Mientras el Senado abrió la “caja chica” informando lo que paga a sus asesores, la Cámara rechazó publicar esos montos. La reserva de los diputados es generada por la inquietud de las bancadas debido a la investigación de la Fiscalía sobre la diputada Nogueira (UDI). El fiscal de Valparaíso ya acreditó que ella pagaba mensualmente cerca de $1.800.000 en asesorías y que ese dinero era depositado finalmente en una cuenta de ella y su marido. A días de que solicite la formalización de Nogueira, el Ministerio Público pesquisa ahora los pagos de asesorías y arriendos de los diputados que gira la Dirección de Finanzas de la Cámara. Y todos saben que Nogueira sentará su defensa diciendo que hay muchos diputados que incurren en prácticas similares y que su acción no fue ilícita.
La nueva Ley de Transparencia permitió conocer información sobre el negocio de la seguridad privada que CIPER persiguió por casi dos años. Si hasta ahora Carabineros había insistido en que no recibe dineros de privados, los registros indican que desde 2002, la Dirección de Seguridad Privada de la policía uniformada (OS-10), la única autoridad fiscalizadora del área, ha recaudado más de $2.600 millones de las empresas del rubro por concepto de evaluación y acreditación a guardias y vigilantes. Mientras, en la Dirección del Trabajo se acumulan las denuncias por abusos laborales de las mismas entidades. El récord lo exhibe G4S, la mayor empresa de guardias del país, con cerca de tres mil denuncias y multas por más de $1.390 millones. Allí trabajaban los guardias que fueron filmados hace algunos días golpeando brutalmente a un indigente en un mall de La Florida.
Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares para combatir el narcotráfico a través del Plan Colombia. Pero mientras entrega apoyo militar y financiero para terminar con los cultivos de coca, esta exhaustiva e impactante investigación revela que parte del dinero que busca fomentar siembras alternativas fue entregado a empresas productoras de palma ligadas a narcotraficantes y paramilitares. Los mismos que por años aterrorizaron a los campesinos, asesinando y saqueando sus tierras para después arrebatárselas y cultivar allí miles de hectáreas de palma que funcionaron como una buena pantalla del lavado de dinero.
A casi cuatro meses de conmemorarse 36 años de la muerte del destacado folclorista chileno, el tesón de su viuda Joan Turner y de sus hijas, logró que la investigación judicial llegara al punto que se creía imposible: individualizar al grupo de oficiales y conscriptos que perpetraron el asesinato. Las confesiones de los involucrados, entre ellos un conscripto que participó en forma directa en el crimen, permiten conocer las estremecedoras últimas horas de vida de Víctor Jara y la forma en cómo lo mataron en uno de los camarines del subterráneo del Estadio Chile. También la historia nunca antes contada de cómo se rescató su cuerpo desde la Morgue. Junto al artista, fueron acribilladas otras 15 personas, entre los que se encontraba el ex Director de Prisiones, Litre Quiroga. Los detalles del homicidio fueron recabados en la presente investigación de CIPER.
Farmacias y laboratorios han sido desde siempre clientes frecuentes del sistema que garantiza la libre competencia. La denuncia que detonó la vigilancia de este mercado fue presentada en 1982 por el penalista Pablo Rodríguez Grez y el primer dictamen, un año más tarde, lleva la rúbrica del economista Cristián Larroulet. Desde entonces se acumula una quincena de resoluciones y dictámenes que -sin éxito- han intentado que las farmacias exhiban sus precios, que los laboratorios no favorezcan a las cadenas por sobre los locales chicos y que tampoco sugieran el precio de venta al público. El incumplimiento de las normas que regulan la competencia tiene nuevamente a las tres cadenas -Cruz Verde, SalcoBrand y FASA-, y a al menos nueve laboratorios, en la mira de la autoridad y la justicia.
Lo que ocurrió en junio de 2004 en Wagner se convirtió en un mito en el mundo de la seguridad privada. Fue un día de terror. Hubo armas, golpes y amenazas a un grupo de trabajadores. CIPER investigó el caso y devela lo que pasa en la tercera empresa de transporte de valores más importante del país. Decenas de denuncias laborales, alteraciones en las patentes de sus camiones, golpizas y trabajadores amenazados de muerte. Todos juegan al ritmo de la música del ex detective Gabriel Vargas Guerra, el dueño de este lucrativo negocio y de “Arturito”, el famoso robot busca tesoros que hasta ahora no ha encontrado ninguno.
La crisis desatada por la gripe porcina pilló a México sentado en la exclusiva mesa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pero sin las herramientas básicas para enfrentar un problema sanitario. La influenza se extendió ayudada por la carencia brutal de los elementos más básicos para cortar la cadena de contagio en los hospitales, desde las mascarillas hasta el simple jabón. Seis de cada diez mexicanos quedan fuera del servicio de salud, acusan los expertos. Y la llegada de la gripe porcina desnudó la dura realidad.
En 2006 Las Condes cerró La Puerta, el emblemático colegio del ex alcalde Joaquín Lavín. Los alumnos y el presupuesto fueron trasladados a su establecimiento hermano en Colina, a cargo del también UDI, Mario Olavarría. Su director, Raúl Suazo, acaba de dejar el puesto luego de que la Dirección del Trabajo constatara que acosó sexualmente a una secretaria. Además, quedó al descubierto otro caso similar y ex funcionarios denunciaron insinuaciones de Suazo hacia alumnas. También se acusa al establecimiento de inflar el número de matrículas para mantener las subvenciones que entregan Las Condes y el gobierno. El Ministerio de Educación lleva a cabo dos procesos administrativos por faltas graves en el mismo colegio y se apresta a iniciar una tercera investigación.
El reportaje sobre la Corporación de Estudios Estratégicos (CEES), creada por Patricio Rojas mientras era ministro de Defensa, ha generado una gran polémica. El uso de la legislación sobre acceso a la información pública fue clave para la realización de dicha investigación periodística. Como la cantidad de documentos recibidos era enorme, en la primera entrega sólo publicamos los más relevantes, relativos a contratos, balances y memorias de la CEES. En esta segunda parte, se pueden descargar los siete estudios. Dos de ellos, que datan de 2003 y 2007, tienen información idéntica.
Una amistad mucho más profunda que la conocida hasta ahora une al ex ministro DC con Bartolomé Dezerega, quien recibió dineros que la justicia belga catalogó como coimas por la compraventa de los Mirage Elkan. Su hijo Alejandro trabajó con Rojas en Defensa y ha sido su socio en una desconocida entidad sin fines de lucro que le vendió estudios a ese ministerio y a otras reparticiones estatales. Este organismo fue creado por Rojas poco antes de dejar el gobierno de Aylwin, junto a tres de sus subsecretarios. Por esa entidad pasó otro de sus amigos: el general (r) Ramón Vega, procesado en el juicio por las coimas. En paralelo, Alejandro Dezerega creó una empresa de asesorías financieras que tiene cuentas en el mismo banco de Miami en que su padre recibió casi US$ 3 millones vinculados a las comisiones ilegales. Cuando el escándalo comenzó a ventilarse, los Dezerega y Rojas vendieron parte de sus bienes raíces.
La venta de 1,4 toneladas de efedrina por parte de una empresa del holding de los Harding, a un laboratorio y cuyo destino final se sospecha era la fabricación de drogas ilícitas, agravó los problemas de los dueños de Farmacias Cruz Verde. La Fiscalía Occidente incautó desde las oficinas de una de sus empresas toda la documentación de la venta. La investigación continúa sin que hasta ahora se hayan encontrado vínculos de la empresa con algún delito.
Mientras la nueva guerra de las farmacias recién comienza en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, los consumidores pueden ahora, a la luz de los documentos aportados en su confesión por Farmacias Ahumada (FASA), ver cómo sus bolsillos perdieron en la colusión con Cruz Verde y Salcobrand. CIPER elaboró a partir de esos antecedentes un listado de medicamentos y las alzas que experimentaron. Además, entrega el sistema “muy planificado, casi matemático” utilizado para subir sincronizadamente los precios que reveló FASA en una minuta. Y desde tribunales, otra batalla entre Cruz Verde y FASA aporta otros datos que hacen más complejo el escándalo.
Por Francisca Skoknic, CIPER
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Efedrina: El otro dolor de cabeza de Cruz Verde
La confesión de Farmacias Ahumada a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de que se coludió con sus competidoras para fijar los precios de los medicamentos ha generado una fuerte polémica. Sin embargo, las cadenas farmacéuticas ya habían sido sancionadas por la misma irregularidad en 1995. En esa ocasión, fue Cruz Verde quien denunció a sus competidores, pero también recibió una multa.
Las estrictas normas de Villa Baviera comenzaron a resquebrajarse el mismo día en que Schäfer huyó en 1997. Pero debieron pasar casi nueve años para que la generación de colonos más jóvenes rompiera los códigos y desplazara a los viejos jerarcas. Esta es la historia del quiebre generacional que desembocó en la reciente oferta de las empresas de Villa Baviera para pagar más de $1.400 millones a 11 víctimas sexuales de Schäfer.
La nueva generación de líderes de Villa Baviera administra un tigre de papel: empresas con millones de dólares en patrimonio, pero ahogadas por deudas y sin crédito porque sus bienes están embargados en un juicio con el Estado. Ya le cortaron el suministro eléctrico a su fundo de Parral y están en riesgo de quiebra. En ese escenario, los nuevos dirigentes anuncian acciones judiciales contra los aliados de Paul Schäfer que saben dónde está el dinero que el antiguo jerarca sacó del país y calculan que unos US$ 3 millones pueden ser repatriados. Además, ofrecieron al gobierno pagar las indemnizaciones a las víctimas de abusos a menores cometidas por Schäfer (con un fondo superior a $ 1.400 millones) y de violaciones de derechos humanos ocurridas en la colonia. A cambio, piden que se levanten las medidas precautorias que paralizan sus empresas.
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