instituto Tecnológico de Ñuñoa”. La sociedad figura sin RUT en el registro de Dicom y, según distintas versiones, era uno de los pasos para crear la Universidad de Ñuñoa, el fallido proyecto anunciando por Sabat y que encabezaría como rector Gómez Puig.

La sociedad entre el dueño de Piamonte y el vicepresidente de la Corporación Municipal de Educación y Salud de Ñuñoa, no fueron impedimento para concretar el contrato a pesar de que los fondos con que se cancela el arriendo de los vehículos son municipales. Y si bien Axel Müller, secretario general de la corporación, rehusó entregar copia de los contratos con Piamonte S.A., en el documento “Plan anual de desarrollo de la educación municipal” de Ñuñoa (Padem), se oficializó la cifra que el municipio destinó para pagar este servicio: $241.920.000 al año por ocho buses.

Aunque Müller reconoció que se trata de un programa que se ejecuta con fondos municipales, argumentó que siendo la corporación una institución de derecho privado, no está obligado a transparentar esa documentación. Y recomendó que fuera solicitada al contralor municipal que fiscaliza los pagos de dicha corporación.

Consultado el secretario general respecto de si no le parece irregular que la entidad haga negocios con una empresa cuyo dueño es socio del vicepresidente ejecutivo de la misma corporación, Müller dijo desconocer que Gómez Puig y Dell’Oro figuraban como miembros de la sociedad “Instituto Tecnológico de Ñuñoa”. Ello ha pesar de que hay recientes informaciones de prensa que han mencionado la participación de Gómez en esa sociedad junto a Dell’Oro, pues el dato surgió a propósito de la investigación que está haciendo la Contraloría a Sabat.

Müller aseguró que Gómez Puig nada tuvo que ver en el proceso para contratar a Piamonte, pues sostuvo que la decisión de tomar ese servicio de buses la adoptó el Concejo Municipal y que él firmó el contrato como representante legal de la corporación. No obstante, si se revisa la información de la página web de la corporación, queda claro que el máximo responsable del área administrativa es precisamente el vicepresidente ejecutivo.

El vicepresidente ejecutivo de la corporación ocupa el cargo en representación del alcalde Sabat. Según las propias palabras de Sabat, ambos son viejos amigos. El alcalde de Ñuñoa ha dicho que conoció a Gómez Puig porque fue su profesor y decano cuando era alumno de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, en 1978. La amistad se plasmó también en los negocios, porque Gómez Puig no sólo es socio del propietario de Piamonte S.A., Raúl Dell’Oro, sino también de Sabat. Los nombres del discípulo y el ex decano están registrados en la sociedad “Pedro Sabat y Cía”, la misma que está bajo la lupa de la Contraloría por distintas irregularidades en la comuna de Ñuñoa.

El organismo fiscalizador emitió un informe el pasado 21 de julio en el que cuestiona que Sabat haya nombrado a Gómez Puig como vicepresidente ejecutivo de la corporación municipal en circunstancias que mantenían esta relación comercial. El alcalde argumentó que había finiquitado esa sociedad antes del nombramiento, en abril de 2004, pero la Contraloría asegura que la sociedad sólo se disolvió en noviembre de 2007.

Tan estrecha es la amistad entre ambos, que Sabat mantiene a Mario Gómez Puig como jefe administrativo de la Corporación de Educación y Salud de Ñuñoa a pesar de que en 2005 el ex decano fue condenado en primera instancia a 541 días de presidio por el delito de infracción al artículo 26 bis de la antigua Ley General de Bancos, que sanciona a quienes alteren antecedentes para dificultar la labor fiscalizadora de la Superintendencia de Bancos. Gómez Puig era director del Banco Español Chile y en 1982 fue procesado y detenido en esta causa -que ahora se ve en la Corte de Apelaciones con el rol 28998 de 2005- en virtud de las acusaciones que aportó el entonces administrador provisional de esa entidad financiera, Eustaquio Martínez.

Mario Gómez Puig no respondió los llamados que le hizo CIPER

El ex decano es el segundo emprendedor que tiene problemas con la justicia con el que Sabat estrechó vínculos comerciales. El otro es Jaime Camhi Ramírez, administrador de la Automotora Pedro de Valdivia, propiedad del alcalde, que fue detenido por sus nexos con el narcotraficante Manuel Fuentes Cancino, “El Perilla”.

Para cerrar el triángulo de las amistades, el propio Sabat admitió, en una extensa entrevista publicada por La Nación el 3 de agosto pasado, que tenía una cercana relación con el dueño de Piamonte, Raúl Dell’Oro. El alcalde relató que fue Dell’Oro quien le ayudó a formar su Automotora Pedro de Valdivia.

-Cuando ya inicié el cuento (la Automotora Pedro de Valdivia), Raúl Dell’Oro, que era presidente de la Cámara Nacional de Comercio Automotriz, me prestó toda la asesoría- dijo Sabat en la entrevista.

La puesta en marcha del negocio personal de Sabat -en el que fue asesorado por Dell’Oro- se hizo, según las propias declaraciones del jefe comunal, entre diciembre de 2004 y febrero de 2005. De acuerdo con la información que proporciona el contralor municipal de Ñuñoa, Mario Araya, en esas mismas fechas se resolvió la segunda renovación -sin licitación- del contrato para arrendar vehículos que benefició a la empresa de Dell’Oro en Ñuñoa. Según informó el funcionario, esa renovación comenzó a regir en marzo de 2005.

El contralor municipal asegura que nada es ilegal en la relación contractual que ha tejido la Municipalidad de Ñuñoa con Piamonte S.A. Mario Araya explica que el contrato se firmó en 1997, cuando no había obligación de hacer licitación pública. Efectivamente, sólo a contar de 2003, con la instalación de ChileCompra y la entrada en vigencia de la Ley 19.886, se hizo obligatoria la licitación pública para aquellos servicios o adquisiciones que involucraran más de mil UTM (sobre $36 millones).

Aunque CIPER no tuvo acceso a los contratos entre Ñuñoa y Piamonte S.A., sí obtuvo la tabla con los gastos municipales hasta julio de 2008. La revisión de ese documento indica que este año se han pagado a la automotora dos cuotas mensuales, una que promedia los $12,5 millones y la segunda cercana a los $3,5 millones. Eso implica un pago anual de aproximadamente $192.000.000 a Dell’Oro. Si a eso se suman los $241.920.000 que paga la Corporación de Educación y Salud, la cifra global que Ñuñoa paga a Piamonte S.A resulta superior a los $433.000.000 anuales.

De acuerdo con la versión del contralor Araya, el contrato se hizo con la reglas de 1997, sin licitación, pero comparando cotizaciones de otros tres oferentes. CIPER no obtuvo copias de esas cotizaciones. El contralor municipal también confirmó que se estipuló la renovación automática del contrato cada cuatro años y que, de esa forma, la relación se extendió por igual periodo en 2001 y luego en 2005.

El año pasado, explicó Araya, la Contraloría General de la República emitió un dictamen estableciendo que este tipo de contratos no puede seguir renovándose de esa manera y que debe procederse a la licitación. El mismo funcionario informó que se están preparando las bases para lanzar en noviembre la propuesta pública para el arriendo de los vehículos, pues el nuevo contrato debe entrar en vigencia en marzo de 2009.

El contrato, de acuerdo a lo expresado por el contralor municipal, involucra el alquiler de unos 12 vehículos de seguridad ciudadana, otros 10 que se entregan a Carabineros para que funcionen como radiopatrullas, el auto del alcalde y una decena más de vehículos al servicio de las distintas direcciones municipales.

Patrimonio de alcaldes I: Zona metropolitana norte

Patrimonio de alcaldes II: Zona metropolitana sur

Patrimonio de alcaldes III: Las comunas más importantes de regiones

En la cabecera norte de la isla grande de Chiloé sencillamente ignoraron la puesta en marcha de la reforma a la Ley 18.575, la que obliga a los jefes comunales -entre otras autoridades- a entregar a la Contraloría una declaración con todos los bienes, intereses y deudas que poseen al momento de iniciar su gestión y otra cuando finalizan su periodo. En el municipio de Ancud nadie se dio por enterado de la norma que dio origen a las declaraciones de patrimonio, formulario que desde junio de 2006 deben llenar las autoridades ejecutivas y legislativas cada cuatro años, y cuyo fin es que los ciudadanos puedan fiscalizar si hay enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Y nadie se encargó de representarles su incumplimiento de la Ley.

Porque aunque parezca increíble, hasta esta semana el alcalde de Ancud no había presentando su declaración. Su actitud es un verdadero indicador de las falencias que evidencia este sistema. En más de dos años, la Contraloría regional jamás fiscalizó al edil Pablo Ossio (DC) ni le notificó que, al no haber cumplido con esta obligación legal, se exponía a una sanción que va de 5 a 15 UTM (entre $180.000 y $540.000).

Y si el objetivo final de estas declaraciones es que se conviertan en una herramienta eficaz contra la corrupción a través de la activa fiscalización ciudadana, lo ocurrido en este municipio chilote revela su ineficacia: ni siquiera los partidos políticos opositores a la gestión de Ossio se dieron el trabajo de chequear la existencia del documento y la veracidad de su contenido. De hecho, los seis concejales de Ancud -en cuyos cargos recae la labor fiscalizadora de la gestión alcaldicia- tampoco entregaron sus declaraciones de patrimonio.

El proceso, aun cuando está destinado a cautelar la probidad pública, mantiene en pie una barrera que dificulta el rol fiscalizador de los ciudadanos. De acuerdo con el fallo adoptado por el Tribunal Constitucional el 6 de diciembre de 2005, la Contraloría no puede entregar fotocopias ni reproducciones en formato electrónico de las declaraciones de patrimonio. Los interesados en el patrimonio de sus autoridades sólo pueden consultar los originales y copiarlos a mano o con grabadoras de audio. Para quienes residen en pequeñas comunas de provincia, la valla es mucho más alta. Para acceder a las declaraciones de sus autoridades locales, deben desplazarse en horario laboral a la ciudad donde se encuentre la sede regional de la Contraloría.

CIPER solicitó a la Contraloría consultar estos archivos. Copió los datos en formularios idénticos a los que usan las autoridades y publica ahora esas reproducciones para facilitar la labor de fiscalización de los ciudadanos. Después de los dos primeros capítulos dedicados a los bienes e inversiones que declaran los alcaldes metropolitanos, la serie se cierra con esta tercera entrega que contiene las declaraciones patrimoniales de los jefes comunales de los 27 municipios más importantes de regiones. (Ver declaraciones de alcaldes de la zona metropolitana norte y declaraciones de alcaldes de la zona metropolitana sur).

Un atraso de dos años

A comienzos de esta semana, cuando CIPER consultó por qué no figuraba la declaración de Ossio en el archivo de la Contraloría, la jefa de Personal de la Municipalidad de Ancud, Adriana Yánez, respondió que el formulario nunca fue llenado ni entregado por el alcalde. También confirmó que otras 28 personas que ocupan cargos directivos en el gobierno comunal, tampoco cumplieron con la obligación legal

A dos años de la entrada en vigencia de la norma, y en una curiosa coincidencia, la funcionaria comentó que precisamente todos los formularios serían presentados a la Contraloría la próxima semana. El trámite extrañamente se apuró y las declaraciones de Ossio y otros 20 funcionarios municipales fueron despachadas este miércoles 13 a la Contraloría Regional de Puerto Montt. Con tono de alivio, Adriana Yánez comentó ese día que sólo faltaban las de los concejales. De hecho, en esa misma jornada remitió a CIPER una copia del formulario que llenó el alcalde –fechado el 11 de este mes-, pero sin timbre de ingreso de la Contraloría.

El alcalde Ossio, quien no respondió las solicitudes de entrevistas de CIPER, tampoco había presentado su declaración de intereses, de acuerdo a la respuesta de Adriana Yánez. Un dato no menor, si se considera que las faltas relacionadas con la declaración de patrimonio sólo tienen multa en dinero, pero aquellas referidas a los intereses económicos del declarante -profesión u oficio y sociedades en las que participa- pueden ser castigadas hasta con la destitución si se detectan omisiones graves.

Atrasos en Arica e Iquique

La norma que regula las declaraciones patrimoniales de las autoridades estipula que éstas deben hacerse ante notario hasta 30 días después de haber asumido el cargo y deben actualizarse cada cuatro años o cada vez que se produzca un “hecho relevante” relacionado con los bienes, inversiones, intereses o deudas del funcionario. También tendrán 30 días de plazo para actualizar la ficha cuando se cambien de puesto dentro de la administración pública.

Además del alcalde de Ancud, que ostenta el récord en materia de retraso, otros jefes comunales que están en deuda con la Contraloría son los del extremo norte: Waldo Sankán, de Arica y Myrta Dubost, de Iquique: dos municipios en los que las irregularidades han dado paso a juicios de destitución. Ambos asumieron como alcaldes suplentes y aunque la ley los obliga a entregar su declaración porque ocuparon un nuevo puesto, no informaron sobre su patrimonio.

Los 30 días de plazo expiraron hace rato para Sankán (PPD), que reemplazó al destituido Carlos Valcarce el 20 de mayo pasado. Lo mismo ocurre con Dubost (independiente pro Alianza), que en abril de 2007 ocupó el sillón del que fue expulsado Jorge Soria.

Sankán hizo un mea culpa: “Debo ser sincero, no sabía que había que actualizar esta declaración al asumir el cargo como alcalde suplente ni tampoco fui informado por quienes deberían ser responsables en la parte administrativa. Pero, más allá de las responsabilidades, me doy por enterado y no tengo ningún problema en actualizar mi declaración de patrimonio”. Claro que el reconocimiento no significa que se ahorrará la multa. Esto, claro está, si es que alguien decide llevar la denuncia a la Contraloría o directamente a los tribunales. Lo mismo corre para Ossio y Dubost.

Una situación radicalmente distinta es la que afecta al alcalde de Los Andes, Manuel Eduardo Enrique Rivera Martínez (UDI), cuya declaración no figura en los registros de la Contraloría. No obstante, el edil aconcagüino puede dar fe de que no ha incurrido en una irregularidad: Rivera hizo llegar a CIPER una copia del formulario, debidamente timbrado por la Contraloría Regional de Valparaíso e ingresado a esa repartición con el número 04091 del 21 de julio de 2006.

Sociedades y negocios

Al revisar las declaraciones patrimoniales de los alcaldes de ciudades de regiones, un dato que salta a la vista es que muy pocos de ellos participan en sociedades comerciales, en contraste con lo que ocurre con los jefes comunales metropolitanos. Sólo cinco de los 27 ediles que componen la nómina de las comunas de provincia, integran sociedades (uno de ellos participa en tres y otro, en dos). En cambio, entre los 49 alcaldes de los comunas metropolitanas, 19 integran sociedades con fines de lucro.

En todo caso, el edil de Los Ángeles, Joel Rosales Guzmán (independiente pro Alianza), en su declaración deja en claro la importancia que concede a sus negocios privados. En los espacios que el formulario destina a registrar la dependencia administrativa y el cargo (“municipalidad” y “alcalde”, respectivamente), Rosales prefirió poner primero su empresa “Servicios Forestales y Transportes Rosales” y se apuntó como “socio”. Después agregó -a mano- las referencias al municipio y a su puesto de alcalde. De hecho, en el espacio donde debía consignar el lugar en que se desempeña, Rosales no puso la dirección de la Municipalidad de Los Ángeles (Caupolicán 339), sino la de su negocio: Valdivia 300, oficina 303.

Similar actitud tuvo el alcalde de Coquimbo, Óscar Enrique Pereira Tapia (DC), quien no se registra en el formulario como “alcalde”, sino como jubilado del Servicio Nacional de Salud.

La declaración de patrimonio más “liviana” en este grupo de ediles de provincia, es la del alcalde de Rancagua, Carlos Arellano Baeza (DC), quien sólo apuntó los datos referidos a su nombre, estado civil, domicilio y lugar donde desempeña sus funciones. El resto de la ficha lo dejó en blanco. Arellano asegura que, salvo su sueldo a fin de mes, no tiene más fondo financiero que sus bolsillos. Ni siquiera una tarjeta de crédito.

En el ranking de la “austeridad”, le sigue el alcalde de Punta Arenas, Juan Morano Cornejo (DC), cuyas únicas propiedades son la sede democratacristiana local, a la que asigna un valor comercial aproximado de $20 millones, un PC y un bote (además de otro bien mueble ilegible). El resto, sólo deudas: un crédito hipotecario por 835 UF y tres créditos de consumo.

Dinero bajo el colchón

El único edil de regiones que no esperó el cambio de mando municipal o que se cumplieran cuatro años desde que hizo el primer formulario para actualizar el documento, fue el de La Serena, Raúl Saldívar Auger (PS), quien cambió su declaración para informar una nueva adquisición. Efectivamente, en su primera ficha (19 de julio de 2006), Saldívar no informó inmuebles. Pero en su última declaración (21 de noviembre de 2006) apuntó una vivienda inscrita a su nombre ese mismo año.

El alcalde de Valparaíso, Aldo Cornejo (DC), al parecer decidió proteger su privacidad y no llenó los siguientes campos obligatorios al declarar un bien inmueble: destino, ubicación, los antecedentes de la inscripción en el conservador (número, fojas y año) y si está sujeto a gravámenes (aunque más adelante consigna que tomó un crédito hipotecario por 1.348 UF en el BancoEstado). Cornejo sólo anotó que tiene la propiedad “plena o individual”, que el inmueble está inscrito en el conservador de bienes raíces de Valparaíso y que su rol de avalúos es 08030-00013.

Finalmente, el dato curioso y sorprendente lo puso el suspendido jefe comunal antofagastino, Daniel Adaro (independiente, ex DC), quien se vio obligado a dejar su cargo porque el Ministerio Público lo investiga por fraude al fisco. Adaro fue reemplazado por Gonzalo Dantagnan (DC) el 30 de julio pasado y aún no se cumple el plazo de 30 días para que el alcalde suplente actualice su declaración. De acuerdo con los datos que puso Adaro en la ficha que llenó el 2006, al parecer no confía en los bancos o quería dar una contundente muestra de la eficacia de los mecanismos de seguridad ciudadana de su municipio. El alcalde suspendido declaró que guarda en su casa nada menos que $22 millones en efectivo.

La siguiente es la nómina de las declaraciones de patrimonio de los alcaldes de las 27 ciudades más importantes de regiones. Salvo aquellos datos consignados en las declaraciones de los alcaldes de Ancud y Los Andes, los antecedentes de las restantes fueron tomados de los documentos archivados en la Contraloría. En concordancia con el fallo del Tribunal Constitucional de diciembre de 2005, en lo relativo a proteger la privacidad de los declarantes, se han tarjado detalles de las direcciones de sus inmuebles y las placas patentes de sus vehículos.

Para el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, aquello de que la música es una pasión no es sólo un lugar común. Y de su bolsillo surgen las pruebas. Así se desprende de su declaración de patrimonio. Según lo que anotó en el formulario que se conserva en el archivo de la Contraloría, a lo largo de su vida el PPD Sergio Echeverría sólo ha acumulado tres bienes: un Peugeot 307 del 2001, un equipo de sonido de tres millones de pesos y un saxofón que el edil tasa en otros tres millones.

En todo caso, en este segundo capítulo de las declaraciones de patrimonio hechas por alcaldes -que considera a los 27 jefes comunales de la zona sur metropolitana- la de Echeverría no es la más “liviana”. El primer lugar de ese ranking lo tiene la declaración del alcalde de San Miguel, Julio César Palestro (PS), que lo único que registra a su nombre es una deuda de seis millones de pesos, por un crédito de consumo que le extendió el BCI.

A Palestro le sigue el alcalde de La Granja, Claudio Arriagada (DC), el que, salvo por haber apuntado la fecha y sus datos personales, firmó un formulario prácticamente en blanco. De hecho, ni siquiera puso su domicilio, un campo que debía ser llenado obligatoriamente. No hay frutos materiales del esfuerzo laboral de Arriagada en su declaración ni cuentas corrientes ni ahorros ni vehículos ni sociedades. Por lo menos, a estas alturas puede decir que la vida lo sorprende empatado: tampoco marca deudas.

Entre las curiosidades que se observan en las declaraciones de los ediles del sur capitalino, se cuentan dos anotaciones que el alcalde de Macul, Tito Sergio Puyol (DC), apuntó en su ficha: un automóvil Ford de 1946 y un “nicho perpetuo” en el Cementerio Católico. También resalta la joyita del alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón (RN), quien mantiene en su poder una potente moto Kawasaki 650B, un clásico de 1978. Digna de mención, además, es la transparencia del alcalde de la modesta comuna de San Pedro de Melipilla, Avelino del Tránsito Farías (independiente pro Alianza), quien incluye en su nómina de bienes hasta la estufa de su esposa y las herramientas de su taller.

Caballos y acciones

Aunque el jefe comunal de Pirque, Jaime Escudero Ramos (PPD), consigna tres caballos a su haber -dos tasados en 1,5 millón de pesos y el tercero en un millón-, uno de los cuales lleva al sugerente nombre de “Tirano”, no es este detalle el más llamativo de su declaración patrimonial. En el tercer punto del formulario, destinado a anotar los “valores o instrumentos transables”, Escudero coloca sus acciones en la Sociedad Agrícola La Higuera Ltda. y en el mismo espacio apunta que, a su juicio, estos títulos representan un cantidad aproximada de $ 3.325.000.000. Aunque se trata de un monto inusual respecto de los que figuran habitualmente en las declaraciones de los ediles, tener dinero -y declararlo- no es un pecado. Lo extraño es que diez años antes, en mayo de 1996, el mismo Escudero solicitó un préstamo a la Dirección de Crédito Prendario, la popular “Tía Rica”, que atiende a quienes no tienen cabida en el sistema bancario. Una investigación realizada por CIPER consignó que el alcalde recibió entonces un millón de pesos.

El préstamo que favoreció a Escudero cuando aún era concejal fue objeto de una denuncia, que involucra otros casos irregulares, de la asociación de funcionarios del Crédito Prendario, lo que motivó una investigación del fiscal de la Contraloría Jaime Gallegos Aguilar. Este último identificó en su primer informe a Escudero Ramos -a quien erróneamente llama Juan Francisco- como agricultor y cuñado de Juan Guillermo Hurtado Neira, entonces fiscal de la Dirección del Crédito Prendario. El informe de Gallegos, fechado en febrero de 1998, establece que la reglamentación era precisa en orden a que este tipo de préstamos “están dirigidos a personas naturales de escasos recursos y que tengan o se inicien en una actividad económica de carácter industrial o comercial”.

“Hechos relevantes”

De los 27 alcaldes de las municipalidades del sur metropolitano, 11 anotan domicilio en comunas distintas a las que encabezan. Los “extranjeros” se agrupan en tres de la Alianza por Chile (Cerrillos, La Florida y Puente Alto) y ocho del oficialismo (El Bosque, La Pintana, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, San Joaquín, San Ramón y Talagante).
De acuerdo con las normas que regulan las declaraciones de patrimonio, éstas deben ser actualizadas cada cuatro años, cuando el declarante deja el cargo, cambia de puesto o sucede algún hecho relevante en su bitácora financiera (compra de un bien, ingreso o salida de una sociedad, por ejemplo). En este grupo de alcaldes, sólo dos han entregado una segunda declaración. Se trata de los jefes comunales de La Pintana (Jaime Pavez, PPD) y La Cisterna (Santiago Rebolledo, PPD).

El titular de La Cisterna hizo su segunda declaración sólo dos meses después de la primera (20 de julio de 2006 y 27 de septiembre de 2006) y agregó una cuenta de ahorro a la vista con $12.400.000 abierta en el BancoEstado.

El edil de La Pintana presentó el primer formulario también en julio de 2006, pero lo actualizó en marzo de 2007. En su segunda entrega desaparece un inmueble inscrito en el conservador de San Miguel que había registrado en la primera versión. Además, incluyó un departamento con bodega en la costera localidad de El Tabo (al que asigna un valor comercial de 2.450 UF), agregó la sociedad Transportes El Cóndor Ltda. y sumó dos créditos hipotecarios. Un dato interesante es que la sociedad de transportes figura en los registros del Diario Oficial constituida por Pavez y otros dos socios en julio de 2004 y el departamento en la playa -según los datos que anota el mismo alcalde- está registrado a su nombre en el conservador de San Antonio desde 2005. De acuerdo con estos antecedentes, pareciera que ni la sociedad ni el departamento son “hechos relevantes” surgidos después de confeccionada la primera declaración, sino simples olvidos.

Las declaraciones que publicamos no son fotocopias de las originales, pues la Contraloría no está autorizada a entregar copias, sino sólo a facilitar estos documentos para su consulta. Llenando el mismo formulario que utilizan los funcionarios públicos y autoridades, CIPER recopiló los datos y exhibe reproducciones. En sintonía con el fallo del Tribunal Constitucional de diciembre de 2006, que cautela el derecho a la privacidad de los declarantes, se han tarjado detalles de las direcciones y placas patentes de los vehículos de los alcaldes.

Al menos un punto hermana al disciplinado militante comunista Salvador Delgadillo con el coronel (r), ex jefe de escolta de Pinochet y ministro del régimen militar, Cristián Labbé. Ambos forman parte de lo que podría denominarse el “proletariado edilicio”. Delgadillo, hoy alcalde de Til Til, y Labbé, actual jefe comunal de Providencia, ocupan un lugar de excepción entre la minoría de ediles que prácticamente no consignan propiedades en las declaraciones de patrimonio que –por ley- están obligados a entregar los alcaldes, entre otras autoridades administrativas, ejecutivas, judiciales y legislativas. Delgadillo sólo registró en el formulario una deuda que supera los 900 mil pesos y una casa de su esposa. Labbé declaró como único bien la propiedad de un inmueble.

Aunque la ley establece que estas declaraciones son documentos públicos, las autoridades no están obligadas a difundirlas por medios masivos y sus originales sólo pueden ser consultados y copiados a mano en la sede de la Contraloría General de la República. Un proceso engorroso, a pesar de las facilidades que brinda la unidad de la Contraloría encargada de recibir las consultas sobre este material, que dificulta a los ciudadanos ejercer el proceso de fiscalización para el que fue creado este documento.

En la misma semana en que se han inscrito los candidatos para las elecciones municipales de octubre, CIPER ha copiado desde los archivos de la Contraloría las declaraciones de patrimonio de los ediles salientes -muchos de los cuales repostulan- y las publica para información de todos los ciudadanos. De la misma manera, esperamos difundir, una vez que finalice este periodo de gestión edilicia, las actualizaciones de estos documentos -proceso al que la ley obliga a realizar entre el 6 de diciembre de 2008 y el 5 de enero de 2009- para que todo aquel que lo desee pueda imponerse acerca de cómo varió el patrimonio de sus jefes comunales en el periodo alcaldicio que expira.

Extranjeros y locales

En esta primera entrega, publicamos las declaraciones de los 22 alcaldes de la zona norte metropolitana. Tres de ellos prácticamente entregaron un documento en blanco. Labbé y Delgadillo sólo fueron superados por el DC Carlos Escobar, titular del municipio de Lampa, quien aseguró que no tiene propiedad alguna, ni vehículos ni inmuebles ni acciones ni participación en sociedades ni muebles. Ni siquiera deudas. Nada.

Si hubiese un ranking, probablemente Labbé alcanzaría la medalla de bronce entre aquellos alcaldes a los que -de acuerdo con lo que declaran- sólo les queda vivir de su sueldo mes a mes, porque ni siquiera consignan ahorros. Y ese tercer lugar se debería a que si bien informa sólo un inmueble –al igual que Delgadillo-, un dato no menor es que la residencia está ubicada en una zona de alta plusvalía: Las Condes. El antecedente lleva a otro tema: el domicilio de los alcaldes. Labbé no indica su lugar de residencia (aunque se trata de un campo obligatorio en el formulario), pero el dato de su propiedad en Las Condes permite presumir que está en el grupo de los ediles que viven fuera de las comunas que encabezan.

De los 22 alcaldes que componen esta primera entrega de CIPER, 11 no declaran domicilio en los municipios que dirigen. Entre ellos se cuenta Pedro Sabat (RN), de Ñuñoa, que aparece en la misma situación de Labbé, porque no informa domicilio, pero consigna inmuebles de uso habitacional en otras comunas. De estos 11 “extranjeros”, siete alinean en la Alianza por Chile (Ñuñoa, Providencia, Recoleta, Renca, Santiago, Vitacura y Estación Central) y cuatro en la Concertación (Cerro Navia, Conchalí, Lo Prado y Quilicura). El único alcalde que no se inscribe en los dos grandes conglomerados políticos es el ya mencionado Delgadillo, un comunista que juega de local, con domicilio en Til Til.

Motos y vacaciones compartidas

Entre los datos curiosos registrados en estas 22 declaraciones se cuenta un auto Ford de 1930 del que se enorgullece el alcalde Sabat, una mesa de pool del edil de Pudahuel, Johnny Carrasco (PS), y el finasangre “Silver Gold” -que ganó el clásico La Tercera del año pasado- propiedad del alcalde de Independencia, Antonio Garrido (RN).

El único jefe comunal motoquero de este grupo es el de Santiago, Raúl Alcaíno (independiente pro Alianza), quien tiene en su garage una poderosa Honda Africa Twin y una más modesta motoneta de la misma marca. El alcalde de Curacaví -José Guillermo Barros (UDI)- informa un añoso camión Ford de 1975 y su colega de Renca, Vicky Barahona (UDI), incluye una promesa de usufructo inmobiliario equivalente a 15 días corridos de vacaciones en Hippocampus S.A. de Viña del Mar.

La alcaldesa Barahona es una de los tres jefes comunales del norte de Santiago que rehicieron sus declaraciones y entregaron a la Contraloría actualizaciones con nuevos datos. Los otros son los ediles de Pudahuel y Las Condes. La obligación de declarar el patrimonio comenzó a regir en junio de 2006 y la norma establece que los antecedentes deben ser actualizados cada cuatro años, al finalizar la gestión pública del declarante o cuando se produzca un hecho relevante (como la compra de nuevos bienes o el ingreso a una sociedad comercial).

La actualización que hizo Barahona se debió a un “olvido” de la alcaldesa. En octubre de 2006, cuatro meses después de haber suscrito el primero, la jefa comunal presentó un nuevo formulario en el que consignó su participación en la “Sucesión Víctor Barahona Bustos”, argumentando en un mensaje a la entonces contralora Noemí Rojas que recién había tomado conocimiento de que “subsisten algunos bienes de menor valor” de la herencia de su padre.

El alcalde de Pudahuel consideró que la compra de un nuevo auto era un hecho relevante que ameritaba actualizar el formulario. En marzo de este año registró el cambio de su Hyundai Sonata GL 2.4 del 2006 por un Hyundai Santa Fe GL CRDI 2.2 del 2008. Pero Carrasco no sólo se limitó a consignar ese cambio en su patrimonio. En la misma actualización, señaló que su saldo de cuenta corriente a esa fecha era de $23 millones, en contraste con los $3,5 millones que informó en junio de 2006. También indicó que su ahorro para la vivienda aumentó de $5 millones a $8 millones y que un fondo mutuo a su nombre se incrementó de US$3.000 a US$3.500.

Sociedades inmobiliarias

Si bien la Contraloría determinó que no está vedado para los alcaldes participar en sociedades dedicadas a los rubros inmobiliarios, se trata de un área de negocios sensible a las determinaciones que adopten los gobiernos comunales sobre normas de construcción y uso de suelos. De los 22 alcaldes considerados en este capítulo, es imposible saber cuántos realmente integran sociedades dedicadas al negocio inmobiliario. Y ello, porque el formulario de la declaración no exige que se informe al rubro al que se dedican las sociedades. Con certeza sólo se puede decir que en este grupo hay cuatro alcaldes que integran sociedades vinculadas a este tipo de negocios. Y eso porque el nombre de esas sociedades incluye la palabra “inmobiliario”. Se trata de Mario Olavarría (Colina, UDI), José Guillermo Barros (Curacaví, UDI), Raúl Alcaíno (Santiago, independiente pro Alianza), Raúl Torrealba (Vitacura, RN) y Francisco de la Maza (Las Condes, UDI).

A De la Maza sus sociedades inmobiliarias le dieron varios dolores de cabeza. En octubre de 2007 fue acusado por el concejal Hugo Unda (PPD) de haber omitido sociedades inmobiliarias en su declaración de patrimonio original. En principio, la división de Municipalidades de la Contraloría admitió el reclamo, pero posteriormente el contralor general Ramiro Mendoza acogió la argumentación del alcalde, al comprobar que su afirmación -que esas sociedades estaban inactivas- era efectiva.

El edil de Las Condes ha hecho cuatro declaraciones en poco más de dos años (la primera en mayo de 2006 y la última hace sólo un mes, en junio de 2008), variando notoriamente el número de sociedades que incluyó en cada una de ellas.

En su primera declaración, De la Maza, no llenó el campo destinado a indicar profesión u oficio e informó que participaba en cuatro sociedades. En la segunda (fechada en marzo de 2007), se presentó como “constructor civil” y anotó 25 sociedades, de las cuales 18 eran inmobiliarias. Del total, indicó que cuatro estaban con término de giro, una en proceso de ser calificada de la misma manera y que en 16 participaba a través de su sociedad Inversiones Victoria Ltda. En la tercera (noviembre de 2007), el alcalde se apunta como “empresario” y anota sólo tres sociedades: una inmobiliaria y dos de inversión. De estas, sostiene que participa en dos a través de la sociedad Inversiones Victoria Ltda., pero esta última no aparece individualizada en ese formulario. En su última declaración (junio de 2008), el jefe comunal inscribe sólo dos sociedades agrícolas constituidas en marzo pasado e inscritas en el Registro de Comercio de Victoria.