Ver mapa con los colegios donde se detectaron irregularidades graves en 2010.

Cada año el Fisco entrega más de $420.000 millones a los colegios particulares subvencionados de la Región Metropolitana. Lo paga sin saber si ese es de verdad el dinero que corresponde cancelar. Lo transfiere, literalmente, a ojos cerrados. Los datos y testimonios recopilados, sistematizados y analizados por CIPER, indican que gran parte de los colegios particulares subvencionados han integrado a su negocio la alteración constante de las asistencias para cobrar más subvenciones. Y que están dispuestos a pagar las exiguas multas que les cursan porque no alteran su margen de utilidades. Y que frente a eso, el Fisco es un ciego y puntual pagador.

En 2010, un cuarto de los casi 2.000 colegios particulares subvencionados bajo la supervisión de la Seremi de Educación de la Región Metropolitana, cometió “faltas graves” relacionadas con cobros de la subvención. El cuadro estadístico lo levantó CIPER con el registro de cada caso ya que este catastro no existe en el Ministerio de Educación (MINEDUC). Son 488 colegios en los que sus sostenedores adulteraron la información de los alumnos para obtener más dinero fiscal del que les correspondía. De esos establecimientos, 119 recibieron alguna multa que en promedio superó levemente $1.100.000. Así, la recaudación en multas fue de $131 millones en 2010 (Ver tabla de multas cursadas en 2010).

¿Qué pasó con los otros 388 establecimientos que también fueron sorprendidos falsificando instrumento público? No es posible precisarlo por el desorden de los datos que tiene el organismo fiscalizador. “Se supone” que unos 166 sostenedores también debieron pagar multa. Y “se supone”, porque según explica a CIPER Miguel Zárate, jefe jurídico de la Unidad Regional de Subvenciones del MINEDUC, con anterioridad al segundo semestre de 2010, “no había registro de las multas pagadas”.

-Yo creo que esas multas se cobraron, pero es que antes se operaba informalmente. Se abría un proceso administrativo, se notificaba, se llevaba a firme y eso se mandaba a la sección de pago. Y en la sección de pago se cobraba pero no se registraba en ningún lado.

-¿Entonces no hay manera saber el monto de las multas cobradas en el primer semestre de 2010?

-No. Salvo que en la sección de pagos hagan un ejercicio tremendo de revisar el sistema computacional, que además no va a ser efectivo y va a ser un enredo gigantesco. Todo el mundo sabe que antes no se hacía el registro.

De lo que sí hay registro es que 222 colegios a los cuales los inspectores sorprendieron en “faltas graves” fueron sobreseídos. ¿Por qué? Miguel Zárate explica que para castigar por una “falta grave”, era necesario acreditar dolo: la voluntad deliberada de hacer el daño. “Pero los sostenedores le echaban la culpa al profesor, decían que él se había equivocado y habitualmente aportaban declaraciones jurada del docente echándose la culpa. Incluso mostraban que le habían hecho descuentos en la liquidación de sueldo. Y no había más que hacer”, dice Zárate.

Evidentemente el testimonio de esos profesores podía interpretarse como resultado de presiones laborales. Es por eso que, según dice Zárate, ese tipo de testimonios ya no se consideran. “Si fue intencional o fue un error, eso ya no se toma en cuenta. Hoy los sostenedores tienen la obligación de llevar un registro de asistencia fidedigno y real. Si no lo tienen son sancionados”.

De los establecimientos multados sólo 46 colegios, fueron castigados con la restitución del dinero público que obtuvieron de manera irregular. Y en apenas dos casos se aplicaron las penas más duras. El primero afectó a la Sociedad Educacional De Javig, dueña de la Escuela Especial de Lenguaje de Javig, ubicada en la comuna de El Monte, la que presentó cuatro incumplimientos graves en un mismo año: registrar como presentes a alumnos ausentes, mantener sus libros de clases incompletos, no tener registrada la asistencia en los días anteriores a la fiscalización y no tener tomada la asistencia después de la segunda hora de clases el mismo día de la inspección. El ministerio prohibió a la sociedad y a sus socios volver a incursionar en el negocio educativo.

El segundo castigo grave afectó a la Escuela Básica Andrés Alberto. En ese caso se aplicó la “revocación del RBD”, que en la práctica significa que la sostenedora (María Inés Campillay Jeraldo) no puede operar más el colegio por el que fue sancionada. Pero sí puede seguir en el negocio de la educación en un nuevo establecimiento.

En resumen, en 2010 el Fisco entregó $420 mil millones en subvenciones a colegios administrados por privados en la Región Metropolitana; detectó que un cuarto de los beneficiados falsificaba los datos para recibir más dinero y al final del año sancionó a un número desconocido de sostenedores por un monto que no es posible cuantificar con claridad.

FISCALIZACION DE UN DIA

Hay que precisar además que buena parte de los 488 colegios que cometieron faltas graves fueron sorprendidos durante el único día del año en que se fiscaliza a los establecimientos obligatoriamente: la llamada “visita integral”, que se realiza entre abril y junio.

La Seremi Metropolitana tiene 45 inspectores y no pueden cubrir a los 1.936 colegios que reciben la subvención fiscal. Por ello en 2010 los funcionarios lograron fiscalizar solo 1.688 colegios (el 87 % del total). Solo a algunos de ellos se les hizo una segunda visita para inspeccionar la veracidad de la asistencia que informaban. También se visitó a los que el año anterior habían sido sorprendido falsificando las listas de alumnos. Muchos volvieron a ser sorprendidos y por eso el recuento final de “faltas graves” de ese año fue de 1.497, cometidas por 488 establecimientos.

El hecho de que durante dos jornadas de fiscalización, se detecte a un tercio de los 1.688 colegios visitados adulterando un documento público, indica que se está frente a una práctica habitual. Para las decenas de profesores y ex directores entrevistados, es lógico que así sea. Si en un mes de invierno faltan tres alumnos por curso (piense en un colegio de 12 niveles y de dos cursos por nivel), adulterar la asistencia de esos alumnos todo el mes reporta $2.300.000 mensuales. Y eso si sólo se trata de una subvención básica por alumno de $ 32.000; pero la subvención sube dependiendo de las características de los alumnos hasta los $152 mil por niño al mes.

Si el inspector del MINEDUC fiscalizó un determinado colegio durante el primer semestre y no encontró nada, el sostenedor tiene la relativa certeza (no hay negocio sin riesgos, por supuesto) de que no volverá a visitarlo. Pero aún sabiendo que volverá, el costo de dos multas es menor que el ingreso de varios meses de asistencia completa. Así lo saben los fiscalizadores y profesores, y lo saben los mismos alumnos. Y cada día cientos de profesores inician la jornada formativa falsificando, por orden de su sostenedor, la lista de clases.

Frente a eso el Fisco es un ciego que no quiere ver. Los antecedentes que aparecen en este reportaje están sacados de las bases de datos del propio Ministerio de Educación obtenidas a través de la Ley de Transparencia. Con ellos se pudo construir, por primera vez, el mapa de los sostenedores que cometen faltas graves (Vea el mapa interactivo con la ubicación de estos colegios y las fichas con las irregularidades descubiertas en cada uno de ellos). Para configurarlo hubo que realizar un riguroso trabajo de cruce de datos que el MINEDUC nunca ha hecho, entre otras cosas, por el grado de desorden histórico que lleva a funcionarios a comentar: “hay infracciones que desaparecen del sistema”.

De hecho, al revisar esas bases oficiales este medio constató incoherencias tales como que 6 colegios particulares subvencionados figuren a la vez en la lista de multados y sobreseídos.

A pesar de la gravedad de las irregularidades constatadas, no existe en el Ministerio de Educación un cuadro que informe públicamente de las faltas y las sanciones impuestas, lo que permitiría a los padres saber qué clase de faltas se cometen en los establecimientos donde estudian sus hijos. El mapa elaborado por CIPER muestra gráficamente la masividad del engaño al Fisco, pues cada punto indica un lugar donde los dineros públicos no fueron bien usados.

A nivel nacional el Fisco invirtió en 2010 $ 2,6 billones en subvencionar la educación municipal y la particular. Eso representó el 54% del presupuesto destinado a Educación. A nivel país, la fiscalización de la correcta entrega de estos recursos a los sostenedores privados es igual que la que se ha descrito aquí para Santiago.

LA CALIDAD

Los datos recopilados por CIPER dejan en evidencia un hecho en el que se pone poca atención. No sólo hay una exigua fiscalización para saber si a un sostenedor le corresponden los recursos que se le entregan; tan importante como eso es que una vez que el Fisco traspasa el dinero público, el uso que el sostenedor hace de éste es asunto privado. Salvo el cumplimiento de acotadas obligaciones laborales y de infraestructura, el sostenedor puede hacer lo que quiera y el Fisco carece del derecho a fiscalizar, por ejemplo, si la educación que está financiando para los niños de clase media baja cumple con ciertos estándares mínimos de calidad.

En la práctica (salvo los colegios que reciben recursos a través de la Ley SEP, respecto de la cual Contraloría acaba de publicar un durísimo informe), la calidad de lo que se enseña en Chile no tiene otro control público que la medición del SIMCE. Y como es de conocimiento público, no se cierran colegios que arrojan malos SIMCE.

La teoría con la que se construyó el sistema sostiene que esos colegios deberían cerrarse solos, castigados por el mercado (las familias). Los economistas y técnicos explican que las familias dejarán los malos colegios y emigrarán a los buenos (llaman a eso “votar con los pies”). Como se verá en este reportaje, esa idea no puede sino provocar una sonrisa en los sostenedores que reciben recursos fiscales. Y ello porque en la mayor parte de los colegios particulares subvencionados los padres están atrapados pues solo pueden acceder a instituciones de similar calidad: deficiente.

Eso explica por qué en todos los establecimientos particulares subvencionados de la Región Metropolitana que visitó CIPER, la entrega de malos resultados SIMCE no provoca ni olas de protestas de apoderados ni reuniones de emergencia entre el sostenedor y los profesores como ocurre en una empresa ante un problema que pone en peligro el negocio. En este rubro, el día en que se entrega el SIMCE, se hace lo mismo de siempre y eso incluye partir la jornada falsificando la asistencia.

-En todas las reuniones que tuve con Jorge Cifuentes (uno de los sostenedores adulteradores detectados en esta investigación), nunca nos preguntó por el SIMCE ni qué pensábamos hacer para revertirlo. Lo único que hacía era preguntar cómo iba la asistencia -dice el ex director de uno de los colegios de este sostenedor.

La ceguera del Fisco no solo implica pérdida de recursos. Genera también ganadores y perdedores de carne y hueso. Víctor Aguilera Vásquez, con su cadena de colegios particulares subvencionados, es uno de los grandes ganadores del sistema. Mariela y su hijo, como se verá a continuación, son de los que pierden.

SERNAC DE LA LECTURA

Mariela (*) vive en una modesta villa de Maipú junto a su madre y su único hijo. Trabaja en un ministerio y su sueldo apenas roza los $300 mil mensuales. Víctor Aguilera Vásquez es uno de los más grandes sostenedores de colegios del país. En 2011 el Estado le confió más de $2.896 millones (**) para que impartiera enseñanza en los 13 establecimientos que administraba a esa fecha como persona natural o a través de sociedades.

Aguilera y Mariela no se conocen, pero sus vidas se cruzaron en 2010 cuando el hijo de ella entró a uno de los colegios de Aguilera, a la escuela básica Lo Errázuriz, que en la entrada tiene desplegado un lienzo antiguo: “Premio a la Excelencia académica otorgado por el Mineduc en marzo de 2002”.

Lo Errázuriz tiene 436 alumnos, todos de clase media baja. En 2010 recibió un aporte público de $177.461.986 por concepto de subvenciones escolares (vea los montos recibidos por todos los colegios particulares subvencionados metropolitanos en 2010 y 2011). Ese año, a Lo Errázuriz le detectaron cuatro faltas graves: “Registra presente a alumnos ausentes”; “libros de clases con enmendaduras en asistencia, registro de materias y otros”; “no registra asistencia en control por asignatura” y “libros de clases incompletos”. Por esas irregularidades pagó una multa de $379 mil.

Pero esos no son los únicos recursos que recibió el colegio. Víctor Aguilera cobra una mensualidad de $27 mil; y si todos los apoderados la pagaran Aguilera podría haber recibido en Lo Errázuriz otros $129.449.000 por concepto de “copago” de las familias de clase media baja. En total, en 2010 podrían haber ingresado a las arcas de su colegio hasta $306.953.986 (***).

Mariela decidió matricular al niño en Lo Errázuriz, confiada en que estaba haciendo algo bueno por su hijo. Los $27 mil mensuales equivalen casi al 10% de sus ingresos y es lo máximo que puede gastar en educación. Por eso, algo se le quebró adentro cuando la profesora le dijo que su niño no aprendería a leer, que no tenía las competencias, que mejor lo llevara a un especialista y que probablemente le darían medicamentos. Pero ya no tenía presupuesto para un especialista. Del dolor pasó a la angustia. Cada día, el chico volvía a casa como si no hubiese ido al colegio.

En su desesperación, se le ocurrió recortar cartones y dibujar letras en ellos. Al retornar del trabajo, apelando a las últimas energías de la jornada, juntaba dos o tres cartones y le enseñaba a su hijo cómo suenan las letras cuando se unen. “La pe con la a… pa”. Lo hizo a pura intuición, sin una pizca de técnica pedagógica.

Contra los pronósticos de la maestra, su hijo aprendió a leer rápidamente, se puso al día y hoy es uno de los mejores de su curso. En sintonía con el credo liberal que considera que la educación es un producto o una inversión, Mariela acusa que pagó $ 27 mil mensuales, con esfuerzo, por un servicio que jamás recibió y donde el trabajo lo terminó haciendo ella. Sin embargo, no hay un Sernac al que puede acudir a estampar su reclamo. Nada hay en las leyes que regulan la enseñanza que cautele que la educación que se imparte con fondos públicos deba cumplir con una calidad mínima. Recién, después de las movilizaciones del año pasado, se discuten en el Congreso normas que aseguren el cumplimiento de estándares de calidad en colegios que reciben dinero del Fisco, recursos que este año se empinan por sobre los $ 3,1 billones.

Es difícil encontrar otro sector de la economía que goce de subsidios estatales vigilados con tanta indolencia como curre con las subvenciones escolares.

-Es como si el Estado le pasara plata a un industrial para que fabrique zapatos. El tipo los fabrica mal: los zapatos se despegan y se pasan de agua, pero el Estado le sigue dando plata, año tras año, para que haga los mismos zapatos. A nadie le importa que no sirvan -dice un profesor que fue jefe de una Unidad Técnico Pedagógica (UTP) de un colegio particular subvencionado y que pide la reserva de su nombre.

PRIMERA PRIORIDAD: ASISTENCIA

Cada día, los profesores del Complejo Educacional Simón Bolívar, en Quinta Normal, dedican los primeros minutos de la jornada a ubicar a los alumnos que no llegaron a clases. Los llaman a sus casas, a sus celulares, a los de sus padres. Los rastrean para conminarlos a que asistan. Por teléfono los levantan, los meten a la ducha y los ponen camino al aula. Podría pensarse que tal nivel de preocupación es una delicadeza que honra la profesión docente. Pero lo cierto es que el sostenedor del colegio, Víctor Aguilera Vásquez, les paga un bono de $ 17 mil mensuales si mantienen un promedio de asistencia sobre 94 por ciento.

Uno de los profesores cuenta que el sueldo promedio de los docentes es de $480 mil líquidos por 33 horas semanales, así que casi todos se la juegan por obtener el bono:

“Por lo menos nos sirve para pagar la micro. Acá no se pagan horas extra, no hay permisos con goce de sueldo y se descuentan los permisos”, dice uno de los docentes, quien relata que si uno de sus colegas falta, no se contrata un reemplazante a menos que presente una licencia superior a siete días. Y asegura que cuando un curso se queda sin profesor, mandan a otro que esté libre en ese bloque horario a “cuidar” a los alumnos y las horas de esa asignatura sencillamente se pierden -aunque la subvención por esas clases igual se cobra-, tal como se pierden los primeros minutos de cada jornada en la búsqueda y “acarreo” de los alumnos que no llegaron.

Contratar reemplazantes sólo si de por medio hay una licencia médica superior a siete días, es una práctica común en los colegios particulares subvencionados:

-Uno termina presionando a los colegas para que presenten licencias de siete días y después otros siete y otros siete, si la enfermedad es larga -cuenta un profesor que ha sido jefe de UTP en un establecimiento de este tipo.

A partir de su experiencia, asegura que “el equipo directivo de estos colegios, su director, el jefe de UTP, el inspector general y los coordinadores de básica y media, tienen como primera misión mantener los costos bajos y asegurar el flujo de ingresos, es decir, la asistencia de los alumnos. Uno funciona como administrador de una empresa”.

-La primera prioridad era la asistencia. La segunda, que no se formaran sindicatos. La tercera, “aburrir” a los profesores para que se fueran sin pagarles indemnización. La cuarta, recién, era el rendimiento de los alumnos -así describe un ex director de un colegio particular subvencionado los ejes de la misión que desempeñó en ese cargo. Él trabajó para otro de los grandes sostenedores: Jorge Cifuentes Narváez. Filomena Narváez, es otra megaempresaria de la educación subvencionada. Aunque actualmente dos de sus hijos la tratan de declarar interdicta (vea reportaje sobre los problemas que enfrenta), aún está a la cabeza de su universidad, la UNICIT y de su cadena de ocho colegios que son administrados por las sociedades educacionales Investigaciones Pedagógicas Galvarino Limitada e Investigaciones Pedagógicas Los Andes Country Day Collage. Estas sociedades en conjunto recibieron sobre $4.851 millones el año pasado por pago de subvenciones (**).

En 2010, uno de los establecimientos de Cifuentes, el Colegio Particular Nº 1 de Ñuñoa, registró siete faltas graves en las fiscalizaciones del Ministerio de Educación. Entre ellas, una de las irregularidades más serias que pesquisa el sistema: “Registrar presentes a alumnos que ya no pertenecen al establecimiento”.

LISTAS CON LÁPIZ DE GRÁFITO

Todos los profesores entrevistados por CIPER reconocieron que, en mayor o menor medida, los presionan para manipular la asistencia. Los métodos se reiteran: se les ordena pasar la lista con lápiz de grafito o que anoten a un costado, o en un papel aparte, a los ausentes. En ambos casos la lista queda firmada por el docente, pero finalmente la “pasa en limpio” el inspector o un administrativo. En algunos colegios donde los profesores se resisten a cumplir estas instrucciones, la lista la pasa directamente un inspector o un funcionario administrativo que recorre curso a curso, lo que está prohibido. En esos casos, de igual forma el profesor debe dejar firmada la asistencia, pero no tiene control sobre la veracidad de los datos que quedan estampados.

Cuando llega un fiscalizador de la Seremi de Educación, cuentan los docentes, es común que lo detengan un rato en la puerta con el cuento de que el director está ocupado, luego lo hacen pasar a una oficina y alguien del equipo directivo se encarga de “entretenerlo”, de “meterle conversa” y ofrecerle “un cafecito”, mientras otros funcionarios salen disparados a las salas avisando que se debe cerrar la asistencia de inmediato. En menos de diez minutos la operación está hecha.

Otros profesores sospechan que sus colegios están “dateados”, porque justo en los mismos días en que se deja caer un fiscalizador a ellos les piden que, inusualmente, cierren y firmen la lista en la primera hora de clases. Un docente relata una anécdota que retrata la vulnerabilidad del sistema de inspecciones:

-Una vez llamaron de la Seremi para preguntar cómo se llegaba al colegio, porque la dirección es enredada. Ahí quedó claro que venía un fiscalizador y todo se hizo de manera correcta.

En medio de las protestas estudiantiles del año pasado, el subsecretario de Educación, Fernando Rojas, le dio una estocada a la forma en que se manejó el sistema de fiscalización de subvenciones bajo los gobiernos de la Concertación. En un episodio del programa “Contacto”, de Canal 13, Rojas dijo que cuando asumió el gobierno de Sebastián Piñera se encontraron con unas 6 mil a 7 mil infracciones graves, algunas archivadas por más de diez años, que no fueron perseguidas para convertirlas en multas. El subsecretario aseguró que la nueva administración tampoco pudo aplicar esas sanciones porque, a escasos dos meses de haber asumido, la Contraloría “instruyó que todas aquellas (infracciones) que tenían más de seis meses, prescribían”.

La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), respondió que el nuevo gobierno “tomó como excusa el beneficio otorgado por la Contraloría a un solo sostenedor a comienzos de 2010” para dejar sin efecto las infracciones cursadas en años anteriores. La agrupación calificó el episodio como un “perdonazo dictado por las actuales autoridades” y sostuvo que “involucró un daño al patrimonio nacional por más de $ 5 mil millones”.

En 2006, la misma Andime, en medio de las protestas de los pingüinos, calculó que eran unos $ 6 mil millones por año los que cobran indebidamente los sostenedores. La agrupación acusó que los fiscalizadores habían detectado que las falsificaciones no sólo se hacían con adulteración de asistencia, sino mediante otros artilugios tales como iniciar el año escolar días después de la partida oficial y finalizarlo hasta cinco días antes del término programado, pero igual se cobra la subvención por esas jornadas no trabajadas. Otra fórmula denunciada por Andime es que no se reemplaza a los profesores con licencia, pero el ministerio de todas formas paga por esas clases que nunca se hicieron.

Como una señal de endurecimiento del control, el pasado 3 de abril el nuevo ministro de Educación, Harald Beyer, comunicó el cierre de 37 colegios por irregularidades. De esa nómina, 19 son metropolitanos. Al cruzar los antecedentes con información proporcionada con anterioridad a CIPER por la misma cartera por Ley de Transparencia, quedó de manifiesto que entre esos 19 colegios había siete que cerraron sus puertas mucho antes del anuncio del ministro: tres no funcionaban desde 2010 (Escuela de Párvulos Villa Nueva, Centro de Educación Integral de Adultos Forjando Futuro y Colegio San Pío de Petrelcina); los otros cuatro desde 2011 (Colegio English Ladies School, Escuela Especial Idelen, Liceo Comercial Gabriela Mistral y la Escuela Especial Hospital De Carabineros).

Además, 12 de los establecimientos que figuraban en la lista de Beyer, ya en 2010 habían registrado faltas graves que involucraban sobrepago de subvenciones y, al parecer, tuvieron otro año de gracia para seguir operando. (Vea la nómina de los 19 colegios y su historial de irregularidades en el cobro de subvenciones y transgresiones a las normas laborales)

HASTA 14 FALTAS EN UN COLEGIO

Al revisar la base de datos del Ministerio de Educación que contiene las faltas graves detectadas en 2010 en colegios particulares subvencionados de la Región Metropolitana, uno de los aspectos que resalta es el alto nivel de reincidencia de los sostenedores que incurren en irregularidades. El dato permite aventurar que decenas de empresarios de la educación derechamente han incorporado prácticas dolosas a su modelo de negocios.

Fueron 241 los colegios donde se constataron tres o más irregularidades en el mismo año. De ellos, en 65 establecimientos se anotaron cuatro faltas; en 30 se registraron cinco; en 20 se detectaron seis; en 13 se comprobaron siete; en 15 se constataron ocho y en cuatro colegios se contabilizaron diez faltas graves.

Aunque cueste creerlo, hubo colegios que anotaron más de diez faltas. Los primeros puestos del podium de la adulteración en 2010 fueron ocupados por el Colegio Particular de Adultos Instituto ICEL, de Santiago, que con 12 irregularidades se ubicó en el tercer lugar de este ranking del demérito; la Escuela Básica Particular Continental School, también de Santiago, en el segundo puesto con 13 faltas; y con el récord absoluto se quedó la Escuela Básica 2046 Los Pinitos, de La Florida, con 14 irregularidades en el mismo año.

De estos tres establecimientos, sólo la Escuela Los Pinitos figuró en la nómina de colegios clausurados que entregó el ministro Beyer. (Vea la nómina de todos los colegios metropolitanos con irregularidades en 2010, ordenados por número de faltas detectadas en ellos)

La más grave de las irregularidades descubierta en 2010 fue “registrar presente a alumnos que ya no pertenecen al establecimiento”, falta detectada en cuatro instituciones: Colegio Particular Nº 1 de Ñuñoa (de la Sociedad Educacional San Andrés Limitada, perteneciente a Jorge Cifuentes Narváez); Colegio Polivalente Profesor Guillermo González, de Providencia ( de la sostenedora Anette Alicia González González); Escuela Básica Cimas del Maipo, de San José de Maipo (de la Sociedad Educacional Senderos Limitada), y Escuela Particular Locarno, de La Cisterna (de Adriana Sofía Puelma Loyola).

La segunda falta más seria -“registrar presente a alumnos ausentes”- se constató en 356 colegios (el 20 % del total de establecimientos fiscalizados). La tercera falta en orden de gravedad -“no registra asistencia en los días previos a la visita (del inspector)”- se detectó en 62 establecimientos. Le sigue “libros de clases con enmendaduras en asistencia”, en 34 colegios. “Sin libro de clases”, en dos colegios. “Uso de lápiz de grafito, no permanente y otros en libros de clases”, en 39 establecimientos. “Registro de matrícula incompleto”, en 64 colegios. “A la hora de la visita no estaba tomada la asistencia, después de la segunda hora de clases”, en 189. “No traspasa asistencia a control de subvenciones”, en 39. (Vea la nómina de los colegios con irregularidades en 2010, ordenada por gravedad de la falta)

La base de datos con el total de faltas en 2010 a nivel metropolitano, desmenuzada por sostenedores que acumularon más irregularidades, indica que el primer puesto lo obtuvo la Fundación Belén Educa, con 19 irregularidades repartidas en cinco de sus colegios. Le sigue el sostenedor Patricio Hernán Núñez León, con 14 faltas en dos colegios. Luego se ubica la Sociedad de Instrucción Primaria, con 12 irregularidades en cinco de sus establecimientos.

A continuación se agregan Víctor Aguilera Vásquez (12 faltas en cuatro colegios); las Misioneras Catequistas de la Sagrada Familia (11 faltas en tres colegios); Víctor Manuel González Cisternas (11 en dos colegios); la Corporación Adventista del Séptimo Día (nueve en cinco); la Corporación Educacional Arzobispado de Santiago (ocho en cuatro); las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento (ocho en dos); Orieta Paola Gómez Leyton (siete en uno); la Corporación Unión de Centros Bíblicos (seis en dos); la Sociedad Garrido Hermanos Limitada (seis en dos) Solange Elizabeth Muñoz Avaría (cinco en dos); las Hermanas Franciscanas Penitentes Recolectinas (cuatro en dos) y, cerrando los primeros 15 casilleros del ranking, la Fundación Paula Jaraquemada Alquilar (tres en dos). (Vea la nómina con los 20 sostenedores que acumularon más faltas en 2010 y sus colegios donde fueron detectadas)

Un dato inesperado es que, de los 15 sostenedores metropolitanos que en 2010 se destacaron por una conducta tan poco pía como acumular la mayor cantidad de irregularidades para cobrar dinero público, siete tienen orientación religiosa (cinco vinculados a la Iglesia Católica y dos protestantes).

(*) El nombre de la apoderada ha sido cambiado para resguardar la identidad de su hijo menor de edad.

(**) Los montos pagados a los sostenedores por concepto de subvenciones en 2011 fueron calculados a partir de la información dispuesta en la web del Ministerio de Educación (www.mineduc.cl), en su apartado “Gobierno Transparente”, sección “Transferencias”.

(***) La cifra total puede ser menor, pues el cálculo no incorpora los eventuales alumnos que estudien con becas u otro beneficio otorgado por el sostenedor.

Son 11.739 los estudiantes que confiaron su educación a la familia Narváez y que concurren a clases sin sospechar que el destino de la U. Iberoamericana y de sus colegios depende de la resolución que adopte el 19º Juzgado Civil de Santiago. Hasta ahora, los alumnos desconocen la cruda trama de acusaciones y descalificaciones que se están ventilando en ese tribunal, donde está radicada la demanda presentada por Hugo y Patricio Cárdenas Narváez. Ambos aseguran que su madre, a sus 82 años, ya no está en condiciones de seguir al frente de sus negocios.

En la audiencia realizada el 27 de abril pasado, Hugo Cárdenas Narváez señaló que a su juicio cualquiera de los hijos de Filomena Narváez “está capacitado para ocuparse de mi madre y sus bienes”, pero de inmediato rayó la cancha y lanzó un misil que dejó en evidencia que la familia está partida en dos: “Haría una excepción con mi hermano Jorge, a quien quiero mucho, pero en varias ocasiones hemos tenido reuniones familiares con él respecto a su adicción a las drogas (cocaína)”.

Las declaraciones de Hugo Cárdenas y de otros ocho familiares de Filomena Narváez, quedaron consignada a fojas 74 en la causa Rol C-6298-2012 que lleva la jueza Jacqueline Benquis. La transcripción original de todos los testimonios entregados en esa audiencia puede ser consultada en la página web del Poder Judicial (descargue aquí ese documento).

Vapuleado por el testimonio de su hermano Hugo, Jorge Cárdenas Narváez también declaró en la misma jornada. Lo hizo para apoyar a su madre y cuestionó en el tribunal las motivaciones que tienen sus hermanos Hugo y Patricio para solicitar la interdicción. Sobre Hugo, Jorge dijo que se hizo cargo hace algunos años de la administración de los ocho colegios de su madre y los recibió con una matrícula de 14.000 escolares, pero “hoy en día no llegan a más de 7.000 alumnos”. Sobre su hermano Patricio, señaló:

-Está actualmente pasando por un estrés, debido a que se está separando de su señora después 20 años de matrimonio y manteniendo juicios con los bancos por deudas que superan los $800 millones.

Y tras esa exposición, Jorge remató: “Queda claro la razón por qué quieren declarar en interdicción a su madre, ya que existen motivos de carácter económicos y personales que los motivan a actuar de esta manera”.

LAS CIFRAS DEL IMPERIO

El “imperio” de Filomena Narváez, como lo calificó su hijo Patricio en la audiencia del 27 de abril, está integrado por la Universidad Iberoamericana y la inmobiliaria asociada a ese plantel de educación superior; los ocho colegios administrados por las sociedades educacionales y de investigaciones pedagógicas Galvarino y Los Andes Country Day; los viñedos del fundo Mundo Nuevo, de Casablanca, administrado a través de la Sociedad Frutícola Mundo Nuevo Limitada; y campos en la Región del Maule administrados por medio de las sociedades agrícolas y ganaderas Los Bosques de Cauquenes, Los Quillayes de Cauquenes, Las Colinas de Cauquenes, Los Parronales de Cauquenes, Los Viñedos de Cauquenes y Valle de Cauquenes.

Una idea de los dineros que maneja la familia surge de las declaraciones hechas en la audiencia del 27 de abril por el sobrino de Filomena Narváez, Jorge Cifuentes Narváez, otro conocido “megasostenedor” de colegios particulares subvencionados. Cifuentes, un estrecho colaborador de su tía y quien atestiguó que ella se encuentra lúcida y en condiciones de seguir al mando de sus negocios, dijo que las 50 hectáreas de viñedos que posee la matriarca rentan anualmente más de un millón de dólares.

Cifuentes también sostuvo que su tía se vio obligada a vender la mitad de sus campos en Cauquenes porque “tuvo que pagar un crédito de $400 millones que le había prestado a su hijo (Patricio) por 60 días, que hasta el día de hoy no ha sido devuelto, porque lamentablemente Patricio Cárdenas tiene algunas dificultades económicas y además tiene en el Tercer Juzgado de Familia demandas por pensión alimenticia y tuición de sus hijos”.

Jorge Cárdenas, el hijo que declaró a favor de Filomena Narváez, dijo ante el tribunal que su madre está en condiciones de administrar su patrimonio y sostuvo que “en estos momentos ella tiene ingresos superiores a los US$ 2 millones anuales, generados por su habilidad para los negocios, donde destaca la producción de uvas viníferas en el valle de Casablanca, donde la cosecha de este año fue de total éxito y vendiendo íntegramente su producción”.

Otro dato que da cuenta de los ingresos del clan, de acuerdo con la información expuesta en la sección “Transparencia” de la web del Ministerio de Educación, apunta a que en 2010 los ocho colegios de Filomena Narváez recibieron al menos $4.851 millones por concepto de subvenciones escolares.

EL TIMÓN DE LA U. IBEROAMERICANA

El testimonio que prestó el sobrino Jorge Cifuentes ante el tribunal, indica que Filomena Narváez entregó hace varios años la administración de sus negocios a dos de sus hijos: Hugo y Jorge. El primero quedó a cargo del rubro educacional y el segundo de los campos de Casablanca y Cauquenes. Cifuentes precisó que ambos siempre han tomado todas las decisiones en conjunto con la madre.

El menor de los hermanos, Patricio, declaró que no participa en los negocios. La mayor, Gladys, reside en Estados Unidos y es representada en las sociedades familiares por Jorge Cifuentes. Por esa razón el sobrino conoce bien la marcha de los negocios del clan.

En su declaración, Jorge Cifuentes señaló que en agosto del año pasado su tía votó a favor de que su hijo Hugo Cárdenas la reemplazara en la presidencia de la U. Iberoamericana, convirtiéndolo en representante legal del plantel. De esta forma, Cifuentes abrió una interrogante en relación a que el mismo Hugo Cárdenas, que hoy solicita la interdicción de su madre, fue beneficiado por ella con una decisión cuya lucidez nadie cuestionó, adoptada sólo seis meses antes de que se presentara la demanda.

La semana pasada, Filomena Narváez fue sometida a exámenes médicos para chequear su condición física y mental, los que serían adjuntados al proceso. Los trabajadores que cuidan el jardín de su residencia en el exclusivo sector de calle Piedra Roja, en Las Condes, dicen que está lúcida, que conversa con ellos con normalidad. La propia empresaria conversó con CIPER en la U. Iberoamericana, después de participar en una reunión con funcionarios del plantel. “Nadie me ha llamado para declarar aún”, dice de entrada. Y agrega:

-Quieren quedarse con todo, está claro. De Hugo y Patricio sólo puedo decir que son excelentes hijos y pueden hacer lo que quieran. Pero de acá no me van sacar. A mis hijos les he dado todas las herramientas para que puedan desenvolverse solos en la vida, pero no lo han hecho. A Hugo le di los mejores colegios, incluso estuvo en el Grange, para que pudiera desenvolverse solo. Le regalé una casa con siete hectáreas en Las Vizcachas que le deja $50 millones al año. Sólo le puedo decir que es un excelente matemático, pero no sé qué le pasa que no ha podido salir adelante solo.

Filomena Narváez aseguró a CIPER que ella sigue siendo presidenta de la U. Iberoamericana, a pesar de que en las declaraciones contenidas en el expediente que lleva la jueza Benquis se dice que el año pasado le entregó ese cargo a su hijo Hugo:

-Quieren hacerse dueños de la universidad, pero yo soy la presidenta, usted puede verlo en los estatutos. Si intentan hacer otra junta directiva, yo la disuelvo -asegura.

Aunque la empresaria lo niega, todo indica que hay un conflicto de poderes en curso sobre quién tiene el timón de la universidad. En la audiencia del 27 de julio, el sobrino Jorge Cifuentes señaló al tribunal que Filomena Narváez lo nombró a él y al hijo Jorge Cárdenas Narváez “para que administren todos sus bienes y que en conjunto con ella y los (otros) hijos podrían tomar las grandes decisiones en todas sus empresas”.

En la declaración que prestó ese mismo día, el hijo Patricio Cárdenas Narváez dejó en evidencia el conflicto:

-Quiero dejar claro que los cuatro hijos, junto a don Jorge Cifuentes, en la sala de reuniones de los abogados de mi madre, hace tres semanas atrás todos estuvieron de acuerdo en interdictar a mi madre. Encuentro insólito que a dos días de esta audiencia mi hermano Jorge Cárdenas Naváez mostró un poder notarial que, junto a don Jorge Cifuentes Narváez, manejaban el imperio de mi madre. En ese minuto mi hermano Jorge dice tener el poder y despide a mi hermano Hugo Cárdenas y que el lunes 30 (de abril) debe dejar todos los puestos de la empresa.

Jorge Cárdenas dijo al tribunal que a mediados de 2011, cuando su madre le entregó la presidencia de la U. Iberoamericana a su hijo Hugo Cárdenas, ese plantel tenía casi 5.000 alumnos y más de $1.000 millones “ahorrados”. Y hoy, sostuvo, “no tiene más 3.000 alumnos, por lo que su presupuesto anual se ha visto fuertemente disminuido en este año 2012”.

Filomena Narváez señaló a CIPER que confía “cien por ciento” en su sobrino Jorge Cifuentes y en su hijo Jorge Cárdenas: “Ellos me están ayudando en este momento. Y ahora llega mi hija (Gladys) desde Estados Unidos”.

LA RUTA DEL LUCRO

Durante las protestas estudiantiles del año pasado, se multiplicaron las denuncias acerca de que los propietarios de universidades privadas burlan las normas que les prohíben lucrar. Una de las fórmulas que permite el lucro encubierto, es que las universidades disfrazan sus utilidades como pagos de arriendo a las inmobiliarias que les alquilan las dependencias donde funcionan. Esas inmobiliarias pertenecen a los mismos dueños de la universidad. El dinero pasa de un bolsillo del dueño (la universidad) al otro (la inmobiliaria) y se convierte en utilidades.

En su testimonio ante la jueza Benquis, el sobrino Jorge Cifuentes describió cómo en la Universidad Iberoamericana se usa esa misma ruta financiera cuestionada.

Cifuentes dijo en el tribunal que su tía sólo ha sufrido “un deterioro de su salud” debido a las decisiones que adoptó su hijo Hugo Cárdenas cuando éste se convirtió, a mediados del año pasado, en presidente de la U. Iberoamericana:

-(En) una decisión unilateral del nuevo presidente (de la universidad), despide a todos los decanos, situación que crea un conflicto de inseguridad laboral. La señora Filomena ha tenido que sufrir las consecuencias de esta decisión, bajando la matrícula sobre los 1.000 alumnos y suspendió la cancelación de los arriendos que la universidad debía cancelar a la inmobiliaria -testificó Cifuentes.

Y agregó que, debido a que los arriendos no han sido pagados a la inmobiliaria, “la señora Filomena no ha podido cumplir con la cuotas bancarias de los préstamos adquiridos para el terreno donde funciona la Universidad. Ha tenido que (verse en) la obligación de recurrir a los ingresos de más 50 hectáreas de viñas que tienen una renta sobre el millón de dólares anuales”.

De acuerdo con la exposición que hizo Cifuentes, la familia Narváez no lucra directamente con la U. Iberoamericana, pero sí lo hace con los terrenos que su inmobiliaria le arrienda a la misma universidad. Y esos terrenos, a fin de cuentas, se están pagando con el dinero que proviene -como alquiler- de la universidad. Es decir, la familia está capitalizando su negocio inmobiliario con parte de los aranceles que pagan los estudiantes.

Los alumnos de la U. Iberoamericana provienen de un estrato socioeconómico medio-bajo. En 2010, según los datos que difunde el Consejo Nacional de Educación, de sus 1.705 estudiantes inscritos para cursar el primer año, 534 provenían de colegios municipales (31,3 % del total), 741 de colegios subvencionados (43,4% del total) y sólo 91 de colegios privados (5,3%). Los restantes 338 (19,8%) venía de otros planteles de Educación Superior.

El 29 de diciembre de 2010, la Comisión Nacional de Acreditación acordó acreditar a la U. Iberoamericana -en los ámbitos de gestión institucional y docencia de pregrado- hasta diciembre de 2013. Eso abrió la puerta para que sus alumnos accedan al Crédito con Aval de Estado (CAE). En 2011 fueron 720 los estudiantes de la U. Iberoamericana que calificaron como beneficiarios del CAE, por un monto total de $1.233 millones. El negocio para la universidad es redondo, porque estudiantes que provienen de familias con alto riesgo de no cancelar los aranceles, pasan a ser clientes de pago seguro por la garantía estatal de su crédito.

Y parte de ese dinero con aval del Fisco, como lo declaró Cifuentes en la demanda de interdicción contra su tía Filomena, va de la universidad a la inmobiliaria y le permite a los Narváez cancelar el crédito con el que adquirieron los terrenos para montar su negocio.

REMATES, EMBARGOS Y JUICIOS LABORALES

En la audiencia del 27 de abril, Patricio Cárdenas dijo que su madre “ha tenido un revés en su vida con su salud, lo que la ha afectado profundamente en su toma de decisiones, al no estar consciente en su últimos años de la realidad que nos rodea”. Para corroborar que esta supuesta merma en las capacidades de Filomena Narváez se ha traducido en decisiones erróneas que afectan los negocios de la familia, Patricio anunció que adjuntaría “copia del mutuo, copia del decreto de remate y todos los juicios en que ella está demandada en diferentes tribunales de Santiago”.

Al comparecer en la audiencia, Hugo Cárdenas entregó más detalles de los problemas financieros que estarían afectando a su madre:

-Tiene para remate (en) junio su casa, la cual ella ama y se demoró 14 años en construirla. Su abogado, Jorge Balmaceda, en más de tres ocasiones ha tratado de hablar con ella, llevándole las copias de la demanda y ella se niega a leerlas, se niega escuchar a su abogado, diciéndole que ella tiene todo pagado y que no tienen por qué rematarle la casa. Ella tiene todos sus bienes vehiculares embargados. Tiene deudas por pago de imposiciones, fallos de tribunales del trabajo y multas de la Inspección del Trabajo por varias decenas de millones. Esto, debido a que despide gente sin comunicarle a sus abogados, sin solicitarle a sus jefes de personal que haga una carta de despido, (…) sus funcionarios alejados del cargo exponen una denuncia en la Inspección del Trabajo donde nadie va en su representación.

El mismo Hugo Cárdenas aseguró ante el tribunal que su madre olvida rápidamente lo que escucha, que “sólo se puede tener una conversación cuando ella es la única que habla, siendo monotemática y repitiendo la misma conversación en varias oportunidades”. También sostuvo que “su agresividad ha llegado a tal extremo, que tanto mi hermana como el empleador de ella han tenido que salir corriendo para que no les pegue” y que “al antiguo rector de la universidad lo despidió (porque dijo que) la habría tratado de matar”.

-Puedo comentar que mi madre va teniendo sus propias realidades, como por ejemplo: una noche dijo que se habían entrado cinco personas a la casa con claras intenciones de violarla (…). En otra ocasión, hace dos semanas atrás, le comentó a algunos decanos de la universidad que el receptor la habría tratado de besar a la fuerza -declaró Hugo Cárdenas

También refirió al tribunal que su madre creyó que le estaban robando el alimento de sus vacas y optó por “no comprar más alimento, provocando la muerte de más de 60 vacas, por lo cual tiene una denuncia por maltrato animal que está en manos de la PDI”. Y solicitó a la jueza que revisara las cuentas de su madre en los bancos BCI, Corpbanca y BBVA, para que compruebe “la cantidad de gente que la rodea para solicitarle plata a través de manipulaciones emocionales”.

En contrapartida, Jorge Cárdenas cuestionó un informe negativo sobre la lucidez de su madre elaborado “por una psicóloga de la Clínica Las Condes”. Aunque no identifica a la profesional, recalcó que “una psicóloga no puede emitir juicios de carácter psiquiátrico, ya (que) su título profesional no la faculta para ello”. Y aseguró que ese examen se le hizo a Filomena Narváez cuando “estaba pasando por un fuerte estrés emocional, debido a los problemas de la universidad y a que sus hijos la estaban presionando para que vendiera algunas propiedades”.

Frente a CIPER, Filomena Narváez reflexiona: “No creo que un juez me declare interdicta. Yo sigo a cargo de mis cosas. Acá (en la universidad) me tratan súper bien, me quieren harto”. Y, al final, pregunta:

-Usted, dígame, ¿cómo me encuentra?

La pugna dentro de la familia Ossandón Larraín, relatada por primera vez por The Clinic, ha estremecido a la elite chilena. En la causa que se sigue en la fiscalía Centro Norte a cargo de la fiscal Macarena Cañas se han visto involucrados el abogado RN Roberto Ossandón, el Opus Dei, y el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, pues es pariente de los Ossandón y debido a eso se inhabilitó para conocer una grave arista de presunta evasión tributaria que se desprende de la batalla por esta herencia y que está investigando el SII, según confirmaron fuentes de ese organismo a CIPER.

La investigación por los impuestos no pagados cobra gran relevancia hoy, cuando se discute la reforma tributaria propuesta por el gobierno que pretende recaudar U$700 millones y destinarlos enteramente a mejorar la educación pública en Chile. Según el querellante Manuel Ossandón, en las operaciones que lo dejaron sin patrimonio se habrían evadido impuestos por casi U$ 400 millones de dólares, más de la mitad de lo que el gobierno espera recaudar.

Según describe Sergio Contreras, uno de los abogados de Manuel Ossandón, el dinero de su cliente, que estaba fundamentalmente en sociedades de inversión e inmobiliarias, se traspasó a distintas sociedades controladas por su hermano hasta llegar a la citada Real State Golden. Como resultado de estas operaciones, esa sociedad “tuvo un importante incremento patrimonial, calculado en UF 18.970.240 (equivalente a $ 428.646.421.075, o a US$ 884.262.859). Este impuesto patrimonial estaría afecto a la tasa del 35% de Impuesto Adicional”, planteó Contreras en un documento enviado el 12 de marzo pasado al SII.

Actualmente el SII está interrogando a toda la familia Ossandón Larraín y a sus asesores legales y tributarios para que expliquen los movimientos realizados por Bernardo Ossandón y así verificar si efectivamente en ellos se vio perjudicado el Fisco. Para ello los funcionarios deben confirmar si se generó un “incremento patrimonial” en Real State Golden. La tarea no es fácil. El fiscalizador de Impuestos Internos debe examinar cada una de las operaciones financieras involucradas -que son muchas- para determinar cuales revisten visos de ilegalidad. Y ello porque a pesar de que el sentido común sí diría que en muchos casos como estos se está violando la ley, el sistema está hecho para los resquicios legales que permiten, con asesoría de buenos expertos, evadir impuestos.

Fuentes cercanas a la investigación aseguraron a CIPER que se han identificado dos figuras que parecen calzar con lo obrado por Bernardo. La descrita en el nº2 del artículo 20 de la ley de renta, o la descrita en el n°5 del mismo artículo. En breve, o estamos ante un “20-2” o un “20-5”, según resume un especialista. Si ocurre lo primero, no hay impuesto adeudado. Si es lo segundo, sí paga. Y mucho.

Existe también otra alternativa. La han enunciado a CIPER distintos expertos entrevistados a lo largo de esta investigación. Para ellos es posible que no haya ni estafa ni evasión tributaria. Que toda la operación de Bernardo Ossandón haya respondido más bien a una estrategia para unificar el patrimonio familiar y controlarlo desde una sociedad fuera de Chile. ¿Los motivos para eso? Varios: evitarse para siempre el problema del impuesto a la herencia y mantener los cuantiosos recursos familiares bajo una sola dirección.

Para lograr realizar eso todos los familiares debieron estar de acuerdo, incluyendo el querellante Manuel Ossandón. Sin embargo, a lo largo de este proceso que duró años, por algún motivo Manuel se habría arrepentido.

-En mi opinión, se trata de una planificación tributaria en la que todos estaban de acuerdo. Y lo que pasó aquí es que el avión iba en vuelo y alguien se bajó. En realidad, se tiró; y no sabemos si se tiró con paracaídas -metaforiza una fuente conocedora de las operaciones que hacen las familias ricas chilenas para proteger sus bienes.

Otro experto tributario dijo a CIPER: “Lo que objetivamente logró Bernardo Ossandón con las modificaciones, fue llevarse todo el dinero para afuera y que nunca más tuvieran que preocuparse del impuesto a la herencia. Pero esto tiene un precio y es caro: que los hermanos no pueden hacer lo que quieran con lo que ‘sienten’ suyo. Las platas no pueden volver a Chile o ser invertidas directamente por los hermanos. Y además, no todos los hermanos participaron como iguales. Ciertamente el hermano mayor tenía el control, probablemente porque el abuelo (que les heredó todo) confiaba sólo en él”.

De acuerdo a esta figura, al lanzarse del avión en vuelo Manuel dejó expuestos los intereses de toda la familia.

EL ORIGEN

Manuel y Bernardo Ossandón Larraín forman parte de una de las familias más adineradas de Chile. El patrimonio familiar está avaluado en más de US$1.000 millones: poco menos de lo que posee el clan Angelini, quienes aparecen en el ranking Forbes con U$1.200 millones.

La principal fuente de riqueza de los Ossandón Larraín es su patrimonio inmobiliario: terrenos en Lo Barnechea que se han traspasado de generación en generación multiplicando su valor comercial. A ello se suman instrumentos financieros –fondos mutuos-, que son administrados fundamentalmente por las corredoras Larraín Vial y Celfin Capital; derechos de agua y acciones en empresas como Entel, Cencosud, Corpbanca y Madeco. Debido a que este conflicto está cruzado por el tema tributario, hay que señalar que la fortuna de los Ossandón está asentada en áreas que tienen un tratamiento tributario privilegiado con “fuertes incentivos tributarios”, según los expertos.

Un asesor de la familia resume así la situación: “Tienen un flujo de dinero importantísimo libre de impuestos”.

La historia familiar señala que en 1938, su bisabuelo, Bernardo Larraín Cotapos, adquirió una parte importante de la hacienda La Dehesa, de una superficie aproximada a las 4.000 hectáreas. Tras su muerte, los terrenos fueron heredados por sus cinco hijos, entre ellos el abuelo de los Ossandón Larraín: Bernardo Larraín Vial. A fines de los ‘50, la hacienda se dividió entre los descendientes, y a Larraín Vial le correspondió la mayor parte de los terrenos que hoy constituyen el loteo privado “Golf Lomas de La Dehesa”; y otras tierras que suman unas 1.500 hectáreas de la actual comuna de Lo Barnechea (esta comuna tiene en total 102 mil 370 hectáreas).

Bernardo Larraín Vial tuvo una sola hija, María Soledad Larraín Troncoso, quien se casó con Gabriel Ossandón Valdés, fundador de la corredora de propiedades Ossandón. De este matrimonio nacieron cinco hijos, los hermanos Ossandón Larraín, que constituyen el eje de esta historia: Bernardo, Gabriel, Manuel, María Soledad y María Teresa.

En vida, el abuelo Larraín Vial les traspasó a su hija y a sus cinco nietos prácticamente toda su riqueza, dejando a cada uno de los hermanos con un patrimonio que por entonces sumaba aproximadamente U.F 4.000.000 (los US$ 200 millones iniciales de esta historia). En la querella contra su hermano, Manuel precisa cómo formó su patrimonio: “Mi abuelo (…) me hizo importantes donaciones desde una temprana edad, las que me permitieron ir formando el patrimonio que tenía antes de salir de Chile”.

La descripción de Manuel calza con una práctica tributaria de muchas familias chilenas de alto patrimonio: no ejecutan la herencia para eludir el impuesto correspondiente; en cambio, traspasan los bienes en vida a través de donaciones informales o de ventas de derechos sociales que nunca se pagan o de mecanismos que no pagan impuestos a las donaciones y herencias.

Es aquí donde el hecho de “saltar del avión” puede traerle fuertes costos a Manuel, según explicó a CIPER un experto tributario: “Manuel tendrá que explicar ante el SII si pagó el impuesto a la herencia y las donaciones por todo lo que el abuelo le “donó” en vida, al igual que toda la familia. La consecuencia de tirarse del avión sin paracaídas es que también él tiene que dar explicaciones de los impuestos que probablemente no pagó”.

En su declaración a la fiscalía, Bernardo Ossandón rechaza todos los cargos y atribuye las acusaciones de su hermano Manuel a la envidia que sentía por el hecho de que el abuelo lo hubiera elegido a él para administrar el negocio familiar. Insiste en que la fortuna en disputa provenía del abuelo y que cuando Manuel habla de “mi patrimonio” y “mi dinero” genera “la falsa idea de que bienes producto de su esfuerzo le han sido arrebatados “. Por el contrario, Bernardo precisa que en los cinco años en que Manuel vivió en Estados Unidos “mi estimación preliminar es que recibió una suma cercana a los $400 millones por el solo hecho de ser parte de las sociedades (familiares) y sin haber trabajado un sólo día para que ellas produjeran tales rentas”.

En su acusación, Manuel ha hecho salir a la luz otros detalles de los manejos tributarios de la familia y que hoy también son investigados por el SII. Entre ellos destacan las enormes diferencias que habría entre los ingresos que Bernardo Ossandón declara ante el Servicio de Impuestos Internos y los millonarios activos que administra.

De acuerdo a antecedentes que el propio SII allegó a la causa, entre 2005 y 2011, Bernardo Ossandón declaró como base de su global complementario montos que fluctúan entre los 10 y los 35 millones de pesos al año. Esto significa que, a lo largo de los últimos seis años, el administrador de una de las principales fortunas de Chile ha pasado largos períodos viviendo con menos de un millón de pesos al mes. Excepto en 2005, el único año en que, en vez de solicitar devolución de impuestos, Bernardo Ossandón pagó tributos.

Estos montos no se condicen con los gastos en que habría incurrido Bernardo Ossandón en esos mismos años y que se reflejan, por ejemplo, cuando adquirió (el 16 de junio de 2006) el sitio vecino al de una propiedad que posee en La Dehesa. De acuerdo a antecedentes aportados al juicio, el monto que pagó Bernardo Ossandón fue de $201.077.590, a seis años plazo. En su acusación, Manuel planteó que era imposible, a partir de los ingresos que Bernardo había declarado, que financiara compras como la señalada.

CIPER se contactó con los abogados de Bernardo Ossandón y con otros integrantes de la familia Ossandón Larraín para conocer su versión sobre las acusaciones de Manuel, pero declinaron referirse al tema.

CÓMO LO HIZO BERNARDO SEGÚN MANUEL

El eje de la acusación de Manuel Ossandón en contra de su hermano se remonta a julio de 2004, cuando Manuel y su esposa Sara Bustamante partieron a Estados Unidos a estudiar. Al irse, Manuel le dejó un poder a su hermano para administrar las sociedades que él tenía:

18,84% de Forestal Los Alerces Ltda., RUT 77. 531.420-6. Capital social de $ 1.422.462.633, equivalente a UF 90.340.

12,6% de OGF Inversiones Ltda., RUT 77.531.030-8 Capital social de $12.833.809.482, equivalente a UF 789.158.

19,27% de Inversiones Los Olmos Ltda., RUT 77.725.350-6. Capital social $ 296.237.078.685, equivalentes a UF 18.273.211.

19,27% de Inversiones Lomas de la Dehesa Ltda., RUT 77.864.930-6. Capital social $15.591.425.194, equivalentes a UF 961.747.

11,76 % de Inversiones San Francisco Ltda., RUT 77.920.690-4. Capital social $ 36.695.120.320, equivalente a UF 2.185.805.

11,76 de Inversiones La Carpa Ltda., RUT 77.920.620-3. Capital social $ 36.695.120.320, equivalente a UF 2.185.805.

99% DM Inversiones Ltda., RUT 77.851460-5 en la cual es socio con su esposa.

En todas las sociedades (salvo en DM) Manuel Ossandón era socio de sus cuatro hermanos y de sus padres. El valor comercial de su patrimonio, según los abogados de Manuel, era de UF4.000.000, lo que equivale hoy a unos US$200 millones.

Según la querella de Manuel, su hermano Bernardo, asesorado por el abogado Rodrigo Ruiz-Tagle (contra el cual también se querelló) y por el experto tributario Gabriel Tolosa Blanco, “argumentando la necesidad de hacer una reorganización tributaria de los bienes familiares”, usó el poder notarial que le había entregado Manuel para hacer lo siguiente:

1) Bernardo creó la sociedad Lomas II, en donde DM Inversiones (de propiedad de Manuel) es una de las socias con el 16,667% del capital (los otros socios son los padres y hermanos a través de sus sociedades). Lomas II tiene un “administrador estatutario” que es Bernardo Ossandón. ¿Qué significa eso? Que está en los estatutos y por tanto nadie lo puede sacar.

2) Bernardo hace que Lomas II compre los activos de Lomas I y Los Olmos. Esos activos están avaluados en UF 3.676.047. La particularidad de esta compra es que Lomas II se compromete a pagar esos activos en 60 años plazo, sin intereses y sin cuotas fijas, “solo según la voluntad del deudor”.

Es necesario detenerse en ese punto. Para los acusadores se producen ahí dos hechos importantes. Con ese tipo de venta, las sociedades Lomas I y Los Olmos parecen haber sido perjudicadas mientras que Lomas II, al tener una deuda tan “blanda” se ha beneficiado.

Así lo explicita en su querella por estafa la esposa de Manuel: “Es fácil comprender que no vale lo mismo un crédito que se puede cobrar inmediatamente que otro que se podrá cobrar en 60 años más. (…) Esta disminución del valor económico de los activos de mi cónyuge, trae consigo un gran incremento del valor económico para el deudor Lomas II pues lógicamente al estar financiada en un tan largo plazo, sin obligación de pagar intereses, goza de una situación muy ventajosa para desarrollar todos sus negocios. Demás está señalar que todos desearíamos tener la suerte de podernos financiar en estas condiciones”.

3) La venta, con las mismas condiciones, se repitió calcada con los activos de las sociedades San Francisco y La Carpa. En este caso Lomas II compró sus activos por $10.044.183.104 pagaderos a 60 años.

Hay que apuntar, sin embargo, un hecho curioso. Hasta aquí parece no haber perjuicio para Manuel Ossandón, puesto que lo que eventualmente pierde por los malos negocios que han hecho sus sociedades de Las Lomas I, los Olmos, San Francisco y La Carpa, lo recupera con la gran posición que tiene Lomas II de la cual es socio a través de DM.

4) Para entender el siguiente paso hay que tener presente que la venta de los activos que se acaba de relatar, generan varias “cuentas por cobrar” a 60 años. Dice la acusación que Bernardo Ossandón transfirió esas cuentas por cobrar a la sociedad Real State, creada en las Islas Vírgenes y que tiene como administrador a Bernardo Ossandón.

Como evidentemente estas cuentas por cobrar son difíciles de cobrar, el traspaso se hizo con un gran descuento de $ 17.360.744.397.

5) Real State, para saldar esa cuenta, emitió un pagaré por US$112.732.106. Manuel denuncia que su hermano le entregó una fotocopia de ese pagaré. Lo mismo ocurrió con la venta de los derechos que tenía en las sociedades OGF y Forestal Los Alerces. Transformaron esos activos en cuentas por cobrar y luego en un pagaré fotocopiado. En esos dos papeles estaba lo que quedaba de su patrimonio. Pero ni siquiera eso se podía cobrar porque no eran los documentos originales.

En el aspecto tributario Manuel denuncia que a través de las operaciones descritas Real State aumento su capital sideralmente y debía pagar impuestos por ello. Explica que al comprar créditos con tanto descuento y, al mismo tiempo, no pagar nada por esos créditos, su patrimonio creció. Como esta operación la hizo con todos los hermanos, la acusación afirma que Real State tuvo un incremento de capital de UF 18.970.240, el cual estaría afecto a la tasa del 35% de Impuesto adicional.

Son básicamente esos movimientos los que los fiscalizadores observan con paciencia de entomólogo para saber a qué tipo de negocio corresponden. “Si en estas operaciones se hubiese traspasado dinero, sería muy claro que se debe pagar impuesto, pues habría un incremento patrimonial”, dice una fuente que conoce el caso. “Pero en estas operaciones no hubo traspaso de dinero sino “títulos de crédito”.

De ahí la disyuntiva de si se trata de un 20-2 o un 20-5. La primera normativa se refiere a rentas derivadas del control de “capitales mobiliarios” como intereses, derivados financieros, etc. En ese caso la ganancia de capital que está afecta a impuesto aparece cuando se venden esos activos comprados a precio tan convenientes. Pero si es un 20-5, con el solo hacer la operación, se reconoce que se produjo un incremento de capital que debe pagar el impuesto adicional del 35 por ciento. En este caso, la declaración debió presentarse en abril de 2009. Es decir hay una enorme evasión tributaria.

6) Pero eso no fue todo lo que ocurrió. Como se ha dicho, Lomas II había acumulado los activos de cuatro sociedades y Manuel Ossandón era dueño del 16,667% de ella a través de inversiones DM. Días antes de que Manuel volviera a vivir a Chile, el 10 de septiembre de 2009, Bernardo cedió los derechos de DM a la sociedad Inversiones Cordillera Limitada (propiedad de Real State (99,96%) en conjunto con el abogado Rodrigo Ruiz-Tagle (0,04%) y administrada, otra vez, por Bernardo. Pese a que DM contenía activos por más de UF 2.400.000 la cesión se hizo por $100.000, que es el precio que pagó Manuel al constituirla en 2002.

7) Lo que ha pasado hasta este momento es que todos los bienes salieron de las sociedades de los hermanos Ossandón y se concentraron en Real State la sociedad asentada en las islas Vírgenes. Este movimiento parece confirmar la tesis de quienes sostienen que todas estas operaciones se hicieron para reunir el capital familiar en un solo lugar y asegurar su control en una sola mano. ¿Se trató de una estafa? Para algunos especialistas consultados, depende de quién es Real State. Pero eso no está claro y es uno de los puntos que debe definir el SII.

Según la acusación de Manuel, el administrador y verdadero controlador de Real State es Bernardo Ossandón Larraín.

Según Bernardo, en cambio, el verdadero dueño de Real State es una Fundación. La Fundación Educacional BLV (Bernardo Larraín Vial), constituida en Panamá el 30 de diciembre de 2009. Así lo explica Bernardo Ossandón, en una presentación que hizo ante la Fiscalía el 18 de enero de 2012:

“La Fundación Educacional BLV (…) es dueña, a través de Real State, de todas las sociedades del grupo. Dicha fundación tiene como sus beneficiarios principales a nuestros padres, Gabriel Ossandón Valdés y María Soledad Larraín Troncoso. Y como beneficiarios sustitutos sus cinco hijos, Bernardo, el propio Manuel, Gabriel, María Soledad y María Teresa, quienes han de sustituirlos a su fallecimiento”

Los querellantes dudan de esta versión. Según ellos, hasta ahora Bernardo Ossandón no ha entregado ningún antecedente que pruebe que esta fundación es la dueña de Real State. “No hay ninguna seguridad de que las acciones de Real State hayan sido traspasadas a la Fundación BLV. De hecho, en la Fundación constituida en Panamá no aparecen aportadas dichas acciones”, plantearon a Ciper.

Para los abogados de Manuel Ossandón, aún cuando el argumento de la Fundación fuese verdad, el único resultado claro de todo esto es que su defendido perdió por todos lados. “Manuel cambió su condición de propietario y administrador de US$ 200 millones por una expectativa de ser beneficiario de una Fundación en la que expresamente se dice que no podrá tener nunca administración de los bienes que le pertenecían y por pagarés que suman aproximadamente US$ 200 millones, que se niegan a pagarle y cuyos originales se encuentran en poder de Bernardo Ossandón Larraín”, señalaron a Ciper.

Manuel Ossandón explica que a los pocos meses de volver a Chile, y “sin sospechar lo que había ocurrido con mi patrimonio”, se comunicó con su hermano para recuperar el control de sus sociedades. Este lo hizo firmar un documento donde Manuel validó todo lo obrado por Bernardo.

“Ese documento lo redactó Rodrigo Ruiz-Tagle, quien también era mi abogado. Llegué y firmé. Era tal la confianza que yo tenía en mi hermano, que no lo leí ni me di cuenta de que estaba aceptando todos los movimientos societales que él había realizado”, contó Manuel a Ciper.

LOS DESCARGOS DE BERNARDO

Ni Bernardo Ossandón ni sus abogados aceptaron contestar las preguntas de CIPER sobre estas acusaciones. Sin embargo, en su declaración ante la fiscalía, hecha en enero de 2012, hace un extenso relato con su versión de los hechos. Afirma, desde el inicio, que las denuncias de Manuel son el resultado de “celos y resentimientos” producto de que a él le correspondió -junto su abuelo y a su padre-, administrar el patrimonio familiar durante varios años.

Bernardo explica in extenso que para los Ossandón Larraín era importante mantener el patrimonio familiar unido. Dice que Manuel estuvo de acuerdo con eso y solo en el último tiempo desconoció lo pactado. De hecho Bernardo acusa que todas las operaciones descritas en las querellas se hicieron con su consentimiento y tenían por objeto “la protección familiar de los derechos patrimoniales de cada uno de los participantes de esta estructura societaria”.

El acusado añade que “Manuel ha recibido, a lo largo de los años, cuantioso dinero con cargo a los derechos que le han sido reconocidos en las sociedades familiares y el patrimonio de todos ha sido utilizado para financiar también en parte proyectos de inversión liderados por él, los cuales han resultado en completos fracasos”.

La meta de mantener el patrimonio familiar unido, dice Bernardo, explica las ventas a 30 y 60 años que Manuel califica de perjudiciales para sus intereses. Dice que con ese tipo de traspasos los Ossandón Larraín buscaban desincentivar la venta de los derechos sociales a terceros, “como una forma de reducir el riesgo de que se incorporaran extraños que rompieran la estructura familiar. Muchas de las condiciones que hoy Manuel presenta como raras y sospechosas, tales como la venta de los derechos sociales a plazos largos de 30 o 60 años se explican precisamente por el común interés de todos los involucrados en generar condiciones que privaran de valor inmediato de mercado a los derechos que nos iban siendo reconocidos”.

Fuentes cercanas a la familia sostienen que la idea de hacer fluir todos los bienes y recursos sociales hacia una sociedad en las Islas Vírgenes fue del abuelo y que Manuel, mientras el hombre estuvo activo, no se atrevió a contradecirlo. Solo tras la muerte del abuelo explicitó su deseo de salir del mundo Ossandón Larraín, controlado por el primogénito. Pero el entramado societal estaba hecho justamente para impedir esas fugas.

“Lo que hacen muchos patriarcas de estas familias adineradas es crear estas sociedades y controlar lo que va a ocurrir en el futuro con cada peso. Por eso tienen un Trust (en este caso, la fundación en Panamá) que determina cómo y en qué momento se van a distribuir las platas. Pueden hasta controlar el dinero que le llega a un nieto dependiendo de dónde y qué estudia, si se casa o no”, describió un experto tributario consultado por CIPER.

Para finalizar Bernardo Ossandón cuestiona duramente el desconocimiento que su hermano dice tener sobre Real State. En su declaración ante la fiscal, Bernardo asegura que Manuel, entre 2003 y 2009 (el periodo en el cual dice haber sido estafado) fue director y apoderado de Real State, “teniendo poderes para representarla actuando en forma individual”. Añade que esta sociedad invirtió “debido a su insistencia, más de 1 millón de dólares en proyectos inmobiliarios en Florida, Estados Unidos”

Bernardo se pregunta ¿cómo puede ser que diga que de Real State “ignora por completo sus dueños, su capital, su solvencia”?

Consultado sobre este punto, los abogados de Manuel respondieron: “El hecho de que haya sido eventualmente director y apoderado no significa nada, pues en este tipo de empresas no se hacen reuniones de directorio en fechas prefijadas ni tampoco se les informa a ellos sobre la marcha de los negocios. A este respecto, Bernardo Ossandón incluso pudo haber nombrado director a una persona que nunca supo que ostentó ese cargo. Aquí lo importante es que ellos demuestren qué aprobó Manuel y en qué decisiones y acuerdos participó”.

EL OPUS

Según Bernardo Ossandón hoy todo el patrimonio familiar está en manos de la Fundación Educacional Bernardo Larraín Vial (BLV), cuyo reglamento fue redactado el 19 de marzo de 2010.

Entre los principios fundacionales que dan vida a la institución, se señala: “deseamos la unidad fraternal de todos nuestros hijos, de nuestros nietos y demás descendientes. Nos causaría un gran dolor que los bienes y dineros propiedad de la fundación causen división y envidia entre ellos, por ello creemos conveniente mantener la unidad de este patrimonio, lo cual encomendamos a los futuros administradores (…) mantener la unidad, tanto familiar como patrimonial”.

En el punto siguiente, se plantea que el objetivo de esta fundación es “ayudar a los descendientes en línea recta de los fundadores a que vivan en forma digna y reciban una educación, tanto valórica como técnica, de calidad. De este modo, esperamos que nuestros hijos, nietos y demás descendientes vivan conforme a lo valores y principios que nosotros hemos intentado vivir a lo largo de nuestras vidas”.

También queda claro en este reglamento quiénes son los que toman las decisiones y quiénes están más lejos de esos ámbitos. Los apoderados generales de la fundación son los padres de la familia Ossandón Larraín junto a Bernardo, el mayor de los hermanos. En el mismo punto se establece con claridad que “el Consejo de la Fundación no podrá designar como administrador de la Fundación y de las filiales que dependen de ella a don Manuel Antonio Ossandón Larraín, o alguno de sus descendientes mientras éste se encuentre vivo”. Lo curioso es que es el único de los hermanos sobre el que se establece esta restricción.

Respecto a los destinos del patrimonio familiar, María Soledad Larraín Troncoso y Gabriel Ossandón Valdés, figuran como los “únicos beneficiarios de la totalidad de los bienes, activos e ingresos de la Fundación”. Tras su fallecimiento, los beneficiarios de los bienes son sus hijos.

Según una fuente consultada por CIPER este reglamento debe leerse como la herencia del abuelo Larraín Vial, con algunas indicaciones para marginar al díscolo de la familia: Manuel. La frase “Tras su fallecimiento, los beneficiarios de los bienes son sus hijos”, cumple con el otro objetivo de todo este entramado societario: evitar el pago de la herencia de los hijos de la pareja.

Para finalizar, en el reglamento la familia se pone también en el lugar de que los hijos no estén. Y en ese caso, los Ossandón Larraín optan por dejar sus recursos en las manos del Opus Dei.

En el artículo V del reglamento se lee: “Si luego de realizadas las diligencias requeridas no es posible determinar algún Beneficiario (…) el resto de los activos netos de la Fundación será donado a: Prelatura Personal del Opus Dei en Chile; en subsidio a la Universidad Los Andes; en subsidio a la Fundación Educacional Lo Barnechea y en subsidio a la Iglesia Católica en Chile”.

De acuerdo a fuentes cercanas a la familia Ossandón Larraín, Bernardo es uno de los mayores donantes del Opus Dei en Chile. De hecho, según su hermano Manuel, hasta hace unas semanas Bernardo aparecía en la página web de la Universidad Los Andes como uno de los principales benefactores de esta casa de estudios, vinculada estrechamente a esa prelatura.

“Mi hermano aparecía como miembro del directorio de amigos de la Universidad. Pero lo sacaron de la web”, asegura, y sospecha que esto tiene que ver con el escándalo que sacude a su familia.

El Opus ha seguido de cerca la marcha de este caso. “De hecho, antes de que llegara a la justicia, un sacerdote de la prelatura intentó mediar en la disputa entre los hermanos. Pero no tuvo éxito”, explica un abogado de Manuel.

Buena parte de los más estrechos colaboradores de Bernardo Ossandón son hombres cercanos al Opus y a la citada Universidad Los Andes. En las escrituras de algunas de las sociedades de la familia, aparece por ejemplo como árbitro Orlando Poblete Iturrate, ex ministro Secretario General de Gobierno de Pinochet y actual rector de la Universidad de los Andes. O el abogado Luis Felipe Hübner Guzmán, socio del estudio UH&C, especialista en derecho tributario y también académico de esa casa de estudios.

Otros dos personajes clave en esta historia y que se han transformado, según diversas fuentes, en los “orejeros” de Bernardo Ossandón son los hermanos Roberto e Ignacio Ossandón Irarrázabal, de la familia del alcalde de Puente Alto (Coté Ossandón) y de la ex directora de la Junji (Ximena Ossandón). Los Ossandón Irarrázabal, primos hermanos de los Ossandón Larraín, están entre los miembros fundadores de Renovación Nacional y son financistas del partido.
Según cercanos a la familia Ossandón Larraín, habrían sido ellos quienes convencieron a Bernardo de la conveniencia de centralizar el patrimonio y dejarlo bajo el control del hermano mayor. “El mismo mayorazgo que ellos ejercen en su familia, solo que con una fortuna bastante menor, que no debe superar los 40 millones de dólares”, dice un conocido de ambas familias.

Roberto Ossandón fue socio de Bernardo y comparte con el padre de los hermanos Ossandón Larraín la administración de la corredora de propiedades Ossandón. Su hermano Ignacio, en tanto, durante muchos años, fue asesor financiero de la familia Ossandón Larraín a través de la corredora Larraín Vial. De hecho, el propio Manuel le encargaba a Ignacio que adquiriera instrumentos financieros a su nombre.

Hoy Manuel mantiene una profunda distancia con esta familia. En su querella acusó a uno de los socios del estudio de abogados de Roberto Ossandón, Marko Jürgensen, como autor del delito de “falsificación y uso malicioso de instrumento público falsificado”. Según Manuel, Marko, quien fue compañero de universidad de Bernardo, participó en la operación para falsificar la firma de su abuelo y, de esta manera, obtener la representación de Real State que le permitió a Bernardo realizar las operaciones societarias que terminaron por despojarlo de su patrimonio.

Así lo plantea en la querella:

“El imputado Marko Jüngersen, que representa a la sociedad extranjera “Real State”, usó –a sabiendas- el instrumento público falso que daba cuenta de su personería. Con esta maniobra dolosa logró desnaturalizar mi patrimonio personal, a tal punto que éste desapareció de mi esfera de custodia (…)”.

De acuerdo a los antecedentes reunidos por los querellantes, Roberto Ossandón también habría desempeñado un papel en esta operación de falsificación. Entregaron como evidencia un documento donde aparece la firma de Ossandón, quien habría sido testigo del eventualmente falso otorgamiento de poder a Marko Jürgensen por parte del abuelo de los Ossandón Larraín. CIPER consultó sobre este punto a Roberto Ossandón quien señaló que prefería no referirse al tema.

Para avalar su acusación de falsificación, los abogados de Manuel presentaron dos informes periciales que concluyen que el documento a través del cual Bernardo Larraín Vial entrega el poder de representación de Real State a Marko Jürgensen tiene una firma falsa: la del abuelo. (Ver informe)

Vea la serie completa:
-Punta Peuco I: La fallida operación de inteligencia de Álvaro Corbalán.
-Punta Peuco II: Los cachureos del Guatón Romo.
-Punta Peuco III: El otro muro que divide a militares y carabineros.

Punta Peuco no aparece en los mapas pese a estar a 50 kilómetros y a sólo 30 minutos de Santiago. Pero sí tiene tradición carcelaria: un terreno abandonado entre las pocas viviendas del pueblo era el último vestigio de una antigua colonia de presos de baja peligrosidad que allí funcionó. El terreno quedó como propiedad de Gendarmería y en enero de 1995, ante la inminente primera condena al general (r) Manuel Contreras por el crimen de Orlando Letelier (perpetrado en Washington, en septiembre de 1976), sería el lugar escogido para construir allí la nueva cárcel especial para el ex jefe de la Dina y los uniformados condenados por crímenes de derechos humanos.

Tras sortear una crisis política provocada por el rechazo de Ricardo Lagos, ministro de Obras Públicas de la época, a firmar el decreto que daría inicio a su construcción, y luego un conato de rebeldía del ex jefe de la DINA, finalmente en octubre de 1995, Contreras ingresó a Punta Peuco en calidad de preso. Durante meses tanto el militar condenado como la nueva cárcel acapararon la atención del Ejército, de la inteligencia del gobierno, de las policías y de los medios.

Quince años más tarde, cuando el ex suboficial de carabineros Francisco Toledo ingresó a Punta Peuco por un delito que cometió en 1985, todo era distinto. Manuel Contreras ya no estaba recluido allí, sino en el Penal Cordillera, un recinto militar más exclusivo e íntimo. Ya no había integrantes del Ejército en la custodia, sino sólo gendarmes; y los presos veían transcurrir sus días sumergidos en el olvido. Muchos de sus hijos, en cambio, vivían afuera otra historia: sentían constantemente temor al rechazo social provocado a veces al sólo escuchar su apellido en público.

Eso fue exactamente lo que le ocurrió a la única hija del carabinero Francisco Toledo: perdió una beca en la universidad en la que estudiaba. Según cuenta su madre, bajó sus notas porque sentía pánico de que algún compañero le enrostrara: “¡Tu papá mató a los hermanos Vergara!”. Su pesadilla era que precisamente la encararan durante una disertación.

Francisco Toledo fue condenado a siete años como uno de los autores del homicidio de Rafael Vergara Toledo, un muchacho de 18 años que el 29 de marzo de 1985 recibió 8 balazos (entre ellos, uno en la nuca y otro en la región lumbar) durante una jornada de protesta y cuyo cuerpo fue encontrado en la vía pública al lado de su hermano, Eduardo (23 años), también asesinado. Veinticinco años se demoró la justicia en arrojar su veredicto.

Los hermanos Vergara Toledo vivían en la Villa Francia, una población de Santiago que fue epicentro de masivas protestas contra la dictadura en esos años. Ambos militaban en el MIR y su muerte se transformó en un símbolo para los jóvenes que luchaban contra el régimen militar. Con los años, ese símbolo varió para representar el descontento social con la democracia y siguió mutando hasta llegar a nuestros días transformado en una amalgama de protestas y brote delictivo. Lo cierto es que desde ese primer 29 marzo de 1985, en que los hermanos Vergara fueron víctimas de la violencia política, ningún aniversario ha dejado de ser violento.

Elisa, la esposa del ex suboficial de carabineros Francisco Toledo, le explicó a su hija que “el papá cumplía órdenes y ese día estaba trabajando”. Al igual que la mayoría de las esposas de uniformados presos por crímenes cometidos durante la dictadura, Elisa cree en la inocencia de su marido y está en desacuerdo con el desarrollo de los juicios.

Elisa y Francisco se conocieron cuando ella tenía 14 años. Juntos construyeron una familia que Elisa describe como “ejemplar”: su esposo siempre fue un padre preocupado, “que llevaba a nuestra hija a la universidad todos los días. La niña era su regalona”. Elisa siente dolor y rabia por esta separación.

Cada domingo ambas visitan a Francisco Toledo en Punta Peuco, quien está recluido en el “Módulo 2”, donde comparte con otros ex uniformados a quienes Elisa no conocía, con excepción del subteniente (r) Alex Ambler, el ex jefe de su marido que también está condenado a siete años por la muerte de los hermanos Vergara Toledo. A todos ellos Elisa los encuentra “excelentes personas y buenos compañeros de presidio”.

-Yo puedo evaluar a estas personas por como están ahora, yo no sé los casos en que se vieron involucrados –explica Elisa.

No es extraño que Elisa no conozca los delitos por los que están presos los compañeros de módulo de su marido. Al igual que en todas las cárceles del mundo, en Punta Peuco los motivos del encierro son tema tabú entre los internos. Ese mecanismo de defensa no funciona igual para todos los familiares de los presos. Entre los hijos la pregunta ronda. Un día su hija le contó a Elisa que en Internet había una página donde sólo con el apellido de una persona era posible saber por qué delito estaba condenado. La joven le dijo que así podían saber las acusaciones en contra de los compañeros de encierro de su padre.

Elisa la paró de inmediato:

-¿Por qué lo vas a hacer?, le dije. ¿Por qué mejor no conoces a la persona como es ahora y te fijas en cómo te saludó? Lo demás, respétaselo. Si algún día él te quiere decir “yo estoy involucrado en esto o me enjuiciaron por esto”, lo escuchas. Pero ahora, no corresponde.

Elisa le planteó el secreto como una forma de respeto, lo que implica suponer que la verdad es una ofensa. La hija de Francisco Toledo, aceptó: “Mamá, tienes toda la razón”, le respondió.

Para este reportaje alrededor de una veintena de familiares de militares presos (entre esposas, madres, hijas y hermanas) fueron contactados, pero la mayoría se negó a hablar. Algunas esposas, evidenciando en sus palabras y tono de voz mucha rabia acumulada, aprovecharon de repetir una y otra vez: “La historia está tergiversada”.

Sandra Contreras (42 años) no está de acuerdo.

EN TIERRA DE NADIE

Sandra Contreras sí cree en los hechos que se probaron en tribunales y que condenaron a su padre, el ex suboficial de Ejército Manuel Contreras Donaire, a 8 años de prisión por haber degollado al líder sindical y presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, en febrero de 1982.

A Sandra, a sus tres hermanos y a su madre, Manuel Contreras Donaire los golpeaba cuando gozaba de la libertad. Lo hacía si lo contradecían o si se reían cuando él quería descansar. Una vez le dio un combo a su hija Sandra y la botó por la escalera. “En el Hospital Militar tuve que contar que me caí en una bicicleta”, recuerda la mujer. Nunca lo denunciaron. La madre y todos los hermanos soportaron en silencio. Por eso, cuando Sandra supo que su padre se iba preso a Punta Peuco, se alegró:

-Yo me decía que de alguna forma este huevón va a tener que pagar –recuerda.

Sandra dejó de ver a su padre a fines de los ’80, cuando Manuel Contreras Donaire se separó de su mamá. Sus hermanos, en cambio, mantuvieron el contacto. Sandra era la única que no sólo le tenía rabia por lo violento que había sido con ellos, sino por haber asesinado a Tucapel Jiménez. Durante la dictadura, Sandra participó de la pastoral de una iglesia en Renca y conoció las poblaciones:

-Vi hambre, injusticia, vi a los milicos ahí. Yo era la oveja negra de mi familia.

En julio de 2005, el ex Presidente Ricardo Lagos le otorgó a Contreras Donaire el indulto presidencial con beneficio de remisión condicional de la pena. El presidente argumentó que el indulto se debió a la ayuda que prestó para resolver el caso. “Gracias a él, en buena medida, pudo aclararse el crimen”, dijo Lagos. El hijo del dirigente sindical le respondió al Mandatario: “Le pediría al Presidente y al ministro de Justicia, que antes de tomar una medida así leyeran el fallo, porque el indultado es uno de los autores materiales. Carlos Herrera Jiménez fue el que efectuó los disparos a mi padre y este asesino (Contreras Donaire) fue el que lo degolló”.

Para la fecha del indulto, julio de 2005, Contreras Donaire llevaba seis años en la cárcel. Le faltaban dos años para cumplir su condena. Según consta en el expediente judicial, el suboficial jamás reconoció su participación en los hechos pese a que el ministro Sergio Muñoz probó que fue él quien degolló a Tucapel Jiménez.

Dos años después de haber recuperado su libertad, el ex sub oficial se divorcio legalmente de la madre de Sandra y las dejó sin nada. Como la hija quería que su mamá recibiera una pensión decente decidió llamar a Tucapel Jiménez hijo, que ya era diputado PPD. Sentía que su familia y la de él habían sido víctimas de la misma plaga: malos hombres. Como si la pertenencia de las personas no fuera un asunto de sangre ni de raza ni de patrias, sino de calidad humana.

Sandra lo llamó sin pensarlo mucho: “Hola, soy la hija del hombre que mató a su papá”. Tucapel escuchó su infierno y la ayudó a conseguir abogados.

Cada cierto tiempo toda esa historia regresa, como el crimen de los Toledo regresa en cada violento 29 de marzo, día del joven combatiente.

El año pasado, por ejemplo, Sandra no se perdió capitulo de las series “Los archivos del cardenal” (TVN) y “Los 80” (Canal 13), dos producciones con las que la televisión chilena intentó saldar parte de sus deuda de silencio sobre lo vivido por miles de compatriotas en los ’70 y ‘80. La ficción les permitió mostrar ese mundo desde una óptica que al periodismo le resulta muy difícil: a través de la vida cotidiana del torturador, el increíble doblez del alma humana capaz de electrocutar a un hombre en la mañana y en la tarde partir de buen humor a elegir regalos de Navidad para los hijos. Mostrar la violencia como una actividad laboral con una “terrorífica normalidad” de la que habla la filósofa Hannah Arendt, cuando describe al criminal nazi Otto Adolf Eichmann.

Para Sandra, la hija de Manuel Contreras Donaire, mirar esos personajes fue verse a sí misma. A veces no era capaz de terminar los capítulos:

-Yo miraba “Los 80” y decía: mi papá era así, él trabajaba en eso. Ver el programa me producía tanta angustia… no hay palabras… Me lo imagino electrocutando personas, forzándolos con golpes… y no podía dejar de pensar que cuando era chica viví bien gracias a todas las aberraciones que él hizo, gracias a todas las familias que él hizo mierda –dice Sandra.

“MIS CULPAS O COMO SE LLAME”

Fernando Valdés Cid, teniente (r) de Carabineros, estuvo preso durante tres años en el “Módulo 2” de Punta Peuco.

Valdés era policía de calle. Ingresó a la institución en 1977, tres años después del Golpe. Practicaba kárate, judo y su pasatiempo era salir a cazar. En 1982, siendo subteniente, Valdés fue encargado reo por la Fiscalía Militar de Valparaíso como autor del delito de violencia innecesaria causando lesiones leves a Oscar Uribe. Posteriormente fue absuelto. En 1984 lo acusaron de matar al obrero del POJH Nelson Carrasco, detenido en San Bernardo el 27 de marzo de ese año por un piquete de 19 carabineros que encabezaba Valdés. La madre del obrero denunció la desaparición de su hijo y el cuerpo fue encontrado a la orilla del canal “El Espejino”, el 11 de abril.

El Segundo Juzgado Militar de Santiago determinó que Carrasco fue golpeado en el furgón policial brutalmente y luego fue lanzado al canal junto a otros detenidos donde se ahogó.

A Valdés lo condenaron a seis años de presidio por “violencia innecesaria con resultado de muerte”. En 1988 ingresó a la Escuela de Carabineros a cumplir prisión preventiva por alrededor de tres años, tiempo que se le abonó cuando llegó a Punta Peuco a cumplir su condena el año 96.

El crimen cometido por Valdés es probablemente el más actual de todos los reseñados en esta serie. El delito se ha mantenido en el tiempo, en dictadura y en democracia: el uso de la fuerza policial del Estado sin freno es lo que reclamaron los habitantes de Aysén este verano, lo que vienen reclamando los mapuches por décadas y lo que probaron los estudiantes en las manifestaciones del año pasado.

Sobre su responsabilidad en la muerte del obrero Nelson Carrasco, Fernando Valdés dice:

-Siempre lo he recordado como una pena grande…Para una familia perder un hijo no es fácil, ¿cierto? Yo perdí a mi madre hace poquitos días, yo sé lo que es, puedo sentir lo que es. Pero antes, igual sentí siempre pena. Lo llevó en mi corazón, es una cosa… el haber estado o no ahí, el haber hecho o no, el haber ayudado o no, el haber cooperado o no, o haber evitado o no, todas esas cosas me las preguntó…

Valdés habla de Carrasco y finalmente, cuando ya no puede eludir más el punto clave de su muerte, pareciera que aquello que el mismo se pregunta por alguna razón prefiere no respondérselo:

-Yo no lo maté. Hablan de que al lanzarlo al agua, después este chiquillo se murió ahogado. O sea, que yo le pegué solo, le pegué a los otros cuatro o cinco que andaban ahí, hice todo esto solo. Eso es lo que pienso. Pregúntese usted qué pasó. Yo no me voy a preguntar más que pasó. Yo para mis adentros tengo mis propias responsabilidades, culpas o como se llame…

Cuando Fernando Valdés ingresó a Punta Peuco, su hijo mayor sabía dónde estaba: una prisión militar. Pero al que tenía 6 años le dijo que el papá trabajaba en el campo y que Punta Peuco era el lugar donde dormía cuando la noche se ponía peligrosa. Valdés le explicó así al niño la presencia de los barrotes y los gendarmes armados las tres veces que lo fue a ver. Los malos estaban afuera.

Ahora que ese hijo creció, nunca le ha vuelto a preguntar. Valdés es de la idea de olvidar. “Lo que pasó ya fue, ya pagué”, dice.

Si su memoria ha bloqueado la fecha exacta en que salió de Punta Peuco, las imágenes de lo que pasó ese día las tiene bien vivas: su esposa y su hermano lo fueron a buscar y le pasaron una botella de whisky que se fue tomando de a poco al recorrer libre nuevamente las calles. Al lunes siguiente volvió a trabajar a la misma empresa en la que se desempeñó luego de su retiro de Carabineros el ’87. Nadie le puso problemas por su prontuario, como les ocurre a todos los que salen de la cárcel.

Así, el oficial de Carabineros -bajo, macizo, calvo, de brazos peludos, al que le decían “El Mono”- volvió a pasearse por los campos de la Sexta Región como si los tres años en la cárcel no hubieran existido. Salvo por la pistola.

-Yo tomé precauciones. Me hice de un arma porque tenía temor que me llegara alguna represalia aquí afuera. Y aunque como ex preso no tenía permiso para portar armas, anduve con una ilegalmente durante un año.

LAS FIESTAS DE CONTRERAS

Es muy probable que las represalias que temía Fernando Valdés Cid cuando salió en libertad no fueran sólo de los opositores a Pinochet. Y ello porque a fines de 1995, cuando empiezan a llegar a Punta Peuco los primeros condenados del Caso Degollados, este oficial de Carabineros se convirtió en el primer preso de esa peculiar prisión en denunciar -a la revista Qué Pasa- los privilegios para el día de Año Nuevo que tenían el ex jefe de la DINA y su segundo en el organismo de represión: Pedro Espinoza.

“Las fiestas del Mamo Contreras y los cumpleaños de Espinoza eran verdaderos carnavales. Porque a ese sector no entraba Gendarmería, era exclusivo para el Ejército”, dice hoy Valdés, quien además recuerda que estaba molesto porque los militares tenían teléfonos en sus habitaciones y visitas fuera de horario:

-Pero para nosotros, los carabineros, no había nada de eso. Entonces, lo que yo decía era que si estamos todos en la misma, apechuguemos todos en igualdad de condiciones –afirma el oficial retirado.

No fue esa la opinión de todos sus compañeros de Módulo. Para algunos de los carabineros del Caso Degollados, las denuncias de Valdés fueron una deslealtad hacia Manuel Contreras ya que era gracias a él que estaban en esa cárcel y no en una con todos los presos comunes. Pero Valdés no se arrepiente:

-Yo he sido mucho más leal que muchos de ellos. Ahí tú tienes al Mamo Contreras gritando como condenado, involucrando más gente. ¿Por qué no se queda callado? Eso no corresponde. ¿Va a salir en libertad con eso? Que muera callado, como buen soldado no más –dice a CIPER.

LOS ORIGENES

Mientras allí estuvo recluido, Manuel Contreras siempre hizo valer que gracias a él existía esa cárcel especial, custodiada por miembros del Ejército que se cuadraban ante ellos y los trataban como sus superiores.

-Yo fui a una cárcel que la tuvieron que construir especialmente para mí. Si no, no voy a la cárcel –dijo Contreras en una entrevista con Chilevisión hace dos años.

Y esta vez Contreras sí dice la verdad. Porque fue la anunciada primera condena al ex jefe de la DINA la que gatilló en enero de 1995 la decisión de construir una cárcel especial para el general. El arquitecto socialista Claudio Martínez, entonces director de Gendarmería, le propuso al Ejército el terreno que tenía la institución en Punta Peuco.

El Ejército, que presionaba por esa cárcel especial, aceptó. No así el ministro de Obras Publicas, Ricardo Lagos, quien rechazó la orden del Presidente Eduardo Frei de firmar el decreto de emergencia para iniciar la construcción. No estaba dispuesto a quedar como el autor de un penal especial para militares. A Frei no le quedó otro camino que enviar un proyecto de ley al Congreso. En febrero de 1995 se inició la construcción. Cuatro meses más tarde, el 14 de junio de 1995, el gobierno de Eduardo Frei despachó el Decreto 580 que creó el “Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco”.

Claudio Martínez recuerda que siempre en las conversaciones que tuvo sobre la nueva cárcel había oficiales del Ejército presentes:

-Ellos estaban detrás de esto, y no podría haber sido de otra forma. Hacer una cárcel especial en ese momento no era para darles privilegios a los militares, era por seguridad de la ciudadanía. Pinochet, el ex dictador, era el comandante en jefe del Ejército todavía. ¿Qué habría pasado si al jefe de la policía secreta de la dictadura le daban muerte adentro de una cárcel común? –explica.

Contreras fue condenado por el ministro Adolfo Bañados el 30 de mayo de 1995 a 7 años de presidio como uno de los autores del asesinato del ex canciller de Allende, Orlando Letelier. Pero no inauguró la nueva cárcel. Argumentó estar enfermo. El primero en llegar a Punta Peuco fue el brigadier en servicio activo Pedro Espinoza Bravo, el segundo hombre operativo de la DINA, quien también fue condenado por el crimen de Letelier. Y lo hizo el 19 de junio, el mismo día que el Ejército lo llamó a retiro, despojándolo de su escudo protector.

Espinoza dijo a la prensa: “El Ejército me entrega”. El traslado se hizo en la madrugada. Claudio Martínez, director de Gendarmería y quien lo recibió en Punta Peuco, recuerda que Pedro Espinoza llegó acompañado de una comitiva de familiares, amigos y militares:

-Eran como 50 personas y la escena fue bien dura, porque Espinoza llega a una reja y yo estoy adentro esperándolo. En dos segundos tuve que pensar: lo dejo entrar a él o los dejo entrar a todos. Y los dejé entrar a todos. Y cuando entraron, ¡empezaron a sacarle fotos a la cárcel!

Una vez que Espinoza se quedó sólo allí dentro, Martínez dice que “el ambiente era igual al de un velorio”. Y se mantuvo durante cuatro meses con el brigadier como el único preso de la nueva cárcel. El 22 de julio de ese año, unas 300 personas, entre militares y civiles, se manifestaron en Punta Peuco para apoyarlo: cantaron el himno patrio e hicieron un pic- nic en los alrededores.

La tensión iba creciendo. Y llegó a su punto máximo cuando los dos hijos del brigadier –ambos militares activos- sobrevolaron la cárcel en helicóptero. “Fue una provocación si se quiere”, dice Martínez. Provocación que replicó Espinoza anunciando en octubre una huelga de hambre en contra del Ejército. Pero desistió. Justo a tiempo para recibir al nuevo habitante VIP de Punta Peuco: el general (r) Manuel Contreras.

Después de intentar resistir el encarcelamiento y mantener la impunidad de la que había gozado durante dos décadas, atrincherándose en el Regimiento Sangra en Osorno y en el Hospital Naval de Talcahuano, Manuel Contreras llegó a Punta Peuco en octubre de 1995. Su único compañero de módulo, Pedro Espinoza, lo consideraba un traidor.

-Como la relación entre ambos era tensa, instalaron un sistema de semáforo en los espacios comunes para no encontrarse -recuerda Martínez.

Para custodiar a dos presos, el Ejército designó a cinco oficiales y 66 suboficiales y clases, según informó a CIPER la institución. Ellos formaban un anillo de seguridad interno mientras que Gendarmería quedó a cargo de la custodia externa. “Lo que yo percibí es que el Ejército tenía mucho temor de que Espinoza o Contreras, fruto del encierro, entregaran algún tipo de información” dice Martínez.

Una tesis viable frente al último crimen que la justicia chilena le acaba de adjudicar a Espinoza en noviembre de 2011: fue procesado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Jorge Zepeda como autor material del homicidio del ciudadano estadounidense Charles Horman (cuya historia dio origen a la película Missing), una muerte que el régimen militar siempre negó.

Lo que nadie niega hoy son los privilegios de los que gozó Manuel Contreras mientras estuvo en Punta Peuco y que denunció el carabinero Fernando Valdés Cid. De partida, nunca fue tratado como un preso por el personal militar de custodia, sino como sus subordinados.

-El Mamo trataba a los oficiales de Ejército que lo custodiaban como goma. Siempre hacia peticiones a través de ellos y presionaba a Gendarmería. Por él se tuvo que habilitar una enfermería con médico y hasta se trajo un mozo que le preparaba las comidas –dijo a CIPER un ex gendarme que trabajó en Punta Peuco en esos años.

En 2001 Manuel Contreras cumplió su primera condena y se fue de Punta Peuco a su casa, con detención domiciliaria por los múltiples procesos en curso. Como prueba de su importancia, casi dos años después, en 2003, la custodia del Ejército terminó. Justo en el momento en que Ricardo Lagos creaba la Comisión Valech que investigó los casos de prisión política y tortura. Más de 35 mil personas prestaron testimonio mientras en Punta Peuco recibían a nuevos habitantes de la cárcel especial: Álvaro Corbalán y Hugo Salas Wenzel, ambos de la CNI, entre ellos.

Fue el momento también en que los presos de Punta Peuco iniciaron una batalla por la obtención de beneficios carcelarios. Había que atraer a nuevos socios que apoyaran su petitorio.

RAZONES DE ESTADO

En 2003, el sacerdote Alfonso Baeza, vicario de la Pastoral Social, visitó en Punta Peuco a los carabineros del Caso Degollados. Fueron los propios presos quienes le pidieron a Marcelo Mancilla, el sacerdote de Gendarmería que los asistía espiritualmente y con quien Baeza tiene muy buena relación, que lo llevara.

Querían que Baeza intercediera por ellos ante las autoridades de la época tal como lo estaba haciendo por los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR); el brazo armado del Partido Comunista que en dictadura preparó entre otras acciones el fallido atentado de septiembre de 1986, donde planeaban matar a Augusto Pinochet en la ruta de regreso desde su casa en El Melocotón. En democracia no sólo cayeron en prisión los hombres del dictador, sino que también lo hicieron aquellos que se opusieron a él.

Recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), los frentistas iniciaron periódicas huelgas de hambre para negociar el indulto presidencial. Por su labor pastoral y su trabajo activo en dictadura, Baeza medió con el gobierno. Y a 30 años del Golpe, los presos de Punta Peuco consideraron que la visita de un sacerdote que congeniaba con la izquierda era una buena forma de levantar la bandera de los otros “presos políticos”.

Baeza recuerda la visita: “Querían decirme que se estaba cometiendo una injusticia con ellos porque también eran presos políticos y no tenían acceso a la libertad condicional ni a ningún beneficio carcelario”.

A primera vista, la exigencia del empate de los presos de Punta Peuco parecía de justicia básica. Pero en lo medular, para Baeza había diferencias profundas con los presos políticos del CAS. La primera y más importante era que los frentistas se habían comprometido a no volver a ocupar jamás los medios violentos:

-Pero los presos de Punta Peuco ni siquiera habían dejado en claro ante los tribunales lo que habían hecho ni quienes les dieron las órdenes. En Punta Peuco me di cuenta que no se podía discutir con ellos, que ahí no había conversión. La verdad, me parece que hay algunos como Manuel Contreras, el jefe de la Dina, y otros, que volverían a hacer lo mismo -dijo Baeza a CIPER.

El lobby de los presos de Punta Peuco siguió. Mediante las visitas de sus familiares al Congreso y las cartas que enviaban desde la cárcel a diferentes políticos, lograron cierta acogida e incluso eco a su situación. Fue así que en septiembre de 2005, meses después de que el entonces Presidente Lagos le otorgara el indulto presidencial a Manuel Contreras Donaire, los senadores Hernán Larraín (UDI), el almirante (r) Jorge Arancibia (UDI), Baldo Prokurica (RN) y Enrique Silva Cimma y Edgardo Boeninger, ambos senadores designados de la Concertación, presentaron un proyecto de ley que favorecía a los uniformados condenados con dos tipos de beneficios.

El primero fijaba una pena única de 10 años de presidio por la totalidad de los delitos cometidos, quedando sujetos a arraigo y al régimen de libertad vigilada por el resto de la condena original; y el derecho de la remisión condicional de la pena a los sentenciados que durante el cumplimiento de la condena cumplieran 70 años de edad.

Dos años más tarde, en noviembre de 2007, el Senado lo rechazó. La polémica que provocó el indulto de Lagos a uno de los asesinos de Tucapel Jiménez no dejó espacio para nuevos beneficios.

Las razones del ex Presidente para otorgarle indulto a Manuel Contreras Donaire fueron finalmente de Estado. Algo que Lagos explica hoy como un gesto oportuno. Durante su gobierno había indultado a varios frentistas. Era hora de hacerlos con “los otros”:

-Había que decir, bueno han pasado 15 años desde la recuperación de la democracia y ahora mandamos nosotros. Porque cuando yo llegué a La Moneda y salía al extranjero me preguntaban: “¿Usted efectivamente es el Presidente o sigue mandando Pinochet?”. Yo ya había nombrado a una mujer socialista y torturada por los militares en el Ministerio de Defensa, se habían dictado las reformas constitucionales que permitían destituir a los altos mandos. ¿Por qué no hizo una cosa de ese tipo Frei? Porque iban a creer que seguían mandando los militares. Pero esta decisión era mía, y era mía porque había cambiado el país.

Los cambios sociales son sutiles, complejos de precisar. Y lo que Lagos describe como “cambio del país”, el juez Joaquín Billard lo ve mucho más restringidamente. En todos estos años investigando los crímenes de la dictadura, al único militar que el juez Billard ha visto cambiar es a Carlos Herrera Jiménez, oficial de Ejército, ex miembro de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y de la CNI, quien ha pedido públicamente perdón a la familia de Tucapel Jiménez, a quien asesinó junto a Manuel Contreras Donaire:

-Herrera Jiménez siente que los mandos de la época lo engañaron, que lo convencieron de que lo que estaba haciendo era por el bien de la Patria. Y él ahora, sentado y mirando el techo, se da cuenta que todo eso era una estupidez –afirma el juez Billard.

Pero al inicio, el juez Billard cuenta que los militares acusados llegaban a tribunales altaneros porque no creían que iban a ser juzgados: “¡Ellos pensaron que no los iban a procesar nunca! ¡¿Cómo pudieron pensar eso?! ¿Cómo pudieron creer: “yo mato a este gallo y nadie me va a hacer nada”? ¡Qué manera de estar endiosados!”.

Mario Carroza, otro de los ministros que ha investigado violaciones a los derechos humanos a lo largo de lo años, coincide con Billard en la sensación de impunidad con que vivían los agentes: “Eran personas a la que les gustaba tener poder, sentir que el resto dependía de ellos. A otros les gustaba hacer de espías”, dice.

Pero la estructura ligada al sistema que los protegía y les proveía de impunidad, y que estaba asentada también en el Poder Judicial, ya no existe. El juez Carroza trabaja desde esa línea los interrogatorios: haciéndoles ver que ahora son personas comunes y corrientes:

-Trato de hacerles entender que hicieron cosas más allá de lo común y corriente, y cuando eso pasa, las personas entran en la etapa delictual. Si alguna vez ellos pensaron que estaban en una guerra, no soy quién para decir que no es así. Pero después de 1975 ya no hubo guerra. Ahí les digo que deben saber por qué actuaron así. Sopesar si actuaron mal y responder por eso. Cuando los interrogo, yo trato de señalarles que hay un momento donde tomaron una decisión y que la suya fue equivocada -dice el juez.

Por esas equivocaciones, a septiembre de 2011, según la base de datos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, había 249 uniformados condenados en última instancia. Una cantidad que en todos los análisis tanto en Chile como en el extranjero se pone al lado de los 3.186 compatriotas desaparecidos y ejecutados durante el régimen militar. Dos situaciones dramáticamente dispares.

DAR VUELTA LA HOJA

El hijo de Tucapel Jiménez jamás pensó que además de todo lo vivido, iba a tener que lidiar con el arrepentimiento de uno de los asesinos de su padre. Con ese perdón que Carlos Herrera Jiménez le ha pedido públicamente a través de los medios de comunicación a lo que se suma su petición reiterada a reunirse con él en Punta Peuco. El diputado ha considerado esa posibilidad. Pero le cuesta:

-No me veo sentado al frente del asesino de mi papá. Como diputado uno quisiera decir “lo hago a cambio de información, para que otras familias tengan esa tranquilidad espiritual”, pero la verdad es que no he llegado a ese grado de convencimiento de que me vaya a servir o le vaya a servir a otras personas. Pero si sirviera de algo, haría el sacrificio -dice el hijo de Tucapel Jiménez.

El padre de Tucapel se había convertido a inicios de los ’80 en una de las voces más importantes en contra del régimen, al punto de iniciar la preparación del primer paro nacional de trabajadores en 1981. Su alta convocatoria y su alianza con el ex presidente Eduardo Frei Montalva, asesinado también un mes antes que el líder sindical, encendieron todas las alarmas en el círculo de Pinochet. De ahí que el diputado PPD quiera honrar su figura enfrentándose a su asesino en nombre de otros, pero es el hijo el que hoy no puede. Ahora Tucapel tiene sus propios hijos que jamás aceptarían algo así.

-Mucha gente piensa que es parte de la estrategia de Carlos Herrera juntarse conmigo para recibir el indulto. Yo soy contrario a los indultos, pero pienso que él debiera tener beneficios carcelarios. Herrera colaboró con la justicia, y si sus peticiones de perdón fueron estrategia y una mentira, no importa mientras haya colaborado –dice el diputado Jiménez, quien asume que es imposible dar vuelta la página.

“Yo me voy a morir recordándolo. Hasta en pequeñas cosas cotidianas, como cuando juega Colo- Colo, el equipo de fútbol que a él le gustaba, no puedo dejar de acordarme de mi papá”, dice Tucapel Jiménez.

Las palabras del hijo de Tucapel Jiménez grafican lo difícil que resulta para los familiares de los presos de Punta Peuco intentar lidiar afuera con el rechazo. Más difícil si lejos de mostrar arrepentimiento, algunos intentan usar antiguas estrategias de extorsión para obtener beneficios. Como lo hizo Álvaro Corbalán, involucrando de paso a otros presos.

Luego de leer el primer reportaje de esta serie, el senador Francisco Chahuán y el sacerdote Cristián Precht, a quien la madre de Corbalán le pedió acogida para su hijo, dijeron a CIPER que ya no concurrirán más a Punta Peuco. Para ambos su rechazo a ser involucrados en cualquier acción que se asocie a una operación de inteligencia, es lo que motiva su decisión.

Vea también: Punta Peuco II: Los cachureos del Guatón Romo

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Con su metro ochenta a cuestas, José Florentino Fuentes Castro se pasea por la cocina del módulo que habita en Punta Peuco con un paño en el hombro. Viste buzo y zapatillas. Cuando era joven, por su contextura gruesa le decían “El Buey”. Aunque usa audífonos, apenas escucha. Su esposa nos pide que le hablemos fuerte y “bien modulado para que él pueda leer los labios”.

Es el domingo 18 de diciembre. En la puerta de su celda Fuentes Castro colgó una imagen del Viejo Pascuero. Luego de estar más de 15 años encerrado, su celda es su verdadera casa. Está condenado a cadena perpetua y probablemente, como Osvaldo Guatón Romo, también muera en la cárcel. En 1985, cuando él tenía 35 años y era un suboficial de Carabineros, degolló a Santiago Nattino, militante comunista, publicista y pintor. Nattino tenía entonces 61 años, uno menos de los que Fuentes Castro tiene hoy.

“Recuerdo que Nattino no dijo nada, iba muy débil; se lo puso en el suelo de espalda. Sáez (el carabinero Alejandro Sáez) lo tomó de la cabeza y el Pegazo (el carabinero Claudio Salazar) le tomó los pies, estaba también el Fanta (el civil y ex dirigente comunista Miguel Estay). Yo le hago un corte”, confesó Fuentes finalmente ante un juez después de transcurridos nueve años del crimen.

En esa misma terrible jornada del 29 de marzo de 1985 fueron asesinados también los militantes comunistas José Manuel Parada, entonces jefe de documentación de la Vicaría de la Solidaridad; y Manuel Guerrero, dirigente gremial de los profesores. El triple crimen se conoció como el Caso de los Degollados. Su brutalidad heló la sangre de los opositores a Pinochet, precisamente lo que sus autores intelectuales buscaban.

“José Fuentes fue castigado a cuatro días de internación en celda solitaria por amenazar a otro carabinero, el coronel (r) Iván Quiroz, ex alto mando de la CNI y brazo derecho de Álvaro Corbalán”.

La crisis económica a partir de 1983 había provocado masivas protestas en Santiago y otras ciudades del país. Al comenzar el segundo semestre de 1984, la gente estaba ganando la calle y perdiendo el miedo. Era necesario hacérselos encontrar de nuevo. Paralizarlos de terror. A Fuentes sus superiores le dijeron que Nattino, Parada y Guerrero “eran responsables ideológicos de las muertes de varios carabineros y que, debido a que los tribunales eran inoperantes, había que buscar justicia propia”, contó Fuentes a Ciper.

La esposa de Fuentes agregó que a su marido lo picanearon con otro motivo más: “Le dijeron que tenía que mojarse el potito y demostrar que no era como su papá”. El padre de Fuentes era un comerciante aparentemente ligado al Partido Comunista.

Tras azuzar a los demonios, otros más arriba en la escala del poder pudieron usufructuar del pavor generado, sin mancharse las manos. Fuentes dice que sólo conoció a los oficiales que tenía inmediatamente sobre él. Son también carabineros y están presos en Punta Peuco. Al igual que un grupo de militares a los que tanto detesta.

-Ninguno de estos huevones son héroes. No merecen privilegios. Son todos asesinos. Se creen que son O’Higgins, pero son todos delincuentes –dice José Fuentes Castro respecto de los militares.

Las palabras de Fuentes no hacen más que evidenciar uno de los hechos de los que jamás se habla cuando se menciona a Punta Peuco: el profundo quiebre entre militares y carabineros y entre oficiales y suboficiales. Un muro invisible los separa y el transcurso del tiempo y la continuidad de ciertos privilegios no ha hecho más que reforzarlo.

APUNTEN AL MODULO 1

José Fuentes vive en el Modulo 4 de la cárcel especial. A los oficiales de Ejército de más alto grado los ubican en el Modulo 1. Están separados sólo por unos centenares de metros. Y aunque Punta Peuco es, como toda cárcel, un botadero en que la sociedad deja sus problemas y sus desechos, en su interior son otras las normas que rigen. Otros códigos que hacen que un militar que ha matado se sienta superior a un carabinero también criminal. Y ambos se sienten algo muy distinto al gendarme que debe custodiarlos.

El Módulo 4 tiene una reja como puerta de entrada y una caseta de vidrio desde la cual un gendarme armado los vigila. Pegada en el vidrio está la lista de libros del penal: “Quijote de la Mancha”, “Dulces Chilenos”, “Barrabas”, “Tarde he llegado a amarte”, “Adagio Confidencial”, “Historia de las Elecciones: Tomo I”, “La Quinta Montaña” de Paulo Coelho, “Mala Onda” y “Sobredosis” de Alberto Fuguet. También hay una hoja firmada por el alcaide que pide “que se eviten los garabatos y los gritos” durante los horarios de visita. Pero este domingo al menos casi no hay ruido, salvo por una radio que suena desde una de las celdas.

La celda de José Fuentes es una pieza individual. Pero debe compartir la ducha, la cocina y un hall, que los internos acondicionaron como living-comedor. Allí hay un gran ventanal que da a un patio donde se distinguen un par de árboles, una hilera de rosales rojos y amarillos, cultivos de ají y acelga y una gruta donde instalaron una figura de la Virgen del Carmen.

Estar allí en ese ambiente apacible, con José Fuentes Castro, uno de los criminales más conocidos de la dictadura, es como estar acompañando a un jubilado que pasa sus últimos días en una casa de reposo. Pero la percepción es un error, por supuesto, porque por esas habitaciones se pasean libremente César Palma, civil, ex miembro del Comando Conjunto; Rubén Barría, carabinero, condenado por el homicidio de un grupo de menores en Puente Alto; Maximiliano Ferrer Lima, ex alto mando de la DINA y ex jefe del grupo más secreto de la Brigada de Inteligencia del Ejército, BIE, entre otros.

De pronto, se abre la reja exterior del módulo y un gendarme ingresa a la carrera trayendo una encomienda. Tras él se asoma Basclay Zapata, El Troglo. Es flaco y de ojos pequeños y su tez morena hacen más notorias sus canas. Viste polera de fútbol y se inclina para decirle al gendarme: “mi cabo, ¿lo ayudo?”.

Por su físico a Zapata le resultaría difícil amedrentar a un curso de niños de octavo básico. Pero en el libro “119 de nosotros” Viviana Tamblay cuenta cómo en los ’70, Zapata sí provocaba terror cuando era uno de los más activos agentes operativos de la DINA. Viviana dice que su hermana Bárbara y el marido de ésta, Edwin van Yurik, fueron detenidos por la DINA y llevados a Londres 38. Viviana no supo más de sus parientes (ambos militantes del MIR) hasta que logró hablar con Cristián -hermano de Edwin- quien sobrevivió luego de ser detenido y torturado:

-Me dijo que jamás olvidará el dolor e impotencia que sintió en esos momentos de ingreso al infierno. Lo llevaron a una pieza a mirar primero la tortura de su hermano Edwin. En el recinto estaban Osvaldo Romo y Basclay Zapata. Luego trajeron a Bárbara y Zapata la violó. Edwin se levantó ensangrentado por los golpes recibidos y lo escupió con su propia sangre.

Hay decenas de otros testimonios que cuentan en detalle los horrores a los que sometía a los prisioneros Basclay Zapata. Nada de aquello se delata en el caminar del hombre empequeñecido que ahora acompaña al gendarme a la cocina. Fuentes lo mira pasar y dice en voz baja: “Este es el asesino más grande de la historia”. Viniendo de uno de los degolladores, la frase suena terrorífica.

Desde 2007 Basclay Zapata y José Fuentes Castro son compañeros de módulo en Punta Peuco. El problema es que Fuentes no lo soporta. Cuenta que apenas Zapata llegó, se apropió del taller de carpintería que está en el patio. Puso unos banderines que dicen “COMANDO” y dos fotos donde Basclay Zapata aparece posando junto a Augusto Pinochet. Así marcó la diferencia.

-Acá en Punta Peuco hay dos cárceles y los milicos mandan en las dos -dice Fuentes.

Fuentes relata que para el terremoto de febrero de 2010, los gendarmes fueron a su módulo a ver cómo estaban los reclusos. “Pero luego se fueron y cerraron con llave, no obstante que ocurrían réplicas constantes a esa hora y existía un peligro evidente”. Un detalle a Fuentes no se le olvida: “Las puertas del Módulo 1, el de los oficiales de Ejército, quedaron abiertas”.

CIPER consultó a Gendarmería sobre este incidente. El Departamento de Comunicaciones informó: “No existe registro alguno que indique que no se le abrieron las puertas a los internos del Módulo 4 y sí a los del Módulo 1. Ese tipo de detalles tan subjetivos no se anotan, tan sólo que no hubo heridos en Punta Peuco y nadie se escapó”.

En el Módulo 1 estuvo preso entre 1995 y 2001 el general (r) Manuel Contreras, ex director de la DINA, a cuyo encarcelamiento se debe la creación de Punta Peuco. En esos años los presos militares ni siquiera tenían contacto visual con Gendarmería. La cárcel se había diseñado para que los militares fueran custodiados por militares y los gendarmes quedaban afuera del módulo. Al punto que con sus cámaras ni siquiera podían enfocar hacia el interior del recinto. Más que círculos de vigilancia parecían dos anillos de protección a los presos. A Contreras se le permitía celebrar su cumpleaños como si estuviera en su casa, con brindis hasta tarde y visitas fuera de horario.

A partir de 2003, Gendarmería quedó a cargo de la custodia total. Pero los militares que llegaron al Módulo 1 jamás dejaron de sentirse merecedores de un trato “vip”. Ahora sus ocupantes de más alto rango son el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, el general (r) Raúl Iturriaga Neumann (quien se declaró en rebeldía el año 2007 negándose a cumplir presidio en Punta Peuco tras ser condenado a 5 años y un día como autor del secuestro del militante del MIR Luis San Martín Vergara, desaparecido desde 1974); y el ex jefe operativo de la CNI, el mayor (r) Álvaro Corbalán Castilla (quien fue también comandante del Cuartel Borgoño de la CNI y de la División Antisubversiva y tuvo relación directa con Augusto Pinochet). Ambos se consideran “presos políticos”.

En septiembre de 2010, para el Bicentenario de la Independencia, los presos de Punta Peuco organizaron una huelga de hambre. Buscaban que el Presidente Sebastián Piñera los incluyera en la propuesta del “Indulto Bicentenario” presentado por la Iglesia Católica, luego de que en julio el Presidente dijera en una conferencia de prensa en La Moneda que quedarían excluidos de estos beneficios los condenados por delitos especialmente graves, “como lo son los delitos de lesa humanidad”.

Participaron Iturriaga, el coronel Juan Morales Salgado; los brigadieres Fernando Polanco, José Zara y Christoph Willike; el teniente coronel Emilio Neira, el mayor Carlos Herrera Jiménez y los tenientes Jorge Vargas Bories y Sergio Rivera (este último ex oficial de la Marina).

Se autodenominaron “Agrupación de Militares Presos” y enviaron un comunicado al diario La Nación explicando que con la huelga buscaban la libertad de todos los suboficiales y civiles presos (que fueron agentes en los grupos de inteligencia de la dictadura); y la pena única y máxima de 10 años para los casos donde la condena fuera igual o mayor a esa cantidad, incluido el presidio perpetuo. “Del mismo modo como se hizo en los gobiernos de los ex presidentes Aylwin y Lagos para liberar a 282 presos políticos por actividades subversivas” agrega el comunicado.

La huelga duró menos de una hora.

-Y ese día, este tonto del Basclay Zapata gritaba: ¡la huelga, la huelga! -recuerda José Florentino Fuentes Castro.

Al día siguiente, Jorge Balmaceda, el abogado de Raúl Iturriaga, informó al diario La Nación que los nueve militares habían declinado la huelga luego que el comandante de la Guarnición de Ejército de la Zona Metropolitana, general Marcos López, les pidiera “a los ex uniformados no empañar las actividades programadas por las Fuerzas Armadas para conmemorar el Bicentenario”.

Una versión muy distinta entrega José Fuentes Castro. El afirma que los militares sencillamente no se atrevieron a seguir adelante.

No es extraño que Fuentes sea acusado por sus compañeros de ser un interno “conflictivo”.

El 6 de diciembre de 2009 -según aparece en un documento de Gendarmería- José Fuentes fue castigado a cuatro días de internación en celda solitaria por amenazar a otro carabinero, el coronel (r) Iván Quiroz, ex alto mando de la CNI y brazo derecho de Álvaro Corbalán. Fuentes le dijo a Quiroz “que lo mataría por cuanto no tenía nada que perder señalando como motivación de su amenaza que la esposa de Quiroz Ruiz habría lanzado el auto particular de esta sobre su esposa”, se relata en el documento.

La disputa con Quiroz Ruiz fue temeraria. Este coronel de Carabineros tiene fama de duro, cruel y despiadado. Está preso por los 12 asesinatos de la Operación Albania y lo espera una nueva condena por el secuestro, tortura y muerte de los últimos cinco desaparecidos en Chile, en septiembre de 1987. Por eso mismo Quiroz se resistió hasta el final en llegar a Punta Peuco. En 2008 permaneció más de cuatro meses prófugo hasta que fue aprehendido en San Pedro de la Paz, cerca de Concepción. Allí se había atrincherado en un círculo de protección que hasta hoy le sigue siendo fiel.

Nada de aquello le importó a José Fuentes. Igual arremetió. Y lo mismo hizo el 12 de mayo de 2010, cuando lo volvieron a sancionar por haber escupido en la cena del carabinero Blas Barraza, condenado por el homicidio del sacerdote Gerardo Poblete (el 21 de octubre de 1973), “quien golpeó con el puño a Fuentes en la zona dorsal produciendo la reacción de Fuentes quien lo amenazó con un cuchillo”.

Fuentes dice que fue un plan urdido en su contra entre Gendarmería y otros internos para que terminara sus reclamos en contra del alcaide de entonces, Eduardo Muñoz, quien aparece en los documentos incautados a Álvaro Corbalán como uno de los gendarmes de plena confianza.

-Yo no tengo enemigos, pero no desconozco que algunos de ellos me tengan a mí como su enemigo. Algunos de ellos me prejuzgan, llegando incluso a hablar de mí sin haber intercambiado nunca palabra alguna conmigo. Muchas veces me sorprendo yo mismo de que se me trate como un individuo propenso a la violencia y no como un defensor de mis derechos frente a la opresión exagerada de ellos mismos –dijo José Fuentes a CIPER.

Este ex suboficial de Carabineros afirma que todos estos años de encierro le han permitido retomar con más fuerza los “ideales que tenía en mi juventud”. Ideales que según él, heredó de su padre, Florentino Fuentes, un comerciante de la localidad de El Sauce afín al Partido Comunista, quien ya había fallecido en los días de 1985 cuando Fuentes mató a Santiago Nattino.

LA EXPLICACION DEL JUEZ

“Hay más suboficiales que oficiales presos. Pareciera que nadie comandó el combate a la subversión que, por cierto, lo hubo en Chile”, dijo Herrera Jiménez a la revista Cambio 21.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard, quien investigó el asesinato del sacerdote salesiano Gerardo Poblete, entre otros muchos crímenes cometidos durante los 17 años de dictadura, tiene una explicación polémica sobre esas brutalidades y sobre el tipo de hombres que está encerrado en Punta Peuco:

-Después del Golpe de Estado, se dejó a la ciudadanía en manos de gente baja. Cuando llegaba a una casa una patrulla, no era una patrulla de generales: era de conscriptos. ¿Y qué es un conscripto? Un gallo de la población La Bandera al que le pasan un fusil y lo sueltan. ¿Es distinguido, es pariente del Duke de York? No. Es un roto de mierda. Se dejó a la ciudadanía en manos de esa gente. Y esta no es una conclusión que sacó sólo yo. La sacan todos los que han investigado estos casos. Le digo más, si volviera a haber un Golpe de Estado, ¿a quién cree que mandarían? A esos mismos. ¿Y qué harían? Lo mismo. Por eso, hay que cuidar la democracia –sostiene el juez Billard.

Lo que dice el juez es una de las interpretaciones más usadas para explicar la amplia gama de formas de matar y torturar a las que acudió la dictadura. En los círculos sociales altos chilenos, que admiraban a Pinochet por haber extirpado “el cáncer comunista”, se sigue nombrando a la violencia de esos años como “excesos” de unos pocos que desobedecían las órdenes del mando.

Esa discriminatoria explicación, distorsiona la realidad. Por una parte, presume el buen comportamiento de los oficiales (evidentemente no hay pruebas de que la violencia o las conductas sicopáticas estén asociadas a determinado nivel de ingreso o de formación). Pero además, al atribuir las brutalidades a los jóvenes pobres que hacían el servicio militar -que por entonces era obligatorio- o que se desempeñaban al igual que Fuentes Castro como suboficiales, se deja libre de toda responsabilidad a la estructura militar a la que estaban sometidos. Ignora las órdenes que emanaban de “generales” y del poder que tenían éstos de mandar a matar “al roto” desobediente si no se portaba como el “roto de mierda” que necesitaban para sus fines.

Un oficial de Ejército que llegó a ser uno de los más feroces agentes operativos de la CNI y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), pone las cosas en una perspectiva distinta. Se trata de Carlos Herrera Jiménez, autor del homicidio del sindicalista Tucapel Jiménez, entre otros delitos graves que lo tienen recluido en Punta Peuco, condenado a cadena perpetua. Herrera Jiménez es uno de los pocos oficiales que se ha arrepentido públicamente de sus delitos y ha desarrollado una reflexión al respecto en la que crítica justamente el hecho de que los oficiales no han asumido que detrás de cada uno de los horrores hubo una orden y un superior.

Las cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, lo avalan. A septiembre del 2011, había sólo 40 generales procesados o condenados de todas las ramas castrenses, versus 82 coroneles, 42 mayores y 338 suboficiales.

-Hay más suboficiales que oficiales presos. Pareciera que nadie comandó el combate a la subversión que, por cierto, lo hubo en Chile. La gran mayoría de los oficiales, al momento de deponer judicialmente, o eran analistas o se desempeñaron como funcionarios administrativos o bien repartían el rancho -dijo Herrera Jiménez a la revista Cambio 21.

El oficial DINE hizo esas declaraciones para criticar el homenaje que organizó el alcalde de Providencia Cristián Labbé al brigadier (r) Miguel Krassnoff, quien fue alto mando de la DINA y está condenado a más de 100 años de cárcel por crímenes que él jamás ha reconocido. En el homenaje organizado por Labbé en el Club Providencia -y que fue cuestionado por Contraloría-, se lanzó la cuarta edición del libro “Miguel Krassnoff: Prisionero por servir a Chile”, de Gisela Silva Encina.

-No resulta creíble que el Poder Judicial se haya equivocado en más de 20 oportunidades al dictar sentencia condenatoria en contra del brigadier -afirmó Herrera.

Y aunque criticó a Labbé por el homenaje, puntualizó¬: “Más equivocado ha estado Krassnoff al insistir majaderamente en su inocencia”.

Para Herrera Jiménez, junto con la deuda no asumida por la oficialidad chilena hay también otra responsabilidad ausente: “Ciertamente fuimos el brazo armado de la derecha económica. Qué duda cabe… Quizás por ello ahora nos desprecian. Atávicamente este sector político se ha servido de los militares. La historia es pródiga en señalar los hechos que así lo señalan”, dijo.

En una línea más íntima, Herrera ya había hablado de esa utilización en una entrevista concedida a Mónica González en 2001.

-¿Ha hablado de todo esto con su esposa? ¿Necesita su perdón?
No, lo hago porque así sé que todo aquello que viví es verdad. Si bien es cierto estuve en todas las cosas de las que hemos hablado, ¡también vivo con mi familia!, con hijos que son críticos. Mire… ¡no me es… fácil! Aún no he superado el hecho de que apenas llegué a Chile desde Argentina, me dieron esa terrible patente de asesino. Frente a mis hijos es una situación bastante difícil. Porque igual uno tiene que inculcarles a los hijos valores, la necesidad de cumplir con las normas mínimas de convivencia social…Y perfectamente podrían haberme dicho: “¡Y con qué moral me lo estás diciendo!”. Esa tranca a lo mejor la tengo todavía… Julia me reprocha muchas veces el que no sea todo lo severo que debiera con ellos. A lo mejor, yo mismo me retaco, porque pienso que mis hijos van a decir: “¡Con qué moral me habla este viejo!”. Sí…, es cierto, debo tener muchas trancas… Y cuando pienso que todo eso lo hice a la edad que tiene mi hijo mayor ahora… Lo miro, ¡y es un niño! Debo tener trancas, muchas trancas. Mire, no estoy legitimando lo que viví, tampoco lo que hice. Lo legitimé en esa época, pero nunca lo gocé. “¡SI, ME SIENTO USADO!”

En Punta Peuco, enemistado con los otros militares, Herrera Jiménez dedicó tiempo a hacer grabaciones de lecturas para un instituto de ciegos, como relató una nota en The Clinic. Entre los libros que grabó, está La Divina Comedia. Resulta impactante oírlo declamar los versos de Dante, en particular la inscripción que están en la puerta del Infierno y que recibe a las almas pecadoras:

“Vosotros que entráis aquí, abandonad toda esperanza”.

Para las familias de muchos de los hombres que hoy cumplen condena en Punta Peuco, no hay frase más exacta. (Continuará)

* Esta investigación fue financiada por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS – PERÚ).

Hasta 2002, cuando se destapó el millonario fraude de Enron, había una quinta auditora en las grandes ligas norteamericanas: Andersen. Tras ser parte activa de la crisis provocada por la empresa afincada en el sector energético, Andersen fue llevada a la justicia, se vio obligada a cerrar y sus sociedades alrededor del mundo se disolvieron. Por su rol de auditora externa en la millonaria falsificación de los activos de La Polar, PwC podría ser en Chile el equivalente a Andersen. Pese a que no ha sido hasta ahora llevada ante los tribunales, la sanción del mercado está siendo dura. Y puede ser aún más.

Precisamente por estos días se están llevando a cabo las juntas de accionistas de las principales empresas del país, momento en que se decide -entre otros puntos relevantes- mantener o cambiar a la auditora externa que avalará sus cuentas para el próximo periodo. Y es allí donde PwC se está jugando su futuro.

Hasta 2011, PwC era la auditora externa de 12 de las 40 empresas del Índice de Precio Selectivo de Acciones (IPSA), las que más transan en la bolsa. Sólo la superaba Ernst & Young, que auditaba a 13 de las grandes compañías. Deloitte estaba contratada por nueve y KPMG por seis. Pero luego del escándalo de La Polar, el escenario cambió para las auditoras. PwC es la gran perdedora. La mayoría de sus clientes la están dejando por su principal competencia: Deloitte.

Entre las empresas que PwC auditaba, la primera en dejarla cesante y contratar los servicios de Deloitte, fue el banco BCI, de la familia Yarur. La decisión se adoptó en su junta de accionistas del 19 de marzo. Once días más tarde, la siguió Salfacorp, empresa controlada por la Sociedad Río Rubens S.A., ligada a las familias Garcés y Salinas.

Por estos días se espera la decisión que adoptarán la papelera CMPC, del grupo Matte, y las empresas del grupo Angelini -Antarchile y Copec-, en sus respectivas juntas de accionistas. Pero ya se ha informado que propondrán cambiar a PwC por Deloitte como firma auditora de sus estados financieros de 2012. Si antes de conocerse los detalles de la estafa de La Polar esa decisión era despachada de manera casi rutinaria en las juntas, ahora las exigencias son mucho mayores.

El Comité de Directores de CMPC, por ejemplo, estudió las opciones de auditor externo desde noviembre de 2011. Sus ejecutivos ni siquiera evaluaron la posibilidad de mantener a PwC. De inmediato se abocaron al estudio de las ofertas de BDO, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG y Deloitte. El directorio aprobó por unanimidad proponer a esta última como auditora externa en la junta de accionistas que tendrá lugar el 27 de abril.

Sólo cuatro de las empresas del IPSA han confirmado por ahora a la cuestionada auditora, la que enfrenta su peor momento. PwC fue sancionada por la SVS con una multa de 8.000 UF, por su negligencia al auditar los estados financieros de La Polar, y también por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) con 4.500 UF (casi el monto máximo de 5.000 UF), por “falta de diligencia” en la elaboración de los informes que daban cuenta del funcionamiento de Inversiones SCG S.A., la sociedad emisora de tarjetas de crédito de La Polar. (Vea la resolución de la SBIF).

La primera en alinearse con PwC fue Multiexport Foods S.A., que preside Martín Borda Mingo. En el acta de la junta de accionistas del 28 de marzo se explica que los directores “acordaron proponer a esta junta como auditores externos para el ejercicio 2012 a la firma PricewaterhouseCoopers por ser su cotización sustancialmente menor a la otra”. PwC competía con Ernst & Young, su par líder entre las empresas IPSA. El menor costo del servicio elegido no fue casual. La estrategia que PwC está usando para evitar la fuga de clientes ha sido rebajar agresivamente sus precios. Así lo confirmó a CIPER un director de otra empresa IPSA.

Un socio de otra de las grandes auditoras de la plaza explica que últimamente se han encontrado con que los precios que propone PwC son absolutamente inferiores a los niveles históricos con los que la auditora competía antes del fraude de La Polar. La drástica rebaja es interpretada en el medio como una “estrategia desesperada” por conservar sus clientes. “Han presentado ofertas por la mitad de nuestro precio, lo que es algo inusitado”, asegura la misma fuente.

Otras empresas simplemente han optado por no llamar a PwC a ofertar. Tal cual lo hizo la CMPC. “No significa que desconfiemos del trabajo de PwC, pero pensamos que estarán muy enfocados en su defensa y no podrán concentrarse como corresponde en el trabajo que requiere una auditoría”, comentó un ejecutivo de una de las empresas que decidieron no llamar a PwC.

La segunda empresa en confirmar a PwC, fue Molymet, presidida por Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, que el 10 de abril ratificó a la firma propuesta por su directorio. En la misma fecha la junta de accionistas aprobó la contratación de un seguro de responsabilidad civil para sus directores con un tope de US$15 millones. Un día después, pese a la férrea oposición de la AFP Provida, la mayoría de los accionistas de CCU, empresa que preside Guillermo Luksic, aprobó continuar con la auditoría de PwC. Lo mismo ocurrió cuando Viña San Pedro, del mismo grupo, confirmó a PwC, con la oposición de las AFP Habitat, Cuprum y Provida.

Guillermo Luksic defendió públicamente a la auditora diciendo que al trabajar con PwC habían tenido una “muy buena experiencia”. Para algunos, esa defensa de Luksic tuvo su origen en Hugo Rivera, el abogado que defiende a la auditora en el juicio por los ilícitos en el fraude de La Polar. Rivera es también uno de los asesores del grupo Luksic en el Banco de Chile.

Luksic no ha sido el único de los mayores empresarios del país en entregarle su voto de confianza a PwC. Los directores de Cencosud, propiedad de Horst Paulmann, también decidieron proponer que PwC continúe como auditor externo en 2012. Al analizar las opciones, los directores evaluaron el impacto del caso La Polar, pero lo descartaron como un elemento clave para la decisión. El argumento fue escueto pero categórico: “Responden a situaciones específicas de esos trabajos y no a fallas generalizadas en el funcionamiento de las auditoras”. La cuarta y última empresa del IPSA que hasta ahora ha respaldado a PwC fue Aquachile, que preside Hugo Pucci. El 17 de abril, sus accionistas decidieron continuar con la auditora para el ejercicio 2012.

De las empresas que están fuera del IPSA, Gasco, del grupo CGE, cambió a PwC por Ernst & Young el 12 de abril y BancoEstado, que preside Segismundo Schulin-Zeuthen, propondrá el cambio de auditores el 30 de este mes. Los accionistas de la eléctrica CGE, controlada por las familias Marín, Pérez Cruz y Hornauer, evaluaron las propuestas de auditoría externa de PwC, Ernst & Young y Deloitte. Esta última ofreció un equipo de trabajo a cargo de 10 profesionales directivos, Ersnt & Young ofreció uno a cargo de 11, y PwC ofreció un equipo a cargo de sólo 7 profesionales directivos. A diferencia de sus competidoras, PwC no informó su metodología de trabajo ni forma de comunicación con CGE. El directorio decidió proponer a Ernst & Young como auditora para 2012, “en consideración a que su elección permitiría alternar al prestador actual de los servicios”, lo que fue ratificado ayer por los accionistas.

De las empresas del IPSA auditadas por PwC, aún hay dos que no se pronuncian sobre un eventual cambio de firma: Lan, controlada por la familia Cueto, y Soquimich, empresa controlada por Julio Ponce Lerou.

La atención se centra en estos días en la decisión que adoptarán otras empresas importantes del mercado que eran auditadas por PwC y que aún no han informado sobre su elección de auditores para 2012. En la lista figuran: Watts, controlada por el empresario Fernando Larraín Peña, cuya junta de accionistas se realizará el 25 de este mes; la pesquera Camanchaca, ligada a la familia Fernández, que decidirá el 30, al igual que Norte Grande, también controlada por Ponce Lerou.

Si bien la salmonera Australis, que preside Rodrigo Arriagada Astrosa, no se ha pronunciado sobre sus próximos auditores, en su sitio web tiene disponible para sus accionistas una propuesta de auditoría de PwC para el ejercicio 2012. “Ustedes nos conocen bien y nosotros a ustedes. No hay sorpresas”, escribió Luis Enrique Álamos, el socio principal de PwC, en la carta donde ofrecen mantener sus servicios.

OTRAS SANCIONES SOBRE LA MESA

Pese a que en el mercado local son unas pocas auditoras las que compiten por los grandes clientes, ninguna de las otras firmas parece dispuesta a realizar un peritaje al trabajo de PwC en La Polar. Según fuentes que han seguido de cerca el desarrollo judicial del fraude, al momento de estallar el escándalo, la auditora KPMG se mostró abierta a la posibilidad de hacer una revisión exhaustiva de la auditoría en cuestión. Sin embargo, la actitud cambió luego de recibir instrucciones de la filial internacional diciendo que no se involucraran por un aparente convenio entre las firmas globales de las big four.

A falta de una revisión profesional de la auditoría realizada por PwC a las cuentas y estados financieros de La Polar, no queda más que examinar cómo se ha comportado el mercado frente a esta área de fiscalización que hoy resulta clave para el trabajo de los directores de empresa. Según los datos que recogió CIPER, desde 2003 sólo dos auditoras externas -de las cuatro principales- han sido multadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por infringir las normas que las regulan: PwC y Ernst & Young. Ambas estuvieron a cargo de auditar en distintos períodos los estados financieros de La Polar.

Pero PwC registra otra sanción más.

El 29 de diciembre de 2010, la SVS multó a PwC con 350 UF por hacer un trabajo de auditoría “insuficiente” de los estados financieros de la Compañía de Seguros ACE S.A. La resolución del fiscalizador estableció que durante seis años PwC no detectó la “subvalorización de la reserva catastrófica de terremoto” de la aseguradora, confirmando que los estados financieros de la compañía representaban razonablemente en todos sus aspectos significativos su situación financiera.

Pese a que un cambio en los contratos de reaseguros de ACE de 2004 obligó a la compañía a proveer una mayor reserva catastrófica de terremoto, PwC no detectó esa obligación que alcanzaba US$1.650.000. El trabajo de auditoría fue tan insuficiente, que no sólo falló en detectarlo en 2004, sino que todos los años siguientes hasta el ejercicio de 2009, que fue examinado por la SVS. Según el dictamen del ente regulador, PwC no incluyó pruebas sustantivas en sus procedimientos de auditoría y de control interno: se limitó a calcular el detalle de la reserva catastrófica de terremoto en el ejercicio 2004 y el resto de los años sólo constató que no cambiaron los contratos de reaseguros y los parámetros de cálculo.

Al sancionar a la auditora, la Superintendencia estableció que PwC no cumplió las instrucciones de la Circular N°1.441 (que contiene normas mínimas de auditoría externa y del informe con la opinión del sistema de control interno para compañías de seguros y reaseguros), ya que se limitó a revisar las metodologías de cálculo y no validó la información usada en el cálculo. El error es similar a una de las infracciones que le adjudicó la SVS a la auditora por su trabajo en La Polar, donde el equipo a cargo del socio Alejandro Joignant se limitó a revisar los procesos de control, pero no validó la información que entregaba la multitienda.

En los descargos que la firma hizo a la SVS, PwC explica que dada la naturaleza del negocio de La Polar, decidió aplicar “enfoques de auditoría basados en sistemas y controles utilizados por la empresa como parte de su gestión y operación habitual” y no utilizar un enfoque “sustantivo”, donde se revisa de forma detallada “una porción significativa de los saldos que componen los estados financieros”.

Para evitar situaciones como éstas, el vicepresidente del Colegio de Contadores Auditores, Daniel Vásquez, propuso en una entrevista que concedió a CIPER que exista una segunda auditoría que fiscalice a la primera, que se sancione a la empresa que entregue información falsa a los auditores externos y que éstos últimos rindan cuenta directamente a la SVS y no a la empresa que los contrata (vea la entrevista).

Respecto de los errores cometidos en la auditoría de la aseguradora ACE, la SVS consideró que el procedimiento de PwC no examinó “con el máximo de diligencia si las operaciones realizadas por la aseguradora estaban razonablemente reflejadas en los estados financieros”. En los descargos presentados, la auditora reconoció la insuficiencia y lo atribuyó a “un error involuntario cometido en el origen respecto de las condiciones contractuales de reaseguros modificadas al año 2004 y que afectaron ese ejercicio y los siguientes”.

La auditoría de ACE estaba a cargo de los socios de PwC Juan Christian Roncagliolo Grunert, actualmente con un 7,693% de la propiedad de la firma, y Juan Carlos Pitta De Clemente, con un 0,961%. Pese a la sanción, la aseguradora decidió seguir trabajando con PwC como auditora externa y consideró que el error en la contabilidad era marginal. Sin embargo, cinco años antes, PwC había sido multada por otra infracción a la misma norma.

SEGUROS DE VIDA LA CONSTRUCCIÓN S.A.

Al analizar la Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU) del 30 de septiembre de 2004 de la Compañía de Seguros de Vida La Construcción S.A, la SVS detectó que la compañía había calculado la reserva de riesgo en curso para las pólizas de seguros de desgravamen suscritas por el Banco del Estado, con vigencia desde enero de 2003, “descontando los costos de intermediación y recaudación pagados”, lo que no está autorizado por la SVS desde 1981. La auditora de la compañía era PwC , la que no verificó que la reserva de riesgo en curso cumpliera con las instrucciones impartidas por la SVS. Según estimó el fiscalizador, el error implicó que la compañía hiciera una reserva menor para las pólizas de $2.518.348.967.

El 13 de octubre de 2005, cuando PwC debió rendir cuentas en el curso de la investigación, la auditora reconoció que no aplicó procedimientos detallados. En sus descargos añadió: “Nada les reveló que la Compañía de Seguros de Vida La Construcción S.A. no hubiese aplicado un criterio razonable para constituir las referidas reservas”. La norma de la SVS recalca que “las firmas auditoras no se deben limitar sólo a revisar la metodología del cálculo ya realizada por las entidades aseguradoras sino que, además, se requiere efectúen validaciones de la información utilizada en el cálculo”.

El 29 de diciembre de 2005, la SVS multó a PwC con 100 UF y estimó que la materialidad de esa reserva representaba un 0,15% del total de reservas de la compañía de seguros. Un dato anexo resulta interesante: el error de PwC se produjo cuando estaba en marcha el proceso de venta de Seguros de Vida La Construcción S.A., que fue adquirida el 30 de mayo de ese mismo año 2004 por BICECorp, dueño de BICE Vida.

Pese a que no ha sido sancionada por la SVS, Ernst & Young tampoco identificó las irregularidades y falsificaciones de los estados financieros de La Polar cuando auditó esa empresa en los años en que, aparentemente, comenzó a masificarse el fraude de las repactaciones unilaterales (2005 y 2006).

En 2004 y 2005 la auditoría hecha por Ernst & Young a La Polar fue firmada por Roberto Morales Chamorro, el profesional que no detectó las inconsistencias contables. Cuando la auditoría externa de la multitienda pasó a PwC, Morales siguió trabajando para La Polar, a través de su empresa People+, y se convirtió en mano derecha de la entonces gerente de Administración, María Isabel Farah, la única persona investigada por el fraude que continúa en prisión. La historía de Morales Chamarro fue registrada por CIPER en el reportaje “El auditor externo de La Polar que se convirtió en asesor clave de gerencia”.

A fines de marzo, dos altos ejecutivos de Ernst & Young declararon ante la Brigada de Delitos Económicos de la PDI como testigos del trabajo de auditoría que esa firma hizo para La Polar en un año clave en el diseño del modelo de la millonaria falsificación: el 2006. Tres años antes, esta auditora también fue sancionada por la SVS con una multa de 500 UF.

Al auditar los estados financieros de la Compañía de Seguros Generales Chubb de Chile S.A., la firma no identificó que ésta no había contabilizado operaciones de reaseguros por 15.812,78 UF relacionadas a la Prima Cedida Reaseguro Facultativo en caso de terremoto. La SVS estimó que, como consecuencia de esa omisión en la contabilidad, Chubb constituyó una menor reserva técnica por $257.158.000, mostrando en los estados financieros un patrimonio mayor por $218.584.000. Y estableció que esta situación reflejaba un problema de control interno de la empresa que no permitía asegurar que la información presentada fuera veraz e íntegra.

LOS QUE ENFRENTAN EL REMEZÓN

En Chile, PwC es una sociedad de responsabilidad limitada cuya propiedad está en manos de 26 profesionales. Son los denominados “socios internacionales” que han hecho carrera en la auditora y están liderados por un socio principal. Desde enero de este año esa responsabilidad cambió de mano y recayó en Luis Enrique Álamos Olivos.

La firma tiene 1.200 empleados y una estructura general basada en cuatro sociedades. Pero es sólo una de ellas, “PwC Consultores, Auditores y Compañía limitada”, quien emplea a esas 1.200 personas.

PwC tiene el 67% de “Asesorías profesionales DHS Limitada”. El 33% restante está dividido en 11 “socios locales”, que a medida que hacen carrera en la auditora pueden ser aceptados como socios internacionales. Una tercera sociedad, “PwC Capacitación y Desarrollo Profesional Limitada”, está en manos de tres “socios internacionales” de la auditora: Renzo Corona con un 40%, Anthony Dawes con un 40% y Leslie Hemery con un 20%. Pese a que no tiene ningún empleado, esta sociedad funciona como un organismo técnico de capacitación.

La cuarta empresa fue modificada el 14 de abril de 2010. Los mismos tres socios de PwC, Anthony Dawes, dueño de un 5,77% de la auditora; Renzo Corona, también con un 5,77% de la firma, y Leslie Hemery, con un 3,846%, modificaron los estatutos de la sociedad “Desarrollo Profesional Limitada”, cambiándole el nombre a “PricewaterhouseCoopers Desarrollo Profesional Limitada”. El 40 % del interés social de esa compañía pertenecía a Dawes, y el 60% restante estaba dividido en partes iguales entre Corona y Hemery.

El 30 de junio de 2010, PwC reconoció una deuda con esta empresa por $913.248.102. Las condiciones del préstamo fueron favorables para la auditora: el pago se estableció en un plazo de 15 años con un interés devengado del 3%. A fines de ese año, el 30 de diciembre, la deuda de PwC aumentó a $943.248.102. Lo llamativo es que esta sociedad “PricewaterhouseCoopers desarrollo profesional limitada”, que había sido constituida en febrero de 1989, fue vendida en enero de 2011 a PwC por un valor considerablemente inferior al monto que se le adeudaba: la auditora PwC adquirió el 99% de la sociedad, pagando $1.980.000. El socio Corona mantuvo el 1% del interés social, que equivale a $20.000.

No es la única empresa que le presta dinero a PwC. El 30 de junio de 2010, PwC firmó una escritura notarial reconociendo una deuda por $1.128.654.209 con la sociedad South American Real Estate Corporation Limited, “válidamente constituida y vigente según las leyes de Bahamas”, también con un interés del 3% y con un plazo de pago de 15 años. En noviembre del 2011, la deuda aumentó a $1.306.205.984. Una fuente cercana a la auditora, afirma que South American Real Estate Corporation Limited, es una inmobiliaria en proceso de disolución que compraba oficinas en Sudamérica para arrendárselas a las firmas locales de PwC.

Los dueños de la sociedad constituida en Las Bahamas, serían los mismos socios de PwC que pertenecían a la red latinoamericana de la firma. PwC también reconoce una deuda con la sociedad de Dawes, Corona y Hemery, “PricewaterhouseCoopers Capacitación y Desarrollo profesional limitada”, que al 30 de junio de 2010 alcanza a los $337.883.511.

Esa estructura y los profesionales que la lideran es la que hoy está enfrentando el peor momento de su historia, desde que la auditora Price Waterhouse comenzara sus operaciones en Chile hace más de 90 años. Ya en 1920 era una de las auditoras de los balances de las principales empresas del país, según los registros del Diario Oficial, aunque su proceso de modernización comenzó a gestarse en los años 80. Fue en 1987, cuando se vuelve una sociedad de responsabilidad limitada, con un capital de $22.000.000 aportado por 12 socios naturales y por la sociedad civil extranjera Price Waterhouse & Co.

Vea la primera parte de esta serie. Punta Peuco I: La fallida operación de inteligencia de Álvaro Corbalán.

Todo lo que queda del ex agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) Osvaldo Romo, está en una caja de cartón que lleva años arrumbada en la oficina del juez Alejandro Solís. Los actuarios la llaman “los cachureos del Guatón Romo”. Adentro hay cientos de hojas sueltas escritas a mano, plagadas de faltas de ortografía y una veintena de cuadernos de tapas de colores –cuadernos de niños– llenos con la misma letra abigarrada. Romo los escribió en los siete años que estuvo preso en Punta Peuco. Todos los escritos tratan de lo mismo: recuerdos dispersos sobre el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y sus militantes a los que persiguió y ayudó a masacrar. Reflexiones a veces delirantes y otras veces salvajes, mezcladas con ataques de culpa. Entre líneas se respira el pánico que tuvo a morir en la cárcel.

Sobre Agustín Reyes, militante del MIR de 23 años, detenido el 27 de mayo de 1974 y a quien Romo llevó al centro de tortura Londres 38, el ex agente escribió: “no puedo olvidarlo”. Dice que era un hombre con “garra como mirista”, que tenía “la postura de un buen soldado aguerrido y valiente”. A Ramón Martínez, miembro del Comité Central del MIR, y a quien Romo detuvo y trasladó herido de bala al centro de tortura Villa Grimaldi, le pide que le guarde “un puesto en tu ejército de la otra vida, tú designa cuál”.

Al morir en 2007, Romo cumplía condena por el secuestro calificado de siete miembros del MIR hoy desaparecidos (Jorge Espinosa, Ricardo Troncoso, Diana Arón, Manuel Cortes Joo, Hernán González, María Elena González y Elsa Leuthner). Según los datos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, desde 1992 –cuando Romo fue arrestado en Brasil y deportado a Chile- el ex agente arrastraba procesos como autor de 34 secuestros calificados, coautor de 22 secuestros calificados y autor de 14 casos de tortura.

Una insuficiencia cardíaca acabó con Romo. Su cuerpo ocupó el nicho 32 del Cementerio General y sus textos fueron a parar a la caja de los cachureos. Nadie fue a despedirlo al cementerio y la fotografía de su ataúd en un carro, arrastrado por un único enterrador, sin cortejo, sin familia ni camaradas, sin los homenajes de los que se sirvieron de su trabajo, es el retrato de la más completa soledad y de la forma cómoda en que una parte de la sociedad chilena espera que desaparezca esta pavorosa parte de nuestra historia.

La caja con los escritos de Romo la heredó Basclay Zapata, El Troglo, otro feroz agente de la DINA que cumplía condena en Punta Peuco y con quien el Guatón Romo trabajó en tres centros de tortura: Londres 38, Villa Grimaldi y José Domingo Cañas. Zapata tiene un prontuario tan vasto como el de Romo: tres condenas como cómplice de cuatro secuestros calificados, siete condenas como autor de 12 secuestros calificados y una condena como cómplice de un homicidio calificado. Entre sus procesos pendientes figura uno como coautor de 46 secuestros calificados y otros 12 casos de tortura en Villa Grimaldi.

El juez Alejandro Solís le incautó la caja a El Troglo mientras investigaba “Villa Grimaldi”, pensando que podía haber algo que lo ayudara a esclarecer las desapariciones ocurridas en aquél temido recinto. Pero no. Lo que quedó ahí era la conversación de Romo con sus fantasmas.

Dentro de esa caja hay una agenda del año 2003 que tiene en la portada la cara del ratón Mickey. Romo la usaba como diario de vida. Cada día copiaba el santoral y las temperaturas máximas y mínimas. Cuando le traían mantequilla y té no olvidaba anotar ese acontecimiento. También los días en que debía ir a declarar por alguno de sus crímenes. Y están sus notas de los fines de semana, en los que esperaba una visita y no llegaba nadie. El resto son páginas en blanco. Solo las temperaturas y los santos permiten notar que ha transcurrido un día. Las jornadas en blanco probablemente las pasaba escribiendo los cuadernos donde habla con sus fantasmas.

19 de enero: No vino nadie. La Sra. Paty me dijo que venía. No-no-no.

21 de marzo: comienzo del otoño. San Eugenia y Clementina.

2 de mayo: Fui al 8 juzgado. Careo con la Sra. Periodista del (MIR) Gladys Armijo (Gladis Díaz) que realizó acusaciones fuertes en contra de mí. San Atanasio.

29 de junio: no vino nadie. Colo-Colo 3 / U. de Concepción 2. River Plate Campeón de Argentina. 5°C – 18 °C. San Pedro- San Pablo.

16 de julio: hoy falleció Celia Cruz de Cuba a los 78 años. 3°C- 17°C. Nuestra Señora Del Carmen.

“Don Osvaldo se sentía traicionado por los militares. Decía que estaba preso por ellos, que él no debería estar preso. A uno que siempre le tuvo mucha rabia era al coronel Marcelo Moren Brito. Él sabía que no iba a durar mucho en Punta Peuco y no quería morir ahí”, dice Víctor Varas, un ex militar y enfermero de Gendarmería.

18 de septiembre: buena comida- almuerzo bueno. Carne y Ensalada. Tedeum- Nunca más, el Cardenal. Repitió las palabras de Cheyre. 9°C-17°C. Fiestas Patrias.

19 de septiembre: Día del Ejército. 8°C-19°C

30 de septiembre: Salí 9° juzgado Sra. Raquel Lermanda sobre dos miristas. Uno vivo me vino acusar de que yo lo torturé- el jefe gordo. Creo que fue el equipo de los gordos, no yo. 10°-24°c. San Gerónimo.

11 diciembre: desocupan tres piezas llega gente. Me comunicaron que esta concedido el permiso del teléfono de Brasil. 11°-29°C. San Dámaso.

13 de diciembre: fue detenido Sadam Hussein 12°C-29°C Sta. Lucia- Aurora.

24 de diciembre: 43 años casado. 12°C- 31°C. Sta. Adela.

Ese año, 2003, se cumplieron 30 años del Golpe de Estado, el momento en que Osvaldo Romo se comenzó a transformar en el feroz criminal que terminó siendo. En su agenda, el 11 de septiembre sólo anotó: “No salí. Doctor Cosme: peso 86,400. Glicemia 138. 4C 22C. Orlando – Rolando”. Al final agregó tres lugares de Santiago, que tal vez tengan algo que ver con lo que hizo ese día: “En Lo Hermida. La Pincoya. Estadio Víctor Jara”. Nada más.

Las palabras de la filósofa Hannah Arendt, escritas a propósito del criminal nazi Otto Adolf Eichmann, se respiran en cada línea de la cotidianeidad de Romo: “Lo más grave en el caso de Eichmann es que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y siguen siendo, terrible y terroríficamente normales”.

Aunque esperamos que en los criminales la maldad deje un rastro fácilmente reconocible, lo cierto es que la capacidad de hacer mucho daño a otros puede ser algo que personas comunes y corrientes hagan solo en sus ocho horas de trabajo y pensando en que sólo se trata de sus obligaciones laborales. El mal, sugiere Arendt, tienen una gran capacidad de encarnarse en las vidas banales.

“NO PUEDO OLVIDAR A ESTOS VALIENTES”

La mayoría de las páginas escritas por Romo en la cárcel hablan sobre el MIR, el movimiento fundado en 1965 y al cual Pinochet ordenó eliminar. Sus miembros -estudiantes y trabajadores de 20 a 30 años- comulgaban con el “derrocamiento del sistema capitalista” según reza la declaración de principios. Querían reemplazar el sistema por un gobierno de obreros y campesinos, cuya tarea fuera reconstruir el socialismo “y extinguir gradualmente el Estado hasta llegar a la sociedad sin clases”. Para lograrlo el MIR declara en sus principios que es necesario “un enfrentamiento revolucionario de las clases antagónicas”. De ahí que la DINA se preocupará durante los primeros años del golpe, de hacer desaparecer a sus miembros a los cuales Romo conocía bien.

Antes de ser agente de la DINA, Romo militó en la Unión Socialista Popular (USOPO), encabezada por Raúl Ampuero y se convirtió en dirigente revolucionario de la mítica Población Lo Hermida, donde llegó a emplazar al propio Salvador Allende. Desde allí estableció estrechos lazos de confianza con los dirigentes del MIR que hacían trabajo político en las poblaciones. Entonces nadie se habría imaginado que el “Comandante Raúl”, como le decían a Romo, sería capaz de saltar a los 36 años de un bando a otro después del Golpe y transformarse en el verdugo de sus amigos. Muchos de los jóvenes hoy desaparecidos fueron delatados, detenidos y torturados por él. La traición fue, sin duda, un capítulo de la dictadura que Romo escribió en primera persona. Todavía no queda claro por qué lo hizo.

En una declaración del 2001 que dio en tribunales a propósito de su rol en la desaparición de la periodista y militante del MIR, Diana Arón, Romo se refirió a ella como una mujer “encantadora” a quien había conocido en 1969 en “una toma de terrenos de La Bandera”. Años más tarde, a esta misma mujer que en ese momento estaba embarazada, Romo la detuvo para llevarla al centro de torturas Villa Grimaldi. Pero antes, según dicen los testigos en el proceso, le propinó unos disparos mientras ella escapaba de los agentes de la DINA; tal vez pensando en ese maldito día en que conoció en La Bandera al camarada que la hizo desaparecer.

La traición de Romo -si es que la traición puede entenderse- es una de las menos digeribles. Tiene un sabor distinto a la de Marcia Merino, ex militante del MIR, que luego de ser brutalmente torturada por la DINA terminó colaborando con ellos. Romo, en cambio, no fue forzado a entrar al infierno. Él vio la puerta abierta y quiso cruzarla. En el libro “Confesiones de un Torturador” de la periodista Nancy Guzmán, se relata que a días del Golpe, Romo fue detenido y llevado a la Escuela Militar donde iba a ser fusilado.

Julio Rada, un funcionario de investigaciones, lo reconoció pues lo había interrogado años antes por el robo de un auto. Rada se dio cuenta de que podía usarlo. Lo llevó a un cuartel de la policía. “Si quieres salvarte debes colaborar”, le dijo. Lo puso en una celda donde había detectives sospechosos de ser de izquierda y Romo delató a los policías.

Poco después, seguramente recomendado por Rada, el interventor militar de Madeco, Jaime Deichler, integrante de la red DINA en Buenos Aires, lo contrató para que hiciera lo mismo en esa empresa, la que financió parte de la planilla de colaboradores de la DINA. Su reguero de sangre se hizo conocido. Y en 1974, el oficial Miguel Krasnoff reclutó a Romo para que integrara la agrupación “Halcón I” de la DINA, cuyo objeto era aniquilar al MIR. Fue un año y medio sangriento; toda la carga criminal de la que se lo acusa la acumuló entre 1974 y 1975, año en que finalmente los servicios de seguridad del régimen militar decidieron enviarlo a Brasil con una beca de por vida.

“Una insuficiencia cardíaca acabó con Romo. Su cuerpo ocupó el nicho 32 del Cementerio General y sus textos fueron a parar a la caja de los cachureos. Nadie fue a despedirlo al cementerio y la fotografía de su ataúd en un carro, arrastrado por un único enterrador, sin cortejo, sin familia ni camaradas, sin los homenajes de los que se sirvieron de su trabajo, es el retrato de la más completa soledad”.

El detective Luís Henríquez, que lo capturó en Brasil en 1992, recuerda que la DINA se vio obligada a enviar al ex agente al extranjero. “Romo cometió errores y dejo varias huellas” explica. Luego de las detenciones, Romo volvió varias veces a las casas de los familiares de los militantes del MIR secuestrados a pedirles comida y dinero para los presos. En esas visitas, Romo obviaba un dato esencial: ya estaban desaparecidos.

-Romo era un delincuente -subraya Henríquez.

Como algunos familiares lo conocían de sus tiempos de militante de izquierda, escribieron su nombre cuando estamparon las denuncias por las desapariciones en tribunales. “Sólo un juez se atrevió en 1975 a dictar una orden de detención en contra de Osvaldo Romo, la que nunca se cumplió. Eso fue lo que alertó a la DINA y lo que finalmente motivó que lo enviaran a Brasil, uno de los países que en ese entonces pertenecía a la Triple A, la Liga Anticomunista”, dice Henríquez.

En un peritaje psiquiátrico de 2003, Romo habló sobre su misión en la DINA. La diligencia médica está anexada en el expediente por el homicidio de Lumi Videla, una importante dirigenta del MIR asesinada por la DINA en 1974, durante una sesión de tortura mientras estaba detenida en el Cuartel Ollagüe, cuyo cuerpo fue arrojado luego a la embajada de Italia. Romo le dijo al psiquiatra Roberto Araya, que aceptó colaborar con la dictadura con la condición de que “no cayeran inocentes” y de “minimizar las bajas”. Según transcribió el siquiatra, “su labor era confeccionar un ‘mapa’ y delatar a cada miembro del MIR y aclarar el organigrama de este grupo. Se excusa diciendo que él no mató a nadie y que el MIR había buscado ese destino previamente”.

La descripción de su ingreso a la DINA como una hazaña heroica, contrasta con el relato que hizo en 1995 frente a las cámaras de la cadena Univisión de la forma -con lujo de detalles- en que les aplicaba corriente a los detenidos para hacerlos hablar. En un país donde algunos no saben cómo llamar al periodo dónde Romo era uno de los miles de agentes operativos, sus frases pueden aclarar el punto: “Se les amarra y se les ponen perros metálicos en la vagina, en los pezones, en la boca y en los oídos, y se les da vuelta la máquina. Se les moja un poquito para que sea más fuerte el primer golpe y hablen rápido…”

El Romo de las declaraciones es descrito en la ficha médica como un obeso mórbido, enfermo de diabetes. Un hombre común de 64 años que “camina aparatosamente, arrastrando los pies”. El siquiatra no observa rasgos de demencia: “Habla de sí mismo con deleite, a sabiendas de haberse transformado en un personaje histórico (¿mitológico?). Su actitud también demuestra una convicción de privilegio ante la ley y una seguridad excesiva en su impunidad”.

En 1992, la jueza Dobra Lusic, que investigaba la desaparición del militante del MIR Alfonso Chanfreau Oyarce, detenido el 30 de julio de 1974, logró ubicar a Romo en Brasil y consiguió que fuera deportado. Era uno de los primeros procesos por violaciones a los derechos humanos que se investigaba en democracia. Y Romo uno de los primeros agentes en ser detenido. Su familia se quedó allá. Romo creía que en Chile tendría el apoyo del Ejército. Pero él no era militar. Y pronto entró a cumplir condena a la cárcel pública de Colina como un reo especial, pero reo al fin. Sólo su abogado Enrique Ibarra -coronel (r) del Ejército e integrante del equipo jurídico de esa institución- lo visitaba. Entonces fue cuando se hizo amigo de Víctor Varas, un ex militar y enfermero de Gendarmería.

Varas se refiere a Romo como “Don Osvaldo”.

-Don Osvaldo se sentía traicionado por los militares. Decía que estaba preso por ellos, que él no debería estar preso. A uno que siempre le tuvo mucha rabia era al coronel Marcelo Moren Brito, su jefe en la DINA. Él se portó muy mal con Don Osvaldo, nunca le tendió una mano. Y él me decía: “Ubique al coronel Moren Brito”. Lo llamé muchas veces por teléfono y al final, nunca hizo nada. Don Osvaldo quería que lo fuera a ver y que lo ayudara a salir de la cárcel a causa de su enfermedad, porque él sabía que no iba a durar mucho y él no quería morir ahí. Él quería irse con su familia a Brasil -contó Víctor Varas a CIPER

Hasta que llegó el minuto en que Romo decidió entregar en tribunales los nombres de los miembros de la DINA. Tal como lo hizo en los ’70, volvió a delatar. Los jueces y policías consultados por CIPER concuerdan que Osvaldo Romo se convirtió en una pieza clave para resolver muchos casos de desaparecidos y ejecutados. El 21 de enero de 1999 declaró en el proceso por la desaparición de Luis Dagoberto San Martin e identificó a Ciro Torré, un ex agente operativo de la DINA: “Estuvo en la Venda Sexy, era oficial y llevaba detenidos a Villa Grimaldi”.

También aportó a la investigación por la Operación Colombo, como se llamó a la detención, tortura y desaparición de 119 personas, mayoritariamente del MIR, que la DINA (usando medios de comunicación extranjeros) hizo parecer asesinados por sus propios camaradas. Romo declaró ante el juez Juan Guzmán que uno de los 119, Teobaldo Tello Garrido, fue detenido y muerto en Villa Grimaldi por Marcelo Moren, el jefe que lo olvidó. (Moren hoy está recluido en el Penal Cordillera cumpliendo 21 condenas por secuestros calificados y homicidios que suman 103 años de presidio).

Romo también acusó a Manuel Contreras, el jefe del aparato represivo que obedecía e informaba a Augusto Pinochet, de las desapariciones de: Luis Gajardo Zamorano, Sergio Tormen, Manuel Ramírez Rosales, Jorge Elías Andrónico Antequera, Jacqueline Binfa, Carlos Cubillos Gálvez y Luis Fernando Fuentes, entre otros.

“La mayoría de estas detenciones fueron programadas por un organismo que se denominó Dirección Nacional de Inteligencia con la sigla DINA, que estaba a cargo del entonces coronel Manuel Contreras Sepúlveda y como subjefe está Pedro Espinoza Bravo, quien fue reemplazado en octubre de 1975 por Raúl Iturriaga Neunmann. La DINA tenía centros de funcionamientos denominados José Domingo Cañas u Ollagüe a cargo de Marcelo Moren Brito y Maximiliano Ferrer Lima; Londres 38 o Yucatán a cargo de Eduardo Nekelmann y Gerardo Urich; y Villa Grimaldi o Terranova, a cargo de Cesar Manríquez Moyano, Benyerot y Patricia Almuna. La DINA operaba con dos grandes grupos, el grupo Caupolicán a cargo de Marcelo Moren Brito y el grupo Tucapel, de cuyo jefe no recuerdo el nombre”.

Así como antes había hecho un mapa del MIR, Romo entregó a la justicia un mapa de la DINA.

A partir de entonces algunos ex agentes se acercaron a Osvaldo Romo, quien había sido trasladado a Punta Peuco el 2000. En la caja de los cachureos hay una lista con las visitas que Romo recibió el 24 de febrero de 2007: Ricardo Lawrence Mires y Eduardo Neckelmann Schultz, ambos ex miembros de la DINA. Lawrence pertenecía la Brigada Lautaro y Neckelmann, según lo declarado por Romo, estuvo a cargo de Londres 38. A Lawrence de poco le valió esa reunión. En 2008 fue condenado como coautor del secuestro calificado de Ariel Santibáñez, militante del MIR. A la fecha está procesado como autor de dos homicidios calificados, coautor de 46 secuestros calificados correspondientes a la Operación Colombo, además del proceso donde el sobreviviente Félix Lebrecht lo sindica como autor de su detención ilegal.

Los últimos años de encierro, Romo estuvo casi todo el tiempo solo. A veces lo iban a ver una monja y también Patricia Obando, la esposa de Víctor Varas. Enemistado con los otros presos y transformado en el peor monstruo de la dictadura, el antiguo poblador de una precaria casita de Lo Hermida, describía aquellos militantes del MIR que masacró:

“Yo hoy quiero preguntar, el porqué Los Mataron. Estos jóvenes que eran profesionales, que eran Idealistas yo podría hasta decir que ellos podían ser fanáticos con los pobres del campo y de la ciudad, en todos los centros de trabajo del país. Ellos están todos hoy muertos, esto porque ellos tenían vínculos con personal uniformado de todo Chile, esto fue un trabajo sucio, de los elementos que pensaron con la cabeza torpe que solo tenía musculo, ellos no tenían Postura ni Conducta, ellos no saben que es el arte y que es la ciencia, y al final que ética profesional, yo no puedo olvidar a estos valientes, a ninguno de ellos que tenían gran talento y tenían virtud en la sangre” (Las mayúsculas corresponden al texto de Romo)

Son páginas delirantes, en las que parecen fundirse el miedo, la soledad, la culpa y los fantasmas.

* Esta investigación fue financiada por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS – PERÚ).

Vea las fichas de todo los condenados en Punta Peuco en la pestaña “Documentos asociados”.

En mayo del año pasado, personal de Gendarmería detectó una operación de inteligencia en la cárcel de Punta Peuco. Estaba diseñada por el oficial de Ejército Álvaro Corbalán Castilla, ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y ex integrante del Comando Conjunto, condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos en la dictadura de Augusto Pinochet.

El hecho fue relatado a CIPER por funcionarios de la institución que pidieron reserva de su identidad. La operación tenía como pieza central un documento que fue incautado en la celda de Corbalán, en el Módulo 1 del penal, y cuyo destinatario era el Presidente Sebastián Piñera.

En el memorando de 10 páginas, al que CIPER tuvo acceso, Corbalán le expresaba al Mandatario la intención de colaborar con su gobierno desde la cárcel para evitar que regresara nuevamente la Concertación al poder. “El voluntario apoyo que progresivamente se propone, será entregado a partir de esta fecha (mayo 2011) y tiene como único objetivo hacer llegar un aporte en beneficio que a este gobierno le vaya lo mejor posible y que no volvamos a caer en las manos de la Concertación”, escribió.

Corbalán sugirió en su escrito vías para neutralizar políticamente a Michelle Bachelet y esbozó estrategias para detener “la acción subversiva” en La Araucanía y de los grupos anárquicos. Aunque no explicitó esas vías en su escrito, no es un misterio cuál es su estilo en materia de inteligencia. Quedó estampado como una marca de fábrica en la Operación Albania (junio de 1987) donde 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron detenidos por la CNI en distintos lugares, luego fueron asesinados y trasladados a un sitio donde se hizo creer que habían muerto combatiendo contra los CNI.

Disfrazar como una batalla lo que fue una masacre: esa era su rúbrica.

Junto con el general (r) Manuel Contreras y otros miembros de la DINA, como los oficiales de Ejército, Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza, Corbalán es uno de los militares con más condenas por violaciones a los derechos humanos. Tiene cadena perpetua por el homicidio calificado del carpintero Juan Alegría Mundaca (asesinado el 11 de julio de 1983 y cuya muerte fue presentada como el suicidio del homicida del líder sindical Tucapel Jiménez), además de las condenas por el homicidio calificado de la joven militante del MIR Paulina Aguirre (asesinada el 29 de marzo de 1985, la misma noche en que mataron a los hermanos Vergara Toledo en Villa Francia); por la muerte del periodista y dirigente del MIR José Carrasco Tapia (asesinado el 8 de septiembre de 1986) y por los 12 homicidios de la Operación Albania.

Según la base de datos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, a la fecha Corbalán suma además una condena en primera instancia como autor de cuatro homicidios calificados, tres acusaciones por homicidios y secuestros calificados y cuatro procesamientos, entre ellos, uno por torturas en contra del diputado Sergio Aguiló (diciembre de 1981).

Un aspecto muy delicado del documento que le incautaron a Corbalán, son los detalles que el ex agente menciona sobre las vidas privadas y profesionales de los funcionarios de Gendarmería que lo custodian en Punta Peuco. Corbalán da pruebas de conocer la vida íntima de oficiales de alto rango en Gendarmería e incluso del director nacional, Luis Masferrer, datos que son presentados tal como se hacía en los dossier de quienes eran objeto de seguimiento por las brigadas de la CNI.

Corbalán se apoya en estos antecedentes para sugerir que se destine en puestos estratégicos a funcionarios de lealtad confirmada con el nuevo gobierno. Uno de ellos es Eduardo Muñoz Bravo, alcaide de Punta Peuco en 2009 y actual asesor del subdirector operativo de Gendarmería. Corbalán lo retrata como “el mejor elemento de la institución”, propone que sea reclutado por la Agencia Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior (ANI) y que además trabaje cerca del director nacional Masferrer, informándole de lo que pasa al interior del servicio.

Los funcionarios que denunciaron la existencia de esta operación de Corbalán a CIPER, sostienen que mientras Muñoz Bravo estuvo a cargo de Punta Peuco tuvo muy buenas relaciones con el ex agente de la CNI. Por eso, no les resultan extraños estos elogios y tampoco los que le prodiga a Emilio Alfaro -primo de Muñoz Bravo y actual asesor de Masferrer- a quien Corbalán califica como “alguien indispensable y de total confiabilidad”.

Dentro de los funcionarios mal catalogados por el prisionero de Punta Peuco, está el coronel Heriberto Muñoz Díaz, ex jefe del Departamento de Seguridad de Gendarmería. Según las fuentes consultadas por CIPER, mientras el coronel Muñoz estuvo en ese cargo, ordenó que los militares presos fueran esposados a sus controles médicos en el Hospital Militar, tal como lo fija el procedimiento de Gendarmería para el traslado de todos los presos comunes. La medida fue rechazada por los ex militares y en 2011, durante la visita que hicieron ministros de la Corte de Apelaciones a Punta Peuco, alegaron que se trataba de un trato “innecesario y humillante”.

Corbalán le escribió a Piñera que el coronel Heriberto Muñoz no reunía las condiciones necesarias para el puesto de jefe del Departamento de Seguridad. Meses después de la incautación del documento, el funcionario fue desvinculado de Gendarmería.

Los miembros de la institución que hablaron con CIPER creen que la sugerencia de Corbalán fue uno de los motivos de su salida. CIPER solicitó en reiteradas oportunidades una entrevista con Luis Masferrer, pero la Dirección de Comunicaciones de la institución indicó que el director no se referiría al tema.

VOCES DEL PASADO

No está claro qué efectos tuvo al interior de Gendarmería el documento de Álvaro Corbalán. Pero algo debió pasar. Sobretodo por la cantidad de información altamente privada sobre el propio director (Masferrer) y altos mandos de la institución. Pero también debieron haber leído la parte del documento en que Corbalán señala que un senador de la alianza oficialista debía servir de correo para comunicaciones futuras. Consultado por este medio, dicho parlamentario negó tener conocimiento del documento como asimismo cualquier interés del gobierno de recibir esta asesoría: “Decir que el Presidente Piñera esté interesado en algún informe de inteligencia del señor Corbalán, es falso”.

Lo que sí es un hecho es que éste no fue ni el primero ni el último intento de los presos de Punta Peuco por volcar a su favor las decisiones del gobierno de Piñera. Para ellos, es durante esta administración que se les presentan las mayores opciones de obtener beneficios, los que, según insisten, les fueron negados en los gobiernos de la Concertación.

A esta última estrategia de Corbalán hay que sumarle otras iniciativas fallidas, como fue el intento de obtener el indulto presidencial durante el Bicentenario, ofensiva en la que contaron con el respaldo de la Iglesia Católica y que incluyó un comunicado donde ex oficiales de Ejército anunciaron una huelga de hambre en Punta Peuco, la que finalmente nunca se concretó.

Tras ese fracaso, los presos y uniformados pinochetistas y nacionalistas, agrupados en la Corporación 11 de Septiembre – fundada por el propio Álvaro Corbalán en 1999- instauraron el “Día del Preso Político Militar”. La idea fue azuzada desde la cárcel por Corbalán, quien- según señalan funcionarios de Gendarmería y otras personas que visitan con cierta regularidad Punta Peuco- recibe constantemente la visita del presidente y vicepresidente de la Corporación 11 Septiembre: los oficiales en retiro Juan González Fernández (ex integrante de la Brigada de Inteligencia del Ejército, BIE) y Gastón Frez (ex ministro de ODEPLAN de Pinochet), respectivamente.

Las reuniones “estratégicas” Corbalán las realiza allí y en el Hospital Militar, establecimiento al que llega frecuentemente y que se ha convertido para el ex jefe operativo de la CNI en un espacio de cierta libertad que le ofrece las regalías que no tiene en la cárcel: recibe visitas todos los días y a cualquier hora (en Punta Peuco sólo miércoles y fines de semana) y tiene libre disposición del teléfono.

CIPER fue testigo de ello el pasado 14 de diciembre, cuando el ex agente de la CNI celebró su cumpleaños 61 en el pensionado del hospital. Lo visitaron algunos amigos y su esposa, una modelo argentina con la que se casó en Punta Peuco en 2009 y con quien tiene hijos. Corbalán se pasó el día riendo, festejando y tocando guitarra mientras dos gendarmes armados custodiaban desde el hall del pasillo.

Desde la cárcel y el hospital, Corbalán coordinó en 2011 el documental “Pinochet” que fue estrenado en Miami el 10 de marzo pasado en el Festival Internacional del Gran Cine Hispanoamericano (FIGCH), organizado por la Federación de Editores Hispanos integrada en su mayoría por cubanos anticastristas. La película, respaldada por la Corporación 11 de Septiembre y la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional (Unofar), ganó el premio “Hispania de Oro” al mejor documental 2012 y es una oda a una de las dictaduras más condenadas de Latinoamérica.

Esta mirada complaciente e interesada sobre el pasado no es una característica sólo de Punta Peuco y del mundo del pinochetismo. Basta recordar que a fines del año pasado, el Ministerio de Educación se involucró en una polémica que parecía extemporánea: se decidió oficialmente usar en los textos escolares la expresión “gobierno militar” en vez de la palabra “dictadura”, para referirse al periodo de Pinochet. La decisión, que terminó siendo reconsiderada, da cuenta de una de las almas de la coalición que gobierna y que tiene en el alcalde de Providencia Cristián Labbé, a su más desembozado defensor. Poco antes de ese episodio, Labbé organizó en su comuna un homenaje a Miguel Krassnoff, otro ex agente de la DINA, recluido en el Penal Cordillera, y que debe cumplir más de 100 años de encierro por delitos de lesa humanidad.

A esa alma lo que dice Álvaro Corbalán le produce nostalgia.

CÁRCEL PARA UNOS POCOS

Según la última actualización de la Base de Datos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en septiembre de 2011 había 249 agentes de la dictadura condenados en última instancia por violaciones a los Derechos Humanos. De ellos, 177 gozan de libertad vigilada o remisión condicional de la pena, tres de libertad condicional y sólo 64 cumplen presidio efectivo. De los 64 uniformados condenados, 49 están en el penal especial de Punta Peuco, nueve en el Penal Cordillera y los seis restantes cumplen condena en cárceles comunes fuera de Santiago (donde han sido trasladados a petición de ellos para estar cerca de sus familias).

De los 49 represores que actualmente cumplen condena en Punta Peuco, 25 son miembros del Ejército, 20 pertenecen a Carabineros, uno a la Marina y tres forman en las filas de los agentes civiles de los organismos de seguridad (Vea las fichas de todo los condenados en Punta Peuco en la pestaña “Documentos asociados”). Si bien durante el actual gobierno ninguno de ellos ha conseguido el indulto ni tampoco la amnistía, sí lograron mejorar su situación obteniendo beneficios intrapenitenciarios en los últimos dos años.

CIPER accedió a través de la Ley de Transparencia a las solicitudes de salida dominical realizada por los internos de Punta Peuco durante 2010 y 2011. En 2010 los ex militares solicitaron en 36 oportunidades la salida dominical y dos veces la salida de fin de semana, mientras que el 2011 las solicitudes dominicales se elevaron a 100, las de fin de semana a cinco y se agregaron dos peticiones de salidas controladas al medio libre.

Los informes del Consejo Técnico entregados por Gendarmería a CIPER (ver Consejo Técnico 2010 y 2011) dan cuenta que entre febrero y diciembre de 2010 se otorgó la salida dominical a cuatro internos mientras que de enero a octubre de 2011, nueve uniformados condenados fueron beneficiados con la salida dominical y tres con la de fin de semana.

En la mayoría de las peticiones los presos esgrimen solo argumentos legales, pero hay algunos que reflexionan sobre el pasado y en un tono que está lejos de los homenajes del alcalde Labbé. Así se lee, por ejemplo, en la solicitud hecha el 1 de marzo del 2011 por Alejandro Sáez Mardones, uno de los carabineros presos por el Caso Degollados.

“Cuando en el año `85 ocurrieron los hechos que he lamentado desde el momento mismo de su ocurrencia, el país vivía una etapa de conflictos políticos y sociales que no me permitió visualizar la diferencia entre opositores políticos y enemigos del régimen militar del cual yo serví como miembro de Carabineros de Chile. A su vez, el grado de cabo que tenía en la institución no me permitía desmarcarme de las órdenes que se me daban. Evidentemente es cierto que un cabo de Carabineros no tenía ninguna posibilidad de representar una orden a un superior jerárquico, y lo más posible es que si así lo hubiese hecho, me habría costado la vida. No obstante, señor Alcaide, no hay que olvidar que también el paso del tiempo ha permitido que pague mi condena en su totalidad. No he visto crecer a mis hijos, ni hoy a mis nietos”.

Pese a la influencia que aún poseen algunos de estos presos, es indudable que el encierro ha mellado el ánimo de los hombres que creyeron que serían recordados como héroes. Los que más se resisten a aceptar su situación son los que se vanaglorian de haber sido leales a Pinochet pese a que éste jamás reconoció las órdenes que le dio a los aparatos represivos que él controlaba.

Álvaro Corbalán es uno de ellos. Lloró la muerte del general en Punta Peuco en diciembre de 2006 y escribió un libro sobre las anécdotas que vivió con él. Pese a su prontuario, Corbalán sigue pensando que fue un gran soldado. Tal vez incluso un héroe. En el libro que escribió sobre sus encuentros con Pinochet, el ex jefe operativo de la CNI habla de sí mismo en estos términos:

“Corbalán fue el Agente Secreto con mayor cantidad de cursos y especializaciones, hizo toda su carrera militar en el área de inteligencia, cumplió delicadas misiones de Seguridad Nacional en el extranjero y el día que se conozcan los detalles de ella, será admirado y respetado por todos los chilenos, sin distinciones políticas”.

El ex subdirector de la PDI, Luis Henríquez -que en los inicios de los ’90 investigaba las primeras causas de derechos humanos- recuerda que durante los interrogatorios, Corbalán en vez de dar su nombre entregaba su número de matrícula militar: “Así trataba de decirnos que él era un prisionero de guerra”. Ahora, cuando los jueces van a la cárcel a interrogarlo, da su nombre y les lanza una que otra frase altanera mientras los recibe vestido de impecable terno, colleras y una piocha del Ejército en la solapa de su chaqueta.

Al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza le ha dicho que a él le debe sus ascensos en el Poder Judicial. Y a otro de los integrantes de esa misma corte, el ministro Joaquín Billard, le dijo en Punta Peuco que la próxima vez que viniera a tomarle declaración iba a haber una alfombra roja en la entrada “pero no para recibirlo a usted, sino porque yo me voy a retirar”.

Desde que está preso, Corbalán adquirió la costumbre de enviar costosas tarjetas navideñas al exterior, las que manda a confeccionar especialmente y en las que vierte algunas de sus frases para la historia. Destinatario principal de éstas fue el propio Pinochet, además de militares y amigos del espectáculo, del Poder Judicial, políticos y sacerdotes. En la que envió en diciembre del 2011, el ex agente de 61 años se muestra debilitado:

“No he podido estar peor, pero es el único tiempo con que cuento y sabiendo sufrir, se sufre menos. Me han lastimado, pero nunca pudieron usarme para herir a mis subalternos y con decepción, he comprobado en los hechos, que una gran mayoría de mis superiores decidieron no optar por la valentía. Nos ordenaron combatir a gente que no conocíamos, y nos adjudicaron responsabilidades individuales que no se asumieron por las cúpulas que dieron la orden. Con ningún otro ser humano he tenido más problemas que conmigo mismo. Vivo en la insurrección permanente de mis cinco sentidos y soy dueño de tan poco… cada día menos. Cuesta conocer la palabra tragedia, pero Punta Peuco facilita las cosas, este Punta Peuco que uno no sabe si es origen o fin”.

Tras el fracaso de su intento de conseguir el indulto Bicentenario, Corbalán debió tener claro que Punta Peuco es el fin. Al menos el suyo. Es probable, entonces, que su operación de 2011 solo pretendiera garantizar una custodia de Gendarmería de confianza que le permitiera alivianar sus días. Aunque también pudo querer dejar sobre la mesa presidencial la oferta de una “experticia” que no pasa de moda; entreabrir la puerta de ese sótano que es Punta Peuco y mostrar los métodos y las convicciones que están encerrados ahí, por si la historia los convoca de nuevo. Una rendija que se abre cuando la Alianza gobernante no está del todo convencida sobre cómo llamar a la dictadura ni cuestiona decididamente el homenaje que hizo el alcalde Labbé a Krassnoff.

Pero el sótano de Punta Peuco no se puede entreabrir sin que de inmediato se asomen los habitantes de esa cárcel. En sus rostros envejecidos se ocultan las atrocidades que cometieron. CIPER investigó durante varios meses la vida de los hombres encerrados en Punta Peuco y de sus familias. Ellos no son los que se beneficiaron con la violencia de esos años, sino los pocos que pagaron: los más brutos y violentos. Los que actuaron por miedo, por obediencia o por sus sicopatías, pero sin saber el plan global donde las atrocidades que cometían eran sólo un engranaje más. Tal vez el mejor ejemplo de eso es Osvaldo Guatón Romo.

Próximo reportaje: Los diarios del Guatón Romo

* Esta investigación fue financiada por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS – PERÚ).

Vea también: Alcalde de Maipú solicita antecedentes al Ministerio Público sobre declaraciones de la mujer del concejal Torres

Ya suman casi diez los meses que lleva el nombre del concejal de Maipú, Carlos Richter (RN), inscrito en la investigación del Ministerio Público destinada a aclarar si se pagaron sobornos para favorecer a la empresa KDM en una millonaria licitación relacionada con el negocio de la basura. El nombre de Richter aterrizó en la carpeta del fiscal Ricardo Encina porque el concejal Antonio Neme (UDI) lo amarró al proceso con una dura acusación. Neme declaró ante la Policía de Investigaciones que Richter -quien ha votado a favor de las ofertas de KDM en el concejo- se le acercó para preguntarle su “precio”.

El 24 de junio del año pasado el Concejo Municipal de Maipú se inclinó por la oferta de KDM en la licitación del relleno sanitario al que se enviaría, durante los siguientes cinco años, la basura de los 850 mil habitantes de la comuna más poblada del país. Lo hizo por ocho votos a favor, dos de rechazo y una abstención. La empresa ofreció recibir los residuos en su relleno de Til Til por un precio de $8.981 por tonelada de basura. Maipú produce cerca de 230 mil toneladas de residuos por año, lo que significa que pagará a KDM cerca de $2.065 millones anuales y un total que bordea los $10.325 millones en los cinco años que dura el contrato.

Lo que debió ser una operación impecable y transparente, por los montos que involucraba, terminó en escándalo. El periodista y concejal Antonio Neme fue uno de los dos ediles que rechazó la oferta de KDM. Y al anunciar su voto, desató la tormenta.

-Yo voy a hablar a calzón quitado y me voy a hacer responsable de mis palabras- dijo, tal como quedó registrado en el acta de esa sesión del concejo.

Neme sostuvo que la licitación se había hecho “a la medida” para impedir la participación de la empresa Proactiva, dueña de uno de los tres rellenos sanitarios que operan en la Región Metropolitana, el que precisamente se ubica en Maipú y que por el factor de cercanía podría haber resultado más barato para la comuna (ver recuadro).

Según las cuentas que expuso ese día el concejal de la UDI, aprobar la oferta de KDM significaría “que la comuna va a pagar $312 millones de más en 12 meses y en 60 meses vamos a pagar $ 1.607 millones de más”. Pero Neme no sólo sacó cuentas, también acusó que, previo a la votación, hubo “una corrupción tremenda”.

-Aquí está corriendo mucha plata. Y yo lo digo con la fuerza de mi conciencia que recibí tentaciones y las rechacé –sostuvo en la crucial sesión.

El concejal votó y luego, en un acto de protesta, se retiró de la sala. En el patio de la municipalidad fue abordado por un periódico digital local, al que concedió una entrevista que quedó registrada en video (vea las imágenes). Allí dijo que recibió “mensajes” en los que le consultaron cuál era su precio y sostuvo que “si un tribunal de la república me cita, yo voy a precisar mis dichos”. Y lo hizo.

CIPER confirmó que el concejal Neme declaró ante la Policía de Investigaciones alrededor de un mes después de la votación en el concejo. En el cuartel Borgoño de la PDI, y ante efectivos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec), sostuvo que fue el concejal Carlos Richter el que se le acercó y le preguntó: “¿Cuál es tu precio? Todo hombre tiene un precio”.

La declaración policial de Neme ya está en manos del fiscal Ricardo Encina, quien lleva una investigación originada por una querella de la empresa Proactiva, propietaria del relleno Sanitario Santiago Poniente. Encina, en todo caso, no comentó detalles de lo declarado por Neme. Sin embargo, el fiscal informó que la investigación se ha acelerado producto de una serie de antecedentes que se han conocido este mes, entre ellos las declaraciones que hizo a CIPER la esposa de uno de los concejales de Maipú, Marcelo Torres (RN), quien sostuvo que en su casa se reunieron cuatro concejales para buscar “resquicios legales” a favor de KDM (vea la entrevista).

La querella de Proactiva que originó la investigación del fiscal se dirige contra quienes resulten responsables de los delitos de “cohecho pasivo propio” y “soborno”, además de otras figuras que puedan acreditarse en el proceso, tales como “negociación incompatible”, “fraude al Fisco”, “malversación de caudales públicos”, “revelación de secretos” y “asociación ilícita”.

La querella se fundó, entre otras consideraciones, en las declaraciones de Neme, por lo que el concejal de la UDI fue uno de los primeros citados a declarar.

El concejal Richter rechazó la acusación de Neme y sostuvo que “nunca he tenido la confianza para conversar temas del municipio, en esos términos, con el señor Neme”. Sobre el diálogo en que supuestamente le preguntó cuál era su precio, Richter indicó que habló con Neme después de que el concejal de la UDI recibiera en su oficina a ejecutivos de la empresa de recolección de basura Dimensión, antes de que se votara la licitación para la recolección de residuos en la comuna, a fines de 2010:

 - Ahí, después de que él se juntó con la gente de Dimensión, en tono de broma, le pregunté si le estaba poniendo precio a su voto. Él me dijo que era una persona transparente y que recibiría a esa y a todas las empresas abiertamente para conocer sus ofertas. Eso fue todo -señaló Richter.

El concejal de RN dijo que está dispuesto a declarar ante la PDI o el fiscal Encina para entregar su versión. Finalmente, manifestó su extrañeza por los dichos de Neme: “Hace un par de semanas, la diputada Mónica Zalaquett dijo que yo sería un buen candidato para la alcaldía y Neme se me acercó para decirme que él sería el primero en apoyarme como candidato de la Alianza si yo tenía los méritos”.

NUEVAS PERICIAS

La querella de Proactiva, impulsada por el abogado Darío Silva, también expone que han circulado en Internet tres grabaciones de audio en las que presuntamente se escuchan las voces del concejal de Maipú y aspirante a alcalde de esa comuna, Marcelo Torres (RN), y de Fernando León, director general del grupo Urbaser-Danner, matriz de KDM. En esos audios, de no más de dos minutos de duración cada uno, aparentemente Torres y León coordinan acciones para forzar la revocación del relleno de Proactiva.

La querella de Proactiva señala a una tercera persona que participa en el diálogo, la que identifica de manera presunta como José Miguel Gutiérrez, gerente general de KDM. CIPER intentó comunicarse con Gutiérrez y le dejó recado en su oficina, pero no tuvo respuesta. Respecto de la participación de Torres en el diálogo, el propio concejal reconoció en un reportaje publicado por CIPER en febrero de 2010 que es su voz la que está en esa grabación.

Esos tres audios ya fueron analizados por la fiscalía por una denuncia que interpuso el alcalde de Maipú, Alberto Undurraga, ante la eventualidad de que en ellas se configurara el delito de injurias contra el concejal Torres. Esa investigación, según señalaron funcionarios de la municipalidad, se cerró sin que se pudiese acreditar que se configuró delito a partir del diálogo registrado en el audio. No obstante, el fiscal Encina aseguró que las grabaciones serán sometidas a nuevas pericias, debido a que ahora se busca acreditar con ellas un delito destinto: cohecho o soborno.

La querella de Proactiva pide que se investiguen esas grabaciones, para determinar a qué se debe el interés de Torres en el cierre de su planta de Santiago Poniente y por qué razones el concejal acuerda estrategias para lograr ese objetivo con quien aparentemente sería el máximo ejecutivo de una empresa de la competencia.

El concejal Torres, quien también es administrador municipal de Cerro Navia, ha tenido diversas actuaciones en que ha favorecido la suscripción de polémicos contratos con KDM, tanto en Maipú como en Cerro Navia. Estos episodios fueron abordados por los reportajes de CIPER “Cuestionado contrato amarra a KDM con 22 comunas de Santiago hasta 2027” (publicado en febrero de 2010) y “Contratos millonarios desatan guerra sucia por la recolección de la basura en Maipú” (de enero de 2011). Las mismas actuaciones de Torres son detalladas en la querella de Proactiva (vea el documento).

GRABACIÓN DE 39 MINUTOS

A lo menos dos de las grabaciones a las que hace referencia la querella, son extractos de un registro de audio mucho más extenso, de 39 minutos de duración, al que CIPER tuvo acceso (escuche el audio completo y lea su transcripción).

En la nueva grabación aparece un cuarto personaje que es identificado como Eduardo. Esta persona se presenta como miembro suplente del Comité de Seguimiento del relleno sanitario Santiago Poniente, grupo que periódicamente inspecciona la planta de Proactiva para fiscalizar si cumple con las normas ambientales. En el mismo diálogo, Eduardo asegura que forma parte de ese comité en representación de la comunidad de Maipú.

CIPER rastreó esos datos y confirmó que, efectivamente, el comité de seguimiento tiene entre sus miembros al ambientalista Eduardo Medina Aguayo, quien a la fecha de la grabación lo integraba como representante de la comunidad de Maipú, en su calidad de presidente del Consejo de Defensa Medioambiental de Maipú, cargo que ya no ejerce. Medina aparece como miembro suplente del Comité de Seguimiento en representación de la comunidad, porque los titulares son los concejales Torres y Richter. CIPER se comunicó con Medina, pero rehusó hacer declaraciones.

En el audio de 39 minutos queda en evidencia que fue Eduardo el que grabó subrepticiamente la reunión, la que tuvo lugar en un bar del sector oriente de Santiago. Son sus intervenciones las que permiten hilar el diálogo completo y el objetivo de la reunión. En ella, Eduardo y el concejal Torres exponen -ante los supuestos ejecutivos de KDM- un cronograma para lograr el cierre definitivo del relleno sanitario de Proactiva y “amarrar” al alcalde Undurraga para que, mientras dure esta operación, no pueda avanzar en la licitación del contrato para determinar el relleno al que se envíe la basura de la comuna.

La estrategia que se discutió en esa reunión y que quedó grabada en el audio apuntaba a que el Comité de Seguimiento (donde actúan Eduardo Medina y los concejales Torres y Richter) elaborara unas conclusiones en las que -a partir de 12 procesos por incumplimiento ambiental que enfrentó la planta de Proactiva- se pidiera la revocación del permiso ambiental del relleno Santiago Poniente. Luego, Torres citaría a una reunión del Concejo Municipal donde el Comité de Seguimiento presentaría sus conclusiones. La idea era lograr el apoyo de los concejales a la solicitud de revocación del relleno. Después, Torres llevaría el tema a la Corema (Comisión Regional de Medio Ambiente), para que ahí se sancionara el cierre definitivo de la planta. Eduardo coordinaría el lobby para contar con los votos en la Corema.

El diálogo grabado deja en evidencia que la estrategia buscaba que, en paralelo, el alcalde Undurraga no avanzara en la licitación del contrato de la basura hasta que se resolviera en la Corema la solicitud de revocación. Para asegurar esto último, Torres pediría al concejal Christian Vittori (DC y actual candidato a alcalde por la Concertación) que solicitara que el tema de la licitación quedara radicado en la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal.

DEL DICHO AL HECHO

Aparentemente, la reunión que grabó Eduardo se realizó en los primeros días de abril de 2009, porque en el diálogo Torres señala que debe irse temprano, pues está celebrando su cumpleaños. El concejal está de cumpleaños el 1 de abril. Además, los participantes de la reunión mencionan una manifestación que cortó el tránsito en el centro. Efectivamente, hubo una marcha estudiantil, contra la LGE, el 2 de abril de 2009. El dato importa porque precisamente dos semanas después, en la sesión del concejo municipal del 17 de abril, el concejal Torres pidió una reunión de los concejales con el comité de seguimiento del relleno sanitario, tal como lo había comprometido en la reunión que fue grabada:

- Como miembro del Comité de Seguimiento del Relleno Sanitario Santiago Poniente, quiero responsablemente convocar a los miembros del Concejo Municipal (…) podamos efectuar una reunión y esta reunión tiene por objetivo qué cosa, tiene por objetivo que el municipio (…) tome una decisión definitiva respecto de cuál va a ser nuestra posición respecto del Relleno Sanitario Santiago Poniente (…) que este Concejo de verdad vea los antecedentes técnicos que tienen las autoridades administrativas de este municipio, nosotros particularmente también tenemos que entregar lo nuestro y lleguemos a una conclusión definitiva, para que esta orientación lógicamente se la entreguemos a la Conama –dijo Torres en la sesión del 17 de abril.

Luego, el 9 de julio de 2009, Torres llevó a la Corema la solicitud de revocación de los permisos ambientales del relleno de Proactiva, en coincidencia con la segunda parte del itinerario fijado en la reunión que fue grabada.

CIPER pidió el acta de esa sesión de la Corema, pero el Servicio de Evaluación Ambiental respondió que debía ser solicitada por medio de la Ley de Transparencia, lo que genera un plazo de 20 días hábiles para la entrega del documento. Sin embargo, existe una versión de esa reunión de la Corema que fue difundida por el diario digital de Maipú Radioeme.cl. En ese artículo se reseña la presentación que hizo Torres y la respuesta negativa que obtuvo de la Corema, que permitió continuar con las operaciones del relleno Santiago Poniente.

Si esta nueva grabación es investigada por la fiscalía, el concejal Torres puede enfrentar una situación compleja. En primer término, el Ministerio Público deberá aclarar si es efectivo que Torres discutió y coordinó con ejecutivos de KDM no sólo una estrategia para cerrar el relleno de Proactiva, sino aspectos vinculados a la licitación en la que finalmente favoreció con su voto a esa misma empresa. Si ese es el caso, el fiscal Encina debería establecer si esa coordinación afectó la transparencia y equidad de las licitaciones, así como las motivaciones que tuvo Torres para actuar de esa manera.

El fiscal ha conformado un equipo especial de la Bridec para apurar las pesquisas, las que podrían cerrarse en tres o cuatro semanas.

Vea también la entrevista al director de INT Carlos Deck: “Estas denuncias están fundamentadas por problemas interpretativos de ciertos facultativos”

Orlando González Anabalón llegó el jueves 8 de marzo a media mañana al Hospital del Salvador. El intenso dolor toráxico que había comenzado a sentir esa madrugada le seguía martillando cada vez con mayor intensidad. Para los médicos que lo evaluaron, no había duda: este hombre de 47 años presentaba un principio de infarto. Había que actuar con celeridad. Lo derivaron al hospital público con los profesionales de mayor experiencia en este tipo de patologías: el Instituto Nacional del Tórax (INT).

Sin embargo, la tranquilidad que le dieron los profesionales del Hospital del Salvador a Orlando González y a su familia, de estar siendo derivado a un establecimiento hospitalario público con los mejores especialistas para el problema que le aquejaba, demostró en las horas siguientes no tener sustento. Algo extraño estaba pasando en el Instituto Nacional del Tórax. Una situación que no estaba en conocimiento de los profesionales del Hospital del Salvador. Tampoco de Orlando González y su familia.

Hacia varios meses que por problemas administrativos y de gestión interna, la eficiencia del hospital al que llegó Orlando González estaba fallando. Y el paciente que ingresó ese 8 de marzo con diagnóstico de principio de infarto pasaría a ser una víctima de esos problemas que ya amenazaban con estallar.

Apenas González llegó al Hospital del Tórax, fue estabilizado por los profesionales que se encontraban en ese momento de turno. Su reacción fue positiva. Pero una vez que se le diagnosticó un infarto agudo del miocardio, la decisión del equipo médico no tardó: el paciente debería pasar por el quirófano.

A inicios de este año, el Instituto Nacional del Tórax, gracias a un aumento de su presupuesto anual que le otorgó el Ministerio de Salud, decidió remodelar los pabellones quirúrgicos y la unidad de cuidados intensivos (UCI), entre otras dependencias. La noticia fue recibida con mucho entusiasmo por el equipo de profesionales que allí se desempeña y que realiza al año más de 2.000 cirugías y unos 30 transplantes. Había urgencia de mejores condiciones.

Poco duró la algarabía. Muy pronto comenzaron los problemas. Con trabajos en ejecución, ya no hubo ni pabellón ni sala UCI disponible, por lo que el Hospital del Tórax necesitó hacer un convenio con alguna clínica u hospital donde se pudieran realizar las cirugías que ya estaban agendadas para el 2012. Fue así como un grupo de siete cirujanos –de los nueve de planta que laboran en dicho establecimiento- comenzó a buscar la mejor alternativa de convenio para realizar las cirugías ya comprometidas y aquellas que surgieran mientras durasen las obras de remodelación en el hospital.

El trabajo fue acucioso y rápido. Las alternativas fueron presentadas a la subdirectora del hospital, la doctora Natalia Siervo (ver alternativas): la Clínica Tabancura y otra con el Hospital de Carabineros, DIPRECA. Allí figuraban los nombres de todos los profesionales -cirujanos y anestesistas del INT- para participar de las cirugías, con los respectivos precios que eso involucraba.

-Pero el tema ya había sido resuelto, a puertas cerradas, por el director del hospital, el doctor Carlos Deck, quien ni siquiera le informó al jefe del Servicio de Cirugía Cardiaca del hospital, el doctor Lorenzo Naranjo, el que se enteró del convenio con la Clínica Dávila un día antes de derivar al primer paciente que necesitó una intervención quirúrgica. Lo increíble es que se pagó más caro que lo establecido en las alternativas propuestas: $ 5.600.000, monto que no incluye oxigenadores ni dispositivos valvulares. Pero además, el director dejó afuera a la mayoría de los profesionales que trabajan en el INT, ya que el convenio solo incluía a dos de los nueve cirujanos, y a dos de los nueve anestesiólogos. Ese cúmulo de hechos inexplicables generó una gran desconfianza en el equipo –relató a CIPER, el doctor Luciano González, cuyo nombre sí estaba incluido en el convenio con la Clínica Dávila.

La elección de los dos anestesiólogos provocó otro remezón. Los dos profesionales trabajan además para una empresa externa al Instituto Nacional del Tórax que le vende servicios a la Clínica Dávila.

El 26 de febrero pasado, transcurrido apenas un mes del convenio del Hospital del Tórax con la Clínica Dávila, un mayoritario grupo de profesionales del establecimiento le envió una carta al doctor y diputado Marco Antonio Núñez Lozano, en su calidad de integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Allí explican lo que a su juicio evidencia una evidente irregularidad:

“Este convenio especifica que solo 2 de los 9 cirujanos cardiacos del staff del INT pueden operar en la Clínica Dávila a los pacientes derivados del INT. Estos cirujanos serian el Dr. Eduardo Turner y el Dr. Mauricio Villavicencio, que son a su vez staff de la Clínica Dávila, agregándose además al Dr. Ernesto Larraín que no pertenece al INT. Estos cirujanos, a pesar de tener cargos de planta (Dr. Turner) y a contrata (Dr. Villavicencio) con honorarios públicos, en el caso de estos pacientes se habrían pactado pagos de honorarios privados por cada paciente por montos muy superiores a los que reciben en el INT”.

En otra parte del escrito agregan: “Además, como los doctores Turner y Villavicencio han operado y están operando en su horario funcionario, el doctor Deck les está gestionando un permiso administrativo sin goce de remuneraciones, pero hasta el 24 de febrero del presente aún no había sido firmado”.

La carta generó el oficio de fiscalización Nº5893 que el diputado Núñez envió al Ministerio de Salud con fecha 15 de marzo de 2012. Para entonces los problemas derivados de la remodelación y las decisiones adoptadas por el director del Instituto Nacional del Tórax, estaban colapsando no sólo las instalaciones sino también la garantía de buena atención a los pacientes que llegan al INT.

Fue precisamente lo que le ocurrió a Orlando González Anabalón, quien aterrizó de urgencia con su amenazante dolor al tórax en medio de estas discusiones internas y pérdidas de confianza del equipo. Una vez que se le diagnóstico infarto agudo al miocardio y la necesidad de practicarle una cirugía, lo que venía era claro: debía ser operado pero en la Clínica Dávila.

Según se relata en un documento de 53 páginas, firmado por 31 profesionales (29 médicos y dos enfermeros) del Instituto Nacional del Tórax, al inicio de la intervención quirúrgica, el paciente Orlando González presentó un paro cardiorrespiratorio, por lo que se debió suspender la operación, procediendo a instalarle un dispositivo de asistencia biventricular -que en palabras sencillas funciona como un corazón artificial transitorio- para posteriormente ser trasladado a la Unidad Coronaria de la misma Clínica Dávila.

Hasta allí todo funcionaba normalmente. El problema surgió cuando al cabo de 48 horas, habiéndose cumplido el tiempo estipulado en el convenio firmado por el director del INT y la Clínica Dávila, había que llevarse al paciente de la clínica. Y se hizo a pesar de que Orlando González no presentaba una buena evolución, un cuadro agravado porque en el Instituto Nacional del Tórax, hospital al que fue llevado de regreso, no tenían las mínimas condiciones para estabilizarlo.

El sábado 26 de marzo, pocos días después de su incomprensible traslado, Orlando González Anabalón falleció. Su deceso se produjo en el pabellón de la Clínica Dávila, ya que después de permanecer varios días en el INT, sin las condiciones necesarias para manejar las eventuales complicaciones de una operación de esa envergadura, tuvo que ser devuelto a la clínica para una nueva intervención. Ya era tarde.

Su muerte, la que los profesionales opinan que pudo haberse evitado con una adecuada atención, provocó una corriente de estupor e ira que en pocas horas invadió cada rincón del INT. De allí saldría el documento de 51 páginas que el 5 de abril, 31 profesionales del Hospital del Tórax le entregaron al ministro de Salud, Jaime Mañalich; al subsecretario de Salud, Luis Castillo; a las comisiones de Salud de la Cámara y el Senado; al Colegio Médico y a la doctora María Angélica Silva, directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, bajo cuya dependencia está el Instituto Nacional del Tórax, entre otros destinatarios.

En el escrito se lee:

“La decisión de trasladar un paciente en las condiciones ya descritas constituye un acto de extremo riesgo y difícil de justificar dadas las siguientes condiciones:

Creemos que decisiones como esta implican riesgos a los cuales no debiéramos exponer a nuestros pacientes puesto que no existen razones médicas que la justifiquen o avalen”.

CONTAGIO CON ASPERGILOSIS

Entre los firmantes figura la jefa de anestesiólogos del Instituto Nacional del Tórax, la doctora Mariana Varas:

-Si bien el paciente Orlando González estaba en un estado crítico, y uno nunca sabe en qué puede terminar un caso así, está claro que trasladarlo en ese estado desde la Clínica Dávila, por un interés claramente reñido con la ética médica, fue nefasto. Nos dejó a todos los profesionales que trabajamos en el INT en una pésima situación: no teníamos ni pabellón ni sala UCI en condiciones para recibir un paciente en esas condiciones.

Para la doctora Varas este no es el único problema que ha hecho estallar la protesta al interior del INT. A ella le tocó personalmente enfrentar un grave contagio de cuatro pacientes con Aspergilosis, una enfermedad provocada por distintos tipo de hongos, situación que “de todas maneras también podría y debería haberse evitado”. Este fue su relato:

-EL 14 de diciembre pasado, nos encontrábamos haciendo un transplante de pulmón al paciente J. P., y cuando salgo al hall de ingreso del área de Pabellón-UCI, me encuentro con una persona vestida de overol y con una paleta en su mano raspando la pared. Me quedé estupefacta, pues es algo que está totalmente prohibido hacer en un lugar donde estás tratando a pacientes con patologías respiratorias complejas. Le dije que parara inmediatamente, que yo era la jefa del Servicio de Pabellón y que eso estaba prohibido. Ahora, para que entendamos el problema, lo que ese hombre estaba haciendo no se debería haber hecho ni ahí ni en ninguna dependencia del hospital, ya que por la condición de estos pacientes, son muy propensos a adquirir la enfermedad (Aspergilosis), que incluso puede llevarlos a la muerte. Le informe de esto inmediatamente a la infectóloga del INT, quien a su vez está a cargo del Comité de Infecciones Intrahospitalarias del INT, y con su ayuda se logró que los hombres dejaran de pintar en el hall del piso del pabellón, pero siguieron en otras dependencias del hospital.

Debido al origen de la Aspergilosis (provocada por hongos), están prohibidos los trabajos de cualquier tipo en aquellos lugares donde se encuentran pacientes con problemas respiratorios, que son precisamente aquellas personas que han sido sometidas a trasplantes y cirugía cardíaca. Sin embargo, en el Instituto Nacional del Tórax los trabajos de pintura continuaron tanto en la sala UCI como en la de cuidados intermedios, lo que terminó con cuatro pacientes contagiados. Uno de ellos con un cuadro clínico grave.

-Si bien la intención del programa, que se dio a conocer con el nombre “Mi Hospital se Pone a Punto”, tenía el excelente propósito de mejorar las condiciones del hospital, una vez más la ejecución fue inoportuna. Y ello porque antes de comenzar los trabajos se debió haber trasladado a todos los pacientes a otro recinto hospitalario. O no realizar trasplantes o cirugías de alto riesgo, procedimientos que hacemos todos los días, en el período en que se hicieron la pintura y las reparaciones. Al final, esto redundó en el contagio de cuatro pacientes –reflexiona la doctora Mariana Varas.

En el documento que los 31 profesionales del Instituto Nacional del Torax le entregaron al ministro Mañalich, se agrega un nuevo antecedente sobre el contagio de los cuatro pacientes con Aspergilosis: la infección y el contagio fueron ocultados al Ministerio de Salud, a pesar de que por norma ministerial todo brote epidemiológico debe ser notificado. Con ello se vulneró las normas estipuladas en una circular -“Las Normas para la prevención de infecciones asociadas a modificaciones estructurales y otras actividades que generan polvo ambiental en establecimientos hospitalarios”- enviada por la autoridad sanitaria sólo siete meses antes (2 de mayo del 2011). (Ver documento) y que establece que la notificación le corresponde a la dirección del establecimiento de salud.

La situación de los cuatro pacientes del INT contagiados con Aspergilosis, tiene también su propia historia. Además del costo asociado al tratamiento que debió asumir el hospital, a los cuatro el contagio les significó complicaciones de salud que prolongaron su estadía en el INT. Por ejemplo, M.S. pasó 12 días en el hospital antes que le dieran el alta. En cuanto a J. P., la persona que estaba siendo sometida a un transplante de pulmón en el mismo momento que a pocos metros se encontraba un maestro con overol raspando la pared, aún se encuentra conectado a un respirador artificial en el cuarto piso del hospital, en la sala de Cuidados Intermedios, y sin fecha de alta.

CIPER se comunicó con tres de los cuatro contagiados y ninguno de ellos tenía conocimiento del contagio de Aspergilosis del que fueron víctimas por los errores cometidos en la dirección del Instituto Nacional del Tórax.