La tragedia humanitaria que ha vivido Colombia en los últimos quince años fue peor en estas colinas caribeñas que se extienden en quince municipios de Sucre y de Bolívar y en sus alrededores al noroccidente del país. Los colombianos se han estremecido con los relatos de sus masacres, El Salado, Chengue, entre otro medio centenar, y con los retratos de maldad de los autores comandados por “Cadena” y Vecino”. También ha constatado, después de sentencias ejemplares como la que dictó la Corte Suprema contra el cacique sucreño Álvaro García, que políticos cómplices, aprovecharon el miedo, para ampliar su poder y fortunas.

Más allá de estos hitos tremendos, sin embargo, la historia del paramilitarismo suele contarse en blanco y negro, escondiendo así aquella historia más sutil y más verdadera de cada región. Es en esos relatos más grises, de decisiones morales, de pasiones e intereses individuales, pero también de los conflictos históricos y las políticas estatales que los perfilaron, donde afloran las claves de por qué la violencia en este país siempre parece estar al acecho de la siguiente oportunidad.

En este especial, y en otros que vendrán en las próximas semanas, VerdadAbierta.com quiere aportar desde el periodismo a construir esos relatos regionales, más investigados y minuciosos, basados en decenas de entrevistas y documentos.

Conocer mejor qué pasó, nos ayuda a comprender por qué la elusiva paz no se instala del todo y, sobre todo, nos indica el camino de futuro para no repetir la misma historia.

*Vea el especial publicado por VerdadAbierta.com

Vea el mapa general de los edificios dañados por el terremoto

Por los menos 19 edificios en Santiago y otros nueve en Concepción resultaron con daños severos que obligaron a desalojarlos tras el sismo. Sólo en Santiago a fines de marzo se contabilizaban 2.600 copropietarios que debieron abandonar sus departamentos. El interés de la prensa y las expresiones solidarias hacia este contingente de víctimas se diluyeron con el tiempo. Miembros de una clase media que no recibirá aportes del Estado para reparar sus hogares, a seis meses del terremoto siguen negociando con inmobiliarias que -salvo algunas excepciones- no dan la cara o dilatan los acuerdos, jugando con la desesperación de quienes no tienen para pagar simultáneamente dividendos y arriendos alternativos. Las empresas intentan seducirlos con soluciones individuales, estrategia que debilita la unidad de las comunidades afectadas.

Vea las fichas los edificios dañados por el terremoto y el mapa general

Los obreros de la constructora Santa Beatriz no paran. El martilleo y los ruidos de taladros y betoneras conforman una banda sonora permanente que acompaña hace semanas a los residentes de El Alto de Maipú. Por los pasillos de los seis edificios de cinco pisos que componen el condominio, el presidente de la comunidad de 504 copropietarios, Fernando Contreras, camina y observa las obras. Al ojo y sin mayores conocimientos sobre construcción, trata de evaluar la calidad de las faenas. Según cuenta, la directiva que encabeza no autorizó los trabajos, no conoce el proyecto de reparación ni sabe quién lo presentó a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Maipú para obtener el permiso de edificación.

-Acá llegaron un día y se pusieron a reparar. Lo lógico es que los trabajos los autoricen los dueños de los departamentos, pero nosotros no hemos negociado con la constructora. Podría pensarse que cada propietario autorizó individualmente, sin pasar por la directiva, pero yo mismo no he autorizado trabajos en mi departamento y ya lo arreglaron. Lo único que hicieron fue poner yeso y pasta de muro para tapar las grietas -dice Contreras, quien asegura que por este motivo tuvo una airada discusión con el jefe de las obras.

Los vecinos de El Alto de Maipú son parte de los cerca de 2.600 propietarios de departamentos de edificios santiaguinos que debieron ser desalojados tras el terremoto del 27 de febrero, debido a los daños que sufrieron. Un grupo que concitó el vivo interés de la prensa y la solidaridad de la opinión pública en las primeras semanas después del sismo. Y aunque la mayoría aún no puede regresar a sus hogares y sigue en negociaciones con las inmobiliarias, poco a poco perdieron protagonismo en la agenda noticiosa. De los damnificados por el terremoto, sólo vuelven a despertar interés periodístico -y de vez en cuando- las dramáticas historias de aquellos que ocupan las mediaguas de las “aldeas solidarias”, el eufemismo que usan las autoridades para referirse a los precarios campamentos donde se apiñan los desplazados que no tienen para pagar un arriendo alternativo ni donde acomodarse en calidad de allegados.

Miles de propietarios de departamentos, todos de clase media, figuran en la lista de los grandes olvidados del terremoto, aquellos que no recibirán ayuda del Estado para reparar sus hogares y que dependen de lo que logren negociar con las inmobiliarias para recuperar una parte de la calidad de vida que tenían hasta la madrugada del sábado 27 de febrero. En Santiago, este contingente que perdió su inversión en la casa propia, o al menos gran parte de ella, proviene de cuatro edificios residenciales que permanecen con orden de demolición pendiente y de otros 15 que fueron declarados inhabitables. En Concepción, en tanto, son nueve los edificios en situación similar (Ver recuadro).

Entre marzo y abril, CIPER levantó una nómina y un mapa con la situación que enfrentaban las comunidades de los edificios más dañados en Santiago. Ahora, al cumplirse seis meses del terremoto, entrega una actualización con las alternativas que viven los propietarios de departamentos en estos condominios (vea las fichas de cada edificio y el mapa general).

Algunos, como los ex residentes de las dos torres del ala oriente del condominio Hermanos Carrera (Maipú) y los vecinos de los edificios San José (San Bernardo), Don Tristán y Don Luis (ambos en Maipú), están exactamente en la misma situación en que quedaron cuando la tierra dejó de sacudirse. Otros, como los propietarios de departamentos en los edificios Regina Oriente (de Penta) y El Parque (de Socovesa), obtuvieron soluciones que consideran satisfactorias. En el medio, se mueve un amplio segmento que se debate entre aceptar propuestas indemnizatorias que estiman insuficientes o iniciar acciones legales -que pintan para largo- en demanda de mejores respuestas. Todo esto bajo las presiones de inmobiliarias que intentan seducirlos con acuerdos individuales que debilitan la unidad de las comunidades.

Los 14 irreductibles de Emerald

La primera inmobiliaria que ofreció un trato que parecía proporcional al daño, fue Paz Corp. Una de las torres de su complejo Emerald (Ñuñoa) se inclinó y fue declarada inhabitable. La inmobiliaria dispuso tres alternativas para los afectados: restitución de lo invertido, trueque por un departamento en otro proyecto de la empresa o una rebaja de precio para los que decidieran quedarse.

Ampliamente difundidas por la prensa, las soluciones fueron aceptadas rápidamente por 110 de los 170 propietarios del condominio. No obstante, alrededor de 60 fueron asesorados legalmente por la Asociación de Consumidores Inmobiliarios (Acoin), la que desmenuzó las propuestas y estimó que en todas ellas los residentes perdían cerca del 20% de su inversión y que Paz Corp no pagaría un peso de la reparación, pues las obras se financiarían con los seguros de los copropietarios.

Tomás Fabres, abogado de Acoin, reconoce que de los 60 que inicialmente estaban dispuestos a iniciar acciones legales, sólo 14 persisten en el empeño. Para explicar tan drástica disminución saca de sus cajones un documento de dos hojas que lleva por título “Declaración Unilateral”. Se trata de un texto que debe ser firmado por los copropietarios de Emerald que quieran negociar cualquier materia con la inmobiliaria. En el punto 2 del documento se lee: “A partir de esta fecha no solicitaré ni recibiré nunca más de la Asociación de Consumidores Inmobiliarios (ACOIN) asesoría legal y técnica respecto de los inmuebles en que soy propietario del Condominio Edificio Emerald, y no tendré vinculación alguna con dicha asociación”.

El texto obliga al firmante a no realizar protestas ni manifestaciones “encaminadas a desprestigiar” a la empresa o que “implique desprecio” a sus gerentes, representantes y trabajadores. Además, exige mantener “bajo estricta reserva los términos del presente acuerdo, no hacer promoción, difusión o revelación pública o privada de la presente negociación; ni otorgar entrevistas, en cualquier medio de comunicación; y/o revelar o facilitar la revelación de la negociación”.

Cualquier incumplimiento de alguna de las declaraciones contenidas en el documento, implica que el firmante se hace responsable “de indemnizar los perjuicios que pueda causar directa o indirectamente al fondo” (se refiere a Emerald Fondo de Inversión Privado, representado por Administradora Pazma S.A.).

-¿A qué teme Paz Corp? ¿Si considera que las condiciones que ofrece son justas, por qué este secretismo? -se pregunta Fabres, quien ya presentó el documento a la consideración del Sernac, porque a su juicio vulnera los derechos que asisten al consumidor.

Fabres exhibe el permiso de edificación de Emerald donde se lee que el presupuesto original del proyecto asciende a $4.196 millones pesos. Y, de acuerdo con el acta de la asamblea extraordinaria de copropietarios del 9 de junio pasado, el presupuesto para la estabilización y posterior reparación de los daños estructurales y bienes comunes -que excluye las reparaciones al interior de los departamentos- suma 149.408 UF, unos $3.160 millones

-El costo de esta reparación corresponde a un 75% del presupuesto original de la obra. Esa es la magnitud del daño -sostiene Fabres.

En la misma acta se lee que las reparaciones serán cubiertas con los seguros de la comunidad. Según indica Fabres, la inmobiliaria compró los seguros a los residentes en la insólita suma de mil pesos. Para corroborarlo muestra uno de los convenios de cesión de polizas, al que se le borró el nombre del copropietario para que no se le acuse de haber violado el secreto de la cuestionada “Declaración Unilateral”:

-La compañía está reparando con plata que no es de ella. Hay clientes nuestros que tienen seguros ya liquidados, por ejemplo, por 2.300 UF. Las víctimas vendieron seguros por 2.300 UF en “luca”. Se trata de un sistema por el cual la empresa no paga la cuenta, sino los afectados. La pregunta es: ¿Y qué pone el responsable? -apunta el abogado de Acoin.

Demanda contra accionistas

De los 14 representados por Acoin en el edificio Emerald, ocho se acogieron a una cláusula de sus contratos para promover un juicio arbitral contra la inmobiliaria, el que se iniciará el 3 de septiembre con un comparendo y que mantiene trabada una medida precautoria que impide la venta de departamentos de la torre B del condominio, por un valor de $600 millones. Los restantes seis propietarios entablarán una demanda en la justicia ordinaria esta semana, pero a ellos no se les aceptó una precautoria similar.

-Hay una tercera demanda que interponen los 14 en contra de “otros responsables” distintos a la inmobiliaria -informa el abogado Fabres. Va dirigida contra la empresa de cálculo, los ingenieros que firmaron los planos de cálculo, el arquitecto y el constructor. Además, esta tercera demanda también apunta a los accionistas de las sociedades que conforman la inmobiliaria:

-Hay una norma del Código Civil que dice que todo el que reporta provecho del dolo ajeno está obligado a restituir ese provecho. Con eso queremos llegar a los accionistas de la inmobiliaria. Son ellos los que obtienen el lucro, la ganancia final. Es la primera vez que esto se intenta en el área inmobiliaria, cosa que se empiecen a meter la mano en el bolsillo los que ganan plata con este tipo de negocios -señala Fabres.

El abogado se refiere al artículo 2.316 del Código Civil, que señala: “Es obligado a la indemnización el que hizo el daño y sus herederos”. Y en su inciso segundo: “El que recibe provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice en él, sólo es obligado hasta concurrencia de lo que valga el provecho”.

Esto, dice Fabres, “abre un mundo a todos los afectados que se encuentran con inmobiliarias que no tienen nada para responder por los daños”, como ocurre con los copropietarios de los ya famosos edificios Don Tristán y Don Luis.

-Si alguien, del que yo no soy necesariamente cómplice, hace una pillería y yo de esa pillería obtengo ganancia, estoy obligado a restituir la ganancia a favor de la víctima. No se puede ganar plata a la mala. Esto es un antídoto para la estrategia de las inmobiliarias de desprenderse de su patrimonio para hacerse irresponsables -resume Fabres.

La otra batalla de Maipú

Una de las comunas con más edificios dañados es Maipú. Allí el terremoto se ensañó con los condominios Don Tristán, Don Luis, Hermanos Carrera, Los Jazmines y Alto de Maipú. En los tres primeros, todos con orden de demolición, la respuesta de las inmobiliarias ha sido nula.

En los edificios Don Tristán y Don Luis, emblemas de las construcciones colapsadas por el terremoto, los afectados desistieron de buscar un arreglo con la empresa Francisco de Aguirre, representada por Álvaro Mujica. Mientras intentan liquidar sus seguros -en el caso de aquellos que los tenían-, el abogado que los asiste, Alfredo Morgado, cortó por lo sano e inició acciones legales. La fiscalía de Maipú investiga las razones del colapso y ya solicitó audiencia, fijada para el 16 de septiembre, para formalizar a Mujica por estafa.

En el condominio Hermanos Carrera, comercializado por la inmobiliaria del mismo nombre, los copropietarios no han recibido ayuda de la empresa. Dos de los cinco edificios del complejo deben ser demolidos. Se trata de viviendas de poco más de mil UF y la mayoría de sus ex residentes no cuentan con recursos para costear arriendos alternativos, por lo que han buscado cobijo como allegados en casas de familiares, pagando de su bolsillo las mudanzas. La mayoría son deudores hipotecarios del BancoEstado, el que les congeló por seis meses los dividendos. El plazo se cumple ahora y están tratando de que se extienda por lo menos hasta que les liquiden los seguros.

-Acá no se puede hablar de negociación. La empresa mandó unos representantes que nos pedían documentos y más documentos, sobre el estado del daño y si teníamos seguros. Su estrategia era dilatar y el abogado (Alfredo Morgado) decidió demandarlos. Ahora estamos recolectando todos los documentos para empezar la demanda -cuenta Luis Saavedra, uno de los afectados.

En Los Jazmines, el vocero de la comunidad, Ricardo Speek, informa que hace dos semanas firmaron finalmente un acuerdo con la inmobiliaria Konhill:

-Nos costó, porque ellos ofrecían financiar la reparación del edificio y se oponían a que nosotros nombráramos al Inspector Técnico de la Obra (ITO). Al final, renunciamos a que nos pagaran arriendos alternativos, mudanzas y otras cosas que inicialmente se conversaron, a cambio de que nos dejaran nombrar al ITO, porque para nosotros lo más importante es proteger nuestra inversión y quedar con la tranquilidad de que la reparación se hizo correctamente.

El ITO escogido por la comunidad es Alberto Arenas y Arquitectos Asociados, empresa que ya está evaluando el proyecto de reparación presentando por la inmobiliaria y que permanecerá en las faenas de manera permanente para asegurar que se construya conforme a las normas.

-Lo único que vamos a recibir son $750 mil por departamento, en compensación por todos los gastos que tuvimos. Es poco, porque yo, por ejemplo, gastó $300 mil mensuales en un arriendo, porque acá en Maipú los arriendos se fueron a las nubes porque todos los afectados salimos a buscar casa. Además, gasto $90 mil en furgón escolar, porque el colegio ahora les queda más lejos a mis hijos -dice Speek, quien entre arriendo y furgón en estos seis meses ya ha desembolsado cerca de $2,5 millones, sin contar las mudanzas. Y aún le quedan, por lo bajo, otros dos meses con estos gastos, porque si las cosas funcionan de acuerdo a lo previsto espera volver a su departamento en los primeros día de noviembre.

Sobre un tranque

Gustavo Toro es el abogado que tomó la representación de unos 90 copropietarios de El Alto de Maipú. “La cifra no se cierra, porque todavía estamos recibiendo la documentación de personas que quieren sumarse a la demanda”, cuenta. El profesional tenía programado entablar la acción esta semana.

Toro dice que la constructora e inmobiliaria Santa Beatriz construyó el condominio sobre un terreno que antiguamente fue un tranque, por lo que el suelo es relleno. Con ese antecedente orientó sus indagaciones a la posibilidad de que hubiese un problema con las fundaciones y cimientos de los edificios.

El abogado detectó que poco después de que Santa Beatriz presentó a la Dirección de Obras de la municipalidad su proyecto, el entonces jefe de esa repartición, Alejandro Goenaga, envió a la constructora el Ordinario 527/2004. El documento resalta que las dimensiones de las fundaciones de los edificios contenidas en los planos tienen una “relevante discordancia” con las especificaciones indicadas por la empresa que elaboró el informe de mecánica de suelos.

Toro asegura que solicitó a la Dirección de Obras en tres ocasiones el expediente con los planos del proyecto, pero sólo consiguió que le entregaran un CD con los planos digitalizados. En ese archivo no figura la corrección a las fundaciones que pidió Goenega. Todos los planos del proyecto que constan en ese disco están fechados el 10 de junio de 2004, en circunstancias que el Ordinario 527/2004 es del 22 de julio de ese mismo año. El abogado teme que la corrección nunca se hizo.

La demanda se fundará, además, en que la obra no respetó la altura máxima para las edificaciones. Toro asegura que se edificaron 13 metros, en circunstancias que el límite era 11,95. También alegará que los pisos 4 y 5, a diferencia de los tres primeros, tienen menos elementos estructurales y están construidos prácticamente en albañilería. Por lo mismo, dice que en el condominio hubo muros que se vaciaron en un quinto piso, dejando a la vista las habitaciones y los muebles del departamento, lo que expuso gravemente a sus moradores.

La demanda exige que se reparen sólo los departamentos de los tres primeros pisos y que se declare inhabitables y con pérdida total aquellos ubicados en los pisos 4 y 5. Pide, por lo mismo, una indemnización de $25 millones para los propietarios de los pisos superiores. Para los residentes en los pisos 1 a 3, solicita una indemnización de $10 millones por la devaluación de la vivienda. Y agrega una indemnización para todos por daño moral y otra por lucro cesante.

Comprar al contado: mal negocio

Los casos más dramáticos se encuentran entre aquellos propietarios que compraron al contado. Los que optaron por adquirir sus departamentos con crédito hipotecario estaban obligados a cubrir la inversión del banco con seguros. Pero no todos los que disponían de fondos propios tomaron un seguro. Para estos últimos la única opción de recuperar sus inversiones es negociar con las inmobiliarias para que corran con las reparaciones. Muchos de ellos son adultos mayores que no obtendrán, a estas alturas de sus vidas, un crédito hipotecario de largo plazo.

En el condominio San José (San Bernardo) la situación es alarmante: de los 40 copropietarios, hay 14 que no cuentan con seguros. Se trata de un 35% que hasta ahora no ha sido abandonado por el resto de los vecinos. Aunque la mayoría optó por liquidar sus seguros y alcanzar soluciones individuales, se mantiene una asamblea que sesiona regularmente y una directiva que no renuncia a alcanzar un acuerdo con la constructora e inmobiliaria Francisco Lorca.

-Los edificios tienen más de diez años, que es el plazo que por ley tienen las constructoras para responder por daños estructurales. Si insistíamos en el camino legal, lo que teníamos por delante era un juicio largo y de resultado incierto. Por eso comenzaron a operar los seguros, por pérdida total, y se gestionaron soluciones de manera independiente -explica Iván Rojas, presidente de la comunidad.

Sin embargo, se han mantenido en contacto con la constructora, principalmente con la esperanza de alcanzar una solución para los que no estaban asegurados: “Nos preocupan estos vecinos. En este momento la empresa nos pide un informe de daños por departamento. El problema es que la constructora ofrece reparar los edificios y están con orden de demolición. De hecho, eso hizo que los seguros operaran”, indica Rojas.

Penta y Socovesa

Hasta el momento el estándar más alto en calidad de respuesta a los afectados lo han marcado las inmobiliarias Penta y Socovesa, dos gigantes del mercado. Claro que ambas lo hicieron después de que las comunidades de sus edificios Regina Oriente (Ñuñoa) y El Parque (San Miguel) salieron a la calle en bulliciosas protestas que desnudaron las falencias de proyectos destinados a clientes de un buen nivel socioeconómico. El edificio que comercializó Penta, el condominio Regina Oriente, tiene departamentos de hasta 3.900 UF (sobre $80 millones).

En ambos conjuntos, además, la reputada oficina del calculista René Lagos evacuó informes en los que identificó fallas de construcción que provocaron los daños estructurales, lo que auguraba un complicado panorama para las inmobiliarias si se judicializaba la disputa.

Max Monreal, vocero de la comunidad Regina Oriente, está conforme con los resultados de la negociación, pero aún no olvida que en La Segunda del 17 de marzo el responsable de la rama inmobiliaria del grupo Penta, Horacio Peña, comparó las demandas de los copropietarios con los saqueos de los supermercados:

-No quiero escarbar en las heridas, porque en definitiva alcanzamos un buen acuerdo y ellos aceptaron el petitorio. Así que la mejor respuesta a la prepotencia del señor Peña, que nos comparó con delincuentes y saqueadores, sobre quién estaba en lo justo en esta negociación, es la respuesta que ellos mismos dieron a nuestras demandas -señala Monreal.

Penta se allanó a costear arriendos alternativos por un monto proporcional al tamaño del departamento afectado (desde $300 mil mensuales dependiendo del número de dormitorios), asumió los gastos comunes y cuentas de servicios básicos, pagó las mudanzas y, en caso de ser necesario, bodegaje. A los propietarios que decidieron irse, ofreció recomprarles y, en el caso de los que tenían crédito hipotecario, reembolsarles todo lo que habían pagado, incluyendo los intereses y gastos operacionales de la compraventa. A los que se quedan, se les aceptó que designen al Inspector Técnico de la Obra de reparación y se les pagará una indemnización.

El vocero señala que Penta pidió a los residentes que les cedieran sus seguros, pero dice que no todos aceptaron. Un pequeño grupo prefirió encargarse de manera individual, con sus seguros, de las reparaciones al interior de sus departamentos.

Con estas condiciones “decidieron irse un poco más de 70 copropietarios y 55 nos quedamos”, resume Monreal.

En el caso del condominio El Parque, la inmobiliaria Socovesa siguió un patrón similar al de Penta. Cristián Castro, representante de la directiva del condominio, dice que no puede dar los montos involucrados, porque aún están en negociaciones, pero que esperan firmar el acuerdo en breve.

La inmobiliaria, informa Castro, aceptó pagar arriendos alternativos (cuyo monto varía de acuerdo al tamaño de los departamentos) a los propietarios de la torre 3, que sigue declarada inhabitable, y las mudanzas. Además, se hizo cargo de las reparaciones interiores de los departamentos, de manera que los residentes no se vieron obligados a activar sus seguros.

A los que optaron por irse -alternativa que se cerró el 31 de julio-, se les ofreció un departamento en otro proyecto de la inmobiliaria y se les reconoció lo que ya habían pagado. Para los que se quedaron, la proposición de Socovesa incluye cubrir los gastos de la estabilización y reparación del edificio, además de la reparación de los espacios comunes. Mientras duren las obras, se les pagará el arriendo alternativo, gastos comunes y cuentas de servicios básicos.

La inmobiliaria contrató a una empresa canadiense para realizar el proyecto de reparación y la comunidad pudo nombrar al revisor del proyecto -pagado por Socovesa-, rol que desempeñará la oficina del calculista René Lagos.

-Lo triste de todo esto es que hay gente que igual no está conforme. Al principio estábamos todos unidos, cuando salimos a protestar a la calle. Pero a medida que pasó el tiempo, comenzaron las divisiones. Yo lo entiendo, porque hay personas que están desesperadas y necesitan soluciones rápidas, pero tratamos de hacer lo mejor posible y evitar un juicio, que habría sido mucho más largo -dice Castro.

El blog que creó la comunidad en los días posteriores al terremoto, da cuenta del cambio. Mientras en las primeras semanas los mensajes eran de unidad y llamados a no decaer en la lucha, en las últimas jornadas proliferan los posteos con rumores acerca de que la directiva oculta información y que “se arregló” con la inmobiliaria. El blog, que surgió como una expresión solidaria, sucumbió finalmente a aplicaciones bastante más pragmáticas, como ofrecer en venta algunos departamentos. Otra prueba de que el tiempo corre a favor de las inmobiliarias que impulsan soluciones individuales, atizadas por la desesperación de los damnificados que el país olvidó.

Entre los proyectos que el gobierno ha anunciado para recaudar dineros para la reconstrucción post terremoto está la posibilidad repatriar capitales chilenos que estén en el extranjero y que no han tributado. En esta columna el diputado DC Jorge Burgos advierte de los riesgos de la iniciativa, que podría servir para blanquear platas de dudoso origen.

Desde hace algún tiempo se habla del envío al Congreso de una iniciativa legal de repatriación de capitales o de blanqueo, como menos eufemísticamente se le suele llamar. En un comienzo, debo reconocer, me pareció una alternativa interesante, particularmente en la perspectiva de allegar recursos a la caja fiscal, para acometer gastos o inversiones de carácter social.

Sin embargo, del debate público del tema, de un análisis más de fondo, surgen razones para estimar en definitiva que es una mala idea.

Desde luego cualquier eventual iniciativa debiera dejar meridianamente claro que el objetivo buscado son inversiones de origen lícito, que sujetos tributarios domésticos mantienen en el exterior y que no han sido reportadas a las autoridades nacionales, manteniéndolas en sigilo, evitando con esa conducta el pago de los impuestos pertinentes.

Lo más probable es que dichas inversiones figuren a nombre de sociedades constituidas en el extranjero que son de propiedad de sujetos tributarios chilenos.

La forma en que se ejecutó el ocultamiento a la autoridad tributaria chilena, puede revertir las más variadas formas, pero cualquiera de ellas, a lo menos, puede configurar ilícitos a las disposiciones cambiarias, que traen aparejadas multas con casi 3 veces el capital. Además, atendido el carácter del ocultamiento existen variados supuestos que pueden configurar fraudes tributarios, sin perjuicio de las acciones, vigentes, de cobro por los impuestos adeudados.

Pero sin duda las iniciativas de blanqueo poseen el riesgo no despreciable, como lo leyera en un artículo especializado, que junto a los fondos de origen lícito no declarados existan otros de origen ilícito, obtenidos del narcotráfico, el contrabando de armas, el financiamiento del terrorismo o la corrupción, entre otras actividades. Desde un punto de vista práctico, es muy difícil distinguir unos de otros, ya que ante el riesgo de ser descubiertos, los evasores no suelen conservar detallados registros del origen de sus fondos no declarados. Por el contrario, los delincuentes pueden obtener con facilidad toda clase de certificados y carta las falsas para justificar un supuesto origen lícito de sus flujos. No parece sencillo, por tanto, impedir que un narcotraficante aproveche la oportunidad de confesar una simple evasión de impuestos, si con ello logra blanquear sus fondos ilícitos

Desde el punto de vista tributario, hoy menos que nunca es necesaria una ley de esta naturaleza. Ello es, esencialmente, porque la capacidad del SII para detectar fondos ocultos es mucho más poderosa, a partir de las reformas vigentes desde el 1º de Enero recién pasado, que permiten a la autoridad tener acceso a los movimientos de las cuentas corrientes locales de las personas. Hasta ahora, éstas constituían una forma relativamente segura para repatriar, con completo disimulo, flujos provenientes de los fondos extranjeros no declarados. En la medida en que no se gastaran o invirtieran de una forma que llamara la atención del SII, como cuando los pagos se hacen en efectivo y por montos pequeños; eran virtualmente indetectables. Con la reforma surge un riesgo mucho mayor de detección.

El camino entonces parece ser detectar a los evasores, mucho más que premiar la conducta torcida.

180 días después de la tragedia, el Presidente Piñera presentará su plan de reconstrucción nacional, las comunidades de Dichato y Rancagua protestan por la lentitud del programa de viviendas para damnificados y la fiscalía de Maipú pone fecha a la audiencia en que formalizará por estafa al responsable del colapsado edificio Don Tristán. En ese escenario, el Ministerio de Vivienda avanza silenciosamente en una reforma global y urgente a las normativas que regulan la construcción. Nuevas especificaciones para mecánica de suelos, cambios en normas de construcción sísmica, ordenanzas para asegurar los elementos no estructurales de las viviendas, un registro nacional para Inspectores Técnicos de Obra y sanciones para profesionales que incumplan sus deberes, son parte del paquete que analiza un consejo multidisciplinario y políticamente transversal.

El “silencio sísmico”. Ese es el adversario que urge al círculo de asesores de la ministra de la Vivienda, Magdalena Matte. Un enemigo que no es más que el espacio de tiempo entre un terremoto y otro en una misma zona geográfica. El problema es que se trata de un rival que adquiere tintes monumentales cuando ese silencio se alarga y la tensión se va acumulando en el subsuelo por décadas, de modo que, cuando se produce el sismo, libera tal energía que aquello que brota es un terremoto de esos que hacen historia.

El “silencio sísmico” es como una cocina donde lentamente se amasan los ingredientes de un mazazo telúrico. Y la zona de “silencio sísmico” que hoy le quita el sueño a sismólogos, ingenieros y a la ministra Matte, es la del Norte Grande de Chile. Allí, una ya larga moratoria de temblores permite conjeturar que vendrá una sacudida furiosa. Puede ser mañana, en un mes o en años, nadie lo sabe, pero de que viene, viene.

La certeza de que un terremoto azotará el norte y la convicción -surgida con el sismo del 27 de febrero- de que las normas que actualmente regulan la construcción son insuficientes para garantizar la seguridad de los chilenos, han puesto a la ministra Matte en guardia.

Aunque el Colegio de Ingenieros, la Cámara Chilena de la Construcción y la agrupación de ingenieros calculistas insisten en que el comportamiento de los edificios en el terremoto de febrero fue adecuado, la ministra no comulgó con esa interpretación aséptica. Los ingenieros y empresarios del rubro sostienen que muchos edificios sufrieron daños, pero no se cayeron, tal como lo estipulan las normas. Una mirada divorciada de la angustia de los chilenos que vieron sus muros partirse de arriba a abajo. Angustia que revive al cumplirse, este viernes 27, seis meses de la tragedia. En el preciso momento que la fiscalía de Maipú le puso fecha a la audiencia en que formalizará por estafa a Álvaro Mujica, responsable legal de la inmobiliaria que comercializó el emblemático y colapsado edificio Don Tristán: el próximo 16 de septiembre enfrentará a la justicia.

Magdalena Matte convocó, a mediados de junio, a un Consejo Asesor multidisciplinario y políticamente plural, cuya misión es preparar una “agenda corta” para garantizar, cuanto antes, la seguridad de las edificaciones. La tarea es explorar “modificaciones de emergencia” que actualicen las normas para las construcciones con resistencia sísmica y estipule puntillosamente los deberes de los responsables de las obras. El objetivo es que, de producirse un terremoto como el que se espera en el norte, no se repitan imágenes como las de los edificios Alto Río, en Concepción, o Don Tristán, en Maipú, eventualmente adjudicables a la desidia de las autoridades.

El objetivo cobró nueva fuerza y urgencia ante la conmoción nacional provocada por los 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad en el yacimiento San José. Nadie hoy duda de que ese desastre pudo haberse evitado con una actuación diligente de las entidades públicas encargadas de fiscalizar las condiciones de seguridad en las minas.

Es cierto, como subrayan los gremios ingenieriles y la patronal de la construcción, que en Santiago sólo un 0,3% de los edificios colapsó, pero también lo es que un 14,4% sufrió daños. Y la mayoría de ellos fueron construidos en los últimos diez años. En Concepción, esa cifra se eleva a un inquietante 20% de las construcciones de 15 o más pisos. Sólo en la capital, cuatro edificios residenciales serán demolidos y otros 15 en algún momento estuvieron marcados como inhabitables.

Hacía fines de marzo, en estas 19 construcciones se contaban unos 2.600 propietarios que se vieron obligados a abandonar sus departamentos y a sentarse a negociar con sus inmobiliarias. Y aunque muchos ya han vuelto a sus hogares, viven con temor. Y todo esto, sin contar a los miles de dueños de viviendas de clase media que sufrieron daños no estructurales, que no cuentan con seguros, que han estrujado las tarjetas de crédito para reparar sus propiedades y que no figuran en las estadísticas de damnificados.

La ley del ITO

El plan de reconstrucción de viviendas ha avanzado con una lentitud que exaspera a las comunidades damnificadas, como lo demostraron las recientes protestas en Dichato y Rancagua. De acuerdo con la minuta publicada por el ministerio, actualizada al 9 de agosto, las familias con viviendas dañadas por el sismo suman 397.162 (de ellas, 217.469 con daño grave y 179.693 con daño menor). En contraste, el programa de reconstrucción y reparación de viviendas indica que se otorgarán 195.950 subsidios. De acuerdo con estas cifras, la diferencia no cubierta sería de 201.212 viviendas. En tanto, los subsidios a repartir en 2010 suman sólo 122.415.

A la fecha, los damnificados que se han registrado como tales son 265.504 y se espera que el proceso se cierre el 27 de agosto con unos 280.000. De ellos, según las proyecciones del ministerio, sólo 220.000 contarán con los requisitos que los habiliten para postular efectivamente a los subsidios. Frente a estas cifras, la información que publicó El Mercurio el jueves 26 suena desoladora: a seis meses de ocurrido el terremoto sólo se han entregado 15 casas en las zonas más afectadas y se construyen otras 1.947 -menos del 1% del total de subsidios que se espera repartir-, las que estarán disponibles recién en los primeros meses de 2011.

En este escenario que aparentemente no hace justicia a la eficiencia técnica que proclama el eslogan sobre la “nueva forma de gobernar”, el Presidente Sebastián Piñera se aprestaba a dar a conocer el Plan de Reconstrucción Nacional este viernes 27, en Concepción, donde algunos grupos de damnificados esperaban entregarle una carta de protesta. La fecha no se debe sólo al simbolismo de que se cumplen seis meses tras la tragedia. La Ley de Sismos y Catástrofes obliga al gobierno a dictar el plan de reconstrucción en el plazo de 180 días contados desde el cataclismo. Y La Moneda se tomó casi hasta la última jornada. La semana pasada, en los ministerios involucrados, seguía discutiéndose el plan.

-Si bien a mi juicio el gobierno está dando palos de ciego en materia de reconstrucción, debo reconocer que la ministra tiene convicción respecto de avanzar en el mejoramiento de las normas de la construcción, detallar las responsabilidades de las inmobiliarias y crear, por ley, la figura de la Inspección Técnica de Obra, encargada de que las edificaciones se hagan bien -reconoce el diputado opositor y arquitecto Patricio Hales (PPD), miembro de la Comisión de Vivienda de la Cámara e integrante del Consejo Asesor convocado por la ministra Matte.

Hales tuvo ocasión de conocer el anteproyecto de ley que pretende instalar al Inspector Técnico de Obra (ITO) y que aún no se envía al Congreso. Se trata de una modificación a la Ley de Calidad de la Vivienda que instaura el registro nacional de los ITO y establece los deberes y sanciones a los que se exponen estos inspectores. Una medida imprescindible si se toma en cuenta que en varios de los edificios que evidenciaron daños severos con el terremoto, las constructoras sencillamente no cumplieron con lo estipulado en los planos de cálculo. Así ocurrió en el edificio Regina Oriente de la inmobiliaria Penta.

El presidente del Colegio de Ingenieros y miembro del Consejo Asesor de la ministra, Fernando Agüero, señala que lo que se ha discutido sobre los ITO es crear “un registro nacional, que seguramente lo llevaría el mismo ministerio, en el que se deberían inscribir las personas o empresas que quieran hacer inspecciones técnicas y que demuestren reunir las condiciones de experiencia, solvencia e idoneidad”.

Aunque Hales cree que el anteproyecto abunda poco en la descripción de las tareas del ITO y mucho en aspectos administrativos sobre su inscripción en el registro, reconoce la importancia de que el ministerio aborde la necesidad de instaurar este fiscalizador: “En las obras hay instrucciones de los planos que muchas veces no se cumplen porque no hay inspectores técnicos con autoridad e imperio para imponerse. Una cantidad minoritaria de empresas, pero importante, terminan no obedeciendo las instrucciones”.

-Habitualmente, cuando el calculista hace su primera visita a la faena, la primera nota que pone en el libro de obras es: “Señores, no se están poniendo los estribos y trabas de las armaduras (del hormigón) como lo indican los planos” -señaló a CIPER, en abril, el reputado calculista René Lagos, profesor de la U. de Chile y responsable del estudio que reveló el error en el edificio de Penta, precisamente una falla en las armaduras.

Maridaje y clientelismo

El diputado Hales considera que el ministerio no debe limitarse a regular la inscripción y eventuales sanciones para los ITO. A su juicio, la cartera debe abordar mecanismos que eviten que los ITO establezcan relaciones de clientelismo con las constructoras y que a la larga se transformen en verdaderos empleados de las mismas:

-Un ITO no debería constituirse en un prestador de servicios habitual para una misma inmobiliaria. Debería estar garantizada la posibilidad de que el ITO tenga trabajo en función de certificados de su desempeño y el Estado velar por la obligatoriedad de que las inmobiliarias no puedan resistirse a inspectores que no sean de su preferencia. Acá no puede funcionar estrictamente el libre mercado, pues sería inaceptable un sistema de clientelismo donde el ITO, por razones de supervivencia en el mercado, termine anulando su función para satisfacer a una inmobiliaria que le garantice que lo va a contratar siempre. Esa es una insuficiencia que no resuelve la ley que se propone.

El calculista Rodrigo Mujica, también integrante del Consejo Asesor, discrepa: “Basta un oficio con una adecuada normativa que rija a los ITO. ¿Qué más vamos a hacer? Se ha pensado que el ministerio tenga un registro y eso apunta a lo necesario: todos registrados y los que actúan bien, se llaman; y los que no, no funcionan”.

Hales es autor de la ley que en 2001 introdujo la obligatoriedad de la revisión del cálculo estructural, que exige a las inmobiliarias someter a un revisor independiente los cálculos de sus proyectos. No obstante, cree que el debate que impulsa la ministra es el marco adecuado para hacer correcciones al reglamento que complementó la norma, para que “el inmobiliario no pueda elegir a quien le va a revisar su proyecto”. A su juicio, hoy la puerta está abierta a maridajes similares a los que podrían producirse entre los ITO y las constructoras:

-Mi objetivo era instalar un revisor externo ajeno a los intereses del inmobiliario. Es muy inadecuado que el inmobiliario elija al que le hace el cálculo y al que se lo revisa. El ingeniero que es elegido de manera frecuente como revisor de una inmobiliaria tiene la tendencia humana, por muy honesto que sea, a una relación de clientelismo que no me parece sana. He propuesto mecanismos para cambiar eso: que una autoridad establezca una quina de calculistas revisores para cada proyecto que se presente. A partir de esa quina, sobre la base de licitaciones, que se establezcan honorarios. Y luego, mediante mecanismos de sorteo o alternancia, se impida el clientelismo.

El diputado planteó la fórmula directamente a la ministra Matte y al jefe de la División Técnica de la cartera, Eduardo Contreras, también integrante del Consejo Asesor.

Plazo para responder por fallas

Para abordar los cambios que aseguren una construcción de calidad a corto plazo, el ministerio dividió la discusión del Consejo Asesor en dos ámbitos: uno que estudia “modificaciones de emergencia” a las normas sísmicas y otro que prepara normas adicionales para disminuir los riesgos detectados en febrero. Para la primera tarea se creó un subcomité de expertos que inició sus labores el 5 de agosto. En cuanto a la segunda, se solicitó al Instituto de la Construcción que coordine siete comités multisectoriales.

Si bien el subcomité que analiza cambios a las normas sísmicas tiene proyectado entregar su informe la próxima semana, en lo que respecta a las normas adicionales los plazos son bastante más lentos: dos meses para entregar una propuesta de anteproyecto, otros dos meses para su evaluación, 15 días para eventuales modificaciones y un mes más para su oficialización. Con ese calendario, no habrá resultados prácticos hasta enero o febrero del próximo año.

En cuanto a las normas adicionales, una que se ha mencionado es la posibilidad de ampliar de diez a 15 años el plazo para que los propietarios de viviendas puedan reclamar por fallas en elementos estructurales (tales como pilares, columnas y losas). El calculista Mujica describe la dificultad de esta moción: “Hemos estado en conversaciones, viendo esas alternativas, pero es muy difícil porque hay un problema constitucional, debido al principio de igualdad ante la ley: todas las penas o culpas civiles tienen plazo de prescripción de diez años”.

El profesor de Construcción Civil de la UC e integrante del Consejo Asesor, Cristián Piera, cree que el aumento a 15 años no va a prosperar: “Contra fallas estructurales el plazo seguramente va a quedar como está. Se discutió mucho el tema y mi opinión personal es que finalmente va a quedar en diez años. Ahora, como es materia de ley, esto lo va a aprobar el Congreso”.

En el Consejo Asesor, el diputado Hales enfocó el tema desde otro ángulo: “Cuando el ministro de Vivienda Jaime Ravinet presentó esta ley en el Congreso, dijo que los diez años eran un plazo para reclamar por las fallas que el propietario pudiera advertir en ese tiempo de uso. Pero si usted a los 11 años o a los 20 enfrenta el colapso de un elemento estructural porque en el plano decía que debía tener seis fierros de 18 mm. y en realidad tenía seis fierros de 12 mm., ahí hay dolo, hay engaño. Cuando aprobamos la ley, Ravinet no dijo que esto anulaba la posibilidad de que usted, pasado los diez años, pudiera reclamar contra la estafa o la incompetencia que puede ser probada en tribunales”.

La observación de Hales fue recogida en parte por el ministerio en el anteproyecto de ley que crea el registro nacional de ITO. La propuesta indica que “incluso habiendo transcurridos los plazos para hacer exigible la responsabilidad civil por daños o perjuicios, en caso de colapso o daño grave (…), debido al incumplimiento de la normativa vigente a la fecha del otorgamiento del permiso de edificación”, el propietario tendrá 12 meses para formular una denuncia ante “la Dirección de los Registros Públicos en que estuviera inscrita la empresa constructora, los profesionales, revisores independientes, revisores de cálculo estructural, Inspección Técnica de Obras, que participaron del diseño y construcción”.

Para el abogado de la Asociación de Consumidores Inmobiliarios, Tomás Fabres, el problema que debe abordar el ministerio no es el plazo, sino la seguridad de que la inmobiliaria o los profesionales involucrados en la falla, respondan con su patrimonio: “La gente del edificio Don Tristán no tenía ni cinco años viviendo ahí y la inmobiliaria dice que no tiene un peso para pagarles”.

Fabres señala que es habitual que las inmobiliarias “se vacían cuando terminan de vender el edificio, traspasando sus bienes. Siguen constituidas como sociedad por los diez años del plazo, pero no tienen con qué responder”. A su juicio, una fórmula para que el propietario no pierda su inversión es que pague un seguro obligatorio: “En caso de falla, el propietario le cobra a la aseguradora y ésta, con toda su maquinaria legal, bastante más potente que la de un simple vecino, persigue a la inmobiliaria. Además, con esto, las aseguradoras van a poner ojo en que la construcción se haga conforme a las normas”.

Hales dice que un seguro encarecería el costo de la vivienda: “Hay que tener cuidado. No vaya a salir más cara la vaina que el sable”.

-Hoy sólo son obligatorios los seguros de incendio para edificaciones que están bajo la ley de copropiedad inmobiliaria, es decir, edificios plurifamilares. Mi opinión personal es que, al menos en edificaciones que estén sujetas a la ley de copropiedad inmobiliaria, el seguro contra sismos debiese ser obligatorio -indica el profesor Piera.

La norma sísmica

La última vez que se modificó la Norma Chilena de Construcciones Sísmicas (NCh 433), fue a propósito del terremoto de 1985. Y el cambio se oficializó recién en 1996, once años después del sismo. El proceso es lento. Por eso en el subcomité que analiza “cambios de emergencia” a la norma, parte importante de la discusión busca consensuar si se deben incrementar temporalmente los valores de resistencia de los elementos estructurales de los edificios antes de que se modifique oficialmente la NCh 433.

-La comunidad de ingenieros que proyecta edificios está en una incógnita tremenda, porque si ocupa la norma del año 96 va a proyectar sin saber a ciencia cierta si debieran aumentar las exigencias. Para superar eso, se aprovecha la disposición que tienen los ministerios de elaborar decretos, que se ubican en el cuadro jerárquico anterior a las normas. Y este decreto tiene objetivos muy específicos: la modificación de la demanda sísmica, que se entiende como la evaluación de las cargas que un sismo origina en las estructuras. Algunos proponen un incremento del 20% o 30%, otros dicen que es absurdo modificar todo por un terremoto que afectó fuertemente sólo a una región y que todo lo que salió bien parado tenga que sufrir los cambios. Tenemos que llegar a un consenso -asegura el ingeniero Tomás Guendelman, que participa en el debate.

Guendelman cree que, mientras se investiga si es necesario un cambio oficial de la norma, es mejor asegurarse y aplicar un factor de mayor exigencia a la luz de los efectos observados en el sismo de febrero. Ese factor, indica, puede ser variable de una región a otra, pero cree que “es bien difícil decir qué zona va a quedar excluida”. Por ejemplo, dice, se podría aplicar a la zona norte, que aunque distante del terremoto reciente, es una región “donde hay una laguna sísmica y va a haber un terremoto con toda certeza en un lapso que nadie puede precisar y que cuando venga será tan grande como el de Concepción”.

El constructor Piera señala que otra modificación a las normas busca mejorar el comportamiento de los elementos no estructurales de un edificio. Miles de propietarios quedaron residiendo en departamentos con puertas y ventanas descuadradas, grietas en muros de tabiquería, cañerías rotas y cerámicas caídas. No es un daño que inhabilite la vivienda, pero genera costosas reparaciones que se hubiesen evitado con normas precisas sobre la instalación de estos elementos.

- En esto se ha avanzado bastante, porque la norma 433 sólo en su Capítulo 8 se refiere al diseño de los elementos no estructurales, pero lo hace muy a la pasada. La idea es sacar el Capítulo 8 y crear una norma propia de diseño para estos elementos. En la medida en que usted amarre convenientemente los elementos estructurales con los no estructurales, indudablemente que disminuye el riesgo de que fallen. Si bien no significa un colapso para los edificios, puede haber hasta muertos, porque imagine lo que ocurrió con el aeropuerto de Pudahuel (donde el cielo falso se vino abajo) si esto hubiese sido a una hora de embarque, cuando está colmado de gente.

Mecánica de suelos

Donde también se ha avanzado mucho es en una propuesta para mejorar la tipificación del suelo. Hoy existen cuatro tipos identificados numéricamente: 1 (roca), 2 (suelo firme), 3 (suelo blando) y 4 (pantanoso no apto para construir). En los dos primeros no hay problemas para edificar, pero el terremoto demostró que la tercera es una categoría muy amplia. En Macul, por ejemplo, se construyeron edificios cuya mecánica de suelos indicó tipo 2 y, a corta distancia, se edificaron otros bajo la categoría 3. Estos últimos resistieron bien el sismo, pero los primeros quedaron con daños severos. Los especialistas creen que esto no se debe necesariamente a negligencia en los estudios de mecánica de suelos, sino a los escasos parámetros que les fija una ordenanza no actualizada.

-Muchas veces es difícil poder discernir entre un suelo 2 y un suelo 3. Es un tema muy ambiguo tal cual está descrito. El suelo en la norma actual depende de muy pocos parámetros y no siempre los más relevantes. Los mecánicos de suelo que también integran este comité de emergencia ya tienen una proposición con seis suelos: 1, 2, 3A, 3B, 4, 5 y 6 -informa Guendelman.

Otra novedad que puede arrojar el Consejo Asesor es la creación de un ITE: Inspector Técnico Estructural. La idea es que haya un ingeniero estructural en la obra durante todo el proceso de construcción. El ITE, dice Guendelman, aseguraría “que se construya lo que dicen los planos y si hay que hacer un cambio sería un interlocutor válido. Un ITO puede ser un constructor civil, pero si en un momento dado hay un problema que afecta al cálculo, ahí no va a estar preparado y estaría tomando decisiones que le sobrepasan”.

Hales agradece que el ministerio haya abierto la válvula a debatir este cúmulo de reformas, pero aguarda los resultados con moderado optimismo. Él dice que muchas de estas materias se han discutido antes, pero que siempre se postergan porque aplicarlas encarece el costo de las viviendas y se termina discutiendo si esto va a deprimir el mercado de la construcción o afectando negativamente el empleo. El calculista Mujica toca precisamente esa misma tecla:

- Para nosotros, los ingenieros, aumentar las exigencias es bien fácil. Es ponerle más fierro y hormigón. Pero a las personas eso les sube un 10%, 15% o 20% el precio de la vivienda. Si alguien me pide que le diseñe un auto que pueda chocar y no le pase nada, se puede: sería un tanque. Con los edificios pasa algo parecido. A mí me da mucha pena la pobre gente que ha tenido problemas con sus casas. Pero no por dos o tres edificios que se cayeron, vamos a encarecer toda la construcción en Chile.

El anuncio del Presidente Sebastián Piñera de relocalizar el proyecto termoeléctrico de Barrancones es una buena señal para la conservación de Punta de Choros, en la Cuarta Región. Por una vía informal se resuelve un problema ambiental, lo que desnuda los grandes dilemas que enfrenta la institucionalidad existente en esa materia: problemas nacionales v/s decisiones locales, riesgos de la ausencia de una política energética y la falta de una definición sobre qué es lo queremos conservar y a qué costo.

El Presidente de la República ha decido hablar en el caso Barrancones y ha señalado que la central, aprobada ya por la autoridad ambiental, deberá relocalizarse. Lo que ha hecho, finalmente, es ordenar el rechazo del proyecto, principalmente por su ubicación, pero además ha dado una señal para la conservación de Punta de Choros.

Es esta una buena decisión para el público en general, pero probablemente reprochable jurídicamente para el proponente. Por una vía informal se ha resuelto un problema ambiental. Pero más allá de la situación puntual, lo cierto es que sería un error pasar por alto este caso, para no hablar de los dilemas que se encuentran detrás de él.

De las muchas formas en las cuales podemos enfrentar Barrancones, quiero detenerme en tres que me parecen las más relevantes: (a) los déficits institucionales para la decisión (problemas nacionales y decisiones locales); (b) los riesgos de la ausencia de la política energética; (c) la determinación para tomar la elección de conservación y asumir sus costos.

Sobre el primero, el proyecto aprobado y ahora rechazado públicamente por el Presidente, demuestra lo sensible del diseño institucional para aprobar proyectos al interior del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Lo que a muchos puede llamar poderosamente la atención es que el proyecto hubiese sido aprobado por los votos de las autoridades de exclusiva confianza (intendente, gobernadores y seremis) y con los votos en contra de las autoridades elegidas indirectamente (cuatro consejeros regionales). La verdad es que estructuralmente al interior de este sistema, existen dos tipos de proyectos que inevitablemente suponen la intervención de autoridades nacionales (centralismo): aquellos que implican beneficios para una parte importante del país, pero que imponen gravámenes locales (típicamente los proyectos energéticos), y los que tienen asociados montos de inversión significativos y traen aparejado contratación intensiva de mano de obra. A esos proyectos se enfrentan las exigencias nacionales (representada por esas autoridades de exclusiva confianza), con las demandas locales de calidad de vida.

Existe tras esto una cierta injusticia que el sistema de evaluación ambiental no está en condiciones históricamente de resolver, porque en él las comunidades reclaman por un bienestar que las autoridades regionales (que evalúan los proyectos) no están en condiciones de garantizar: esa es precisamente la injusticia. Esa injusticia se ve resuelta por la vía Presidencial y no por la institucionalmente adecuada. En ello hay una buena noticia para los vecinos de Punta de Choros, pero un riesgo para el sistema porque demuestra la vulnerabilidad de estas decisiones frente a la voluntad del Ejecutivo.

El segundo problema que revela Barrancones es la ya tantas veces repetida ausencia de política energética. Es algo absurdo desde el punto de la sustentabilidad, que paralelamente estemos discutiendo la instalación de proyectos energéticos específicos que imponen, tras ellos, la elección de un paradigma de desarrollo. Hoy deliberamos sobre las termoeléctricas (Barrancones, Cruz Grande y Hacienda Castilla), hidroelectricidad (Hidroaysén) y nuclear.

No es razonable que sostengamos esa discusión sobre la base de proyectos específicos y no sobre una política que oriente los objetivos perseguidos. De lo contrario, estamos en una especie de “teletón de los kilowatt” que sólo puede perjudicar en el corto plazo a las comunidades que soportan esas cargas y en el largo plazo a la sustentabilidad del desarrollo. En el caso Barrancones, el sector de Punta de Choros tenía otras dos termoeléctricas programadas. La primera era Farellones, un proyecto que Codelco decidió finalmente retirar del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la segunda es Cruz Grande, que aún se encuentra en evaluación, y que luego de las declaraciones del Presidente de la República muchos debieran dar por rechazada. Lo anterior es especialmente complejo, porque ha sido en ese sector donde el propio Estado ha realizado inversiones significativas en subsidios, promoviendo un polo de desarrollo de pesca sustentable y ecoturismo.

El tercer problema que se revela es la ausencia de una decisión de qué es lo que deseamos proteger. La zona donde se pretenden instalar estas termoeléctricas dispone de la existencia de un patrimonio ambiental reconocidamente único. En él no sólo están la reserva del pingüino Humboldt y la reserva marina de Islas Choros, sino que también es un lugar de reconocido avistaje de cetáceos (ballenas y delfines). En el año 2008, como consecuencia de la Convención Ballenera que se celebró en Chile, el país aprobó una ley de protección de cetáceos, que no sólo buscaba evitar la captura y la caza, sino que también proteger los ecosistemas vitales para su desarrollo. Si bien se ha sostenido que el proyecto se encontraba a más de 20 kilómetros de la reserva, esa afirmación olvida no sólo la dinámica del ecosistema, sino que esencialmente que el costo del error es irreversible. Es ahí entonces en donde la pregunta de qué queremos conservar requiere de una respuesta honesta y transparente de la política pública en el largo plazo.

Barrancones es el mejor ejemplo de que en materia ambiental tenemos un inadecuado sistema de solución de nuestras controversias, sobre todo cuando se conjugan desarrollo productivo del país (la energía), conservación del patrimonio ambiental (áreas sujetas a protección), la sustentabilidad de otras actividades productivas que se pueden ver perjudicadas (pesca y turismo) y la calidad de vida de las personas (cercanas al proyecto).

Punta de Choros al parecer se ha salvado, pero revela un riesgo institucional de proporciones para la ciudadanía en relación a otros proyectos. No debemos olvidar que todavía debe resolverse la situación de la termoeléctrica Castilla e Hidroaysén. Cada una de estas decisiones revelará, con certeza, estas vulnerabilidades.

*Luis Cordero Vega, es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile. Fue el coordinador de la reforma a la institucionalidad ambiental, que se tradujo en la dictación de la Ley Nº 20.417.

En enero de 2005, el rumor de un falso tsunami movilizó ciudades completas de la VIII Región y generó muertes, accidentes y saqueos. El hecho motivó una investigación del Ministerio Público que determinó responsabilidades de la Armada de Talcahuano: habrían sido funcionarios de esa zona naval quienes malinterpretaron un fax del SHOA y alertaron a familiares, generando alarma y pánico. Sin embargo, tras una investigación, la Fiscalía Naval desestimó las acusaciones. Las pesquisas de la fiscalía regional también dieron cuenta de falta de planificación y competencia del personal civil y naval ante emergencias. Un factor que se repetiría en 2010. En vez de sacar lecciones de la mala experiencia, el falso tsunami de 2005 resultó tan traumático y bochornoso, que autoridades del antiguo gobierno se atreven a confesar en voz baja que ese antecedente rondó en las horas posteriores al terremoto y que bien pudo influir en la indecisión con que se manejó la crisis del 27 de febrero último.

El 16 de enero de 2005, al anochecer de un domingo como cualquiera, la región del Bío Bío fue escenario de un fenómeno que dio la vuelta al mundo. Sin que mediara una alerta oficial, sin que siquiera hubiese un temblor de menor intensidad que lo antecediera, un rumor recorrió poblaciones completas y generó pánico, descontrol y muerte.

–¡Se viene un tsunami, se viene un tsunami! –gritaba la gente al tiempo que huía hacia los cerros.

Gustavo Toro, capitán de la Cuarta Compañía de Bomberos de San Pedro, recordará ante un fiscal que esa noche, decenas de personas se dejaron caer en el cuartel, “comenzando a insultar y agredir al personal de guardia, presionándonos para que tocáramos la sirena”. En lo que calificó como “una situación caótica y casi insostenible para los voluntarios”, recordará también que la turba intentó llevarse el carro de bomberos.

Fue un caos que se prolongó por dos días. Las líneas telefónicas se saturaron, lo mismo que las carreteras. Hubo colisión de vehículos, peleas, accidentes, muertos y saqueos. El hecho concitó la atención mundial y se prestó para mofas. Poblaciones completas huyendo de una salida del mar inexistente y en apariencia infundada, salvo por un detalle: unas horas antes, a través de sus canales internos, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) había informados de un sismo de 6.6 grados en la escala de Richter en la isla Yap, a nueve mil kilómetros de nuestras costas.

En la región del Bío Bío el informe del SHOA sólo circuló entre funcionarios de la Armada. Su propósito era descartar que ocurriría un tsunami en nuestro país. Pero todo indica que tuvo el efecto contrario.

Debido al impacto que provocó el falso tsunami en Concepción y sus costas, la Fiscalía Regional del Bío Bío abrió una investigación que condujo a una conclusión significativa a la luz de lo ocurrido el 27 de febrero último: el rumor se originó en poblaciones navales de Talcahuano.

Ante las evidencias que apuntaban a la Armada, la causa fue derivada a la Fiscalía Naval. Sin embargo, esta institución descartó cualquier responsabilidad de sus funcionarios y devolvió la causa al sistema civil. Entonces la investigación fue archivada y todo quedó reducido a una situación confusa y bochornosa que dejó decenas de heridos, daños materiales nunca cuantificados y dos personas muertas por paro cardiorrespiratorio: Irma Milla Muñoz (69) y María del Rosario Ballard (65).

No había un origen claro, aunque sí una motivación: dos meses antes había ocurrido el tsunami del sudeste asiático, que costó 230 mil vidas. Entre ellas la de la chilena Francisca Cooper, que tuvo amplia cobertura en los medios.

Lo relevante en este caso no es el efecto del rumor sino más bien la causa, atribuida a una impericia de funcionarios de la Armada destinados en Talcahuano, quienes habrían malinterpretado el comunicado del SHOA y luego alertado a familiares. Una situación que tiene semejanzas con lo ocurrido el 27 de febrero de 2010: el SHOA tuvo dificultades para interpretar la información disponible y terminó descartando la alerta de maremoto al tiempo que las olas devastaban las costas del país.

Junto con lo anterior, la investigación de 2005 que llevó a cabo el entonces fiscal jefe de Talcahuano, Raúl Bustos Saldías, también detectó graves deficiencias en la respuesta de las autoridades encargadas de afrontar emergencias. Deficiencias que se asemejan a las exhibidas por las mismas autoridades a comienzos de este año y que hoy son materia de una nueva investigación del Ministerio Público.

MORTALMENTE PARECIDOS

El falso tsunami quedó grabado en la memoria de los habitantes de la VIII Región. Un trauma que permanecía latente al 27 de febrero último. Por ello, y por el fuerte impacto social que provocó, algunas autoridades civiles del antiguo gobierno hoy se atreven a confesar en voz baja que ese antecedente rondó en las horas posteriores al terremoto y que pudo influir en la indecisión con que se manejó la emergencia. Si decretaban la alerta de maremoto, temían repetir un fiasco como el de 2005. Por lo demás los actores no eran muy distintos.

Carmen Fernández por entonces oficiaba de directora subrogante de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi). El titular, Alberto Maturana, se encontraba participando en Japón de un seminario sobre emergencias. Maturana tuvo que dar explicaciones ante expertos de todo el mundo. Fernández fue la encargada de manejar la crisis, llamando a la calma y asegurando que el organismo que representaba disponía de un sistema de prevención con “una posición de vanguardia en el mundo”.

Marcos Oyarzo, primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, es de los que creen que los hechos de 2005 bien pudieron haber influido en la indefinición con que actuaron las autoridades hace seis meses. Recuerda que fue “una experiencia traumática que obligó a replantear los planes de contingencia para colaborar con la ciudadanía”.

La señal más clara de que para 2010 ese hecho aún estaba fresco entre las autoridades la dio el destituido director del SHOA, capitán de navío Mariano Rojas. En su comparecencia a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, Rojas dio cuenta de lo que estaba en juego a la hora de sopesar los antecedentes que lo llevaron a levantar la alerta de tsunami:

-Cualquiera de las dos decisiones podía acarrear alguna situación indeseada. Es más, podría haber ocurrido que yo hubiera mantenido la alerta. Quizás la gente hubiera corrido, quizás hubiera muerto gente, derivado de que no bajaron de los cerros, que estaban en los hospitales, niños, accidentes, etcétera, y probablemente hoy día estaría siendo juzgado porque no cancelé la alerta con los antecedentes que tenía.

GRAMÁTICA Y REDACCIÓN

La madrugada del 27 de febrero de 2010, casi media hora después de ocurrido el terremoto, los dos funcionarios que se encontraban de turno en la Onemi recibieron un fax proveniente de la Armada. Se titulada “Alerta de tsunami” y lo esencial, destacado en negritas y mayúsculas, decía lo siguiente:

(EL SISMO) FUE DE MAGNITUD SUFICIENTE PARA GENERAR TSUNAMI. SE DESCONOCE SI SE HA PRODUCIDO. SI SE DIERA LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA, SITUACIÓN QUE SERÍA INFORMADA OPORTUNAMENTE EN LAS HORAS ESTIMADAS, SERÍAN LAS SIGUIENTES (HORAS).

Tanto ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados como ante la fiscal Solange Huerta, quien indaga eventuales responsabilidades penales por las fallas en los sistemas de alerta, los dos funcionarios de turno de la Onemi declararon que el documento les resultó ambiguo. Y no sólo eso: a juicio de ambos, se contradecía con la información que les transmitía el SHOA por frecuencia VHF.

–No tenemos ningún reparo en declarar una alerta de tsunami si la información es clara y precisa –testificó ante los diputados el radio operador de la Onemi, Rafael López–. Sin embargo, en este caso, a mí entender, no fue así.

En tanto, el capitán de navío Mariano Rojas, quien dirigía el SHOA y resultó destituido por los errores de ese organismo, dirá que el fax fue claro, partiendo por el título, y que los mensajes radiales –de los cuales no existe respaldo– no hicieron más que ratificarlo.

–Obviamente, si la Onemi tenía dudas sobre las acciones que estábamos proponiendo, debió preguntar. Deberían haberme dicho que no les quedaba clara la información –sostuvo ante los diputados el ex director del SHOA.

Cinco años atrás, la tarde del domingo 16 de enero, otro fax proveniente del SHOA generó confusión. Tras dar cuenta de un sismo en la isla Yap, en la Micronesia, el comunicado describía en letras mayúsculas la siguiente situación:

LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE. SIN EMBARGO, PUEDE PROVOCAR PEQUEÑOS CAMBIOS EN EL NIVEL DEL MAR EN ÁREAS CERCANAS AL EPICENTRO.

El fax fue despachado a las diferentes gobernaciones marítimas y capitanías de puerto, además de la Onemi. A todas luces es más claro y directo que el anterior, sin dejar lugar a ambigüedades. Sin embargo, por alguna razón, atribuida tal vez a la prevención respecto a que el sismo “puede provocar pequeños cambios en el nivel del mar en áreas cercanas al epicentro”, en la principal zona naval del país no lo habrían leído correctamente.

Resulta significativo que el error –de acuerdo con las indagaciones del fiscal Raúl Bustos– se haya generado en la Base Naval de Talcahuano. La II Zona Naval es el mismo escenario de una fuerte controversia por la información que la madrugada del 27 de febrero entregó su máxima autoridad, contralmirante Roberto Macchiavello.

De acuerdo con testimonios de representantes de Carabineros, Bomberos y operadores de puerto y ex autoridades políticas, en las horas posteriores al terremoto el jefe naval descartó en todo momento la ocurrencia de un tsunami, lo que fue transmitido a la población por el intendente Jaime Tohá. El contralmirante Macchiavello, quien se mantiene en su puesto, niega estas versiones. Ninguno de los dos aún ha prestado aún declaraciones ante la fiscal.

CONTRADICCIONES

El oficio de mayo de 2005 con que el fiscal Raúl Bustos se declaró incompetente para seguir investigando el falso tsunami, derivando la causa a la Fiscalía Naval, señala lo siguiente:

“Se obtuvo antecedentes que confirman fuente de origen de la información en la Armada, por lo que se procedió a tomar declaración a funcionarios de la Gobernación Marítima de Talcahuano, que en términos generales arrojaron contradicciones sobre procedimientos, competencias, informaciones y hora de ocurrencia de los hechos”.

Las contradicciones habrían partido por los canales de comunicación internos.

Si bien uno de los marinos declaró ante el fiscal que la información del SHOA debería ser recibida por la Oficina Distribuidora de Mensajes, que reporta al oficial de servicio y éste a su vez al gobernador marítimo, la investigación del Ministerio Público determinó que este procedimiento no se cumplió.

No todos los marinos que estaban de turno ese día y que fueron interrogados parecían tener claro qué hacer en caso de una emergencia.

Mientras el cabo primero Ricardo Mella Cruces dijo que en caso de una alerta de tsunami debía activarse el Plan Campanazo, procedimiento que “no dura más de tres minutos” y en el cual “el gobernador marítimo toma el control de la situación”, el cabo segundo Rodrigo Cutiño Barrientos, a cargo de la central telefónica, declaró que, “en caso de que hubiera ocurrido un tsunami, no existía un plan de operación”.

En problema no sólo estaba en la Armada. Como en la Oficina Regional de Emergencia (Oremi) del Bío Bío trabajaba únicamente su director, Juan Enrique Romero, quien sólo laboraba días hábiles y en horario de oficina –lo que se repetirá en 2010–, éste recibió en su casa un llamado telefónico desde Santiago para advertirle que le habían enviado un fax a su oficina. Ese fax era el mismo despachado por el SHOA.

Para entonces, el pánico comenzaba cundir en Concepción, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Hualpén, Chiguayante, Penco y Coronel. En su declaración ante el fiscal, Romero dirá que la primera información que tuvo sobre evacuaciones masivas provino de un sector de marinos de la población Las Higueras. “Había movimiento de gente que estaba cargando sus vehículos para arrancar hacia el cerro”, testificó el funcionario.

De acuerdo con el mismo relato, cuando la situación ya estaba fuera de control, pasada la medianoche, el director de la Oremi del Bío Bío logró tomar contacto con Carlos Morelli, encargado de Emergencias de la Municipalidad de Concepción, a quien le dijo: “Alguien tiene que salir a desmentir esto”.

Como se desprende de esa declaración, no había claridad acerca de quién debía asumir la vocería en una crisis. Tampoco en la Onemi parecía haber un plan de acción definido en casos como estos.

En el mismo testimonio, Juan Enrique Romero contará que cerca de la medianoche, tras tomar contacto con Carmen Fernández, quien oficiaba de directora subrogante de la Onemi, “planificamos respecto de estrategias a seguir para comunicarle a la población de que todo era una falsedad, y optamos como primera medida concurrir a los medios de comunicación”.

A raíz de esa experiencia, unos meses después del falso tsunami la intendencia regional suscribió un acuerdo para que radio Bío Bío oficiara de emisora oficial en caso de emergencias. Pero no es que ese acuerdo se haya activado el 27 de febrero último, señala Piero Mosciatti, uno de los propietarios de Bío Bío: simplemente era la única emisora que estaba en condiciones de operar.

Lo cierto es que en 2010 no hubo oportunidad de poner en marcha estrategia alguna. Jorge Henríquez, quien oficiaba de director de la Oficina Regional de Emergencia del Bío Bío, sólo pudo comunicarse con la oficina central en Santiago por pocos segundos mientras se desarrollaba el terremoto. Después quedó incomunicado como buena parte de la población.

Henríquez no era el único funcionario de la Oficial Regional de Emergencia. Desde 2008 trabajaban otros tres. Sin embargo, no había implementado un sistema de turnos para funcionar las 24 horas.

ISLA QUIRIQUINA

Desde su oficina en el centro de Concepción, donde hoy ejerce la actividad privada, el ex fiscal Raúl Bustos recuerda que la investigación de 2005 fue igual a buscar una aguja en un pajar. No había claridad acerca de cómo había empezado el rumor, y en teoría, porque nadie se hacía cargo de él, cada habitante cercano a la costa de la del la VIII Región era un potencial testigo.

–Nuestro punto de partida fue el siguiente: para que esto haya prendido tiene que haber sido una fuente creíble –dice el abogado.

Con este principio, el fiscal y dos policías interrogaron a decenas de potenciales testigos, varios de los cuales coincidían en que los primeros movimientos se habían generado en población Higueras, de amplia presencia de marinos. Pero la pista más clara surgió cuando dieron con dos mujeres, familiares de funcionarios de la Armada, que coincidían en haber escuchado una alerta pública mientras se encontraban gozando de una tarde de playa en la isla Quiriquina, sede la Escuela de Grumetes.

En su declaración a fiscalía, Nilda Luisa Mellado Retamal aseguró haber escuchado junto a una sobrina un llamado de alerta ante la proximidad de un tsunami. El testimonio fue ratificado por la sobrina, Miriam Elizabeth Bravo, quien estaba casada con un sargento 1° de la Armada. En su testimonio, que quedó adjunto a la carpeta de la investigación naval, se lee lo siguiente:

-Cuando escuché esto me miré con la tía Nilda y le pregunté: Tía, ¿escuchaste? Y ella me miró igual de sorprendida y me dijo Sí, escuché, y nos reímos en ese momento. Nos causó gracia y ahí nosotras nos empezamos a preguntar ¿Qué vamos a hacer?, ¿por dónde vamos a arrancar? (…) Pienso que el resto (de las personas) pensó que era una broma.

Los testimonios de ambas mujeres –junto con otros elementos de prueba– llevaron al fiscal a declararse incompetente y pasar los antecedentes a la Fiscalía Naval de Talcahuano. La causa fue seguida por el capitán de corbeta Juan Pablo Soteras Campos, quien ofició de fiscal naval y completó dos gruesas carpetas con múltiples testimonios de marinos que contradecían la tesis de su par civil. Ninguno había escuchado algo semejante a una alerta de tsunami en la isla Quiriquina. Ni en la isla ni en ningún otro lado. Ninguno arrancó a los cerros ni reparó en el caos que vivía Talcahuano.

En buenas cuentas, los cerca de cincuenta funcionarios de la Armada interrogados por el capitán de corbeta desmintieron tener relación alguna con el origen del rumor.

El 14 de diciembre de 2005, la Fiscalía Naval de Talcahuano se declaró incompetente por cuanto, según se lee en la resolución, “no existe participación de personal militar” en los hechos investigados.

Sobre el fax del SHOA, indica que fue recibido en Talcahuano “por la Comandancia en Jefe de la Segunda Zona Naval y en la Comandancia en Jefe de la Fuerza de Submarinos, sin que ninguno de estos Mandos en Jefe difundiera la información a sus Unidades y Reparticiones dependientes. Por lo tanto, el mensaje nunca fue recibido en la isla Quiriquina”. También consigna que “se interrogó al personal naval residente en (la población) Higueras a la época de los hechos investigados, manifestando todos que no hubo evacuación de personal naval”.

La resolución está firmada por Fernando Jiménez Loosli, capitán de fragata y auditor naval, y por el contralmirante Daniel Arellano Walbaum, jefe máximo de la base de Talcahuano que actúa como juez naval. Este último oficial dejará su cargo y pasará a retiro en los mismos días en que despachó el citado informe. En la ceremonia de despedida, Arellano Walbaum destacó que el falso tsunami permitió extraer enseñanzas “tanto en aspectos comunicacionales como en los sistemas de alerta y de emergencia”.

Entonces la causa volvió al Ministerio Público y a principios de 2006 fue archivada definitivamente.

SEÑALES DE ALERTA

Lo ocurrido en 2005 fue una lección que bien pudo servir para afrontar de mejor manera la emergencia de 2010. Un llamado de atención. Así lo alertó una editorial del diario El Sur de Concepción publicada en 2007, a dos años del falso tsunami: “Más allá de los recuerdos de una huida en masa, lo más evidente de aquellas horas de terror fue la nula preparación regional para enfrentar una emergencia de semejante magnitud”.

Las fallas en los sistemas preventivos también fueron alertados por quien fuera director del SHOA hasta 2005. De acuerdo con cercanos al capitán de navío Roberto Garnham Poblete, éste insistió permanentemente ante las autoridades civiles y militares de las deficiencias de los sistemas de alerta y emergencias ante tsunamis. Estaba convencido de que en cualquier momento podría ocurrir un desastre de esa naturaleza. Por ello implementó un sistema de conexión directo y permanente con el ex director de la Onemi mediante una radio HF. Sin embargo, la mayoría de sus propuestas no fueron tomadas en cuenta por sus superiores.

También el fiscal que llevó la causa del falso tsunami se queja de no haber sido tomado en serio.

–La verdad de las cosas es que en ese tiempo estaba solo en esto. No había ánimo de llegar a la verdad ni de formalizar a alguien, menos a algún funcionario de la Armada. El mensaje que recibí de mis superiores fue que esta investigación había que terminarla cuanto antes –se queja el Raúl Bustos, sin especificar el nombre de los aludidos.

Una situación similar puede ocurrir con la investigación que desarrolla la fiscal Solange Huerta. No porque no haya ánimo de investigar, todo lo contrario: cuenta con apoyo institucional y desde que se hizo cargo de la causa ha realizado un fuerte despliegue por el centro y el sur del país en busca de antecedentes. Sin embargo, si llega a establecer responsabilidad de funcionarios de la Armada, como parece estar ocurriendo, se verá obligada a declararse incompetente y pasar los antecedentes a la autoridad naval.

El destino del sacerdote Fernando Karadima está en estas horas en las manos del cardenal Francisco Javier Errázuriz. Y se zanjará en los próximos días en Punta de Tralca. Al distanciamiento público de diez sacerdotes de su círculo, que le otorgaron “verosimilitud” a las acusaciones de abuso sexual en su contra, se agrega el dudoso manejo de los dineros de la parroquia El Bosque. CIPER descubrió nuevas propiedades bajo el control de miembros de la Unión Sacerdotal que lidera Karadima. Una de ellas es un departamento en Viña del Mar, que compró el capellán de la Fundación Las Rosas, el sacerdote Andrés Ariztía de Castro, y que misteriosamente terminó en manos de Karadima, quien puede usufructuar del inmueble de por vida.

De todas las propiedades bajo el control de Fernando Karadima y de la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón, hay una en particular que representa hoy un grave problema para su círculo más férreo. Es un departamento ubicado en Viña del Mar, en la Avenida San Martín 1020, N° 126 y su respectivo estacionamiento. Dicho inmueble fue adquirido en 1992 por el sacerdote Andrés Ariztía de Castro, quien pagó 38 millones de pesos al contado. Hoy, sin embargo, según una escritura notarial, lo disfruta Fernando Karadima en virtud de un usufructo vitalicio, sin que Ariztía tenga claro cómo fue que eso ocurrió.

Ariztía es miembro de una familia con muchos recursos, como la mayoría de los que descubrieron su vocación sacerdotal en la parroquia de El Bosque y al alero de Karadima. Ariztía es capellán de la Fundación Las Rosas, que acoge a ancianos abandonados. También es miembro de la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús, organización clerical que controla Fernando Karadima y que aparece como propietaria de varios inmuebles en Providencia, algunos de los cuales se compraron en efectivo, entre agosto y septiembre del año pasado, por un valor de 600 millones de pesos.

El 30 de julio de 2008, según los documentos del conservador de Bienes Raíces de Viña, el sacerdote Ariztía vendió el departamento de Avenida San Martín a Diego Ossa Errázuriz, Juan Estaban Morales y a Francisco Costabal. Los dos primeros son vicario y párroco de la iglesia El Bosque, respectivamente. Costabal no es sacerdote, pero es presidente de la Acción Católica de El Bosque y vive en la misma parroquia.

Los tres forman parte del círculo más fiel a Karadima, grupo al que habría que sumar al obispo auxiliar de Santiago, Andrés Arteaga, director de la Unión Sacerdotal, y al laico Juan Pablo Bulnes Cerda. Este último, es el abogado de extrema confianza de Karadima, quien suele tramitar algunas operaciones inmobiliarias. Bulnes intermedió entre el sacerdote Diego Ossa y un ex feligrés que lo acusa de abuso sexual y que pedía una indemnización. Fue el abogado quien finalmente pagó esa millonaria “donación”, la que se hizo extensiva a posibles testigos de los abusos.

La operación de venta del departamento de Viña es muy particular: se llama “de nuda propiedad” porque lo que se transa es el departamento, pero no su uso. De hecho, el usufructo vitalicio de esa vivienda fue cedido ese mismo 30 de julio, pero en una escritura distinta, a otra persona: el sacerdote Fernando Karadima.

Sin embargo el sacerdote Andrés Ariztía dice no haber tenido conocimiento de que en los hechos estaba vendiendo esa propiedad, la que a partir de ese momento ya no figuró a su nombre, sino bajo el control de Ossa, Morales y Costabal. Y menos recuerda que ella fuera entregada el mismo día en usufructo vitalicio a Karadima.

-Efectivamente, el año 92 el padre Karadima me pidió que comprara ese departamento en Viña del Mar bajo el estricto entendido que se trataba de un inmueble que iba a ser destinado a la oración y descanso de todos los sacerdotes de la Unión Sacerdotal. Ese fue el objetivo y por eso acepté utilizar una herencia de mis padres para ayudar a mis hermanos sacerdotes y para que se usara con estricto sentido religioso –dijo a CIPER el sacerdote Ariztía, párroco de la Iglesia El Señor de Renca.

Respecto de la venta a Ossa, Morales y Costabal, el sacerdote Ariztía recuerda que firmó los papeles que le hizo llegar el abogado Juan Pablo Bulnes Cerda. Sobre los 36 millones de pesos “íntegramente pagados en diversas cuotas en la forma señalada en escritura pública de cesión de la nuda propiedad”, como certifica la escritura que se firmó ante el notario Raúl Iván Perry el 10 julio de 2008, el sacerdote Andrés Ariztía optó por no hacer comentarios sobre un dinero que no recibió.

-Y déjeme decirle que yo no tengo ningún vínculo económico con la Unión Sacerdotal. ¡En lo absoluto! –acota Ariztía.

Según las indagaciones que hizo CIPER, el único ocupante de ese departamento ha sido Karadima, quien lo usa para sus descansos en distintas épocas del año. Y no ha sido, como lo quería su comprador original, un lugar de reposo para todos los sacerdotes de la Unión.

En el mismo conjunto habitacional, pero en la torre gemela, tenía un departamento su hermano Sergio Karadima. Ese inmueble era ocupado asiduamente por Fernando Karadima antes de que Ariztía comprara el suyo. En dicho lugar el médico James Hamilton, dice que comenzó su calvario cuando, en un momento en que quedaron solos, Karadima lo masturbó.

“EMPRESA DE CORRETAJE”

Las numerosas propiedades que posee la Unión Sacerdotal y que fueron reveladas por CIPER el pasado 13 de agosto, han agregado un nuevo elemento de conmoción en la Iglesia Católica y en la comunidad de El Bosque, ya sometida a una gran tensión por las acusaciones de abuso sexual que afectan a su ex párroco Karadima y a su actual vicario Ossa.

De hecho, fue el citado reportaje uno de los factores que terminaron por convencer a diez sacerdotes que integraban la Unión Sacerdotal de distanciarse públicamente el 18 de agosto de esa organización, la que dirige el obispo auxiliar de Santiago Andrés Arteaga y que controla Karadima.

En una declaración entregada a CIPER, los diez sacerdotes le otorgaron verosimilitud a las denuncias de abusos sexuales. Además, algunos de ellos mostraron su estupor respecto de las operaciones inmobiliarias y su preocupación por el uso que el grupo que dirige Karadima le otorga a esos inmuebles. Un sacerdote de la Unión que no pertenece al grupo “cismático”, pero que también se ha alejado de Karadima, señaló a CIPER:

-Esto es gravísimo y nos hemos enterado por CIPER de esta verdadera empresa de corretaje de propiedades. Déjeme decirle que a nosotros, nunca, jamás, se nos informó ni de la compra ni de la administración ni los objetivos que tenían estos bienes. Jamás.

En este contexto, la referida propiedad de Viña del Mar y la forma en que se efectuó su traspaso reafirman las dudas que se han ido consolidando sobre los bienes de la Unión Sacerdotal. En esa compraventa los intereses de la Unión y los de Karadima se superponen, pues, según el relato de Ariztía, una propiedad comprada a petición de Karadima para destinarla al uso de los religiosos, terminó bajo el control único del sacerdote, aunque no esté a su nombre.

El punto es relevante porque además de los departamentos que identificó CIPER a nombre de la Unión Sacerdotal en zonas residenciales de alto valor comercial, descubrimos otra media docena de departamentos en las inmediaciones de la parroquia El Bosque, respecto de los cuales varios testigos afirman que se compraron a petición de Karadima o en cuya adquisición le cupo al sacerdote un rol determinante.

En estos departamentos, que hoy están a nombre de otras personas relacionadas con la comunidad de El Bosque, CIPER ha encontrado distintos indicios de que el cuestionado sacerdote ha podido usufructuar de ellos.

El primero es el departamento ubicado en El Bosque Nº 1247, departamento 802. Tiene 140 metros cuadrados, tres dormitorios y tres baños. En el Conservador de Bienes Raíces figura como comprador el sacerdote Jaime Tocornal Vial, quien pagó al contado 6.535 UF (aproximadamente 138 millones de pesos).

Según ha declarado la ex esposa de James Hamilton, uno de los principales acusadores de Karadima, el sacerdote y guía espiritual del matrimonio quería que ellos vivieran cerca de la parroquia y “le pidió a un sacerdote que comprara este departamento” para que la pareja lo habitara.

El matrimonio vivió allí entre 1997 y 2001. Y a ese departamento del Bosque iba Karadima de visita, durante el periodo en que Hamilton dice haber estado bajo el control absoluto del sacerdote. Cuando la pareja se mudó, fue ocupado por Juana Manieu, madre del obispo auxiliar y director de la Unión Sacerdotal, Andrés Arteaga Manieu.

Un segundo inmueble es la casa de dos pisos ubicada en Las Baleares 937. Hasta 2001 era propiedad de Gonzalo Tocornal Vial, un laico del círculo más estrecho de Karadima, que la vendió a Francisco Prochaska Vecsey, también parte del mismo círculo. Según ha establecido CIPER fue Karadima quien intervino para que Tocornal le vendiera a Prochaska (en 3.036 UF, unos $64 millones); y fue él también el que convenció a Prochaska para que le arrendara la casa recién comprada a Hamilton. Allí vivieron entre 2001 y 2004 Hamilton, su esposa y sus hijos. Y en esa casa continuó la relación entre el sacerdote y su denunciante.

Prochaska afirmó a CIPER que le pagó el pie de la casa a Tocornal con sus ahorros ($24 millones) y el resto lo canceló en mensualidades de más de trescientos mil pesos, extendiéndose el pago un año y medio más por concepto de intereses. También confirmó que fue Karadima quien hizo el trato con Tocornal y quien decidió que fuera Hamilton su primer morador.

Esta lista de propiedades incluye dos departamentos de Eliodoro Yáñez 2831, Torre A, N° 701 y 1201 con sus dos bodegas y sus cuatro estacionamientos. Fueron comprados al contado por 15.158 UF, unos $320 millones. En el Conservador de Bienes Raíces aparece como propietario el sacerdote Antonio Fuenzalida Besa, muy cercano a Karadima y consejero de la Unión Sacerdotal, quien también posee otros inmuebles a su nombre, pero que forman parte de herencias familiares.

Lo curioso es que estas dos propiedades fueron compradas en los mismos días en que la Unión Sacerdotal adquirió otros dos departamentos en el mismo conjunto habitacional, los números 801 de ambas torres (A y B). Testigos de la operación inmobiliaria dijeron a CIPER que los inmuebles fueron visitados por una comitiva que encabezaba Karadima y que integraban Juan Esteban Morales Mena, actual párroco de El Bosque; Diego Ossa Errázuriz, vicario de la misma parroquia; Andrés Arteaga Manieu, obispo auxiliar de Santiago y director de la Unión Sacerdotal; José Tomás Salinas Errázuriz, consejero de la misma Unión y Francisco Costabal.

Los mismos testigos de distintas fases de la operación inmobiliaria afirman que Karadima era quien evaluaba y decidía qué comprar. Otros testigos indican que días después de la visita, el sacerdote Antonio Fuenzalida llegó hasta el mismo edificio. Iba acompañado de Morales, Ossa y Costabal. A su solicitud, le entregaron cinco llaves de cinco departamentos visitados anteriormente por Karadima y su comitiva. Fue entonces que Costabal interrumpió y dijo que sólo requerían dos llaves, pues Karadima ya había elegido el 701 y el 1201. Fuenzalida subió a verlos y días después los compró.

¿Tiene control Karadima sobre esos departamentos? Lo cierto es que en el N° 701 –comprado por Fuenzalida- vive hoy Sergio Karadima Fariña, hermano del sacerdote. Una situación similar ocurre con un departamento adquirido a nombre de la Unión Sacerdotal en la Torre B del mismo conjunto (Nº 801). Allí vive María Eugenia Karadima Fariña, hermana del sacerdote.

Por último, está el departamento Nº 603, de El Bosque 701. Un testigo relata:

-La primera vez que vinieron a verlo, fue un martes por la mañana, después de misa. Se presentaron Fernando Karadima, Diego Ossa, Juan Esteban Morales y Francisco Costabal. Quien venía con intención de comprar era Karadima. Costabal nunca habló. Fue una decisión rápida, a los pocos días estaban adquiriendo el departamento al contado.

Según el registro del Conservador de Bienes Raíces, la adquisición figura a nombre de Francisco Costabal: se realizó el 13 de noviembre de 2008 por un valor de $98.389.387 pagados al contado, lo que incluyó dos estacionamientos.

UNA FRONTERA OSCURA

Las interrogantes que surgen de la forma en cómo se concretan las sucesivas operaciones inmobiliarias y su posterior administración, se acrecientan con el depósito de los dineros de las rentas en las cuentas corrientes de la parroquia El Bosque. Aquí comienzan a confundirse los dineros de la Unión Sacerdotal y los de la parroquia, cuestión que complica al Arzobispado de Santiago y que debiese interesar al Servicio de Impuestos Internos, ya que la parroquia –por ser un lugar destinado al culto- no paga impuestos.

La investigación de CIPER logró descubrir que la Unión Sacerdotal recibe 2 millones 300 mil pesos mensuales por el arriendo de una propiedad en Carlos Antúnez y de tres de sus departamentos (Eleodoro Yáñez 2831 y los de El Bosque 915 y 957). Este dinero se deposita en una cuenta del Banco de Chile a nombre la Parroquia del Sagrado Corazón de Providencia.

A través de la cuenta Nº 00-162-52168-05, cuyo único autorizador registrado por el Banco de Chile es Fernando Karadima, se paga mensualmente a los empleados de la parroquia.

Sin embargo, existe otra cuenta que también recibe fondos no menores. Son los dineros que se recaudan por el arriendo del centro médico que ocupa un pedazo de la manzana donde está emplazada la parroquia. Los directivos de ese centro no quisieron precisar el monto, pero lo calificaron de “cuantioso”. Y señalaron que se deposita en una cuenta del banco BICE a nombre de Parroquia del Sagrado Corazón de Providencia. Su titular: el vicario Diego Ossa.

Lo anterior demuestra que aunque Fernando Karadima no es párroco desde 2006, mantiene cuotas importantes del poder financiero que controla la iglesia El Bosque. De allí la importancia de dilucidar tanto en la justicia ordinaria como en el Tribunal de Cuentas del arzobispado si los dineros con que se pagó a posibles víctimas y testigos de abusos sexuales salieron de esas cuentas.

Un dato adicional agrava la confusión entre los dineros que recauda de sus fieles la iglesia El Bosque y los que maneja la Unión Sacerdotal, ambos bajo el férreo control de Karadima: en el arzobispado tienen identificada a la parroquia con el mismo RUT de la Unión Sacerdotal.

“Lo que aquí pasó es que mezclaron las platas”, dijo una fuente del arzobispado.

Una mezcla de antigua data. Porque los viajes que Karadima realizaba cada año a Europa, en los que invitaba a personas de su círculo más íntimo –entre los más frecuentes, Guillermo Tagle, Francisco Prochaska, Gonzalo Tocornal, Hans Kast y Juan Carlos Cruz, uno de los denunciantes de abusos- se organizaban a través de Turavión y eran cancelados con donativos que recibía personalmente el sacerdote.

Así lo confirmó a CIPER Francisco Prochaska, uno de los laicos más cercano a Karadima por largos años. Prochaska afirmó estar “destrozado” por las acusaciones que pesan sobre el sacerdote –su guía espiritual- y afirmó:

-En lo que a mí respecta, puedo afirmar que jamás fui objeto de ninguna insinuación o conducta sexual dudosa por parte del padre en todos estos años.

LA DECISION DE PUNTA DE TRALCA

Este fin de semana el sacerdote Fernando Vives, vicario de la Zona Cordillera, encargado de la visita pastoral ordenada por el cardenal Francisco Javier Errázuriz a la parroquia El Bosque, debiera entregarle un informe completo que abarca desde las finanzas hasta el ánimo en que se encuentran los fieles de una iglesia tensionada al máximo. El documento de Vives debe contener recomendaciones y muchos esperan que una de ellas sea la intervención de la parroquia.

Con ese informe, pieza clave para lo que viene, el cardenal se irá el lunes a una reunión en Punta de Talca con todos los obispos. De los 33 asistentes, cinco han sido formados por Karadima: Andrés Arteaga (obispo auxiliar de Santiago), Horacio Valenzuela (Talca), Juan Barros (obispo castrense), Tomislav Koljatic (Linares) y Felipe Bacarreza (Los Ángeles). Sólo el último ha cortado lazos con su ex guía espiritual. El tema central en Punta de Tralca será la crítica situación de la parroquia El Bosque y del grupo de sacerdotes que la controla. Y todo ello en la víspera del nombramiento por parte del Vaticano del nuevo arzobispo de Santiago.

Si hasta hace pocos días había obispos que pensaban que lo mejor era esperar la decisión del Vaticano respecto del mérito de las acusaciones que pesan sobre Karadima, la situación ha cambiado radicalmente.

Uno de los religiosos que hace tiempo cree necesario que Karadima salga de esa parroquia, es Hans Kast Rist, canciller del Arzobispado de Santiago y ex integrante por 20 años del grupo de Karadima. Así lo explicitó en su declaración ante el fiscal Xavier Armendáriz, que investigó inicialmente las denuncias de abusos. Tras describir los actos impropios que vio, sugirió que era necesario que Karadima fuera alejado “por no menos de seis años del contacto con niños, jóvenes y adultos vulnerables”. El destino de Karadima, en su opinión, debía ser “una vida retirada, sin tomar la dirección espiritual de otros”.

Kast recomendó también que en ese retiro no recibiera visitas de personas que tengan más de 20 años de diferencia con él. “Como tiene 80 años, máximo lo podrían visitar personas de mínimo 60 años”. El límite que fija Kast es fácil de deducir: en el círculo de Karadima habría varios hombres entre los 40 y los 50 años que han dedicado su vida a seguir incondicionalmente al cuestionado sacerdote de El Bosque, desarrollando una enorme dependencia.

“¿Es conveniente que tal persona siga ejerciendo el ministerio público?”, se preguntó Kast en su declaración. Su respuesta fue clara: no. Y argumenta la necesidad de provocar el cambio ante la urgencia de ayudar al círculo que hasta hoy se mantiene fiel a Karadima: “El grupo más cercano está, al parecer, en un callejón sin salida y quizás agradecería (sin decirlo) que a Fernando Karadima se lo aleje por un tiempo”.

Una decisión de ese tenor, sin embargo, no es fácil. Depende en estas horas del cardenal Errázuriz. Pero en Punta de Tralca tomará el pulso de los obstáculos que se interponen. Uno de ellos es el dolor que la intervención de la parroquia y el alejamiento de Karadima provocará en muchos de sus fieles que aún no creen en la verosimilitud de las denuncias de abuso sexual. Un argumento que es replicado por la erosión que provoca el hecho de que el vicario de la parroquia, Diego Ossa, también acusado de abuso sexual, se mantenga allí, al lado de Karadima, oficiando misas y hasta presidiendo la reunión semanal de los jóvenes de la Acción Católica los miércoles.

El propio Kast en su declaración ante el fiscal Armendáriz preveía que para muchos sería difícil aceptar los actos impropios que él mismo había visto. Y hace alusión a que muchos feligreses continuarán defendiéndolo, ya que “puede que hayan ido todos los días a Misa y se hayan quedado un día a la semana a cenar o que Fernando Karadima haya ido a sus casas a cenar, pero en esas cenas, él se contenía y no se comportaba como a veces lo hacía entre los jóvenes, en confianza o en un ambiente más distendido”.

Y agregó: “En el círculo más externo habla de Dios, de la santidad… Ahí no ven el abuso efectivo a las víctimas más cercanas (…). Incluso ese grupo externo le puede llevar jóvenes para que les hable de Dios y los dirija espiritualmente, sin percibir que algunos de ellos, los que sean vulnerables, pueden sufrir abuso de poder”.

La advertencia de Kast fue constatada por CIPER al hablar con múltiples sacerdotes y laicos de su grupo cercano a Karadima. El dolor de cada uno brota sin control. Y no son pocos los que se preguntan una y otra vez cómo fueron engañados por el sacerdote que incluso les hizo pensar que tenían el privilegio de servir a un “santo”.

Para el canciller del Arzobispado de Santiago, Hans Kast, esta idea de santidad hizo que en esa parroquia se despertaran gran cantidad de vocaciones. Como limaduras tras un imán, los más piadosos hijos de la elite chilena llegaban a las manos de Karadima. Y esos jóvenes que buscaban entregar su vida a Cristo, confiaban a tal punto en él, que cuando veían algo o eran víctimas de un acto impropio, le buscaban una explicación que calzara con la imagen del hombre santo.

Allí está la explicación para los besos que se interpretaban como un gesto de cariño. Y cuando en vez de besarlos en la mejilla, Karadima “sacaba la lengua y la pasaba por la mejilla”, como afirmó ante la justicia el sacerdote Eugenio de la Fuente, los jóvenes lo entendían como una muestra excesiva de afecto. Lo mismo ocurría con ese beso que casi por azar se transformaba en un beso en la boca. Una broma, para algunos; una alerta sólo para unos pocos. Pero Karadima no dejaba de ser “santo”.

Lo mismo pasaba con el toqueteo de los genitales. Los testigos dicen que era “como accidental”. Permanentemente Karadima sufría el mismo “accidente” y terminaba con su mano rozando un pene. A medida que avanzaba la relación, el toqueteo se transformaba en una palpación voluntaria que tenía incluso una explicación didáctica.

Así lo declara Fernando Batlle, uno de los denunciantes. Al llegar a la parroquia, Karadima lo saludaba muy afectuosamente mientas le palmoteaba los genitales y le decía que “el pirulito” había que tenerlo “corcheteadito”. “Según recuerdo, esto ocurría delante de otros jóvenes cercanos, en instalaciones privadas de la parroquia, como el comedor o su pieza, lugares a los cuales muy pocos tuvimos acceso”.

También había palmoteos al terminar la confesión. “Andate tranquilito y cuida mucho tu vocación, me decía al tiempo que me tocaba los genitales”, relata Batlle, quien acota que eso le ocurrió repetidas veces cuando estaba en la enseñanza media.

Nadie podía pensar, en ese momento, que había algo morboso en esas actitudes. Menos algún tipo de abuso. Es más, en la búsqueda de una explicación, se llegaba a las interpretaciones más peregrinas. Batlle pensaba que era un acto de extrema confianza de Karadima. Hasta que el trato lo incomodó al punto de abandonar la parroquia. James Hamilton dijo ante el fiscal Xavier Armendáriz que interpretaba esos toqueteos como “una prueba a mi templanza sexual”.

En el caso de Hamilton, el toqueteo terminó en masturbación. Karadima lo mandó a confesarse de “pecado de pureza”. Y lo que provocó en él, estremece: “Estaba abrumado, exhausto, completamente desorientado, lleno de temor, culpa y horror por haber desencadenado algo así”, le dijo a Armendáriz.

Karadima premió su silencio integrándolo al selecto grupo de jóvenes que entraba a su pieza en la parroquia. Más tarde hubo un premio mayor: lo designó presidente de la Acción Católica el año en que vino a Chile Juan Pablo II.

En los próximos días el cardenal decidirá el destino del sacerdote Fernando Karadima, el joven que fue funcionario del Banco Sudamericano (hoy Scotia) antes de ser sacerdote y que hasta hoy guarda monedas de oro en sus calcetines en el closet. El hombre que mantiene intocable la casa que habitó su madre al interior de la misma parroquia hasta el día de su muerte, se aferra en estas horas a su círculo de hierro cada vez más reducido.

Mientras la conmoción crece en su entorno, algunos recuerdan con perplejidad un misterio con el que Karadima alimentaba su imagen de santidad. Contaba que había ido a ver al padre Hurtado moribundo y le había pedido tres favores que el santo se había comprometido a cumplir. El primero, que su padre (ya fallecido) llegara al cielo. El segundo, que él se convirtiera en sacerdote. “Y el tercero, no se los puedo revelar. Es un secreto”, decía.

Hasta hace unos meses su círculo cercano creía firmemente en esta historia. Ahora, como todo lo que tiene que ver con Karadima, esta escena también se pone en duda.

*Con la colaboración de la estudiante en práctica Lissette Fossa.

*Vea Además el Mapa Multimedia: Iglesia de El Bosque

Diez sacerdotes hicieron público su distanciamiento de la Unión Sacerdotal que controla el sacerdote Fernando Karadima, en una declaración que CIPER entrega en exclusiva y que otorga “verosimilitud” a las acusaciones de abuso sexual en su contra. La decisión de los sacerdotes, todos a cargo de parroquias de asistencia masiva de la capital, le pone urgencia a la visita pastoral que realiza el vicario Fernando Vives a la iglesia El Bosque y a la revisión de las cuentas de la misma. Los orígenes y destino de los dineros con que se pagó a posibles testigos complican al obispo auxiliar de Santiago, Andrés Arteaga, cabeza de la Unión Sacerdotal.

Diez sacerdotes integrantes de la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús, entidad afincada en la parroquia de El Bosque, decidieron hacer público su distanciamiento de la comunidad que sigue liderando Fernando Karadima. En una declaración, entregada a CIPER en la mañana del 18 de agosto, los diez sacerdotes afirman que estiman “verosímiles” las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre este prelado.

La declaración por la que estos sacerdotes explicitaron su separación de la Unión Sacerdotal, la primera oficial desde que irrumpiera el escándalo que envuelve al líder de la parroquia El Bosque, dice:

“Queremos hacer público nuestro distanciamiento de los encuentros de la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús a razón de los hechos que se han conocido en los últimos meses y que nos parecen verosímiles”.

“Estamos y hemos estado totalmente abiertos a colaborar con la justicia civil y canónica y en plena comunión con la autoridad de nuestra iglesia de Santiago y con la Santa Sede y el Santo Padre, el Papa”.

El comunicado lo suscriben los sacerdotes Eugenio de la Fuente Lora, Sebastián Vial Cruz, Sergio Della Maggiora Silva, Andrés Ferrada Moreira, Fernando Ferrada Moreira, Sergio Cobo Montalvo, Francisco Walker Vicuña, Samuel Arancibia Lomberger, Javier Barros Bascuñan y Jorge Barros Bascuñan.

Los firmantes pertenecen a parroquias de asistencia masiva en distintos puntos de Santiago: Eugenio de la Fuente es párroco de la iglesia La Medalla Milagrosa de Quinta Normal; Sebastián Vial Cruz, en la parroquia María Magdalena de Puente Alto; Sergio Della Maggiora Silva, en la parroquia de Colina; Andrés Ferrada Moreira, es encargado académico del Seminario Mayor; y su hermano Fernando, es párroco en la Iglesia Jesús Carpintero de Renca.

El sacerdote Sergio Cobo está a cargo de la parroquia San Carlos Borroneo de La Reina; y el padre Francisco Walker Vicuña es vicario judicial de la Arquidiócesis de Santiago; Samuel Arancibia Lomberger es párroco en la iglesia Santa María de Las Condes. Los dos últimos firmantes son los hermanos Javier y Jorge Barros Bascuñan. El primero se desempeña en la parroquia Santa Marta, mientras que el segundo es párroco de la iglesia de La Pincoya.

Todos ellos pertenecen a la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús, una asociación clerical fundada en 1928 que tiene como fin “la formación de un vínculo espiritual, en oración y caridad entre los miembros de ella”. Hasta comienzos de año la integraban medio centenar de sacerdotes y cinco obispos, todos formados espiritualmente por Karadima en la parroquia El Bosque.

Este grupo se reunía todos los lunes, el día libre de los sacerdotes. Karadima, quien llegó a la iglesia El Bosque en 1952 siendo su vicario por 25 años y su párroco por otros 23, ha sido el guía espiritual de todos ellos.

Los lunes, tras participar en una misa, tenía lugar la reunión de camaradería que siempre terminaba con una cena. Sólo un reducido grupo de laicos, los más cercanos a la comunidad, integrantes de la Acción Católica de El Bosque, también formada por Karadima, tenían acceso a esa actividad. Todos los sacerdotes con los que ha hablado CIPER indican que un código tácito les señalaba que era una cita a la que no se podía faltar.

Los lazos entre los miembros de la Unión Sacerdotal y la Acción Católica se profundizaban con paseos al campo de Panquehue de Gonzalo Bulnes o al campo de Requinoa, de Juan Pablo Dörr. “Y los fines de semana largos a veces nos íbamos a la casa de los Matte en Zapallar”, dice uno de los participantes, estrechamente ligado al grupo de Karadima.

En esas reuniones se hablaba de espiritualidad, de la Virgen, del camino a la santidad y se rezaba el rosario.
Con esas actividades y la reunión de los lunes, además de la confesión, Karadima mantenía el control sobre un enorme grupo de sacerdotes en los que él había despertado la vocación.

De hecho, en la declaración que hizo ante el fiscal Xavier Armendáriz, que investiga las denuncias de abusos, Karadima dijo: “Pido se considere que mi palabra valga, pues tengo tanta gente que ha pasado por acá, serán 500 mil jóvenes desde los años 50 que trabajo con ellos”. Y para finalizar, acotó: “Quisiera agregar que en mi trabajo pastoral he logrado conducir unas 50 vocaciones religiosas, entre ellas cinco obispos”.

El alejamiento público de los sacerdotes ocurre cuando está pronta a terminar la visita pastoral del vicario de la Zona Cordillera, Fernando Vives, a la parroquia El Bosque. Por orden del cardenal Francisco Javier Errázuriz, Vives está visitando las cuatro parroquias del decanato de Tobalaba. Durante las últimas semanas ha tomado el pulso a la parroquia El Bosque, hablando con los fieles y conociendo sus percepciones. También se ha interiorizado de la situación económica de la parroquia: de los pagos a los empleados y de las cuentas del templo. En especial, de la cuantía y el destino del aporte del uno por ciento que hacen los fieles.

Vives también indaga el destino de otros recursos, como el aporte de los fieles durante las misas. Fuentes que han declarado en los procesos –judicial y eclesiástico– aseguran que en esa parroquia se juntaban cada domingo más de cuatro millones de pesos de contribuciones en las eucaristías.

Un importante testigo del caso, identificado como F.G.B., dice haber visto qué hacía Karadima una vez terminada su misa en El Bosque, la más concurrida de todas. “Vi que vaciaba las bolsas de la colecta de su misa. Se juntaba bastante dinero. Y lo vi arrojar monedas y billetes al aire, diciendo y pensar que toda esta plata es mía”.

Cuando Vives finalice su visita deberá entregar un informe al Cardenal Francisco Javier Errázuriz y realizar recomendaciones. La declaración pública de los 10 sacerdotes refuerza la urgencia de cerrar pronto esa visita. Algunos religiosos consultados por CIPER creen que es muy probable que la recomendación sea que se ordene intervenir la parroquia El Bosque.

LAS PROPIEDADES

El “cisma” en la Unión Sacerdotal se origina en un hecho también relevante en el contexto de las denuncias por abusos sexuales que afectan tanto a Karadima como al vicario de la Iglesia El Bosque, Diego Ossa: Las numerosas propiedades que posee esta entidad y que fueron reveladas por CIPER el pasado 13 de agosto en reportaje “Los secretos del imperio financiero que controla el sacerdote Fernando Karadima”.

Hasta ahora se han identificado al menos seis propiedades en la comuna de Providencia –principalmente departamentos en los alrededores de la parroquia el Bosque– adquiridos por la Unión Sacerdotal por un momento cercano a los 600 millones de pesos.

-Esto es gravísimo y nos hemos enterado por CIPER de esta verdadera empresa de corretaje de propiedades. Déjeme decirle que a nosotros, nunca, jamás, se nos informó ni de la compra ni de la administración ni los objetivos que tenían estos bienes. Jamás –afirmó otro sacerdote alejado de de la Unión Sacerdotal pero que ha buscado otros caminos para mostrar su desacuerdo.

La misma fuente indica que en los estatutos de dicha entidad no hay ninguna mención que permita el manejo de propiedades o de otras inversiones.

Un tema que inquieta al Arzobispado de Santiago es el origen poco claro de los dineros que permitieron esas compras. ¿Provienen de donaciones hechas a la parroquia o a la Unión Sacerdotal? No está claro. Menos aún cuando en el arzobispado tienen identificada a la parroquia de El Bosque con el mismo RUT de la Unión.

“Al aparecer se han confundido los dineros de la parroquia con los de la Unión Sacerdotal”, señala una fuente de la iglesia de Santiago que prefiere mantener reserva. Si esto resulta cierto, la situación sería particularmente grave para Andrés Arteaga, obispo auxiliar de Santiago, vice gran canciller de la Universidad Católica y director de la mentada Unión Sacerdotal en los últimos 20 años.

Y ello porque una de las aristas más críticas de la investigación a cargo de Armendáriz es el origen de los millones que se pagaron a posibles testigos y víctimas de los abusos que se le atribuyen a Karadima y a Ossa.

En el proceso ya están acreditados pagos a tres empleados de la parroquia y a una posible víctima. Todos esos millones fueron desembolsados después de septiembre pasado, cuando la investigación eclesiástica cobró nuevos bríos bajo la conducción del sacerdote Hans Kast, ex integrante de la Unión Sacerdotal.

Si se comprueba que los recursos que se utilizaron en esos pagos provienen de dineros que controla la Unión Sacerdotal, el obispo Andrés Arteaga deberá responder en su calidad de cabeza de esa entidad.

*Vea también: “Los secretos del imperio financiero que controla el sacerdote Fernando Karadima”

*Multimedia: Además revise el mapa de la Iglesia de El Bosque.

“El Impacto de las Tecnologías Digitales en el Periodismo y la Democracia en América Latina y el Caribe”, de Guillermo Franco y publicado por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas y el Programa de Medios del Open Society Institute (OSI), está disponible en español e inglés y puede ser descargado gratuitamente en formato PDF desde el sitio web del Centro Knight.

El texto tiene su origen en las discusiones, propuestas y presentaciones en el Séptimo Foro de Austin de Periodismo en las Américas, efectuado en la Universidad de Texas en Austin el 11 y 12 de septiembre de 2009. Cuarenta y ocho representantes de 18 países se reunieron para debatir los efectos de la transición digital en la industria periodística, la cobertura política y democracia, el periodismo investigativo y los nuevos medios. El foro fue copatrocinado por tercera vez por el Programa de Medios del Open Society Institute.

El reporte utiliza las experiencias personales y organizacionales descritas por los participantes del encuentro, las cuales fueron compiladas, revisadas y analizadas por el relator del Foro de Austin, Guillermo Franco, a fin de examinar cómo las tecnologías digitales han afectado al periodismo y la democracia en la región.

Para más informaciones sobre el reporte, vea esta nota del Centro Knight y descargue el libro electrónico aquí.