Radar
Lo mejor de la prensa en Chile y el extranjero, recomendado por CIPER
-
20.02
2012Nuevo presidente en Alemania: la crisis política en el país fuerte de la UE
Tras ser junto a Francia el gran patrocinador de los cambios económicos para salvar a los países en quiebra, Alemania es actualmente el centro político-económico indiscutido de la Unión Europea (UE). Pero como señala el diario español El País, está en medio de una “crisis política”.
Aunque el del Presidente alemán sea, según ese mismo medio, un cargo “sin apenas contenido político, con los únicos poderes del arbitraje y de la representación institucional de Alemania”, que la persona que lo ostenta esté involucrada en casos de corrupción y tráfico de influencias es un escándalo. Es que es un cargo más bien ceremonial dentro de la estructura política alemana, ya que está por encima de la política partidista y utiliza su autoridad para influir los debates en la sociedad y la política. Pero en los últimos meses, ese escándalo ha tenido nombre y apellido: Christian Wulff, el hombre que desde mayo de 2010 y hasta el viernes pasado fue el presidente federal.
La semana pasada, la fiscalía de Hannover le solicitó al parlamento alemán su desafuero para investigar las acusaciones de recibir favores y regalos de empresarios alemanes cuando era ministro presidente de Baja Sajonia entre 2003 y 2010. Entre los casos que se investigan, se incluyen la obtención de créditos privados en condiciones ventajosas, vacaciones con su familia pagadas por empresarios y financiación electoral irregular. Wulff dimitió al puesto el 17 de febrero y, a pesar de haber reconocido que cometió errores, dijo que actuó dentro de la ley.
“Es la primera vez que un jefe de Estado de Europa Occidental dimite por sospechas de corrupción”, tituló La Nación de Argentina.
Ante su renuncia, el gobierno que lidera la canciller Angela Merkel llegó hoy a un acuerdo con la oposición y definió a Joachim Gauck (72 años), teólogo protestante y ex activista de los derechos humanos en Alemania Oriental, como próximo presidente de la República Federal de Alemania.
Según el diario El País, la Unión Demócrata Independiente (CDU), el partido de gobierno, aceptó al candidato de los liberales del FDP tras tensas negociaciones, según se filtró el domingo desde círculos cercanos al Gobierno.
Gauck, “un pastor luterano que luchó por la caída de la RDA”, fue candidato de la oposición a la presidencia en 2010, con el apoyo de los liberales Socialdemócratas (SPD) y los Verdes, pero finalmente, tras una ardua disputa en las votaciones, fue elegido Wulff, el abanderado apoyado por Merkel.
“Pese a sus posiciones políticas más bien conservadoras, Gauck es un candidato espinoso para la CDU y para la canciller. En primer lugar, porque los democristianos se tienen que rendir al aspirante con quien el SPD y Los Verdes estuvieron a punto de humillar a Merkel hace menos de dos años. Wulff necesitó tres rondas de agónicas votaciones para alcanzar el puesto, con el consiguiente desgaste para una canciller. Por otra parte, la CDU es un partido predominantemente católico y occidental. Gauck, oriental y protestante lo mismo que Merkel, podría acelerar el distanciamiento de las bases conservadoras de la Alemania Occidental contrarias a la moderación política del actual Gobierno. La elección de Gauck, que saldrá adelante con el apoyo de Gobierno y oposición antes de treinta días, es un sapo que tanto Merkel como su CDU han tenido que tragarse para evitar males mayores en la coalición”, narra el diario El País.
Según el diario ABC, Merkel habría estado reticente a aceptar al teólogo protestante, puesto que “decir sí a Gauck ahora supone reconocer abiertamente que metió la pata en el verano de 2010 al presentar a Wulff”.
El nuevo presidente será ratificado en su cargo en una asamblea especial a más tardar el 18 de marzo. Mientras tanto, el jefe de la cámara alta del parlamento –la Bundesrat- cumplirá sus funciones.
La crisis del país más fuerte de la UE no pasó desapercibida. El caso de Wulff generó un quiebre en el oficialismo alemán. Las repercusiones aún están en proceso.
-
17.02
2012Incendio en cárcel de Honduras: falencias penitenciarias son las mismas en todo el continente
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, señaló que lo que pasó esa noche en Honduras demuestra las “débiles políticas penitenciarias en centro América”. Fue en la madrugada del miércoles 15 de febrero, en La Granja Penal de Comayagua, un lugar con capacidad para 250 reos, pero que para entonces contaba con 850 reclusos. Todos ellos vieron –y sufrieron– el incendio. Casi la mitad murió calcinada.
“Lo que demuestra este hecho (en Honduras) es precisamente un problema estructural que padecemos todos los países de la región centroamericana, y es la debilidad de nuestras políticas penitenciarias”, dijo el presidente Funes. La situación de las caréceles salvadoreñas, según palabras del presidente salvadoreño, sufren las mismas carencias que las de Honduras, y están tan hacinadas como las del país centro americano.
Después del incendio, un informe fue enviado a la ONU. Allí se señala que más de la mitad de los reos de la cárcel siniestrada estaba todavía sin ser enjuiciada ni había recibido sentencia.
El incendio del penal hondureño, donde fallecieron 377 reos, se transformó en la mayor tragedia ocurrida en centros penitenciarios latinoamericanos en los últimos 25 años.
Según la nota publicada por el diario La Tercera, los siniestros más lamentables de los últimos años son los siguientes:
18 y 19 de junio de 1986: Al menos 250 muertos, según cifras oficiales, en un motín coordinado de presos que pertenecían a las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso y Tupac Amaru en tres penales de Lima, de Santa Bárbara y El Callao.
2 de octubre de 1992: Murieron 111 presos en un motín y más de un centenar resultó heridos en la Casa de Detención de Sao Paulo, en Brasil. El incidente motivó la película de Hector Babenco en 2003, Carandiru.4 de enero de 1994: Fallecieron 120 reclusos y 20 resultaron heridos en un motín seguido de un incendio en la prisión venezolana de Sabaneta, en Maracaibo.
17 de mayo de 2004: 107 reclusos murieron, la mayoría pandilleros de la Mara Salvatrucha, y 26 resultaron heridos en un incendio registrado en el presidio de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. La versión oficial apuntó a un cortocircuito, mientras que los reos acusaban intencionalidad de las autoridades.
7 de marzo de 2005: Perdieron la vida 135 personas en un incendio en la prisión de Higuey, al este de Santo Domingo (R. Dominicana), que se produjo tras un enfrentamiento entre bandas rivales de presos.
8 de diciembre de 2010: 81 reclusos de la cárcel de San Miguel perdieron la vida producto de un incendio que se generó luego de una pelea entre reclusos, en la mayor tragedia carcelaria de la historia de Chile.
15 de febrero de 2012: Ya van 377 reos fallecidos –y contando– en el incendio de la Granja Penal de Comayagua, una cárcel de la región central de Honduras, según fuentes oficiales.
El conteo anterior demuestra que, a diferencia de lo que señalaba el presidente Funes, no es un tema sólo centroamericano. En Chile, el incendio de la cárcel de San Miguel de diciembre de 2010 reveló ante la opinión pública la precaria realidad de los centros penitenciarios chilenos, tan hacinados como los de Centroamérica. En el caso de Honduras ha ocurrido lo mismo.
“Honduras tiene 24 prisiones, con capacidad para 8 mil reos. Tiene la mayor tasa de homicidios del mundo y una de las tasas de impunidad más altas del continente. Y aún así, hay unos 12.500 reos en el sistema”, señala el periodista salvadoreño Carlos Dada en una columna del diario El País.
En el caso de Chile, las cifras que aparecieron en los medios tras la tragedia de de la cárcel de San Miguel no dejan de sorprender. Un informe de la Corte de Apelaciones de San Miguel reveló que sólo 100 gendarmes, divididos en tres turnos, cuidaban a los 1.924 reos al interior del penal que el 8 de diciembre se vio envuelto en llamas. El penal solo tiene capacidad para 800 personas.
Según un artículo del medio Cambio21, el Ministro de Justicia, Teodoro Rivera, aseguró que el penal de San Miguel ha tenido cambios notables, uno de ellos es que su población se disminuyó a los 1.500 reclusos. Según el mismo medio, se han invertido cerca de $ 1.200 millones en el penal. Además, hoy alberga a 155 mujeres y se espera que se convierta en la segunda cárcel para mujeres de la Región Metropolitana, puesto que “el actual Centro Penitenciario Femenino (CPF) que tiene tasas de hacinamiento cercanas al 100%”.
Para colaborar con la tragedia ocurrida en Honduras, un equipo de especialistas del Servicio Médico Legal (SML) viajó al país centroamericano para colaborar en las tareas de identificación de los cuerpos. Sin embargo, a diferencia del trabajo que hizo el SML tras el incendio en la cárcel de San Miguel, con el doctor Patricio Bustos a la cabeza, este será bastante más complejo, ya que en Honduras recién hace dos años se está implementando un registro civil. Es decir, no toda la población hondureña cuenta con registros dactilares o fotográficos que colaboren en la identificación de los cuerpos. En caso de que lo anterior no resulte, los especialistas tendrán que recurrir a la genética, proceso que es más lento y para ello habrá que utilizar laboratorios adicionales al de Honduras.
El equipo del SML permanecerá entre 7 a 10 días, posteriormente se analizará el recambio o refuerzo de profesionales.
Ver foto galería de diario El Comerio de Ecuador
-
16.02
2012La batalla de Aysén para poner fin a su aislamiento
Aysén está en pie de guerra. Al principio, eran sólo los pescadores artesanales. El lunes 13 de febrero, 50 de ellos se tomaron el aeródromo de Melinka porque decían que la Ley de Pesca que se está discutiendo en el Congreso los perjudica, mientras que a los industriales pesqueros los favorece al entregarles los recursos por los próximos 25 años. “Nos coarta nuestro derecho a pescar”, aseguraban según The Clinic. También reclamaban que la intendenta Pilar Cuevas había incumplido su promesa de mejorar sus condiciones, que ahora ni siquiera les contestaba el teléfono y que más encima, se había ido de vacaciones. Un día después, ya no estaban solos.
Ayer por la mañana, la ruta que conecta Aysén con Chacabuco también fue tomada. Además de los pescadores, en la movilización estaban representados los empleados fiscales de la zona, la CUT, Patagonia sin Represas y distintas organizaciones sociales. Para ese momento, el rechazo a la nueva Ley de Pesca era sólo un punto en el listado de demandas que los habitantes la zona, una de las más aisladas del país, consideran como una deuda que tiene con ellos el Estado.
Los cerca de 3.000 manifestantes que han salido a las calles exigen el subsidio a los combustibles, salud de calidad, equidad laboral, plebiscitos vinculantes para decidir sobre la construcción de represas, una universidad pública regional, la regionalización de los recursos naturales y una rebaja sustantiva a los altos precios de productos básicos debido al aislamiento de la zona. Y esa son sólo algunas de las demandas incluidas en el documento que preparó el Movimiento Social por la Región de Aysén y que hoy publicó El Dínamo.
Fue cosa de tiempo para que los manifestantes se enfrentaran con Carabineros y la movilización se transformara en otro episodio de violencia (ver fotos) que, por supuesto, fue condenado por el gobierno, no tanto por el actuar de Carabineros, sino que porque no era la forma adecuada de manifestarse. Debido a los incidentes, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, llegará hoy la zona para iniciar las negociaciones que den término a las protestas. Su visita quedó programada tras el llamado que realizaron los dirigentes de la pesca artesanal, entre ellos Honorino Angulo, quien exigió a las autoridades hacerse presente en la XI Región para solucionar sus demandas.
Angulo señaló a Canal 24 Horas (TVN) que “en el sector de Puerto Aysén han salido cerca de 3 mil personas a la calle y esperamos que se nos unan las ciudades de Puerto Aguirre, Puerto Cisne, Chile Chico y alrededores que piden reivindicarse como comunas”. Los manifestantes, durante el día de ayer, tuvieron bloqueada la ruta 240 que conecta con Coyhaique. Esto provocó alarma en la zona por un posible desabastecimiento de combustibles, por lo que decenas de automovilistas se agolparon en las estaciones de servicio.
El dirigente señaló que han tomado como ejemplo el movimiento en Punta Arenas de enero de 2011, cuando los magallánicos protestaban por las alzas en los precios del gas. En este caso, los aiseninos pretenden obtener un subsidio permanente a los combustibles, ya que según señaló Angulo, el litro de bencina llega hasta los $1.100 lo que impide el desarrollo en la zona.
Es por este conjunto de antecedentes que el dirigente sindical hizo un emplazamiento a los ministros de Hacienda, Economía y Trabajo para que se presenten en la región a solucionar las exigencias.
“El intendente y la gobernadora están de vacaciones, no tenemos otra autoridad en la región y en este momento, para estos temas tan importantes no necesitamos de intendencia ni gobernación. Necesitamos de un ministro. Aquí necesitamos al ministro de Hacienda, el ministro de Economía y el ministro del Trabajo, que son los tres ministros que vendrían a solucionar el problema. Necesitamos personas que resuelvan el problema, no que lo sigan arrastrando”, señaló Angulo a La Tercera.
Las mismas palabras tuvo la alcaldesa de Aysén, Marisol Martínez, quien hizo un llamado a los ministros de Economía e Interior, Pablo Longueira y Rodrigo Hinzpeter, a solucionar el entuerto, ya que “las autoridades de la zona no tienen peso para resolver el conflicto”.
Ante el descontrol en la zona, la respuesta del gobierno no se hizo esperar. El ministro Longueira señaló a radio ADN que los aiseninos no están abandonados y aseguró que “aquí claramente hay otro tipo de motivaciones, hay una coordinación que se observa desde Santiago de organizaciones que están detrás de esto”.
Por otro lado, el senador por la región de Aysén, Antonio Horvarth (RN) explicó en una entrevista telefónica a CNN Chile que las demandas son pertinentes, destacando que se está pidiendo una mayor injerencia de la administración y la regionalización de los recursos naturales. Además, explicó que las demandas de los pescadores de la zona son justas, puesto que los pescadores de otras áreas depredan el mar de la zona sin previas fiscalizaciones.
“En el caso de los pescadores artesanales, el ministro de economía tiene más injerencia en la Ley de Pesca para regionalizar los recursos. Eso es perfectamente válido, pero si lo hace el subsecretario del Interior, tiene la misma validez. Ahora las otras peticiones de la baja de los costos de los combustibles o la instalación de las especialidades médicas en los hospitales, una universidad para la región, bajar la canasta, en fin, todas esas cosas son más bien resorte de Interior o tiene la capacidad como jefe de gabinete de aunarlas. Así que me parece mejor que venga el subsecretario del Interior. Además, hay un tema de orden público en el cual hay que poner un equilibrio entre las personas que están protestando y la acción de Carabineros, porque fue una acción bastante desmedida, con perdigones lanzados a los cuerpos de los dirigentes; eso no se hace. Y lo que se le pide a Carabineros es que mantenga las características de la protesta dentro de lo pacífico y reduzca las fuerzas delictuales que siempre se aprovechan de estas situaciones”, señaló el senador.
La reunión entre el subsecretario Ubilla y los dirigentes había sido programada programada para las 17 horas de hoy, sin embargo, en horas de la tarde fua aplazada para las 18:30 horas. Ubilla dijo a CNN Chile que “ahí veremos cómo seguimos”, puesto que a su juicio no es bueno empezar con predefiniciones. Esta será la segunda reunión tras la ocurrida ayer entre los dirigentes y la Intendenta de la región, Pilar Cuevas, quien tuvo que interrumpir sus vacaciones para hacerse presente en el conflicto.
-
15.02
2012Las implicancias políticas de las formalizaciones por el “Caso Tsunami”
A sólo un par de semanas de que se cumplan dos años del azote del tsunami del 27 de febrero, el Ministerio Público anunció que formalizará a ocho personas por cuasidelito de homicidio. Además de los seis funcionarios técnicos de la ONEMI y el SHOA, entre los personajes figuran dos representantes políticos de la administración pasada: el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y la entonces directora de la ONEMI, Carmen Fernández.
Los imputados, a juicio de la fiscal Solange Huerta, serían responsables de la falta de alerta que terminó con 156 muertos y 25 personas desaparecidas. La formalización quedó agendada para el próximo 7 de mayo y, en el caso de ser encontrados culpables, arriesgan penas que van desde los 61 días hasta los tres años de cárcel que, por no tener antecedentes, los imputados podrían cumplir en libertad.
Aunque han visto la presencia de Rosende y Fernández entre los ocho formalizados como algo positivo, como la ratificación de que las responsabilidades políticas también pueden ser penales, para la Alianza fue decepcionante la ausencia en la nómina de la persona a la que le endosan la mayor responsabilidad en la seguidilla de errores de aquella madrugada: la ex Presidenta Michelle Bachelet.
Por eso, a través del senador Víctor Pérez, la UDI exigió a “quienes lideraban el país” –en una clara alusión a Bachelet y sus ministros– que pidieran disculpas públicas. El parlamentario aseguró que las ex autoridades de la Concertación “deben asumir la responsabilidad política que tienen ante la fallada alerta de tsunami (…) y ante los hechos que está demostrando la justicia, sean capaces de pedir perdón a las familias de las víctimas y a todos los chilenos”.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, también emitió declaraciones en esa línea. Para él, resulta cuestionable que las autoridades no asuman su responsabilidad política y se desliguen del tema mientras que miembros de su equipo se enfrentan a la justicia.
“Creo que el país, y esto es lo más importante, la ciudadanía se va a formar una opinión respecto de las responsabilidades políticas que puedan haber. ¿Y sabe cuándo se ejercen y se hacen nítidas estas responsabilidades políticas? Bueno, en las elecciones. Ese es el momento en que los ciudadanos hacen valer sus juicios”, enfatizó.
En enero, el abogado querellante por las familias de las víctimas, Raúl Meza, ya había anunciado su interés en que las formalizaciones no sólo fueran a funcionarios técnicos. Para ellos era esencial que la fiscal Huerta incluyera a las máximas autoridades políticas de la época, incluyendo a Bachelet.
“Todo el país fue testigo de que la ex Presidenta fue la primera que anuncia al país, y en torno a ese anuncio se tomaron decisiones, que se descarta la posibilidad de tsunami”, dijo el abogado.
En todo caso, la fiscal Huerta explicó que si Bachelet no fue incluida en la lista de personas a formalizar, fue porque “lo que estamos investigando son responsabilidades del tipo penal, es decir, saber qué personas tenían responsabilidad técnica en la toma de decisiones, técnica”. La funcionaria del Ministerio Público fue categórica en señalar que la investigación se ciñó estrictamente al cumplimiento de los protocolos establecidos para las situaciones de emergencia y que el plan de la ONEMI “no establece una responsabilidad para los Presidentes o ex Presidentes de la República”.
Ayer, el portal de Radio Bío Bío publicó por partes un video de dos horas que muestra lo que ocurrió en la ONEMI después del terremoto. En las imágenes aparecen tanto ex autoridades de gobierno como autoridades de la ONEMI en medio del caos. Ese mismo video pasó antes por las manos de Huerta, lo que la ayudó a definir los nombres de los formalizados.
El camarógrafo que capturó la escena, el ex director del departamento audiovisual de la ONEMI, Jorge Tapia, declaró hoy a La Segunda: “Desgraciadamente grabé a Rosende cuando dijo en tres oportunidades que no había tsunami. La primera vez, a las 5 de la mañana, yo le creía. Pero una hora después, cuando volvió a hacerlo, yo pensaba esto no puede ser, si las radios dicen otra cosa”.
-
08.02
2012La persecución judicial al juez Garzón por investigar crímenes del franquismo
Poco menos de un año antes de morir, en septiembre de 2009, el escritor José Saramago publicó una dura columna de opinión en el diario El País. Allí se refería a las 114.266 personas que una investigación judicial había catastrado como víctimas de asesinatos y desapariciones ocurridas en España entre julio de 1936 y diciembre de 1951, en el curso de la Guerra Civil española y, después, durante la dictadura del general Francisco Franco. También hablaba de la deuda del Estado español, “que ignora a sus propias víctimas, somete a tormentos (según la indicada doctrina del Tribunal Europeo) a sus familiares y desoye las obligaciones contractuales internacionales dimanantes de tratados y convenios suscritos e incorporados a su ordenamiento jurídico”. Y agregaba:
“La obligación de investigar, juzgar, castigar y reparar se ha obviado, de forma incoherente, en España. Peor aún, el único juez, Baltasar Garzón, que ha cumplido, con apego a la ley, coherencia, valentía y riesgos evidentes con el deber de contribuir a satisfacer las demandas de las víctimas, se encuentra cuestionado e imputado por quienes tendrían el deber ineludible de propiciar que España honre sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
Hoy resulta raro ver a Garzón, el hombre que logró la detención de Pinochet a fines de los ’90 en Londres –lo que dio inició una nueva era en el derecho internacional que llevó a muchos ex dictadores a quedarse en sus casas–, sentado en el banquillo de los acusados.
El 23 de enero, El Mundo publicó las claves de las tres causas que Garzón enfrenta ante el Tribunal Supremo, todas por prevaricación. Y la primera de ellas, a la que Saramago se refería en su columna, esta semana entró en la recta final. El delito que se le imputa: investigar los crímenes del franquismo. Un hecho que The New York Times calificó como una “ofensa a la justicia y a la historia”.
Las asociaciones de ultraderecha Manos Limpias y Libertad e Identidad lo acusaron de atribuir a personas fallecidas delitos que habían prescrito, estaban amnistiados y que, además, no eran competencia de la Audiencia Nacional. La justicia española acogió la querella y, aunque la persecución judicial ha sido criticada por jueces y fiscales en todo el mundo y a pesar de que la Fiscalía española y la defensa del juez han pedido la nulidad del juicio y su absolución, todo ha seguido su curso. Hoy Garzón, que cuenta con el apoyo del a ciudadanía, se arriesga a que el Tribunal Supremo lo inhabilite por hasta 20 años.
Hasta ayer, se desarrolló la fase testimonial del juicio a Garzón. Entonces comenzaron a surgir las historias de los familiares que recurrieron a Garzón en busca de justicia, ya que lo consideraban como “la última vía para cerrar heridas”.
José Pérez (76) estaba citado a declarar ayer para explicar en el Supremo por qué denunció en 2007 en la Audiencia Nacional la desaparición de su madre, pero no pudo ir porque estaba enfermo. Sí llegó María Martín (81), a quien le preguntaron ante el tribunal: “¿A usted la han ayudado hasta ahora a encontrar a su madre?”. Su respuesta fue breve y lapidaria: “No”, dijo con su voz que parece estar apagándose.
Cuando le tocó hablar a Fausto Canales, contó que el 20 de agosto de 1936 un grupo de falangistas entró en siete domicilios del pueblo, uno el de su padre. Fausto tenía dos años. Los detenidos fueron fusilados de madrugada. Y Olga Alcega aseguró que no tenía ningún afán de venganza, sino que lo único que pretendía era saber por qué mataron a su abuelo y quiénes lo hicieron. También declaró Antonio Solsona, cuyo padre también fue desaparecido por darle pan y huevos a los maquis.
Esos son sólo algunos de las decenas de casos que expuso la defensa de Garzón en el juicio, aunque no sólo llegaron allí para defender a Garzón, sino que también para exigirle a la justicia que los ayude a encontrar a sus familiares.
El acusado también declaró ante los magistrados del Tribunal Supremo:
“No es cuestión de ideología, sino de que me correspondió un asunto e hice lo que creía que tenía que hacer acomodándome a las leyes nacionales e internacionales”, dijo.
Luego de terminada esa fase, hoy el proceso debería quedar listo para la sentencia.
-
06.02
2012Sueldos mínimos en Bahía Coique
Dos trabajadoras del complejo turístico Bahía Coique, de propiedad del Presidente Sebastián Piñera, le reclamaron ayer al mandatario por los bajos sueldos que, según denunciaron, se pagan en ese lugar.
Según consignó radio Bío Bío, el incidente ocurrió mientras Piñera asistía a la misa dominical de la capilla de Bahía Coique, donde actualmente pasa sus vacaciones, en la Región de Los Ríos. Al lugar llegaron Luz Herrera y otra mujer cuya identidad se mantuvo en reserva, quienes aprovecharon la presencia de los medios de comunicación para quejarse ante el Presidente por los bajos sueldos y jornadas excesivas de los trabajadores del complejo turístico:
-El presidente dice que su gente es bien pagada y eso es mentira. Nosotros ganamos un sueldo mínimo miserable. No nos alcanza para nada. Yo tengo tres hijos y no me alcanza con 145 lucas -indicó una de las mujeres.
Luz Herrera, la trabajadora que dio su nombre, enfatizó:
-Él viene a vacacionar, a pasarlo bien, y nosotros seguimos trabajando hasta el día domingo y nos pagan un miserable sueldo. Nos sentimos discriminadas por eso, porque somos trabajadoras como cualquier persona. Ustedes comprenderán que con $145 mil… ¿qué hace una madre soltera?
Ambas mujeres entregaron una carta al periodista de radio Bío Bío donde exponen otros supuestos abusos laborales, como que no cuentan con horas de descanso, seguro contra accidentes ni botiquines en su lugar de trabajo.Consultados por los medios a la salida de la misa en Bahía Coique, ni Piñera ni su esposa, Cecilia Morel, quisieron referirse a la protesta de las trabajadoras. Posteriormente, en la tarde de ayer, de acuerdo a una versión difundida por el diario electrónico El Mostrador, un asesor de prensa del mandatario se comunicó con ese medio digital para aclarar que las dos mujeres no “encararon” al Presidente, como lo había informado radio Bío Bío, sino que conversaron con él y con parte de su comitiva, a quienes comentaron la situación laboral que vivían. En esa instancia, dijo el asesor, Piñera se habría comprometido a revisar el asunto con el administrador del lugar.
De acuerdo al sitio web del complejo turístico, Bahía Coique “es un proyecto inmobiliario con instalaciones y servicios de primer nivel”, entre los que destacan un club de golf con cancha de nueve hoyos, dos canchas de tenis, cuatro piscinas, servicio de marina, paseos con pesca de arrastre, restaurant y pub-discoteque, entre otros. Ubicado en el sector de Lago Ranco, en la comuna de Futrono, actualmente ofrece en venta y arriendo 35 departamentos completamente equipados desde los 80 hasta los 146 m2, y loteos entre los 1.500 y 2.000 m2.
-
03.02
2012Wislawa Szymborska y su gato frente a la muerte
Ayer murió, a los 88 años, Wislawa Szymborska, y así lo anunció El País de España: “Los que se preguntan para qué sirve el premio Nobel encontraron una respuesta en octubre de 1996. Ese año el secretario de la Academia Sueca nombró a una poeta polaca cuyo apellido todavía estamos aprendiendo a pronunciar. Wislawa Szymborska falleció este miércoles a los 88 años en su casa de Cracovia. Los que suelen dudar del olfato de los académicos de Estocolmo tuvieron que darles la razón cuando leyeron a una autora cuya poesía está hecha de una mezcla de emoción e ironía, metafísica y cotidianidad”.
Szynborska, poetisa polaca, mujer admirada en el mundo por su delicadeza y su ironía. Para los que la leyeron con gozo, este recuerdo on-line; para los que no, qué lástima que la conozcan de esta manera. Este íntimo poema lo memorizan los niños polacos en la escuela. En él, Szymborska nos enseña que frente a la muerte, todos somos un poco gatos.
Un gato en un piso vacío
Morir, eso no se le hace a un gato.
Porque, ¿qué puede hacer un gato
en un piso vacío?Trepar por las paredes.
Restregarse contra los muebles.
Parece que nada ha cambiado,
y, sin embargo, ha cambiado.
Que nada se ha movido,
pero está descolocado.
Y por la noche la lámpara ya no se enciende.Se oyen pasos en la escalera,
pero no son ésos.
La mano deja pescado en el plato
tampoco es la que lo ponía.Hay algo que no empieza
a la hora de siempre.
Algo no sucede
como debería.
Alguien estaba aquí, estaba siempre,
y de repente se fue
y se empeña en no estar.Se ha buscado ya en los armarios,
se han recorrido los estantes.
Se ha comprobado bajo la alfombra.
Incluso se ha roto la prohibición
de esparcir papeles.
¿Qué más se puede hacer?
Dormir y esperar.Ya verá, cuando regrese,
ya verá, cuando aparezca.
Se enterará de que no son maneras
de tratar a un gato.
Se irá hacia él
como quien no quiere la cosa,
despacito,
con las patas muy ofendidas.
Y nada de brincos ni maullidos al principio.Algunos de sus poemas se pueden leer en recopilaciones realizadas por sus seguidores en Internet, en la web de poesía A media voz y en la página del Premio Nobel, en donde se han subido algunos de sus textos en inglés, polaco y sueco, además de su discurso al recibir el galardón.
Su historia, sus ideas y su sencillez se han plasmado en decenas de entrevistas que Szymborska concedió a medios de todo el mundo tras recibir el Nobel, reconocimiento al que irónicamente ella llamaba “la catástrofe”. Una de estas entrevistas la dio al diario La Nación de Argentina, en el que se explaya sobre el proceso de creación artística y su gran motivación para escribir: “Todos mis poemas nacen del amor. Diría incluso que todos los poemas nacen del amor; incluso aquéllos que transmiten el mal tienen en el fondo una forma de amor hacia el mundo. Estoy totalmente convencida… Y si no es así, lo siento por esos poetas”.
También se pueden encontrar entrevistas a Szymborska en el periódico inglés The Guardian y en el español La Vanguardia.
Uno de sus grandes poemas es “Fin y principio”, un texto que reflexiona sobre la post guerra y la reconstrucción, sin dejar atrás la importancia de la memoria en quienes se quedan a “echar los escombros a la cuneta” y en aquellos muy jóvenes para recordar.
Fin y principio
Después de cada guerra
alguien tiene que limpiar.
No se van a ordenar solas las cosas,
digo yo.Alguien debe echar los escombros
a la cuneta
para que puedan pasar
los carros llenos de cadáveres.Alguien debe meterse
entre el barro, las cenizas,
los muelles de los sofás,
las astillas de cristal
y los trapos sangrientos.Alguien tiene que arrastrar una viga
para apuntalar un muro,
alguien poner un vidrio en la ventana
y la puerta en sus goznes.Eso de fotogénico tiene poco
y requiere años.
Todas las cámaras se han ido ya
a otra guerra.A reconstruir puentes
y estaciones de nuevo.
Las mangas quedarán hechas jirones
de tanto arremangarse.Alguien con la escoba en las manos
recordará todavía cómo fue.
Alguien escuchará
asintiendo con la cabeza en su sitio.
Pero a su alrededor
empezará a haber algunos
a quienes les aburra.Todavía habrá quien a veces
encuentre entre hierbajos
argumentos mordidos por la herrumbre,
y los lleve al montón de la basura.Aquellos que sabían
de qué iba aquí la cosa
tendrán que dejar su lugar
a los que saben poco.
Y menos que poco.
E incluso prácticamente nada.En la hierba que cubra
causas y consecuencias
seguro que habrá alguien tumbado,
con una espiga entre los dientes,
mirando las nubes. -
27.01
2012Corte ecuatoriana suspende juicio de Rafael Correa contra diario El Universo
Sin fecha se encuentra la audiencia final de la Corte Nacional de Ecuador que ratificará o rechazará la demanda interpuesta por el Presidente Rafael Correa contra los directivos del diario El Universo. Esto luego de que la diligencia fijada para el pasado martes 24 de enero fuese pospuesta producto de la enfermedad de Enrique Pacheco, uno los tres jueces designados en el caso: “No quiero que ninguna de las partes se sienta lesionada al designar una persona que carece del conocimiento del proceso”, indicó el titular de la Corte, Luis Quiroz. El pasado 20 de septiembre, un tribunal de apelaciones de Ecuador ya había condenado a tres directivos del medio a tres años de cárcel y al pago de US$ 40 millones como indemnización.
La demanda por injurias interpuesta por Correa en marzo de 2011 tiene como base el artículo de opinión escrito en febrero de ese año por el ex editor de El Universo, Emilio Palacio, quien acusó al mandatario de “haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente” mientras estuvo retenido en ese recinto por tropas insurrectas de la Policía Nacional el 30 de septiembre de 2010. Correa, quien niega tajantemente las acusaciones de Palacio, exige 10 años de cárcel y el pago de US$ 80 millones por parte de los directivos del diario.
El lunes pasado el director de El Universo, Carlos Pérez, hizo eco de las disculpas exigidas por Correa para retirar la demanda, poniendo como condiciones para entregarlas el cumplimiento efectivo de la ley de acceso a la información pública, el cese de todas las demandas iniciadas contra periodistas ecuatorianos y la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el nuevo proyecto de ley de comunicación. En su Twitter, el mandatario rechazó rotundamente la propuesta de Pérez, aduciendo que “sólo la torpeza supera la soberbia de estos señores: Si deben disculparse por sus monstruosas calumnias, ¿por qué ponen condiciones?”.
Diversos medios hispanoamericanos como el diario El País de España y organizaciones de derechos humanos han solicitado al gobierno de Ecuador desistir de la demanda contra El Universo, destacando el informe entregado este mes por Human Rights Watch que resalta el caso como un ejemplo de que “las leyes penales de difamación que restringen la libertad de expresión siguen en vigor y Correa las ha utilizado en varios ocasiones contra sus críticos”. La ONG además manifiesta su temor respecto del proyecto de ley de comunicación impulsado por el gobierno ecuatoriano, expresando que “prevé sanciones que suponen restricciones irrazonables para la libertad de expresión y que podrían permitir una interferencia indebida en el trabajo de los medios de comunicación”.
-
25.01
2012Diputados sacan del proyecto de Ley Antitabaco el artículo que prohibía fumar en pubs y restaurantes
La tramitación la semana pasada del proyecto de Ley Antitabaco en la Cámara Baja, ha generado una serie de reacciones al interior del Congreso y también en las organizaciones civiles. La discusión se ha centrado en la remoción del artículo que pretendía garantizar “espacios 100% libres de humo” en lugares públicos cerrados, tales como bares, casinos, restaurantes y discotecas. Específicamente, este punto fue rechazado por 47 diputados de diversas bancadas, contó con 42 votos a favor y 11 abstenciones.
La ley actual sólo establece la separación de zonas para fumadores y no fumadores en este tipo de lugares. La iniciativa desestimada por los diputados era mucho más restrictiva. Entre los parlamentarios y las organizaciones civiles relacionadas con el tema existen dos posturas frente al polémico artículo. Para algunos es importante no transgredir el derecho ni la libertad de acción de los fumadores en lugares públicos cerrados y otros ponen el acento en el deber del Estado de velar por la salud de los chilenos, especialmente de los trabajadores de estos recintos expuestos al humo.
La diputada Karla Rubilar (RN) afirmó en una nota de La Segunda que el espíritu del proyecto de ley no se está cumpliendo, al permitir que se pueda fumar en espacios públicos cerrados. “Chile está incumpliendo los convenios internacionales a los que se ha comprometido. Y, lo más grave, se daña la salud de la población al ser tan permisivos”, agregó. En cambio, su par de la UDI, Felipe Salaberry se mostró a favor del resultado de la votación: “sin perjuicio de la libertad de las personas por evitar el humo, se debe respetar que en aquellos lugares de esparcimiento público, como restaurantes y bares, pueda haber legítimamente un sector fumador, tal como se estableció hace años”, concluyó.
Una opinión completamente diferente a Salaberry tiene la Presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, Carolina Herrera. Según explicó Herrera, en una carta enviada a La Tercera, la exclusión de este artículo es “inexplicable” y significa retroceso, ya que por primera vez, se habría logrado que distintas posturas consensuaran un proyecto en conjunto: “La excepción a esta consideración votada por los diputados constituye una amenaza a la integridad de la ley en modificación, porque vulnera el derecho a la salud de trabajadores de pubs y restaurantes, al exponerlos involuntariamente a ambientes con humo de tabaco”.
La organización Red Chile Libre de Tabaco, dirigida por Sonia Cobarruvias, también criticó la medida. Al igual que el Presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, quien lamentó y llamó a pensar en los empleados que puedan verse afectados por el humo. “Se debe pensar en la salud de los usuarios, como también de los trabajadores que están expuestos al humo en estos locales. Puede haber el caso de una mesera que esté embarazada y trabajando en el comercio donde se puede fumar. ¿Quién pagará a los trabajadores por un tratamiento por el daño a la salud que tendrán?”, reflexionó.
-
12.01
2012La colusión de las radios
Primero fueron las farmacias, luego los buses interurbanos, luego se sumó la denuncia de los pollos y ahora les tocó a las radios. El pasado 22 de junio del 2011 el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) sentenció a diez empresas radiales por colusión para obtener las concesiones de espacios en la banda FM en las localidades de Alerce, Coyhaique, Los Vilos, Pichidangui, Llay Llay, Iquique, Antofagasta, La Serena y Pichilemu.
El miércoles pasado la Corte Suprema ratificó el fallo del TDLC en contra de las empresas Radio Bio Bio, Corporación de Radio Valparaíso Limitada (perteneciente a El Mercurio), Transco S.A., Sociedad de Inversiones Santa Ignacia Limitada, Radio Corporación S.A., Inversiones San José Limitada, Altronix Comunicaciones Limitada y Empresa Nacional de Transmisiones y Duplexiones Limitada, además de los ejecutivos Cristián Wagner Muñoz y Claudio Toro Arancibia.
Nueve de las firmas, a excepción de Radio Bío Bio, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica que les permitió rebajar el monto de las sanciones, al asumir su responsabilidad en la colusión. El monto total que deberán pagar las empresas radiales alcanza a 285 millones de pesos.
La Fiscalía Nacional Económica acreditó que las radios lograban eliminar la competencia al postular a las concesiones a través de licitación, llegando a un acuerdo y pagando a sus competidores antes de presentar sus propuestas económicas, tal como lo describió The Clinic en junio pasado. En su nota, Radio Cooperativa consignó que “la sentencia puntualizó que una conducta constituye colusión aún cuando alguna de las requeridas no tuviese conocimiento de los convenios celebrados por otras requeridas”.
La Radio Bío Bio publicó en su web la noticia del fallo de la Corte Suprema, consignando que la radio “ha insistido en su inocencia”. Nibaldo Mosciatti, jefe de prensa y socio de Bío Bio, señaló en la nota difundida por la emisora:
-Cometimos un error, pero sin intención de coludirnos. Por eso apelamos. El resto de condenados reconoció haberse organizado para participar mañosamente en las licitaciones repartiéndose las frecuencias y pagando precios irrisorios. El acuerdo a que llegaron con la Fiscalía Nacional Económica es parte del reconocimiento de la colusión. Nuestro error fue conversar con uno de los actores de esa colusión, sin participar de ella, pero obteniendo una ventaja de la que ni siquiera nos dimos cuenta, porque pagamos el valor de mercado.