En Acha, el penal de Arica, nueve de cada diez internos están condenados por narcotráfico. La mitad de las mujeres y un tercio de los hombres son extranjeros, principalmente peruanos. Amparados en el artículo 22 de la Ley de Drogas, la mayoría intenta rebajar sus penas a cambio de “vender” a otros burreros que un día y hora precisos pasarán por la frontera chilena. En el Ministerio Público minimizan los casos. En la Defensoría estiman que éstos bordean el 15% del total de los condenados.
Este iba a ser un reportaje sobre las entidades sin fines de lucro de los candidatos presidenciales Eduardo Frei y Sebastián Piñera. A través de la Ley de Transparencia, se obtuvo del Ministerio de Justicia las memorias y balances que ha presentado a esa cartera la Fundación Presidente Eduardo Frei. En cambio, la Fundación Futuro –que el abanderado opositor creó en 1993- rechazó que Justicia entregara los suyos, argumentando que la información es privada y que podría ser usada “de manera incorrecta e inescrupulosa”. La palabra final la tendrá el Consejo para la Transparencia. Por ahora es imposible acreditar si Futuro alguna vez cumplió con la obligación legal de entregar oportunamente a Justicia sus datos sobre contabilidad y administración. Asegura haberlo hecho, pero la cartera no encontró ninguno de esos papeles al momento de la petición de CIPER. De los pocos archivos públicos se concluye que la obtención de su personalidad jurídica se topó con la oposición del CDE, que estimó que la dependencia del empresario le restaba autonomía.
Arica es la región donde se decomisa la mayor cantidad de cocaína en Chile. El 70% de los juicios orales y el 90% de los condenados tienen a la droga como denominador común. La ciudad está cruzada por este tema pero los capos del narcotráfico no viven ni invierten acá. Algo opuesto parece estar ocurriendo en la vecina Tacna, la ciudad peruana más austral: los decomisos de estupefacientes son muy modestos en relación a lo que ocurre en Chile y también existen sospechas de lavado de activos. Hay un hecho en el que coinciden en ambos lados: el mar se ha convertido en una ruta de cuidado. “Por ahí está la cuestión fácil”, dice el jefe de antinarcóticos de Tacna.
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Pamperos, cachineros y comisionistas forman parte de una aceitada pero informal maquinaria de contrabando en el límite entre Chile y Perú. Aquí poco importan las disputas diplomáticas. En la frontera cada uno tiene un rol asignado y permite que la ropa usada dé un paseo por la pampa, rodeando la aduana peruana de Santa Rosa para llegar a Tacna, y que los productos falsificados se repartan entre cientos de cargadores que los traen hasta Arica para que no parezca contrabando. Costumbres históricas que alimentan la cultura del comercio ilegal y también a miles de familias.
Gracias a la Ley de Transparencia fue posible obtener los estudios técnicos que avalaron el traslado de la Cancillería al Hotel Carrera en vez de la construcción de un nuevo edificio. Los documentos revelan que la remodelación costó casi el doble que lo presupuestado. Teodoro Fernández, arquitecto que diseñó el edificio que nunca se construyó, mira ahora los cálculos y asegura que su proyecto fue sobrevalorado y que el Carrera se subvaloró, tal como lo demostraron los hechos.
Mientras el fiscal de Valparaíso, Jorge Abott, suma diputados a su investigación sobre los gastos irregulares de las asignaciones parlamentarias, en Cabrero el clan Sabag revela una nueva y confusa fórmula para administrar los fondos destinados al arriendo de sedes. El diputado Jorge Sabag tiene inscrita su oficina distrital en la misma dirección donde funciona su empresa y que es propiedad de su padre y socio, el senador Hosain Sabag. Pero la Cámara le paga a una sociedad administrada por su hermano, que según el diputado es quien distribuye el dinero para el arriendo de tres inmuebles en su distrito, los que serían sus verdaderas sedes
La expansión de la Operación Cóndor fuera de las fronteras del Cono Sur requería de millonarios fondos y el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, intentó conseguir recursos de potencias interesadas en eliminar enemigos comunes. Para ello viajó en 1976 a Irán, convencido de que recibiría una gruesa suma de dinero del Sha Reza Pahlevi si le ofrecía asesinar al venezolano Ilich Ramírez, “Carlos, El Chacal”, el ejecutor del secuestro de los líderes de la OPEP. Lo acompañaron el ex oficial de las SS nazis, traficante de armas y aliado de Paul Schäfer, Gerhard Mertins, tres altos oficiales chilenos y un general brasileño. Dejaron fotos y huellas en la embajada de Chile en Teherán que permiten reconstituir una historia que hasta ahora ha permanecido inédita.
La siguiente investigación publicada por Semana.com da cuenta de la instalación de la gran minería aurífera en la Serranía de San Lucas, en el noroeste colombiano. Para dar tranquilidad a las faenas y evitar ofensivas guerrilleras o de los narcos, se reforzó el Ejército en la zona. “En lugar de tranquilidad, hubo mayor tensión”, asegura el reportaje. Y así lo indican las sospechosas muertes de dos líderes de los pequeños mineros de la región que se oponían al desembarco de las transnacionales. Ambos fueron muertos a tiros por los militares e inicialmente identificados como guerrilleros, pero documentos oficiales reunidos por Semana.com, lo ponen en duda. Una de las empresas que se instaló en la zona es la sudafricana Anglo Gold Ashanti, la que hasta fines de 2007 estuvo asociada con Antofagasta Minerals -el brazo minero del grupo Luksic- para sondear reservas de oro en el sur colombiano.
El Ministerio de Salud confirmó que altas dosis del anticoagulante heparina causaron la muerte, en el Hospital Félix Bulnes, de dos mujeres sometidas a cesárea que sufrieron hemorragias, al igual que otras cuatro pacientes que quedaron con graves secuelas. Aunque dicho medicamento no está indicado para ese procedimiento quirúrgico, es un hecho que algunos médicos habían alertado hace meses sobre problemas en la calidad de algunas marcas de heparina que se aplican en hospitales públicos. Así lo reveló una investigación de CIPER publicada el 17 de octubre de 2008. Ese reportaje dejó en evidencia los reparos de los cirujanos a usar algunas heparinas porque su baja calidad obligaba a ocuparla en altas dosis, lo que ponía en riesgo a los pacientes. Mientras las autoridades siguen investigando por qué se usó ese anticoagulante en estas seis cesáreas, CIPER reproduce para sus lectores el reportaje originalmente titulado “Escaso control de medicamentos (I): El riesgo que corren los pacientes de hospitales”, escrito por la periodista Francisca Skoknic.
El poderío narco en México alcanza los US$19.000 millones al año, cifra que supera las divisas que deja el turismo en ese país. Este verdadero imperio emplea a medio millón de personas –25% más de las que trabajan para Mc Donald’s en todo el mundo-. y tiene en el bolsillo a casi el 80% de los policías municipales aztecas. Estas impactantes cifras surgen de la exhaustiva investigación realizada por la periodista Ana Arana.
Este reportaje acaba de ser publicado en la revista Expansión de México
El último ranking de The Economist Intelligence Unit ubicó a Santiago como la segunda mejor ciudad de Latinoamérica para vivir. Pero para un sector de su población la realidad es muy distinta. Más de 660 mil santiaguinos viven alejados de los servicios básicos y en medio de traficantes, asaltos, riñas y balaceras. CIPER cotejó estudios e investigó a fondo en las zonas más pobres y vulnerables de la capital y detectó que en al menos 80 poblaciones, policías, ambulancias, bomberos, carteros y técnicos de las empresas que suministran agua, luz y teléfono no se atreven a ingresar. Las bandas y grupos de narcos dominan, mientras los vecinos deben vivir con miedo y hacinados en sus casas. Muchos se quieren ir. Pocos pueden. Así vive el sector más desprotegido de la sociedad chilena.
Es un hecho: en Copiapó se consume más agua que la que se recarga naturalmente. La agricultura y la minería están en jaque. El consumo humano en serio riesgo. La búsqueda de una solución está hoy en manos de una mesa público-privada junto a organizaciones civiles de la región. Todos saben que están contra el tiempo. La construcción de una planta desaladora se asoma como alternativa, pero su costo millonario dilata la decisión. ¿Quién asumirá la inversión? Ante la gravedad de la contingencia, el gobierno ya desarrolla un modelo.
Vea también: Se muere el río Copiapó (I): Consumo humano, agrícola y minero están en riesgo
Presidenta Bachelet responde a investigación de Ciper en visita a Atacama
Un total de 472 UF gasta mensualmente la Cámara para pagar dos seguros que benefician a los diputados y sus parientes. Los contratos de esos seguros no están en la sección de transparencia activa de la Cámara y no se licitan a través de ChileCompra. El más caro -un seguro complementario de Salud que cubre a 108 diputados y 293 cargas familiares- se entrega “a dedo” a la corredora de seguros Colemont Fusión. La misma que fue “designada” durante diez años para administrar el seguro de vida de los diputados. Luego fue licitado por invitación por primera vez en 2008 - estará vigente hasta marzo de 2010- y también se lo adjudicó Colemot Fusión.
El valle de Copiapó se está secando. No se trata de la falta de lluvia propia de una zona desértica, sino que simplemente se consume mucho más que lo que el acuífero recarga naturalmente. Podría ser peor, porque los derechos de agua otorgados cuadruplican esa cantidad. El desarrollo económico simplemente no consideró el factor agua. Los agricultores enfrentan serios problemas para regar sus cultivos y las mineras pagan hasta US$ 60 mil por litro/segundo de agua para asegurar su abastecimiento. Gracias a eso, empresarios locales se han embolsado hasta US$ 4 millones por vender derechos que recibieron gratuitamente de parte del Estado. Este verano el consumo humano estuvo en serio riesgo de racionamiento. Las nuevas reservas alcanzan para tres años. Copiapó está en cuenta regresiva.
El gestor de la millonaria adjudicación ilícita de la plataforma tecnológica del Registro Civil, fue formalizado por el delito de cohecho. Pero Danilo Rivas Zlatar, uno de los administradores de los bienes de la Masonería, es mucho más que eso. Esta investigación de CIPER revela su historia como gestor de negocios en las sombras y que lo vincula a la fabricación y exportación de armas de Carlos Cardoen, a la triangulación para el ocultamiento de las platas de Pinochet y de su hijo Marco Antonio y a otras operaciones dudosas desde las múltiples sociedades en las que participó.
CIPER es una institución independiente y sin fines de lucro que desarrolla reportajes de investigación usando sistemáticamente las leyes chilenas de libre acceso a la información.
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