El 5 de enero se cumplió el plazo para que los alcaldes presentaran su declaración de patrimonio. Entre ediles entrantes y salientes de las 96 principales comunas del país, 132 declaraciones deberían haber llegado a la Contraloría. CIPER descubrió que sólo se han recibido 16. La ley estipula sanciones por la no entrega o presentación tardía del documento destinado a impedir enriquecimiento ilícito, pero en pocas ocasiones se hacen efectivas. Entre los que cumplieron, siete son alcaldes reelectos, tres son salientes y seis son ediles nuevos. Del patrimonio de 116 ediles nada se sabe.
Por Juan Pablo Figueroa, Paula Guerra y Cristina Soto, CIPER
La automotora envuelta en la triangulación de contratos que culminó con la renuncia del jefe de seguridad ciudadana de Vitacura, Pedro Valdivia, cobra más de $433 millones anuales en Ñuñoa, donde tiene dos contratos. Uno se firmó en 1997 sin licitación y se ha renovado automáticamente hasta ahora. El segundo es con la Corporación de Educación y Salud, y fue suscrito a pesar de que el vicepresidente ejecutivo de esa entidad comunal es socio del dueño de Piamonte, Raúl Dell’Oro, y también del alcalde Sabat.
El lunes 28 de julio CIPER solicitó a la Contraloría General de la República acceso a las declaraciones de patrimonio de los todos los alcaldes de la zona metropolitana y de las principales ciudades de regiones. La solicitud fue respondida al día siguiente y la Contraloría dio acceso a los documentos, destinando a un funcionario a tiempo completo para facilitar la consulta y fiscalizar que no se sacaran fotocopias, fotografías o copias en formato digital de los originales, en concordancia con el fallo del Tribunal Constitucional del 6 de diciembre de 2005. La consulta en lo referido a las declaraciones de los alcaldes metropolitanos se realizó los días 29, 30 y 31 de julio, y en relación a los documentos de los jefes comunales de provincia se efectuó los días 06 y 07 de agosto. Lea aquí las reproducciones de los documentos.
Durante dos años el alcalde de Ancud ignoró la ley que lo obliga a entregar a la Contraloría una declaración de patrimonio. Los alcaldes de Arica e Iquique tampoco cumplieron con los plazos para actualizar las declaraciones. Un dato sorprendente: el suspendido edil antofagastino Daniel Adaro declaró que guarda en su casa $22 millones.
Un saxofón de tres millones de pesos, un caballo llamado “Tirano”, un nicho perpetuo y un Ford de 1946 figuran entre las curiosidades que anotan los alcaldes en sus declaraciones de patrimonio. El jefe comunal de San Miguel sólo apunta una deuda y el de La Cisterna ni siquiera eso: entregó la ficha en blanco. El de Pirque, en tanto, muestra un millonario patrimonio en acciones que contrasta con el modesto préstamo que pidió hace diez años a la popular “Tía Rica”. En esta segunda entrega, CIPER publica las declaraciones de patrimonio de otros 27 alcaldes capitalinos.
Mesas de pool, caballos de carrera y autos antiguos se mezclan con las sociedades, casas e inversiones que incluyen las declaraciones de patrimonio que hicieron los alcaldes en 2006 y que a partir del 6 de diciembre, al finalizar su período, podrán ser comparadas con las actualizaciones que los ediles deben entregar por ley. Una obligación que transparenta la función pública y ayuda a la fiscalización del posible enriquecimiento ilícito. Como un aporte al voto informado en las elecciones municipales, CIPER copió los formularios que entregaron los jefes comunales a la Contraloría y en este primer capítulo publica los correspondientes a los municipios de la zona norte metropolitana.
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