En los primeros siete años de la Clasificación no se aborda con detalle la situación de nuestro país. Sólo en sus últimos tres informes RSF entrega algunas líneas de análisis sobre la situación de la libertad de prensa en Chile, las que se resumen en una ficha publicada en el sitio web de la organización: ahí, pese a catalogarnos como un país de “situación satisfactoria” en la materia, también se exponen gruesos matices que pasamos a revisar.

En 2009, nuestro país se situó en la posición 39 de la Clasificación Mundial, subiendo 17 puestos en relación a la medición del año anterior. Después de Uruguay, nuestro país era el mejor evaluado de la región. Pese al positivo balance, RSF constató que la concentración de medios, la carencia de una legislación relativa a los medios comunitarios o la situación de las comunidades indígenas era un factor de preocupación.

También se mencionaron las agresiones y hostigamientos de carabineros a miembros de la prensa, específicamente el daño ocular sufrido por Víctor Salas, fotógrafo de la agencia EFE, y la detención de la documentalista Elena Varela y la confiscación de su material audiovisual sobre comunidades mapuches.

¿Cuál fue el desenlace de estos casos? Varela fue dejada en libertad en abril de 2010, luego que el Tribunal Oral de Villarrica desestimara las acusaciones de asociación ilícita y robo con violencia, mientras que el 27 de enero de 2012 la Fiscalía Militar de Valparaíso condenó a 541 días de presidio al carabinero que golpeó a Salas, causándole la pérdida de visión en su ojo derecho.

El 2010, año del Bicentenario, Chile escaló hasta el lugar 33 del ranking, logrando su mejor posición desde 2002 (lugar 24) y superando a Uruguay (lugar 37). En esta evaluación RSF no detalló avances o retrocesos específicos, aunque sí constató que a nivel regional persistía la concentración mediática, las persecuciones judiciales y las restricciones de coberturas.

El turbulento 2011, crispado por las masivas movilizaciones estudiantiles y ciudadanas a nivel mundial, generó un primer llamado de atención por parte de RSF a mediados de año. Luego de una visita de inspección a nuestro país, la organización divulgó un reporte donde advertía la existencia de una “burbuja mediática estremecida por la ebullición ciudadana”.

La principal preocupación de RSF, al igual que el 2009 y el 2010, recayó en la escasa variedad de la oferta informativa, una de las herencias de la dictadura junto a los modelos económico y político. Criticaba —y alertaba— el reporte: “Veinte años de poder de la Concertación de Partidos por la Democracia mantuvieron una extrema concentración de los medios de comunicación, con grandes conflictos de interés y obstáculos al pluralismo. La burbuja mediática, ¿estará a punto de estallar?”.

El golpe de gracia para este diagnóstico llegó a comienzos de este año, cuando se divulgó la Clasificación Mundial correspondiente al 2011. El balance fue lapidario: Chile cayó 47 puestos en relación a la medición anterior, pasando del lugar 33 al 80. Para RSF el errático manejo de las fuerzas policiales frente a las movilizaciones estudiantiles explica la baja, y equiparó nuestra realidad a la experimentada por EE.UU. (47°, bajó 27 puestos) y Brasil (99°, descendió 41 lugares), que también vivieron el fervor ciudadano.

“En Chile —donde la revuelta estudiantil también cuestionó la extrema concentración de los medios de comunicación—, a la violencia contra los periodistas se sumaron atentados contra redacciones, ataques físicos y en línea. Mucha de esta violencia se debió a los abusos de carabineros, que rara vez fueron sancionados, y quienes también cometieron brutales detenciones y destruyeron material de periodistas”, dice el informe de la Clasificación.

La sorpresa del Ministro Chadwick –más allá de la retórica– debe ser desestimada. Los indicadores de la Clasificación han confirmado las amenazas de siempre a la libertad de expresión: la concentración de la oferta informativa y de los medios de comunicación. La concentración debe entenderse en términos de oferta ideológica y no en materia númerica, es decir, cuántos medios existen y operan. Este factor no ha mejorado para Chile en cada nueva edición de la Clasificación. Se trata, en consecuencia, de un factor estructural de amenaza a la libertad de expresión, latente desde la clausura de medios decretada tras el golpe de Estado y que no logró atenuarse durante los gobiernos de la Concertación.

El otro factor relevante, en el caso del 2011, es la violencia policial y la seguridad de los periodistas y de otros profesionales para realizar su labor. Aquí la amenaza a las libertades informativas es latente y se dispara en casos de masivas manifestaciones. El modelo de control del orden público y sus deficiencias acentúan los peligros para la libertad de expresión, especialmente cuando se cubren protestas callejeras y movilizaciones sociales. El uso de la fuerza, por parte de Carabineros, puede incurrir en el tipo penal de “violencias innecesarias”.

El juicio de estas conductas, sin embargo, se ha confiado –desde siempre– a los tribunales militares. Estas instancias jurisdiccionales resuelven las causas en el marco del antiguo proceso penal, bajo el mítico “secreto del sumario” y decididos por jueces que integran los escalafones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Se trata de algo que hemos denunciado con anterioridad. El control judicial del abuso de poder policial es, en consecuencia, estructuralmente deficitario: por un lado, el proceso penal militar no satisface las exigencias mínimas de transparencia y publicidad; por otro, los magistrados que deciden las causas carecen de circunstancias objetivas de independencia e imparcialidad.

Según el Ministro Chadwick, “el gobierno tiene como un punto fundamental el respeto absoluto por la libertad de prensa, la libertad de expresión, y el trabajo que realizan los medios de comunicación.” Dicho compromiso, sin embargo, debe manifestarse en la modificación de los impedimentos estructurales que actualmente afectan a las libertades informativas en nuestro país. De lo contrario, las amenazas a estas libertades democráticas permanecerán latentes y explotarán de un momento a otro, tal como ocurrió el 2011.

Para construir la sede de la UNAB y del AIEP fue necesario que se demolieran las edificaciones de la ex editorial Zig-Zag y de la ex imprenta y editorial Quimantú, paradigmas del Chile conservador y del Chile revolucionario, respectivamente. Como los inversionistas tenían bastante apuro en iniciar las obras de construcción y en conocimiento de que en Chile las instituciones no funcionan, se las arreglaron para iniciar las faenas saltándose varias normas del marco regulatorio urbanístico.

En relación al despelote vigente en el ámbito de la ciudad, recomendamos leer una carta del ex ministro del MOP, Sergio Bitrán, publicada por El Mercurio y una columna de opinión firmada por Iván Poduje en La Tercera, ambos textos referidos a la anarquía institucional que hemos estado denunciando hace años.

Vamos al grano. En los terrenos en donde se edificaron las instalaciones de la UNAB y AIEP, sobre la calle Bellavista, de acuerdo a la zonificación del Plan Regulador Comunal (PRC) de Providencia, se permite solo el destino para institutos profesionales, pero los inversionistas, aparte del AIEP, querían construir ahí dependencias universitarias, las que explícitamente no estaban admitidas en ese PRC, lo que fue corroborado en los respectivos “Certificados de Informaciones Previas” emitidos por la Dirección de Obras correspondiente.

Aparte de lo anterior, por la carga de ocupación de este tipo de equipamientos, esa inmobiliaria tenía la obligación de disponer de un estudio de impacto vial y por tratarse de una actividad educativa con una gran cantidad de alumnos, debía contar con un estudio de impacto sobre el barrio. Además, por estar destinada a actividades universitarias, los accesos a la edificación debían enfrentar la avenida Santa María. Pero la inmobiliaria no podía levantar ahí su construcción, por carecer de los espacios mínimos necesarios. Y por si fuera poco, para adelantar la aprobación del permiso, la Dirección de Obras no le exigió al titular del proyecto que fusionara los distintos predios que posteriormente dieron por resultado uno más extenso.

Ahora bien, y aunque sea aburrido para los lectores, tendré que aludir a ciertas normas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para avalar el párrafo anterior, dando luces acerca de la alianza municipal-privada con la cual se ha posibilitado la consecución de este proyecto inmobiliario-educativo que generará mayores ganancias económicas a estos habilidosos hombres de negocios. A propósito, ¿no se decía que este tipo de universidades privadas eran sin fines de lucro?

Entre otras cosas, el artículo 2.1.21. de la OGUC ordena: “Si al predio de que trata el inciso anterior lo afectaren dos o más zonas o subzonas con distintos usos de suelo, se admitirán todos los que le permita su frente a la calle de mayor ancho o los que le permita la zona que afecte a dos tercios o más de la superficie del terreno, salvo que alguno de los destinos tuviere restricción expresa indicada en el instrumento de planificación territorial o que se trate de los usos de Infraestructura y/o de actividades productivas, circunstancia estas últimas en que se aplicará lo dispuesto en el inciso siguiente. En todo caso, los accesos a cada destino deben contemplarse por la vía que enfrenta la zona o subzona que los admite”.

Es decir, se violó este artículo, ya que los accesos del instituto profesional y la universidad se realizan por la calle Bellavista, ello por cuanto el reducidísimo y angosto espacio privado que tiene la inmobiliaria enfrente de avenida Santa María tiene una servidumbre de paso perpetua a favor de un edificio localizado en Santa María 0112, cuyos co-propietarios lo utilizan como atajo vehicular.

El artículo 2.4.3. de la OGUC ordena: “Los proyectos residenciales y los proyectos no residenciales que consulten en un mismo predio 250 o más y 150 o más estacionamientos, respectivamente, requerirán de un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU). El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante resolución, aprobará la metodología conforme a la cual deberá elaborarse y evaluarse el EISTU. A la solicitud de permiso de edificación de los proyectos a que se refiere el inciso primero se deberá acompañar un EISTU, suscrito por un profesional especialista y aprobado por la Unidad de Tránsito y Transporte Públicos de la correspondiente Municipalidad o por la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, según corresponda”.

Para justificar la inexistencia del EISTU que se exigía para la obtención del permiso de edificación, según inverosímiles expresiones vertidas por escrito para este caso por un ex Seremi de Vivienda y Urbanismo, ese acto administrativo se autorizó “condicionado a lo que más adelante decida el titular del proyecto” (sic). Después de un prolongado espacio de tiempo, es decir, mientras se ejecutaban las faenas de construcción, el Seremi de Transportes extemporáneamente autorizó en fecha 04/08/09 el mentado EISTU. Luego, también se infringió el artículo 2.4.3. de la OGUC.

Reproducimos la parcialidad atingente del artículo 3.1.3. de la OGUC, que dice: “Para la fusión de dos o más terrenos se presentará una solicitud en que el propietario declare, bajo su exclusiva responsabilidad, ser titular del dominio de los lotes que desea fusionar y un plano firmado por éste y por el arquitecto proyectista, en donde se grafique la situación anterior y la propuesta, indicando los lotes involucrados y sus roles, sus medidas perimetrales, la ubicación de los predios y un cuadro de superficies. Revisados dichos antecedentes, el Director de Obras Municipales aprobará sin más trámite la fusión, autorizando su archivo en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Para la aprobación de anteproyectos que involucren dos o más predios, no se requerirá efectuar las fusiones, subdivisiones o rectificaciones de deslindes que se contemplen. En la resolución aprobatoria del anteproyecto se consignará la obligación de solicitar dichas acciones en forma previa o conjunta con la solicitud de permiso, siendo requisito para otorgar éste que se haya perfeccionado la actuación correspondiente”.

Como el Director de Obras de Providencia se cree sumamente autónomo, decidió exigir a esta inmobiliaria la fusión de predios tan solo en el momento en que él debía otorgar la recepción final, comportamiento asaz improcedente. Como advertimos, tal vez porque este funcionario es enemigo declarado de la burocracia también desobedeció el mandato del artículo 3.1.3. de la OGUC.

El artículo 4.5.4. de la OGUC expresa “Las solicitudes de permiso para construir o destinar edificios existentes a locales escolares, que consulten una capacidad superior a 720 alumnos, deberán acompañarse de un estudio sobre el impacto que ellos puedan generar en el barrio o sector donde se proyecten localizar. El estudio estará destinado a identificar, evaluar y proponer soluciones ante los efectos negativos que el proyecto pueda generar sobre la estructura urbanística y ambiental del respectivo sector o barrio. Para la finalidad señalada en el inciso anterior, el estudio comprenderá, entre otras, las siguientes materias: 1. Accesibilidad vehicular y peatonal actual y futura del sector, suponiendo el funcionamiento del establecimiento en las horas habituales de entrada y salida de los usuarios. 2. Efectos de la contaminación acústica desde el local escolar hacia el exterior, derivados de su localización, tomando como base el nivel de ruidos actual y futuro”.

Independientemente de que ese estudio no consta en la documentación, los vecinos que residen en el edificio de avenida Santa María 0112 -los mismos que disponen de la servidumbre de paso aludida anteriormente-, han debido soportar durante todo el largo período de la construcción, los descomunales efectos negativos de la misma. Si la empresa Inmobiliaria e Inversiones San Genaro Dos S.A. se hubiera ceñido a la voceada y nunca practicada “Responsabilidad Social Empresarial”, esa comunidad de vecinos no habría tenido que denunciar en infinidad de ocasiones esas malas prácticas en el Juzgado de Policía Local de Providencia. Se concluye que también se contravino el artículo 4.5.4. de la OGUC.

La Contraloría General de la República instruirá un sumario administrativo dentro de la Dirección de Obras de ese díscolo municipio, el que se prolongará por un par de años y sancionará con simplistas medidas disciplinarias a los funcionarios que han intervenido en este proceso, quienes continuarán desempeñándose tranquilamente en sus amplios escritorios.

Así las cosas, estamos ante un nuevo hecho irregular consumado porque las autoridades sectoriales así lo han querido. Este tipo de lacras suceden porque los políticos que tienen competencia en estos asuntos siempre han sostenido que no hay que ponerle trabas a la inversión y por ello consienten el quebrantamiento de la ley: ellos se justifican con la insana y cínica teoría del mal menor.

Este asunto se lo planteamos, con otros tantos, al contralor Ramiro Mendoza, en reunión sostenida el pasado martes 31, en su despacho. Supimos por él que ya se ha conformado una asociación formal en la cual intervienen la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, para atacar la creciente corrupción que observamos, no solo en este ámbito de materias, sino que en todas.

En tal sentido, confiamos en que la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público sabrá asumir su rol con dedicación y sin miedo a los grupos fácticos de poder, quienes ya han capturado a las débiles instituciones del Ejecutivo y con mayor dominación aún a las serviles municipalidades.

Pero no podemos olvidar que los resultados de esta unión institucional serán positivos sólo en la medida que el gobierno asigne los recursos necesarios para aumentar la dotación de sus plantas. El sistema económico vigente en Chile no funciona correctamente porque los más poderosos actores del mercado saben que aquí está consagrada la impunidad, la que es hermana de la total ausencia del Estado. Por ello afirmamos que la descomposición reinante se podrá eliminar paulatinamente si los organismos públicos comienzan a ejercer sus atribuciones con las medidas preventivas que tanto hacen falta y con señales expresas de que las violaciones a la ley serán penadas con severidad.

Estas cosas las estamos señalando hace muchos años, sin que nadie haya tomado el toro por las astas y por ello hemos aludido a la carta del ex ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, y la columna del arquitecto Iván Poduje, quienes tardíamente dicen lo mismo, focalizando sus críticas al sector denominado “Sanhattan”, pero con palabras más suaves y “políticamente correctas”, ya que ambos son hombres del sistema.

Por último, los señores Juan Antonio Guzmán, Jorge Selume, Óscar Guillermo Garretón y Julio Bustamante, miembros de la Junta Directiva de la Universidad Andrés Bello, los dos primeros cooperadores del gobierno militar y los dos últimos servidores públicos en distintos gobiernos de la Concertación, ¿tendrán conocimiento de estas anomalías cometidas por quienes los invitaron a formar parte de la plana mayor de este atrayente modelo de negocio? Creemos que no lo saben. Y es probable que tampoco quieran saberlo.

Estudié durante cinco años y solo pedí cuatro créditos universitarios, pues sin importar la pésima situación financiera de mi familia, tuvimos que pagar el primer año de mi carrera directamente a la universidad, reprogramando la deuda cada semestre por más de tres años. Esto, debido a la política del BancoEstado en 2003 de no otorgar créditos universitarios desde el primer año.

Después de haber solicitado el primer crédito, estudié toda la carrera bajo la presión financiera de no alargar mi carrera para no seguir endeudándome a una tasa de interés de UF + 9,5%, además de la presión de estar recibiendo las amenazas de BancoEstado cada vez que mis padres se atrasan en una cuota. He pagado este crédito durante ocho años, en los que he pagado sólo intereses y sigo debiendo lo mismo que al principio. Cada vez que me atraso en un par de días, mi mamá y mi papá reciben llamados con amenazas de embargo y otras acciones judiciales.

Considero que esta tasa de interés es muy alta. Si sumo todas las cuotas del crédito, el monto alcanza las UF 984, mucho más que el doble de lo solicitado, cosa ridícula si estamos hablando de un crédito otorgado por un banco estatal, para estudiar en una universidad estatal y avalado por una institución estatal (CORFO).

He realizado todas las acciones que me permiten las instancias regulares. Asistí a una sucursal de BancoEstado a hablar directamente con una ejecutiva, la que me negó toda posibilidad de repactar mis créditos. Hice mi reclamo en el Sernac, el que quedó registrado bajo el número 5676302, el cual fue cerrado porque “la empresa no respondió nuestro requerimiento en las dos oportunidades en que le fueron enviadas”. El Sernac me comunicó que ya no podía hacer nada y que mi única opción sería dirigirme a tribunales. Luego recibí una respuesta del BancoEstado mediante carta enviada por Enrique Cisternas Crovari, coordinador de clientes, fechada el 2 de diciembre de 2011. Dicha respuesta no contestó el reclamo donde solicité reprogramar los créditos y solo habló de la legalidad del otorgamiento de éstos.

Hoy tenemos proyectos de ley para reducir las tasas de interés del Crédito con Aval del Estado (CAE) de 6% a 2%, con opciones de repactar a los que ya están endeudados; también para el Crédito del Fondo Solidario, donde quieren dar a los deudores opciones para reprogramar sus obligaciones, eliminándoles las multas por atraso a los morosos. Lo anterior me lleva a cuestionar porqué no hay iniciativas similares respecto del crédito CORFO.

Otorgando créditos hipotecarios, BancoEstado gana a una tasa de interés del 6,5% anual, dando la posibilidad de repactar e incluso de endosar el crédito. Entonces, ¿por qué el mismo banco, que es una institución pública, busca ganar dinero a una tasa de interés de UF + 9,5% anual con personas que se endeudaron para estudiar? Estamos hablando de un crédito que beneficia tanto a mí como al país, que fue otorgado para estudiar en una universidad del Estado, que fue otorgado por un banco del Estado y avalado por una institución del Estado (CORFO) ¿Quién se gana el dinero que estoy pagando con tasas abusivas, usureras y actualmente fuera de la ley y de mercado?

Actualmente, trabajo como ejecutivo comercial y gano un sueldo bajo el promedio de mis colegas, lo cual me permite pagar el crédito universitario, el arriendo y nada más. Por tal razón, mensualmente me tengo que endeudar para vestirme y comer. Esta situación, además, me impide continuar mis estudios, pues no tengo los ingresos ni la capacidad de ahorro para realizar estudios de postgrado.

He decidido no pagar las cuotas de estos créditos hasta que BancoEstado ofrezca una solución. Conjuntamente con esta carta, estoy dirigiendo las mismas inquietudes a BancoEstado, Corfo, al Poder Legislativo, al Gobierno de Chile, al Ministerio de Educación, a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Quiero hacer pública mi situación, ante la negativa de BancoEstado a una reprogramación de mis créditos universitarios a una tasa justa, cuando hoy se está discutiendo que la tasa de interés para la educación debería ser del 2%.

No pido gratuidad ni que me condonen deuda, sólo pido pagar lo justo por haber elegido estudiar.

Ya está disponible la segunda edición de esta obra escrita por tres periodistas de Fundación CIPER y publicada en alianza con la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y Editorial Catalonia.

Entre las críticas que ha recibido el libro destacan:

“Los envilecimientos del poder”
Columna de Óscar Guillermo Garretón publicada el 9 de enero de 2012 en La Segunda.

“Ayer terminé de leer ‘Los secretos del imperio de Karadima’, trabajo de investigación del equipo de CIPER, que encabeza la periodista Mónica González. Creí que lo sabía todo del caso de ese “ladrón de almas”, como lo califica la valiente ex esposa de James Hamilton. Pero me equivocaba. El aluvión de antecedentes empuja dentro de un mundo sórdido de abusos y manipulaciones camuflados en la fe y la piedad. De poderes encubriéndolo todo desde dentro y fuera de la Iglesia. Del silenciar, ignorar y difamar a las víctimas. Del desfile casi siempre lamentable de sacerdotes y autoridades eclesiásticas, varias de las cuales siguen siendo parte de la jerarquía. Del involucramiento de hijos de la élite del país como víctimas, encubridores o ambas cosas a la vez. Del maridaje entre perversión moral, poder económico y desvíos de platas donadas para obras pías. Es un libro sobre el envilecimiento de la fe y su secuela, tanto en seres humanos destruidos, como en la autoridad moral de la Iglesia Católica.

Al leer esa historia sobre perversión con camuflaje religioso, sentí que rimaba con otra, aparentemente distinta, de la cual había leído una notable versión novelada hace un tiempo atrás. Es el envilecimiento de otra fe, admirablemente relatado: “El hombre que amaba a los perros” de Leonardo Padura, cubano, radicado en La Habana.”

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“¿Quién era UD., señor K?”
Columna de Héctor Soto, publicada en La Tercera, el 12 de enero del 2012.

“Cuando ya creíamos saberlo todo, otro libro sobre el caso Karadima vuelve a desafiar la credulidad y capacidad de asombro. ‘Los Secretos del Imperio de Karadima’, escrito por los periodistas de Ciper Juan Andrés Guzmán, Gustavo Villarrubia y Mónica González, no sólo se lee como la rigurosa investigación periodística que es, sino también como una novela. Son más de 450 páginas aterradoras y quemantes. Cómo es posible, se pregunta el lector, que un tinglado de impostura y abuso tan poderoso y desvergonzado haya operado impune por tanto tiempo. Al margen de los desafueros que el cura cometía con los jóvenes de su entorno más inmediato, el libro -editado por Catalonia y la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP- entrega revelaciones demoledoras sobre el ambiente intelectual que Karadima imponía a su alrededor (chato, feminoide, excluyente, secretista y basado en la extorsión), sobre el festín de las platas que entraban al templo y sobre la manera en que el cura fue tomando control de la Arquidiócesis de Santiago al colocar a incondicionales suyos en el seminario y en cargos decisivos de la curia.

Precisamente porque a estas alturas ya nadie está para cuentos maniqueos, precisamente porque Karadima debe haber tenido atributos como organizador e indiscutible fuego interior para convocar gente, es que se vuelven muy pertinentes las preguntas sobre el por qué y para qué montó un tremendo aparato sectario de dominación y poder en su parroquia. Tenía por lo visto un salvaje instinto de poder. Pero, ¿hizo lo que hizo -los grupos de espiritualidad, la Pía Unión Sacerdotal, la conexión con empresarios benefactores, el reclutamiento de jóvenes de buena familia- para controlar o más bien para soltar sus demonios? Es improbable que lo haya hecho sólo para toquetear a unos cuantos jóvenes. No se condice una cosa con la otra. Era un lobo, de acuerdo. Pero un lobo muy singular. Un lobo reprimido, de partida, cuyas incontinencias nunca fueron orgiásticas. Un lobo hipócrita también, porque revestía todos sus actos con una aparatosa capa de desprendimiento y piedad que, junto con desarmar a los débiles, emocionaba y abría la billetera de los poderosos”.

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“El legado de Karadima”
Columna de Francisco Estrada, publicada en elpost.cl el 13 de enero de 2012.

“El libro de los periodistas de Ciper Chile, ‘Los secretos del imperio de Karadima’ nos estremece con detalles -el diablo está en los detalles- del historial de abuso y encubrimiento. Esta investigación periodística debiese ser lectura obligada para toda la curia nacional y discutida en sus seminarios.

El entramado de encubrimiento allí relatado nos descubre una iglesia donde ni siquiera un obispo auxiliar se siente seguro de conversar en las oficinas del Arzobispado sin ser espiado, donde un director de colegio de una congregación cuyo fundador fue un inmenso abusador de niños y jóvenes, no presta ayuda a quien se la pide desesperadamente, donde hay quienes prestan colaboración casi a escondidas, como si no fuese su deber, en una total inversión de roles: las víctimas deben cuidar a sus agresores. Abundan los delitos canónicos sin investigar. La violación de secreto del vicario judicial, Francisco Walker, la alteración de la sentencia canónica de nulidad, donde es parte el obispo Juan Luis Ysern. Si se mira con detención, el esquema de control articulado por Karadima tiene todos los elementos propios de los ‘cultos’”

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“Las “regalías máximas” de Karadima”
Columna escrita por Diamela Eltit, publicada en The Clinic el 24 Enero de 2012

“El caso Karadima gravita en la esfera “sadiana”. Ya el libro de la destacada periodista María Olivia Mönckeberg, “Karadima, el Señor de los Infiernos” (Editorial Debate, 2011), abordó las infracciones realizadas por el párroco. Ahora la publicación de “Los Secretos del Imperio de Karadima”, de Mónica González, Juan Andrés Guzmán y Gustavo Villarrubia, de Ciper, contiene una iluminadora investigación basada en entrevistas y documentos jurídicos tanto de los denunciantes del sacerdote como también de testigos citados en el juicio. En este texto se organiza un diagrama que recoge la genealogía del poder que acumuló Karadima, un poder fundado en la ecuación más clásica de todos los tiempos: sexo, clase y dinero.

El libro relata las formas en que Karadima se validó y convocó a las influyentes elites. Más allá de un conjunto inicial de contactos personales, la lectura del libro permite pensar que su poder (teatral, performático) se desplegó a partir del escenario de un crimen. Porque su protección a un prófugo de la justicia, Juan Luis Bulnes, comprometido en el asesinato del general Schneider en 1970, lo habilitó como héroe eclesiástico del pre golpismo.

Bajo su dirección, la parroquia de El Bosque se convirtió en un lugar donde el poder se medía a sí mismo mediante la homogeneidad de las identidades ideológicas. La religión no era sólo expresión de fe sino también moneda de cambio para transacciones económico-sociales. La parroquia operó como un espacio de convergencia para la derecha más acaudalada. Pero, junto con prestigiar socialmente su parroquia y luchar por extender sus influencias hacia otros espacios eclesiásticos, Karadima cultivó, a lo largo de los años, sus peculiares controles sobre grupos de “sus” jóvenes que actuaban según las reglas de sumisión que caracterizan a las sectas. Fueron esos jóvenes los elegidos para multiplicar el poder de su protector.”

“Los Secretos del Imperio de Karadima”
Publicado por Luis SM en el blog “Lo que leímos”.

“En esta minuciosa y precisa investigación, además de lo dicho, se demuestra que las acciones de Fernando Karadima Fariña escaparon lejos de las murallas de El Bosque, afectando y repercutiendo con fuerza en la credibilidad de las escalas más altas de la sociedad chilena. Sobre eso no hay lugar a dudas”.

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CIPER llegó allí investigando los criterios que determinaron que alrededor del 70% del presupuesto gestionado por el TIC fuera gastado en millonarios contratos con unos pocos proveedores: Mellafe y Salas, Entel, Elsag-Datamat S.P.A. e Interexport (representante de Motorola en Chile). A poco andar, descubrimos una historia en la que fueron apareciendo los hijos del ex director de Carabineros, general (r) Fernando Cordero Rusque, además de varios oficiales implicados en episodios en los que se mezclan denuncias, intrigas y un oscuro tráfico de influencias que envuelve contratos por millones de dólares.

La investigación arrojó que uno de los principales proveedores de tecnología y otros menesteres de Carabineros, es la empresa Mellafe y Salas. Sólo por el sistema de compras públicas denominado “Convenio Marco” esa firma facturó entre enero e inicios de diciembre de 2011 por un total de $ 2.673.382.177 en productos vendidos a Carabineros.

El sistema de compras por “Convenio Marco” con Mellafe y Salas incluye el abastecimiento de todo tipo de productos para Carabineros, tales como toner para impresoras, generadores de electricidad, estufas y hasta soportes para pantallas LCD (vea algunas de estas órdenes de compra).

El valor de mercado de estos y otros artículos fueron pesquisados por CIPER con varios de los grandes proveedores nacionales del propio TIC, constatando notorias diferencias de precios que benefician a Mellafe y Salas.

Acto seguido, se procedió a conversar con oficiales que se desempeñan en el TIC, contactando además a ex funcionarios civiles de ese mismo departamento. Fueron estas fuentes las que confirmaron a CIPER los nombres de los proveedores que poseen nexos privilegiados con el TIC y cuya ventaja es conocida por quienes participan en las licitaciones de Carabineros.

Entre estos proveedores privilegiados figuran Francisco y Fernando Cordero Sepúlveda, hijos del general (r) Fernando Cordero Rusque, quien fuera en 1991 director del Departamento de Tecnología y Comunicaciones (TIC) y luego director de Logística de la institución, para posteriormente asumir como director general de la policía uniformada entre 1995 y 1997, y más tarde como senador designado desde 1998 a 2006.

Los hermanos Cordero Sepúlveda son dueños de Sectrade Limitada, dedicada a la representación de productos para criminalística forense, biometría y seguridad. Esta empresa, según señaló Francisco Cordero a CIPER, esta subcontratada por la firma italiana Elsag Datamat S.P.A., que tiene contratos millonarios para abastecer de equipos de identificación biométrica a Carabineros. Sectrade se encarga de las pruebas, demostraciones, servicio técnico y mantenimiento de esos productos.

Otro nombre que se repite en los contratos del TIC es el de Héctor Alegría Melo, condenado por la justicia naval en 1992 a tres años y un día por el delito de “falsedad administrativa militar con perjuicio para el Estado”. (Ver historial judicial de Héctor Alegría Melo).

Lo extraño es que este marino (r) suscribió contratos en forma directa con Carabineros en 2010 a través de su empresa Servicios y Asesorías Héctor Hernán Alegría Melo E.I.R.L. (cuyo nombre de fantasía es AIRH SOFTWARE E.I.R.L.), a pesar de esta condena y de figurar en Dicom con más de 67 documentos impagos por un monto de $52,9 millones y una querella en trámite -interpuesta por la Isapre Banmédica- por el delito de “giro doloso de cheques”.

Héctor Alegría Melo y Fernando Cordero Sepúlveda, uno de los hijos del general Fernando Cordero, también tienen nexos entre sí. En 2005 figuran ambos dejando en prenda un vehículo Volkswagen Bora 2.0 a favor de Forum Servicios Financieros. Francisco Cordero señaló a CIPER que efectivamente conocen a Alegría Melo, pero asegura que no tienen vínculos comerciales. No obstante, reconoce que en 2004 ambos hermanos junto a Alegría Melo se asociaron para producir un programa de TV -llamado “Casilla 412”-, que cruzaba datos de demanda de empleo con ofertas de trabajo, el que trataron de vender a Chilevisión.

-Al final el proyecto no prosperó y nos gastamos todos los ahorros que teníamos por nuestros otros trabajos -dice Francisco Cordero, quien es tajante al asegurar que no fueron ellos los que presentaron a Alegría en el TIC: “No tengo ni idea como llegó él a Carabineros”.

SE ENCIENDE LA ALERTA

El lunes 5 de diciembre CIPER se contactó con la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, solicitando una entrevista con el general Eduardo Muñoz Poblete, en ese momento director de Logística. La respuesta fue que se encontraban muy ocupados y que la entrevista sería aplazada para la semana siguiente.

El 9 de diciembre se supo que el general Muñoz Poblete se iba a retiro. El alto oficial estaba bajo la mira de la Contraloría por el juicio de cuentas Nº 40.263 de 2011(2).

También abandonó la institución, el general Aquiles Blu, quien fue sindicado por el ex general director Eduardo Gordon como el responsable del cambio del parte por el accidente de su hijo, lo que nunca se documentó. El episodio, denunciado por CIPER, le costó su cargo a Gordon y luego al general Blu.

Un dato que interesa para esta investigación: el general Blu firmó el contrato de Carabineros con Elsag Datamat suscrito en 2009.

Solo dos días antes de que se anunciara su retiro, el 7 de diciembre, el general Muñoz Poblete aparece firmando un contrato por $1.969.926.000 por concepto de arriendo de equipos con Elsag Datamat S.P.A., empresa cuyos representantes ante el TIC son los dos hijos del ex general director de Carabineros, Fernando Cordero Rusque.

Todos los oficiales del TIC consultados por CIPER admitieron que los gestores de Elsag Datamat S.P.A. son los hermanos Cordero Sepúlveda. En el primer contrato firmado por la empresa italiana con Carabineros, en 2007, por US$ 2,4 millones, Francisco Cordero aparece como coordinador ejecutivo del contrato y representante ante Carabineros.

En los posteriores tres contratos sucritos por Elsag Datamat con la policía uniformada -uno por más de $ 5 mil millones, otro por $ 908 millones y el tercero por $ 1.969 millones-, los nombres de los hermanos Cordero ya no aparecen, pero los oficiales del TIC dijeron a CIPER que ellos siguieron gestionándolos. Y aunque el representante legal de la firma italiana, el abogado Cristóbal Porzio Honorato, señaló que los hermanos Cordero “no están contratados por la empresa”, fue el propio Francisco Cordero el que reconoció a CIPER que ellos están subcontratados por Elsag Datamat para gestionar el servicio técnico y mantención de los productos.

CIPER se contactó en varias ocasiones con el Departamento de Comunicaciones de Carabineros para insistir en la entrevista con el general Muñoz. La respuesta siempre fue la misma: “Estamos gestionando la entrevista para ver cuando podemos concretarla, tal vez la próxima semana”. En una de esas llamadas, nos pidieron saber sobre qué asunto trataría la entrevista. Les dijimos que era por una investigación de sobreprecios que se pagaban en el TIC. La entrevista nunca se concedió.

TRASLADOS SORPRESIVOS

Faltan pocos minutos para las 20:00 del jueves 12 de enero. Estamos frente al cuartel del TIC en la calle Retiro y aún quedan varios funcionarios cumpliendo sus labores en el interior, a pesar de que el horario de salida es a las 18:30.

El pequeño grupo sabe que su nuevo jefe, el coronel Juan Antonio Muñoz Cortés, también se ha quedado hasta tarde en su oficina de la sede central del TIC, en calle Amunátegui 519. Nadie se queja por el sobretiempo. Tanto el coronel Muñoz como sus subordinados comprenden que la situación es crítica. Una investigación interna de Carabineros ha puesto bajo la lupa todos sus procedimientos de compras.

La dotación del TIC se enteró de golpe. Al mismo tiempo que efectivos de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar) comenzaron a visitar a funcionarios de la repartición, sorpresivamente una mañana supieron que su jefe, el coronel Iván Cortés Hernández, fue trasladado a la Comisaría de la Prefectura Norte. Uno de los hombres de confianza de Cortés en el TIC, el mayor Raúl Urrea, también debió abandonar su oficina en calle Retiro: fue trasladado a otra dependencia del mismo TIC, en Amunategui.

Consultada la Dirección de Comunicaciones de la institución por el traslado de dos oficiales del TIC, la respuesta fue: “Son los cambios normales que se hacen todos los años entre octubre y diciembre”.

No fue ésa la respuesta que CIPER encontró entre los funcionarios del TIC. Lo que por años fue un comentario de pasillo, ya estaba en cada dependencia del TIC traspasando los grandes portones verdes de metal y llegando a otras reparticiones de Carabineros. Desde distintas unidades, y también de proveedores, comenzaron a aparecer nuevos datos de irregularidades.

-Como siempre el hilo se cortará por lo más débil, y al final, los únicos que van a pagar el pato serán los carabineros de a pie. Aquí van a rodar las cabezas del capitán Carlos Bustos y del teniente Rodrigo Carrasco. El general Muñoz ya se fue a retiro, a los otros dos los trasladaron y a Bustos y a Carrasco les van a decir: “Ustedes son los culpables, uno como encargado de compras y el otro como administrador de contratos”. Y mi general y mi coronel saldrán limpios de polvo y paja -fue el comentario de unos de los oficiales del TIC a CIPER.

LOS TRATOS DE LOS CORDERO

Los nombres del capitán Bustos y del teniente Carrasco ya habían asomado en el transcurso de esta investigación. El primero ha sido el encargado de compras del TIC por más de cuatro años, siendo señalado por varios proveedores y personal interno como un hombre vinculado a las compras en favor de ciertas empresas y de entera confianza del Coronel Iván Cortés Hernández.

Un oficial que ha trabajado en el TIC y cercano al capitán Bustos reconoció que éste irregularmente dio luz verde al pago de órdenes de compra, a pesar de que los productos aún no habían sido recibidos, pero que lo hizo siguiendo órdenes superiores. “Eso se hacía sólo con algunas empresas proveedoras”, dijo el oficial. Bustos fue interrogado por la Dipolcar y luego trasladado a una comisaría del sector sur de Santiago.

El teniente Rodrigo Carrasco es el administrador del último contrato con Elsag Datamat que dejó firmado el general Muñoz Poblete antes de su retiro. Carrasco ha sido el interlocutor de los hermanos Cordero Sepúlveda para el arriendo a la firma italiana de 310 equipos de consulta biométrica portátil PSS-IIB, por $1.969 millones.

El contrato original de la compra del sistema biométrico PSS (“Patrol Support System”), por más de $5 mil millones, data de septiembre de 2008. Sólo un mes después que la empresa Elsag Datamat se instalara en Chile. El contrato estipula también la adquisición de los hardware, software y know-how que lo acompañan. A ello se agregan “mil dispositivos portátiles con sus accesorios, los computadores centrales necesarios a la gestión de los mil aparatos periféricos (GPRS Comunication Server y PSS Integration Server); un máximo de 50 computadoras personales y accesorios para la captura y/o almacenamiento de los datos procedentes de los PSS al final de las actividades de patrulla diaria y puesta al día de los archivos internos”.

Casi un año más tarde, en julio de 2009, fue el general Aquiles Blu quien firmó un complemento por el arriendo de 200 nuevos dispositivos PSS, por un monto de $ 908.820.000.

En septiembre de 2011, por resolución exenta Nº 1066 de la Dirección de Logística, se autorizó una nueva ampliación del contrato por otros 310 equipos, pero esta vez “en trato directo”, sin licitación. El monto: $1.969.926.000. Francisco Cordero Sepúlveda explicó a CIPER que el trato fue directo porque sólo Elsag Datamat tenía ese sistema y no había otros oferentes.

TRAMPAS A CHILE COMPRAS

En 2011, el coronel Iván Cortés envió al capitán Bustos un total de 801 órdenes de compra, por un valor de US$ 4.506.894, sólo por “Convenio Marco”, para que se autorizara su pago. Fue un buen año para los proveedores. Aún así, los reclamos de oferentes aumentaron en el portal de Chile Compras, hasta llegar a la propia Dirección General de Carabineros.

CIPER se contactó con varios proveedores para conocer el origen de sus quejas. Juan Pablo Canessa, jefe de ventas de Lechner y Compañía Limitada, empresa que se dedica a la venta de insumos computacionales y que lleva varios años como proveedor de la institución, dice que ya no pierde tiempo en las licitaciones de las “grandes compras” de Carabineros:

-El negocio está cocinado, así que dejamos de ofertar. Hay una empresa que se gana todas las grandes compras. Esto es muy dañino para el funcionamiento del portal y sobre todo para Carabineros -señaló Canessa a CIPER, uno de los pocos proveedores que dio su testimonio sin pedir reserva de su identidad.

Si bien Canessa no oculta su temor de que le corten el acceso a seguir vendiéndole a la institución, afirma que decidió hablar porque “esto no se puede callar, ya que todos los años tenemos que volver a licitar para estar dentro del Convenio Marco”.

Lo mismo dijo a CIPER el jefe de ventas de otra empresa que en 2011 hizo ventas por mas de $90 millones a Carabineros, quien no cree que “una denuncia pública sirva para mejorar la transparencia”. Y argumentó: “Mientras el sistema siga funcionando, aunque sea irregularmente, como ya conozco las mañas, siempre podré encontrar cómo seguir obteniendo beneficios”.

-Todos los que estamos en el rubro sabemos a qué licitación podemos presentarnos y a cuál no, porque es una pérdida de tiempo y recursos y la cosa está vendida antes de aparecer en el portal -afirma otro proveedor.

“A partir de 2009, para sobrevivir en esto, yo llegué a frecuentar el departamento TIC prácticamente todos los días de la semana, durante meses, para ir conociendo al personal e ir haciendo amistades. Así funciona. En ese contacto diario te vas enterando de las grandes licitaciones que vienen o qué están necesitando en tal unidad… Uno tiene que estar atento para saber cuándo y cómo ofrecer”, cuenta un proveedor.

A medida que se recorren los proveedores, se repiten los ejemplos y episodios oscuros. Como el que narra M.B.: “Hace sólo unos días la empresa Mellafe y Salas empezó a distribuir en arriendo unas impresoras para Carabineros que le significarán varios millones. Nosotros también postulamos… Hasta que me di cuenta de que el tema estaba vendido antes de salir al portal”.

La historia fue inicialmente contada a CIPER por otro de los proveedores interesados en esa importante licitación:

-Una licitación que presentó Carabineros para el arriendo de 5 mil impresoras HP modelo 2055 DN, por 36 meses, la ganó Mellafe y Salas. Pero estaba claramente dirigida. Yo me enteré de esta licitación un año antes. En el lenguaje de ventas les llamamos “propuestas trabajadas”. Son licitaciones que requieren mucho capital y pocos tienen espaldas para eso. Y aún así, si se presentan varios oferentes, se ponen requisitos que excluyen a otras empresas, como tener certificación ISO u otorgar más puntaje si tienes empleados discapacitados.

El mismo proveedor agrega: “Apenas supe de la licitación de las impresoras me puse a evaluar la propuesta. Sólo en ‘fierro’ (las máquinas) necesitas US$ 1.750.000, si le sumamos un toner por máquina, son 36 toner, que al precio de costo sale US$ 136. En realidad se gana por los insumos, porque si calculamos un toner al mes por máquina, por los 36 meses, es una venta de más de US$ 24.000.000, sólo en toner. ¿Quién se arriesga a hacer todo ese trabajo de preparación de la licitación si después te salen con un resquicio preparado y te dejan fuera?”.

LOS DESCARGOS DE MELLAFE Y SALAS

Según el nuevo jefe del TIC, coronel Juan Antonio Muñoz, las 5 mil impresoras arrendadas a Mellafe y Salas comenzaron a ser entregadas el 17 de enero de 2012. Este fue el último contrato que firmó el general Muñoz Poblete con esa empresa, de los más de cien que obtuvo el año pasado por “Convenio Marco”, por un total que supera los $2.600 millones (vea las órdenes de compra que favorecieron a Mellafe y Salas desde enero hasta inicios de diciembre de 2011). Si se suma el arriendo de las 5 mil impresoras, trato que se cerró a fines de 2011, el total facturado a Mellafe y Salas el año pasado supera los $2.850 millones.

El socio y presidente de Mellafe y Salas, Daniel Platovsky, recibió a CIPER.

-Tengo la tranquilidad de que todas las compras que nos hace Carabineros son por medio del portal Chile Compras, por lo tanto no pueden estar mal, ya que nos sujetamos a las normas del portal. No tenemos ningún contrato directo con Carabineros -dijo Platovsky.

Mellafe y Salas le vendió a Carabineros varios generadores eléctricos con un precio notablemente superior al de mercado. Platovsky explicó a CIPER que esto se debe a que la licitación de los equipos incluía su envío a 295 unidades policiales de todo el país y una caseta metálica o de fibra para su instalación. Para corroborarlo, el empresario envió a CIPER copia de la orden de compra 5240-121-CM 11 por 295 generadores marca Kipor. Por cada equipo, la empresa cobró $2,3 millones. El precio de venta al público del mismo generador en Sodimac.com es de $1.020.000. En la distribuidora Salcom, el precio es de $1.392.000. Esto implica que por el despacho más la caseta, Mellafe y Salas cobró más de un millón de pesos por cada generador.

Cuando esta investigación ya estaba en curso, el 26 de diciembre de 2011, Carabineros adquirió, a través de la orden de compra 4928-758-CM 11, el mismo modelo de generador Kipor a otro proveedor: Frindt y Cía. Ltda. El precio de venta fue de $ 1.029.000, puesto en Valdivia, aunque sin caseta. Dicho de otro modo, Frindt cobró $ 1.300.000 pesos menos y la única diferencia con Mellafe y Salas fue la caseta. Esto significa que en la oferta de Mellafe y Salas resultó más cara la caseta que el generador licitado.

CIPER llamó a algunas de las unidades policiales del extremo norte en las que Mellafe y Salas debía entregar el generador Kipor y la caseta, de acuerdo con las especificaciones de la orden de compra enviada por Platovsky. En la tenencia de Pica indicaron que el traslado del equipo lo hizo Carabineros y la construcción de la caseta fue hecha por efectivos de la misma unidad policial. En la tenencia de carretera de Iquique, informaron lo mismo. En el retén de Camiña, señalaron que la entrega del generador la hicieron efectivos de Iquique y que la caseta la construyeron ellos con madera y techo de zinc. Respuestas similares dieron en unidades de Mamiña, Sierra Gorda y Ujina (Pozo Almonte).

Según la orden de compra 4928-448-CM 11, Mellafe y Salas vendió a Carabineros un generador FG Wilson P33 por $ 19,8 millones, lo que incluía transporte e instalación en la subcomisaría de Colchane. El precio de venta del generador en la empresa Diperk es de $ 6,2 millones. Siguiendo la lógica de Platovsky, Mellafe y Salas cobró $ 13,6 millones por el envío e instalación. En la unidad de Colchane informaron a CIPER que el generador está instalado pero no se puede usar, porque debe modernizarse toda la instalación eléctrica del cuartel, y siguen utilizando un equipo viejo que les presta la gobernación.

Un oficial de la sección de infraestructura del TIC dijo a CIPER que hay varios generadores como el de Colchane que se pagaron con evidente sobreprecio y que no se pueden usar, porque las instalaciones eléctricas de las unidades eran muy viejas.

La orden de compra 4928-484-CM 11 indica que Mellafe y Salas le vendió al TIC dos generadores FG Wilson P22 en $ 30,8 millones (cada uno en $15,4 millones). La empresa Diperk ofrece el mismo equipo en $8,8 millones por unidad. Si la diferencia se explica por el costo del traslado e instalación, sería curioso, ya que uno de los generadores debía ser entregado en el cuartel de la calle San Isidro 330, Santiago Centro. El segundo fue entregado en el retén Río Loa, al norte de Tocopilla. La orden de compra indica que el plazo para entregar el equipo vencía el 27 de octubre, pero en el retén Río Loa el suboficial Guillermo Neira informó que el generador llegó recién el 15 de noviembre y que la caseta la instalaron el 5 de diciembre. Neira agregó que el equipo aún no se puede usar, porque los técnicos de la empresa se comprometieron a volver para capacitar a los policías y aún no regresan.

2008: EL AÑO DE INICIO

Según proveedores que llevan varios años suministrando productos para el TIC, los problemas “comenzaron a mediados del 2008”. Una fecha que coincide con el cambio de mando en la Dirección de Logística de Carabineros.

-Hace cuatro años que las cosas cambiaron. Mellafe y Salas está compitiendo de una manera muy desleal y eso te lo puede decir cualquier proveedor. Otros que tienen mucha ventaja son los hermanos Cordero, son hijos de un ex director general y juegan con ventaja. A mí, el propio capitán Bustos me comentó que la mayoría de las veces que se destinaba cierto monto para un nuevo proyecto de innovación tecnológica, ellos aparecían justamente presentando un proyecto por el mismo monto. ¡Hasta los céntimos son los mismos! Contra esa fuente de información que ellos manejan, no hay nada que hacer -cuenta el socio de una importante firma proveedora.

Francisco Cordero dijo a CIPER que los montos de las ofertas de Elsag Datamat coinciden con el presupuesto destinado por Carabineros para las compras, porque la institución previamente cotizaba con la misma empresa los costos de los productos que requería. Y agrega que ser hijos de un ex general director les ha significado más escollos que ventajas para hacer negocios con Carabineros

-Por ser hijo de quien fue hace 15 años general director, los negocios con Carabineros para nosotros son mas complicados, ya que nos exigen más que a cualquier persona y nos miran todo con lupa.

Carlos Alberto Palma Rivera, socio de la empresa Alca Computación Limitada, sí sabe de escollos. Él relata porque Carabineros dejó de invitar a su firma a las licitaciones de “grandes compras” del Convenio Marco:

Palma señala que luego de ganar una licitación de insumos para impresoras de 200 comisarías, empezaron a distribuir el toner. Para su sorpresa, desde algunas les devolvieron el producto. Al llamarlos, la respuesta fue: “No nos sirve, porque nuestras impresoras son otras”. Palma decidió solucionar el problema cambiando el producto por el que correspondía a las impresoras. Y como eso le tomaba un tiempo adicional, habló con el jefe del TIC, coronel Iván Cortes:

-Le expliqué que me habían comprado un toner que no era compatible con las impresoras que tenían. Ya me habían pagado, pude haberme desentendido, pero conseguí lo que necesitaban. El coronel Cortés me dijo que el problema era mío y que si no entregaba en los plazos establecidos, nos aplicaría una multa. Y lo hizo. Apelamos y demostramos que la falta era del TIC. Nunca más nos comunicaron las licitaciones de grandes compras.

Si los proveedores indican que todo comenzó en 2008, hay unanimidad también en señalar que la opacidad creció sin control en 2009.

PAGOS QUE ACUSAN

Precisamente a fines de 2009, la jefatura del TIC decidió no renovar el contrato a dos funcionarias de la sección Gestión Económica. Malas calificaciones en su desempeño fue la explicación. Una semana antes habían sido felicitadas por la jefatura.

Varios oficiales del TIC refirieron a CIPER que ambas funcionarias fueron despedidas por otras razones: habían visto y acumulado información sobre cómo se operaba internamente frente a determinados proveedores. Episodios que comprometían a oficiales de los cuales eran subordinadas.

-En noviembre de 2009 les avisaron que no les iban a renovar contrato y en diciembre las echaron… Ellas tenían mucha información y, al parecer, la supieron aprovechar. Porque de inmediato se volvieron a juntar con su jefe directo, el capitán Bustos, y éste, por orden del coronel Iván Cortés, les dijo que les iban a conseguir otro trabajo, y que por mientras les pasarían $250.000 al mes a cada una para ayudarlas -relató a CIPER un oficial del TIC.

CIPER se contactó con las dos funcionarias. Tienen miedo y pidieron la reserva de sus nombres. Una de ellas accedió a hablar. Dice que conocen las trampas que se hacían al sistema de compra por Convenio Marco. Por ejemplo, a veces llegaban productos antes de que se emitiera la orden de compra. Situaciones como esa debían informarlas al suboficial Carlos Novoa Jaramillo o al sargento Patricio Bascur, los que a su vez debían reportar al capitán Carlos Bustos, su jefe directo.

El protocolo indicaba que en esa unidad debían recibirse todos los productos comprados y recién ahí se daba el visto bueno para el pago, pero el sistema cambió: “Ya no llegó más todo a nuestra vista y, sin embargo, el visto bueno de la entrega se seguía dando desde nuestro departamento. ¿Cómo podíamos estar seguros de que efectivamente habían llegado los insumos?”, dice la ex funcionaria.

Lo que preocupaba a los empleados de esta sección se comprobó muy luego, con ocasión de la entrega de unos plasmas, los que serían utilizados para el control de los GPS. Nunca llegaron. Hubo una pequeña investigación interna, pero nunca se supo dónde se perdieron aproximadamente 40 plasmas.

La funcionaria despedida dijo a CIPER:

-Poco antes de que nos fuéramos, nos reunió el capitán Bustos. Nos dijo que había escuchado que íbamos a dejar la embarrada y a contar todo lo que sabíamos. Al parecer, eso se lo dijo un proveedor. Y nos dijo que él había hablado con el coronel Cortés y que éste nos mandaba a decir que había intentado dejarnos en el departamento, pero que no había sido posible, que nos estaban buscando otro trabajo y que por mientras nos pasarían $250 mil a cada una. Incluso se fijó la fecha de la entrega de ese dinero: el 21 de cada mes.

La misma ex funcionaria explicó cómo funcionó durante meses la entrega del dinero a cambio de silencio:

-Empezaron a pasarnos el dinero, algunas veces era en efectivo. Esas veces lo íbamos a buscar al TIC, pero casi siempre fue por transferencia bancaria de la cuenta del capitán Bustos o a veces de otra cuenta. No sabría decir de quién era.

Los pagos siguieron hasta que, a mediados de 2010, la misma ex funcionaria dice que las llamó el capitán Bustos para anunciarles que les había conseguido un trabajo en Mellafe y Salas y que debían presentarse las dos con su currículum en las oficinas de esa empresa en calle Carlos Valdovinos:

-Allí nos atendió una señorita que nos explicó que el trabajo se trataba de sacar fotocopias en una universidad o un instituto, y que el sueldo eran $180 mil al mes. Nos pareció ridícula la propuesta. En el TIC ganábamos casi $600 mil y eso era menos de lo que nos estaban pasando mientras nos buscaban trabajo -dice la ex funcionaria.

Daniel Platovsky asegura que nunca supo de esa oferta de trabajo en su empresa: “Como política no hacemos favores. No tenía idea que esto fue así”.

Lo que ocurrió después de que las dos mujeres rechazaron el empleo también fue relatado a CIPER por la ex funcionaria del TIC:

-Hablamos con el capitán Bustos y éste nos amenazó diciendo que el coronel Cortés le había dicho que su mujer, que es abogada, nos iba a poner una demanda por extorsión. Y que era mejor que nos quedáramos con el trabajo de Mellafe y Salas. Que ellos estaban viendo otra posibilidad con Motorola, pero que aún no les respondían. Y que ya no nos pasarían ni un peso más.

La ex funcionaria alega que ellas nunca extorsionaron a nadie, que fueron el capitán y el coronel los que decidieron pasarles dinero mientras les buscaban trabajo: “De hecho, nos siguieron dando dinero hasta diciembre pasado”.

Los pagos a las dos ex funcionarias del TIC -de los que CIPER obtuvo confirmación- se prolongaron por dos años y efectivamente el último se concretó a mediados de diciembre del 2011. Pocos días después, el coronel Cortés y el capitán Bustos fueron trasladados del TIC.

EL CONTRATO EXPRESS

El miércoles 29 de diciembre de 2010 llegó a manos del capitán Bustos un contrato con orden de ser pagado a la brevedad. Un funcionario que fue testigo de la entrega relató a CIPER que le pareció raro que el documento ya viniera con todas las firmas y listo para ser pagado. Por eso lo recuerda bien.

Era un contrato directo entre Carabineros y la empresa Servicios y Asesorías Héctor Hernán Alegría Melo E.I.R.L. La orden de pago inmediato fue monitoreada telefónicamente por el general Gerardo González Theodor, quien acaba de ser ascendido y designado director de Personal de Carabineros.

El mismo funcionario cuenta que a Bustos le bastó una mirada a la primera página del contrato para exclamar: “Es un contrato express, se planeó el 24 de diciembre, se aprobó el 28 y hoy ya está aquí para ser pagado. ¡Así da gusto tener amigos!”.

El 11 de agosto del 2011, Hernán Alegría Melo volvería a ser beneficiado con un nuevo contrato de un up grade de software para su empresa. Los $48 millones involucrados en esta nueva transacción fueron objeto de una atención especial por parte de González Theodor, quien hasta hace poco se desempeñaba como director de Planificación y Desarrollo de la institución. (Ver contratos).

No era ni la primera ni la última vez que el general González Theodor aplicaría el mismo tratamiento para los contratos de su interés. Así lo relataron varios testigos del TIC a CIPER:

-Eso sí, mi general González lo hacía todo por teléfono. No dejaba nada por escrito. Lo curioso es que el famoso “software up grade bodega digital” que nos vendió Alegría Melo, aún sigue sin funcionar -dice un oficial.

Vea la primera parte de este reportaje: “Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha por polémico contrato”.

A comienzos de esta semana la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC), recibió una noticia dura para sus alumnos, pero sobre todo para sus propias arcas: la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) decidió rechazar en una segunda instancia la acreditación de esa universidad. Cualitativamente eso significa que la UNIACC no cumple con los estándares que ese organismo exige a las casas de estudio. Cuantitativamente implica que los alumnos que ingresen este año, el próximo y los siguientes (hasta que la universidad logre pasar la barrera), no tendrán acceso al Crédito con Aval del Estado, el CAE. Eso implica dejar de recibir mucho dinero. La UNIACC estuvo acreditada entre 2005 y 2010 y en ese periodo se les concedieron a sus alumnos cerca de mil créditos, por un monto total de $ 1.666 millones.

El dictamen de la CNA es durísimo en varios aspectos y por eso muchos piensan que aunque la UNIACC apeló ante el Consejo Nacional de Educación (CNED), es poco probable que la decisión cambie. Académicamente la CNA le criticó que tiene importantes niveles de deserción y bajos niveles de titulación: que carece de una política de admisión selectiva y tiene una alta “permanencia de estudiantes en programas de estudios”, léase repitencia. Repara también en un aumento de la oferta de cursos de e-learning sin que se tenga “claridad de que la institución cuenta con capacidad suficiente para desarrollar programa de calidad bajo esa modalidad”.

La parte medular del dictamen tiene que ver con los dineros y la estructura societaria de la UNIACC, temas en los que la CNA no se mete normalmente. Tras revisar los estados financieros de 2008, 2009 y 2010, el ente fiscalizador afirma que la situación económica y financiera de la UNIACC “es riesgosa”. Detecta que el patrimonio de la UNIACC sufrió un fuerte descenso pasando de $ 8.037 millones a $ 3.938 millones, lo que implica una baja de un 51%. Esta pérdida llama la atención pues la UNIACC hizo traspasos de dinero por un monto similar ($5.507 millones) a una sociedad anónima relacionada con la universidad: el Instituto Superior de Artes y Ciencias S.A. (ISACC). La CNA entiende este traspaso como una deuda del instituto con la universidad, dinero que fue entregado en condiciones perjudiciales para esta última pues no genera intereses y no tiene plazos para la devolución.

Dice la CNA: “La deuda del instituto ISACC con la universidad representa un 27% del activo total y es superior al patrimonio actual de la universidad ($3.938 millones)” Y reitera: Las condiciones del préstamo “significan una pérdida patrimonial para la universidad y, obviamente, un beneficio patrimonial para el deudor”.

Según especialistas consultados por CIPER, el escenario descrito por la CNA responde a una de las formas clásicas a través de las cuales las universidades esquivan la prohibición que tienen de lucrar: si bien la ley les impide tener beneficios económicos, no les impide realizar malos negocios con empresas relacionadas que sí pueden lucrar.

Lo llamativo del dictamen es que por primera vez una práctica como esa es descrita en detalle y usada por la CNA como argumento para no otorgar la acreditación e impedir el acceso a los dineros del sistema CAE.

Al contrario, en 2010, cuando su presidente era Eugenio Díaz Corvalán la CNA acreditó a todas las instituciones que se pusieron frente a su ojo avizor: 16 universidades, 5 Centros de Formación Técnica y 10 Institutos Profesionales. Cada una de estas instituciones recibió al menos un año de acreditación. Los casos más llamativos fueron los de las universidades Tecnológica Metropolitana (UTEM), Arcis, Pedro de Valdivia y la Universidad del Mar, las cuales nunca habían logrado antes pasar esta prueba.

Un consejero de la CNA que prefiere no identificarse, recuerda que en esa ola de 2010, Eugenio Díaz, presionaba en las sesiones para acreditar a las instituciones.

-Cuando algunos nos oponíamos a una acreditación, Díaz nos acusaba de que desconfiábamos de las universidades privadas -dice el consejero.

¿El dictamen de la UNIACC marca un cambio en la línea de la CNA?
Algunos lo creen así y lo atribuyen al efecto del escrutinio público. Lo que antes decidían sin que nadie reparara en ello, tras el movimiento estudiantil del 2011 empezó a ser mirado con mucha más atención. “Acreditaciones como la de la UPV no podrían repetirse hoy”, dice un ex consejero. Otro afirma que también puede haber influido la llegada de Íñigo Díaz a la presidencia de la CNA.

Si este cambio es cierto, muchas casas de estudio deben estar muy complicadas en estos momentos. Entre ellas la misma UPV que debe iniciar su proceso de reacreditación este año.

También, como se verá enseguida, la Universidad del Mar.

INTERESES NO DECLARADOS

El citado Eugenio Díaz Corvalán, ex presidente de la CNA y actual consejero del mismo organismo, sabe mucho de la Universidad del Mar. Pero no por la fiscalización que debe hacerle sino por la asesoría que brindó a esa entidad durante casi todo 2011.

En la primera parte de este reportaje CIPER dio a conocer un contrato entre Eugenio Díaz y la U. del Mar que se firmó casi dos meses después de que dicha casa de estudio lograra su sorpresiva acreditación. En ese contrato Díaz, a través de su empresa, se comprometía a logra reacreditar a la U. del Mar por un pago de $ 60 millones. Mientras más años de acreditación lograra, más dinero extra le darían (Ver reportaje “Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha por polémico contrato”)

Desde hace un mes la Contraloría lleva adelante una investigación en la CNA y que incluye ese contrato y es ese organismo el que deberá determinar si el acuerdo vulnera alguna norma. Sin embargo, hay un aspecto desconocido hasta ahora y que agrava la posición de Díaz: no informó de su relación contractual en las tres declaraciones de intereses que hizo en 2011 y que Ciper obtuvo acudiendo a la Ley de Transparencia.

La declaración de intereses es un documento al que los miembros de la CNA están obligados por ley y en el que deben informar si tienen alguna relación con los fiscalizados que les impida ejercer su función. Específicamente se habla de relaciones laborales remuneradas con instituciones de educación superior. En su declaración de marzo de 2011 Eugenio Díaz admitió que trabajaba para la Universidad Andrés Bello, como asesor de la Vicerrectoría de Calidad y que su trabajo era por dos años.

En su declaración de abril de 2011, dijo que no tenía ninguna inhabilidad. En la que hizo en octubre de 2011 señaló que estaba asesorando a la Universidad Bernardo O’Higgins en una política de vinculación con el medio. Esa es la que se puede ver hoy en la página web de la CNA.

La omisión del contrato en este vital documento de transparencia funcionaria complicará a Díaz en la investigación de la Contraloría.

El caso de Díaz, sin embargo, excede su actuación y pone de relieve lo vulnerable que puede ser la CNA frente a universidades que se juegan fortunas con lo que se decide ahí adentro. La ley que regula la CNA deja convenientes áreas grises que pueden permitir fiscalizar y asesorar al fiscalizado. Por otra parte, la mitad de los miembros de la CNA es elegida por los establecimientos de educación superior que la CNA debe fiscalizar.

La Universidad del Mar, con la que Díaz firmó el contrato, es una de las tres privadas más grandes del país. Y su historia muestra como el negocio de la educación superior se ha construido precisamente desde zonas grises como las que hacen débil el trabajo de la CNA.

LOS DUEÑOS DE LA DEL MAR

La semilla del coloso que es hoy la U. del Mar se plantó en mayo de 1988, cuando un grupo heterogéneo de socios fundó el “Instituto Profesional de Valparaíso” con apenas $ 2 millones. Los socios eran Héctor Zúñiga Salinas, contador auditor; Raúl Jorge Baeza Aspée, ingeniero comercial; Luis Enrique Molina Vallejo, capitán de fragata (R); Juan Carlos Galdámez, abogado; Sergio Vera Muñoz, ingeniero naval y actual presidente de la Junta Directiva y Mauricio Eduardo Villaseñor, de profesión administrador de empresas y actual vicepresidente de la Junta Directiva de la universidad.

Los socios se demoraron un año de intentos en decidir que lo que debían hacer era una universidad. El 31 de mayo de 1989, inscribieron la corporación “Universidad del Mar”.

El verdadero corazón del negocio, sin embargo, no era el Instituto sino un enjambre de inmobiliarias que los socios formaron poco después de echar a andar la universidad y cuyos recursos no han parado de crecer.

Por ejemplo, en septiembre de 1989, meses después de creado el instituto, Héctor Zúñiga (el rector que contrató a Eugenio Díaz) junto a Baeza Aspée, Molina Vallejo, Vera Muñoz y Eduardo Villaseñor, constituyeron “Inmobiliaria del Mar S.A.” con un capital de $ 17 millones. 22 años después, en abril de 2011, esa inmobiliaria aumentó su capital a $1.800 millones.

Otro ejemplo de 1997: los socios fundadores crearon “Inmobiliaria e Inversiones Rancagua S.A.” con cerca de 200 millones. En 2011 el capital registrado en esa sociedad era de $ 2.466 millones.

Varios ex empleados de la universidad, señalan que esta red de inmobiliarias absorbe los recursos que genera la universidad con sus 20 mil alumnos. Rodrigo Muñoz, ex profesor de Macroeconomía de la sede de La Serena, afirma: “A los docentes de la U. del Mar se nos dejó de pagar durante meses, pero nunca se dejó de pagar el arriendo de los edificios, que son de los mismos dueños de la universidad”.

Similar acusación hace el presidente del sindicato de trabajadores de esa misma sede, César Guisado: “Todo podía fallar en la universidad pero el pago del arriendo jamás”, explica. El arriendo se cancelaba a Inversiones La Serena, de propiedad de los mismos socios que aparecen en la corporación que controla la universidad.

Guisado acusa que desde julio de 2011 la universidad dejó de pagar la AFP y los contratos de salud de varios de sus trabajadores, pese a haber hecho los descuentos respectivos. Por eso en diciembre del año pasado el sindicato presentó una querella “por delito de apropiación indebida y contrato simulado en contra de los socios y directores de la Universidad del Mar”, según se lee en el documento al que accedió CIPER.

Guisado sostiene que los dineros que se les han descontado han ido a parar a la red de sociedades e inmobiliarias.

Con sospechas similares el diputado de la zona Marcelo Díaz (PS) solicitó al Ministerio de Educación que investigue el uso de los dineros del Crédito con Aval del Estado, entregados a la universidad. El documento del diputado explica: “existe la percepción de que puede haber una administración irregular de los recursos del CAE que recibe la Universidad del Mar, particularmente la sede de La Serena pues dichos recursos son trasladados a la casa central, ubicada en Viña del Mar”.

Otra actividad realizada por la universidad sin duda llamará la atención de la Contraloría en su investigación. Se trata de la petición de 20 permisos para realizar Pesca de investigación y que la U. del Mar ha obtenido en los últimos 14 años.

Dos ejemplos: el 6 de julio de 2011, la Subsecretaría de Pesca le otorgó permiso para extraer 5 mil toneladas de Sardina Austral en aguas interiores de la XI Región por el periodo de un año. La universidad designó a Héctor Zúñiga como responsable de la investigación. En septiembre de 2007, la Universidad del Mar obtuvo dos permisos para extraer 5 mil toneladas de Anchoveta por tres meses, y 3 mil y 1.500 toneladas de Anchoveta y Sardina Austral por cinco meses. La primera extracción en la IV Región y la segunda en la V Región.

La lista suma y sigue con cantidades que son similares a las cuotas de pesca de las faenadoras industriales. Un investigador consultado por CIPER, que solicita reserva de su identidad, niega que tales volúmenes sean para investigación.

“Para pesca de investigación se necesitan unos pocos kilos. Cuando hablamos de 1.000 toneladas eso no es una pesca de investigación, es un negocio”.

Similar opinión tiene el investigador en recursos marinos y profesor de la Universidad de Los Lagos Edwin Niklitschek: “Estas cantidades no corresponden a lo que se necesita para una investigación científica. Una muestra de 5.000 toneladas para hacer una investigación no tiene sentido. Estas cifras corresponden probablemente a cuotas de pesca, las que se entregan a los pescadores mediante el mecanismo de “pescas de investigación”, un mecanismo del que, estimo, se ha abusado bastante desde el año 1991”, afirmó.

Fuentes consultadas por CIPER aluden a que bajo el paraguas de “pesca de investigación” la U. del Mar podría estar accediendo a las escasas cuotas de captura disponibles y luego traspasándola a pescadores artesanales o industriales.

Dos datos corroboran esta hipótesis. El primero es que, pese a sus esfuerzos, la U. del Mar sólo ha conseguido acreditarse en el ítem “Docencia”, pero no en el de “Investigación”. Por otra parte CIPER comparó las solicitudes hechas a la Subsecretaría de Pesca con las investigaciones publicadas por la U. del Mar en la base internacional de investigaciones ISI (Institute for Scientific Information) que es donde quedan registrados los trabajos académicos que tienen realmente carácter científico y que pueden ser debatidos por los pares. En ese catálogo la U. del Mar tiene solo tres investigaciones relacionadas con pesquería marítima y ninguna de ellas se puede vincular con las 20 solicitudes de pesca de investigación publicadas en el diario Oficial.

Con todo, es posible que las citadas “pescas de investigación” hayan redundado en algún tipo de documento, pero más bien administrativo, hecho para justificar la captura. El profesor Niklitschek llama a esas investigaciones “trabajo de consultoría”. Explica: “La diferencia entre un trabajo de consultoría y un trabajo científico, es que este último lo publicas en una revista científica reconocida por las base internacional ISI. El resultado de la investigación de una consultoría es un informe, que nosotros le llamamos “literatura gris” porque es un informe que queda en un archivador que no es necesariamente público y que no es revisado por pares. Un trabajo científico es revisado por pares una y otra vez. Los colegas te pueden hacer pedazos una investigación. Por eso si la investigación no es sólida simplemente no se publica. Esa es la vara que nosotros tenemos para decir si un estudio es científico o es sólo una consultoría”.

SE SUPENDIÓ LA FIESTA

El éxito en los negocios que parecen haber gozado los socios de la U. del Mar no ha ido acompañado de un buen desempeño ante los organismos fiscalizadores del sistema educativo. Por el contrario, la gran mayoría de las veces que fue examinada, fue mal evaluada, con excepción de dos ocasiones, una de ellas, la cuestionada acreditación de 2010.

En 1993 la Del Mar inició su primer proceso para lograr ser “autónoma”. Es necesario explicar aquí que hoy muchos especialistas consideran el proceso de autonomía como uno de los grandes errores que se cometieron respecto de la educación superior en Chile. La idea de la autonomía era acompañar y guiar a las nacientes universidades para convertirse en entidades sólidas. Muchas surgían como una casa adaptada para recibir alumnos y poco más. Se pensó entonces en un controlador que fuera estricto pero que no destruyera los proyectos en barbecho. Si pasaban esa etapa las universidades eran autónomas, es decir libres para hacer lo que quisieran, sin tener ningún tipo de control público. Un ex funcionario del Ministerio de Educación de esos años recuerda el desastre que empezó a producirse cuando se entregaron las primeras autonomías a fines de los años 90:

-Cuando las universidades consiguieron la autonomía, pudieron abrir todas las carreras y todas las sedes que quisieron sin consultarle ni al Ministerio ni a nadie. Como la oportunidad de negocio era enorme, la universidad que había sido de buena calidad los primeros años, tenía el incentivo para transformarse en mercenaria. Si era autónoma, ahora podía abrir la carrera de Medicina; si impartía Periodismo en Santiago, ahora podía abrir la carrera en Arica. Además, podía despedir a los profesores contratados y reemplazarlos por “profesores taxis” que hacen clases por hora.

La U. del Mar era tan precaria en tantos ámbitos que sólo logró la autonomía en 2002 después de casi 9 años de informes críticos y correcciones en aspectos centrales. Hay que puntualizar además que si en ese momento no lograba pasar la prueba, el único camino que le quedaba a la autoridad era cerrar la universidad, decisión que no estaba en línea con el signo de los tiempos que era aumentar las instituciones privadas.

Como era esperable la autonomía tuvo en la U. del Mar el efecto de una levadura. En 2004 abrió una sede en Quillota. En junio de 2006 puso la primera de su sede en San Fernando. En 2007 abrió otra sede en Reñaca con una inversión de 20 millones de dólares y con capacidad para 1.500 alumnos. Luego vinieron, Temuco, La Serena, Arica y Punta Arenas.

La expansión inmobiliaria fue acompañada de una expansión de la matrícula. La prueba de sus ambiciones también se registró en que en 2003 inauguró la carrera de Medicina –de altísima inversión- en dos sedes: Viña del Mar e Iquique.

Para hacer frente al caos de carreras y sedes abiertas sin ningún control los gobiernos de la Concertación diseñaron una estrategia: ofrecieron una enorme cantidad de recursos a la instituciones de educación superior (el CAE), a cambio de que se sometieran a un proceso de acreditación, a través de un organismo autónomo: la CNA.

En vez del garrote se optó por el incentivo.

Fue como ofrecerle un bistec a un león a cambio de una pirueta.

Las universidades terminaron tomando el control de la CNA en muchos aspectos. La U. del mar es una muestra de eso.

En 2005 la U. del Mar hizo su primer intento por acreditarse. La CNA la rechazó entre otras cosas porque la “dispersión de oferta de carreras” que ofrece, no cuentan “con los estándares necesarios para asegurar calidad”. La CNA cuestionó la multiplicación de las sedes: “La creación de sedes se ha fundamentado en diversas consideraciones que priorizan los aspectos externos por encima de las condiciones académicas e institucionales para su mantención. Los mecanismos institucionales de aseguramiento de la calidad no se aplican de manera eficiente y eficaz en las diversas sedes y no existen mecanismos claros y permanentes para evaluar la gestión de las sedes. El desarrollo de éstas es disímil y verifican carencias evidentes en infraestructura, biblioteca, laboratorios y equipamiento”.

En 2007 lo volvió a intentar. El rechazo se explicó entonces porque otra vez se detectaron niveles dispares de calidad entres sus distintas sedes. En esa ocasión la institución apeló dos veces y en ambas le dijeron que no.

Luego vino la, a estas alturas, famosa acreditación de 2010. El efecto de conseguirla fue que a partir de 2011, el 10% de su matrícula (2.091 estudiantes, de distintos cursos), pudo empezar a pagar sus carreras con el CAE. Este crédito le garantizó ingresos por $ 3.560 millones a la universidad, según los datos de la Comisión Ingresa, que administra el CAE. Tan importante como eso es que tras la acreditación, cualquiera de sus 20 mil alumnos que pase por una apretura económica podrá solicitar un préstamo para seguir estudiando.

Para entonces la U. del Mar era ya una de las tres más grandes del negocio y su futuro parecía auspicioso pues se había enfocado en capturar las ambiciones académicas de los sectores medios y medios bajos, donde el interés por la educación superior ha explotado. Con el CAE en la mano, la U. del Mar se volvió un negocio muy interesante precisamente para una empresa que había hecho fortuna en ese mismo nicho económico: el fondo Southern Cross Group (SCG), del empresario Norberto Morita, socio mayoritario de La Polar hasta 2006.

En 1998 Morita invirtió US$ 25 millones para comprar La Polar, entonces quebrada. Ocho años después, en 2006, vendió la mayor parte de su tajada en el negocio obteniendo US$ 200 millones. Sus socios decían que la clave del éxito de La Polar era que habían “democratizado” el crédito. Tras el estallido del escándalo se descubrió que esa democratización consistió, muchas veces en endeudar a los clientes de la multitienda –fundamentalmente de estratos bajos y medios bajos-, sin su consentimiento. (Ver reportaje: “Las huellas de Morita en La Polar: La fórmula que convirtió a los gerentes en socios del negocio”)

En este punto estamos en el momento más alto y brillante de la U. del Mar. Todos los pasos se dan en orden como en un estudiado baile. En diciembre de 2010 la U. del Mar consigue la acreditación; en enero de 2011 firman contrato con Eugenio Díaz para asegurar la acreditación del año siguiente; en abril Southern Cross anuncia que está interesada en esta pujante institución.

El fondo de inversión de Morita no da cifras, pero se puede tener una idea del dinero involucrado pensando que en 2009 el fondo de inversión Halcón vendió sólo el 15% de la Santo Tomás S.A, (que tiene 22 mil alumnos) en $10.640 millones.

Con el anuncio hecho los socios de U del Mar inician una serie de movimientos accionarios en la intrincada red de inmobiliarias que han formado en 20 años. El 11 de abril es un día clave, en el que parecen ordenar las cuentas preparándose para la inspección de Morita. Es una danza de millones. Aumentaron el capital de la “Inmobiliaria del Mar S.A.” de $ 77 millones a más de $ 1.800 millones. Crearon “Inversiones del Mar S.A.” con un capital de $ 474 millones. Aumentaron el capital de Inversiones Rancagua de $ 190 millones a $ 2.466 millones. Y crearon la sociedad “Inversiones Omega S.A.” con $248 millones de capital inicial.

Los acontecimientos aguaron la fiesta que estaba lista para empezar. Las marchas de los estudiantes, con la insistente crítica de en que las universidades no pueden lucrar, deben haber generado inquietud en los inversionistas. Por otra parte, La Polar estalló en pedazos gracias al sistema de endeudamiento forzado de sus clientes y generó desconfianza sobre Southern Cross. Por último, es probable que pese a la danza de millones que se describió, la universidad no haya sido todo lo brillante que parecía. De hecho, la crisis se evidenció apenas se anunció que el 23 de agosto Southern Cross no compraría. En septiembre le suspendieron el contrato a Díaz. En octubre, en varias sedes había profesores impagos y la sensación de que la U. del Mar se dirigía a la quiebra.

OTRA ZONA GRIS

La crisis afectó muy fuertemente a la joya del sistema: Medicina. Así lo recuerda el doctor Álvaro Retamal, ex director de desarrollo académico de la U. del Mar (sede Viña):

-Después de que se anunció que Southern Cross no llegaría, se generó una enorme presión para que la carrera de Medicina no sólo se autofinanciara sino que además generara ganancias.

Néstor Irribarra, el ex decano de la facultad, dice, en todo caso, que Medicina no contó nunca con nada más que lo estrictamente necesario. Cita como ejemplo lo que ocurrió con la prueba Eunacom, que deben rendir los egresados de esa carrera. El examen mide los conocimientos mínimos que deben tener los alumnos que egresan de Medicina y los que la superan con éxito pueden trabajar en el sistema público.

En 2009 la primera camada de egresados de la U. del Mar la rindió con resultados aceptables: de 45 alumnos, sólo tres la reprobaron. Pero al año siguiente la U. del Mar empezó a ocupar el último lugar entre las instituciones que se someten a la prueba. En 2010 de los 50 alumnos que dieron el examen, 24 lo reprobaron (48%)

Irribarra explica que en 2010 le pidió al rector de la universidad y socio de la misma, Héctor Zúñiga, recursos para apoyar a los alumnos en la preparación de esa prueba. “Zúñiga me contestó que no autorizaría esos recursos porque estimaba que el Eunacom era un asunto que solo interesaba a los alumnos. Dijo que la universidad cumplía con los jóvenes entregándoles la formación médica universitaria, y era responsabilidad de ellos aprobar el examen. Su idea era que si salen bien es una ganancia para ellos y si salen mal es una pérdida para ellos- cuenta Irribarra.

Los últimos resultados del Eunacom 2011 volvieron a ubicar a la U. del Mar como la universidad que peor rinde esa prueba. De 51 alumnos, el 20% la reprobó (10 alumnos).

-Esa fue la gran razón por la cual terminé saliendo de la universidad- dice el doctor Irribarra. Agrega que los recursos que no se le dieron estaban comprometidos por la universidad en la acreditación de la carrera (que ocurrió poco antes de la acreditación de la institución de la que se ha hablado en este reportaje): “No se me entregaron los recursos que permitían cumplir con los compromisos que habíamos adquirido durante el proceso de acreditación de la carrera frente a la CNA. En ese proceso dijimos que habría recursos para preparar el EUNACOM. Pero no se cumplió”.

Lo descrito por Irribarra aterriza el eterno debate sobre si el lucro afecta o no la calidad de la educación. El eje de esa discusión está muy bien planteado en un texto del director del CEP Arturo Fontaine: “Entre hacer un laboratorio de física o hacerse una casa en el lago, ¿qué escogerá nuestro empresario, dueño de universidad? Entre tener una proporción razonable de alumnos por profesor y aumentar los alumnos al máximo para aprovechar economías de escala, ¿no escogerá lo último? Entre pagar arriendos y servicios necesarios y a un costo de mercado y multiplicar servicios innecesarios y pagar más arriendo del de mercado siendo dueño de las empresas que prestan dichos servicios y de los edificios que se arrienda él mismo, ¿no tenderá a escoger lo último?” (Ver columna “El lucro sí importa”)

Si esas preguntas eran válidas para momentos que parecían ser de bonanza económica en la U. del Mar, con mayor razón lo fueron cuando la opción de compra de Southern Cross desapareció del horizonte. El doctor Retamal explica: “Al interior de la universidad el lucro se maneja con toda transparencia, ese es el objetivo de la U. del Mar. Lo reconocen y lo dicen abiertamente. Cuando vas a conversar con los directivos te dicen que esto es un negocio, hay que generar ganancia para los dueños”. Agrega que después de Southern Cross ese razonamiento se llevó al extremo: “La universidad empezó a tratar de lucrar a costa del deterioro del proceso académico. La universidad pretendía disminuir la calidad y aumentar el lucro. Esa idea era deliberada”.

A fin de 2011, que se había iniciado tan auspiciosamente con la acreditación, se anunció a los alumnos de Iquique que la carrera de Medicina se cerraría. Según relata un estudiante que participó en una reunión con Sergio Vera, presidente de la junta directiva de la universidad, este justificó el cierre de una manera sorprendente. “Nos dijo que en la zona no había suficientes profesionales docentes y que por lo tanto nosotros no nos íbamos a poder formar de una buena manera. Por supuesto, eso nos llamó la atención porque nos decía eso a alumnos que llevan varios años estudiando ahí, en una sede que ya tenía dos generaciones de egresados”.

A los alumnos de Iquique se les ofreció trasladarse a la sede de Viña (donde la mensualidad es 600 mil pesos más cara). Para costear la vida a 1.800 kilómetros de casa, se les prometió un bono de $125 mil por concepto de alojamiento y $50 mil por concepto de alimentación.

Datos reunidos por CIPER indican que la crisis de la U. del Mar estaría afectando a la mayoría de las sedes con sueldo impagos como en La Serena y cambios de directivos como en Medicina.

Respecto de este escenario el ente fiscalizador, la CNA, que al acreditar a la universidad envió la señal a los alumnos y a las familias que este era un lugar donde podían realizar adecuadamente estudios universitarios, no puede hacer nada. Porque entre acreditación y acreditación las universidades son entes autónomos.

-No tengo muchos antecedentes sobre lo que está pasando en la U. del Mar. Lo que sé y que es oficial es que la universidad cambió sus autoridades y que está en un proceso de reestructuración. Aparentemente cambiaron el rector y algunas otras personas. No sé si es todo o no -dice Íñigo Diaz, actual presidente de la CNA.

-¿Está al tanto de los problemas económicos y académicos de la U. del Mar? Eso es materia de la CNA…
-Solo cuando la Universidad del Mar solicita acreditación nosotros conocemos su situación. Toda la acreditación es voluntaria, salvo los programas de pedagogías y de Medicina. En el caso de la acreditación institucional, el proceso se inicia con la manifestación de voluntad de la institución, ya sea de acreditarse o reacreditarse. En ese momento se firman los contratos y se echa a andar el proceso del comité de pares evaluadores… Esta universidad que usted menciona no ha presentado su intención de reacreditarse… Lo único que sé es que la acreditación de la U. del Mar vence en diciembre de este año. Y por lo tanto, dentro de la programación que nosotros tenemos la consideramos como una tarea.

Los socios fundadores tienen una decena de inmobiliarias y los funcionarios de la universidad dicen que lucran a través de ellas.
-Toda esa información va a ser materia de observación y de análisis y de evaluación por parte de la CNA una vez que la universidad solicite la acreditación. Ahora, todo ese tipo de cosas cabe más bien en el ámbito de la fiscalización que debe hacer el ministerio o alguna superintendencia o finalmente la justicia.

Un último dato sobre la crisis actual en la U. del Mar. En octubre de 2011, los alumnos de la carrera de Medicina de la sede de Iquique organizaron un paro. No alegaban, como el resto de los estudiantes movilizados en Chile, por acceso a educación pública gratuita. Pedían, según relatan alumnos de esa universidad, cosas básicas como tener horarios de clases y, para alumnos de cuarto año, al menos una hora de clases a la semana.

-Pasaba mucho que como los profesores no estaban contratados, uno tenía que andar persiguiéndolos por los hospitales para resolver dudas y adaptándose a sus horarios para tener clases- dice un alumno. Añade que luego de firmar un acuerdo con la universidad y volver a las aulas, “ninguno de esos acuerdos se respetó”.

Esas situaciones se vivían en la U. del Mar, acreditada bajo la gestión de Eugenio Díaz. No deja de ser llamativo lo poco que la CNA conoce de lo que pasó con esta institución apenas un año después de su acreditación.

Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos comunes ante el oprobio de una menor indefensa? ¿Es posible quedar indemne ante el comprobado maltrato infantil? ¿Cómo responden las instituciones del Estado de Chile ante una situación extrema de vulneración de los derechos del niño? ¿Cuánto se nos engaña al pretender que se cumple en este ámbito con los estándares de un país desarrollado?

En los primeros días de junio de 2011 se inició una compleja y burocrática travesía en el sistema público con el fin de dar solución a este caso, que refiere al presunto abuso sexual hacia la menor por parte de un adulto que vive en su hogar. El hecho fue descrito con detalles por la menor a una docente en educación diferencial, quien realizó de inmediato la denuncia, trasladándola al Instituto Médico Legal. El Tribunal de Familia acogió la causa por protección y se decretó medida cautelar de prohibición de acercamiento del imputado. En la audiencia preparatoria la madre negó el hecho ante el tribunal, aludiendo al déficit intelectual de su hija. Los adultos en convivencia ignoran lo sucedido. Todos los informes sociales y peritajes que acreditan la adversa y riesgosa situación de esta menor, cuyo nombre y apellido está resguardado bajo reserva, están en poder del 3° Tribunal de Familia de Santiago.

En este y muchos otros casos de vulnerabilidad social le corresponde al Servicio Nacional del Menor (Sename) actuar directamente o bien a través de la OPD (Oficina de Protección de Derechos de Infancia), cuya función es intervenir con celeridad con las opciones existentes, es decir, mediante el Programa de Protección y, específicamente, tramitar el caso en una FAE (Programa de Familia de Acogida Especializada)

Las razones son considerables para atender esta situación. Sin embargo, ya trascurridos casi ocho meses desde la formalización de la denuncia, la niña aún permanece en su “hogar”, conviviendo en precarias condiciones, en riesgo inminente de ser violentada por el agresor u otros adultos convivientes, sin ningún apoyo directo ni solución a su condición de riesgo social de alta complejidad. Es más, la tramitación hasta ahora, da cuenta que esta menor se encuentra en lista de espera para ser incorporada a uno de los internados de Coanil (Fundación de Ayuda al Niño Limitado) que, lamentablemente, no ofrece escolaridad en su estadía. En resumen, el peligro para ella continúa día a día y la solución no se vislumbra, de no producirse una vacante en el centro mencionado y, aún así, se debe procurar la asistencia de la menor a una escuela especial.

Lo expuesto no sólo representa la perversa ineficiencia de las instituciones a las que corresponde por ley atender y velar por el bienestar socio-afectivo de los menores vulnerables, sino del Estado de Chile por incumplimiento de la normativa descrita en la Convención sobre los Derechos del Niño (1990). En dicho contexto, acusamos directamente al Tribunal de Familia, al Sename y a la OPD, por transgredir los derechos inalienables y fundamentales establecidos en la constitución del país y los tratados internacionales que Chile ha suscrito.

Esta es la cruda realidad. Basta ya de grandes seminarios y elocuentes panelistas; a saber, Unicef y Sename, que dan cuenta de un estudio sobre familias de acogida (enero 2012); un convenio entre Junji y Sename, que pretende coordinar y reunir recursos y capacidades para promocionar el buen trato y la atención de niños vulnerados en sus derechos (enero 2012).

En el contexto de organismos gubernamentales relacionados, se solicitó información al Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), sobre su injerencia en casos como el mencionado y sobre estadísticas de la población infanto- juvenil con algún tipo de discapacidad en situación de riesgo social. Hasta la fecha no hay respuesta. ¿Cuánto tiempo deberá la menor seguir arriesgando su integridad física y psicológica? ¿Cuánto falta para que el sistema público funcione eficientemente como se ha prometido en reiteradas ocasiones?

La realidad nos señala que aún seguimos a la deriva, que las incógnitas no tienen respuestas satisfactorias. Es obvio que en nuestro país no se tratan con la debida urgencia los problemas que involucran los derechos fundamentales de los niños, niñas y jóvenes, en riesgo social.

La indiferencia hacia el otro dañado prima. La pobreza tiene un rostro triste. La impunidad es habitual. La justicia demora y a veces no llega a tiempo. La sensibilidad es escasa. La precaria educación formal sí puede ser una excusa para el que delinque. Nuestros niños sufren y la impotencia es inmensa.

El contrato indica que Eugenio Díaz -que debía fiscalizar a la U. del Mar- tenía interés económico en que fuera bien evaluada por la CNA: recibiría $60 millones si era acreditada.

Actualmente el contrato forma parte de una investigación de la Contraloría iniciada a comienzos de enero.

Para entender la relevancia del documento hay que tener presente una breve cronología de hechos:

El 1 de diciembre de 2010 la CNA le otorgó a la Universidad del Mar, por primera vez en su historia, dos años de acreditación. En ese momento Eugenio Díaz era el presidente subrogante de la CNA y como tal dirigió la sesión que permitió a la universidad lograr el visto bueno de ese organismo.

La Universidad del Mar había intentado acreditarse en 2005, 2007 y 2008, sin conseguirlo, ente otros motivos, porque había levantado gran cantidad de sedes a lo largo de Chile y carecía de mecanismos que permitieran asegurar a la autoridad y a las familias que pagan la mensualidad, que la formación en todas ellas era equivalente.

En 2010, sin embargo, lo logró. Y un mes después de hacerlo, el 20 de enero de 2011, firmó un contrato con “Sociedad Gestión Limitada”, de la que Eugenio Díaz Corvalán es socio con su esposa, María Eugenia Rodríguez, y dos de sus hijas. En el contrato Díaz se comprometió a asesorar a la universidad “en el proceso de acreditación tanto institucional como de carreras que se desarrolla durante 2011 y 2012″. Por la U. del Mar firmó el rector Héctor Zúñiga, socio fundador de ese centro educacional.

Eugenio Díaz alega que al firmar el contrato ya no era presidente de la CNA, aunque fuentes del organismo indican que permaneció en ese cargo hasta que se designó a su reemplazante Íñigo Díaz, el 25 de enero de 2011. Independientemente de eso, antes del contrato (el 21 de diciembre de 2010) Eugenio Díaz ya había sido reelegido como consejero de la CNA por otros cuatro años. Es decir, al firmar estaba muy conciente de que su asesoría a la universidad y su trabajo en la CNA se desarrollarían en el mismo periodo y abordando las misma materias. La universidad, por su parte, sabía que la asesoría la haría una persona que se sentaba en la mesa en que se discutiría su nueva acreditación y que tenía derecho a voto en ella.

Según se especifica en el texto, esta asesoría consistiría en “un acompañamiento a los directivos y académicos de la universidad en el proceso de reacreditación institucional desde sus inicios hasta que finalice completamente”. Detalla que este “acompañamiento” consistirá en “el levantamiento de un diagnóstico inicial, el diseño de acciones de mejoramiento que se hagan cargo de las debilidades detectadas por la CNA, la implantación de las mismas, la elaboración del informe de autoevaluación institucional, análisis del informe de comité de pares y réplica institucional (a la CNA)”.

Cada una de las fases detalladas son etapas en las que la universidad tiene como contraparte a la CNA. Dicho de otro modo: con este contrato Eugenio Díaz se transformó en un jugador con intereses en dos equipos. Como miembro de la CNA –organismo del cual recibe mensualmente una dieta de más de 900 mil pesos – debía señalar las debilidades detectadas en esta y otras universidades; luego, como asesor de la U. del Mar debía decirle a sus directivos cómo corregir las debilidades (cosa que hizo en innumerables reuniones, como se verá más adelante); y al final, nuevamente como funcionario de la CNA, debía evaluar en conciencia si las correcciones estaban bien hechas.

Pero en realidad ese no era el final del proceso, pues el documento, además de los 60 millones, fijó un incentivo extra para que Eugenio Díaz logre una acreditación más larga. Si la acredita por dos años le pagarán $15 millones extra; si logra tres años, le pagarán $25 millones; si logra cuatro años, $45 millones. Se especifica que este pago solo se efectuará “luego de que la resolución que concede la acreditación institucional a la universidad haya quedado firme o ejecutoriada, sin que pueda ser alterada”. (Ver contrato).

El sello del contrato es claro. Se le pagará a Díaz no solo por el hecho de asesorar, sino por lograr la acreditación.
Díaz realizó ese trabajo. En septiembre de 2011, dictó un taller a los directivos de esa universidad titulado el “Proceso de Reacreditación Institucional”, en el cual se analizó el Acuerdo 120 de la CNA (acuerdo que lleva el voto y la firma de Díaz) y que le otorgó la acreditación institucional a la U. del Mar por dos años. La actividad quedó registrada en un Newsletter de la universidad.

Eso no es todo. En el mismo periodo en que Díaz acudía a asesorar a la U. del Mar, la agencia AcreditAcción estaba evaluando a esta casa de estudios para acreditar sus carreras de Pedagogía en Educación Diferencial y Pedagogía en Educación Musical. El conflicto de interés aquí radica en que AcreditAcción es una empresa que debe ser fiscalizada por la CNA, actividad imposible de realizar adecuadamente si el contrato de Díaz especifica que su “asesoría comprenderá el acompañamiento a los directivos y académicos de la Universidad en los procesos de acreditación de carreras que se desarrollen en este periodo”.

¿Puede AcreditAcción rechazar dos carreras que Díaz (su fiscalizador) ha asesorado para que se acrediten? Otra vez el doble rol del funcionario pone dudas sobre el cumplimiento de normas que debieran permitir a los estudiantes y sus familias conocer la calidad de las instituciones de educación superior.

El contrato, además de los $60 millones, fija un incentivo extra para que Díaz consiga que la CNA acredite por más años a la U. del Mar. Si la acredita por dos años le pagarán $ 15 millones extra; si logra tres años, le pagarán $25 millones; si logra cuatro años, $45 millones.

Testimonios reunidos por CIPER afirman también que antes de la acreditación de la U. del Mar y de la firma del contrato, Eugenio Díaz estuvo en esa casa de estudios ofreciendo una charla para ayudar a que la universidad se acreditara. Así lo asegura el doctor Álvaro Retamal, ex director de desarrollo académico de la U. del Mar (sede Viña) y que dejó el cargo a fines del año pasado con una dura carta en la que denunciaba la caída en picada de la calidad del establecimiento.

-Hubo una reunión con él antes de la acreditación de la universidad, en la cual Eugenio Díaz expuso cuál era la política de la CNA con respecto a la acreditación de las instituciones. Debe haber sido tres o cuatro meses antes de la acreditación de diciembre de 2010. Fue una reunión con los directivos de la escuela. Habló del mejoramiento continuo de la calidad y cómo los procesos de acreditación están enfocados en eso. Me acuerdo que con otros directivos conversamos sobre lo raro que era que él viniera antes de un proceso de acreditación. Pero él planteó que la política de la CNA era visitar todas las universidades y aclarar en qué consiste el proceso para que no haya sorpresas.

Poco después la universidad logró acreditarse por primera vez en su historia, se firmó el cuestionado contrato y partieron las asesorías de Eugenio Díaz que consistían, según Retamal, en charlas muy parecidas a la ya descrita: “Tuvimos muchas reuniones con él, los días martes y miércoles. Él se reunía con todas las escuelas periódicamente y hacía evaluaciones y criticaba. Era una asesoría bien intensa. Hizo una pega real de acompañamiento y asesoría. Por eso que se decía que era muchísima plata lo que se le iba a pagar”, dice Retamal. Agrega que un directivo de la U. del Mar le dijo que “teníamos que aguantar las charlas de Eugenio Díaz porque era el pago por haber acreditado a la universidad, es decir que después de haber acreditado a la Del Mar fue contratado como asesor”.

-¿Le llamaba la atención verlo en la universidad después de haber estado en el proceso de acreditación?
-A todo el mundo le llamaba la atención. Eso era vox populi. El comentario era que efectivamente era una recompensa… yo tengo la sensación de que él hizo su trabajo. Fue muy crítico, muy duro con la universidad, dijo todas las cosas que tenía que decir, pero nadie lo tomaba en cuenta. El argumento era “aguántenlo, pero no lo pesquen mucho. Tenemos que tenerlo porque es la recompensa que él tiene”. Fue la recompensa post acreditación, ese fue el planteamiento que tenía la gente de la universidad- explica Retamal.

Una acusación parecida hace Néstor Irribarra, ex decano de Medicina de la U. del Mar y que mandaba sobre las sedes de Viña e Iquique. Recuerda que “hubo al menos una reunión con Eugenio Díaz antes de que el proceso de acreditación se llevara a cabo. Vino como representante de la CNA a establecer las condiciones que se requerían para la acreditación institucional”.

Al enterarse, por CIPER, que tras la acreditación Díaz firmó un contrato de asesoría con esa universidad y a la vez siguió siendo consejero de la CNA, Irribarra se mostró sorprendido.

María José Lemaitre, ex secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Educación sostiene que el vínculo que existe entre dinero y acreditación, “ha provocado algo perverso pues la CNA no resiste dejar a una universidad sin CAE”.

-No tenía idea de eso, se lo aseguro. Como decano de Medicina no tuve ninguna injerencia en esa contratación. Él llegó un día como asesor y pensé que había dejado de ser funcionario de la CNA. Ahora que me cuenta del contrato y de que siguió siendo funcionario, me parece que hay un conflicto real de interés y que en eso tiene una gravísima responsabilidad el ex rector Zúñiga que firmó el contrato. Creo que la responsabilidad tiene nombre y apellido en este caso.

La ley que creó la CNA no es taxativa sobre los límites que tienen los consejeros en sus intereses. Por una parte señala que quienes “estén vinculados con una institución de educación a través de labores remuneradas, no podrán participar en las votaciones del CNA que se refieran a esa institución”. Según esto, bastaba con que Díaz no votara en procedimientos relacionados con la U. del Mar para que su contrato se hubiese ajuste a la ley. Pero, por otra parte, la misma norma afirma que es “incompatible” ser miembro de la comisión y paralelamente realizar actividades que “impliquen una relación laboral” con instituciones sujetas a acreditación. De hecho, especifica que para los consejeros esta “incompatibilidad” durará “hasta seis meses después de haber cesado en sus funciones en la CNA”.

Con todo, el hecho mismo de que un contrato como éste pueda estar alineado con la normativa, pone en entredicho la utilidad -para el público y para el Fisco- de una institución que en la práctica permite a sus funcionarios ser jueces y parte; y recibir una remuneración como fiscalizador y otra como asesor del fiscalizado.

RESPONDE DÍAZ

CIPER contactó a Eugenio Díaz, quien sólo aceptó una conversación telefónica. Reconoció el contrato y, ateniéndose a la primera interpretación de la normativa, señaló que no había nada irregular, pues al momento de discutir la acreditación de la universidad pensaba abstenerse de votar. Ello, en todo caso, no fue necesario, pues el contrato se terminó en septiembre de 2011 antes de que el CNA votara algún procedimiento relacionado con la U. del Mar. Ni Díaz ni autoridades de la universidad quisieron explicar a CIPER por qué el contrato terminó antes de tiempo ni los montos que fueron cancelados por las asesorías hechas.

-¿No le pareció incompatible firmar un contrato con la U. del Mar siendo presidente de la CNA?
-No creo que siendo presidente haya firmado ningún contrato. Además, uno puede tener contratos con universidades, hacer asesorías y dado el momento de tomar decisiones, inhibirse, si tiene que acreditar esa institución. Eso es lo que establece la ley. Yo tuve una asesoría en la Universidad del Mar el primer semestre del año pasado, pero ya no era presidente. El 6 de enero de 2011, o por ahí, venció mi mandato como miembro de la comisión anterior. En la actual comisión, nunca he sido presidente. Hubo un período como de dos meses en que no hubo ningún presidente, en enero del año pasado. Pero siendo presidente no firmé ningún contrato. Como le digo no hay ninguna incompatibilidad legal para hacer aquello.

-El contrato dice que usted recibe dineros extra en caso de lograr una acreditación por más años…
- Bueno, pero ese contrato se terminó en agosto… en julio del año pasado. Desde julio del año pasado no hago nada, nada, nada para ninguna… para la Universidad del Mar. (La precisión la hace pues según consta en su declaración de intereses actualmente asesora a la universidad Bernardo O`Higgins.

-Pero el contrato con la Universidad del Mar dice que su vigencia es hasta 2012, hasta que esté acreditada.
- No, pero le digo que está terminado completamente, completamente, completamente. De verdad, no estoy haciendo absolutamente nada. Terminó.

-¿Es normal que funcionarios de la CNA asesoren a universidades?
- No, no creo, no sé, no tengo idea. Lo que pasa es que no tenía ninguna vinculación con universidades en ese minuto. Eso era todo. Hay otros que trabajan en universidades, ¿te cachas?

-Usted era parte de la comisión. Su deber era fiscalizar…
-Bueno, pero evalúenlo ustedes. Perdóneme, pero tengo que entrar a otra reunión. Estoy urgidísimo.
CIPER se contactó también con Sergio Vera, presidente de la junta directiva de la Universidad del Mar (y socio del ex rector Héctor Zúñiga en la fundación de esa casa de estudios).

-¿Le parece normal que la universidad recurra a funcionarios de la CNA para lograr su acreditación?
-Es que no es que se recurra a funcionarios de la CNA, nosotros recurrimos a la sociedad en la cual participó o participa, no sé, Eugenio Díaz, en la calidad de profesional. Si él está en la CNA o no, no es relevante para nosotros. Podría ser un referente de su capacidad profesional, sin duda, pero yo creo que particularmente respecto de él, su trayectoria es lo más fuerte. Tengo una muy buena opinión de él como profesional.

-Dos altos ex funcionarios de la Universidad aseguran que Díaz asesoró a la universidad antes de ese contrato.
-Eso es falso. Eso si que no. Y como miembro del directorio me tocó recibir los informes y eran absolutamente orientados a lo que era mejorar la calidad, posterior al informe de acreditación. No, no, eso es falso. Yo creo que ahí se está tratando de buscar algo que no es.

-¿Entiende lo que significa que el presidente de la comisión que votó por su universidad, pocos días después, sea contratado por la misma universidad?
-Eso ya es estar haciendo presunciones. Usted comprenderá que son insinuaciones un tanto graves. Aquí no hay nada que entender. Esto es un hecho.

-¿No le parece irregular?
- No lo interprete. No trate de buscar interpretación. La acreditación tiene una fecha y el contrato tiene otra. Eso es un hecho simplemente.
CIPER consultó al presidente de la CNA, Íñigo Díaz, para saber qué medidas se tomarían en el consejo respecto de este contrato: “No le puedo comentar porque hay un sumario administrativo, una investigación incoada por la Contraloría General de la República”.

¿El sumario recae sobre usted también?
-No tengo idea. Supongo que me irán a investigar como presidente de la CNA.
Fuentes consultadas por CIPER aseguran que el secretario general de la CNA, Patricio Basso, recibió en enero de este año una copia de este contrato. CIPER intentó saber si le parecía lícito este tipo de relaciones contractuales y por qué -según nuestros antecedentes- no habría ordenado una investigación al respecto. A través de su secretaria, Basso contestó que las consultas de CIPER las responde sólo a través de los mecanismos de la Ley de Transparencia.

EL ROL CLAVE DE LA CNA

La CNA -y la red de instituciones fiscalizadoras que dependen de ella- son la única garantía con que cuentan los 20 mil alumnos de la Universidad del Mar de que los dueños de esa casa de estudio provean educación de un estándar mínimo. Ese estándar está simbolizado en la palabra “acreditada” que lucen hoy en sus propagandas muchas universidades.

Pero esa no es toda la importancia de la CNA. Alcanzar la condición de “acreditada” permite que sus alumnos puedan pedir el Crédito con Aval del Estado, el CAE. Con la palabra “acreditada”, el horizonte de potenciales clientes de la universidad se amplía, pues pueden pagarle los jóvenes pobres o de clases medias bajas que no tienen recursos y a los cuales los bancos no les van a prestar. Esos jóvenes recibirán dinero del fisco (como préstamo) para pagar su educación. Es por el fuerte vínculo que hay entre la acreditación y los recursos públicos que se entregan a través del CAE que el trabajo de la CNA no es solo de fiscalización, sino que implica garantizar el buen uso de los dineros del Estado.

Un aspecto no menor de estos recursos es que cuando se acredita a una universidad por un año, todos los alumnos que entran en primer año pueden postular al CAE; y si se les otorga, tendrán CAE disponible por el resto de su carrera. En 2011, cuando la U. del Mar obtuvo la acreditación, 2.091 estudiantes, de distintos cursos, (el 10% de su matrícula) pudieron empezar a pagar sus carreras con el CAE. Este crédito le garantizó ingresos por 3.560 millones de pesos a la universidad, que es el monto que recibió en 2011, según los datos de la Comisión Ingresa, el organismo que entrega el CAE. Tan importante como eso es que tras la acreditación cualquiera de sus 20 mil alumnos que pase por una apretura económica podrá solicitar un préstamo para seguir estudiando. (Ver reportaje: Cómo lucran las universidades que no pueden lucrar).

Evidentemente esta enorme cantidad de dinero en juego hace que la presión sobre la CNA para conseguir la acreditación sea también enorme.

María José Lemaitre, ex secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Educación dijo a CIPER que esta vinculación entre dinero y acreditación “ha provocado algo perverso, pues la CNA no resiste dejar a una universidad sin CAE. Entonces, la acreditan por un año, que es lo mismo que no acreditar. Creo que la única que no ha sido acreditada por la CNA es la UTEM (que finalmente fue acreditada por un año). Salvo eso, todo está acreditado, incluso algunas cosas siniestras. Porque la presión sobre la CNA es muy fuerte. Imagínate, llega el rector a decir “si usted no me acredita, no voy a tener alumnos, no van a tener acceso al crédito, ¡qué va a pasar! Un drama, lloran y los acreditan por un año”.

Así lo expresó recientemente el rector de la universidad UNIACC, Juan Enrique Froemel, cuya acreditación fue rechazada por la CNA: “Tenemos un alto porcentaje de alumnos que no tienen la situación para pagar sus estudios”.

“Claramente en nuestro país hay una crisis educacional que va mucho más allá del financiamiento y que tiene que ver con la calidad de la educación. Existe una entidad que se creó por ley y todos coincidimos en que no ha funcionado como debiese. Que la CNA diga que el tema del crédito provocó que funcionaran mal, me parece que es lavarse las manos”, dice la abogada Alejandra Contreras, directora ejecutiva de la Comisión Ingresa, la institución que entrega el CAE a las instituciones que han sido acreditadas por la CNA.

Dicho así, parece un perjuicio para los alumnos. Pero en la Comisión Ingresa tienen otra mirada. Para ellos el gran problema que enfrenta hoy el sistema es la mala calidad de los establecimientos que terminan siendo autorizados. Esa práctica, dicen sus funcionarios, puede terminar haciendo colapsar todo, pues un egresado de una mala universidad sin duda no podrá pagar el CAE, ni tener la mejor calidad vida que espera. Es decir, al permitirle endeudarse para estudiar en una universidad de mal nivel, habrá sido llevado por el sistema a una trampa en la que sólo encontrará frustración.

-La calidad de la educación es un punto clave para el CAE, pues va a repercutir en las remuneraciones futuras que el egresado pueda conseguir -dijo a CIPER la abogada Alejandra Contreras, directora ejecutiva de la Comisión Ingresa.

“Claramente, en nuestro país hay una crisis educacional que va mucho más allá del financiamiento y que tiene que ver con la calidad de la educación. Existe una entidad que se creó por ley y todos coincidimos en que no ha funcionado como debiese. Que la CNA diga que el tema del crédito provocó que funcionaran mal, me parece que es lavarse las manos. A uno lo pueden presionar mucho, pero si tiene claro cuáles son sus obligaciones, no puede dejar de cumplirlas por presiones. La norma debiera ser que una institución que no califica, no puede ser acreditada. Porque cuando llegan con la acreditación, aquí nosotros no podemos rechazarlas, debemos darles el crédito”, agrega Alejandra Contreras.

Dicho esto, hay que precisar que parte de la dificultad de la CNA de cumplir su rol está en la misma forma de elegir a los miembros de ese organismo. De sus 15 integrantes (14 con derecho a voto), siete son elegidos por las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. Es decir, la mitad de la CNA proviene de las instituciones a las que la CNA debe fiscalizar.

Ese es el caso de Eugenio Díaz, hombre vinculado al PPD y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que según datos recibidos por CIPER fue elegido con el apoyo de las universidades de la CUP (Corporación de Universidades Privadas). Este dato es imposible de confirmar porque este organismo clave, que ha funcionado por 6 años, aún no tiene un procedimiento escrito de cómo se eligen sus representantes. Se conocen las cuotas que le corresponden a cada grupo de interés (dos consejeros por las universidades privadas, uno por los institutos profesionales, etc.), pero la elección de los consejeros se hace en un claustro. De las trenzas que se tejen ahí no sabe nadie salvo los que participan.

Un último dato sobre Díaz. En el periodo en que era presidente de la CNA también fue asesor de la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB) en el área de aseguramiento de la calidad. Durante ese año la UNAB acreditó cuatro carreras a través de la agencia AcreditAcción. Nadie en la CNA objetó el que Díaz apareciera jugando con las dos camisetas, a pesar de que como presidente de la CNA, debía supervigilar precisamente el trabajo de la agencia.

Lea mañana: Quiénes son los dueños de la Universidad del Mar; cómo construyeron su imperio educativo y la crisis que vive hoy esa casa de estudios. Además, el cambio de rumbo en la CNA que parece anunciarse con el rechazo a acreditar a la Universidad UNIACC.

El ICIJ detectó que en algunas temporadas las cuotas de jurel fijadas por el gobierno peruano mediante resoluciones del Ministerio de la Producción, no son respetadas. En 2008, los desembarques de jurel excedieron las cuotas en 26 por ciento, de acuerdo con los registros de captura de Imarpe, el instituto gubernamental encargado de la investigación del mar peruano. Incluso, en enero de ese año, se pescó más de un 40 por ciento por sobre lo que se autorizó para ese mes.

En los siguientes dos años, 2009 y 2010, el pescado fue tan escaso que los dueños de las naves no llegaron a capturar la cuota global. Al año siguiente, el jurel volvió a aparecer en mayores cantidades, pero las compañías pesqueras una vez más sobrepasaron la cuota hacia noviembre.

No sólo se trata de capturas que se exceden de manera ilegal, sino que en algunos casos las recomendaciones de los científicos de Imarpe son ignoradas por el Ministerio de la Producción. Documentos oficiales revelan que el 13 de febrero de 2008, el entonces ministro Rafael Rey fijó una cuota mensual de 38 mil toneladas para febrero y marzo mediante la resolución ministerial N°355-2008, ocho mil más de lo recomendado para cada mes por los científicos en un informe técnico al que accedió ICIJ.

Aunque en 2002, Perú prohibió el uso de jurel para harina y lo destinó para el consumo humano, el Ministerio de la Producción continúa dependiendo de las declaraciones de pesca de jurel que le entregan los dueños de las naves, sin llevar un control directo y permanente de estos desembarques en los puertos.

No existe un sistema informático del gobierno que registre las descargas de las especies de consumo humano, como sucede con la anchoveta, un pescado que casi en su totalidad es destinado al negocio millonario de la harina con exportaciones que en 2010 tuvieron un valor de 1.600 millones de dólares.

Recién desde octubre pasado hay unos 40 fiscalizadores del Ministerio de la Producción que supervisan las descargas a la par de las empresas inspectoras Cerper y SGS, pero no pueden cubrir el tráfico de desembarques de todas las especies que llegan a cerca de 100 plantas del litoral.

Reproducción en peligro

Los registros del gobierno también muestran que hay una preocupante captura de jurel por debajo de la talla mínima, lo cual amenaza la reproducción de la especie.

El ICIJ obtuvo un reporte de Imarpe que demuestra que casi el 60% de las más de 26 mil toneladas capturadas en 2009 eran descargas de jurel juvenil. En enero y febrero de 2011, los meses en los que el pescado suele desovar, el 91 por ciento del jurel también era pequeño.

“Lo único que está llegando es el jurel chico”, dijo Úrsula Amésquita, en su restaurante ubicado al frente de la planta de CFG Investment en la localidad sureña de La Planchada, Arequipa. Esta empresa es sucursal en Perú del imperio de productos marítimos con sede en Hong Kong, Pacific Andes Internacional Holdings. No sólo figura entre las empresas más poderosas de captura de anchoveta, sino también de jurel.

Los pescadores artesanales del puerto de La Planchada confirmaron a ICIJ que la mayor parte del pescado que ahora ven en los muelles tiene menos de 15 centímetros de largo, a pesar que la talla mínima es de 31 centímetros, según la legislación peruana.

El reglamento de ordenamiento pesquero de jurel prohíbe capturas de más del 30% de jurel por debajo del tamaño mínimo. Pero esto es difícil de monitorear. Imarpe no publica sus reportes sobre capturas de jurel juvenil, tampoco los informes técnicos con las recomendaciones de cuotas que envía al ministerio.

En la mayor parte de los casos, el Ministerio de la Producción aprobó medidas y regímenes provisionales excepcionales para permitir mayor pesca de jurel juvenil. Casi siempre fue a favor de las flotas industriales que de los pescadores artesanales.

En medio de estas resoluciones de excepción, hay un caso que merece especial análisis. En 2011, el gobierno promovió una mayor pesca de jurel para una campaña que llevó a cabo en colaboración con las seis empresas más importantes que capturan esta especie, para vender el pescado a menor precio en distritos de bajos ingresos.

Coincidentemente, en una carta del 15 de febrero de 2011, la entonces viceministra de Pesquería, María Isabel Talledo, preguntó a Imarpe si podía haber “una modificación de los volúmenes de pesca recomendados” en el informe técnico de enero, en el que los científicos proponían la captura de hasta “10 mil toneladas mensuales de la fracción juvenil de jurel” entre enero y marzo. Al día siguiente de la misiva de Talledo, Imarpe emitió un nuevo informe modificando su recomendación inicial. Así, el 25 de febrero, se publicó una resolución ministerial que amplió la cuota a 45 mil toneladas y que fue suscrita por el entonces ministro de la Producción, Jorge Villasante.

En los siguientes meses del año hubo más ampliaciones. Casi todo lo que se capturó, entre enero y abril fueron ejemplares juveniles, de acuerdo a los registros de Imarpe.

Villasante informó al ICIJ que mil toneladas de pescado fueron vendidas a precio reducido hacia la mitad del año como parte de la campaña “Jurel para todos”. Pero tal cantidad apenas representa el uno por ciento de las casi 200 mil toneladas que capturaron las pesqueras ese año al amparo de los regímenes excepcionales para capturar jurel juvenil, entre ellas las seis empresas que participaron en la campaña: TASA, Copeinca, Austral, Hayduk, Diamante y CFG Investment. El resto de lo capturado fue vendido por las compañías a precio del mercado.

En su defensa, Villasante señaló que aprobó las ampliaciones de cuota porque el tamaño predominante del jurel estaba entre los 25 y 27 centímetros, “es decir cuando ya pasó su etapa reproductiva”, dijo. Además, consideró que la talla mínima de 31 centímetros fijada para el jurel en el Perú es una valla muy alta y que debería ser como en Chile donde el límite es de 26 centímetros.

Pero la bióloga Gladys Cárdenas, directora científica de Imarpe, dijo al ICIJ que “siempre hay que respetar las tolerancias de las tallas mínimas establecidas por las normas” peruanas ya que tienen un sustento científico.

Acompañados del nuevo encargado del Viceministerio de Pesquería, Jaime Reyes Miranda, los científicos de Imarpe admitieron que en gestiones anteriores se permitió la pesca de jureles pequeños, lo que puede afectar al stock.

“No vemos bien esto porque los ejemplares juveniles son los responsables de la renovación de las poblaciones. Si los capturamos, estos todavía no han madurado, no han desovado”, explicó la bióloga Cárdenas. Queda claro, sin embargo, que la protección de esta especie, la tercera más importante de la pesquería peruana, fue lo último que tomaron en cuenta los funcionarios del Estado.

-¿Entonces le parece que los obispos deben dejar sus cargos?
Le quiero ser muy honesto. Creo que hoy en la Iglesia no sabemos qué hacer ni cómo. Y en esto quiero ser solidario: he tratado muchas veces de meterme en los zapatos del Arzobispo y no se me ocurre. Creo que es el problema es ese. Es cierto que hay procedimientos canónicos que han sido exigidos por el Papa y seguidos fielmente por los obispos. La pregunta que queda latente en muchos es si eso será suficiente.

“Estamos pagando las consecuencias de lo que llamé ‘desidia e indolencia’.”

-En el caso de los obispos que están siendo cuestionados, los acusadores piensan que cuando acataron el dictamen del Vaticano lo hicieron solo “de la boca para afuera”. Sostienen también que por otro lado, ese acatamiento no basta.
-Yo creo que ahí el problema es que hoy, para la opinión pública, pedir perdón no es suficiente. La sociedad exige un gesto más claro. Ahora, esta exigencia ocurre dentro de un contexto nacional muy complicado donde, por un lado, hay carencia de liderazgo en el plano político y carencia de liderazgo en el plano de la Iglesia. Pienso que la Iglesia Católica, por mucho que haya disminuido la credibilidad en las encuestas, sigue siendo un referente. Su responsabilidad no es solamente con el grupo que va a misa, sino que con todos, creyentes y no creyentes. Hay un servicio que la Iglesia tiene que prestar, cosa que fue bastante clara en los tiempos del Cardenal Silva Henríquez, durante la dictadura. Ahí tuvimos una iglesia capaz de tomar una posición. Había voces discordantes, las conocemos, pero hubo una línea clara.

-¿Hoy esa línea no existe?
-No está clara… En los tiempos del Cardenal Silva Henríquez, hubo cosas muy duras, pero uno tenía la certeza de que tenía detrás al Cardenal. Es decir, uno seguía al obispo y el obispo lo acompañaba a uno. Ahora no.

-¿En qué nota la falta de liderazgo y la falta de tareas comunes?
- Hay áreas que se han tratado de dejar claras. El arzobispo, por ejemplo, ha sido explícito respecto a un tema básico, que es el problema de los ingresos de las familias. En septiembre del año pasado dijo que la desigualdad era un escándalo. Pero los medios no recogen eso. ¿Por qué? Hay una cuestión compleja en relación a los medios ahí. Por un lado, si no hubiese sido por los periodistas, quizás la historia de El Bosque no hubiese salido a luz: pero por otro lado hay un silencio del mundo periodístico respecto a esta toma de posición de la Iglesia que es tan importantes dentro del contexto nacional. Yo percibo además que está ocurriendo otro fenómeno: La historia de Chile era la de un país con cultura católica, y de una Iglesia, lejana o cercana, pero una iglesia que es madre. Sin embargo, frente a temas difíciles, como las separaciones, el discurso de la Iglesia fue sentido por muchos no como el de una madre sino como el de una madrastra que condena. Pienso que eso es el resultado de cómo se abordaron esos temas; no es un problema de lo que se dijo, sino cómo se dijo. Y creo que hay una reacción de mucha gente que ha vivido estos dramas y se ha sentido condenada por la Iglesia y que ahora, ha tenido una reacción como de pica, de rabia frente a la Iglesia.

-Digamos que en los ´90 la Iglesia fue durísima en ese aspecto: criticando a los hogares uniparentales como si no fueran dignos de ser llamados “familia”; oponiéndose al reconocimiento de los hijos “ilegítimos”, oponiéndose a terminar con la práctica de expulsar a las adolescentes embarazadas de los colegios. El rostro de la iglesia era duro, y lo encarnaba el Cardenal Medina recolectando revistas pornográficas para denunciar el libertinaje moral.
- Yo alguna vez lo dije, en la Parroquia de la Inmaculada Concepción, en la misa del domingo, a las 12:45, ahí en Vitacura: “los cristianos no podemos aceptar que la moral quede reducida del cinturón para abajo y salvados sean los bolsillos”. No pasó nada.

“Frente a temas difíciles, como los divorcios, el discurso de la Iglesia fue sentido por muchos no como el de una madre sino como el de una madrastra. Creo que hay una reacción de mucha gente que ha vivido estos dramas y se ha sentido condenada por la Iglesia y que ahora ha tenido una reacción como de pica, de rabia frente a la Iglesia”.

-¿Fue un error el énfasis sexual que tuvo el discurso de la iglesia?
-Absolutamente.

-¿Cree que la crisis actual es consecuencia de esa fijación?
- Sí. Pero déjeme precisar. Una cosa es la doctrina de la Iglesia, en términos conceptuales; otra cosa es cómo se trata de comunicar lo doctrinal al pueblo de Dios, y eso es el acercamiento pastoral a las realidades concretas que vive la gente. La Iglesia no está, en primer lugar, para defender una doctrina, la iglesia está para evangelizar, y eso significa anunciar una buena noticia y por lo tanto ayudar a la gente a ser más feliz. Hecha esa precisión, uno podría decir que, no es que se haya hablado tanto de la cosa del sexo, sino que se ha hablado muy mal sobre el tema del sexo. Ha sido sobre todo un tema de lenguaje. Por otra parte me parece que la Iglesia ha tenido una resistencia a plantearse los desafíos actuales y el tema de la proporcionalidad que es tan importante en la moral. En concreto, en Chile, los problemas vinculados con la justicia social son mucho más importantes que los vinculados con la moral sexual. Y son muchos más importantes, entre otras razones, porque con los bajos ingresos que reciben hoy muchas familias, éstas revientan. El alegato en favor de la familia no puede ser sólo desde el punto de vista de la sexualidad.

Hablemos de los que sienten “pica” por cómo fueron tratados por la iglesia. ¿Qué paso con ellos?
-Pienso que es gente que no se sintió acogida. Los conceptos pueden estar y seguir estando muy claros, lo que nos ha faltado es una actitud y una palabra de misericordia. Nadie hace fiesta en una relación matrimonial que se quiebra. Se trata de situaciones extremadamente doloras. Entonces, acogida. Y recordar a San Pablo: “Alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran”.

-La pica y la rabia que usted detecta pueden deberse a otra cosa: al hecho de que se ha descubierto que muchos delitos sexuales cometidos por sacerdotes eran ocultados, que los abusadores eran trasladados y se acallaba a las familias de la víctimas.
-Ahí hay un tema importante. Hace unos 40 años los obispos de Estados Unidos consultaron con siquiatras y la versión de los siquiatras de esa época fue exactamente la cosa que se hizo: sacar al cura del lugar en el que estaba, hacer un retiro de 30 días, y ponerlo en manos de un siquiatra. Hoy ningún siquiatra aceptaría eso como postura válida, como solución de un problema, ninguno.

-Entiendo el punto, pero no se puede sostener que la actitud de ocultar abusadores provenga sólo de la recomendación de la ciencia. Hay un interés político de la Iglesia en hacer eso: evitar el tremendo daño para su imagen.
-Claro, lo primero que hay que considerar es el daño para la víctima y lo segundo es el daño de la Iglesia. Durante mucho tiempo primó la imagen corporativa… Nos demoramos en que nos cayera la chaucha, sí…

-Cuando el arzobispo Ezzati va a visitar a Karadima y le lleva chocolates ¿Qué mensaje se trasmite en el tema de los abusos sexuales?
-Es confuso, yo creo que todo el mundo habría entendido una visita privada del arzobispo a Karadima, con chocolates, pastillas o lo que fuera. Visitar a los enfermos y a los encarcelados es una obra de misericordia. El evangelio es claro (MT 25: “Estuve enfermo, estuve en la cárcel y me fuiste a visitar”.) Pero nadie entiende una visita pública. ¿Pudo evitar la publicidad? Es la pregunta que ha quedado sin respuesta.

¿Le parece que Karadima tiene aún poder?
Mire, tras el escándalo de Marcial Maciel, Roma nombró a un visitador, el cardenal De Paolis. Y el 24 de diciembre pasado el cardenal De Paolis ordenó 60 sacerdotes legionarios de distintos países del mundo a quienes no pudo conocer antes. Los antecedentes de estos sacerdotes le fueron entregados por los superiores religiosos de los Legionarios, todos nombrados por Maciel… A todo esto, el mismo cardenal había enviado una carta vitriólica a todos los sacerdotes legionarios que pensaban abandonar la legión para incorporarse al clero secular de sus respectivas diócesis. Entonces uno dice, no está fácil. Yo creo que la prueba más evidente de la existencia de Dios es la sobrevivencia de la iglesia, porque uno mira la historia de la iglesia y las embarradas son tantas… somos todos seres humanos, todos la embarramos, pero nos hace falta tomar conciencia colectiva de eso. Y tal vez, todo esto que nos está pasando nos podría hacer espléndido servicio, en el sentido de volvernos más humildes. Como le digo, creo que la pregunta es ¿qué hacer, cómo hacerlo? Y no lo tenemos claro. Y tras esa pregunta, hay otras muy importantes: ¿cómo está asesorándose el obispo? Me acuerdo ahora, que en los tiempos de la dictadura, hubo un episodio grave y fuimos convocados todos los curas de la zona oriente de Santiago, todos los religiosos y religiosas, y llegamos a la reunión. Y después que todos los que queríamos hablar y decir cosas inteligentes, las habíamos dicho, una monjita que estaba ahí levantó el dedo y en tres frases dijo lo que había que hacer. Entonces, para mí eso es paradigmático.

-En ese contexto, ¿qué es lo que hay que hacer con los sacerdotes y los obispos formados por Karadima?
-Lo que me parece más delicado de ese tema es lo siguiente: ¿cuáles de estos sacerdotes responden realmente a una vocación y cuáles fueron empujados por Karadima? Hacer un discernimiento de esa índole con cada persona, es complicado. Todo ser humano merece respeto, entonces la tarea que debe hacerse es la de conversar con cada uno de ellos para tratar de ayudarlos a que descubran qué es lo que está en el meollo de sus opciones. Es una tarea muy compleja. Por eso digo que tomar la decisión de “todo el karadimismo, pa’ afuera”, de un viaje, es inaceptable. Es muy importante que la gente entienda también eso, que hay una cuestión de respeto que está en juego y que yo creo que ningún obispo, cura, o cristiano que trate de serlo en serio, entendería que se apuntara a todos, o a muchos, de esa manera.

-Sin embargo, parece que la sospechas contra el ”karadimismo” tiene que ver con que estos sacerdotes y obispos aceptaron situaciones reprochables. Y es por eso que su criterio está en duda. No está claro qué “aprendieron” de Karadima. Da la impresión de que los católicos quisieran que la Iglesia abordara ese tema.
-Eso es una pregunta muy gruesa. Déjame llevarlo a otra figura. Lo que está pasando con Cristián Precht. ¿Por qué se demora tanto la investigación a la que se encuentra sometido? ¿Por qué a este hombre lo tienen en la situación en la que está? No puede tener ningún cargo pastoral, etc. Imaginemos por un minuto que él no haya sido responsable de nada…

“En los tiempos del Cardenal Silva Henríquez, hubo cosas muy duras, pero uno tenía la certeza de que tenía detrás al Cardenal. Es decir, uno seguía al obispo y el obispo lo acompañaba a uno. Ahora no.”

-¿No le parece que la idea de que todo acusado es automáticamente culpable, tiene directa relación con la incapacidad de la Iglesia chilena para dar señales claras de cuál es su posición?
-En parte creo que sí. Pero como le digo no sé qué habría que hacer. Yo estoy rezando, esperando que aparezca una monjita que diga lo que hay que hacer.

- ¿No tiene una respuesta para el católico que está molesto porque siente que se mantiene el status quo, que el karadimismo, sigue ahí con sus redes?
-Mire, es un hecho que hay gente que ha perdido la confianza en la iglesia y otra que se ha alejado. Aquí han llegado a conversar conmigo papás del colegio Cumbres (de los legionarios de Cristo), feligreses de El Bosque, muy destrozados. Con todo hay algo positivo en esto: mucha gente, para permanecer en la Iglesia ha tenido que poner su fe en Jesucristo. Me pasó con una señora un tiempo atrás que me dijo “padre, yo perdí la fe porque el cura tal, hizo tanta barbaridad”. Yo le dije “bendito sea Dios, señora, porque usted tenía su fe puesta en un cura y no en el Señor”. En ese sentido, me parece que ha habido un proceso de maduración, con crujidera, porque estas cosas son así, con crujideras. Son los momentos de crisis que nos pueden ayudar a crecer como personas y también como institución en nuestra fidelidad a Jesús y a los Evangelios.

-Entiendo. Pero admitamos que no es muy real eso, en cuanto a que el catolicismo es una religión muy institucionalizada. Los obispos no son para sacarlos de en medio de la relación con Dios, sino para reverenciarlos. Se reza por ellos.
-Una cosa es rezar por ellos y otra es hacerles caso en todo. Hay una frase de Santo Tomás de Aquino, siglo XIII y que dice textualmente: “En el orden del actuar moral la última norma es la propia conciencia y no la ley”. Y esto está reiterado por el cardenal Newman, quien hace un par de años fue beatificado. En un cóctel le pidieron que brindara por el Papa y Newman levantó su copa y dijo: “Brindo por el Papa, pero antes, por mi propia conciencia”. Un católico tiene que ser honesto consigo mismo en primer lugar. Por otra parte creo que ahora es mucho menos la gente que llega donde el cura a preguntarle “padre, ¿puedo hacer esto?”. Yo tengo contacto con mucha gente, por muchos lados y me doy cuenta de lo que piensan los jóvenes que se declaran católicos. No hay que confundir el tronco con los ganchos del árbol y mucho menos con las hojas. Si uno se cuelga de una hoja, se cae con hoja y todo. Hay que afirmarse en el tronco.

-¿No cree que Karadima fue el tronco de la Iglesia durante mucho tiempo?
-Un tronco de litre… Mire, pienso que la primera victima de toda esta historia es él mismo Karadima, porque él está absolutamente enfermo. Un gallo de relativa normalidad no hace lo que él hizo. Y él ha producido a otras víctimas, que como dice usted, pueden producir a más víctimas.

“Tomar la decisión de “todo el karadimismo, pa´ afuera”, de un viaje, es inaceptable”.

-Ese es el tema que me parece preocupa hoy a los que critican la existencia del “karadimismo”.
-Si alguien me preguntara que desearía que ocurriera, le pediría a todos los vicarios que reunieran a sus curas, a todas las congregaciones religiosas, masculinas y femeninas que están trabajando acá en Santiago, y les pediría que hicieran un discernimiento. La pregunta sería ¿qué tenemos que hacer y cómo? Pienso que hacer eso sería esplendido desde el punto de vista del arzobispo que se pone o busca la comunión y la fomenta y la crea a través de la participación de toda la gente más directamente involucrada. A lo mejor la prensa no lo cree o no lo entiende pero hay muchos curas que estamos sufriendo mucho por esta cuestión, pero mucho. Y el sufrimiento de un cura es muy distinto a lo que le puede pasar a un laico. El laico tiene su mujer, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene su trabajo, tiene muchas cosas; uno está entero en el sacerdocio, entonces el impacto que nos produce a muchos curas, es muy fuerte, pero muy fuerte. Yo no sé hasta dónde los obispos se dan realmente cuenta. De repente, como de pasadita el obispo dice “agradezco a tantos sacerdotes, tan fieles servidores”, etc., que son como frases hechas que uno no cree mucho. Porque no se trata que uno le ponga como condición al arzobispo que me pregunte mi opinión, pero me parece que sería bueno ver mucho más de comunión en la Iglesia. ¿Por qué no asumir nuestras convicciones y nuestras debilidades?; ¿nuestro necesario respeto por las personas y nuestra dificultad por saber qué hacer con la rapidez requerida por una opinión pública que, a veces, no advierte las complejidades de situaciones como las que hemos estado viviendo?

-¿Cómo se siente usted respecto del caso Karadima y a la explosión de denuncias de abuso sexual cometidas por sacerdotes?
-Siento pena y rabia. Pena por el sufrimiento de las víctimas, por nuestra incapacidad de dar respuestas claras y suficientes, pena por la carga de tantos que se quejan con uno y que también están sufriendo; rabia, por sentir que no hacemos lo que tendríamos que haber hecho porque, en su momento no enfrentamos las cosas con verdad y como que las dejamos pasar. Estamos pagando las consecuencias de lo que llamé “desidia e indolencia”.

-¿Entre las cosas que faltan por hacer, está lo que están pidiendo las victimas de Karadima?
- ¿Una sanción para los obispos? Creo que habría que hacer lo mismo que se está haciendo con los curas: darse el tiempo para que esos obispos, que finalmente son seres humanos como usted y como yo, tengan la posibilidad de hacer una reflexión sobre qué decisiones han tomado en su vida y con qué grado de libertad las tomaron. Eso es lento, no es un asunto de matemáticas, en que siempre 2 + 2 son 4.

¿Piensa que es buena señal que Andrés Arteaga siga siendo el obispo auxiliar de Santiago? Él convenció al arzobispo Errázuriz de que las acusaciones de los denunciantes eran falsas y operó sin freno para proteger a Karadima.
-Bueno, ya salió de su cargo en la Universidad Católica. Algo es algo. Por otra parte, sigue haciendo los comentarios en El Mercurio. Algo extraño hay ahí, sí. Mire, déjeme decirlo de un modo extremo: yo estuve en una comisión del Ministerio de Salud muchos años, muy metido en la defensa de los derechos de los minusválidos mentales. Las cosas que llegaban ahí eran tremendas. Por otra parte fue una experiencia muy interesante, porque había gente de distintos lados, siquiatras, sicólogos, creyentes, no creyentes, y todas las decisiones delicadas las tomábamos de forma unánime. Era posible reflexionar en conjunto, con seres humanos, y fue una cosa muy hermosa. Bueno, que le quiero decir, que si yo voy a una de estas casas de viejitos, donde de repente para financiarlas meten gallos enfermos de la cabeza, y los pobres viejitos que están sanos viven situaciones terribles… si voy para allá, no soy quien para condenar a los enfermos mentales porque son enfermos mentales. Ahora, Arteaga es un hombre inteligente brillante, con mucha inteligencia, estudioso, ¿Qué pasó ahí con él? No lo sé.

¿Le parece una buena señal que siga de obispo?
Será obispo para siempre, otra cosa es que siga ejerciendo como tal.

¿Qué impresión tiene sobre el ex arzobispo Errázuriz? ¿Es responsable de lo que pasó en El Bosque?
- Ya lo he dicho en más de una entrevista. Responsable sería mucho decir. Con todo, él mismo lo ha expresado: “Asumo mi responsabilidad”. Claro que estamos de nuevo en el mismo tema: demasiada mirada desde lo institucional y muy poca desde las personas.

-¿Para Errázuriz lo más importante fue la institución?
- Y de hecho, no quiso recibir a ninguno de los denunciantes, pero sí habló con Karadima.

-Tal vez por eso, cuando lo reemplazó el obispo Ezzati se respiró otro aire.
-Sí, de esperanza

-¿Se ha cumplido esa esperanza?
- Qué le puedo decir. Mire, me acuerdo de una actividad que se hizo apenas él llegó y que se llamó “La alegría de ser católico”, y aparece monseñor Ezzati hablando en la televisión y justo detrás está el cardenal Errázuriz. ¿Cuál es la reacción del que está viendo eso? Son lo mismo. ¿Por qué al cardenal Errázuriz no le dice alguien, que lo ayude a tomar conciencia, que tiene que guardarse, que no puede marcar al que viene después? Yo creo que la cuestión de los chocolates, aunque parezca un detalle, fue fatal para monseñor Ezzati: tiene que ver con el efecto a través de los medios de comunicación social

-Me parece que parte de la complicación que vive hoy la iglesia es la dificultad que tiene al darse cuenta de la gran cantidad de homosexuales que hay en su interior. En el mundo civil eso no es problema pero para la iglesia que ha condenado a los homosexuales, es uno de los temas que no sabe cómo resolver.
- Me imagino que usted está hablando de la iglesia jerárquica y no de todo el pueblo de Dios que es la iglesia. Entonces, no me atrevería a hablar de “gran cantidad”, no hay estadísticas. Lo que si es claro es que los abusos, al parecer atribuidos solo a sacerdotes, son bastante más abundantes en términos porcentuales en medio de la sociedad civil. Por ejemplo, en Estados Unidos hace algunos años apareció una estadística sobre los abusos y mostraba que del total de victimarios el 1,1 % eran sacerdotes católicos; hombres casados era el 4,5% y los pastores evangélicos, más de 10 %. Respecto de los homosexuales, la iglesia no ha condenado a ninguno. Ahora, que haya temas sin resolver, eso es otro cuento.