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En todo Chile son miles las familias que han quedado a la intemperie. No todas pueden culpar a la naturaleza. Porque al horror que emergió con el terremoto y el posterior tsunami, no son pocos los que hoy deben agregar la ira por haber quedado sin casa a causa de una construcción con serias deficiencias. Tras una recopilación de datos en todas las comunas del Gran Santiago, CIPER confirmó en terreno 23 edificios residenciales con daños severos y que ponen en riesgo a sus moradores. La mayoría de estos inmuebles ya fueron evacuados y varios ya cuentan con decreto de inhabitabilidad. Mientras sus propietarios se preparan para una larga batalla legal contra los responsables de haber edificado y comercializado estos inmuebles con errores que expertos y los tribunales deberán dilucidar, CIPER presenta la nómina de las constructoras e inmobiliarias involucradas y los socios que participan en estas empresas.

Tras seis días de trabajo sin respiro, el jueves 4 de marzo los equipos de especialistas en cálculo estructural habían completado en la Región Metropolitana 2.338 inspecciones de inmuebles con daños de diversa consideración provocados por el terremoto que sacudió el país en la madrugada del sábado 27. Este balance preliminar, aportado por el Ministerio de Vivienda, indica que el 70% de los casos no presentaba fallas que ameritaran la evacuación. No obstante, un total de 480 inmuebles -20% del total- fueron declarados inhabitables. El catastro incluye viviendas particulares, edificios residenciales, establecimientos educacionales, edificios comerciales y centros de salud. Muchas de las construcciones que colapsaron son edificaciones antiguas. Pero hay también estructuras recientes, las que no deberían haber registrado daños si -en teoría- los responsables de su construcción hubiesen cumplido con las normas antisísmicas.

Las imágenes de modernas torres colapsadas han generado indignación en la opinión pública, en especial tras las dramáticas escenas del rescate de las víctimas aplastadas por los escombros del edificio Alto Río de Concepción, cuyos 15 pisos fueron a dar al suelo antes de que la tierra dejará de temblar.

La responsabilidad de las empresas constructoras e inmobiliarias está ahora en el centro del debate público. También el relajamiento paulatino en la fiscalización que deben hacer las direcciones de obras municipales para autorizar desde el inicio de una construcción hasta su recepción definitiva. Un paso clave para garantizar la calidad de la vivienda y que terminó convirtiéndose en un trámite al despojarlas de autoridad real.

La nómina ingrata

Un rastreo hecho en terreno por CIPER en buena parte de las comunas del Gran Santiago, detectó 23 edificios residenciales con menos de 15 años -algunos aún tienen departamentos en venta- que registran daños de envergadura.

La cifra es aún mayor si se consideran diversos edificios comerciales severamente afectados. Un mapa completo de la situación hasta el viernes 5 puede revisarse acá.

La mayoría de los edificios residenciales ya fueron evacuados por sus moradores y sobre varios ya pende un decreto de inhabitabilidad firmado por el alcalde respectivo. Las constructoras responsables de estas edificaciones son 18. Dos de ellas tienen tres de sus inmuebles en está nómina: Mujica y González Limitada (MIG) y FGS. Otra se inscribe en esta lista con un par de edificios: Sigro. Y entre las inmobiliarias que comercializaron estos inmuebles se cuentan algunas bien reconocidas en el mercado, como Penta y Simonetti.

Dos de las constructoras que integran este grupo -DPL e Ingevec- forman parte de un consorcio a cargo de edificar una de las obras emblemáticas del Bicentenario: el nuevo Cuartel General del Ejército, que se levantará en Avenida Blanco Encalada. Un dato que suena paradójico, si se toma en cuenta que uno de los edificios de DPL (la torre de 19 pisos Central Park, en Balmaceda 2150) corre el riesgo cierto de verse afectado por una orden de demolición debido a los graves daños estructurales que sufrió con el sismo del sábado 27.

En cuanto a la distribución geográfica de estas 23 construcciones recientes, las comunas con más edificios con daños severos son Ñuñoa, Huechuraba y Maipú, todas con cinco inmuebles. Le siguen Macul e Independencia con dos casos.

Mientras las empresas constructoras preparan el batallón de abogados que les permita sortear ante los tribunales el millonario pago de indemnizaciones que les serán reclamadas por los afectados, en algunos de estos inmuebles ya surgen las primeras estrategias para amagar la indignación. Ofrecen reparar las casas y departamentos y hasta pagar arriendos mientras dure este proceso, pero en algunos casos a condición de que los propietarios se desistan de toda acción judicial.

A continuación presentamos la identidad de los socios de las constructoras e inmobiliarias que edificaron y comercializaron inmuebles residenciales que ya están bajo inspección, a la espera de que se les declare reparables o sean demolidos. Está nómina probablemente irá cambiando en los próximos días y CIPER la actualizará permanentemente:

Nota: La versión original de este reportaje incluyó a María Teresa Covarrubias Risopatrón como socia una empresa ligada a Paz Corp llamada Inversiones Britania. El error se produjo debido a que la señora Rispatrón es parte de una sociedad con el mismo nombre que nada tiene que ver con Paz.

*Revise acá el mapa con los edificios consultados por CIPER (en actualización permanente).

Después del aislamiento que dejó el tsunami que azotó la costa de la VII y VIII Región, los pueblos más castigados se impusieron en el mapa mediático. Cuando aún no se terminan de contar los muertos y los rescatistas siguen buscando desaparecidos, balnearios como Pelluhue, Curanipe y Dichato convocan rostros televisivos y atraen voluntarios conmovidos por un drama que no termina de dimensionarse. Sin casas ni fuentes de trabajo, sometidos un regimen de toque de queda similar al de las grandes ciudades y aterrorizados por la permanente alerta de un nuevo tsunami, sus habitantes intentan volver a pararse sobre un piso que no deja de moverse.

En Pelluhue la leyenda se contaba con simpatía. Al ser rechazado por la joven que pretendía, y a quien había cuidado de niña, el indio Lafquen-Gulmen, dios del mar, envió una tormenta de arena que arrasó con personas y chozas del lugar. Desde la madrugada del sábado 27, cuando la costa del balneario de la VII Región fue destruida por el tsunami que sucedió al terremoto, la leyenda tiene otra lectura.

Es martes por la tarde y los primeros rescatistas de bomberos han llegado a una de las zonas más afectadas. Con ellos se dejan caer conscriptos del Ejército, policías de civil y personal de vialidad con maquinaria pesada, además de voluntarios entusiastas a bordo de camionetas 4×4. La prioridad está centrada en la búsqueda de personas desaparecidas.

El recuento oficial hasta entonces habla de 48 fallecidos sólo entre los balnearios de Pelluhue y Curanipe. Pero además hay un número indeterminado de desaparecidos a quienes se los habría tragado el mar o estarían atrapados entre escombros.

Tal como ocurrió en otros balnearios de la región, la mayoría de las víctimas fatales de Pelluhue corresponden a turistas que pasaban sus últimos días de descanso.

Eduardo González tiene 20 años y es teniente segundo del Cuerpo de Bomberos de Curanipe, balneario vecino de Pelluhue, en el límite sur de la VII Región. La madrugada del sábado González se encontraba trabajando en el camping municipal pero no alcanzó a dar la alerta de tsunami a las personas que acampaban ahí, a pocos metros de la playa. Había acompañado a un grupo de amigos hasta las afueras del camping cuando ocurrió el terremoto, y sin pensarlo dos veces, porque sabía lo que se venía a continuación, corrió a buscar refugio en los cerros.

Unas horas después, cuando el mar volvió a la calma, González y otros bomberos de Curanipe recorrían el camping buscando sobrevivientes. Fue su prueba de bautismo, dice. Algo que no puede borrar de su cabeza. En vez de sobrevivientes encontró cuerpos muy golpeados, a mal traer, dispersos entre el camping, la playa y las calles del pueblo. Los muertos iban siendo apilados entre el cuartel de bomberos y la iglesia. Al mediodía habían recogido una veintena.

En tres días no llegó nadie a socorrerlos. Los primeros auxilios estuvieron a cargo de bomberos del pueblo, en su mayoría jóvenes sin mayor experiencia. Las cosas cambiaron a principios de semana.

Con la llegada de los efectivos de la fuerza de tarea de Atacama, un grupo especializado de más de cuarenta personas, los bomberos locales pasaron a ocupar funciones menos especializadas, de bajo perfil pero no por eso menos importantes. Ricardo Vega, de 25 años, es voluntario del Cuerpo de Bomberos de Chanco. La tarea que le asignaron desde un comienzo es de suma utilidad, aunque nada de grata. Vega está a cargo de la improvisada morgue que se levantó al interior de un camión frigorífico para conservar los cadaveres no identificados. Cuenta que hasta entonces había evitado mirar a los muertos en los velorios, pero ahora ha debido ver varios cuerpos mutilados. “Lo más fuerte son los niños. Yo creo que todos vamos a necesitar atención sicológica”, dice.

Para los rescatistas especializados que buscan esos cuerpos la prioridad ahora se volcaba bajo el puente del río Lo Parra, al sur de Curanipe, donde habrían ido a parar varios ocupantes del camping. Una vez que se desató el tsunami, probablemente con la segunda o tercera ola, el mar entró con tal fuerza por el curso del río que echó abajo el puente, provocando un dique con todo lo que encontró a su paso.

Aún no se sabe cuántas personas murieron en el camping municipal de Curanipe. Tampoco cuántas sobrevivieron. El camping no llevaba un libro de ingreso, y en caso de haberlo llevado, se lo habría llevado el mar. Con excepción de la figura de San Pedro, patrón de los pescadores, en ese sector no hubo nada que no fuera arrasado por el mar. Ahí también estaba la caleta y el sindicato de pescadores, marisquerías, restoranes, una feria artesanal y una escuela de surf. Inmediatamente después de todo eso, en medio de un bosque de pinos, estaba el camping.

Eduardo González, el joven bombero del pueblo, calcula que ese día acampaban cerca de 200 personas. En particular recuerda a un grupo de adultos mayores que unas horas antes habían llegado a bordo de un bus. Y también a esa familia de 13 personas que tiene al dúo chileno de rancheras Juanita y Miguel entre sus miembros más destacados. No se ha vuelto a tener noticias de los abuelos. De la familia, sólo una niña de 12 años apareció con vida.

Consuelo Herrera se ha convertido en otro emblema de la tragedia. Salvó de milagro y logró reunirse con su padre, que llegó de Santiago al enterarse de que un tsunami había barrido la zona. En internet circulan cadenas de emails que buscan juntarlos, mensajes de Twitter que piden ayuda para Consuelo durante toda la semana y por Facebook se propaga su historia. Pronto se convertirá en portada de muchos medios. Lo cierto es que ya el martes Consuelo y su padre se han instalado juntos a observar las tareas de rescate que emprenden los bomberos de Atacama al fondo del puente El Parrón. Unos días atrás, en ese mismo lugar, apareció el cuerpo de Matías, hermano de Consuelo, de ocho años. Ahí mismo esperan que aparezca el cuerpo de la madre de los niños, además de tíos y primos a quienes se los llevó el mar.

Todos quieren ayudar

El otro camping de la comuna de Pelluhue estaba en la zona Mariscadores, muy próximo a la playa, al momento en que el mar inundó la costa y volvió a recogerse para irrumpir con dos o tres olas gigantes que terminaron por arrasar una población completa.

Esas casas, especialmente las que había en torno a la Avenida Adán Fontealba, principal acceso al pueblo, desaparecieron casi por completo. En muchas de ellas quedó sólo el radier, un dibujo en la arena que permite hacerse una idea de lo que hubo ahí hace pocos días. Algunas casas permanecen semi enteras pero desplazadas varios metros de su lugar original, unas arriba de otras, partidas o reducidas a astillas.

En ese escenario de desastre, rescatistas de tres compañías de bomberos del país buscan víctimas del tsunami. Están a cargo de José Sánchez, comandante del cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, que tiene su puesto de mando en la plaza de Pelluhue. Los bomberos se ven perfectamente equipados y tienen conexión radial y generador de electricidad. Pero en terreno las cosas son distintas.

Un rescatista del cuerpo de bomberos de San Javier, que viene de remover escombros en busca de cadáveres, dice que la descoordinación entre las instituciones es mayúscula. Dice esto en companía de sus compañeros de San Javier, al tiempo que observan con desdén a un grupo de bomberos de Los Andes que entierra bastones en la arena en busca de cuerpos humanos.

“Jamás van a encontrar algo ahí”, dice uno de ellos. “La mayoría de los cuerpos están bajo el mar y van a aparecer flotando al cuarto o quinto día, una vez que se hinchen”.

A esas alturas la historia de Pelluhue está en todos los medios de comunicación. Todos quieren ayudar. Caravanas de autos llegan desde las ciudades del interior y buscan a quién entregar ropa, víveres o lo que sea. Aparecen con sus cámaras fotográficas y a ratos parecen turistas en una zona devastada. Todos los esfuerzos parecen concentrarse acá y cada uno cree estar haciendo lo mejor. Pero los bomberos dicen no necesitar más refuerzos y en la municipalidad se quejan de que traen cosas que no sirven y desarman una organización que busca priorizar por necesidades.

En lo alto de Pelluhue Tolentina Sánchez es la tía del hogar de menores del pueblo. Está a cargo de 28 niñas que acampan sin imaginar el desastre que hay más abajo. Para ellas son casi vacaciones. Su historia se ha transformado en un imán para todos los voluntarios que pasan repartiendo ayuda, pero ella dice que ya no necesita nada más y ya no acepta los ofrecimientos. Sabe que más allá hay quienes sí requieren alimento y ropa. La falta de organización ha generado una sobreoferta de ayuda para algunos y escasez de apoyo para otros. Sobre todo para los pueblos del interior, los que no tuvieron tsunami y no han salido en television.

Este fenómeno hace también evidente el desequilibrio entre la avalancha de ciudadanos comunes que llegan cargados de regalos y el modesto apoyo que pueden entregarles las autoridades locales y nacionales. Y hace crecer también las críticas por la falta de presencia del gobierno en terreno.

Carroñeros

Mientras los grupos de rescate hacen lo que pueden en su primera jornada de trabajo, decenas de personas recorren la zona cero de Pelluhue recogiendo prendas de vestir, utensilios o cualquier cosa de valor que encuentren o puedan llevarse.

Los residentes del lugar que sobrevivieron cuentan que esta situación se dio inmediatamente después de ocurrido el tsunami. “Por la mañana vine a intentar recuperar algunas cosas que eran mías y me encontré con gente que me las quitaba de las manos”, se queja uno de ellos.

A pocos kilómetros de ahí, a la entrada del balneario de Curanipe, donde se aprecian un camion enterrado boca abajo en la arena, el profesor Jaime Villaseñor protesta por lo mismo. Su esposa tenía un negocio de ropa americana al que llamaban el Shopping de Curanipe y que resultó arrasado por el mar. Mucha de esa ropa quedó dispersa en la arena y el profesor Villaseñor observa con indignación cómo cualquiera pasa, la recoge y se la lleva.

Pero no todo es carroñería. También hay personas que buscan objetos que le fueron propios y que inútilmente intentan recuperar. En Pelluhue, junto a una familia que procura reunir lo que fue un juego de loza y vajilla, un hombre mayor va en busca de lo que quedó de su furgón utilitario. Su nombre es Bernardino Sandoval, padre del joven artesano de Talca que dio la vuelta al mundo por una foto de la agencia AP donde apareció retratado desde la zona cero de Pelluhue con una bandera chilena recogida de la arena. El furgón se lo había prestado a su hijo Bruno y aparecerá convertido en chatarra, a varios metros de donde estaba estacionado mientras su hijo se convierte en rostro de la campaña “Chile ayuda a Chile”.

Cerca de ese furgón se avista a la familia de Ernesto Aguilera, de 78 años, a quien se le perdió el rastro la madrugada del tsunami. Su esposa alcanzó a escapar con su nieta de 10 años al momento en que irrumpió la segunda ola y ahora guía a rescatistas de bomberos, pues supone que su esposo quedó atrapado en las entrañas de una casa que se desplazó varios metros de su lugar original.

Han transcurrido varias horas de trabajoso rastreo cuando un familiar llama a detener la búsqueda. Viene llegando de Chanco, localidad vecina donde se derivan los cuerpos de los fallecidos no identificados de la zona, y acaba de reconocer al anciano. Tres días después del tsunami fue regresado a tierra por el mar.

Olvidados en Buchupureo

Al sur de Pelluhue está Cobquecura. Y al sur de Coquecura está Dichato. Pelluhue y Dichato fueron barridos por el tsunami. En Cobquecura, que está al medio, el mar se mantuvo como una taza de leche. Entre las muchas tesis que corrieron en Cobquecura para este extraño fenómeno, un grafitti aventuró una explicación algo esotérica: “El mar nos respetó porque lo defendemos”. Esta ciudad de la VIII Región luchó por años para evitar que la celulosa Nueva Aldea sacara sus desechos por un ducto frente a sus costas. Fue en vano, pero hay quienes hoy le ven sentido al eslogan “Salvemos Cobquecura”. Las casas de adobe y piedra laja derrumbadas parecen poca cosa al lado de la falta de misericordia que tuvo el mar con los otros pueblos costeros.

La suerte alcanzó también para Buchupureo, que forma parte de la comuna de Cobquecura. No hubo tsunami pero el terremoto provocó una mudanza masiva. No se salvaron del miedo. Sus habitantes no entienden por qué las aguas no los tocaron y a quienes no les bastan las explicaciones divinas exigen razones científicas: que les lleven un sismólogo o alguien que los tranquilice ante la posibilidad de un futuro maremoto. Dicen que las aguas de esta playa que es paraíso de surfistas están demasiado tranquilas, lo que augura un desastre. Por mientras, Buchupureo es una ciudad fantasma y todos sus habitantes se han trasladado a los cerros. Por las noches cuadrillas de hombres vigilan las dañadas casas de adobe para espantar a los saqueadores que se han aventurado en días anteriores a robar caballos.

El campamento más grande ya reúne a cerca de la cuarta parte del pueblo –unas 200 personas–, quienes no piensan moverse por un buen rato. Primero por el miedo, pero también porque el concejo municipal los ha instado a agruparse en grandes campamentos. Sólo así se les repartirá la ayuda que empieza a llegar. Cero incentivo para volver a este balneario donde campea el desempleo y cuyas casas de veraneo sólo se llenan en temporada estival.

Ahora viven en carpas, bajo pedazos de nylon e improvisadas ramadas. Los cuatro baños químicos que les instaló la municipalidad se hacen pocos. Surgen también los primeros roces de una pequeña comunidad donde hay jóvenes que beben y escuchan música hasta tarde, mientras en la carpa de al lado familias con niños intentan dormir.

–Sentimos que no estamos en el mapa. En la radio mencionan a Pelluhue y Cobquecura, se saltan a Buchupureo. ¿Creerán que nos tragó el agua? –se queja María Isabel Escobar.

Algunos sí los ubican en el mapa. Como el dueño de la carnicería “El Negrito” del mercado de Chillán, quien llegó cargado de embutidos e interiores para donar al campamento. Duró poco rato ahí, porque justo las radios empezaron a difundir una alarma de tsunami y el carnicero huyó despavorido. Se cruzó con camionetas llenas de personas que habían bajado al pueblo y corrían a guarecerse en el cerro. Otros miraban inquietos el mar. Minutos más tarde se enteraban de que era una falsa alarma y se desataba una discusión entre los que estaban indignados por la irresponsabilidad de quienes difundían falsedades y los que defendían cualquier alerta preventiva, aunque hubiera errores.

Dichato: Peor que Haití

Cuando Luis Jara y su cámara entran a Dichato, ya ha pasado el mediodía y la guardia militar ha levantado el toque de queda, permitiendo el ingreso de decenas de personas que han llegado a ayudar a una de las localidades más afectadas por el tsunami. Sus calles aún están llenas de escombros y los visitantes deben dejar sus autos afuera del pueblo.

El mar golpeó tan fuerte a Dichato y la vecina caleta de Coliumo que un barco pesquero quedó varado a más de cinco kilómetros de la costa. Esa misma fuerza arrasó con todo. Casas que estaban al borde de la playa avanzaron varios metros tierra adentro o se movieron en sentido inverso y aún flotan en el mar. Una torre de cinco autos hace equilibrio apoyada en una casa y los escombros se amontonan por todas partes. De fondo, un fuerte olor a descomposición lo inunda todo.

Aunque aquí el mar parece haber atacado con más furia que en otras partes, hasta el jueves sólo se contabilizaban 13 cuerpos. A diferencia de otros poblados, aquí bomberos dio la alerta de tsunami apenas percibió la intensidad del movimiento. Todos corrieron a los cerros. Varios llevaban radios a pila y escucharon cuando la presidenta Bachelet llamó a la calma. “La gente se confió y bajó”, cuenta Rosa Jofré, una de las damnificadas. En ese momento habrían sido alcanzados por una de las tres olas que azotaron a Dichato. La última, la más potente, llegó poco antes de las 7 de la mañana. La PDI maneja una lista de 48 desaparecidos –en su mayoría turistas–, pero considerando las dificultades de comunicación, la cifra es imprecisa.

El caos inicial fue feroz. Aprovechándose de que los moradores se refugiaban en el cerro, durante las primeras noches saqueadores llegaban en camionetas para llevarse lo poco que había dejado la ola. Dicen que hasta intentaron remolcar los autos que quedaron tirados por el agua.

Con el paso de los días se impuso el orden. Se instaló un campamento de infantes de marina que descarga las 60 toneladas de suministros que trajo la fragata Cochrane, llegó más de un centenar de bomberos y rescatistas de todo el país, además de algunos carabineros y un puñado de policías civiles expertos en reconocimiento dactilar.

A cinco días del maremoto, los rescatistas ya han buscado víctimas en cada rincón accesible a pulso. Pero son tantos los escombros que empezó a operar la maquinaria pesada. Se espera encontrar nuevos cadáveres cuando se remueva todo. También se sabe que lo más probable es que otros hayan sido arrastrados por el mar.

En el puente sobre el río que cruza Dichato están apostados los bomberos de Chillán y los efectivos del bote salvavidas de Puerto Montt. Hicieron un dique para que los escombros flotaran y ahora intentan limpiar las aguas en busca de más cuerpos. El cirujano y bombero Mauricio Chong tira la cuerda con los materiales que salen del río.

“Él es quien trae los terremotos”, bromea uno de sus compañeros. Porque Chong estuvo en Haití como médico y ahora fue uno de los primeros en llegar a Dichato. Muchos chillanejos veranean aquí y apenas se enteraron del desastre los bomberos partieron al rescate. Al igual que otras compañías, se desplegaron sin seguir instrucciones centralizadas, pero una vez en Dichato se pusieron a las órdenes del jefe del comando operativo, Claudio Retamal, quien vigila los trabajos desde un pintoresco pero estratégico puesto de observación: el techo de un container emplazado sobre la colina, a la sombra de un colorido quitasol playero.

El bombero Chong no duda en afirmar que para los rescatistas la situación en Dichato es mucho más compleja que la de Haití. Allá el principal problema era que no había equipos de rescate, pero sabían dónde estaban los cuerpos. Acá, los muertos podrían estar en cualquier parte.

Los vivos no están mucho mejor. Apenas se levanta el toque de queda empiezan a bajar de los campamentos en los cerros para intentar rescatar algo entre sus viviendas destruidas. Cualquier cosa sirve. Se viene el invierno y aquí pocos tienen techo. Tampoco herramientas para subsistir. No habrá turistas por un buen tiempo y todos los barcos de los pescadores están destruidos y lejos del mar. Jorge Lara muestra el suyo a la distancia, sobre un árbol. Dice que la pesca es lo que sabe hacer y no le teme a otro tsunami. “Nací en la mar y voy a morir al lado del mar”, dice Lara, uno de los que no piensa dejar la costa.

Poco a poco empieza a llegar la ayuda. Nada del municipio, reclaman en Dichato, donde el alcalde de Tomé fue atacado por los vecinos cuando se le ocurrió asomar la nariz. Del gobierno, recibieron la caja de víveres que empieza a repartir la Armada. Pero apenas se levanta el toque se llena de ciudadanos comunes con ropa y alimentos. Con ellos llega también una horda de periodistas. Lucho Jara hace su entrada al pueblo y una mujer se le cuelga al cuello llorando. Llegó la farándula. La pregunta ahora es cuánto tardarán en olvidar a Dichato, Pelluhue y Curanipe y su drama que recién comienza.

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El terremoto tierra adentro

El polémico hospital de Talca, los cafés con piernas y hasta las funerarias sufrieron los efectos del sismo que sacudió con fuerza a la VII Región la semana pasada y que aún altera la vida cotidiana. Cauquenes también se vio seriamente afectada por tercera vez en su historia por un terremoto. Para colmo, un incendio arrasó luego con un importante archivo que documentaba el pasado de la ciudad.

Es la cuarta noche que María Rosi Moreno amanece en las afueras de su casa, o lo que quedó de ella en el centro histórico de Talca, y todavía nadie se acerca a preguntar por su situación. “Como que nos abandonaron, nos dejaron solos”, dice la mujer de 78 años. Pasó la noche en una carpa y a estas horas de la mañana calienta sus huesos con un brasero.

No sólo se siente abandonada por las autoridades. Muchos de sus vecinos dejaron el barrio y los militares ya se retiraron a los cuarteles tras el primer día de toque de queda. Su sensación de abandono es tal que está pensando en trasladarse a una casa vecina desocupada y que se encuentra en mejores condiciones que la suya.

A ella el segundo piso se le vino abajo y las grietas rajaron las paredes. Como la mayoría de las casas del sector, la suya está inhabitable y es muy probable que deba ser demolida. Pero de momento se niega a abandonarla. Vive ahí con parientes y allegados y no quiere moverse por temor a que le roben las pocas cosas de valor que tiene y porque fue la casa que construyó junto a su marido, fallecido hace algunos años.
María Rosi Moreno no termina de convencerse de lo ocurrido.

Hacia el sector comercial del centro, en los alrededores de avenida Salvador Allende, los efectos del terremoto fueron tanto o más notorios. Especialmente en la esquina de 10 Oriente con 1 Norte. Hace tres días ahí estaba el cabaret El Egipto, vecino de El Paraíso. Ambos quedaron reducidos a un cerro de escombros.

La madrugada del terremoto los dos locales nocturnos estaban en plena actividad pero por alguna razón que en la ciudad no terminan de entender, sólo El Egipto acusó víctimas fatales: cuatro clientes y una de las mujeres del local quedaron atrapados entre palos, latas y ladrillos de adobe. Los cuerpos fueron rescatados al día siguiente y trasladados a la morgue, uno de los pocos edificios públicos que no sufrió daños. Hasta allá llegó el marido de la mujer de nacionalidad ecuatoriana. También la esposa de uno de los clientes, a quien no le dijeron que al hombre lo habían encontrado en El Egipto sino en el restorán Los Buenos Muchachos.

La tragedia de El Egipto es una de las más comentadas en Talca. Es una tragicomedia que se reproduce con variantes cada vez más distorsionadas. Se comenta que las víctimas habrían sido cuatro mujeres y un hombre, que el hombre habría llegado a la morgue aún bajo los efectos de una tableta de Viagra y que al poco del rescate de los cuerpos, el dueño del cabaret habría llegado a revolver los escombros para buscar el dinero de la recaudación. Las tragedias animan relatos que se disparan con la rapidez y el entusiasmo de una onda sísmica.

La maldición del hospital

Muy cerca de lo que quedó de El Egipto, en 11 Oriente con 2 Norte, estaba la mueblería de nombre N. Hoy es una ruma de escombros pero sobre la estructura se mantiene en pie un enorme letrero de la Universidad Autónoma. Desde la vereda del frente Anselmo Arriagada mira lo que queda de su mueblería y sólo tiene un mensaje: Por favor, no dejen que nunca más pongan letreros en los techos de las casas. Está convencido de que el peso de la publicidad hizo desmoronarse su negocio. De todos modos está agradecido, pues adentro dormía su hijo Hugo, quien logró huir justo antes de que se viniera todo abajo.

Anselmo se alegra de que su hijo vaya a poder entrar en pocos días más a estudiar Psicología a la Universidad Autónoma, la misma que publicitaba el letrero, aunque le preocupa cómo subsistirá sin la mueblería. Sin embargo, su preocupación inmediata es la inyección que periódicamente le administrant en el Hospital de Talca para combatir el cáncer que lo aqueja.

Es la mañana del martes y en Talca no hay mucho más que hacer que comentar lo sucedido. La ciudad está prácticamente paralizada. Más todavía una vez que se detectaron los primeros saqueos y la autoridad decretó toque de queda. Con excepción de las funerarias, el comercio permanence con sus cortinas abajo.

La funeraria de Pedro Urrutia es vecina del Hospital de Talca y la morgue. Dicen ahí que los primeros dos días fueron los de mayor trajín. La carroza iba y venía, casi no daba abasto. En Talca murieron 29 personas pero muchos cuerpos fueron traídos desde el interior y la costa, especialmente desde Constitución y sus alrededores, donde se concentró la mayor cantidad de víctimas fatales: ochenta. En la morgue de Talca, donde todavía no llegaba la luz, sólo permanecía un cadaver sin identificar que comenzaba a descomponerse.

En la funeraria de Pedro Urrutia dicen que los primeros días fueron de locos. Siguen siéndolos, pero ahora tienen tiempo de sacar los escombros desde el interior de la funeraria, que quedó muy a mal traer. Dicen también que se están quedando sin reservas de ataúdes y que las funerarias de la competencia se aprovecharon de la situación al subir los precios o bien ofrecer un servicio de menor calidad por los 150 mil pesos de subsidio que aporta el municipio de Talca a los familiares de cada víctima para el servicio fúnebre.

Frente a la funeraria está el hospital de Talca. El que se hizo tristemente célebre por la historia de los bebés cambiados entre otros polémicos errores, ahora evidencia daños en su fachada y algunos pabellones lucen inservibles. La noche del sismo fue un gran caos. Tuvieron que trasladar a los pacientes hacia el Centro de Tratamiento y Diagnóstico (CDT), un edificio más moderno ubicado a su costado. Ahí llegaron también las urgencias de los heridos por el terremoto, mayoritariamente fracturas expuestas.

48 horas más tarde la situación está más calmada en el hospital, pero tardará mucho en normalizarse. La recepción de pacientes se hace en una carpa montada en el patio y a un costado de la entrada se amontonan las planchas del cielo falso que se precipitaron al piso. Adentro los maestros trabajan sobre un techo que ahora luce nudos de cables a la vista.

Tres camas clínicas ubicadas en medio del pasillo de la recepción albergan a pacientes que aún no encuentran un sitio. Los tres son ancianos y uno de ellos recibe asistencia médica porque se ahoga.

Al principio la situación era peor: estaba lleno de camillas con pacientes, pues el CDT tiene la mitad de capacidad que el hospital. Durante la primera réplica cundió el miedo y todos los enfermos huyeron como pudieron. Luego, quienes estaban en la recepción fueron trasladados hasta una cancha de fútbol ubicada frente al recinto asistencial. Si las calles de Talca asemejan a las de una ciudad sitiada, ahí se refuerza la impresión de que se está en la mitad de un conflicto armado pues se instaló el Ejército, que ya armó un primer centro de atención: una gran carpa que hace las veces de sala para pacientes internados.

A un costado de la carpa están los containers que 12 camiones del Ejército trajeron para convertir en un hospital de campaña más sofisticado. Aunque el armado tarda tres días, y sólo enteran dos, cuando el mayor Marco Schulz, director del hospital de campaña, contesta su celular, corre a decirle a sus subalternos que deberán apurarse. Acaba de recibir un llamado de su superior para informarle que la Presidenta Bachelet anuncia visita para las 6 de la tarde de ese día. Aunque no esté operativo a esa hora, al menos debe parecer un hospital.

Sin salir de la emergencia, Talca intenta recuperar la normalidad. La prometida ayuda del gobierno central comienza a llegar por vía terrestre y aérea. Las fuerzas militares están desplegadas desde la noche anterior. Y en 10 Oriente una retroexcavadora remueve los escombros de calles y veredas. En algunas horas llegará a la esquina de 1 Norte, donde estaban El Egipto y El Paraíso.

Desaparece archivo histórico

Aunque proporcionalmente los daños en infraestructura son peores, en Cauquenes, a 149 kilometros al sureste de Talca, sus habitantes guardan mayores grados de sensatez. Muchos minimercados y tiendas de abarrotes permanecen abiertos, atendiendo a clientes que hacen fila sin desesperarse, y en los alrededores del mercado se han levantado puestos con verduras, frutas y mercaderías. La ayuda del gobierno central acá tampoco ha llegado a la población. Pero están en eso. Una camioneta recorre la ciudad y en su interior viaja José Antonio Viera Gallo, ministro secretario general de la Presidencia.

Tiene mucho de qué afectarse Viera Gallo en su recorrido por Cauquenes. Alrededor de la Plaza de Armas, tanto el Teatro Municipal como el edificio de la gobernación y el de la municipalidad están seriamente dañados. Muchas de las casas del centro histórico deberán ser demolidas, si es que ya no lo están, y al menos tres liceos presentan daños severos. Pero hay una imagen enteramente desoladora. Además de haber sido duramente castigada por el sismo, parte de la cuadra de calle Victoria, una de las principales de la ciudad, resultó quemada por un incendio de proporciones ocurrido la madrugada del martes.

Las llamas comenzaron en la ferretería El Globo y se extendieron hasta casas y negocios vecinos. Entre las pérdidas se cuenta la casa del periodista y profesor normalista Alejandro Medel Vega, quien tenía ahí la redacción del periódico La Voz de la Provincia y el principal archivo histórico privado de la zona. El archivo constenía documentos, fotografías y periódicos que fueron consumidos por las llamas.

Desde lo que quedó de su casa, con el humo aún rondando en el ambiente, Medel Vega dice que en su familia no murió nadie pero igualmente la gente pasa a darle el pésame.

Calcula que cerca del 80% del centro histórico se encuentra afectado por el terremoto, y si bien la ciudad fue fundada en 1742, las obras más antiguas datan de una fecha posterior al 24 de enero de 1939: ese día la ciudad se vino abajo por un fuerte sismo y hubo que levantarla otra vez. Pero a continuación, como si se encontrara frente a sus alumnos de educación básica, agrega que el sismo más intenso no fue el de 1939 ni el de 2010. “Ocurrió el 20 de febrero de 1835. Ese fue el gran sismo, se vino abajo todo-todo”, dice.

Dice además que por lo anterior en Cauquenes están acostumbrados a los desastres naturales y que su cultura dista aún mucho de las grandes ciudades para que se produzcan saqueos y desórdenes. “Aquí somos muy solidarios y todavía conservamos costumbres cauqueninas: las familias se sientan a una hora determinada a comer, el padre ocupa la cabecera y todavía los hijos lo escuchan a uno”.

En Cauquenes serán tradicionales pero no sumisos ni ciegos, agrega Medel Vega. A tres días del desastre lo más cercano a la ayuda es un ministro en terreno y un animador de television, Rafael Araneda, que llegó en helicóptero para retratar la tragedia en cosa de minutos.

“Aquí no necesitamos que nos vengan a hacer show -se queja-, necesitamos ayuda”.

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Cómo viven los perdonados por el tsunami: entre la ayuda y el absurdo

Los 22 municipios de la Región Metropolitana que renovaron un contrato con la empresa KDM para el manejo de su basura deberán desembolsar más de US$ 240 millones durante los próximos 16 años, alargando hasta 2027 el efecto de una licitación que se realizó en 1995. El acuerdo fue impugnado por la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por considerar que establece barreras de entradas a un mercado donde KDM tiene 58% de participación. La Contraloría también expresó sus reparos porque el contrato se renovó automáticamente y con dos años de anticipación. El tema ha generado polémica en varios municipios y tiene reminiscencias de la “guerra de la basura” que vivió Santiago la década pasada.

El Consejo de Alcaldes Cerros de Renca no tiene personalidad jurídica, ni estructura legalmente reconocida. Y sin embargo, existe. Lo integran 16 municipalidades de la zona norte metropolitana. Están unidas por la basura, que solían botar en el vertedero Cerros de Renca y que desde 1996 envían al relleno sanitario Lomas Los Colorados que la empresa KDM tiene en Til Til. Todas, menos Huechuraba, son cuestionadas porque aceptaron la renovación automática del contrato para seguir enviando ahí sus desechos hasta el 2027, período en el que desembolsarían más de US$ 240 millones. A ese monto hay que sumar los pagos de otros siete municipios del sector sur que adhirieron al mismo convenio, los que también están bajo la lupa.

En octubre pasado la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) solicitando anular el contrato. El principal argumento es que su cláusula de renovación automática indefinida –por 16 años cada vez– constituye una barrera de entrada a un mercado considerado relevante. El mismo que fue fuente de un duro conflicto la década pasada, que tuvo a Santiago en alerta sanitaria, a las empresas del rubro bajo fuertes críticas y al ex intendente Marcelo Trivelli al borde de enfrentar una acusación constitucional (Ver recuadro). “En el negocio de la basura lo más limpio es la basura”, decía Trivelli, una frase que desde entonces se repite para graficar la mala fama que ronda al sector.

En los municipios saben que la decisión sobre la disposición de los desechos siempre se transforma en un gran problema y por eso muchos alcaldes quisieran evitar tener en sus manos una decisión que los involucre. Esta vez 22 de ellos estuvieron a punto de lograrlo gracias a la renovación automática del contrato con KDM, pero la grabación de una conversación privada subida a YouTube, las sospechas de lobby, el requerimiento de la FNE y los reparos de la Contraloría hicieron que el asunto no pasara inadvertido.

Cuestionamientos legales

Los organismos que velan por la libre competencia pusieron sus ojos en la basura en 1996, cuando un dictamen de la desaparecida Comisión Preventiva Central advirtió de la concentración que se da en este mercado. Alertó específicamente de los negocios ligados al Grupo URBASER-KIASA (KDM, Starco y Demarco) y recomendó que todas las licitaciones le fueran consultadas antes de su ejecución y que la FNE vigilara el mercado. Desde entonces los actores de la basura han estado bajo la lupa.

Es por eso que, de oficio, la FNE recurrió ahora al tribunal. Consideró que el contrato con KDM –que concentra un 58% del mercado– inhibe el ingreso de otros competidores, debido a que es de largo plazo y tiene renovación automática ilimitada por 16 años cada vez. Además, la fiscalía estima que en el primer periodo ya se amortizó la inversión y atribuye a KDM la intención de controlar el mercado, entorpeciendo la libre competencia y creando barreras artificiales.

El tema afecta no sólo a los 16 viudos del vertedero Cerros de Renca, que en 1978 conformaron el consejo del mismo nombre (Pudahuel, Renca, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Cerro Navia, Lampa, Colina, Quilicura, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta, Independencia, Santiago, Huechuraba y Conchalí) sino también a otros nueve que se sumaron más tarde al acuerdo (La Reina, Curacaví, Ñuñoa, Providencia, La Cisterna, San Miguel, Llay Llay, San Joaquín y Maipú).

El TDLC aún está notificando a los 22 municipios que renovarán el contrato (Huechuraba, San Joaquín y Maipú no lo harán), pero en el intertanto la Contraloría asestó dos duros golpes que hasta ahora no han sido publicitados. El 4 de noviembre, a propósito de una auditoría a las concesiones en Lo Barnechea, ordenó anular la renovación del contrato entre esa comuna y KDM.

La Contraloría hizo ver que el municipio no logró acreditar la existencia del Consejo de Alcaldes Cerros de Renca, al que dijo pertenecer. Además consideró que las cláusulas de renovación automática “pugnan con el principio de transparencia”, establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado. Por último, estimó que la coexistencia de convenios firmados con anterioridad a la legislación actual soslaya el hecho de que las “prórrogas indefinidas se ven legalmente restringidas” y “vulneraría el principio de igualdad ante la ley” consagrado en la Constitución. Por todo lo anterior, dictaminó que Lo Barnechea debía dejar sin efecto el decreto del 27 de julio de 2009 que renovó el contrato.

Aunque la auditoría se hizo en forma independiente al requerimiento de la FNE y ambos procesos no tienen relación, desde la municipalidad se dijo a CIPER que no podía cumplir con la instrucción de la Contraloría debido a que está pendiente el fallo del TDLC.

La licitación original fue adjudicada el 10 de mayo de 1995 a las empresas Kiasa y Demarco (KDM). Un mes más tarde, el 10 de junio, se suscribió el convenio en cuyo punto sexto se lee: “el contrato será renovado automáticamente por periodos iguales y sucesivos de 16 años cada uno si ni una de las partes da aviso por instrumento público, al menos con dos años de anticipo a la fecha original del término del contrato”.

El 13 de enero recién pasado la Contraloría emitió un nuevo documento sobre el referido contrato, esta vez por requerimiento del senador Alejandro Navarro, la empresa Proactiva, los municipios de Santiago y Renca y la abogada Marcela Müller. Ahí profundizó los argumentos ya esgrimidos y agregó que las renovaciones automáticas pueden ser legales siempre que existan razones fundadas explicitadas en las bases. Sin embargo, señaló que aún en esos casos la renovación debe realizarse sólo seis meses antes de la expiración del contrato –no con dos años de anticipación– y aunque sea automática, debe aprobarla el concejo municipal.

El dictamen se conoció cuando 22 municipios ya habían renovado con KDM, pero el secretario ejecutivo del consejo de alcaldes y ex director metropolitano de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Alejandro Smythe (Ver recuadro) sorprende al asegurar que siempre estuvo contemplado que el tema volviera a pasar por los concejos en 2011, pero que no podían dejar de pronunciarse en 2009 porque se habría generado una renovación tácita. “Saben que tienen que hacerlo (volver a votar la renovación), eso nunca se ocultó y es una consideración que todos tienen clara”, dice Smythe, quien reconoce que desde el punto de vista de KDM el contrato ya se da por renovado. En la empresa no accedieron a hablar por existir un litigio pendiente en el TDLC.

¿Qué pasa si en esa segunda votación un municipio cambia de idea y decide no renovar? No es difícil prever una demanda indemnizatoria de la empresa, lo que restringe la libertad de los concejos y transforma la votación en una formalidad.

CIPER entrevistó a media docena de directores jurídicos que según Smythe siempre estuvieron al tanto de que el tema debía revisarse en 2011, pero nadie mencionó esa supuesta segunda votación. El director jurídico de Quinta Normal, Mario González, confirma que nunca se habló de esa posibilidad pues se consideró que el plazo de los seis meses lo establecía una ley posterior al contrato. El tema tampoco está mencionado en el informe técnico que se envió a los alcaldes en marzo de 2009 ni fue tocado en los concejos de comunas como Las Condes y Lo Barnechea, según consta en sus actas.

Fácil despacho en Cerro Navia, polémica en Maipú

El tema empezó a conversarse en el seno del Consejo de Alcaldes Cerros de Renca el 25 de noviembre de 2008, en un encuentro al que asistió una treintena de directores Jurídicos y de Aseo y Ornato de sus municipios. Aunque no quedó en el acta, de acuerdo a uno de los presentes, al comenzar la reunión la entonces secretaria ejecutiva del consejo, Gloria Guerra, supuso que todos optarían por renovar. No fue así. “Una directora dijo que el tema era bastante serio y propuso una comisión técnica que evaluara el tema e hiciera un informe para los alcaldes”, cuenta uno de los asistentes.

En la reunión se sugirió llamar a licitación para tener opciones más baratas y buscar un tratamiento más ecológico de la basura. Finalmente, se aceptó constituir un comité técnico que emitiría un informe sobre la conveniencia de renovar con KDM.

Renovar significaba amarrar los próximos cuatro periodos alcaldicios a KDM y alargar el contrato por un total de 32 años, pero resolver un tema complejo sin mayor complicación. No hacerlo implicaba abrir un proceso de licitación en que los oferentes compitieran por precio y servicios, aunque sin tener la certeza de que el nuevo contrato sería más conveniente. Pese a que si ya se recuperó la inversión podría esperarse que el precio bajara, varios recibieron la señal de que en una nueva licitación sucedería lo contrario.

Después de tres meses de trabajo y al menos cuatro borradores, el comité técnico del Consejo de Alcaldes Cerros de Renca presentó su informe en marzo de 2009, el que posteriormente se envió a los alcaldes. En él se analizaban las alternativas del mercado y se sugería que la mejor opción era renovar el contrato. Uno de los principales temores fue que una nueva licitación generara un aumento de tarifas.

El informe era sólo una recomendación y la decisión la tomó cada municipio. Cerro Navia fue uno de los primeros en acoger la sugerencia de renovar, el 1 de abril de 2009, con el único voto en contra del concejal Mauro Tamayo (PC). “La discusión y aprobación fue súper rápida. Dejar amarrado a los cuatro periodos de alcaldía futuros es imprudente”, es su argumento.

El administrador municipal, Marcelo Torres Ferrari (RN), fue quien expuso ante el concejo las recomendaciones del informe y defiende la decisión de renovar: “Cerro Navia está a ocho kilómetros de la estación de transferencia, por lo tanto pensar en otro relleno sanitario para la comuna es imposible, salvo que la autoridad hubiese dicho algo antes para pensar en dónde podemos disponer nosotros”.

Torres tiene un doble papel, pues además de su cargo administrativo en Cerro Navia es concejal por Maipú. Ahí trabajó anteriormente como director jurídico durante la gestión alcaldicia de su correligionario y actual diputado Roberto Sepúlveda, quien protagonizó diversas polémicas por la basura. En 2002 decidió, sin consultar al concejo, que tras el cierre del vertedero de Lepanto la basura de la comuna sería enviada al relleno de KDM en Til Til, pues el que había en su comuna, Santiago Poniente (de Coinca, hoy Proactiva) no cumplía con estándares ambientales. Un año más tarde encabezó una bullada licitación por la recolección de la basura, al adjudicar el contrato a Demarco (KDM), pese a que su oferta era $1.400 millones más cara que la que la precedía. Y en 2004 Sepúlveda terminó preso en Capuchinos por clausurar Santiago Poniente aunque un fallo judicial ordenaba abrirlo, pese a sus faltas ambientales.

El año pasado Maipú vivió el más bullado de los procesos ligados a la renovación del contrato con KDM. A sólo cuatro días de la fecha límite, el 27 de julio, el alcalde Alberto Undurraga (DC) informaba al concejo que legalmente no se podía renovar el contrato con dos años de anticipación, sino sólo hasta seis meses antes (ver acta). Como KDM no accedió a postergar la fecha, se había iniciado el proceso para notificar a la empresa de la no renovación. Ponía así en tabla un tema que durante el fin de semana anterior había estado en boca de muchos maipucinos que escucharon en You Tube una grabación con una conversación entre el concejal Torres y el gerente general de KDM, Fernando León.

“Personas escudadas en el vil anonimato de la web, no han trepidado en hacer burdos montajes, en la que se exhibe una supuesta conversación entre el suscrito, el gerente general de la empresa KDM y otras personas, acusándome de colusión”, dijo entonces Torres. Como miembro del Comité de Seguimiento del Relleno Santiago Poniente –cuyas faltas siempre ha condenado– Torres cree que todo era parte de un montaje para que se hiciera una licitación que favoreciera a ese recinto. Anunció una querella que nunca presentó. Quien sí hizo una denuncia fue el alcalde Undurraga, pero el caso no avanzó en la fiscalía debido a que la mala calidad de la grabación impedía identificar las voces.

Hoy Torres admite que era su voz la que se escuchaba conversando con Fernando León, pero reclama que en la edición se eligió lo más “tóxico”. CIPER tuvo acceso a la grabación completa, de 56 minutos, realizada el 8 de julio de 2009, donde se escucha a otras dos personas conversando con Torres y León, a quienes llaman Eduardo y Juan Pablo.

El tema del diálogo es la presentación que debía hacer Torres ante la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) al día siguiente, donde pediría la revocación y el cierre de Santiago Poniente. Se habla de que la parte técnica ya fue presentada y ahora vienen las conclusiones, que está todo hecho y creen que no va haber ningún problema. “Vamos a decir que en vista de los incumplimientos, la comunidad pida el cierre del relleno (…) Estamos contra el tiempo, pero con el lobby que nosotros hicimos, deberíamos estar listos para que se revoque”, señala una de las voces.

El propio gerente general de KDM pareciera operar para sacar a Santiago Poniente del mercado capitalino, que actualmente sólo tiene un tercer relleno activo (Santa Marta). “En el fondo esa conversación fue súper legítima, fue a propósito de una entrega de una auditoría ambiental del relleno sanitario Santiago Poniente para pedir la revocación de su resolución de calificación ambiental y en su momento ellos aprovechan de decir ‘oye y qué pasa en Maipú’ y yo lógicamente conté lo que pasaba en Maipú, que yo sentía que las cosas estaban amarradas”, explica Torres.

El concejal ha insinuado que la amistad entre el alcalde Undurraga y el fiscal Nacional Económico, Enrique Vergara, podría haber motivado el requerimiento de la FNE, algo que también fue planteado por el alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI) a radio Bío Bío en noviembre pasado. Quienes apoyan esta tesis creen que Undurraga le pidió a Vergara que cuestionara el contrato de KDM, lo que es desmentido por el edil.

El alcalde de Maipú asume que su caso es distinto al de otras comunas. Su municipio nunca licitó y al igual que otros del sector sur, sólo adhirió al contrato. “Me parecía impresentable que si no hicimos licitación entonces, ahora renováramos otros 16 años sin licitar”, explica Undurraga.

Renovar o no renovar, el dilema

Otros dos municipios siguieron los mismos pasos de Maipú. En Huechuraba la renovación fue rechazada por la alcaldesa Carolina Plaza (ex UDI) y todos los concejales (ver acta) , pese a que su director jurídico, José Rossi, dijo en varias sesiones que “no hay inconvenientes en proceder a la renovación”. En un concejo famoso por la división política de sus integrantes, sorprende la unidad con que enfrentaron la materia.

En San Joaquín la decisión se tomó el 16 de julio. “Decidimos no renovar y llamar a licitación, para ver todas las ofertas que ofrece el mercado”, señala el director jurídico del municipio, Patricio Varela.

Otro caso particular es el de Renca. Ahí aseguran que preferían no renovar, pero cedieron ante el riesgo de que las tarifas subieran. Ningún alcalde quería asumir el costo político de llamar a una licitación que podía ser más costosa que el contrato vigente. “Siempre nos opusimos, pero si no renovábamos teníamos que sacar la basura nosotros mismos. Por eso cotizamos con otros vertederos, pero incluso si nos daban facilidades salía más caro”, cuenta uno de los encargados del proceso en Renca.

Este municipio consultó a la Contraloría. Sin embargo, la respuesta tardó meses y llegó recién en enero pasado. Demasiado tarde. “Hicimos todos los pasos previos para que quedara documentado que nuestra postura era no renovar y que finalmente la decisión fue por un tema de precio”, continúa la misma fuente.

Renca es uno de las pocas comunas que se presentará con defensa particular ante el TDLC, aunque aún no oficializa a quién contratará. El mismo camino siguió Las Condes, que entregó patrocinio a abogados del municipio, y Ñuñoa, que habría fichado a Carlos Zepeda, socio del estudio del senador Alberto Espina (RN).

El resto del Consejo de Alcaldes decidió enfrentar en conjunto el TDLC y escogió un bufete de peso: Ablagli Zaliasnik. La elección se realizó luego de un concurso en el que participaron tres estudios destacados en el prestigioso ranking internacional de Chambers. Sabían que se venía una pelea dura y necesitaban artillería pesada.

Baterías jurídicas

La Fiscalía demandó a 22 municipios ante el TDLC, sin considerar que hay algunos que interpretan que todavía tienen plazo para manifestarse sobre la renovación, ya que adhirieron al contrato más tarde y establecieron que la fecha de término sería posterior. “Todos los contratos tienen la cláusula de renovación automática, por lo que eventualmente la obstrucción a la libre competencia se mantendría en caso de que esos municipios decidan renovar”, explica una fuente cercana a la fiscalía.

En el consejo de alcaldes dicen tener confianza. “Hay variables ambientales asociadas a la basura que son muy distintas a cuántas tiendas de Coca Cola puedes tener, entonces la fiscalía se ha centrado en conceptos puramente economicistas de mercado, y es ahí donde los alcaldes divisan una oportunidad de ganar el juicio”, explica el secretario ejecutivo del consejo, Alejandro Smythe. Además del relleno en Til Til (de KDM), sólo están operativos Santa Marta en Talagante (de Coinca) y Santiago Poniente en Maipú (de Proactiva). Los dos últimos tienen restricciones de capacidad, han registrado problemas en su funcionamiento y están lejos de las comunas del sector norte (lo que encarece el transporte).

Entre los argumentos jurídicos que preparan los municipios se cuenta que el TDLC en sus instrucciones de carácter general N°1/2006 se refirió a la existencia del contrato renovable de KDM sin cuestionarlo. “El tribunal, a petición de la fiscalía impartió una serie de recomendaciones para el sector, manifestándose respecto del contrato. En ese momento no puso reparos a la cláusula de renovación”, dice una fuente ligada a la defensa. En esta lógica también se evalúa alegar prescripción, pues el contrato se firmó hace más de 15 años.

Desde esa época el panorama ha cambiado. Antes de la inauguración de Lomas Los Colorados, no existían en Chile rellenos sanitarios, sólo vertederos. El proyecto de KDM fue un avance. Además, contemplaba reutilizar una línea férrea abandonada para trasladar los residuos. Pero cinco años más tarde la situación cambió a raíz de la crisis sanitaria que generó el cierre del vertedero Lepanto. La empresa Emeres –administrada por municipalidades del sector sur– convocó a licitación internacional. Dos empresas se adjudicaron la licitación. “Hasta antes del 2000 KDM era el rey de la basura, pero después se meten Santa Marta, que tiene la zona sur, y Proactiva, que tiene el sector poniente. Evidentemente KDM vio en esta situación que podía peligrar su liderazgo”, dice un alto ejecutivo del rubro.

El 50% de la propiedad de la KDM está en manos de la compañía chileno-norteamericana Kenbourne Ingeniería Ambiental (Kiasa) y la otra mitad la tiene Urbaser, filial del grupo español ACS, que preside el empresario Florentino Pérez, también dueño del Real Madrid.

En su momento, al ser publicado en la edición dominical de El Universal de Caracas, el reportaje pasó casi inadvertido. No hubo escándalo, pronunciamientos ni explicaciones por parte de la autoridades aludidas. Cuanto más, el trabajo del periodista Joseph Poliszuk sobre actos de corrupción en la administración del ex alcalde del municipio de Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, fue replicado por un canal de televisión venezolano sin mencionar la fuente. La denuncia quedó en el limbo y casi un año después, cuando ya parecía olvidada, obtuvo un valioso reconocimiento que lo sitúa en un lugar de privilegio.

Negocios Cruzados, el reportaje que Joseph Poliszuk publicó en dos entregas en marzo de 2009 resultó ganador en la categoría Impresos del I Concurso Nacional de Investigación Periodística, organizado por el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela). El jurado del certamen -integrado por Laura Weffer (Venezuela), Tamoa Calzadilla (Venezuela), Ignacio Rodríguez Reyna (México) y Cristóbal Peña (periodista de CIPER Chile)- otorgó el premio de Bs 16 mil (US$ 3.700 según cambio oficial) al trabajo de Poliszuk por “documentar y probar de manera consistente y rigurosa la trama de corrupción creada en torno a las contratistas de la Alcaldía del Municipio de Sucre y los beneficios obtenidos por la primera dama de esta entidad, Gabriela Chacón, y su esposo, el ex alcalde José Vicente Rangel Ávalos”.

Rangel Ávalos es hijo de un conocido político venezolano y su gestión fue duramente criticada por deficiencias e irregularidades. En la última elección el municipio caraqueño pasó a manos de la oposición, pero el ex alcalde, y especialmente su mujer, conservaron poder: Gabriela Chacón, una controvertida empresaria de la moda textil, consiguió hacerse de la administración de un albergue para niños en situación de riesgo social construido en la gestión de su esposo. Este caso fue abordado en la segunda entrega del reportaje premiado.

Además, en la misma categoría, fueron reconocidos con dos menciones honrosas las periodistas Andrea Daza y Adriana Rivera por sus investigaciones El País en el Imperio y La Construcción de una Estafa, respectivamente.

En la categoría radio, el jurado premió a Andreína García y Pablo López Hurtado, quienes recibieron Bs 12 mil por el reportaje La Iglesia Universal del Reino de Dios: una Corporación de Milagros. El trabajo realizado para la Universidad Central de Venezuela da cuenta de las sospechas de fraude que recaen sobre esta institución religiosa.

El concurso, que declaró desierta la categoría Internet al no recibir postulantes, se propone fomentar la práctica del periodismo de investigación en Venezuela.

*Lee el reportaje premiado

Con un detallado reportaje sobre irregularidades en la compra de camiones para el transporte de tropas (que involucrarían un sobreprecio cercano a los US$ 2 millones) fue inaugurado en Lima el centro de periodismo de investigación IDL-Reporteros. La iniciativa se concretó esta semana con el lanzamiento de su sitio web.

El siguiente texto es la columna de opinión escrita por el periodista Gustavo Gorriti al presentar el primer reportaje de investigación de IDL-Reporteros:

Ésta es la primera edición de IDL-Reporteros. Lo compone una breve sala de redacción cuya razón de ser es el periodismo investigador. Su misión, en consecuencia, es reportar, investigar, descubrir y publicar los casos y los temas que afectan los derechos, los bienes o el destino de las personas.

Es apenas necesario explicar la importancia del periodismo de investigación para una democracia, especialmente en una con alto índice de corrupción. Ésta –la corrupción– se asocia siempre con la mentira, el silencio, el encubrimiento del robo o del abuso.

Por eso, el periodismo debe ser la herramienta puesta a disposición de los ciudadanos, del pueblo, para fiscalizar a quienes los gobiernan y a los grupos de poder.

En la historia de toda democracia lograda destaca el papel del periodismo independiente en revelar con claridad y fuerza casos de corrupción o injusticia. Una y otra vez, el resultado de esos descubrimientos ha llevado a reformas que mejoraron los índices de honestidad pública y fortalecieron los derechos de los ciudadanos.

La prensa tradicional, sin embargo, se encuentra en una crisis profunda que, salvo excepciones, ha socavado profundamente su capacidad de cumplir hasta con su misión más básica: la de informar. Por diversas y a veces complejas razones, la triste paradoja es que en medio del desarrollo explosivo de la sociedad de la información, las salas de redacción se encogen y dentro de ellas, el periodismo de investigación es el primero en desaparecer.

¿Cómo evitar que el periodismo de investigación se extinga? En las naciones libres del mundo entero hay diversas iniciativas para lograr que aquél sobreviva fuera de los medios tradicionales. Dentro de universidades u ONGs, o como organizaciones independientes. Algunos experimentos han fracasado pero otros resultaron exitosos.

IDL-Reporteros es parte de ese esfuerzo global por rescatar y fortalecer el periodismo de investigación. Somos una pequeña sala de redacción, pertenecemos organizativamente al Instituto de Defensa Legal (IDL), la veterana y prestigiosa institución defensora de los derechos humanos, pero tenemos, como debe ser, total autonomía editorial.

IDL-Reporteros cuenta con el apoyo del Open Society Institute (OSI), cuyo programa de medios es un actor importante en el esfuerzo global por defender el periodismo libre, y, particularmente, el de investigación.

Y así, con la investigación que encabeza la primera edición de este medio, IDL-Reporteros inicia públicamente su trabajo. Si bien no podemos predecir qué tipo de investigaciones, qué suerte de revelaciones lograremos, sí podemos asegurar que empeñaremos nuestro esfuerzo y capacidad enteros en cumplir nuestra misión.

Vea el reportaje inaugural de IDL-Reporteros: “Estafa camionera”

La Unidad de Investigaciones del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) dio a conocer recientemente su segundo trabajo: “El día después de las minas – Peligro sin control”. Al igual que en diciembre pasado, cuando lanzaron su primera investigación sobre los subsidios del Estado argentino, utilizaron las leyes de acceso a la información pública y reporteo en terreno para investigar, y herramientas multimedia para narrar la historia.

Esta vez mostraron la herencia que deja la minería una vez que las explotaciones son abandonadas, haciendo desaparecer pueblos enteros y dejando una estela de contaminación y enfermedades. Todo, gracias a la falta de control sobre el desmantelamiento de las minas: “En una investigación inédita, FOPEA comprobó que hay 75 minas abandonadas en el país, aunque el Gobierno nacional lo ignora. No hay registros, ni mapas, ni datos oficiales. Pero en estos sitios vive y vivió gente”.

El material completo (videos, textos, entrevistas, fotografías e infografías) puede consultarse en la pagina web de FOPEA y en el sitio del reportaje.

El 27% de las licencias médicas son rechazadas por las isapres. Una de cada cuatro. La cifra dobla las estadísticas del sistema público y da cuenta de uno de los mayores cuestionamientos a las aseguradoras privadas, por cuanto son juez y parte interesada a la hora de autorizar o rechazar los días de reposo. La Superintendencia de Salud ha establecido sanciones por irregularidades que apuntan a rechazos masivos que no son visados por médicos, tal como lo establece la ley. Testimonios recogidos por CIPER apuntan a los mismos vicios, que reportan un ahorro millonario para las isapres. Pese a ello, el gobierno acaba de enviar un proyecto de ley que endurece las penas contra médicos y pacientes que hagan mal uso de las licencias, manteniendo intacto el poder de las isapres para decidir cuánto reposo deben guardar sus enfermos para mejorarse.

Es la mañana del jueves 19 de noviembre y Brenda del Carmen Polanco Morales ha llegado hasta una antigua casona de Providencia para reclamar contra su isapre. En esta casona, que pertenece a la Comisión Médica, Preventiva e Invalidez (Compin) del Ministerio de Salud, hay una ventanilla especial para atender controversias como las que afectan a Brenda del Carmen por el rechazo o reducción de días de licencias médicas. Cuando llegue su turno, deberá entregar un formulario en el que explica su situación: argumentando “reposo injustificado”, su isapre redujo de once a cinco los días de licencia médica prescritos por su médico. En la práctica, como no se pagan los primeros tres días cuando el reposo es menor a los diez, sólo le pagarán dos.

Como muchos de los que hacen fila esta mañana, Brenda del Carmen está indignada. No es primera vez que le rechazan una licencia médica. En 2008, tras ser operada de un cáncer de tiroides, le redujeron drásticamente los días de convalecencia. Después tuvo una depresión y lo mismo: rechazo por reposo injustificado. “Cotizo hace varios años en la misma isapre y recién en 2007, al cumplir 40 años, pedí mi primera licencia”, se queja. “Desde entonces me las han objetado todas”.

Su último diagnóstico médico describe un cuadro de cefalea, insomnio y nauseas producto de haber interrumpido un tratamiento de antidepresivos. Pero ahora tiene una molestia adicional. Recibió la carta de notificación después cumplir con los once días de reposo ordenados por su médico y como arriesga una severa reducción de su sueldo, ha debido ausentarse del trabajo para cumplir con los trámites de reclamación.

Ya entera dos mañanas invertidas en eso. Una reuniendo antecedentes con su médico. Otra presentándolos ante la Compin. Pronto alcanzará la ventanilla y en dos semanas deberá volver a hacer fila en esta casona de Providencia, donde abundan los inválidos, enfermos y desgraciados, para saber el resultado del reclamo. Después deberá esperar otra semana para que le paguen lo que decidan pagarle. Mientras tanto deberá arreglárselas con dos tercios de su sueldo.

LA AGENDA DE LAS ISAPRES

El suyo no es ni por lejos un caso aislado. Brenda del Carmen Polanco Morales forma parte de ese 27% a quienes su isapre le rechaza o reduce su licencia médica. Uno entre más de 250 mil casos al año. La cifra dobla las estadísticas del sistema público y da cuenta de uno de los mayores cuestionamientos a las aseguradoras privadas de salud, por cuanto son responsables de pagar las licencias médicas curativas pero a la vez tienen la facultad legal de objetarlas sin mayor trámite.

Aunque los afiliados pueden apelar a las propias isapres y a la Compin, que en casi el 90% de los casos le da la razón parcial o completa al reclamante, y considerando que ese 10% restante aun puede recurrir a la Superintendencia de Seguridad Social y a los tribunales de justicia como última instancia, el proceso de reclamación resulta tan engorroso y agotador que muchos prefieren ahorrárselo y volver a trabajar, contraviniendo la indicación médica.

Cuando se trata de licencias por tres días, que no las paga nadie, ni siquiera vale la pena presentarlas. Esas últimas no están registradas en ningún sistema estadístico. Nunca existieron.

De acuerdo con la Superintendencia de Salud, el 16,3% de las licencias rechazadas o reducidas en 2008 por las isapres no fueron reclamadas. El porcentaje equivale a 41.062 casos y supuso un ahorro significativo para quien debería pagarla en caso de hacerse efectiva. Es por ello que diversos actores políticos y sociales, con apoyo del Colegio Médico, no sólo han demandado una mayor fiscalización a las contralorías médicas de las isapres, que se ocupan de evaluar las licencias de sus afiliados. Derechamente proponen la creación de un organismo independiente y público que cumpla esta función.

Sin embargo, lejos de ello, las isapres han logrado centrar el debate público en torno al creciente gasto en el pago de licencias médicas curativas, que según sus estudios aumentaron entre 2005 y 2008 en un 31.8% en el sistema privado y un 81% en el público.

Los estudios encargados a la consultora Altura Management fueron dados a conocer a mediados de septiembre, días después de que la Superintendencia de Seguridad Social, SUSESO, pusiera al descubierto la existencia de 16 médicos que en tres años extendieron 123 mil licencias falsas. El promedio es de 100 al año por médico.

Un mes más tarde, la SUSESO volvió a arremeter contra otros 67 médicos. En el mismo periodo, junto a los primeros 16, habrían defraudado al sistema por $42 mil millones. Un 21.28% de ese monto afectaría a las aseguradoras privadas.

Las denuncias tuvieron un efecto concreto. A fines de diciembre ingresó al Congreso un proyecto de ley tendiente a endurecer las penas contra médicos y pacientes que cometan fraudes con licencias. Sin embargo, la propuesta legal presentada por el gobierno pasó por alto cualquier modificación respecto a las contralorías médicas de las isapres. Frente a esta omisión, algunos senadores ya adelantaron su rechazo al proyecto. Y no sólo eso. En señal de protesta, el DC Mariano Ruiz Esquide presentó su renuncia a la comisión de Salud de la Cámara Alta ante lo que consideró una traición del gobierno.

“El gobierno se había comprometido a abordar este y otros temas en el proyecto de ley, pero resulta que ahora sale con esto que no toca el fondo del problema de las licencias médicas”, dice el legislador.

BONO DE PRODUCTIVIDAD

La notificación de rechazo que recibió Brenda del Carmen Polanco Morales está visada por un médico de la contraloría de su isapre que únicamente se identifica por una firma ilegible. No hay por tanto cómo saber de buenas a primeras quién fue el profesional que tomó la decisión. Tampoco es posible corroborar que efectivamente ese médico haya intervenido en el proceso, ya que se trata de una firma electrónica.

Por ley sólo los médicos pueden visar las licencias. Esto es: autorizar, rechazar, ampliar o reducir el número de días de una licencia. Sin embargo, según confidencia a CIPER un ejecutivo de una las cuatro principales aseguradoras privadas, en su empresa esta labor también es realizada por enfermeras o paramédicos que trabajan con guías referenciales y un porcentaje preestablecido de rechazos.

“Hay un número importante de gente que no reclama los rechazos”, dice la misma fuente. “Ese número está calculado y se traduce en un incremento relevante para las utilidades de las isapres”.

De esta forma, si en 2008 las aseguradoras gastaron $145 mil millones en el pago de licencias médicas, ese 16.3% de afiliados que no alegó su rechazo pudo significarle al sistema un ahorro estimado en $28 mil millones. Una cifra mayúscula, considerando que en el mismo periodo las utilidades sumaron $34 mil millones.

El Presidente del Colegio Médico, Pablo Rodríguez, sostiene que la facultad de las isapres para visar licencias se ha convertido en un incentivo perverso para el sistema. “Nadie lo ha dicho pero todos lo saben: se rechaza una parte en forma genérica, por sorteo. Una de cada cuatro, por ejemplo. Es cierto que en el 90% de estos casos rechazados se le da la razón al trabajador, lo que da cuenta de la arbitrariedad, pero las isapres de todas formas ganan con quienes no reclamaron y volvieron a trabajar”.

Rodríguez recuerda el caso de un centro prestador que tiempo atrás propuso pagar un bono de productividad a los médicos que restringieran los días de reposo. Una vez que se hizo pública, la propuesta quedó enterrada. Al menos con esa modalidad. Porque el presidente del Colegio Médico ha escuchado que algunos de sus colegas que trabajan en isapres tienen incentivos por porcentajes de rechazo. Como también ha escuchado que quienes cumplen esa tarea a diario no necesariamente son médicos.

VISADO EXPRES

Una cirujana que hoy trabaja en el servicio público, y que hasta hace dos años integró la contraloría de una de las isapres líderes, dice que escuchó comentarios similares a los relatados por el presidente del Colegio Médico, pero jamás lo vio. Lo que sí constató es que profesionales como ella, que trabajan a honorarios en turnos de cuatro horas, tienen una carga laboral tan elevada que se ven obligados a visar licencias de manera exprés. “Precisamente me fui por eso, porque no me gusta trabajar al límite”, dice. “Tenía que revisar un promedio de 60 licencias por hora (una por minuto) y al final terminaba trabajando mucho más de lo que me pagaban. Obviamente, como en cualquier actividad, si tienes mucho trabajo y poco tiempo el resultado no es prolijo”.

De acuerdo con los testimonios recogidos por CIPER, los médicos contralores de las isapres no dan abasto para el alto número de licencias que se tramitan diariamente. Es por esto que finalmente la tarea también estaría siendo ejecutada por profesionales afines a la salud que en teoría debieran limitarse a tareas administrativas.

En el caso de Banmédica, que tiene el 22% del mercado y comparte los médicos contralores con Vida Tres, hay sólo ocho profesionales para un promedio de mil 200 licencias diarias. Según esta estimación, cada uno debe visar 150 al día. Pero además deben ocuparse de las apelaciones, del pago de programas médicos, de los antecedentes de salud de nuevos afiliados y de convenios entre prestadores. Uno de los médicos consultados en esa isapre se excusó de entregar antecedentes, argumentado que su contrato le impide hablar públicamente de su trabajo. En la empresa tampoco quisieron referirse al tema.

Pero la participación de profesionales afines a la salud en la evaluación de licencias médicas no es sólo un rumor. En octubre de 2005 la isapre ING Salud (hoy Cruz Blanca) fue multada por la Superintendencia de Salud al constatar “serias irregularidades” en el proceso de visación. Según se lee en el dictamen que determinó la sanción, “las causales de modificación y rechazo de las licencias no constituyen fundamentos atribuibles a cada caso en particular, sino que responden a un proceso en serie que lleva a cabo el personal administrativo, por instrucciones del médico contralor, lo que implica, además, que el médico encargado de la resolución estampa su firma como respuesta a ese proceso en serie”.

En los descargos, la isapre argumenta que la “duplicidad de firmas de médicos contralores en algunas licencias” se explica por el hecho de que uno de ellos se encontraba con licencia médica. Y frente a la intervención de empleados que no son médicos, precisa que la tarea de éstos consiste en “cooperar para que el médico se concentre en su labor, de manera que aquellos las clasifican y agrupan para facilitar la tarea”.

Finalmente, tras formarse la convicción de que “no existe un procedimiento serio y riguroso de análisis de las licencias que son modificadas por la institución”, la Superintendencia de Salud dictaminó una multa de 500 UF.

No es la única sanción por irregularidades en contralorías médicas. Al año siguiente la misma isapre volvió a ser multada con una suma superior, “por cuanto algunas licencias eran firmadas por el médico contralor en forma previa a su resolución; otras eran rechazadas o reducidas en el plazo de reposo por personal administrativo, sin expresar la causal”.

En febrero de 2007 Colmena fue multada al constatarse que “personal administrativo tenía en su poder 44 licencias médicas que, no obstante registrar la firma del profesional médico habilitado, no tenían estampado el pronunciamiento respectivo”. Y un año antes la desaparecida isapre Sfera recibió la máxima sanción por persistir en “rechazar licencias médicas de sus beneficiarios, invocando la causal de incumplimiento de reposo, sin estar totalmente acreditada”.

RECHAZO CRÓNICO

A juzgar por la experiencia de la médico cirujano que trabajó para una de las isapres, el trabajo de contralor médico es uno de los más ingratos en su oficio. No solamente porque los médicos evalúan el tratamiento dictado por sus pares, ganándose la enemistad de éstos, sino también porque se trabaja al límite y con una permanente desconfianza, especialmente cuando se trata de visar licencias por enfermedades psiquiátricas.

Desde 2005, coincidiendo con la puesta en marcha del Plan de Acceso Universal con Garantías Explícitas, AUGE, que incorporó las patologías psíquicas, las licencias por trastornos mentales y de comportamiento se han elevado considerablemente. Particularmente las que dicen relación con depresiones. Si ese año representaban el 15,2% del total de las licencias, en 2008 alcanzaron al 20,4%, por sobre las enfermedades respiratorias y del sistema osteomuscular. Ese último año no sólo fue la más recurrida sino también la que tuvo el mayor porcentaje de días de rechazo, con un 46.8%. El promedio de rechazo para el resto de las enfermedades fue de 17.4 %.

“Esas licencias son las típicas fraudulentas, gente que se quiere tomar vacaciones llega con una depresión grave o un síndrome vertiginoso. Por eso acá tienen un tratamiento especial”, confidencia el ejecutivo de una las cuatro principales aseguradoras privadas. “Primero llega una por siete o 15 días, y cuando viene la segunda se reducen los días de reposo y en algunos casos se envía al paciente a un peritaje”.

En esto casos, el peritaje es realizado por un médico remunerado por la isapre que suele entregar un diagnóstico favorable a su empleador. Entonces empieza un ir y venir de informes y nuevos reclamos hacia las ventanillas de la Compin.

El psiquiatra Cristián Wulff, quien ofició de médico contralor, no sólo cuestiona la imparcialidad de los peritos remunerados por una de las partes interesadas. También el hecho de que las isapres rechacen la mayoría de las licencias psiquiátricas más allá de los antecedentes que tienen a la vista. “Hay que considerar que los antidepresivos comienzan a hacer efecto recién a la segunda semana del inicio del tratamiento y en promedio un paciente con depresión tarda entre tres y cuatro meses en mejorarse. Entonces yo me pregunto cómo las isapres pretenden que un paciente mejore en 15 días”.

Julio Villar González, de 65 años, es un camionero de Antofagasta a quien le diagnosticaron un cuadro ansioso progresivo que se extendió por cinco meses con otras complicaciones más severas. En esos meses, Villar González no consiguió que ninguna de las siete licencias que le extendió su médico fueran autorizadas por su isapre, Consalud. Tuvo que apelarlas todas ante la Compin, que le dio la razón una y otra vez.

Sus últimas licencias fueron extendidas en noviembre y diciembre y, por cierto, fueron rechazadas. Pero antes de eso fue derivado a dos médicos dependientes de su isapre. Uno le aconsejó reposo; el otro lo animó a volver al trabajo, previniéndolo únicamente de que no tomara antidepresivos cuando condujera su camión.

Finalmente, como las veces anteriores, la Compin de Antofagasta autorizó las últimas dos licencias rechazadas por la isapre. Consalud decidió entonces interponer un recurso de Jerarquía ante la Superintendencia de Seguridad Social para que dejara sin efecto la resolución, la que le dio la razón a la isapre. El 10 de febrero Villar recibió una carta de la empresa señalándole que como las licencias habían sido cobradas y posteriormente rechazadas, debía devolver el dinero recibido: $679.112. Ante esto, Villar decidió no devolver nada y recurrir a la justicia.

EL AUGURIO DE ANINAT

La discusión pública por el tema de las licencias médicas está cruzada por factores económicos. El superintendente de Seguridad Social, Álvaro Elizalde, dice que el aumento en los costos por licencias incide en una disminución de los recursos disponibles para prestaciones médicas. Y desde las aseguradoras privadas se han encargado de prevenir que esta tendencia al alza incidirá en los precios de los planes de salud del año próximo.

La advertencia, como el tenor de las denuncias, despiertan las sospechas del presidente del Colegio Médico.

“Cada cierto tiempo se pone en la agenda pública que se ha incrementado el gasto de licencia médica. Se contrata gente, se contratan estudios, se hacen seguimientos con cámaras ocultas, y a partir de eso tú ya sabes lo que viene”, dice Pablo Rodríguez, aludiendo a lo ocurrido a principios de 2008.

En marzo de ese año, el presidente de la Asociación de Isapres, Eduardo Aninat, citó a una conferencia de prensa en la que alertó sobre el problema: “Estamos perdiendo una chorrera de plata”. La queja aludía al resultado de un informe encargado a cuatro prestigiosos centros de estudios que indicaba un incremento del 21.7% en la extensión de licencias médicas entre 2006 y 2007 en el sistema privado. Junto con dar a conocer las cifras, que atribuyó a los fraudes, el ex ministro de Eduardo Frei Ruiz-Tagle aprovechó de decir que frente a este escenario “es posible” un alza en los planes de salud.

Dos semanas después de la conferencia de prensa, ante las protestas generalizadas del mundo político, que reclamó por reformas profundas al sistema, siete de las ocho aseguradoras abiertas elevaban los precios en un 8% promedio.

El augurio de Aninat sirvió como antecedente para la presentación ante la Fiscalía Nacional Económica, FNE, presentada por tres diputados de Renovación Nacional ante las sospechas de colusión. Ya había un antecedente al respecto: en 2002, ante la reducción general de las coberturas, la FNE investigó por primera vez a las isapres. Pero a diferencia de esa oportunidad, en que se llegó a presentar sin éxito una acusación ante el Tribunal de la Libre Competencia y la Corte Suprema, esta vez la investigación fue archivada.

El escenario que se avecina tiene algunas semejanzas con el de 2008. Esgrimiendo un incremento desmedido en los gastos por licencias, producto de los fraudes y la gripe humana, las isapres han vuelto a prevenir sobre posibles nuevas alzas en los planes de salud.

Un reciente reportaje de El Mercurio reveló que la advertencia ya se concretó, al menos en los nuevos planes de salud, los que este año subirán en promedio un 30%. El alza perjudicará a aquellos que ingresan al sistema, quieran cambiarse de isapre o no acepten el aumento que podría sufrir su plan actual. Quienes se encuentren en esta última situación podrían recurrir a la justicia, que ya ha dado la razón a miles de usuarios, aunque esto también es usado por las isapres para reclamar por el aumento de los costos del sistema.

Aunque el Presidente electo ignoró la más importante demanda de la UDI –incluir a uno de sus hombres “históricos” en el comité político del flamante gabinete–, el gremialismo optó por apoyarlo en público y aceptar como propios ministros que tachaba de “ajenos” hasta hace pocos días: Larroulet y Von Baer. Todo, con tal de silenciar el extendido malestar en la tienda ante la “aplanadora” que con razón temían hace semanas, y que amenaza con desbancar a su timonel Juan Antonio Coloma a manos de un indignado Pablo Longueira, quien ahora intenta negociar con Piñera las subsecretarías. Ni siquiera la fórmula de sumar a parlamentarios y dirigentes a las futuras sesiones ministeriales fue aceptada por el ala más dura de la tienda, que en privado la calificó de “espúrea”. ¿Los 40 diputados? El nuevo mandatario tiene en mente un gobierno de más gestión y decretos que de reformas y luchas legislativas.

En una nueva demostración de estoicismo político –que para algunos de sus dirigentes ya mutó en resignación– la UDI olvidó en público los temores y aprensiones que guardaba hacia el gabinete anunciado esta semana y lo celebró, pero a contrapelo del amplio malestar que cruza al ala más dura de la tienda, pasando por no pocos parlamentarios y dirigentes que a duras penas han guardado silencio durante sus vacaciones. Esto, luego de que ese sector gremialista viera en el nuevo equipo la confirmación de un ya anunciado temor: que Piñera no sólo nombrara a pocos ministros de ese partido (4 de 22) sino que además dejara al tronco histórico de la tienda fuera del comité político que lo acompañará a partir de marzo.

Así lo confirmaron a CIPER legisladores y rostros del partido -en privado, como han sido habituales los reclamos internos en la UDI– tras reconocer que el Presidente electo no acogió las principales demandas que se le habían presentado por distintos canales: el oficial, a través de la directiva liderada por Juan Antonio Coloma, y uno más discreto, que corrió por cuenta del senador Jovino Novoa. “Al final, Piñera no cumplió, o más bien hizo lo que quiso. Lo veíamos venir”, resumió un hombre del ala dura de la tienda.

La petición central apuntaba a que el entonces candidato aceptara nombrar en su comité político –la tríada de ministros de La Moneda– al menos a un hombre de esas filas, conocidas como el sector “químicamente puro” del partido. A eso se agregaban por lo bajo unas cuatro carteras, de preferencia de “corte social”. Para eso, en la UDI confiaban con poner sobre la mesa los 40 diputados que había elegido en diciembre, presión que varios dirigentes, como el secretario general Víctor Pérez, pidieron aplicar tras constatar el adverso escenario en la recta final de la campaña.

Como es de sobra conocido, el gremialismo duro fue marginado de la foto de segunda vuelta –fase en la que Piñera se concentró en capturar los votos de MEO–, y antes del balotaje ya había sido notificado que su rol en el gabinete sería muy menor. “A lo más 5 ó 6 cargos” se decía. Hubo severos reclamos internos cuando el propio Piñera, respaldado por el ahora nuevo ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, proclamó que los ex funcionarios de la dictadura estaban vetados de su gobierno. Días después debió suavizar dicha postura.

Considerando lo anterior, personeros del ala histórica que comentaron esta semana el impacto del gabinete con CIPER reaccionaron con burla e indignación al enterarse de que la mesa de la tienda, capitaneada por Coloma y su secretario general, Víctor Pérez, ahora celebraba tener dos ministros en el comité político: Cristián Larroulet (Segpres) y Ena von Baer (Vocería de Gobierno).

“¡Pero si esos no son ministros UDI! Son del partido Libertad y Desarrollo (LyD), que tiene más poder que nosotros”, resumió irónicamente un dirigente. La rabia se explica porque desde hace semanas que el gremialismo no estaba dispuesto a conformarse con dichos nombres, los que declaraba completamente ajenos (aún pese a que el piñerismo creía que era una táctica de tejo pasado). Mientras a Larroulet, que no es militante, se le criticaba por no involucrarse ni para las campañas y “por haberse convertido demasiado rápido al piñerismo”, a Ena Von Baer tampoco se le consideraba propia.

De hecho, horas antes del anuncio del gabinete desde la directiva se precisó que la nueva vocera de Gobierno había firmado como militante sólo después de la victoria de enero pasado. Y el propio Coloma había relatado en diciembre último que, en plena campaña, él y un grupo de dirigentes habían acompañado a Von Baer –poco antes de medianoche–, a conocer la tumba de Jaime Guzmán al Cementerio General (detalle y audio acá).

Como ha ocurrido tantas otras veces, la molestia pública se ha contenido en el partido, esta vez a la espera del inminente nombramiento de los subsecretarios –que ocurriría a comienzos de la semana entrante–, con la esperanza de que “ahora sí llamen a políticos y no a puros técnicos”, como grafica un dirigente UDI. Aunque para los más molestos la nómina de ministros ya marcó “el límite de lo aceptable”, varios se inclinan por esperar la nueva lista antes de decantar una reacción, mientras que otros fijan la última frontera de la tolerancia en las intendencias. Tiene lógica: algunos de los que lamentaron no ser convocados esta semana aún guardan esperanzas de ser llamados para otros de los muchos cargos que quedan por llenar.

CIPER le consultó este punto a uno de los asesores más cercanos de Piñera. Bajo anonimato, éste contestó que el perfil técnico también se extenderá, salvo contadas excepciones que se detallan más abajo, para la mayoría de las subsecretarías, “que ya están bastante avanzadas, porque salen de la misma lista que se tenía para el gabinete”. Y que de momento se piensa aplicar una tónica similar para las intendencias. “Los gobernadores ya tendrían que ser políticos-políticos”, remató la misma fuente.

La última esperanza de la UDI para dar vuelta el tablero es la súbita y enérgica intervención del senador Pablo Longueira ante el mismo Piñera.

El doloroso saldo en rojo del gabinete

La nómina de ministros-militantes (que no hayan firmado a última hora, claro) tampoco dejó contenta a la UDI clásica, tal vez con la excepción de Joaquín Lavín –aunque ha sido duramente criticado en la tienda antes y después de su derrota senatorial-, cuya sorpresiva llegada a Educación lo pone en una apuesta de todo o nada. O sucumbe ante un sector adverso para la derecha, o sale airoso y “resucita” como presidenciable, ahogando de paso cualquier otro candidato gremialista para el 2014.

La otra militante de la UDI en el gabinete, María Ignacia Benítez, es casi desconocida –salvo su paso por el Core metropolitano– y la cartera que le tocó (Medio Ambiente) es una de las menores del elenco. Y la llegada de Magdalena Matte Lecaros a Vivienda, más que beneficiar al partido, terminó ungiendo a su marido, el senador Hernán Larraín, como uno de los pocos y grandes ganadores de la tienda. Además de su esposa en el gabinete, su hijo homónimo integrará la Secretaría de Comunicaciones (Secom) de Piñera.

Los que tienen buena memoria para recordar las pugnas internas de la UDI anotan jocosamente que a la gruesa cuenta que se le piensa pasar a Coloma por el pobre resultado debería sumarse “que, para más remate, ahora tenga a un Kast y a la esposa de Hernán en el gabinete”, subrayando las históricas pugnas entre ambos senadores. Larraín, comentaron más de alguna vez sus conocidos, resintió que el presidente gremialista ignorara que había sacado la primera mayoría nacional en senadores en diciembre (lo superó por escaso margen a él mismo) y que ni siquiera se apurara en felicitarlo.

Como si fuera poco, aunque Matte es antigua militante de la UDI, su padre –Arturo Matte– fue socialista e íntimo del círculo más cercano a Salvador Allende. Ella misma ha comentado, se recordó esta semana, que en su casa solía ver al fallecido mandatario, a Carlos Altamirano, Clodomiro Almeyda y Víctor Pey. En la UDI es conocida la “transversalidad” política que cruza a la familia Larraín-Matte (al menos su hijo Pablo, el cineasta, detesta sinceramente a ese partido), acaso una de las razones más profundas por las que el ala más dura nunca lo ha considerado un UDI 100% puro.

Aunque Felipe Kast no es militante (también Made In LyD), su fichaje en Mideplan sí podría calificarse de gesto simbólico al gremialismo histórico al tratarse del hijo del mítico Miguel Kast, que bajo Pinochet precisamente lideró el mismo ministerio, entonces Odeplan. Claro que su nominación también favorece de pasada a su tío, el diputado José Antonio Kast, uno de los más críticos de la gestión de Coloma y hasta hace algunas semanas seguro competidor suyo en las próximas internas.

Así las cosas, reparan en el gremialismo, da lo mismo que en el papel Piñera cumpliera con entregarle a militantes UDI los codiciados ministerios “sociales” de Mideplan y Vivienda, si sus futuros ocupantes no los representan ni garantizan el objetivo trazado por la colectividad: potenciar su vocación popular –de paso, salvarle la cara a su proyecto político– e instalar desde ya a competidores “nuevos” para las presidenciales del 2014.

A decir de los parlamentarios UDI más sinceros, el gabinete ni siquiera cumple con un equilibrio mínimo con RN, por mucho que se intente mostrar que cada partido tiene cuatro ministros-militantes. “Sólo al pasar, me fijo que allí hay por lo menos 3 ex vicepresidentes de RN, Hinzpeter, Galilea y Parot. ¿Nosotros? Sólo está Lavín”, resume un legislador de Suecia 286.

Las pocas esperanzas en que las subsecretarías compensen el amargo sabor de boca en el gremialismo dependen de casos puntuales. En el equipo de Piñera precisaron a CIPER que el complejo cuadro en torno a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere, famosa por sus anchas arcas que inclinan cualquier balanza electoral) ha hecho reconsiderar la idea original de dejarla en “tierra de nadie”, para evitar protestas de cualquiera de los dos partidos que no la tenga. “Va a quedar en manos de uno de ambos, y el otro tendrá la de Interior. En la Subdere se necesita alguien con muñeca política”, subraya uno de los tres futuros ocupantes de La Moneda más cercanos al Presidente electo.

Aunque la misma fuente no precisa quién se llevará el trofeo –que tiene en ascuas a los parlamentarios y alcaldes– sí aclara que la balanza podría inclinarse a favor de RN y que casi todos los nombres que han circulado están fuera de carrera. El principal es la carta que la UDI quería para ese cargo, el director de la Fundación Jaime Guzmán (FJG), Miguel Flores Vargas. Aunque éste forma parte del “equipo de instalación” junto a Larroulet y María Luisa Brahm (Instituto Libertad), su rol se ha visto disminuido en las últimas semanas. No sólo quedó fuera de los simbólicos contactos iniciales entre Hinzpeter y Larroulet con el ministro Pérez Yoma, sino que además el piñerismo duro evaluó que no era la carta ideal para la Subdere. Partiendo por señales como el mutismo que mantuvo en algunas reuniones con Piñera después del 17 de enero.

En todo caso, el mismo Flores –cuyo aporte, pese al perfil conservador de la FJG, sí se reconoce en el piñerismo– ya le había confidenciado a algunos miembros de la mesa UDI, hace al menos diez días, que no estaba compitiendo por ese cargo. Al margen de lo anterior, el mismo día del anuncio del gabinete tuvo un frontal encontrón con Coloma, molesto porque Flores había declarado esa mañana a La Segunda que “soy de la UDI, pero no la represento en este equipo”, que es el mismo tipo de mensaje que el grueso del partido le criticó en su momento al senador Andrés Chadwick. Ambos fueron vistos tratando el asunto en el patio del Museo Histórico Nacional esa tarde.

Si la UDI pierde la Subdere, la compensación sería –como ya se dijo– la subsecretaría de Interior y/o la de Seguridad Pública, que se pretende crear. El partido espera colocar en la primera a uno de sus hombres “químicamente puros”: el vicepresidente de AFP Cuprum y miembro de la comisión política, Pablo Wagner. En el equipo de Piñera precisan que su nombre no figura para ese cargo, “pero sí da vuelta en otras posiciones”. Una por otra.

La cuestionada fórmula para “parchar” el comité político

Consciente del fracaso en el gabinete, la directiva UDI se apuró en tratar de bajar los costos. Tanto Coloma como su par RN, Carlos Larraín, conocieron la nómina oficial apenas horas antes del anuncio del martes, luego de que Piñera les suspendiera sobre la marcha una cita fijada para la tarde anterior. No fue sólo para evitar filtraciones: a última hora se había “caído” uno de los ministros, que tuvo que ser reemplazado rápidamente por otro. Considerando la desmedrada situación del gremialismo, la visita se prestó incluso para bromas cuando el timonel UDI llegó a la casa del mandatario en un modesto e inadvertido Toyota Yaris Sport gris plata, a diferencia de los elegantes autos del resto de los convocados.

Al margen de la anécdota, en la cita se zanjó una fórmula que apunta a paliar la “aplanadora” que sufrió el partido, y que la mesa UDI no perdió tiempo en filtrar. La inédita solución pasa por integrar a las directivas y parlamentarios de ambos partidos a las futuras sesiones del comité político, según se traten asuntos políticos o legislativos. En el equipo piñerista confirman que la idea salió del propio Presidente electo, consciente de que debe evitar que la directiva gremialista colapse y sea reemplazada por otra que no le sea “funcional y dócil”, como califican sin rodeos a la actual.

Otra versión apunta a que el gesto de Piñera fue una respuesta a una expresa y privada petición de la directiva UDI, para que les ayudara a “salvar la cara” ante el resto del partido.

Apenas enterados de este nuevo modelo de comité político, en el ala más dura de la tienda la rechazaron tajantemente. “Es una solución espúrea. Eso no es estar en el comité político”, afirma uno de sus dirigentes. “Son migajas”, agregó otro. El propio Jovino Novoa, en el breve lapso de dos semanas que estuvo en Chile entre dos viajes al extranjero, se reunió al menos en dos ocasiones a solas y en privado con Piñera, remarcándole que en el comité político debía estar un UDI histórico. Novoa le dio alternativas pero fue claro: nada de soluciones “sucedáneas”.

Desde entonces, se insistió en colocar allí a nombres como el abogado Gabriel Villarroel en Justicia, o a otros como el experto electoral Andrés Tagle, Domingo Arteaga o Ignacio Astete. Todos del ala dura del partido. En el piñerismo siempre manifestaron que eso no fue nunca una opción: uno de los cercanos al entrante mandatario nunca olvidó que hace cinco años, durante un seminario, le oyó decir a Villarroel –muy cercano a Novoa– que “debemos defender el binominal, porque nos permite ser implacables contra las diferencias”.

Las reservadísimas gestiones de Novoa –que él siempre negó en público– apuntaban medio a medio, comentan en el partido. Si Piñera las ignoraba, como ocurrió, el costo no lo pagaba él, sino que la directiva, que es la negociadora oficial. Peor aún: casi no hay indicios de que la mesa efectivamente haya tratado de presionar al Presidente electo en ese tema. Uno de los pocos fueron los dos encuentros que su secretario general, Víctor Pérez, sostuvo con Piñera durante enero, en las que le subrayó infructuosamente que los 40 diputados eran un arma de negociación. ¿Coloma? Al menos en el piñerismo afirman no tener registro de ninguna presión de su parte.

Lo anterior, sumado al resultado del gabinete, reactivó en pocas horas lo que la mayoría de la UDI ya había advertido: que un fracaso en el reparto sepultaba las aspiraciones de Coloma de ir a la reelección. “Juan Antonio ya cumplió con dos de tres. Dejó a la UDI con 40 diputados y ayudó a sacar a Piñera Presidente. Eso es un éxito por donde se le mire. Pero la evaluación final y decisiva era si íbamos a ser protagonistas o los ‘negritos de Harvard’ en el gabinete, y sin eso el resto da lo mismo”, comentó un dirigente, en la misma línea de lo reiterado por diversos personeros a CIPER.

Con esto, la carrera por el control de la UDI se da por desatada, a pesar de los ingentes esfuerzos de la mesa por evitar un conflicto que apenas había logrado sofocar hace poco más de un mes. Los críticos de la directiva insisten en que Pablo Longueira debe retomar el control del partido, para evitar que Piñera siga pasándolo a llevar. Eso anula a Coloma, con quien ya se enfrentó hace algunos años al negarle su apoyo y favorecer la llegada de Hernán Larraín a la mesa (2006).

El propio Longueira hizo notar su profunda molestia no sólo por haber sido marginado del gabinete –como informó La Tercera - sino que además por el pésimo trato recibido por la UDI en la conformación del mismo. Eso desencadenó en las últimas horas una seguidilla de encuentros en los que la UDI juega sus últimas fichas por tratar de dar vuelta una pelea que muchos ya ven irremediablemente perdida.

La arremetida de Longueira y la carta que se guarda Piñera

Aunque algunos de los amigos de Longueira recalcaron que “Pablo no está por volver a la directiva” y que “su relación con Piñera está mejor que nunca”, otros insisten en lo contrario con datos en la mano. Primero, el Presidente electo, afirman, “jamás habló con Pablo antes de dejarlo fuera del gabinete, al contrario de lo que se había entendido, tomando en cuenta la historia de peleas que ambos tienen”.

Longueira incluso había suspendido el inicio de sus vacaciones en Villarrica el pasado 28 de enero, cuando desde el equipo del mandatario lo invitaron a la ceremonia de ratificación en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) al día siguiente. Para él y sus cercanos, era la prueba definitiva de su llegada al gabinete y hasta se lo habría dado a entender a algunos. Pero cuando se enteró, a última hora, de que eso no ocurriría, desechó indignado la invitación al acto de esta semana en el Museo Histórico Nacional. Para entonces estaba atrincherado en el sur.

Longueira ya estaba dolido con el veto de sus pares Hernán Larraín y Jovino Novoa, quien pocos días antes (el domingo 24) se lo había mandado a decir por los diarios: no era buena idea sacar a parlamentarios para llevarlos al gobierno. Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta y viejo amigo de Longueira, no pudo entonces contener la rabia y posteó ese mismo día en su cuenta de Twitter, en una oblicua referencia al Caso Spiniak: “Innecesario e Injusto el ‘mensaje’ de Jovino a Pablo Longueira en entrevista del Mercurio (C4). Siempre hay que tener buena memoria”.

Longueira regresó en la tarde de este miércoles 10 de febrero a Santiago, para acompañar a su hijo Juan Pablo a una operación a la vista en la Clínica Las Condes. Pero en ese centro asistencial se le detectó una infección en la muñeca, por lo que quedó internado por la noche. En cuestión de minutos, Joaquín Lavín se enteró de su presencia en la capital –y de su profunda molestia–- y personalmente se comunicó con Piñera para advertirle del complejo cuadro que se avecinaba si Longueira nuevamente se colocaba pintura de guerra.

Los que conocieron el episodio detallan que un preocupado Piñera llegó hasta la clínica –de la que aún es dueño– después de las 20 horas, y se retiró pasadas las 22.30. Una versión asegura que en la cita ambos habrían acordado que Longueira será en adelante el negociador de la UDI ante el Presidente electo, “sea o no el próximo presidente de la UDI” para el nombramiento de los subsecretarios, a fin de evitar una nueva humillación para el gremialismo. Al día siguiente, jueves 11, Longueira se reunió con Lavín y el ex diputado Cristián Leay, luego de lo cual llegó a las oficinas de Piñera a reunirse con éste, no sin antes soltarle a la prensa apostada en el lugar: “Ustedes saben a lo que vengo”.

“Bueno, Pablo viene a hacer lo que no hizo Coloma: a poner los 40 diputados sobre la mesa y asegurar presencia en las subsecretarías. Si Piñera no quiere echarse a la UDI encima, es la última oportunidad”, afirma un cercano al senador gremialista. Terminada la reunión, Hinzpeter no tuvo otra opción que declarar que Longueira les había dado “opiniones muy valiosas” sobre los futuros nominados.

A la misma hora en que se desarrollaban estos hechos, Coloma se encontraba de regreso en el sur. Lo ocurrido lo deja en una posición muy comprometida, porque aun cuando ya hayan subsecretarios UDI asegurados, si se anuncian se leerá como un triunfo de Longueira, en contraste con la pobre negociación del timonel gremialista por los ministros.

Este “last stand” –última línea de defensa– de la UDI abre una gruesa duda. De momento se ve muy difícil que Piñera ceda a las presiones de ese partido, si hasta ahora no lo ha hecho. Además, la nómina de subsecretarios está prácticamente lista, y una intervención de este tipo pasaría a llevar a los nuevos ministros, que al menos esperan poder decir algo sobre quiénes serán sus futuros colaboradores. Pero el obstáculo más grueso es un arma que el piñerismo hasta ahora se guardaba en secreto.

Hace ya dos semanas que cercanos asesores de Piñera comentaron a CIPER algo que esta semana reiteraron: para contener un Parlamento en que se carece de mayoría, y al mismo tiempo no “amarrarse” a los 40 diputados UDI, ya se decidió que buena parte del programa de gobierno se concentrará en la gestión más que en grandes batalles legislativas. Esto implica que en no pocas materias Piñera recurrirá a decretos de ley antes que a proyectos enviados al Congreso.

La idea no es “gobernar por decreto” –ya que temas como la reforma al binominal y la unión de parejas homosexuales sí tendrían que pasar por el Legislativo– sino que concentrar modificaciones como atribuciones del Ejecutivo y de diversas reparticiones. Se cita, por ejemplo, la potestad reglamentaria que indica el artículo 32 de la Constitución, que consiste en “dictar los reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes”. Además, se recuerda, el Presidente de la República tiene iniciativa legal exclusiva en diversas materias, amén del poder de veto.

Cambios como la transformación de Mideplan en Ministerio de Desarrollo Social, y la reestructuración de la Vocería de Gobierno –que se pretende asimilar al estilo de la Casa Blanca– irían por ese camino. Estas y otras materias ya habían sido analizadas hace mucho tiempo gracias a informes en derecho constitucional que se le habían hecho llegar a Piñera.