Chile ha enfrentado un fenómeno similar. Desde las primeras marchas contra Hidroaysén, se han suscitado manifestaciones por diversos motivos y en diferentes lugares: las movilizaciones estudiantiles en Santiago y diversas ciudades del país marcaron el 2011, continuando con los casos más recientes, como los de Aysén y Freirina. Tras todas estas manifestaciones, ha habido alegaciones de uso indebido de carros lanzaagua, gases lacrimógenos y balines, en algunos casos causando lesiones oculares; denuncias de torturas y otros malos tratos, incluidas palizas y amenazas de violencia sexual, contra estudiantes detenidos arbitrariamente por la policía en manifestaciones estudiantiles. Esto llegó al extremo en el caso de la muerte de Manuel Gutiérrez, en agosto de 2011, tras recibir un impacto de bala disparada por Carabineros en el contexto de las manifestaciones.

La respuesta ofrecida por Chile no es única. El fracaso del liderazgo en respuesta a levantamientos en Medio Oriente y el norte de África no se ha limitado a un país.

Mientras un número sin precedentes de personas dejaron a un lado el miedo y tomaron las calles para reclamar sus derechos, muchas autoridades de diferentes países actuaron respondiendo de manera brutal e incluso letal. Sin embargo, las cosas cambiaron para los tiranos del mundo, los torturadores y la policía secreta.

Pero el sistema internacional de gobierno no ha estado en ningún momento a la altura del valor mostrado por los manifestantes y han primado los beneficios y el propio interés frente a los derechos de las personas, e incluso de sus vidas. Con su inacción sobre Siria, Sri Lanka y Sudán, el Consejo de Seguridad de la ONU –encargado de garantizar la paz y seguridad mundiales– ha dado la impresión de ser tristemente innecesario e incapaz de cumplir su cometido.

La persistente brutalidad y el derramamiento de sangre en Siria constituyen un contundente ejemplo de este fracaso del liderazgo. Rusia y China vetaron la petición del Consejo de Seguridad para que cesara la violencia, a pesar de los indicios de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Al Assad, de que se utilizaron francotiradores y tanques contra los manifestantes, y de que se detuvo y torturó a niños y niñas de tan sólo 10 años.

Quizá no había motivos para sorprenderse por la inacción: Siria es uno de los principales compradores de armas rusas. Y si los otros cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad –China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido– son los principales comerciantes de armas del mundo, ¿podemos realmente confiar en que el Consejo de Seguridad cumpla con su función como guardián de la paz mundial? Sus líderes no son objeto de examen, lo que les permite mantener sus especiales y rentables relaciones con gobiernos represores.

Pero, ¿cómo podemos insertar la rendición de cuentas en el sistema internacional de gobierno? ¿Qué hay que hacer para impartir justicia de modo consecuente? ¿Cómo pueden mostrar los gobiernos un liderazgo legítimo?

En primer lugar, deben acabar con la hipocresía. Hay que escuchar el clamor de los pueblos que piden libertad, justicia y dignidad, lo que significa que debe respetarse la libertad de expresión. Los Estados que afirman defender los derechos humanos deben dejar de apoyar a dictadores por el hecho de que sean sus aliados. Es preciso que los Estados en donde se cometen abusos refrenen a su policía secreta y otras fuerzas de seguridad y permitan que las personas se expresen libremente.

En esta materia, en Chile también es necesario que el gobierno esté a la altura de su declaración de respetar “a mil” la libertad de reunión, expresión y manifestación pacífica. Mientras se sigan prohibiendo marchas en términos que afectan el derecho a reunión y sigan existiendo denuncias de violencia policial y malos tratos en detención después de cada manifestación –como ya sucedió en Freirina– y no exista una respuesta enérgica para investigar, sancionar y prevenir abusos, sigue existiendo una deuda en esta materia. Mientras siga la Ley de Resguardo del Orden Público en su actual redacción, en tramitación en el Congreso, seguirá existiendo una contradicción.

En segundo lugar, los Estados deben tomar en serio sus responsabilidades en el ámbito internacional. La prueba de fuego será en julio, cuando los Estados miembros de la ONU se reúnan para acordar un Tratado sobre el Comercio de Armas. Será la oportunidad de que los gobiernos se comprometan con los derechos humanos, la paz y la seguridad, votando a favor de un tratado sólido, que impida la transferencia internacional de todo tipo de armas convencionales a países donde exista un riesgo significativo de que se utilicen para cometer graves violaciones de derechos humanos.

En este punto, esperamos que Chile dé su apoyo al Tratado de Comercio de Armas en los términos señalados, y sea además instrumental en conseguir apoyos para dicho texto.

En tercer lugar, los gobiernos deben invertir en sistemas y estructuras basados en los derechos humanos y el Estado de derecho, y que garanticen la rendición de cuentas, juicios justos y sistemas judiciales imparciales; resarcimiento por los abusos sufridos; el fin de la discriminación, la corrupción y la impunidad, y la igualdad ante la ley.

En esta materia, Chile también tiene trabajo por hacer para alinear de una vez por todas la legislación y las políticas a las normas establecidas en los tratados de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

De este modo, los líderes en Chile y en el mundo pueden crear y mantener un sistema que proteja a los débiles y ponga límites a los poderosos.

El año pasado mostró con más claridad que nunca, que como ciudadanía comprometida, todos y todas podemos ayudar a crear un futuro más justo y pacífico. Quienes valoran la libertad y la justicia han de trabajar conjuntamente para proteger los derechos humanos en todas partes. Hemos de recordar que no estaríamos tan cerca de conseguir que se haga realidad un Tratado sobre Comercio de Armas de no ser por los activistas que, en todos los ámbitos, han exigido que se emprendan acciones.

Personas que se han manifestado en un país tras otro han demostrado con contundencia que el deseo universal de libertad y justicia que tenemos los seres humanos no puede aplastarse ni contenerse, a pesar de las fuerzas de represión. Los líderes mundiales han recibido una llamada de atención sobre los derechos humanos: ya es hora de anteponer la justicia a la represión y los beneficios.

Ellas no sólo fueron expulsadas, sino que también han sido agredidas con todo tipo de descalificaciones e infamias. Y en este caso tampoco han sacado la voz las autoridades del SERMAN, del INJUV, del SENAME, ni menos -otra vez- del MINEDUC. “Debemos dejar que las instituciones funcionen”, nos dicen cada cierto tiempo… ¿Es que se considera la omisión en los casos que les compete como parte inherente al funcionamiento de esas instituciones?

¡Qué bueno! Me dicen muchos. Tu hija va a poder volver al Carmela ¿Y a qué? – Contesto yo- ¿A que le exijan ponerse al día con 3 meses de clases en un fin de semana? ¿Que la inscriban en el electivo matemático, siendo humanista? ¿A que la expulsen de nuevo, por mirar por la ventana? ¿Puede alguien decirme en qué autoridad confiar para que éstas u otras arbitrariedades no ocurran?

Claro, podemos de nuevo ir a la Corte. Y esperar 5 meses más. Y volver a sentir como padre el desamparo absoluto al oír decir al ministro de Educación que él no puede interferir en estos casos. Y el silencio cómplice de las otras instituciones que deberían velar por los derechos y el respeto hacia adolescentes, todavía más, siendo mujeres. Y ver cómo el gobierno gasta en armas para reprimir la lucha de nuestras hijas los recursos que ellos exigen para que la educación toda, y no sólo la de ellas, sea gratuita y de calidad. Y que sea el Estado. Para que ningún otro sostenedor de Liceos sienta que son de su propiedad, y que mande a cometer atropellos de tal envergadura. Que sea la misma corte que antes calló frente a torturas y asesinatos cometidos ante los propios ojos del mentado alcalde, la que le diga: esta vez no, señor. Usted es el mismo de hace 40 años, nosotros algo hemos aprendido.

De todas formas, seguiremos en tribunales por la querella que Hinzpeter y Bulnes interpusieron contra 7 de las personas que participaron en la toma del ex Congreso. Esa misma toma fue la razón esgrimida por la directora para avisarme que seguramente iba a expulsar a mi hija, hace ya 6 meses. Y es imposible no relacionar el currículum DINA de Labbé, el currículum CNI de la familia de la directora, el currículum DINA y CNI de varios funcionarios de seguridad de Providencia con esta curiosa casualidad: cuando aún no había querella ni expulsión, mi hija ya estaba en la lista de las que serían culpables.

¿Puede alguien saber qué curiosas conversaciones tejen los jubilados de aparatos represores de la dictadura, rodeando una bandeja de galletitas, en algún café de Providencia?

Moises Bravo, padre de Scarlett.
Una de muchos estudiantes expulsados y expulsadas por Labbé.

Ahora bien, en razón a que el cobro por el uso de los estacionamientos en el mall Alto Las Condes (del empresario Horst Paulmann) era muy oneroso, las redes sociales de Facebook y Twitter empezaron a denunciar masivamente y con fuerza ese abuso, lo que significó la inmediata reducción de la tarifa a un monto más moderado.

A raíz de ello, la situación en general fue analizada por los abogados del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para que se estableciera en la materia un criterio uniforme, compatibilizando los intereses de los inversionistas de estos centros comerciales con los de sus clientes y proveedores.

Ese servicio del Estado, dependiente del Ministerio de Economía, recientemente anunció que el uso de los estacionamientos en los malls debía ser gratis porque la legislación de Vivienda y Urbanismo exige que estas instalaciones comerciales dispongan de los mismos. Con ello se entendía que sin esos espacios necesarios los malls no podían funcionar. Y el hecho se vuelve aun más indiscutible en ciudades llenas de automóviles con un aumento vertiginoso del parque vehicular.

Asociado a lo inmediatamente anterior, recordemos que los Planes Reguladores Comunales estipulan densidades habitacionales máximas (cantidad de habitantes y o viviendas por hectárea) para los distintos sectores de sus territorios jurisdiccionales. Pero nuestra debilucha institucionalidad permite el ingreso indiscriminado de todo tipo de vehículos al país, lo que está produciendo graves problemas de congestión en ciertas vialidades en los horarios punta.

“La normativa sectorial exige que los edificios habitaciones y los condominios dispongan de estacionamientos de visitas y para discapacitados: le aseguramos al ministro que nadie cobra por el uso de esos espacios comunes”.

Algunos políticos de derecha, como el senador Jovino Novoa, han desechado la posición del Sernac calificándola de populista y en la misma línea, a favor de los intereses de los inversionistas, el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, muy suelto de cuerpo manifestó: “La ley señala que los establecimientos tienen que tener un mínimo de estacionamientos, pero no señala que no se puede cobrar” (sic). Pero este ministro tiene la obligación de saber que la ley invocada por él tampoco dice que sí se puede cobrar.

Hemos sabido que en esta materia de interés público, el ministro de Economía, Pablo Longueira, apoya a Juan Antonio Peribonio, director del Sernac. Sin embargo, como la organización gremial de los empresarios se opone a la medida, se ha conformado una mesa de trabajo para llegar a un acuerdo no sólo respecto de los malls, sino también de otras edificaciones que reciben clientes o pacientes, como las clínicas. Asimismo se abordará la pertinencia del cobro a quienes utilizan los baños, también exigidos por la Ley y Ordenanza de Urbanismo y Construcciones.

La iniciativa del Sernac en ningún caso es populista, como les gusta decir a los políticos que cautelan los intereses de los más poderosos. Y lo que expresó el ministro de Vivienda es rotundamente equivocado porque la ley respectiva no aborda temas económicos. La normativa sectorial exige que los edificios habitaciones y los condominios dispongan de estacionamientos de visitas y para discapacitados: le aseguramos al ministro que nadie cobra por el uso de esos espacios comunes.

Si quisiéramos que opere la sensatez y la lógica en la asignación de los recursos en este asunto, es indudable que el uso de los baños en todas las instalaciones que reciben público debe ser gratuito porque quienes recurren a ellos lo hacen por necesidades fisiológicas ajenas a su voluntad.

Los estacionamientos en los malls y en todas las edificaciones afines también tienen que ser de uso gratuito durante el período en que los consumidores o pacientes, según sea el caso, se encuentran dentro de esas instalaciones.

Este plazo podría ser de 150 minutos (2 horas y media) por día y si la ocupación del estacionamiento se prolonga, por los motivos que sean, empezaría a operar en forma automática, a partir del minuto 151, el cobro fijado libremente por el propietario de la edificación, con lo cual se evitaría el abuso por parte de aquellos que siempre buscan las ventajas.

Con este simple procedimiento los comerciantes venderían más, sus clientes los apreciarían en mayor medida y la utilización de los estacionamientos estaría bastante bien regulada por un Estado que, salvaguardando los intereses de los consumidores, también se preocupa de los inversionistas quienes con sus capitales dan trabajo y producen crecimiento económico.

Ver mapa con los colegios donde se detectaron irregularidades graves en 2010.

Cada año el Fisco entrega más de $420.000 millones a los colegios particulares subvencionados de la Región Metropolitana. Lo paga sin saber si ese es de verdad el dinero que corresponde cancelar. Lo transfiere, literalmente, a ojos cerrados. Los datos y testimonios recopilados, sistematizados y analizados por CIPER, indican que gran parte de los colegios particulares subvencionados han integrado a su negocio la alteración constante de las asistencias para cobrar más subvenciones. Y que están dispuestos a pagar las exiguas multas que les cursan porque no alteran su margen de utilidades. Y que frente a eso, el Fisco es un ciego y puntual pagador.

En 2010, un cuarto de los casi 2.000 colegios particulares subvencionados bajo la supervisión de la Seremi de Educación de la Región Metropolitana, cometió “faltas graves” relacionadas con cobros de la subvención. El cuadro estadístico lo levantó CIPER con el registro de cada caso ya que este catastro no existe en el Ministerio de Educación (MINEDUC). Son 488 colegios en los que sus sostenedores adulteraron la información de los alumnos para obtener más dinero fiscal del que les correspondía. De esos establecimientos, 119 recibieron alguna multa que en promedio superó levemente $1.100.000. Así, la recaudación en multas fue de $131 millones en 2010 (Ver tabla de multas cursadas en 2010).

¿Qué pasó con los otros 388 establecimientos que también fueron sorprendidos falsificando instrumento público? No es posible precisarlo por el desorden de los datos que tiene el organismo fiscalizador. “Se supone” que unos 166 sostenedores también debieron pagar multa. Y “se supone”, porque según explica a CIPER Miguel Zárate, jefe jurídico de la Unidad Regional de Subvenciones del MINEDUC, con anterioridad al segundo semestre de 2010, “no había registro de las multas pagadas”.

-Yo creo que esas multas se cobraron, pero es que antes se operaba informalmente. Se abría un proceso administrativo, se notificaba, se llevaba a firme y eso se mandaba a la sección de pago. Y en la sección de pago se cobraba pero no se registraba en ningún lado.

-¿Entonces no hay manera saber el monto de las multas cobradas en el primer semestre de 2010?

-No. Salvo que en la sección de pagos hagan un ejercicio tremendo de revisar el sistema computacional, que además no va a ser efectivo y va a ser un enredo gigantesco. Todo el mundo sabe que antes no se hacía el registro.

De lo que sí hay registro es que 222 colegios a los cuales los inspectores sorprendieron en “faltas graves” fueron sobreseídos. ¿Por qué? Miguel Zárate explica que para castigar por una “falta grave”, era necesario acreditar dolo: la voluntad deliberada de hacer el daño. “Pero los sostenedores le echaban la culpa al profesor, decían que él se había equivocado y habitualmente aportaban declaraciones jurada del docente echándose la culpa. Incluso mostraban que le habían hecho descuentos en la liquidación de sueldo. Y no había más que hacer”, dice Zárate.

Evidentemente el testimonio de esos profesores podía interpretarse como resultado de presiones laborales. Es por eso que, según dice Zárate, ese tipo de testimonios ya no se consideran. “Si fue intencional o fue un error, eso ya no se toma en cuenta. Hoy los sostenedores tienen la obligación de llevar un registro de asistencia fidedigno y real. Si no lo tienen son sancionados”.

De los establecimientos multados sólo 46 colegios, fueron castigados con la restitución del dinero público que obtuvieron de manera irregular. Y en apenas dos casos se aplicaron las penas más duras. El primero afectó a la Sociedad Educacional De Javig, dueña de la Escuela Especial de Lenguaje de Javig, ubicada en la comuna de El Monte, la que presentó cuatro incumplimientos graves en un mismo año: registrar como presentes a alumnos ausentes, mantener sus libros de clases incompletos, no tener registrada la asistencia en los días anteriores a la fiscalización y no tener tomada la asistencia después de la segunda hora de clases el mismo día de la inspección. El ministerio prohibió a la sociedad y a sus socios volver a incursionar en el negocio educativo.

El segundo castigo grave afectó a la Escuela Básica Andrés Alberto. En ese caso se aplicó la “revocación del RBD”, que en la práctica significa que la sostenedora (María Inés Campillay Jeraldo) no puede operar más el colegio por el que fue sancionada. Pero sí puede seguir en el negocio de la educación en un nuevo establecimiento.

En resumen, en 2010 el Fisco entregó $420 mil millones en subvenciones a colegios administrados por privados en la Región Metropolitana; detectó que un cuarto de los beneficiados falsificaba los datos para recibir más dinero y al final del año sancionó a un número desconocido de sostenedores por un monto que no es posible cuantificar con claridad.

FISCALIZACION DE UN DIA

Hay que precisar además que buena parte de los 488 colegios que cometieron faltas graves fueron sorprendidos durante el único día del año en que se fiscaliza a los establecimientos obligatoriamente: la llamada “visita integral”, que se realiza entre abril y junio.

La Seremi Metropolitana tiene 45 inspectores y no pueden cubrir a los 1.936 colegios que reciben la subvención fiscal. Por ello en 2010 los funcionarios lograron fiscalizar solo 1.688 colegios (el 87 % del total). Solo a algunos de ellos se les hizo una segunda visita para inspeccionar la veracidad de la asistencia que informaban. También se visitó a los que el año anterior habían sido sorprendido falsificando las listas de alumnos. Muchos volvieron a ser sorprendidos y por eso el recuento final de “faltas graves” de ese año fue de 1.497, cometidas por 488 establecimientos.

El hecho de que durante dos jornadas de fiscalización, se detecte a un tercio de los 1.688 colegios visitados adulterando un documento público, indica que se está frente a una práctica habitual. Para las decenas de profesores y ex directores entrevistados, es lógico que así sea. Si en un mes de invierno faltan tres alumnos por curso (piense en un colegio de 12 niveles y de dos cursos por nivel), adulterar la asistencia de esos alumnos todo el mes reporta $2.300.000 mensuales. Y eso si sólo se trata de una subvención básica por alumno de $ 32.000; pero la subvención sube dependiendo de las características de los alumnos hasta los $152 mil por niño al mes.

Si el inspector del MINEDUC fiscalizó un determinado colegio durante el primer semestre y no encontró nada, el sostenedor tiene la relativa certeza (no hay negocio sin riesgos, por supuesto) de que no volverá a visitarlo. Pero aún sabiendo que volverá, el costo de dos multas es menor que el ingreso de varios meses de asistencia completa. Así lo saben los fiscalizadores y profesores, y lo saben los mismos alumnos. Y cada día cientos de profesores inician la jornada formativa falsificando, por orden de su sostenedor, la lista de clases.

Frente a eso el Fisco es un ciego que no quiere ver. Los antecedentes que aparecen en este reportaje están sacados de las bases de datos del propio Ministerio de Educación obtenidas a través de la Ley de Transparencia. Con ellos se pudo construir, por primera vez, el mapa de los sostenedores que cometen faltas graves (Vea el mapa interactivo con la ubicación de estos colegios y las fichas con las irregularidades descubiertas en cada uno de ellos). Para configurarlo hubo que realizar un riguroso trabajo de cruce de datos que el MINEDUC nunca ha hecho, entre otras cosas, por el grado de desorden histórico que lleva a funcionarios a comentar: “hay infracciones que desaparecen del sistema”.

De hecho, al revisar esas bases oficiales este medio constató incoherencias tales como que 6 colegios particulares subvencionados figuren a la vez en la lista de multados y sobreseídos.

A pesar de la gravedad de las irregularidades constatadas, no existe en el Ministerio de Educación un cuadro que informe públicamente de las faltas y las sanciones impuestas, lo que permitiría a los padres saber qué clase de faltas se cometen en los establecimientos donde estudian sus hijos. El mapa elaborado por CIPER muestra gráficamente la masividad del engaño al Fisco, pues cada punto indica un lugar donde los dineros públicos no fueron bien usados.

A nivel nacional el Fisco invirtió en 2010 $ 2,6 billones en subvencionar la educación municipal y la particular. Eso representó el 54% del presupuesto destinado a Educación. A nivel país, la fiscalización de la correcta entrega de estos recursos a los sostenedores privados es igual que la que se ha descrito aquí para Santiago.

LA CALIDAD

Los datos recopilados por CIPER dejan en evidencia un hecho en el que se pone poca atención. No sólo hay una exigua fiscalización para saber si a un sostenedor le corresponden los recursos que se le entregan; tan importante como eso es que una vez que el Fisco traspasa el dinero público, el uso que el sostenedor hace de éste es asunto privado. Salvo el cumplimiento de acotadas obligaciones laborales y de infraestructura, el sostenedor puede hacer lo que quiera y el Fisco carece del derecho a fiscalizar, por ejemplo, si la educación que está financiando para los niños de clase media baja cumple con ciertos estándares mínimos de calidad.

En la práctica (salvo los colegios que reciben recursos a través de la Ley SEP, respecto de la cual Contraloría acaba de publicar un durísimo informe), la calidad de lo que se enseña en Chile no tiene otro control público que la medición del SIMCE. Y como es de conocimiento público, no se cierran colegios que arrojan malos SIMCE.

La teoría con la que se construyó el sistema sostiene que esos colegios deberían cerrarse solos, castigados por el mercado (las familias). Los economistas y técnicos explican que las familias dejarán los malos colegios y emigrarán a los buenos (llaman a eso “votar con los pies”). Como se verá en este reportaje, esa idea no puede sino provocar una sonrisa en los sostenedores que reciben recursos fiscales. Y ello porque en la mayor parte de los colegios particulares subvencionados los padres están atrapados pues solo pueden acceder a instituciones de similar calidad: deficiente.

Eso explica por qué en todos los establecimientos particulares subvencionados de la Región Metropolitana que visitó CIPER, la entrega de malos resultados SIMCE no provoca ni olas de protestas de apoderados ni reuniones de emergencia entre el sostenedor y los profesores como ocurre en una empresa ante un problema que pone en peligro el negocio. En este rubro, el día en que se entrega el SIMCE, se hace lo mismo de siempre y eso incluye partir la jornada falsificando la asistencia.

-En todas las reuniones que tuve con Jorge Cifuentes (uno de los sostenedores adulteradores detectados en esta investigación), nunca nos preguntó por el SIMCE ni qué pensábamos hacer para revertirlo. Lo único que hacía era preguntar cómo iba la asistencia -dice el ex director de uno de los colegios de este sostenedor.

La ceguera del Fisco no solo implica pérdida de recursos. Genera también ganadores y perdedores de carne y hueso. Víctor Aguilera Vásquez, con su cadena de colegios particulares subvencionados, es uno de los grandes ganadores del sistema. Mariela y su hijo, como se verá a continuación, son de los que pierden.

SERNAC DE LA LECTURA

Mariela (*) vive en una modesta villa de Maipú junto a su madre y su único hijo. Trabaja en un ministerio y su sueldo apenas roza los $300 mil mensuales. Víctor Aguilera Vásquez es uno de los más grandes sostenedores de colegios del país. En 2011 el Estado le confió más de $2.896 millones (**) para que impartiera enseñanza en los 13 establecimientos que administraba a esa fecha como persona natural o a través de sociedades.

Aguilera y Mariela no se conocen, pero sus vidas se cruzaron en 2010 cuando el hijo de ella entró a uno de los colegios de Aguilera, a la escuela básica Lo Errázuriz, que en la entrada tiene desplegado un lienzo antiguo: “Premio a la Excelencia académica otorgado por el Mineduc en marzo de 2002”.

Lo Errázuriz tiene 436 alumnos, todos de clase media baja. En 2010 recibió un aporte público de $177.461.986 por concepto de subvenciones escolares (vea los montos recibidos por todos los colegios particulares subvencionados metropolitanos en 2010 y 2011). Ese año, a Lo Errázuriz le detectaron cuatro faltas graves: “Registra presente a alumnos ausentes”; “libros de clases con enmendaduras en asistencia, registro de materias y otros”; “no registra asistencia en control por asignatura” y “libros de clases incompletos”. Por esas irregularidades pagó una multa de $379 mil.

Pero esos no son los únicos recursos que recibió el colegio. Víctor Aguilera cobra una mensualidad de $27 mil; y si todos los apoderados la pagaran Aguilera podría haber recibido en Lo Errázuriz otros $129.449.000 por concepto de “copago” de las familias de clase media baja. En total, en 2010 podrían haber ingresado a las arcas de su colegio hasta $306.953.986 (***).

Mariela decidió matricular al niño en Lo Errázuriz, confiada en que estaba haciendo algo bueno por su hijo. Los $27 mil mensuales equivalen casi al 10% de sus ingresos y es lo máximo que puede gastar en educación. Por eso, algo se le quebró adentro cuando la profesora le dijo que su niño no aprendería a leer, que no tenía las competencias, que mejor lo llevara a un especialista y que probablemente le darían medicamentos. Pero ya no tenía presupuesto para un especialista. Del dolor pasó a la angustia. Cada día, el chico volvía a casa como si no hubiese ido al colegio.

En su desesperación, se le ocurrió recortar cartones y dibujar letras en ellos. Al retornar del trabajo, apelando a las últimas energías de la jornada, juntaba dos o tres cartones y le enseñaba a su hijo cómo suenan las letras cuando se unen. “La pe con la a… pa”. Lo hizo a pura intuición, sin una pizca de técnica pedagógica.

Contra los pronósticos de la maestra, su hijo aprendió a leer rápidamente, se puso al día y hoy es uno de los mejores de su curso. En sintonía con el credo liberal que considera que la educación es un producto o una inversión, Mariela acusa que pagó $ 27 mil mensuales, con esfuerzo, por un servicio que jamás recibió y donde el trabajo lo terminó haciendo ella. Sin embargo, no hay un Sernac al que puede acudir a estampar su reclamo. Nada hay en las leyes que regulan la enseñanza que cautele que la educación que se imparte con fondos públicos deba cumplir con una calidad mínima. Recién, después de las movilizaciones del año pasado, se discuten en el Congreso normas que aseguren el cumplimiento de estándares de calidad en colegios que reciben dinero del Fisco, recursos que este año se empinan por sobre los $ 3,1 billones.

Es difícil encontrar otro sector de la economía que goce de subsidios estatales vigilados con tanta indolencia como curre con las subvenciones escolares.

-Es como si el Estado le pasara plata a un industrial para que fabrique zapatos. El tipo los fabrica mal: los zapatos se despegan y se pasan de agua, pero el Estado le sigue dando plata, año tras año, para que haga los mismos zapatos. A nadie le importa que no sirvan -dice un profesor que fue jefe de una Unidad Técnico Pedagógica (UTP) de un colegio particular subvencionado y que pide la reserva de su nombre.

PRIMERA PRIORIDAD: ASISTENCIA

Cada día, los profesores del Complejo Educacional Simón Bolívar, en Quinta Normal, dedican los primeros minutos de la jornada a ubicar a los alumnos que no llegaron a clases. Los llaman a sus casas, a sus celulares, a los de sus padres. Los rastrean para conminarlos a que asistan. Por teléfono los levantan, los meten a la ducha y los ponen camino al aula. Podría pensarse que tal nivel de preocupación es una delicadeza que honra la profesión docente. Pero lo cierto es que el sostenedor del colegio, Víctor Aguilera Vásquez, les paga un bono de $ 17 mil mensuales si mantienen un promedio de asistencia sobre 94 por ciento.

Uno de los profesores cuenta que el sueldo promedio de los docentes es de $480 mil líquidos por 33 horas semanales, así que casi todos se la juegan por obtener el bono:

“Por lo menos nos sirve para pagar la micro. Acá no se pagan horas extra, no hay permisos con goce de sueldo y se descuentan los permisos”, dice uno de los docentes, quien relata que si uno de sus colegas falta, no se contrata un reemplazante a menos que presente una licencia superior a siete días. Y asegura que cuando un curso se queda sin profesor, mandan a otro que esté libre en ese bloque horario a “cuidar” a los alumnos y las horas de esa asignatura sencillamente se pierden -aunque la subvención por esas clases igual se cobra-, tal como se pierden los primeros minutos de cada jornada en la búsqueda y “acarreo” de los alumnos que no llegaron.

Contratar reemplazantes sólo si de por medio hay una licencia médica superior a siete días, es una práctica común en los colegios particulares subvencionados:

-Uno termina presionando a los colegas para que presenten licencias de siete días y después otros siete y otros siete, si la enfermedad es larga -cuenta un profesor que ha sido jefe de UTP en un establecimiento de este tipo.

A partir de su experiencia, asegura que “el equipo directivo de estos colegios, su director, el jefe de UTP, el inspector general y los coordinadores de básica y media, tienen como primera misión mantener los costos bajos y asegurar el flujo de ingresos, es decir, la asistencia de los alumnos. Uno funciona como administrador de una empresa”.

-La primera prioridad era la asistencia. La segunda, que no se formaran sindicatos. La tercera, “aburrir” a los profesores para que se fueran sin pagarles indemnización. La cuarta, recién, era el rendimiento de los alumnos -así describe un ex director de un colegio particular subvencionado los ejes de la misión que desempeñó en ese cargo. Él trabajó para otro de los grandes sostenedores: Jorge Cifuentes Narváez. Filomena Narváez, es otra megaempresaria de la educación subvencionada. Aunque actualmente dos de sus hijos la tratan de declarar interdicta (vea reportaje sobre los problemas que enfrenta), aún está a la cabeza de su universidad, la UNICIT y de su cadena de ocho colegios que son administrados por las sociedades educacionales Investigaciones Pedagógicas Galvarino Limitada e Investigaciones Pedagógicas Los Andes Country Day Collage. Estas sociedades en conjunto recibieron sobre $4.851 millones el año pasado por pago de subvenciones (**).

En 2010, uno de los establecimientos de Cifuentes, el Colegio Particular Nº 1 de Ñuñoa, registró siete faltas graves en las fiscalizaciones del Ministerio de Educación. Entre ellas, una de las irregularidades más serias que pesquisa el sistema: “Registrar presentes a alumnos que ya no pertenecen al establecimiento”.

LISTAS CON LÁPIZ DE GRÁFITO

Todos los profesores entrevistados por CIPER reconocieron que, en mayor o menor medida, los presionan para manipular la asistencia. Los métodos se reiteran: se les ordena pasar la lista con lápiz de grafito o que anoten a un costado, o en un papel aparte, a los ausentes. En ambos casos la lista queda firmada por el docente, pero finalmente la “pasa en limpio” el inspector o un administrativo. En algunos colegios donde los profesores se resisten a cumplir estas instrucciones, la lista la pasa directamente un inspector o un funcionario administrativo que recorre curso a curso, lo que está prohibido. En esos casos, de igual forma el profesor debe dejar firmada la asistencia, pero no tiene control sobre la veracidad de los datos que quedan estampados.

Cuando llega un fiscalizador de la Seremi de Educación, cuentan los docentes, es común que lo detengan un rato en la puerta con el cuento de que el director está ocupado, luego lo hacen pasar a una oficina y alguien del equipo directivo se encarga de “entretenerlo”, de “meterle conversa” y ofrecerle “un cafecito”, mientras otros funcionarios salen disparados a las salas avisando que se debe cerrar la asistencia de inmediato. En menos de diez minutos la operación está hecha.

Otros profesores sospechan que sus colegios están “dateados”, porque justo en los mismos días en que se deja caer un fiscalizador a ellos les piden que, inusualmente, cierren y firmen la lista en la primera hora de clases. Un docente relata una anécdota que retrata la vulnerabilidad del sistema de inspecciones:

-Una vez llamaron de la Seremi para preguntar cómo se llegaba al colegio, porque la dirección es enredada. Ahí quedó claro que venía un fiscalizador y todo se hizo de manera correcta.

En medio de las protestas estudiantiles del año pasado, el subsecretario de Educación, Fernando Rojas, le dio una estocada a la forma en que se manejó el sistema de fiscalización de subvenciones bajo los gobiernos de la Concertación. En un episodio del programa “Contacto”, de Canal 13, Rojas dijo que cuando asumió el gobierno de Sebastián Piñera se encontraron con unas 6 mil a 7 mil infracciones graves, algunas archivadas por más de diez años, que no fueron perseguidas para convertirlas en multas. El subsecretario aseguró que la nueva administración tampoco pudo aplicar esas sanciones porque, a escasos dos meses de haber asumido, la Contraloría “instruyó que todas aquellas (infracciones) que tenían más de seis meses, prescribían”.

La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), respondió que el nuevo gobierno “tomó como excusa el beneficio otorgado por la Contraloría a un solo sostenedor a comienzos de 2010” para dejar sin efecto las infracciones cursadas en años anteriores. La agrupación calificó el episodio como un “perdonazo dictado por las actuales autoridades” y sostuvo que “involucró un daño al patrimonio nacional por más de $ 5 mil millones”.

En 2006, la misma Andime, en medio de las protestas de los pingüinos, calculó que eran unos $ 6 mil millones por año los que cobran indebidamente los sostenedores. La agrupación acusó que los fiscalizadores habían detectado que las falsificaciones no sólo se hacían con adulteración de asistencia, sino mediante otros artilugios tales como iniciar el año escolar días después de la partida oficial y finalizarlo hasta cinco días antes del término programado, pero igual se cobra la subvención por esas jornadas no trabajadas. Otra fórmula denunciada por Andime es que no se reemplaza a los profesores con licencia, pero el ministerio de todas formas paga por esas clases que nunca se hicieron.

Como una señal de endurecimiento del control, el pasado 3 de abril el nuevo ministro de Educación, Harald Beyer, comunicó el cierre de 37 colegios por irregularidades. De esa nómina, 19 son metropolitanos. Al cruzar los antecedentes con información proporcionada con anterioridad a CIPER por la misma cartera por Ley de Transparencia, quedó de manifiesto que entre esos 19 colegios había siete que cerraron sus puertas mucho antes del anuncio del ministro: tres no funcionaban desde 2010 (Escuela de Párvulos Villa Nueva, Centro de Educación Integral de Adultos Forjando Futuro y Colegio San Pío de Petrelcina); los otros cuatro desde 2011 (Colegio English Ladies School, Escuela Especial Idelen, Liceo Comercial Gabriela Mistral y la Escuela Especial Hospital De Carabineros).

Además, 12 de los establecimientos que figuraban en la lista de Beyer, ya en 2010 habían registrado faltas graves que involucraban sobrepago de subvenciones y, al parecer, tuvieron otro año de gracia para seguir operando. (Vea la nómina de los 19 colegios y su historial de irregularidades en el cobro de subvenciones y transgresiones a las normas laborales)

HASTA 14 FALTAS EN UN COLEGIO

Al revisar la base de datos del Ministerio de Educación que contiene las faltas graves detectadas en 2010 en colegios particulares subvencionados de la Región Metropolitana, uno de los aspectos que resalta es el alto nivel de reincidencia de los sostenedores que incurren en irregularidades. El dato permite aventurar que decenas de empresarios de la educación derechamente han incorporado prácticas dolosas a su modelo de negocios.

Fueron 241 los colegios donde se constataron tres o más irregularidades en el mismo año. De ellos, en 65 establecimientos se anotaron cuatro faltas; en 30 se registraron cinco; en 20 se detectaron seis; en 13 se comprobaron siete; en 15 se constataron ocho y en cuatro colegios se contabilizaron diez faltas graves.

Aunque cueste creerlo, hubo colegios que anotaron más de diez faltas. Los primeros puestos del podium de la adulteración en 2010 fueron ocupados por el Colegio Particular de Adultos Instituto ICEL, de Santiago, que con 12 irregularidades se ubicó en el tercer lugar de este ranking del demérito; la Escuela Básica Particular Continental School, también de Santiago, en el segundo puesto con 13 faltas; y con el récord absoluto se quedó la Escuela Básica 2046 Los Pinitos, de La Florida, con 14 irregularidades en el mismo año.

De estos tres establecimientos, sólo la Escuela Los Pinitos figuró en la nómina de colegios clausurados que entregó el ministro Beyer. (Vea la nómina de todos los colegios metropolitanos con irregularidades en 2010, ordenados por número de faltas detectadas en ellos)

La más grave de las irregularidades descubierta en 2010 fue “registrar presente a alumnos que ya no pertenecen al establecimiento”, falta detectada en cuatro instituciones: Colegio Particular Nº 1 de Ñuñoa (de la Sociedad Educacional San Andrés Limitada, perteneciente a Jorge Cifuentes Narváez); Colegio Polivalente Profesor Guillermo González, de Providencia ( de la sostenedora Anette Alicia González González); Escuela Básica Cimas del Maipo, de San José de Maipo (de la Sociedad Educacional Senderos Limitada), y Escuela Particular Locarno, de La Cisterna (de Adriana Sofía Puelma Loyola).

La segunda falta más seria -“registrar presente a alumnos ausentes”- se constató en 356 colegios (el 20 % del total de establecimientos fiscalizados). La tercera falta en orden de gravedad -“no registra asistencia en los días previos a la visita (del inspector)”- se detectó en 62 establecimientos. Le sigue “libros de clases con enmendaduras en asistencia”, en 34 colegios. “Sin libro de clases”, en dos colegios. “Uso de lápiz de grafito, no permanente y otros en libros de clases”, en 39 establecimientos. “Registro de matrícula incompleto”, en 64 colegios. “A la hora de la visita no estaba tomada la asistencia, después de la segunda hora de clases”, en 189. “No traspasa asistencia a control de subvenciones”, en 39. (Vea la nómina de los colegios con irregularidades en 2010, ordenada por gravedad de la falta)

La base de datos con el total de faltas en 2010 a nivel metropolitano, desmenuzada por sostenedores que acumularon más irregularidades, indica que el primer puesto lo obtuvo la Fundación Belén Educa, con 19 irregularidades repartidas en cinco de sus colegios. Le sigue el sostenedor Patricio Hernán Núñez León, con 14 faltas en dos colegios. Luego se ubica la Sociedad de Instrucción Primaria, con 12 irregularidades en cinco de sus establecimientos.

A continuación se agregan Víctor Aguilera Vásquez (12 faltas en cuatro colegios); las Misioneras Catequistas de la Sagrada Familia (11 faltas en tres colegios); Víctor Manuel González Cisternas (11 en dos colegios); la Corporación Adventista del Séptimo Día (nueve en cinco); la Corporación Educacional Arzobispado de Santiago (ocho en cuatro); las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento (ocho en dos); Orieta Paola Gómez Leyton (siete en uno); la Corporación Unión de Centros Bíblicos (seis en dos); la Sociedad Garrido Hermanos Limitada (seis en dos) Solange Elizabeth Muñoz Avaría (cinco en dos); las Hermanas Franciscanas Penitentes Recolectinas (cuatro en dos) y, cerrando los primeros 15 casilleros del ranking, la Fundación Paula Jaraquemada Alquilar (tres en dos). (Vea la nómina con los 20 sostenedores que acumularon más faltas en 2010 y sus colegios donde fueron detectadas)

Un dato inesperado es que, de los 15 sostenedores metropolitanos que en 2010 se destacaron por una conducta tan poco pía como acumular la mayor cantidad de irregularidades para cobrar dinero público, siete tienen orientación religiosa (cinco vinculados a la Iglesia Católica y dos protestantes).

(*) El nombre de la apoderada ha sido cambiado para resguardar la identidad de su hijo menor de edad.

(**) Los montos pagados a los sostenedores por concepto de subvenciones en 2011 fueron calculados a partir de la información dispuesta en la web del Ministerio de Educación (www.mineduc.cl), en su apartado “Gobierno Transparente”, sección “Transferencias”.

(***) La cifra total puede ser menor, pues el cálculo no incorpora los eventuales alumnos que estudien con becas u otro beneficio otorgado por el sostenedor.

Vea el informe completo de Contraloría

La Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial) buscaba entregar más recursos a los alumnos más pobres para mejorar la calidad de su educación. Comenzó a funcionar en 2008 y hasta 2011 implicó la entrega a de casi $700 mil millones. Un “informe final consolidado” de la Contraloría dado a conocer este jueves 10 de mayo, en base al examen del uso de esos recursos en 77 municipalidades y 28 corporaciones municipales de todo el país (muestra aleatoria), indica que estas ambiciones no se cumplieron: que miles de millones de pesos de este programa están mal usados y otros miles perdidos. En una de las partes más contundentes del informe los fiscalizadores afirman que “37 municipios y 15 corporaciones” no tienen en sus cuentas los excedentes no gastados de la Ley SEP.

En el caso de los municipios se trata de $13.740 millones; mientras que en las corporaciones el dinero faltante asciende a $11.819 millones. La suma de estas dos cifras alcanza a $25.559 millones. Este hecho, afirma el ente contralor, deja de manifiesto un hecho grave: “que tales entidades aplicaron tales recursos en fines distintos de los previstos en la Ley SEP, incumpliendo el propósito del legislador de destinarlos al mejoramiento de la calidad de la educación de los alumnos prioritarios de los establecimientos educacionales adscritos al convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa”.

En diversos casos se comprobó que estos recursos “fueron aplicados a gastos operacionales propios de municipios y corporaciones, lo que ha dado origen a diversas causas penales”.

El informe está basado en la fiscalización a 77 municipalidades y 28 corporaciones municipales que recibieron más de $122 mil millones entre 2008 y 2011. La inspección incluyó la revisión de 2.310 colegios municipales que debían ser beneficiados con los recursos para poder cumplir metas, entre las que estaba subir puntajes SIMCE. En sus 181 páginas da cuenta de un completo desorden de cifras prácticamente desde el inicio del proceso. De hecho, los fiscalizadores destacan que hay $300 millones de diferencia entre los que el Ministerio de Educación dice haberle enviado a las municipalidades y lo que estas tienen en sus contabilidades.

Por ejemplo, la Municipalidad de San Antonio registra haber ingresado en 2009 $105 millones, pero el Mineduc asegura haberle trasferido $124 millones. Es decir, solo en el acto de traspaso se perdieron $18 millones. Similar cosa ocurre en la Municipalidad de Victoria (Araucanía) que en 2010 tiene registrado un ingreso por Ley SEP de $516 millones, mientras que el Mineduc afirma haberle entregado $537 millones ($20 millones perdidos). O en Osorno, donde la contabilidad de 2009 registra $1.038 millones por Ley SEP, $84 millones menos de los que el Mineduc registra haberle transferido.

Y eso es solo el inicio.

DINERO QUE SE HIZO HUMO

La irregularidad más grave detectada en la fiscalización de la Contraloría fue que en 37 municipios se detectó que $13.740 millones correspondientes a saldo sin ejecutar de los recursos SEP no estaban en las cuentas corrientes y/o registrados en el “libro banco”. Esto quiere decir que se ocuparon en fines distintos a los previstos para la subvención SEP. Entre los municipios donde la plata no se gastó en la mejorar la calidad de la educación de los niños vulnerables, está Copiapó ($1.120 millones), Ovalle ($2.281 millones), Coquimbo ($2,276 millones), Cauquenes ($1.004 millones), Valdivia ($1.203 millones), La Pintana ($467 millones), Angol ($544 millones), Puerto Montt ($544 millones).

En 15 corporaciones municipales también se comprobó la existencia de un saldo sin ejecutar de los recursos SEP, dineros que se habrían usado en fines distintos a los contemplados en la ley. Ese monto asciende a $11.819 millones. Esto ocurrió en las corporaciones de Iquique ($1.181 millones), La Serena ($1.158 millones), Valparaíso ($1.561 millones), Cerro Navia ($1.688 millones), Conchalí ($1.555 millones) y San Fernando ($1.098 millones).

La suma del saldo de los recursos SEP que se hizo humo en los municipios y corporaciones, asciende a $25.559 millones.

GASTOS IMPROCEDENTES

En 10 municipalidades se detectó la contratación de personas naturales o jurídicas con recursos SEP para realizar asesorías, pesar de que no cumplían con el requisito exigido por la ley de que estuviesen inscritos en el Registro de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo. Estas contrataciones improcedentes significaron un gasto total de $1.133 millones. Estos municipios son Caldera, Vallenar, Copiapó, Monte Patria, Ovalle, Putaendo, Temuco, Collipulli, Llanquihue y Calbuco. El mismo gasto se constató en cuatro corporaciones (Antofagasta, Cerro Navia, Maipú y Renca), pero por un total mucho más bajo: $24,8 millones.

Donde los gastos improcedentes se disparan es en la contratación y pago de remuneraciones al personal docente de los colegios, un desembolso que no puede hacerse con cargo a recursos SEP. Son 45 los municipios donde se detectó la contratación de personal burlando estas normas, por un total de $8.394 millones. Y en 12 municipalidades se detectaron pagos improcedentes de remuneraciones, bonos, imposiciones e indemnizaciones por un total de $3.195 millones.

Entre estos municipios están los de Coquimbo (con un gasto por este ítem de $648 millones), Temuco ($966 millones), Los Andes ($174 millones), San Antonio ($428 millones), Chépica ($242 millones), Longaví ($119 millones), San Clemente ($208 millones) y Villarrica ($310 millones).

Las corporaciones que incurrieron en pagos de remuneraciones, bonos, imposiciones y horas extraordinarias, son 13. En ellas, la suma de este gasto improcedente alcanza los $ 5.749 millones. Las que más desviaron fondos a este ítem son las de Valparaíso ($2.239 millones), La Florida ($938 millones), San Bernardo ($717 millones), Maipú ($383 millones), Peñalolén ($326 millones) y Puente Alto ($262 millones).

También se detectó que en 39 municipalidades (el 50,6% del total fiscalizado) se contrató personal que no cumplía con el requisito de estar inscrito en el Registro Público de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas e Apoyo, por una suma total de $8.621 millones. En el caso de las corporaciones, 15 de ellas cayeron en la misma falta, por un total de $2.283 millones.

Además, 36 municipios incurrieron en gastos por un total de $1.143 millones en rubros que expresamente no debían ser cubiertos con recursos de la Subvención Escolar Preferente, tales como servicios de telefonía celular, gastos comunes, consumo de electricidad, asesorías comunicacionales, honorarios en escuelas de verano, sándwich para reunión de directivos, material de aseo, fumigación, tarjetas de saludos por día del trabajador, cortinas para casa de huéspedes, alojamiento por viaje del asesor legal, alimentación en actividades del mes del mar, gastos de “caja chica” del Departamento de Educación, combustible para vehículos, scanner para oficina de Transparencia, financiamiento de iniciativas del programa Fondo de Mejoramiento de Gestión Municipal, materiales de ferretería y pintura del casino.

Entre las municipalidades que financiaron gastos como los descritos en el párrafo anterior, están las de Monte Patria ($228 millones), Coronel ($116 millones), San Pedro de la Paz ($204 millones), Valdivia ($93 millones), Osorno ($66 millones), San Ramón ($33 millones), Limache ($42 millones), Molina ($82 millones), Estación Central ($16 millones) y Tocopilla ($13 millones).

Las corporaciones que financiaron gastos en rubros ajenos a los previstos para la subvención SEP son 15, por un monto total de $551 millones. Entre ellas figuran las de Puente Alto ($151 millones), Valparaíso ($35 millones), Viña del Mar ($41 millones), Maipú ($75 millones), Antofagasta ($80 millones) y Renca ($62 millones).

Considerando los gastos improcedentes en contratación de personal y en otros rubros ajenos a la subvención escolar, el total del desembolso hecho por municipios y corporaciones que no se ajusta a lo previsto para la subvención SEP, suma $10.639 millones.

GASTOS SIN ACREDITAR

Respecto de gastos acreditados de manera insuficiente por las municipalidades, el total detectado por la revisión suma $1.012 millones (4,5% de los desembolsos analizados). Un 32,5% de los municipios fiscalizados incurrió en esta falta. Entre ellos están Copiapó ($188 millones), Illapel ($115 millones), Quillota ($129 millones), Coyhaique ($225 millones), Limache ($81 millones), Santiago ($22 millones), San Ramón ($10 millones), Molina y Los Ángeles (ambos con $36 millones). En las corporaciones estos gastos sumaron $1.653 millones y se efectuaron en 14 de estas entidades. Algunas de ella son: Iquique ($550 millones), San Bernardo ($719 millones), San Fernando ($184 millones) y La Serena ($121 millones).

En relación a gastos directamente sin acreditar, éstos fueron descubiertos en ocho municipalidades (10% de las revisadas), por un total de $202 millones. Entre estos municipios se cuenta Limache ($16 millones), Estación Central ($39 millones), Graneros ($63 millones) y Arica ($20 millones). En tres corporaciones se detectó el mismo problema, con una suma global de $21 millones. La mayor parte corresponde a la corporación de San Fernando ($19 millones).

COLEGIOS CERRADOS

La Contraloría estableció que 16 municipalidades recibieron un total de $81 millones por subvenciones SEP destinadas a colegios que ya estaban cerrados, pero no devolvieron el dinero. Entre estos municipios se cuentan La Granja ($15 millones); La Pintana ($1,2 millones), Talcahuano ($2,8 millones), Los Ángeles ($4,7 millones) y Concepción ($6,1 millones). Respecto de las corporaciones, tres de ellas recibieron un total de $7,8 millones para escuelas que ya no funcionaban: la corporación de La Florida ($2,4 millones), la de Puente Alto ($951 mil) y la de Castro ($3,7 millones).

Se estableció también que 29 municipalidades (37,6% del total) no han hecho auditorías para controlar los recursos. Entre estas se cuentan Copiapó, San Ramón, Curicó, Los Ángeles, Concepción, Santiago, Estación Central, La Granja y La Pintana. Las corporaciones que no han auditado sus cuentas son siete: La Florida, Cerro Navia, Quinta Normal, Pudahuel, Renca, Conchalí y San Bernardo.

La Contraloría también constató una débil fiscalización de los recursos por parte del Ministerio de Educación: del total de colegios públicos revisados, esa cartera sólo inspeccionó el uso de los recursos en el 37% de las escuelas dependientes de municipalidades y en el 46,4% de los establecimientos administrados por corporaciones.

Si bien nuestra Constitución protege la igualdad como un derecho fundamental, no existe hasta el momento un desarrollo legislativo adecuado. Como sabemos, las afirmaciones o declaraciones contenidas en la Constitución no siempre expresan de manera precisa lo que se busca proteger. De ahí la necesidad de un desarrollo legislativo que defina qué se entiende por discriminación, la inclusión de categorías sospechosas, el establecimiento de un mecanismo judicial para combatir actos u omisiones discriminatorias y una serie de medidas especiales, como la agravante en casos de delitos motivados por algunas de estas categorías.

Hay una confusión general, y muy internalizada en el inconsciente colectivo, de decir “para qué quieren igualdad si no son iguales”. Por eso mismo se requiere de una ley que declare un sentido normativo de la igualdad: “Queremos igual consideración y respeto, porque actualmente no recibimos igual consideración y respeto”. De otro modo se terminan legitimando y reproduciendo las desigualdades que existen, por regla general, en contra de los grupos vulnerables: inmigrantes, homosexuales, indígenas, etc.

Tal como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala: “Si bien es cierto que ciertas sociedades pueden ser intolerantes a condiciones como la raza, el sexo, la nacionalidad o la orientación sexual de una persona, los Estados no pueden utilizar esto como justificación para perpetuar tratos discriminatorios”. Y aunque se critique a este país por ‘legalista’, la propia Corte ha señalado que “el Derecho y los Estados deben ayudar al avance social, de lo contrario se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos humanos”. Es, de algún modo, dejar atrás a Portales y su idea de que este país nunca está maduro para una democracia real.

Del mismo modo, la ley incluye una serie de categorías sospechosas, en virtud de las cuales ni usted ni yo ni el Estado podremos distinguir, excluir, restringir o preferir a una persona por su raza, color, sexo, orientación o identidad de género, entre otras. Salvo que tengamos una muy buena razón (que cuesta imaginar), salvo que explicitemos esas razones y éstas pasen un test de imparcialidad, podríamos aceptar una eventual distinción. Sin embargo, la carga de la prueba pesaría sobre nosotros.

Las modificaciones aprobadas por la Comisión Mixta dan cuenta del esfuerzo llevado a cabo por diversas minorías, no sólo sexuales, que durante largas y tediosas jornadas, y sin el apoyo de lobistas profesionales ni el dinero suficiente, lograron persuadir a nuestros representantes de la necesidad de esta ley. El ejemplo de la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad constituye un hito especial: es primera vez, en nuestra historia republicana, que son recibidos formalmente en el Congreso.

El actual proyecto de ley modificó algunas de las cuestiones más polémicas, como el ejemplo odioso que vinculaba la homosexualidad o transexualidad con la pedofilia, o la exclusión de la categoría de identidad de género en la agravante penal. De modo más general, se incorporó la obligación para los órganos del Estado, dentro de su competencia, de garantizar que no va a haber discriminación en el ejercicio de los derechos y libertades establecidos por la constitución y las leyes. En el fondo, se señala que el Estado no debe conformarse con un “no hacer”, con una obligación negativa; es decir, abstenerse de discriminar. Debe hacer algo, generar instructivos internos, incorporar estas variables en la atención al público, capacitar a los jueces, a las empresas, a los sindicatos, e incluir algunas modificaciones a sus cuerpos armados disciplinados.

Sin embargo, la gran deuda del proyecto de ley es la falta de medidas afirmativas para corregir las actuales discriminaciones, esto es, otorgar tratamiento diferenciado para eliminar obstáculos fácticos en el ejercicio pleno de ciertos derechos. La historia de este tipo de medidas se ha fundado básicamente en la integración de afro descendientes y mujeres, pero nada obsta a que indígenas, inmigrantes o minorías sexuales sean corresponsales de medidas destinadas a corregir discriminaciones en su contra. Siendo osados, ¿por qué no establecer e incentivar cupos o beneficios para los grupos vulnerables históricamente discriminados? Tal como señaló el Tribunal Federal Supremo de Brasil, este tipo de medidas no son incompatibles con la obligación constitucional que pesa sobre todo Estado moderno de “hacer algo” por erradicar situaciones discriminatorias.

El cambio que se avecina no es menor y todo ello con una finalidad pedagógica, republicana. En ese mismo carril van las sanciones, las multas y la libertad que se le otorga al juez de letras para declarar la existencia de un acto discriminatorio, y ordenar el restablecimiento del derecho. No se trata de cambiar las actitudes de la noche a la mañana, sino que se intenta, lentamente, ir construyendo una concepción republicana de los derechos en que estos dejan de entenderse como un reclamo egoísta que lanzamos a la sociedad; en otras palabras, constituye un intento por construir el merecido reconocimiento que nos debemos los unos a los otros a través del lenguaje del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Tampoco se trata de dejar de reírnos de nosotros mismos, de nuestros errores, de nuestros fracasos, como algunos lo han anunciado. Lo único que se intenta es aspirar a ser tratados con igual consideración y respeto con respecto a cuestiones relevantes para nuestra convivencia.

El gobierno tampoco se pierde en su empeño por ir dejando morir la educación pública, en un proceso lento y silencioso, sin entrar en ninguna discusión incómoda.

Justo antes de renunciar, para cumplir con un compromiso adquirido, el ex ministro de Educación Felipe Bulnes dejó presentado un proyecto de ley de “Fortalecimiento de la Educación Estatal”, más conocido como el proyecto de desmunicipalización. La propuesta –calificada a diestra y siniestra como mala-ingresó a la Cámara de Diputados el 13 de diciembre pasado, fue enviada a la Comisión de Educación, donde duerme plácidamente sin urgencia alguna mientras las escuelas públicas se siguen vaciando.

Chile es el único país del mundo donde las escuelas públicas deben competir con colegios privados que reciben la misma subvención estatal y no sólo no tienen mayores obligaciones sino que, además, pueden cobrar una mensualidad y -aunque está prohibido- suelen seleccionar a sus estudiantes.

El año pasado, por primera vez, las 5.598 escuelas públicas del país sumaron menos que las 5.762 particulares subvencionadas. En el sector público las matrículas cayeron al 39,7 por ciento, mientras en el sector particular subvencionado se empinaron hasta un 52 por ciento.

El alivio en los gastos de educación propuesto por el gobierno en su ajuste tributario viene a empeorar esta situación, o mejor dicho, a beneficiar una vez más a los colegios particulares subvencionados. Los padres que podrían descontar de sus impuestos el pago del colegio, son precisamente los apoderados de este tipo de establecimientos.

“La disminución de impuestos anunciada por el Presidente, más que una medida pro familia es una medida que incentiva el copago. Si un padre está pagando hoy 20 mil pesos mensuales y puede descontar la mitad de sus impuestos, se puede presumir que rápidamente el colegio le dirá que sería bueno aumentar el copago a 30 mil…”

Se trata de familias cuyos ingresos no superan un millón y medio mensual y que podrían descontar hasta 200 mil pesos anuales por cada hijo. Claramente este beneficio no está pensado para las familias que pueden mandar a sus hijos a colegios particulares propiamente tales, cuyos ingresos están muy por encima del límite establecido. Tampoco está pensado para padres que ganan menos de 535 mil pesos ya que ellos no pagan impuestos y, por lo tanto, no tienen de dónde descontar.

En concreto, esta disminución de impuestos, más que una medida pro familia como la denominó el Presidente, es una medida que incentiva el copago. Si un padre está pagando hoy 20 mil pesos mensuales y puede descontar la mitad de sus impuestos, se puede presumir que rápidamente el colegio le dirá que sería bueno aumentar el copago a 30 mil…

Con seguridad los padres que han optado por estos colegios, seducidos muchas veces por el nombre en inglés del establecimiento, por la imagen de un uniforme con faldita plisada y una corbata de color, y sobre todo porque sus hijos tendrán compañeros “como ellos” y no de un nivel más bajo, estarán contentos con la propuesta gubernamental. Es un hecho que los padres que pueden pagar 10 quieren que sus hijos se junten con otros que pagan 10, y lo mismo ocurre con los de 15, 30 ó 50. Basta mirar alrededor de nuestras casas para ver lo homogéneo que es el barrio.

Justamente porque los seres humanos no somos perfectos, el Estado debe preocuparse por evitar la segregación, más aún cuando ostentamos el nefasto record de la mayor segregación escolar del mundo. Sólo una educación gratuita y de calidad puede romper el vicio de una sociedad organizada en guetos cerrados y ayudar a recuperar una comunidad diversa, donde la convivencia se enriquezca en la relación con otros, que son y piensan diferente. Una sociedad donde se conoce al otro es una sociedad cohesionada, donde no se teme al vecino y donde la violencia deja de ser la manera de vincularse.

Por eso, resulta indispensable que el foco de la reforma educacional –y por ende de los cambios tributarios- no se quede en los bolsillos endeudados en un intento por calmar las movilizaciones sociales, sino que vaya decididamente a rescatar la educación pública. Esta debiera ser el pariente regalón de las medidas gubernamentales y no el pariente olvidado, que ojalá desaparezca pronto.

Si el gobierno no se ocupa con urgencia de salvar las escuelas públicas, en un par de años se convertirán en una especie de hogar diurno donde irán sin esperanza los más pobres de los pobres, los niños vulnerables que los demás colegios habrán despreciado por falta de méritos o simplemente por falta de recursos.

El ministro Harald Beyer es reconocido como uno de los mejores expertos en educación del país; él conoce bien la tragedia de la educación pública. Esta semana puso el dedo en la llaga de la prueba INICIA al informar que el 70 por ciento de los egresados de Pedagogía Básica no deberían llegar a la sala de clases. De inmediato envió un proyecto de ley que busca solucionar esta realidad. Cabe preguntarse si, con la misma determinación, podrá cambiar la política oficial y tomar medidas para rescatar de una vez por todas la educación pública. ¿Quién se opondrá a una escuela donde puedan estudiar juntos los niños y jóvenes de cualquier clase social, religión o etnia?

Son 11.739 los estudiantes que confiaron su educación a la familia Narváez y que concurren a clases sin sospechar que el destino de la U. Iberoamericana y de sus colegios depende de la resolución que adopte el 19º Juzgado Civil de Santiago. Hasta ahora, los alumnos desconocen la cruda trama de acusaciones y descalificaciones que se están ventilando en ese tribunal, donde está radicada la demanda presentada por Hugo y Patricio Cárdenas Narváez. Ambos aseguran que su madre, a sus 82 años, ya no está en condiciones de seguir al frente de sus negocios.

En la audiencia realizada el 27 de abril pasado, Hugo Cárdenas Narváez señaló que a su juicio cualquiera de los hijos de Filomena Narváez “está capacitado para ocuparse de mi madre y sus bienes”, pero de inmediato rayó la cancha y lanzó un misil que dejó en evidencia que la familia está partida en dos: “Haría una excepción con mi hermano Jorge, a quien quiero mucho, pero en varias ocasiones hemos tenido reuniones familiares con él respecto a su adicción a las drogas (cocaína)”.

Las declaraciones de Hugo Cárdenas y de otros ocho familiares de Filomena Narváez, quedaron consignada a fojas 74 en la causa Rol C-6298-2012 que lleva la jueza Jacqueline Benquis. La transcripción original de todos los testimonios entregados en esa audiencia puede ser consultada en la página web del Poder Judicial (descargue aquí ese documento).

Vapuleado por el testimonio de su hermano Hugo, Jorge Cárdenas Narváez también declaró en la misma jornada. Lo hizo para apoyar a su madre y cuestionó en el tribunal las motivaciones que tienen sus hermanos Hugo y Patricio para solicitar la interdicción. Sobre Hugo, Jorge dijo que se hizo cargo hace algunos años de la administración de los ocho colegios de su madre y los recibió con una matrícula de 14.000 escolares, pero “hoy en día no llegan a más de 7.000 alumnos”. Sobre su hermano Patricio, señaló:

-Está actualmente pasando por un estrés, debido a que se está separando de su señora después 20 años de matrimonio y manteniendo juicios con los bancos por deudas que superan los $800 millones.

Y tras esa exposición, Jorge remató: “Queda claro la razón por qué quieren declarar en interdicción a su madre, ya que existen motivos de carácter económicos y personales que los motivan a actuar de esta manera”.

LAS CIFRAS DEL IMPERIO

El “imperio” de Filomena Narváez, como lo calificó su hijo Patricio en la audiencia del 27 de abril, está integrado por la Universidad Iberoamericana y la inmobiliaria asociada a ese plantel de educación superior; los ocho colegios administrados por las sociedades educacionales y de investigaciones pedagógicas Galvarino y Los Andes Country Day; los viñedos del fundo Mundo Nuevo, de Casablanca, administrado a través de la Sociedad Frutícola Mundo Nuevo Limitada; y campos en la Región del Maule administrados por medio de las sociedades agrícolas y ganaderas Los Bosques de Cauquenes, Los Quillayes de Cauquenes, Las Colinas de Cauquenes, Los Parronales de Cauquenes, Los Viñedos de Cauquenes y Valle de Cauquenes.

Una idea de los dineros que maneja la familia surge de las declaraciones hechas en la audiencia del 27 de abril por el sobrino de Filomena Narváez, Jorge Cifuentes Narváez, otro conocido “megasostenedor” de colegios particulares subvencionados. Cifuentes, un estrecho colaborador de su tía y quien atestiguó que ella se encuentra lúcida y en condiciones de seguir al mando de sus negocios, dijo que las 50 hectáreas de viñedos que posee la matriarca rentan anualmente más de un millón de dólares.

Cifuentes también sostuvo que su tía se vio obligada a vender la mitad de sus campos en Cauquenes porque “tuvo que pagar un crédito de $400 millones que le había prestado a su hijo (Patricio) por 60 días, que hasta el día de hoy no ha sido devuelto, porque lamentablemente Patricio Cárdenas tiene algunas dificultades económicas y además tiene en el Tercer Juzgado de Familia demandas por pensión alimenticia y tuición de sus hijos”.

Jorge Cárdenas, el hijo que declaró a favor de Filomena Narváez, dijo ante el tribunal que su madre está en condiciones de administrar su patrimonio y sostuvo que “en estos momentos ella tiene ingresos superiores a los US$ 2 millones anuales, generados por su habilidad para los negocios, donde destaca la producción de uvas viníferas en el valle de Casablanca, donde la cosecha de este año fue de total éxito y vendiendo íntegramente su producción”.

Otro dato que da cuenta de los ingresos del clan, de acuerdo con la información expuesta en la sección “Transparencia” de la web del Ministerio de Educación, apunta a que en 2010 los ocho colegios de Filomena Narváez recibieron al menos $4.851 millones por concepto de subvenciones escolares.

EL TIMÓN DE LA U. IBEROAMERICANA

El testimonio que prestó el sobrino Jorge Cifuentes ante el tribunal, indica que Filomena Narváez entregó hace varios años la administración de sus negocios a dos de sus hijos: Hugo y Jorge. El primero quedó a cargo del rubro educacional y el segundo de los campos de Casablanca y Cauquenes. Cifuentes precisó que ambos siempre han tomado todas las decisiones en conjunto con la madre.

El menor de los hermanos, Patricio, declaró que no participa en los negocios. La mayor, Gladys, reside en Estados Unidos y es representada en las sociedades familiares por Jorge Cifuentes. Por esa razón el sobrino conoce bien la marcha de los negocios del clan.

En su declaración, Jorge Cifuentes señaló que en agosto del año pasado su tía votó a favor de que su hijo Hugo Cárdenas la reemplazara en la presidencia de la U. Iberoamericana, convirtiéndolo en representante legal del plantel. De esta forma, Cifuentes abrió una interrogante en relación a que el mismo Hugo Cárdenas, que hoy solicita la interdicción de su madre, fue beneficiado por ella con una decisión cuya lucidez nadie cuestionó, adoptada sólo seis meses antes de que se presentara la demanda.

La semana pasada, Filomena Narváez fue sometida a exámenes médicos para chequear su condición física y mental, los que serían adjuntados al proceso. Los trabajadores que cuidan el jardín de su residencia en el exclusivo sector de calle Piedra Roja, en Las Condes, dicen que está lúcida, que conversa con ellos con normalidad. La propia empresaria conversó con CIPER en la U. Iberoamericana, después de participar en una reunión con funcionarios del plantel. “Nadie me ha llamado para declarar aún”, dice de entrada. Y agrega:

-Quieren quedarse con todo, está claro. De Hugo y Patricio sólo puedo decir que son excelentes hijos y pueden hacer lo que quieran. Pero de acá no me van sacar. A mis hijos les he dado todas las herramientas para que puedan desenvolverse solos en la vida, pero no lo han hecho. A Hugo le di los mejores colegios, incluso estuvo en el Grange, para que pudiera desenvolverse solo. Le regalé una casa con siete hectáreas en Las Vizcachas que le deja $50 millones al año. Sólo le puedo decir que es un excelente matemático, pero no sé qué le pasa que no ha podido salir adelante solo.

Filomena Narváez aseguró a CIPER que ella sigue siendo presidenta de la U. Iberoamericana, a pesar de que en las declaraciones contenidas en el expediente que lleva la jueza Benquis se dice que el año pasado le entregó ese cargo a su hijo Hugo:

-Quieren hacerse dueños de la universidad, pero yo soy la presidenta, usted puede verlo en los estatutos. Si intentan hacer otra junta directiva, yo la disuelvo -asegura.

Aunque la empresaria lo niega, todo indica que hay un conflicto de poderes en curso sobre quién tiene el timón de la universidad. En la audiencia del 27 de julio, el sobrino Jorge Cifuentes señaló al tribunal que Filomena Narváez lo nombró a él y al hijo Jorge Cárdenas Narváez “para que administren todos sus bienes y que en conjunto con ella y los (otros) hijos podrían tomar las grandes decisiones en todas sus empresas”.

En la declaración que prestó ese mismo día, el hijo Patricio Cárdenas Narváez dejó en evidencia el conflicto:

-Quiero dejar claro que los cuatro hijos, junto a don Jorge Cifuentes, en la sala de reuniones de los abogados de mi madre, hace tres semanas atrás todos estuvieron de acuerdo en interdictar a mi madre. Encuentro insólito que a dos días de esta audiencia mi hermano Jorge Cárdenas Naváez mostró un poder notarial que, junto a don Jorge Cifuentes Narváez, manejaban el imperio de mi madre. En ese minuto mi hermano Jorge dice tener el poder y despide a mi hermano Hugo Cárdenas y que el lunes 30 (de abril) debe dejar todos los puestos de la empresa.

Jorge Cárdenas dijo al tribunal que a mediados de 2011, cuando su madre le entregó la presidencia de la U. Iberoamericana a su hijo Hugo Cárdenas, ese plantel tenía casi 5.000 alumnos y más de $1.000 millones “ahorrados”. Y hoy, sostuvo, “no tiene más 3.000 alumnos, por lo que su presupuesto anual se ha visto fuertemente disminuido en este año 2012”.

Filomena Narváez señaló a CIPER que confía “cien por ciento” en su sobrino Jorge Cifuentes y en su hijo Jorge Cárdenas: “Ellos me están ayudando en este momento. Y ahora llega mi hija (Gladys) desde Estados Unidos”.

LA RUTA DEL LUCRO

Durante las protestas estudiantiles del año pasado, se multiplicaron las denuncias acerca de que los propietarios de universidades privadas burlan las normas que les prohíben lucrar. Una de las fórmulas que permite el lucro encubierto, es que las universidades disfrazan sus utilidades como pagos de arriendo a las inmobiliarias que les alquilan las dependencias donde funcionan. Esas inmobiliarias pertenecen a los mismos dueños de la universidad. El dinero pasa de un bolsillo del dueño (la universidad) al otro (la inmobiliaria) y se convierte en utilidades.

En su testimonio ante la jueza Benquis, el sobrino Jorge Cifuentes describió cómo en la Universidad Iberoamericana se usa esa misma ruta financiera cuestionada.

Cifuentes dijo en el tribunal que su tía sólo ha sufrido “un deterioro de su salud” debido a las decisiones que adoptó su hijo Hugo Cárdenas cuando éste se convirtió, a mediados del año pasado, en presidente de la U. Iberoamericana:

-(En) una decisión unilateral del nuevo presidente (de la universidad), despide a todos los decanos, situación que crea un conflicto de inseguridad laboral. La señora Filomena ha tenido que sufrir las consecuencias de esta decisión, bajando la matrícula sobre los 1.000 alumnos y suspendió la cancelación de los arriendos que la universidad debía cancelar a la inmobiliaria -testificó Cifuentes.

Y agregó que, debido a que los arriendos no han sido pagados a la inmobiliaria, “la señora Filomena no ha podido cumplir con la cuotas bancarias de los préstamos adquiridos para el terreno donde funciona la Universidad. Ha tenido que (verse en) la obligación de recurrir a los ingresos de más 50 hectáreas de viñas que tienen una renta sobre el millón de dólares anuales”.

De acuerdo con la exposición que hizo Cifuentes, la familia Narváez no lucra directamente con la U. Iberoamericana, pero sí lo hace con los terrenos que su inmobiliaria le arrienda a la misma universidad. Y esos terrenos, a fin de cuentas, se están pagando con el dinero que proviene -como alquiler- de la universidad. Es decir, la familia está capitalizando su negocio inmobiliario con parte de los aranceles que pagan los estudiantes.

Los alumnos de la U. Iberoamericana provienen de un estrato socioeconómico medio-bajo. En 2010, según los datos que difunde el Consejo Nacional de Educación, de sus 1.705 estudiantes inscritos para cursar el primer año, 534 provenían de colegios municipales (31,3 % del total), 741 de colegios subvencionados (43,4% del total) y sólo 91 de colegios privados (5,3%). Los restantes 338 (19,8%) venía de otros planteles de Educación Superior.

El 29 de diciembre de 2010, la Comisión Nacional de Acreditación acordó acreditar a la U. Iberoamericana -en los ámbitos de gestión institucional y docencia de pregrado- hasta diciembre de 2013. Eso abrió la puerta para que sus alumnos accedan al Crédito con Aval de Estado (CAE). En 2011 fueron 720 los estudiantes de la U. Iberoamericana que calificaron como beneficiarios del CAE, por un monto total de $1.233 millones. El negocio para la universidad es redondo, porque estudiantes que provienen de familias con alto riesgo de no cancelar los aranceles, pasan a ser clientes de pago seguro por la garantía estatal de su crédito.

Y parte de ese dinero con aval del Fisco, como lo declaró Cifuentes en la demanda de interdicción contra su tía Filomena, va de la universidad a la inmobiliaria y le permite a los Narváez cancelar el crédito con el que adquirieron los terrenos para montar su negocio.

REMATES, EMBARGOS Y JUICIOS LABORALES

En la audiencia del 27 de abril, Patricio Cárdenas dijo que su madre “ha tenido un revés en su vida con su salud, lo que la ha afectado profundamente en su toma de decisiones, al no estar consciente en su últimos años de la realidad que nos rodea”. Para corroborar que esta supuesta merma en las capacidades de Filomena Narváez se ha traducido en decisiones erróneas que afectan los negocios de la familia, Patricio anunció que adjuntaría “copia del mutuo, copia del decreto de remate y todos los juicios en que ella está demandada en diferentes tribunales de Santiago”.

Al comparecer en la audiencia, Hugo Cárdenas entregó más detalles de los problemas financieros que estarían afectando a su madre:

-Tiene para remate (en) junio su casa, la cual ella ama y se demoró 14 años en construirla. Su abogado, Jorge Balmaceda, en más de tres ocasiones ha tratado de hablar con ella, llevándole las copias de la demanda y ella se niega a leerlas, se niega escuchar a su abogado, diciéndole que ella tiene todo pagado y que no tienen por qué rematarle la casa. Ella tiene todos sus bienes vehiculares embargados. Tiene deudas por pago de imposiciones, fallos de tribunales del trabajo y multas de la Inspección del Trabajo por varias decenas de millones. Esto, debido a que despide gente sin comunicarle a sus abogados, sin solicitarle a sus jefes de personal que haga una carta de despido, (…) sus funcionarios alejados del cargo exponen una denuncia en la Inspección del Trabajo donde nadie va en su representación.

El mismo Hugo Cárdenas aseguró ante el tribunal que su madre olvida rápidamente lo que escucha, que “sólo se puede tener una conversación cuando ella es la única que habla, siendo monotemática y repitiendo la misma conversación en varias oportunidades”. También sostuvo que “su agresividad ha llegado a tal extremo, que tanto mi hermana como el empleador de ella han tenido que salir corriendo para que no les pegue” y que “al antiguo rector de la universidad lo despidió (porque dijo que) la habría tratado de matar”.

-Puedo comentar que mi madre va teniendo sus propias realidades, como por ejemplo: una noche dijo que se habían entrado cinco personas a la casa con claras intenciones de violarla (…). En otra ocasión, hace dos semanas atrás, le comentó a algunos decanos de la universidad que el receptor la habría tratado de besar a la fuerza -declaró Hugo Cárdenas

También refirió al tribunal que su madre creyó que le estaban robando el alimento de sus vacas y optó por “no comprar más alimento, provocando la muerte de más de 60 vacas, por lo cual tiene una denuncia por maltrato animal que está en manos de la PDI”. Y solicitó a la jueza que revisara las cuentas de su madre en los bancos BCI, Corpbanca y BBVA, para que compruebe “la cantidad de gente que la rodea para solicitarle plata a través de manipulaciones emocionales”.

En contrapartida, Jorge Cárdenas cuestionó un informe negativo sobre la lucidez de su madre elaborado “por una psicóloga de la Clínica Las Condes”. Aunque no identifica a la profesional, recalcó que “una psicóloga no puede emitir juicios de carácter psiquiátrico, ya (que) su título profesional no la faculta para ello”. Y aseguró que ese examen se le hizo a Filomena Narváez cuando “estaba pasando por un fuerte estrés emocional, debido a los problemas de la universidad y a que sus hijos la estaban presionando para que vendiera algunas propiedades”.

Frente a CIPER, Filomena Narváez reflexiona: “No creo que un juez me declare interdicta. Yo sigo a cargo de mis cosas. Acá (en la universidad) me tratan súper bien, me quieren harto”. Y, al final, pregunta:

-Usted, dígame, ¿cómo me encuentra?

A pesar de que inicialmente fue voluntario, desde 1999 la Ley 18.918 estableció, primero, la obligatoriedad para los parlamentarios de realizar declaraciones de patrimonio e intereses al asumir su investidura. Segundo, que declarasen la existencia de conflictos de interés a la hora de emitir juicios y promover proyectos de ley en el hemiciclo. Y tercero, la prohibición de votar en temas en que el parlamentario tenga conflictos de interés.

“Hasta noviembre del 2011, 25 honorables no declaraban completamente sus intereses. ¿Cuántos han recibido alguna sanción? Ninguno.”

Sin embargo, no basta con crear una normativa para que ésta se cumpla. Deben existir, por un lado, sanciones que generen algún costo por no cumplirla y, en segundo lugar, mecanismos que aseguren que las sanciones se hagan efectivas. El problema es que en Chile esta ley no sólo no es lo suficientemente clara y fuerte en sus sanciones, sino que las pocas prohibiciones no se cumplen. La pregunta es ¿por qué? Porque la normativa tiene incentivos mal puestos: tiene al gato a cargo de la carnicería.

¿Quién vela porque se cumpla la ley y se apliquen las sanciones en el Congreso ante conflictos de interés de sus miembros? ¿Los tribunales de justicia? ¿Algún ente externo e independiente? No: la Comisión de Ética de cada corporación. ¿Y quién conforma esa comisión? Alguien independiente creerá usted. No, los mismos parlamentarios. Bueno, creerá usted que al menos serán parlamentarios intachables desde el punto de vista de la declaración de intereses. Lamentablemente NO. De hecho, según el trabajo del sitio web inspectordeintereses.cl, a noviembre de 2011 en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados ¡tres de sus ocho miembros no habían declarado completamente sus intereses!

¿Qué autoridad va a tener una comisión para sancionar a quienes no declaren bien intereses si sus propios miembros no lo hacen? Y aunque todos tuvieran completamente declarados sus intereses, ¿qué incentivo tiene un comité formado por parlamentarios de sancionar a sus pares? Muy pocos. Esto es literalmente que el gato esté a cargo de la carnicería.

Más aun, hasta noviembre del 2011, 25 honorables no declaraban completamente sus intereses. ¿Cuántos han recibido alguna sanción? Ninguno.

“La ley dice que “los parlamentarios no podrán votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos”. De acuerdo a inspectordeintereses.cl, sólo desde 2010 se han escrutado 418 votos con potenciales conflictos de interés.”

Lamentablemente el tema más grave no es éste. Es la falta de conciencia y sanción para quienes, habiendo declarado sus intereses, influyen e igual votan en proyectos en los que tienen conflictos, sin sanción alguna. Esto es grave pues nuestras leyes y políticas públicas pueden terminar creándose y aplicándose influenciadas por intereses particulares y no por la búsqueda del bien común, cuando los parlamentarios que las votan lo hacen pensando en su bolsillo.

La ley dice que “los parlamentarios no podrán votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos”. Sin embargo, no se establecen sanciones por votar teniendo intereses, y obviamente por ello a la fecha no ha habido una sola sanción por votar teniendo conflictos de interés. Y no es que haya pocos casos: de acuerdo a inspectordeintereses.cl, sólo desde 2010 se han escrutado 418 votos con potenciales conflictos de interés. A nuestro juicio, una ley que prohíbe algo, pero que no establece sanciones si no se cumple, es peor que no tener ley, ya que “lava las manos” a quienes la promovieron y desvía la atención a otros temas cuando el problema sigue igual de latente.

¿Cómo mejorar este problema? Se requiere con urgencia, una institucionalidad que obligue efectivamente a los parlamentarios a declarar cabalmente sus intereses, y a inhabilitarse de tener conflictos, con penalidades claras y disuasorias. Que exista fiscalización y sanción por parte de un ente independiente al Congreso. Finalmente, que la comunidad se informe y empodere, denunciando situaciones de conflictos y empujando para que existan sanciones reales por votar e influir en leyes y políticas teniendo conflictos de interés.

A pesar de haber logrado avances en la regulación de los conflictos de interés en el papel, un mal diseño de incentivos, inexistencia o insuficiencia de sanciones y una falta total de lograr que las reglas se cumplan, dejan los avances legales en letra muerta. No basta con hacer leyes y reglamentos, hay que hacerlos respetar.

En primer lugar, en la letra C del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios se indica que una de las obligaciones de este señor, como subdirector técnico, es ejercer el control y gestionar los programas de atención y asistencia de los condenados que tengan medidas alternativas a la reclusión. Si bien es cierto que la responsabilidad del otorgamiento de los beneficios penitenciarios recae en el jefe de unidad, el que controla que se cumpla bien con los procedimientos para entregar esos beneficios a la persona adecuada es el responsable de la subdirección técnica. Sin lugar a dudas, esto no se cumplió en los tres casos que menciona el ya citado reportaje de CIPER. Los informes psicosociales elaborados para estos tres delincuentes (Carlos Almendras, Carlos Deformes y Patricio Ahumada) que fueron beneficiados con salida al medio libre desde el penal de Colina y que casi de inmediato cometieron delitos violentos, no fueron acuciosos.

Un subdirector técnico con experiencia y conocimiento habría intervenido apenas se conoció el primer caso en diciembre de 2011 (el asalto y violación cometido por Deformes el mismo día en que se le dio la libertad dominical), instruyendo y efectuando reuniones con el Consejo Técnico que había otorgado el beneficio. Tampoco funcionaron los programas de intervención educacional, laboral, psicosocial, deportivo y cultural, que están bajo la supervisión del Departamento de Tratamiento al Medio Libre y que, curiosamente, tiene dependencia directa del subdirector técnico.

En la entrevista, el señor Jiménez narra toda una historia como si los hechos no dependieran de su control, actuando en forma desleal con sus subalternos. Y aquí la pregunta que se debe hacer la opinión pública es con qué currículo y experiencia puede este señor ocupar un cargo de tanta responsabilidad. Entiendo que Jiménez era asesor del director y nunca había trabajado en la administración pública. Es decir, cero aporte.

Tal como él lo señala, siempre existirá el riesgo de que personas que han recibido beneficios de salida al medio libre cometan delitos, ya que, según su expresión, trabajamos con herramientas de Ciencias Sociales. Pero en mis 35 años como jefe superior de la institución no ocurrieron casos tan grave como éstos. Y cuando ocurría una falla, aunque de menor envergadura, de inmediato se intervenía el Consejo Técnico que había concedido el beneficio. Este consejo es autónomo en sus decisiones, pero se debe controlar. Y aquí, obviamente, existe una clara responsabilidad del señor Jiménez.

Una última pregunta para reflexionar: si Patricio Ahumada -el agresor de Daniel Zamudio- se encontraba con el beneficio de salida fin de semana en San Miguel, por qué de inmediato continuó con ese beneficio tras ser trasladado a Colina, si el reglamento establece seis meses de estudio en el nuevo penal.

Si hubiese habido un control y un seguimiento de la operatividad del Consejo Técnico de Colina, hoy no estaríamos lamentando la muerte del joven Zamudio.

Respecto de la responsabilidad del subdirector Jiménez, creo que estamos frente a un delito ideológico y una grave falta de control por omisión.

En el caso de Patricio Ahumada, señala Jiménez que se le otorgó el beneficio de salida al medio libre el 28 de octubre. ¿Quién controló dicha salida? Es cierto que el jefe de unidad es el gran responsable en estas salidas, pero, insisto, ese Consejo Técnico debió haber sido intervenido tras el primer caso que se conoció -en diciembre de 2011- de un delito violento cometido por una persona a la que ese mismo consejo le concedió el beneficio de salida al medio libre.

Estamos hablando de delitos emblemáticos, de alta connotación social, cometidos primero por Deformes a fines del año pasado, luego por Almendras en febrero (accedió a la salida dominical el 12 de febrero pasado, no volvió al penal y tres días después apuñaló 15 veces a su esposa e hirió a su hija) y finalmente por Ahumada en marzo. La subdirección técnica no intervino en nada, no cumplió con otras de sus obligaciones que indica que estará encargada de desarrollar los programas y proyectos institucionales tendientes a la reinserción social de las personas atendidas en los distintos sistemas, velando por el mejoramiento permanente del régimen penitenciario.

Otra norma señala que durante la semana los profesionales del área técnica van trabajando con el (interno que tiene salida al medio libre) respecto de qué problemas tuvo. ¿Aparte del alcaide, quién tiene la responsabilidad de controlar estos profesionales? Técnicamente dependen de la subdirección técnica. Aún más, Ahumada estaba en un programa de estudios que, conforme a las obligaciones antes descritas, el subdirector técnico debió haber supervisado.

Lo más grave en la entrevista concedida por Jiménez a CIPER es que en ella señala: “Desconozco la conducta de Ahumada Garay mientras estaba gozando de su beneficio”. Y asegura que Gendarmería no tiene las herramientas para controlarlo una vez que salía al medio libre. Falso. Los reos con beneficio de salida al medio libre siguen dependiendo de Gendarmería.

En consecuencia, basta con leer las obligaciones y deberes del subdirector técnico para darse cuenta que faltó a la reglamentación.