Semanas antes del fallo de la Corte Suprema que rebajó la sentencia de primera instancia del juez Alejandro Solís de 20 años de cárcel a sólo 5 y sin cárcel para la coautora del crimen del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, Mariana Callejas abrió la puerta de su departamento de dos ambientes en Providencia para conversar sobre su promisoria carrera literaria, que se vio truncada por su participación en la DINA. Sólo pidió una condición: “A mí no se me trata de usted”, advirtió.
Acaba de conocerse el contenido de las grabaciones secretas de las conversaciones sobre Chile entre el ex Presidente Richard Nixon y su consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger. Las cintas dan cuenta del grosero lenguaje con el que tramaban el derrocamiento de Salvador Allende, a quien trataban de “hijo de puta” y decían que querían “patear su trasero”. Aunque impreciso en las fechas, uno de los diálogos podría constituir el primer reconocimiento del rol de la CIA en el asesinato del general René Schneider.
El terremoto y el tsunami sometieron a los chilenos a duras pruebas de valor y de solidaridad. Pero nuestras ciudades destruidas ofrecieron otra disyuntiva: ayudar o saquear. En Constitución, Concepción, Talcahuano, Coronel y Lota miles de ciudadanos comunes se convirtieron en saqueadores espontáneos. Hoy sienten vergüenza. Aunque algunos cumplieron prisión preventiva, todo indica que las condenas no serán con cárcel. De la sanción social no se salvaron.
La Universidad de Chile se ha convertido en el principal obstáculo para que Sebastián Piñera concrete su promesa de campaña de deshacerse de la propiedad de Chilevisión. Y ello porque esa casa de estudios es la titular indefinida de la concesión de la señal y Piñera sólo puede vender el usufructo de ella. CIPER buscó y desmenuzó los contratos que la regulan y las interpretaciones jurídicas que habrían hecho desistirse a Linzor Capital de pagar US$ 130 millones por el canal. La premura de Piñera por vender se acrecienta mientras el precio baja y los conflictos de interés para el Presidente se agudizan. A la congelación de varios nombramientos en el área por parte del gobierno se suma el cuestionamiento al rol que podría jugar en esta transacción el Consejo Nacional de Televisión, integrado por dos de sus más cercanos familiares y asesores.
Siete de los ocho concejales de Conchalí, encabezados por el UDI Rubén Carvacho, pidieron al Tribunal Electoral destituir al alcalde Rubén Malvoa (RN) por notable abandono de deberes y por haber agotado los $1.100 millones de presupuesto de la Corporación Municipal de Educación Salud y Atención de Menores (Coresam). El déficit financiero provocó un paro de funcionarios de la salud por 10 días en protesta por no recibir los sueldos de abril y sus cotizaciones desde marzo. Lo peor es que ya no quedan recursos para solventar las remuneraciones de los trabajadores por el resto del año. La gestión de Malvoa está en la mira. Perdió un proyecto adjudicado por US$ 1millón para la construcción de un centro cultural y concejales denuncian la existencia de una bodega repleta de ayuda para damnificados por el terremoto que no ha sido entregada. De fondo, las acusaciones cruzadas entre adherentes y detractores del alcalde que incluso han terminado a los golpes. Hoy, Conchalí es una olla de presión a punto de estallar.
El abogado y profesor Hugo Montes Brunet es una autoridad en materia educacional. En 1995 recibió el Premio Nacional en esa especialidad, integró la comisión que asesoró al gobierno de Bachelet en la reforma a la enseñanza y es fundador de tres prestigiosos colegios católicos. Montes también es diácono de la Iglesia, por lo que depende directamente del cardenal Francisco Javier Errázuriz. Hace una semana un ex alumno lo acusó formalmente ante el Arzobispado de Santiago de haber intentado abusar de él cuando tenía 15 años y Montes era su rector. Durante más de un año, tres estudiantes de la Escuela de Periodismo de la UDP investigaron los rumores sobre comportamientos impropios de Montes. Guiados por el periodista y académico UDP Javier Ortega, las autoras recopilaron varios testimonios, todos de ex alumnos de sus planteles. Y se encontraron con un expediente que incluye un acuerdo que permitió el cierre de una denuncia en su contra que data de 2001. Es el mismo testimonio que ahora está en manos del sacerdote Raúl Hasbún, el hombre del cardenal a cargo de verificar la credibilidad de la denuncia.
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El histórico centro de Talca con sus antiguas casas hoy convertidas en escombros se ha convertido en un terreno en disputa para las inmobiliarias. Familias de clase media que perdieron sus viviendas en zonas de interés comercial son tentadas con ofertas hasta un 50% más bajas que el valor que tenían antes del terremoto. CIPER recorrió la ciudad y conoció en boca de los propios afectados -y corredores de propiedades- los efectos del desembarco de empresas de Santiago que buscan desarrollar proyectos en el corazón de la ciudad estandarizando para ello una fuerte baja en los precios que ofrecen por los terrenos. Ante la inminente llegada del invierno y las lluvias se aprovechan de la desesperación de propietarios sin recursos para reconstruir. En ese clima, el alcalde acaba de entregar el plan de reconstrucción al grupo Hurtado Vicuña desatando un conflicto en el concejo municipal y el temor de los vecinos del centro histórico a ser desalojados hacia la periferia.
El 11 de abril se cumplió el plazo para que las nuevas autoridades de Gobierno entregaran a la Contraloría sus declaraciones de patrimonio e intereses exigidas por ley. En los tres días siguientes todos los ministerios las hicieron públicas a través de sus sitios web. CIPER las revisó y las comparó con una investigación que inició apenas se designaron los integrantes del gabinete del Presidente Sebastián Piñera. Ya se le había consultado a cada uno la situación de esos vínculos, pero debido al terremoto, sólo unos pocos alcanzaron a contestar. Ahora, con las respuestas de casi todos –el ministro de Salud no respondió a la carta con las consultas de CIPER–, queda claro que de las 107 sociedades que aparecen en registros oficiales ligadas directa o indirectamente a algún ministro, al menos 26 no figuran en sus declaraciones. Además, muchos de estos documentos están incompletos, al punto que desde el oficialismo se pidió modificar la ley para evitar lo que sucedió: sólo cinco ministros incluyeron datos de carácter voluntario, lo que hace casi imposible conocer a cabalidad cuál es su patrimonio o dónde están sus intereses. La fiscalización puede ser letra muerta.
Entre las instituciones uniformadas, la Marina se llevó la peor parte después del 27F. A sus aún no del todo aclaradas responsabilidades en la alerta del letal tsunami y la devastación de su principal Base Naval y sus astilleros, se suman las contradicciones y dudas sobre el daño a sus unidades de combate. Un proceso que encara su comandante en jefe, ya cuestionado interna y externamente desde antes del desastre y que tenía a medio Alto Mando pernoctando en Talcahuano la noche del cataclismo. Un complejo puzzle político parece jugar a su favor.
CIPER constató que en al menos 11 de los 24 edificios más dañados por el terremoto en Santiago se repite la misma falla estructural: armaduras de fierro del concreto que no soportaron la presión. Diversos expertos indican que ello se debe a que en los últimos años han proliferado los edificios con menos muros estructurales en sus plantas bajas porque las inmobiliarias ponen estacionamientos en subterráneos o zócalos para mejorar el negocio. Si bien la norma chilena de construcciones sísmicas adopta las especificaciones de una norma norteamericana para la confección de estos muros, incluyó una excepción que permitió que las enfierraduras se hicieran de manera distinta, lo que provocó las fallas. Una lección trágica para inmobiliarias y constructoras, que pagan a los enfierradores por kilo de acero instalado, lo que los estimula a “correr” para ganar más y atenta contra la calidad del trabajo.
El mayor D´Aubuisson fue parte de la conspiración para asesinar a monseñor Romero, aunque el tirador lo puso un hijo del ex presidente Molina, dice el capitán Álvaro Saravia. 30 años después, él y otros de los involucrados reconstruyen aquellos días de tráfico de armas, de cocaína y de secuestros. Caído en desgracia, Saravia ha sido repartidor de pizzas, vendedor de carros usados y lavador de narcodinero. Ahora arde en el infierno que ayudó a prender aquellos días cuando matar “comunistas” era un deporte.
Sólo unas horas bastaron para que el nombramiento de José Miguel Stegmeier Schmidlin como nuevo gobernador del Bío Bío, una de las zonas más devastadas por el terremoto, se convirtiera en un conflicto de proporciones para el nuevo gobierno. Y ello porque Stegmeier figura como uno de los socios de tres de las empresas clave en la red financiera que tejió el otrora líder de Colonia Dignidad, Paul Schäfer, para sacar dineros de Chile en forma ilegal y luego volver a invertirlos en el país: Hemlock, Tierra del Sur y Tierra Negra. Esta es la investigación que CIPER realizó desde el año pasado y que devela su participación en la trama que protegió al hombre que abusó de niños durante más de 40 años.
A Carlos Alberto Délano, José Cox y el intendente de Santiago, Fernando Echeverría, los unen, entre otras cosas, el terremoto y Sebastián Piñera. Los tres tienen participación en empresas cuyos edificios han sido seriamente dañados y todos han hecho negocios inmobiliarios con Sebastián Piñera. El Mandatario también tiene participación accionaria en una de las empresas que hoy enfrenta problemas por un edificio en calle Amunategui. Estos son algunos de los cabos de la red que liga a los empresarios “terremoteados” con el actual Presidente.
En todo Chile son miles las familias que han quedado a la intemperie. No todas pueden culpar a la naturaleza. Porque al horror que emergió con el terremoto y el posterior tsunami, no son pocos los que hoy deben agregar la ira por haber quedado sin casa a causa de una construcción con serias deficiencias. Tras una recopilación de datos en todas las comunas del Gran Santiago, CIPER confirmó en terreno 27 edificios con daños severos y que ponen en riesgo a sus moradores. La mayoría de estos inmuebles ya fueron evacuados y varios ya cuentan con decreto de inhabitabilidad. Mientras sus propietarios se preparan para una larga batalla legal contra los responsables de haber edificado y comercializado estos inmuebles con errores que expertos y los tribunales deberán dilucidar, CIPER presenta la nómina de las constructoras e inmobiliarias involucradas y los socios que participan en estas empresas. Versión actualizada
Los 22 municipios de la Región Metropolitana que renovaron un contrato con la empresa KDM para el manejo de su basura deberán desembolsar más de US$ 240 millones durante los próximos 16 años, alargando hasta 2027 el efecto de una licitación que se realizó en 1995. El acuerdo fue impugnado por la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por considerar que establece barreras de entradas a un mercado donde KDM tiene 58% de participación. La Contraloría también expresó sus reparos porque el contrato se renovó automáticamente y con dos años de anticipación. El tema ha generado polémica en varios municipios y tiene reminiscencias de la “guerra de la basura” que vivió Santiago la década pasada.
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