En primer lugar, en la letra C del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios se indica que una de las obligaciones de este señor, como subdirector técnico, es ejercer el control y gestionar los programas de atención y asistencia de los condenados que tengan medidas alternativas a la reclusión. Si bien es cierto que la responsabilidad del otorgamiento de los beneficios penitenciarios recae en el jefe de unidad, el que controla que se cumpla bien con los procedimientos para entregar esos beneficios a la persona adecuada es el responsable de la subdirección técnica. Sin lugar a dudas, esto no se cumplió en los tres casos que menciona el ya citado reportaje de CIPER. Los informes psicosociales elaborados para estos tres delincuentes (Carlos Almendras, Carlos Deformes y Patricio Ahumada) que fueron beneficiados con salida al medio libre desde el penal de Colina y que casi de inmediato cometieron delitos violentos, no fueron acuciosos.

Un subdirector técnico con experiencia y conocimiento habría intervenido apenas se conoció el primer caso en diciembre de 2011 (el asalto y violación cometido por Deformes el mismo día en que se le dio la libertad dominical), instruyendo y efectuando reuniones con el Consejo Técnico que había otorgado el beneficio. Tampoco funcionaron los programas de intervención educacional, laboral, psicosocial, deportivo y cultural, que están bajo la supervisión del Departamento de Tratamiento al Medio Libre y que, curiosamente, tiene dependencia directa del subdirector técnico.

En la entrevista, el señor Jiménez narra toda una historia como si los hechos no dependieran de su control, actuando en forma desleal con sus subalternos. Y aquí la pregunta que se debe hacer la opinión pública es con qué currículo y experiencia puede este señor ocupar un cargo de tanta responsabilidad. Entiendo que Jiménez era asesor del director y nunca había trabajado en la administración pública. Es decir, cero aporte.

Tal como él lo señala, siempre existirá el riesgo de que personas que han recibido beneficios de salida al medio libre cometan delitos, ya que, según su expresión, trabajamos con herramientas de Ciencias Sociales. Pero en mis 35 años como jefe superior de la institución no ocurrieron casos tan grave como éstos. Y cuando ocurría una falla, aunque de menor envergadura, de inmediato se intervenía el Consejo Técnico que había concedido el beneficio. Este consejo es autónomo en sus decisiones, pero se debe controlar. Y aquí, obviamente, existe una clara responsabilidad del señor Jiménez.

Una última pregunta para reflexionar: si Patricio Ahumada -el agresor de Daniel Zamudio- se encontraba con el beneficio de salida fin de semana en San Miguel, por qué de inmediato continuó con ese beneficio tras ser trasladado a Colina, si el reglamento establece seis meses de estudio en el nuevo penal.

Si hubiese habido un control y un seguimiento de la operatividad del Consejo Técnico de Colina, hoy no estaríamos lamentando la muerte del joven Zamudio.

Respecto de la responsabilidad del subdirector Jiménez, creo que estamos frente a un delito ideológico y una grave falta de control por omisión.

En el caso de Patricio Ahumada, señala Jiménez que se le otorgó el beneficio de salida al medio libre el 28 de octubre. ¿Quién controló dicha salida? Es cierto que el jefe de unidad es el gran responsable en estas salidas, pero, insisto, ese Consejo Técnico debió haber sido intervenido tras el primer caso que se conoció -en diciembre de 2011- de un delito violento cometido por una persona a la que ese mismo consejo le concedió el beneficio de salida al medio libre.

Estamos hablando de delitos emblemáticos, de alta connotación social, cometidos primero por Deformes a fines del año pasado, luego por Almendras en febrero (accedió a la salida dominical el 12 de febrero pasado, no volvió al penal y tres días después apuñaló 15 veces a su esposa e hirió a su hija) y finalmente por Ahumada en marzo. La subdirección técnica no intervino en nada, no cumplió con otras de sus obligaciones que indica que estará encargada de desarrollar los programas y proyectos institucionales tendientes a la reinserción social de las personas atendidas en los distintos sistemas, velando por el mejoramiento permanente del régimen penitenciario.

Otra norma señala que durante la semana los profesionales del área técnica van trabajando con el (interno que tiene salida al medio libre) respecto de qué problemas tuvo. ¿Aparte del alcaide, quién tiene la responsabilidad de controlar estos profesionales? Técnicamente dependen de la subdirección técnica. Aún más, Ahumada estaba en un programa de estudios que, conforme a las obligaciones antes descritas, el subdirector técnico debió haber supervisado.

Lo más grave en la entrevista concedida por Jiménez a CIPER es que en ella señala: “Desconozco la conducta de Ahumada Garay mientras estaba gozando de su beneficio”. Y asegura que Gendarmería no tiene las herramientas para controlarlo una vez que salía al medio libre. Falso. Los reos con beneficio de salida al medio libre siguen dependiendo de Gendarmería.

En consecuencia, basta con leer las obligaciones y deberes del subdirector técnico para darse cuenta que faltó a la reglamentación.

Más que un cambio paradigmático, dicha convención constituye un avance profundo en la concepción del ser humano y la responsabilidad que convoca a la comunidad internacional en la reconstrucción social, en donde prime la equidad y la no discriminación social en todas sus formas y con medidas concretas. Tal como se expresa en el tratado de la convención, los estados adheridos adoptarán y aplicarán las medidas necesarias en torno a las leyes y políticas para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad en cada país.

El cuerpo normativo que acompaña al convenio internacional (“Protocolo Facultativo”) cumple un rol fundamental: es un “libro abierto” que permite que las personas con discapacidad, o sus representantes, tengan la oportunidad de denunciar atropellos discriminatorios y hacerlos llegar a un Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad que dará validez jurídica a cada evidencia de mal trato y/o discriminación. A esto se apela, señales potentes y responsables frente a las personas con discapacidad para que estén en conocimiento de sus derechos, avalados por la comunidad internacional.

Para vuestro conocimiento, el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), debió enviar al menos a fines de 2010 un informe evaluativo de las acciones realizadas en pro de las personas con discapacidad en el marco del convenio que Chile firmó, haciendo un recuento de lo efectuado.

La travesía de este documento evaluativo, exigido por la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha sido impresionante. El SENADIS envía tardíamente un borrador al Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL), y allí permanece y es corregido para que cumpla con los estándares internacionales y se hace llegar al Ministerio de Desarrollo Social el 11 de enero de 2012, donde actualmente se encuentra según informó el director de Derechos Humanos de la Cancillería.

Esta evaluación del desarrollo, aplicación e implementación de las políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad, debe volver al MINREL, entidad que tramitará su entrega oficial a la ONU. Estamos hablando de casi dos años de un vergonzoso atraso acompañado de la nefasta burocracia que aún caracteriza a nuestro país.

Estos son los hechos que la ciudadanía debe conocer y su real trascendencia. Los voceros de gobierno persisten en señalar con propiedad sobre el respeto a las diferencias, la igualdad de oportunidades, los derechos de las personas y un sin número de frases que sólo oscurecen una verdad innegable: el desamparo, la falta de conciencia social, la discriminación comprobada, la violencia, aún presente y absolutamente visible para quienes son considerados “diferentes”.

Hemos sido testigos de innumerables casos, en notas televisivas, que dan cuenta de la constate vulneración de los derechos de niños, jóvenes y adultos con discapacidad en torno al acceso a la educación, salud, rehabilitación, trabajo y accesibilidad a los espacios públicos.

Las organizaciones de y para las personas con discapacidad se encuentran esperando que se dé cuenta oportuna y pública de las acciones en torno al mandato de la Convención Internacional de la cual Chile, con su firma, adquirió responsabilidades y compromisos.

Entonces, ya tenemos un tratado internacional que cumplir como país y nada de ello es conocido tras dos años de gobierno del Presidente Sebastián Piñera. El atraso es evidente y aún la sociedad civil y las organizaciones que se preocupan de personas con discapacidad esperan sus resultados y lo fidedigno de este informe. Corresponde preguntarse: ¿qué nos señalará dicho reporte que exige la ONU? Esta respuesta sólo se conocerá cuando se haga público a la ciudadanía conforme a la bases de la convención internacional.

Es responsabilidad de Estado de Chile y más aún del Presidente cumplir lo prometido y respetar los tratados internacionales, cuestión que no se vislumbra hasta ahora. Este es un de los tantos llamados de atención a las autoridades de gobierno para que de una vez por todas cumplan con lo prometido. Y si hablan de eficiencia, se demuestre con hechos y no discursos engañosos.

(*) Gina Basso Basso es docente especialista de la Universidad de Chile, consultora de proyectos sociales y asesora profesional de organizaciones de y para personas con discapacidad.

La razón de porqué escribo esta nota está en el reportaje sobre la Unidad de Punta Peuco, investigación de CIPER Chile realizada por la periodista Verónica Torres, y donde se denuncia la existencia de una operación de inteligencia basada en el documento Memorándum N° 01 que tiene relación con el interno ÁLVARO CORVALÁN.

Mientras me desempeñé como Subdirector Operativo de Gendarmería de Chile, nunca se me informó de estos hechos, por lo que me llama poderosamente la atención el detalle que da el interno sobre quiénes ocupan los puestos estratégicos en la Dirección Nacional la Institución. Cabe preguntarse si las recomendaciones que da sobre remover y ascender a algunos oficiales fueron seguidas por la institución.

Desde hace un año aproximadamente, fui desafectado de Gendarmería de Chile conjuntamente con siete Oficiales Superiores del Grado de Coronel que cumplían funciones como Directores Regionales. Las razones esgrimidas por el actual Director Nacional, Luis Masferrer, y el Ministerio de Justicia de la época, Felipe Bulnes, fueron que nuestra salida obedecía a “cambio de liderazgo” y así se transmitió a la ciudadanía a través de los medios de comunicación.

Para todos los oficiales en cuestión, esta explicación ocultaba otra razón: endosarnos la responsabilidad por los lamentables hechos ocurridos en la cárcel de San Miguel donde fallecieron 81 internos. Esto, producto del anuncio de culminación de la investigación por parte del Fiscal Peña, donde se formalizó al Director Regional Metropolitano Coronel Carlos Bustos y otros oficiales que cumplían funciones en la Unidad.

El coronel Bustos fue sindicado por las autoridades como culpable de los hechos sin considerar que llevaba tres meses en el cargo, pues había sido trasladado desde la zona norte del país. El coronel Bustos tuvo NULO apoyo de parte del Director Nacional. De hecho el único recuerdo que tiene este oficial respecto de la actuación el Director es que al momento en que lo formalizaron la autoridad estaba preocupada del recinto carcelario donde lo dejarían si quedaba en prisión preventiva.

Lo cierto es que eso no ocurrió y que en el Sumario Administrativo, que culminó hace pocos días, se le aplicó la medida disciplinaria de “Censura”.

En el descabezamiento del alto mando ninguno de los asesores del Director tuvo la capacidad para analizar y visualizar que el servicio quedaría sin coroneles para asumir el mando de las Direcciones Regionales, la Jefatura de las Unidades de Alta Complejidad y Departamentos dependientes de la Subdirección Operativa.

Tal falta de prolijidad en las decisiones se debe en mi opinión a que este descabezamiento tenía un solo propósito: proteger la figura del Director e incluso la del Ministro. Que ninguna responsabilidad sobre estos hechos cayera sobre sus carreras políticas. Las autoridades, vaya novedad, simplemente cortaron el hilo por la parte más delgada.

La parte delgada del hilo, cosa curiosa, son los funcionarios que mantienen andando, con enorme esfuerzo un sistema penitenciario que está hacinado.

Trabajé 30 años en gendarmería y durante los cuales implementé la Subdirección Operativa, fui alcaide de la Penitenciaría de Santiago y Jefe del Departamento de Seguridad, entre otras funciones en las que debí aplicar el liderazgo que se me cuestionó en el retiro. Duele que la lealtad con que trabajé con el Director Nacional, no haya tenido una respuesta recíproca. El Director se dejó convencer por asesores que tienen una mirada penitenciaria restringida, pues son oficiales de oficina en los que sólo predominan sus intereses personales y no el buen funcionamiento del servicio.

El objetivo que me impulso a hacerme presente ante tal situación, es porque el documento de Corbalán expresa dudas razonables sobre los criterios con los que se toman las decisiones en Gendarmería. Es necesario que las autoridades se convenzan de una vez que Gendarmería debe estar a cargo de Oficiales de las Institución ya que tienen un real conocimiento del trabajo penitenciario y pueden seguir una dirección permanente de liderazgo.

Llama poderosamente la atención que en septiembre fuera llamado a retiro el coronel Heriberto Muñoz Díaz, Jefe del Departamento de Seguridad, el mismo que el interno Corbalán señala como poco confiable para la Administración Penitenciaria. El coronel Muñoz, durante la actual administración, trabajó ardua y profesionalmente haciendo cumplir todas las medidas de seguridad para todos los internos privados de libertad ¿Es que el director Masferrer le hizo caso a la sugerencia de Corbalán?

Para finalizar, me pregunto si el llamado a retiro del alto mando institucional provocó un mejoramiento en Gendarmería ¿Mejoraron los estándares de seguridad? ¿Ha disminuido el hacinamiento en las cárceles? ¿Cuál ha sido el resultado de estas decisiones? Seguramente su asesor Emilio Alfaro Bravo, quien le aconsejó el llamado a retiro del alto mando en su época, guiándolo equivocadamente, ya estará pensando bajo qué paraguas protegerse para el futuro. Desleal y no reconocido por la oficialidad de la institución por su forma traicionera de actuar de acuerdo a la Administración de turno, otro oficial que es mencionado por el interno Corbalán es quien tiene el parentesco y es indicado como “el mejor oficial con vasto conocimiento penitenciario”. Lo cierto es que ha sabido navegar solapadamente en las diferentes aguas, gestando situaciones acomodativas para él y un grupo de oficiales, sin conocer de verdad lo que ocurren en las unidades penales, por lo que ha tenido una baja presencia en estos lugares, amén de que cuando estuvo en terreno, provocó solamente evasiones de internas.

Saquen sus conclusiones a quien me refiero. ¿Es entonces un buen asesor?

El Director Nacional se encuentra encapsulado por un grupo de que lo tiene mal orientado, es como lo deben sentir los Directores Regionales y Oficiales de la Institución. Qué pena dan los hechos narrados en el reportaje de CIPER, ya que pareciera que todas las sugerencias efectuadas en el documento del citado interno, habrían sido acogidas por el Director Nacional.

Jaime Concha Soto, Coronel (R) de Gendarmería.

A continuación un resumen de esta curiosa concesión a 20 años que divide duramente el Parque Araucano con infraestructura comercial no permitida en un parque urbano consolidado. El área comprometida son 10.000 metros cuadrados de parque en la continuación norte-sur de la calle Rosario Norte, hasta la intersección con Cerro Colorado.

La Municipalidad de Las Condes (MLC) llamó a una licitación en 2007 para construir un parque acuático en reemplazo de la antigua piscina municipal, posteriormente convertida en pileta y virtualmente abandonada a su suerte. A diferencia de una primera licitación que se declaró desierta, esta vez se presentaron tres oferentes: una empresa especialista en la construcción y gestión de deportes acuáticos, una empresa constructora y una empresa promotora de eventos relacionada a la anterior.

La MLC otorgó la concesión a la empresa constructora el 3 de diciembre de 2007, bajo la premisa de construir un máximo de 1.500 metros cuadrados a nivel de superficie en los 10.000 metros cuadrados de parque, sin alterar mayormente el entorno.

La empresa adjudicada presentó un proyecto de 39.000 metros cuadrados para construir 2.600 metros cuadrados en dos pisos en superficie -en una suerte de boulevard-, muros con una altura máxima 8,35 metros y cinco pisos subterráneos dedicados a 500 estacionamientos. La Dirección de Obras Municipales (DOM) de la MLC levantó 20 observaciones, objetando violaciones al Plano Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) y ordenanzas municipales. El adjudicado retiró su anteproyecto el 9 de septiembre de 2008 y lo presentó directamente a la Seremi de Vivienda, la cual lo aprobó el 25 de noviembre de 2008 con escasas modificaciones. Con la luz verde de su entidad superior, la DOM de la MLC simplemente endosó el anteproyecto el 9 de febrero de 2009 sin levantar ninguna observación y otorgó el permiso de edificación el 19 de enero de 2010.

La inversión inicial estimada era US$ 20 millones. Después de modificaciones y expansiones que han resultado de tres solicitudes con sus revisiones a la Seremi, sin ningún concurso público de por medio ni consultas ciudadanas, el proyecto va en US$ 63 millones; y los 39.000 metros cuadrados de construcción inicial van en 47.000 metros cuadrados. La MLC argumenta ahora que lo que se licitó era “un concepto”, a pesar de que todas las autorizaciones, solicitudes y permisos de la Seremi y municipales mencionan “parque acuático”.

La MLC llamó a licitación en 2007 en el llamado “lote G” del Parque Araucano con el convencimiento de que no está afecto al PRMS, por ser de propiedad municipal. Sin embargo, la MLC adhiere a las autorizaciones de la Seremi y de la DOM que especifican que el coeficiente de construcción 4,8% cumple, al ser inferior al 5% máximo permitido por el PRMS. Por otra parte, al sumar todas las áreas dedicadas a culto, recreación, esparcimiento y similares permitidas por el PRMS para bienes nacionales de uso público, específicamente las instalaciones de la actual Dirección del Tránsito, el centro de reciclado, la iglesia Nuestra Señora del Rosario, canchas de tenis, futbolito, etc., el porcentaje de construcción total del parque supera ampliamente dicho 5% máximo. Es decir, es una tinterillada de la MLC adherir al PRMS considerando sólo una parte del parque (el lote G), transgrediendo la misma norma al no tomar en cuenta que el mismo lote es parte integral de las 33,5 hectáreas de un parque urbano plenamente consolidado.

En cuanto al “contenido” de este “parque acuático”, la MLC se enorgullece en anunciar que el concesionario tendrá varios operadores, siendo uno de ellos la franquicia chilena de Kidzania, que es una feria de entretenciones -tipo Fantasilandia- de origen mexicano y que opera en varios países (Japón, Corea, México, Emiratos Árabes, etc.). Tal como un director del Consejo Económico y Social Comunal (Cesco) de la misma MLC destacó en la sesión ordinaria de marzo 2011, Kidzania funciona en todos los países del mundo en un centro comercial y no en un parque público; aún más, agrega el director del Cesco, el propio operador desechó la idea de instalarse en Chile en un centro comercial por no ser rentable, hasta que posó sus ojos en el Parque Araucano, aledaño al mall Parque Arauco. Y desde entonces la MLC se entusiasmó reservadamente con la idea.

Un segundo operador en esta concesión es la franquicia chilena de Hard Candy Fitness, una cadena de gimnasios que opera en México y Estados Unidos, con el auspicio de la cantante Madonna; los medios locales han difundido sus primeras estimaciones en US$ 125 la membresía mensual para acceder a sus futuras instalaciones. Hard Candy también opera en centros comerciales en el resto del mundo, pero la MLC esta más que dispuesta a modificar planes para acomodar estos emprendimientos comerciales en parques urbanos.

Las fotografías de la obra que recién ahora empiezan a ver la luz pública, muestran una piscina “semiolímpica” en el primer nivel bajo suelo, a la cual se llega mediante escaleras mecánicas desde el “boulevard” o desde camarines, también en el subsuelo. Eso es todo el “parque acuático”. Debo recordar que la piscina en superficie, abandonada y maltrecha desde 2007, era de dimensiones olímpicas.

El anteproyecto de arquitectura inicial mostraba cuatro espacios etiquetados como “áreas recreativas”, los que hoy se han develado como áreas para restoranes. Aún más, la sesión de concejo de la MLC del 29 de marzo de 2012 aprobó unánimemente otorgar patente de restorán, diurno y nocturno, con licencia para distribuir y vender alcohol, a los primeros dos de ellos, a pesar de que aún se encuentran en obra gruesa, bajo la premisa de que son “locales de categoría” (sic). Sin embargo, el propio asesor de
desarrollo urbano de la MLC al ser consultado en la sesión del Cesco del 10 de abril de 2012 por la naturaleza de dichos espacios, respondió que eran “de comida rápida” (sic). Ha de aclararse que la venta y consumo de alcohol está prohibido en todos los parques de la comuna, eso es, Los Dominicos, Padre Hurtado y Araucano.

Otro ángulo que es interesante hacer notar es que la MLC otorgó la concesión a cambio de un pago anual de 1.851 UTM, mientras el concesionario obtuvo un permiso de edificación e inició la construcción de 39.000 metros cuadrados. Usando aritmética simple, lo anterior significa que el concesionario pagará a la MLC alrededor de UF
0,1 por metro cuadrado construido, lo que contrasta con UF 4.0 y UF 5.0 a pagar por un espacio equivalente en el centro comercial Parque Arauco, solo cruzando la calle Cerro Colorado. Es decir, la MLC concesionó a un inversionista privado una hectárea de parque a un valor 40 a 50 veces menor que el valor de mercado y cuyo negocio no le era rentable realizarlo en ningún centro comercial de Chile, excepto en este espacio público y a un costo ridículamente bajo.

La MLC se ha auto convencido de que este es un “excelente negocio, clase mundial”, que marcará un antes y un después para la comuna y sus habitantes.

La municipalidad más rica de Chile literalmente regala espacios abiertos destinados a la recreación y esparcimiento (10.000 metros cuadrados de parque consolidado), para intentar débilmente compensar la baja de ingresos municipales, crecientes gastos municipales y ausencia de inversiones. Mas detalles financieros, balances y presupuestos, están disponibles en la página web de la MLC.

Aún más, el alcalde y su asesor de inversiones destacaban en la sesión del concejo del 29 de marzo de 2012 que “20 años es un tiempo bastante breve” y que la MLC “podrá disfrutar en unos pocos años más de esa inversión…” (sic).

En necesario hacer notar un pequeño gran detalle. Este proyecto aun no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y estamos a cuatro meses de inaugurar la obra, programada para julio 2012.

También es necesario destacar que la comuna de Las Condes presenta un contraste de urbe del primer mundo coexistiendo con una del tercer mundo; muchas de sus avenidas, edificios de altura, residencias, arborización, iluminación, etc., son de primer mundo, hasta que llegamos al tema de los parques urbanos. Ahí, las políticas públicas son de tercer mundo. Como ya dije, existen solo dos parques urbanos en la comuna (Araucano y Los Dominicos) y el tercero (Padre Hurtado) es compartido con las municipalidades aledañas. La Organización de las Naciones Unidas recomienda un espacio de áreas verdes de 16 metros cuadrados por habitante, como mínimo, para una buena calidad de vida de los residentes de centros urbanos. La comuna de Vitacura ostenta 18,3 metros cuadrados por habitante; Las Condes 9,2; Quinta Normal 1,3; el promedio para la Región Metropolitana es 4. Lo anterior es consistente y resultado de los escasos presupuestos para mejoras de los parques urbanos de la comuna.

La alcaldía, temerosa de un rechazo similar al 82% expresado en agosto 2011 por los mismos vecinos de Las Condes en la consulta municipal para “remodelar” el parque Los Dominicos con un mall soterrado, supermercado, sucursal de banco, feria “gourmet”, etc., no hizo una consulta ciudadana sobre este proyecto del Parque Araucano que tenía en carpeta. Peor aún, al tiempo que la MLC hizo esta consulta vecinal, el proyecto de concesión del Parque Araucano ya estaba en obra, con permiso de edificación otorgado por la DOM.

Consultada la alcaldía de la MLC algunos meses atrás acerca de por qué este proyecto se había iniciado sin consultar a los vecinos, la respuesta fue que “no existían vecinos a quienes consultar”. Tal vez el universo de vecinos para el alcalde se limitaba a los clientes del centro comercial Parque Arauco y a los oficinistas de los edificios de la calle Presidente Riesco. En verdad, hasta hace poco ni siquiera existía una junta de vecinos en el sector. Pues bien, en la sesión de concejo del 29 de marzo de 2012, el alcalde declaró, para sorpresa de muchos, que “el proyecto contaba con un informe favorable de la junta de vecinos del sector” (sic). También dio a conocer en esa sesión que algunos amigos suyos estaban un tanto apenados con la postergación de la inauguración del nuevo centro de eventos, pues habían planeado ese lugar (con capacidad para 1.000 personas) “para celebrar la boda de sus hijas”.

Cabe hacer notar que la Seremi de Vivienda nunca ha reversado una autorización no ajustada a las leyes y ordenanzas de rigor, como argumento para ordenar su demolición, basada en la premisa de que todo error u omisión en el proceso ha ocurrido “de buena fe”. Pues bien, este proyecto de “parque acuático” hoy no tiene nada de parque, muy poco de acuático y, a juicio de muchos vecinos nada suspicaces, muy poco de buena fe.

Hemos organizado el grupo “Amigos del Parque Araucano” en la red social www.facebook.com con la idea de mantenernos informados e intercambiar opiniones sobre este descabellado proyecto. Invitamos a los lectores a visitarlo y participar en este foro abierto.

Es el caso de la Ley Corta de Isapres, un reordenamiento que implicará importantes cambios para los usuarios del sistema, pero que en definitiva mantiene intacta la esencia del seguro privado de salud chileno. Es decir, ampara a un administrador previsional que persigue el lucro, dotándolo de amplias facultades que le permiten reajustar las cotizaciones o bien disminuir los beneficios médicos que otorga a las personas.

“La Ley Corta de Isapres ampara a un administrador previsional que persigue el lucro, dotándolo de amplias facultades que le permiten reajustar las cotizaciones o bien disminuir los beneficios médicos que otorga a las personas”.

Por cumplirse siete años desde que fuera implementada la Reforma de las Garantías Explícitas en Salud (GES), el legislador vuelve a introducir modificaciones que, básicamente, persiguen el mismo objetivo: incorporar criterios de solidaridad y garantizar derechos.

El resultado obtenido con las anteriores reformas ha sido magro. En los pasados 12 años, los planes de Isapre incrementaron su valor en un 67% real, en tanto, la conformación de un sistema de atención integrado por una infinidad de modalidades médicas ha generado gran complejidad operacional, y un fraccionamiento del seguro de salud.

Efectivamente, las modificaciones legales realizadas al sistema Isapre han significado en la práctica, un desdoblamiento del seguro de salud en varios formatos de atención médica, cada uno regido por normativas específicas. Lo anterior supone una dispersión del riesgo asegurado, lo que necesariamente acarrea una multiplicación en los costos de administración, como también, una disminución relativa en las coberturas otorgadas. En otras palabras, una disminución en la eficiencia del seguro médico.

La Ley Corta de Isapres y su consecuencia práctica, el Plan Garantizado de Salud (PGS), apuntan en esta misma línea. Es decir, se creará un nuevo compartimiento de atención médica, cerrado y obligatorio, que deberá convivir con las restantes modalidades de atención existentes (Libre elección, Ges, y Caec). Esto incrementará lo que es quizás, el peor defecto que exhibe el seguro privado de salud en Chile: su segmentación en excesivos formatos de atención médica.

“La instauración del PGS encarecerá el seguro médico a todos los afiliados al sistema isapre. Se estima que medio millón de beneficiarios no financiarán el reajuste, y migrarán al seguro público de salud (Fonasa)”.

La instauración del PGS encarecerá el seguro médico a todos los afiliados al sistema Isapre. Se estima que medio millón de beneficiarios no financiarán el reajuste y migrarán al seguro público de salud (Fonasa). La desafiliación masiva de individuos no riesgosos, incrementará la siniestralidad promedio de los que permanezcan adscritos, perdiéndose el efecto amortiguador que buscaba el subsidio solidario cruzado y que factibilizaba la tarifa plana a un costo razonable.

Los individuos que cuenten con el PGS como seguro único de salud, deberán restringirse a un modelo de atención médica cerrado, perdiendo la libre elección. Cálculos preliminares (Copetta 2011) establecen que las coberturas serán menores a los promedios actuales.

A la vista de la información disponible, los afiliados que quieran conservar la libre elección médica, deberán contratar un Plan Complementario de Salud que se regirá por una normativa tarifaria similar a la actual. Es decir, recobran validez las tablas de factores de riesgo, ahora levemente atenuadas; como también se da continuidad a las enfermedades preexistentes, por ende, a la cautividad.

Para añadir mayor complejidad, el PGS se regirá por un método de reajustabilidad independiente: el IPC de la salud. La implantación de este índice, único en el mundo, conllevaría a que las cuatro modalidades de atención médica incluidas en un plan isapre (Libre Elección, Caec, Ges, PGS), tendrían una forma distinta para valorar y reajustar sus respectivas primas. Establecer un IPC particular para la salud, no parece ser una buena idea en un país que envejece a un ritmo alarmante, y en donde las isapres están económicamente ligadas a los prestadores de los servicios médicos. Por tanto, se potencia un sistema de reajustes en los planes de salud, que depende de un costo controlado por el mismo asegurador.

“La Ley Corta de Isapres pretende introducir elementos de solidaridad a un seguro de salud que se rige por un código estrictamente financiero, apelando al sacrificio de sus propios afiliados”.

La Ley Corta de Isapres pretende introducir elementos de solidaridad a un seguro de salud que se rige por un código estrictamente financiero, apelando al sacrificio de sus propios afiliados. Para estos fines, obligará a todos los usuarios a incorporar en sus planes de salud un nuevo formato de atención médica (PGS), que funcionará con la lógica de un sistema de reparto (iguales aportes, iguales beneficios). Sin embargo, si el afiliado opta por mantener el derecho a elegir sus prestadores médicos, deberá contratar un Plan Complementario de Salud; en el que el administrador previsional mantiene incólumes sus facultades para reajustar el valor de la cotización.

En consecuencia, el cambio propuesto por el Ejecutivo no resolverá la judicialización que victimizaba al sistema asegurador, generando como efectos colaterales un encarecimiento del seguro de salud, una disminución en los beneficios médicos a las personas, y probablemente invariabilidad en el rentable negocio previsional que explotan las isapres y sus empresas relacionadas.

Doctor Rodrigo Martínez Peric
RUT: 8205255-0

La Comunidad Europea firmó en 2003 un tratado llamado Reglamento Dublín II para prevenir el abuso de los procedimientos de asilo que suponen las solicitudes múltiples en sus estados miembros. Ese documento establece los criterios y mecanismos de determinación del estado miembro responsable del examen de aquellas solicitudes presentadas por un extranjero en alguno de los países integrantes. Y en la práctica, le impide a Grecia otorgar papeles a inmigrantes clandestinos. O sea, Grecia, que debería ser sólo un país de tránsito, se ha convertido en un territorio donde miles y miles de perseguidos por las guerras (que por lo demás, son guerras injustas e imperialistas, como la de Afganistán o Irak, y ahora las de Libia y Siria) deben finalmente permanecer por años en una situación de completa incertidumbre y abandono.

Desde fines de marzo, casi lo único que se escucha en la televisión y programas políticos griegos es cómo resolver el problema de cerca de un millón de inmigrantes ilegales en el país. Y la respuesta a ese tema ya se anunció: la construcción de 30 campos de concentración. Tal y como lee.

Son viejos campamentos militares en desuso donde se irían concentrando a los miles de inmigrantes que no posean documentación ni permisos de residencia, o sea, la mayoría. En pleno siglo XXI escuchamos que la solución elegida por el gobierno griego es la misma que adoptó la Alemania Nazi hace unas décadas e igual a la que escogieron dictaduras en distintas partes del mundo, como en Chile lo hizo la de Pinochet.

¿Por qué se permitió que empleadores inescrupulosos dieran una miseria de salario y ninguna protección social –ni de salud ni de vivienda– a inmigrantes que trabajaban en los campos recolectando frutas o en los peores y más duros oficios que se pueda imaginar? Durante años, en cada bencinera, en restaurantes o en la construcción, sólo se veían trabajadores extranjeros sin contrato, sin derechos sociales y con otro largo etcétera de carencias. Y ahora, justo cuando se acercan elecciones políticas, el fantasma del extranjero y del inmigrante clandestino y el odio al diverso se han elevado como bandera de campaña de varios candidatos.

Los partidos neonazis en Grecia están en aumento. El viernes 30 de marzo, grupos fascistas entraron a universidades y golpearon violentamente a estudiantes. Por otro lado, la policía ha estado toda esta semana deteniendo a miles de extranjeros en el centro de Atenas para llevarlos a sus cuarteles y encerrarlos de manera inhumana en cuartuchos y celdas de 2×3 metros. Un proyecto de ley que se discute en el Congreso griego podría permitir que se extiendan esas detenciones justificadas por un tema de “salud pública”.

La solución a los problemas de higiene, salud y alta concentración de personas ilegales en los edificios del centro de Atenas, así como a la violencia, los asaltos y los robos, sólo puede venir de la mano de la creación de trabajo para los inmigrantes y la entrega de papeles y documentación tanto a los que quieran viajar a otro país como a los que prefieran quedarse acá. También crear centros de educación y formación profesional. Pero se optó por crear 30 campos de detención donde el problema no se solucionará.

Estoy contratada por la Municipalidad de Arauco por 31 horas pedagógicas, con un contrato de carácter indefinido. Poseo 4.186 horas de perfeccionamiento. En el año 2000 fui seleccionada a nivel nacional por el Ministerio de Educación para realizar una pasantía en la ciudad de Londres. En 2009 fui evaluada “Competente” y hace un par de semanas elegida representante gremial del liceo ante el Colegio de Profesores, cargo que para mí es muy importante.

En mis años de trabajo siempre he tomado extensión horaria. En los últimos años en mayor cantidad por necesidades del establecimiento y obviamente por la necesidad de aumentar mis ingresos.

Es de conocimiento público que muchos profesores deambulan de colegio en colegio juntando horas para aumentar su carga horaria y alcanzar un sueldo que en ningún caso podríamos catalogar de “reguleque”. En nuestro liceo, de acuerdo a la cantidad de cursos, se produce un número de horas a las que los profesores de planta con menos de 44 horas podemos acceder en cada subsector y las que son solicitadas por el director del colegio al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) en diciembre de cada año para el periodo escolar siguiente.

Regularmente cada año se inicia el año escolar y los profesores atendemos los cursos de acuerdo a las horas de contrato y a las horas solicitadas, aunque el documento oficial que decreta las horas asignadas generalmente demora unas semanas en llegar.

Cuando iniciamos este año se nos entregaron los horarios y comenzamos a atender los cursos, pero a comienzos de marzo llegó una indicación del DAEM de no atender los cursos mientras no tuviéramos la orden de trabajo. Por lo tanto, quedaron cursos sin atención (hasta hoy, incluso, siguen algunos sin profesor). Todos esperábamos el documento que oficializaba la carga horaria, pero ya intuíamos que algo sucedía. Grande fue nuestra sorpresa cuando nos informaron a cuatro profesores que se nos había negado la asignación de extensión horaria.

Las razones que el DAEM ha dado son antojadizas, todas sin asidero, sobrepasando la lógica, ya que esta negativa no fue para todos los profesores a los que se les solicitó extensión, sino extrañamente a profesores que participamos de los paros de profesores y apoyamos la movilización estudiantil del año pasado.

Entre las justificaciones que esgrimió Pedro Soto, actual director del DAEM, en una reunión que solicité para pedirle una explicación, dijo que era necesario asignar a las personas más preparadas las horas de extensión. Lo que nosotros pedimos es que se consideren las evaluaciones al momento de asignar las horas, haciendo de éste un proceso democrático de postulación.

Debo agregar que esta acción, que considero represora, se agrava en mi caso, ya que el DAEM me adeuda una cifra que se aproxima a los cinco millones de pesos por conceptos de asignación de perfeccionamiento, que a la fecha no ha actualizado y que se ha negado a determinar de manera oficial contraviniendo la Ley de Transparencia.

Después de mucho reclamar, finalmente el 21 de marzo se reconsideró mi situación y se me asignaron sólo 4 horas de extensión de las 13 que estaba solicitando.

Frente a la situación que nos aqueja, y de manera personal, realizo esta denuncia para dar a conocer a la comunidad la persecución de la que estamos siendo víctimas sólo por ejercer nuestro derecho de expresarnos libre y democráticamente, tener una posición frente a la problemática educacional y participar de los llamados a movilización nacional que realiza el Colegio de Profesores, porque de otro modo no me explico que el criterio del DAEM sea considerarnos competentes para asumir las horas de contrato indefinido pero no las de extensión.

Para aliviar la carga del endeudamiento, el gobierno ha propuesto rebajar la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado (CAE), de un 6% a un 2%, igualándolo con el crédito solidario.

Sin embargo, un porcentaje importante de endeudados hemos quedado marginados de la discusión, y aún no vemos solución a nuestro caso. Somos las víctimas del crédito CORFO, el crédito educacional más aplastante de todos, que puede llegar a cobrar tasas de interés de un 9% anual, y convertir una deuda de 12 millones de pesos en una de 30 millones.

¿Quiénes somos los deudores de este crédito?

Pertenecemos a familias de clase media, excluidas total o parcialmente del crédito solidario y a partir del año 2006 del CAE, pero que no tienen los medios económicos para costear la educación superior de sus hijos. Para nosotros al momento de decidir y entrar a la educación superior no quedó más alternativa que el crédito CORFO de Pregrado, un crédito otorgado por entidades bancarias y entidades financieras, con recursos de la Corporación de Fomento de la Producción, pero que poco se diferencia de un crédito de consumo común. A mayor abundamiento este modelo de financiamiento lo que hizo fue asegurar a los bancos un nuevo negocio, el endeudamiento de familias de clase media que tenían como sueño entregar educación superior a sus hijos pero que con sus remuneraciones e ingresos no podían costearla total o parcialmente y la única vía que tenían era esta formula.

En términos generales, el crédito funciona así:

La tasa de interés varía entre un 7% y un 9% anual, con cuotas en UF reajustables mes a mes. Exige un aval que será el deudor principal y el estudiante quedara como codeudor solidario (se firman pagares en algunos casos o en otros se entrega un poder amplio al banco para que en caso de incumplimiento este pueda emitir un pagare y cobrar el total de la deuda por la vía judicial), se debe comenzar a pagar inmediatamente luego de que se pide el crédito otorgándose en dos modalidades una por cada año académico y otra que financia la totalidad de la carrera como línea de crédito que se renueva año a año, por lo que las cuotas se les va sumando el interés y el monto a pagar aumenta rápidamente.

Esta tabla comparativa realizada por Ciper Chile grafica brutalmente la diferencia de un crédito con un interés del 8% anual con los demás créditos destinados a la educación superior. El monto total de la deuda de un crédito CORFO es 2 veces mayor que el del CAE (con un interés de 5.4%) y más de 4 veces mayor que el de un crédito solidario (con un interés del 2%).

Al ser un crédito directo con la banca privada, sin protección alguna del estado, los deudores de este crédito estamos completamente desamparados entregados a la arbitrariedad de ellos.

Existen muchos casos de estudiantes, que por no poder pagar la cuota del crédito, tuvieron que dejar la Universidad y pasaron inmediatamente a ser enemigos de la banca, muchos otros titulados que aún estando en condiciones de pagar la cuota mensual, se ven abrumados con valores muy altos en comparación con sus ingresos. Los casos de registrados en Dicom (si es el único crédito universitario que te envía a Dicom), demandados e incluso embargados, son numerosos y van en aumento.

¿Qué exigimos?

Exigimos que CORFO reconozca esta situación y se haga cargo de los miles de casos que hay en todo Chile, dándonos una solución acorde a un organismo ejecutor de políticas gubernamentales que buscan el emprendimiento de los chilenos, en nuestro caso un grupo en su mayoría de familias de clase media que son una vez mas postergadas sin ser tomadas en cuenta por nadie. Nos sentimos totalmente desamparados y sin respuestas del Estado, entregados a lo que decidan las instituciones bancarias que han abusado al poner en cada uno de estos créditos cláusulas abusivas, otorgamiento de crédito mediante ventas atadas de otros productos ofrecidos por los bancos, fijar plazos y cuotas de manera unilateral, tasas de interés elevadísimas que fluctúan entre el 7 y 9 %, haciendo pagar 3 o 4 veces lo que se ha pedido, poca transparencia con la que se han manejado las instituciones bancarias negándose a entregar información de los contratos firmados y todo tipo de información relativa a estos créditos.

Nuestra solicitud es simple, no queremos dejar de pagar, solo queremos pagar lo justo, reconociendo CORFO nuestra situación y que el Estado se haga cargo de los miles de casos que hay en todo Chile.

¿Qué respuestas nos han dado?

Luego de la gran cantidad de reclamos ingresados al Sernac y directamente a las instituciones bancarias, la respuesta siempre es la misma: “Las condiciones del crédito siempre han sido éstas, nunca han cambiado y ustedes las aceptaron al firmar”. Sin embargo, desde hace un mes, el crédito CORFO se dejó de ofrecer en los bancos, sin un motivo claro.

En Chile, la educación es un derecho consagrado en la Constitución Política de la Republica. En nuestro caso, la peculiaridad de este derecho radica en que la única posibilidad que tuvimos de ejercerlo fue firmando créditos millonarios y a tasas de interés altísimas, siendo este el único medio para lograr el sueño de nuestros padres y familias de ser profesionales (en muchos casos primera generación universitaria). Si la respuesta de las instituciones bancarias es: “Las condiciones del crédito siempre han sido éstas, nunca han cambiado y ustedes las aceptaron al firmar”, estimamos que la del Estado debe ser distinta ya que como garante de este derecho a la educación nos dejo de lado, vemos que la discusión radica en la rebaja de tasas de interés para el CAE o repactacion de los deudores de crédito del Fondo Solidario, pero de los deudores de CRÉDITO CORFO no existe ningún pronunciamiento tanto del ejecutivo como la clase política de manera transversal.

Somos becarios de postgrado del programa “Becas Bicentenario CONICYT – Becas Chile” quienes nos encontramos estudiando en distintas universidades de Australia tales como la Universidad de Queensland, la Universidad de Monash y la Universidad Nacional Australiana, solo por nombrar algunas. El motivo de la presente carta es informarle de la difícil y precaria situación en la cual nos encontramos desarrollando nuestros estudios. La siguiente es la lista de puntos que resumen esta situación:

1.- Los becarios con familia tenemos actualmente gravísimos problemas para financiar la educación escolar y pre-escolar de nuestros hijos, en el sistema público, debido a que no existe uniformidad de criterio en todos los estados australianos para dejar exentos de cobro a los hijos de los estudiantes internacionales. Lo anterior es patente en el caso del Australian Capital Territory (ACT) el cual exige el desembolso anual de más de AU$ 9.000 al año y el estado de New South Wales (NSW) donde es algo más de AU$ 5.000 al año por hijo. En el particular caso del estado de Victoria, si bien la educación escolar pública aún es gratis para los hijos de los estudiantes internacionales de postgrado, la educación pre-escolar, en tanto cuidado y formación de los hijos pequeños, asciende alrededor de AU$ 1.700 por mes y por hijo. Lo anterior prácticamente obliga a uno de los cónyuges (no becario) a abocarse durante todo el día al cuidado de los hijos, dejando de percibir una fuente de ingresos adicional y necesaria que podría generarse al poder este trabajar. Similar esquema está en este momento planificándose para todos los estudiantes internacionales en el estado de Queensland para el año 2012.

2.- Los gastos de instalación para los becarios no consideran la realidad del país en el cual va a realizar sus estudios, los cuales son absolutamente irrisorios y demuestran una falla absoluta en el sistema de asignación de becas en Chile. Los becarios con familia debemos con nuestros propios medios, muchas veces sobre-endeudándonos, cubrir gastos básicos de instalación y vivienda que son extremadamente altos.

3.- En relación a cualquier diferencia en los costos del seguro de salud para los becarios (por ejemplo las vacunaciones para los hijos de los estudiantes y exámenes especiales), estos deben ser cancelados íntegramente por el estudiante debido a que el seguro no los cubre.

4.- El monto de la manutención mensual considerando un grupo familiar constituido por una pareja y sus hijos es bajísimo y fuera de toda lógica. Lo anterior es agravado más aún con las turbulencias financieras de los últimos años, las cuales han afectado al tipo de cambio, produciendo que cada vez nos haya llegado menos dinero en nuestras cuentas bancarias. A manera de ejemplo, un arriendo económico en cualquier ciudad australiana para una pareja e hijos no se encuentra por menos de AU$ 1.300 a AU$ 1.500.

Las situaciones enumeradas anteriormente, perjudican enormemente el rendimiento del capital humano avanzado, el cual en varias ocasiones debe trabajar en actividades no relacionadas con su investigación, siendo que su única obligación es su actividad y desempeño académico. Al respecto la beca entrega una “asignación mensual” que a criterio de los expertos es “suficiente” para cubrir nuestras necesidades, exigiéndonos a cambio “dedicación exclusiva” y prohibición de actividades remuneradas, salvo las estrictamente relacionadas con la actividad de investigación. Sabemos además, que la educación pública primaria para los ciudadanos chilenos es un derecho establecido en la Ley de instrucción primaria y en la Constitución de nuestro país. Por lo demás, esta situación nos coloca en desventaja y discriminación respecto al resto de los estudiantes internacionales y de los ciudadanos australianos. Por otra parte, cuestionamos la utilidad del acuerdo que se ha firmado entre el gobierno Australiano y el Chileno para facilitar la prosecución de estudios de postgrado a becarios chilenos, lo cual desafortunadamente no se ha traducido en beneficios significativos para nosotros como estudiantes.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, estimamos como una necesidad el que se reconozcan nuestros problemas estando abiertos a escuchar vuestras propuestas de manera de gestionar una solución, en base a los siguientes ejes:

1.- La colegiatura de nuestros hijos, como becarios con familia, es un derecho que debe garantizarnos el gobierno de nuestro país a través de una institución de prestigio como lo es CONICYT. Creemos que es perfectamente posible reasignar recursos sin recurrir a mayores desembolsos desde las partidas asignadas para Educación.

2.- Para el caso de los becarios con familia y niños en edad pre-escolar, que requieren cuidado de parte de uno de los padres o bien de una guardería, requerimos un aumento sustantivo en el monto de asignación mensual (de al menos un 50% extra) o bien el pago de la guardería de manera que el cónyuge pueda desarrollar actividades remuneradas.

3.- Reevaluar los montos entregados para seguro de salud y gastos de instalación para las nuevas familias de becarios en el extranjero, o al menos disponer de mecanismos para limitar su ingreso futuro y evitar futuros inconvenientes.

4.- Pago de la manutención de los becarios en moneda local, para un mejor control del presupuesto mensual y evitar las fluctuaciones cíclicas del tipo de cambio.