A un mes de que la Conferencia Episcopal llamara a denunciar los abusos a menores cometidos por sacerdotes y anunciara que los obispos “actuarán con rigor”, se conocen detalles acerca de cómo la congregación del Verbo Divino facilitó a fines del año pasado el ocultamiento de un religioso filipino afectado por una orden de detención. Además, la familia que hizo la denuncia sostiene que el cardenal Errázuriz les prometió apoyo, pero que finalmente en marzo pasado se les comunicó que el arzobispado no puede investigar los hechos porque sólo el Vaticano tiene autoridad sobre las congregaciones. La sede pontificia, en todo caso, ya fue alertada por otra vía. En la justicia chilena podría entrar al caso uno de los abogados más cercanos a la iglesia, el penalista Davor Harasic, quien esta vez defendería a la familia que denunció la agresión.
El miércoles 12 de mayo, en la tarde, una vez concluida esta investigación, ingresé al despacho de Hugo Montes Ibáñez (44 años), administrador de los colegios diaconales San Esteban, San Felipe y San Nicolás, todos fundados por su padre, Hugo Montes Brunet, y propiedad de la familia. La cita fue en el colegio San Esteban de Vitacura, una antigua casona con tejas y aire campestre.
No fue fácil hacer esta entrevista. Buscaba la versión oficial de los colegios sobre los graves testimonios de ex alumnos del San Esteban acerca de comportamientos impropios de Montes Brunet, su ex rector. Pero el hombre encargado de entregarla era, además de administrador de los planteles, su hijo, precisamente el que más lo ha secundado en su exitosa carrera como educador.
Me esperaba un rechazo tajante. Lo que encontré fue un hombre que habló con transparencia y con dolor. Durante la hora y media que duró esta entrevista, Hugo Montes Ibáñez se fue enterando de la magnitud de los antecedentes que serían publicados por CIPER un día más tarde.
El abogado y profesor Hugo Montes Brunet es una autoridad en materia educacional. En 1995 recibió el Premio Nacional en esa especialidad, integró la comisión que asesoró al gobierno de Bachelet en la reforma a la enseñanza y es fundador de tres prestigiosos colegios católicos. Montes también es diácono de la Iglesia, por lo que depende directamente del cardenal Francisco Javier Errázuriz. Hace una semana un ex alumno lo acusó formalmente ante el Arzobispado de Santiago de haber intentado abusar de él cuando tenía 15 años y Montes era su rector. Durante más de un año, tres estudiantes de la Escuela de Periodismo de la UDP investigaron los rumores sobre comportamientos impropios de Montes. Guiados por el periodista y académico UDP Javier Ortega, las autoras recopilaron varios testimonios, todos de ex alumnos de sus planteles. Y se encontraron con un expediente que incluye un acuerdo que permitió el cierre de una denuncia en su contra que data de 2001. Es el mismo testimonio que ahora está en manos del sacerdote Raúl Hasbún, el hombre del cardenal a cargo de verificar la credibilidad de la denuncia.
Además: Hugo Montes hijo: “Si todo esto llega a ser cierto, me va a pesar no haber interrogado más”
Las estrictas normas de Villa Baviera comenzaron a resquebrajarse el mismo día en que Schäfer huyó en 1997. Pero debieron pasar casi nueve años para que la generación de colonos más jóvenes rompiera los códigos y desplazara a los viejos jerarcas. Esta es la historia del quiebre generacional que desembocó en la reciente oferta de las empresas de Villa Baviera para pagar más de $1.400 millones a 11 víctimas sexuales de Schäfer.
La nueva generación de líderes de Villa Baviera administra un tigre de papel: empresas con millones de dólares en patrimonio, pero ahogadas por deudas y sin crédito porque sus bienes están embargados en un juicio con el Estado. Ya le cortaron el suministro eléctrico a su fundo de Parral y están en riesgo de quiebra. En ese escenario, los nuevos dirigentes anuncian acciones judiciales contra los aliados de Paul Schäfer que saben dónde está el dinero que el antiguo jerarca sacó del país y calculan que unos US$ 3 millones pueden ser repatriados. Además, ofrecieron al gobierno pagar las indemnizaciones a las víctimas de abusos a menores cometidas por Schäfer (con un fondo superior a $ 1.400 millones) y de violaciones de derechos humanos ocurridas en la colonia. A cambio, piden que se levanten las medidas precautorias que paralizan sus empresas.
Hace tiempo que Chile les quedó chico a los grandes retailers. A las inversiones en Argentina y Perú les siguieron Colombia, Brasil y México. Una exportación no tradicional que sigue creciendo y que reporta millonarias ganancias pero que lleva adosado un marco laboral que en Chile ya comienza a hacer crisis.
El 2007 terminó con la amenaza de huelga de siete sindicatos de Ripley, Falabella y Paris. Detrás estaba la nueva Coordinadora del Comercio, que promete seguir usando la fórmula de juntar negociaciones colectivas para fortalecer a los sindicatos, atomizados por el uso de distintas razones sociales dentro de una misma empresa. Esta estructura de negocios ha determinado hasta ahora al movimiento sindical, pero todo augura que está en retirada. Paris ya unió sus sociedades y el Consejo de Equidad debate seriamente terminar con esta práctica. ¿Es la solución para los trabajadores?
Pese a que las tres grandes multitiendas –Falabella, Paris y Ripley- se disputan un mercado que les reporta millonarias utilidades, lo que les ha permitido aumentar su patrimonio y expandirse, sus vendedores viven una experiencia diametralmente opuesta. Mientras más ganan las empresas, los sueldos tienden a bajar y empeoran las condiciones laborales. A continuación, la primera parte de una serie que aborda el lado menos conocido y más controversial de uno de los sectores más pujantes de la economía chilena.
Es sabido que la discriminación hacia las trabajadoras del hogar peruanas existe en Chile, pero parece ser mucho peor en el propio Perú. El problema se hizo visible luego de que la prensa local diera cuenta de que en playas cercanas a Lima las empleadas no se podían bañar y estaban obligadas a usar uniforme. Este reportaje, ganador de la beca Avina de Investigación Periodística, vincula el maltrato a las trabajadoras con la institucionalización privada del racismo a través de dramáticos testimonios de mujeres explotadas desde la infancia.
Finalmente el 1 de febrero Falabella Pro y el sindicato firmaron un convenio colectivo que pone fin a todos los problemas que originaron una huelga de hambre que se extendió por 8 días.
Ocho días ayunaron las tres mujeres que dirigen el sindicato de Falabella Pro. Fueron internalizadas después de la Ley de Subcontración, pero sus salarios bajaron. Tras una traumática negociación colectiva y la aprobación de una huelga legal que nunca se llevó a cabo, las dirigentes acusaron a la empresa de prácticas antisindicales por quitarles beneficios adquiridos. Falabella cedió tras la intervención del ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade.
Los abusos denunciados por extranjeros ante la Dirección del Trabajo se duplicaron entre 2006 y 2007. Contratos no escriturados, extensión ilegal de jornadas, descansos no respetados y cotizaciones impagas, son historias que se reiteran en la construcción, servicios domésticos y hotelería-gastronomía. El “perdonazo” migratorio impone un nuevo desafío a las autoridades.
Para la elaboración del reportaje sobre el impacto de la inmigración en el sistema de salud público, Ciper pidió a la subsecretaria de Salud Pública, Lidia Amarales, todos aquellos datos que dieran cuenta del fenómeno. La autoridad respondió que la información estadística sobre extranjeros atendidos por el sistema público y el costo de esas prestaciones “no existe”.
La “amnistía” otorgada a peruanos, bolivianos y otros extranjeros que hasta ahora estaban ilegales en Chile amenaza con una presión explosiva a hospitales y consultorios a contar del 5 de febrero, cuando finaliza la regularización. Pero si los funcionarios del sistema público reclaman por la recarga de trabajo que se les viene encima, los inmigrantes se quejan de lo que acá siempre se niega: discriminación, racismo, malos tratos y negación del derecho a la salud. El Ministerio de Salud por primera vez está midiendo la magnitud del problema y CIPER entrega avances de ese sorprendente estudio.
Violencia intrafamiliar, vulneración de derechos laborales, acoso sexual en el trabajo y hasta femicidio, todo ello se mezcla en las vidas las cerca de 250 mil temporeras que operan en Chile.
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