La última encuesta CASEN mostró que uno de cada cuatro niños y jóvenes está partiendo su vida en desventaja. Está siendo castigado duramente por haber venido al mundo en el lugar equivocado. Forma parte del 25% de los chilenos pobres. Los niños que protagonizan este reportaje sufren un castigo peor. A la falta de recursos, se agrega la crueldad o la locura de sus padres. Al cumplirse 20 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, CIPER buscó el rostro desconocido de los niños abandonados cuyo sistema de protección está en crisis. La falta de recursos es crítica. Los especialistas coinciden en que se gasta un tercio de lo necesario para rescatar a los niños más dañados y devolverles la vida digna que les garantiza la Constitución. Las historias que se entregan a continuación le van a encoger el alma. Usted puede optar por no leerlas. Pero si no lo hace, hará exactamente lo mismo que por años han hecho autoridades y vecinos: transformar a los niños abandonados en seres invisibles.

Benjamín murió en julio del año pasado tras recibir una golpiza de su madre. Andrea Contreras ( 26 años), sostuvo que el niño había caído por la escalera de su casa y solo confesó en mayo último, acorralada por un informe de la Brigada de Homicidios en el que familiares y vecinos relataron lo violenta que era con el pequeño. Como cuando se orinaba en la cama y ella lo metía vestido a la ducha fría. O lo cacheteaba con fuerza. O lo mordía sin piedad y le dejaba pequeñas cicatrices que formaban un círculo en su piel, como cuentas de un rosario. Las mismas que el tanatólogo describe en la autopsia. En el clímax de su ira, lo lanzaba por la escalera.

A veces el resto de la familia rescataba a Benjamín de esas palizas. Pero no siempre.

Una hermana de la mujer contó ante la fiscalía que un día vio al niño con la boca hinchada. Cuando le preguntó qué le había pasado, él balbuceó: mamá botó escalera a mí.

-Lo abracé y le hice cariño, pero cuando llegó mi hermana, me fui a la pieza para evitar problemas –dijo la joven.

Interrogado sobre el día del crimen, el padrastro del niño contó a la fiscalía: “Ese sábado me levanté a las 10. Fui a ver a Benjamín y me di cuenta que se había orinado, por lo que le dije despacio, “¡te measte, huevón!”. Él tomó la frazada y se escondió bajo ella. En ese momento llegó Andrea y comenzó a retarlo como siempre. Yo ya sabía lo que venía y para no calentarme la cabeza salí de la casa”.

Lo que “venía” lo confesó la propia madre ante Investigaciones:

“Le grité que se bajara de la cama. Benjamín me miraba fijamente, no me decía nada. No lloraba. Ahí me vino la cosa. Todo se me juntó. Lo tomé con los dos brazos, lo levante de la cama y lo zamarreé muy fuerte, más que otras veces. Y como estaba cerca de la muralla de ladrillo, se azotó la cabeza contra el muro, súper fuerte. Dos o tres veces…”.

Cuando el padrastro regresó ya era tarde: “Lo encontré con los ojos abiertos. Le dije, ‘qué pasó papito, ¿se hizo pipí?’. Pero no me respondió. Le tomé las manos para sentarlo, pero se desvanecía. Lo tomé en brazos y lo bajé. Lo senté en un sillón y se caía para el lado”.

Benjamín tenía tres años. La mayor parte de su vida la pasó internado en un hogar para niños abandonados. Y fue una institución colaboradora del Servicio Nacional de Menores (Sename) la que avaló, con un informe, que el pequeño regresara a casa, con Andrea, a la que le decía “tía”, como a los adultos del hogar en el que había crecido.

Benjamín alcanzó a estar ahí tres meses antes de morir. Según los antecedentes recopilados por la fiscalía, los tres hermanos del pequeño también habían sido internados en 2006 a consecuencias de la violencia de la que fueron víctimas por parte del conviviente de su abuela, en cuya casa vivían. En ese período el padre fue condenado por robo y Andrea partió sola al norte a buscar fortuna. Volvió embarazada de Benjamín y apenas lo parió, también lo entregó al hogar.

Cuando al padre le dieron la salida dominical, en mayo de 2008, los niños estaban en un hogar de la Fundación Koinomadelfia. La pareja empezó a visitar a sus hijos intentando rearmar la familia. Pero en la fundación opinaron que ellos no estaban aptos para recibir a los niños.

Por ello el juez de familia puso como condición que los padres entraran a un programa de fortalecimiento parental: debían recibir educación y asesoría para, fundamentalmente, aprender a cuidar a sus hijos.

La institución a cargo de ese proceso fue la Corporación Chasqui. Y el resultado lo registra un informe de Koinomadelfia entregado al tribunal: “Chasqui trabajó en especial con la madre a fin de potenciar las habilidades maternales necesarias para revertir la causa de ingreso de los niños”. Y como los especialistas de Koinomadelfia “no observaban una vinculación estrecha entre la madre y los hijos”, no aceptaron el regreso de los niños con su madre.

Lo que ninguna de las dos instituciones detectó fue la violencia a la que era sometido Benjamín. Una violencia tan extrema que la doctora que lo recibió en el servicio de urgencia graficó así: “Es como si al niño le hubiera pasado un camión por encima. Tenía muchas lesiones internas, atribuibles a ese momento. Pero también tiene gran cantidad de lesiones externas que son antiguas”.

Ese informe, la autopsia y los testimonios recogidos entre los familiares por la Brigada de Homicidios de la PDI, muestran que Benjamín fue torturado durante sus últimos tres meses de vida, exactamente el tiempo que vivió con su madre luego de salir del hogar de menores. Durante ese tiempo, la familia de Benjamín vio y escuchó sus llantos, pero miró hacia el techo. Para “evitarse problemas”, como dicen el conviviente y la hermana de la mujer.

Tan grave como esa actitud es que los organismos que debían velar por la integridad de Benjamín, y también de sus hermanos, no percibieron la violencia y el peligro que lo acechaba a pesar de sus huellas externas. Una responsabilidad mayor le cabe a los profesionales de Chasqui, los que según los informes, visitaban a la familia y debían enseñarle a Andrea “habilidades parentales”. CIPER contactó a dicha corporación, la que declinó explicar lo ocurrido.

Las indagaciones realizadas por CIPER en la fiscalía indican que según la normativa vigente no habría antecedentes para imputar responsabilidad penal a la institución encargada del proceso de reeducación de los padres. El Sename tampoco ha sancionado a nadie por este crimen. Su director, Francisco Estrada, piensa que no sería justo hacerlo. Cuando el niño murió -antes de que se constatara que era un crimen-, se citó a los supervisores del Sename, de Koinomadelfia y de Chasqui para saber qué había pasado:

-Quedó en evidencia que la persona encargada de evaluar y trabajar con la familia de Benjamín, no tenía los conocimientos necesarios. Por ejemplo, hablaba de “apego” sin saber qué era eso ni cómo se fortalecía. Ahora, el problema es este: el Sename le paga a organismos como Chasqui, alrededor de $40 mil mensuales por niño atendido en este tipo de programas. Con esa plata, las instituciones no pueden tener gente calificada, con post título, sino recién egresados. Por ello, no me parece justo crucificar los programas, porque el problema también pasa por cuánto pagamos y cuánta capacitación ofrecemos -explica Estrada.

Lo grave es que la historia de Benjamín se repitió sólo unos meses después: en diciembre de 2009 murió en similares circunstancias el pequeño Daniel Maldonado, de tan sólo 2 años (ver recuadro).

“NO QUIERO VIVIR”

G. no quiere vivir. G. tiene 14 años y para matarse ha ingerido hasta veneno para ratas. También se ha cortado las venas. Y cada vez que puede huye de los hogares donde ha sido internada. Ya en la calle, tiene sexo con desconocidos y se droga. La jueza que ha seguido su historia desde que llegó al tribunal a sus 11 años, dice que G. tiene los ojos más tristes que haya visto en una niña.

A esa magistrada, G. le ha dicho una y otra vez que no quiere vivir más.

A los 11 años G. tuvo una hepatitis fulminante y su hígado quedó inutilizado. Desde entonces le han hecho tres transplantes para salvarle la vida. En cada ocasión, por su grave estado, ha ocupado el primer lugar en la lista nacional donde esperan con angustia quienes requieren un hígado y sí quieren vivir.

G. no toma los remedios y tampoco come la dieta especial que necesita un trasplantado. Por boca de la propia doctora que atiende a G., la jueza supo que la niña ya no resistirá otro transplante. El tercero fue su última oportunidad.

Con excepción de su condición de transplantada, la biografía de G. tiene muchos puntos comunes con la vida del grueso de los niños abandonados. Apenas nacida, su madre la dejó en la casa de sus tíos, en el sur, para probar suerte en Santiago. A los 11 años, cuando la trajeron en medio de su crisis hepática, reveló haber sido abusada por un pariente. Los exámenes mostraron que presentaba lesiones genitales compatibles con tal abuso. A partir de ahí empezó a deambular por hogares del Sename para luego escaparse una y otra vez. A su paso dejó huellas de intentos suicidas y de ataques a otros niños hasta convertirse en una niña cada vez más incontrolable.

G. es una prueba de que en este mundo, al menos para algunos, hay mucho más castigo que crimen, como dice Corman McCarthy en su desoladora novela La Carretera. Al igual que el niño de esa historia, G. solo ha encontrado a su paso hostilidad y ningún lugar que la acoja. No es la única niña o niño que vive en Chile en la intemperie.

La crisis que evidencia desde hace años el sistema de protección de niños y niñas vulnerables de nuestro país no es foco de urgencia de la agenda pública. A pesar de que los especialistas y quienes trabajan con ellos saben que las consecuencias las sufren miles: las familias más pobres y, en especial, los niños que viven en los márgenes de nuestra sociedad. En su origen, esa crisis tiene directa relación con la falta de recursos para hacer frente a un tipo de problemas que antes no llegaba a la red del Sename y que ahora es mayoría.

Un estudio de la Unicef dado a conocer en agosto de este año muestra que hasta comienzos de esta década el Sename y su red fundamentalmente atendía a niños y niñas pobres.

-La mayor parte de los menores internados no había sufrido maltrato. El problema era que sus familias no podían mantenerlos. Los hogares eran usados como una estrategia de superación de la pobreza y también como una forma de educar -explica el sociólogo Víctor Martínez, uno de los autores del estudio.

De hecho, muchos niños no eran arrebatados a sus familias, sino que eran entregados por los mismos padres, convencidos de que en un hogar estatal estarían mejor.

Gracias a la Convención de los Derechos del Niño, a la que Chile adhirió hace justo 20 años, las autoridades buscaron solucionar los problemas de pobreza de otra forma. De hecho, los jueces de familia, antes muy proclives a la internación, hoy recurren a ella como última instancia, cuando las redes familiares y comunitarias no dan respuesta al problema.

El resultado ha sido el cierre de muchos hogares por falta de niños. Entre diciembre de 2007 y diciembre de 2009 dejaron de operar unos 60 hogares, lo que equivale a un 15% por ciento de los centros que trabajan con Sename. En lo que va de 2010, se cerraron otros 12 centros, tres de ellos fueron clausurados por decisión del Estado: dos del Ejército de Salvación, a causa de la violencia que recibían los internos; y una residencia de la IX Región por “incumplimiento en los ámbitos técnico y financiero además de carencia de insumos básicos para los niños”. Los otros nueve cesaron en sus funciones por falta de menores.

Hoy más del 70% de los 11 mil niños y niñas que están en los hogares ingresa por algún grado de maltrato en sus familias, afirman en el Sename. El rostro y ritmo de estos hogares también cambió en la misma medida que se comenzaron a poblar por los menores más difíciles: chicos que han vivido en la calle (“socialización callejera” lo llaman los expertos), que son adictos, han sido abusados o tienen secuelas graves en su comportamiento. Como el famoso Cisarro que a sus 10 años puso de cabeza a todo el sistema de protección y sólo recientemente ha comenzado un proceso de rehabilitación calificada.

Hace algunos años el sistema rechazaba a niños como Cisarro. Hoy no lo hace, pero no tiene los recursos para enfrentar el problema con un sistema de rehabilitación eficiente y especializada. En los hechos, los niños que hacen daño a otros o son un riesgo para sí mismos siguen siendo rechazados. La historia de G. que hemos relatado da prueba de ello.

El tercer transplante de hígado de G. ocurrió en septiembre de 2008. La dieron de alta en abril del año siguiente. Fue enviada a la casa de una guardadora que ya la conocía. La mujer no quería recibirla. Y tenía sus razones: G. había atacado a su hijo. Pero igual G. desembarcó en su casa. Poco después G. volvió a la calle. Lo previsible ocurrió: en octubre de 2009 debió volver al hospital. Una vez que se recuperó, el tribunal le buscó cupo en otra institución. Para entonces su compleja situación ya era conocida en el sistema por lo que varias instituciones respondieron que no tenían cupo.

La solución transitoria fue enviarla a un Centro de Tránsito y Diagnóstico (CTD) del Sename. G. volvió a huir. La jueza que lleva su custodia dio orden de búsqueda. G. fue encontrada y llevada de regreso al CTD. Pero volvió a escapar. Nueva orden de búsqueda, captura e internación. Y siempre al final la huída. Y en cada escape, G. ingería droga y hasta cloro para borrarse. Porque cada vez que ha vuelto donde la jueza, G. sólo le dice que quiere morir. Ante esa dramática situación, a la jueza sólo le queda “mendigar un cupo” en el sistema para encontrarle un espacio a la niña que ya no quiere vivir.

La jueza y todos los especialistas por los que ha pasado en estos años G., saben que lo que ella requiere, y con urgencia, es un centro psiquiátrico donde pueda, además de curar su depresión, recibir atención para su hígado. Pero algo así no existe en el sistema público. G. seguirá deambulando sin rumbo mientras su hígado y sus intentos suicidas le van acortando los minutos.

ABUSO SEXUAL EN LA OCTAVA REGION

La crisis derivada de la falta de recursos para hacer frente a la compleja situación de niños abandonados y en riesgo, no sólo se vive en Santiago. Francisco Estrada, director del Sename, relata el problema que ocurre en la Octava Región por la misma falta de centros especializados. Allí funciona un hogar al que llegan niñas abandonadas, abusadas y también aquellas que son víctimas del comercio sexual infantil. Todas tienen una carencia en común: un vacío afectivo. Un hoyo que genera efectos nocivos.

-Las niñas que han entrado en el comercio sexual son seducidas por adultos manipuladores. Y estas chicas buscan a otras niñas, en el mismo hogar, para llevárselas a los amigos, pololo o parejas. Eso genera situaciones muy difíciles de manejar –afirma Estrada.

Estrada tiene claro que el subsidio que entrega el Sename a las instituciones que colaboran en la rehabilitación es insuficiente. “En el caso de un niño abandonado sin un gran nivel de complejidad, estamos pagando alrededor del 60% de lo que se necesita para brindar una atención de calidad”. Y acota: “Pero en casos de mayor complejidad, donde los chicos están dañados, pienso que estamos pagando un tercio, y con suerte”.

Llevado a números, esa afirmación implica que si el Sename paga $150 mil por atender a un niño abandonado, lo adecuado sería que pagara $250 mil. Cuando se trata de chicos con cuadros más complejos, por los que se cancela $197 mil, lo correcto sería desembolsar alrededor de $600 mil.

Este déficit ha ido generando un enorme nudo ciego en el sistema. Esto llevó a un grupo de jueces de familia de Santiago, encabezados por Mónica Jeldres, a presentarle al ministro de Justicia una docena de casos límite como ejemplo de situaciones a las que el sistema no está dando respuesta.

La reunión fue a fines de mayo. Tuvo alto impacto producto de la foto que acompañaba uno de los casos: una joven con graves problemas neuronales amarrada en un centro de Coanil, en el que era atendida. La imagen produjo escándalo. La jueza Jeldres no culpó al Sename ni a Coanil ni a los profesionales que cuidaban a la muchacha. Argumentó que dado el cuadro clínico de la joven, la que tenía que estar bajo permanente control pues podía atentar contra su vida, ése fue el único cuidado al alcance del presupuesto disponible: amarrarla.

–El problema es que en Chile existen muchos casos dramáticos y no existen los recursos para atenderlos –afirmó a CIPER la jueza Jeldres.

Esa falta de recursos para atender los casos difíciles es la que provoca que las instituciones se “peloteen” a los niños de un lado a otro. Como papas calientes. Una situación que Jeldres conoce bien: “La respuesta del Sename frente a los niños más complejos es que no corresponden al perfil de los que ellos atienden, y que éstos deberían ser recibidos por el servicio de Salud. Sin embargo, el sistema de Salud tampoco responde. Esto genera mucho estrés en los magistrados porque igualmente tienen que resolver el destino de los niños y enviarlos a alguna parte”.

¿A dónde? El proceso de G. lo ilustra: a la deambulación sin rumbo.

ORDENAR LOS PAPELES

La magistrada Mónica Jeldres puede decir con propiedad que hay áreas donde faltan recursos. Por orden de la Corte Suprema y con la supervisión del ministro Héctor Carreño, la jueza encabezó durante 2009 una mesa de trabajo bautizada como “Comisión Despeje”. Junto al Sename, lograron racionalizar recursos y bajar las listas de espera sin que se gastara un peso más.

Un ejemplo fue lo logrado con los Programas de Diagnóstico Ambulatorio (DAM), por el cual los jueces envían a los niños para que sean evaluados por especialistas. En Santiago, los DAM tenían una demora de 11 meses y eso implicaba que los magistrados debían posponer durante meses las audiencias esperando los informes necesarios para resolver sobre el destino de los niños.

Un chico golpeado o una niña abandonada en la calle, por ejemplo, podían pasar un año hasta que su solicitud llegara a la cima de la ruma de informes. Y en ese alto de papeles el sistema no daba prioridad a los casos más graves. Sólo operaba el orden de llegada.

Como los niños en alto peligro no podían seguir esperando, los jueces resolvían usando su propio criterio. El informe ya no era necesario, pero se hacía de todos modos. Y cuando llegaba al tribunal, se adjuntaba como un “téngase presente”, sin alterar el destino del menor que, a esas alturas, podía ser muy distinto.

En esa parodia de protección, el Sename gastaba anualmente $4 mil millones.

Lo realmente grave es que la espera a que se sometía a los niños más vulnerables no se debía al cuello de botella que generaba una gran cantidad de niños maltratados, sino a que se realizaban más informes de los necesarios.

–Los encargados del DAM nos decían que teníamos que pedir “un informe sicológico y social respecto del niño y su familia”. Y como lo decía el experto, lo pedíamos de esa manera. Grande fue nuestra sorpresa cuando supimos que eso implicaba dos informes por niño –uno sicológico y otro social– y dos informes por cada integrante de su familia –explica la magistrada Mónica Jeldres.

Cada informe le cuesta al Estado poco más de $100 mil, por lo que en un solo niño se podía llegar a gastar $700 mil, dependiendo del grupo familiar. Y la diferencia entre un informe y otro era mínima. “Era mucho copy paste”, dicen varios magistrados que conocieron esos informes.

Para la institución encargada de hacer estos diagnósticos, el sistema le reportaba beneficios. No ganaban más, pues cada institución licita con el Sename una cantidad fija de informes mensuales, sino que a las instituciones les resultaba más rentable hacer seis informes por niño entrevistando a una familia en una sola casa, que hacer un solo informe a distintos niños, debiendo recorrer la ciudad. Al mismo tiempo, al tener una enorme lista de espera, las instituciones mostraban ante el Sename lo imprescindibles que eran. Un punto clave a la hora de renovar su licitación.

Como fruto del trabajo de la “Comisión Despeje” los magistrados empezaron a pedir a los DAM “informes integrados”. Es decir, uno solo por el niño y su familia. Las listas de espera bajaron de 11 meses a cero.

No ocurrió lo mismo con otros programas destinados a niños con más daños. En la “intervención especializada” y la “reparación de maltrato grave”, por ejemplo, la espera cayó de un año a nueve meses, lo que constituye una falta grave a la protección de los menores en riesgo.

–Sólo imagine lo que ocurre cuando me llega un niño que presenta un consumo abusivo de droga. ¿Qué pasa con ese chiquillo si tiene que esperar nueve meses para recibir atención? –pregunta Jeldres.

Cuando el niño logra un cupo para ser atendido en un programa especializado, no se acaba la incertidumbre. Aunque parezca increíble, no hay estudios que demuestren la efectividad de los tratamientos que hoy se aplican. Los jueces los envían a los diversos programas y suponen que van a salir de ahí recuperados. Pero no les consta.

–Se ha mejorado la gestión, pero ahora hay que hacer gestión de calidad. Ya es hora de que empecemos a preguntarnos cómo están saliendo los niños que han pasado por estos programas. Creo que eso es lo que viene ahora –afirma Mónica Jeldres.

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Vea el mapa general de los edificios dañados por el terremoto

Por los menos 19 edificios en Santiago y otros nueve en Concepción resultaron con daños severos que obligaron a desalojarlos tras el sismo. Sólo en Santiago a fines de marzo se contabilizaban 2.600 copropietarios que debieron abandonar sus departamentos. El interés de la prensa y las expresiones solidarias hacia este contingente de víctimas se diluyeron con el tiempo. Miembros de una clase media que no recibirá aportes del Estado para reparar sus hogares, a seis meses del terremoto siguen negociando con inmobiliarias que -salvo algunas excepciones- no dan la cara o dilatan los acuerdos, jugando con la desesperación de quienes no tienen para pagar simultáneamente dividendos y arriendos alternativos. Las empresas intentan seducirlos con soluciones individuales, estrategia que debilita la unidad de las comunidades afectadas.

Vea las fichas los edificios dañados por el terremoto y el mapa general

Los obreros de la constructora Santa Beatriz no paran. El martilleo y los ruidos de taladros y betoneras conforman una banda sonora permanente que acompaña hace semanas a los residentes de El Alto de Maipú. Por los pasillos de los seis edificios de cinco pisos que componen el condominio, el presidente de la comunidad de 504 copropietarios, Fernando Contreras, camina y observa las obras. Al ojo y sin mayores conocimientos sobre construcción, trata de evaluar la calidad de las faenas. Según cuenta, la directiva que encabeza no autorizó los trabajos, no conoce el proyecto de reparación ni sabe quién lo presentó a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Maipú para obtener el permiso de edificación.

-Acá llegaron un día y se pusieron a reparar. Lo lógico es que los trabajos los autoricen los dueños de los departamentos, pero nosotros no hemos negociado con la constructora. Podría pensarse que cada propietario autorizó individualmente, sin pasar por la directiva, pero yo mismo no he autorizado trabajos en mi departamento y ya lo arreglaron. Lo único que hicieron fue poner yeso y pasta de muro para tapar las grietas -dice Contreras, quien asegura que por este motivo tuvo una airada discusión con el jefe de las obras.

Los vecinos de El Alto de Maipú son parte de los cerca de 2.600 propietarios de departamentos de edificios santiaguinos que debieron ser desalojados tras el terremoto del 27 de febrero, debido a los daños que sufrieron. Un grupo que concitó el vivo interés de la prensa y la solidaridad de la opinión pública en las primeras semanas después del sismo. Y aunque la mayoría aún no puede regresar a sus hogares y sigue en negociaciones con las inmobiliarias, poco a poco perdieron protagonismo en la agenda noticiosa. De los damnificados por el terremoto, sólo vuelven a despertar interés periodístico -y de vez en cuando- las dramáticas historias de aquellos que ocupan las mediaguas de las “aldeas solidarias”, el eufemismo que usan las autoridades para referirse a los precarios campamentos donde se apiñan los desplazados que no tienen para pagar un arriendo alternativo ni donde acomodarse en calidad de allegados.

Miles de propietarios de departamentos, todos de clase media, figuran en la lista de los grandes olvidados del terremoto, aquellos que no recibirán ayuda del Estado para reparar sus hogares y que dependen de lo que logren negociar con las inmobiliarias para recuperar una parte de la calidad de vida que tenían hasta la madrugada del sábado 27 de febrero. En Santiago, este contingente que perdió su inversión en la casa propia, o al menos gran parte de ella, proviene de cuatro edificios residenciales que permanecen con orden de demolición pendiente y de otros 15 que fueron declarados inhabitables. En Concepción, en tanto, son nueve los edificios en situación similar (Ver recuadro).

Entre marzo y abril, CIPER levantó una nómina y un mapa con la situación que enfrentaban las comunidades de los edificios más dañados en Santiago. Ahora, al cumplirse seis meses del terremoto, entrega una actualización con las alternativas que viven los propietarios de departamentos en estos condominios (vea las fichas de cada edificio y el mapa general).

Algunos, como los ex residentes de las dos torres del ala oriente del condominio Hermanos Carrera (Maipú) y los vecinos de los edificios San José (San Bernardo), Don Tristán y Don Luis (ambos en Maipú), están exactamente en la misma situación en que quedaron cuando la tierra dejó de sacudirse. Otros, como los propietarios de departamentos en los edificios Regina Oriente (de Penta) y El Parque (de Socovesa), obtuvieron soluciones que consideran satisfactorias. En el medio, se mueve un amplio segmento que se debate entre aceptar propuestas indemnizatorias que estiman insuficientes o iniciar acciones legales -que pintan para largo- en demanda de mejores respuestas. Todo esto bajo las presiones de inmobiliarias que intentan seducirlos con acuerdos individuales que debilitan la unidad de las comunidades.

Los 14 irreductibles de Emerald

La primera inmobiliaria que ofreció un trato que parecía proporcional al daño, fue Paz Corp. Una de las torres de su complejo Emerald (Ñuñoa) se inclinó y fue declarada inhabitable. La inmobiliaria dispuso tres alternativas para los afectados: restitución de lo invertido, trueque por un departamento en otro proyecto de la empresa o una rebaja de precio para los que decidieran quedarse.

Ampliamente difundidas por la prensa, las soluciones fueron aceptadas rápidamente por 110 de los 170 propietarios del condominio. No obstante, alrededor de 60 fueron asesorados legalmente por la Asociación de Consumidores Inmobiliarios (Acoin), la que desmenuzó las propuestas y estimó que en todas ellas los residentes perdían cerca del 20% de su inversión y que Paz Corp no pagaría un peso de la reparación, pues las obras se financiarían con los seguros de los copropietarios.

Tomás Fabres, abogado de Acoin, reconoce que de los 60 que inicialmente estaban dispuestos a iniciar acciones legales, sólo 14 persisten en el empeño. Para explicar tan drástica disminución saca de sus cajones un documento de dos hojas que lleva por título “Declaración Unilateral”. Se trata de un texto que debe ser firmado por los copropietarios de Emerald que quieran negociar cualquier materia con la inmobiliaria. En el punto 2 del documento se lee: “A partir de esta fecha no solicitaré ni recibiré nunca más de la Asociación de Consumidores Inmobiliarios (ACOIN) asesoría legal y técnica respecto de los inmuebles en que soy propietario del Condominio Edificio Emerald, y no tendré vinculación alguna con dicha asociación”.

El texto obliga al firmante a no realizar protestas ni manifestaciones “encaminadas a desprestigiar” a la empresa o que “implique desprecio” a sus gerentes, representantes y trabajadores. Además, exige mantener “bajo estricta reserva los términos del presente acuerdo, no hacer promoción, difusión o revelación pública o privada de la presente negociación; ni otorgar entrevistas, en cualquier medio de comunicación; y/o revelar o facilitar la revelación de la negociación”.

Cualquier incumplimiento de alguna de las declaraciones contenidas en el documento, implica que el firmante se hace responsable “de indemnizar los perjuicios que pueda causar directa o indirectamente al fondo” (se refiere a Emerald Fondo de Inversión Privado, representado por Administradora Pazma S.A.).

-¿A qué teme Paz Corp? ¿Si considera que las condiciones que ofrece son justas, por qué este secretismo? -se pregunta Fabres, quien ya presentó el documento a la consideración del Sernac, porque a su juicio vulnera los derechos que asisten al consumidor.

Fabres exhibe el permiso de edificación de Emerald donde se lee que el presupuesto original del proyecto asciende a $4.196 millones pesos. Y, de acuerdo con el acta de la asamblea extraordinaria de copropietarios del 9 de junio pasado, el presupuesto para la estabilización y posterior reparación de los daños estructurales y bienes comunes -que excluye las reparaciones al interior de los departamentos- suma 149.408 UF, unos $3.160 millones

-El costo de esta reparación corresponde a un 75% del presupuesto original de la obra. Esa es la magnitud del daño -sostiene Fabres.

En la misma acta se lee que las reparaciones serán cubiertas con los seguros de la comunidad. Según indica Fabres, la inmobiliaria compró los seguros a los residentes en la insólita suma de mil pesos. Para corroborarlo muestra uno de los convenios de cesión de polizas, al que se le borró el nombre del copropietario para que no se le acuse de haber violado el secreto de la cuestionada “Declaración Unilateral”:

-La compañía está reparando con plata que no es de ella. Hay clientes nuestros que tienen seguros ya liquidados, por ejemplo, por 2.300 UF. Las víctimas vendieron seguros por 2.300 UF en “luca”. Se trata de un sistema por el cual la empresa no paga la cuenta, sino los afectados. La pregunta es: ¿Y qué pone el responsable? -apunta el abogado de Acoin.

Demanda contra accionistas

De los 14 representados por Acoin en el edificio Emerald, ocho se acogieron a una cláusula de sus contratos para promover un juicio arbitral contra la inmobiliaria, el que se iniciará el 3 de septiembre con un comparendo y que mantiene trabada una medida precautoria que impide la venta de departamentos de la torre B del condominio, por un valor de $600 millones. Los restantes seis propietarios entablarán una demanda en la justicia ordinaria esta semana, pero a ellos no se les aceptó una precautoria similar.

-Hay una tercera demanda que interponen los 14 en contra de “otros responsables” distintos a la inmobiliaria -informa el abogado Fabres. Va dirigida contra la empresa de cálculo, los ingenieros que firmaron los planos de cálculo, el arquitecto y el constructor. Además, esta tercera demanda también apunta a los accionistas de las sociedades que conforman la inmobiliaria:

-Hay una norma del Código Civil que dice que todo el que reporta provecho del dolo ajeno está obligado a restituir ese provecho. Con eso queremos llegar a los accionistas de la inmobiliaria. Son ellos los que obtienen el lucro, la ganancia final. Es la primera vez que esto se intenta en el área inmobiliaria, cosa que se empiecen a meter la mano en el bolsillo los que ganan plata con este tipo de negocios -señala Fabres.

El abogado se refiere al artículo 2.316 del Código Civil, que señala: “Es obligado a la indemnización el que hizo el daño y sus herederos”. Y en su inciso segundo: “El que recibe provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice en él, sólo es obligado hasta concurrencia de lo que valga el provecho”.

Esto, dice Fabres, “abre un mundo a todos los afectados que se encuentran con inmobiliarias que no tienen nada para responder por los daños”, como ocurre con los copropietarios de los ya famosos edificios Don Tristán y Don Luis.

-Si alguien, del que yo no soy necesariamente cómplice, hace una pillería y yo de esa pillería obtengo ganancia, estoy obligado a restituir la ganancia a favor de la víctima. No se puede ganar plata a la mala. Esto es un antídoto para la estrategia de las inmobiliarias de desprenderse de su patrimonio para hacerse irresponsables -resume Fabres.

La otra batalla de Maipú

Una de las comunas con más edificios dañados es Maipú. Allí el terremoto se ensañó con los condominios Don Tristán, Don Luis, Hermanos Carrera, Los Jazmines y Alto de Maipú. En los tres primeros, todos con orden de demolición, la respuesta de las inmobiliarias ha sido nula.

En los edificios Don Tristán y Don Luis, emblemas de las construcciones colapsadas por el terremoto, los afectados desistieron de buscar un arreglo con la empresa Francisco de Aguirre, representada por Álvaro Mujica. Mientras intentan liquidar sus seguros -en el caso de aquellos que los tenían-, el abogado que los asiste, Alfredo Morgado, cortó por lo sano e inició acciones legales. La fiscalía de Maipú investiga las razones del colapso y ya solicitó audiencia, fijada para el 16 de septiembre, para formalizar a Mujica por estafa.

En el condominio Hermanos Carrera, comercializado por la inmobiliaria del mismo nombre, los copropietarios no han recibido ayuda de la empresa. Dos de los cinco edificios del complejo deben ser demolidos. Se trata de viviendas de poco más de mil UF y la mayoría de sus ex residentes no cuentan con recursos para costear arriendos alternativos, por lo que han buscado cobijo como allegados en casas de familiares, pagando de su bolsillo las mudanzas. La mayoría son deudores hipotecarios del BancoEstado, el que les congeló por seis meses los dividendos. El plazo se cumple ahora y están tratando de que se extienda por lo menos hasta que les liquiden los seguros.

-Acá no se puede hablar de negociación. La empresa mandó unos representantes que nos pedían documentos y más documentos, sobre el estado del daño y si teníamos seguros. Su estrategia era dilatar y el abogado (Alfredo Morgado) decidió demandarlos. Ahora estamos recolectando todos los documentos para empezar la demanda -cuenta Luis Saavedra, uno de los afectados.

En Los Jazmines, el vocero de la comunidad, Ricardo Speek, informa que hace dos semanas firmaron finalmente un acuerdo con la inmobiliaria Konhill:

-Nos costó, porque ellos ofrecían financiar la reparación del edificio y se oponían a que nosotros nombráramos al Inspector Técnico de la Obra (ITO). Al final, renunciamos a que nos pagaran arriendos alternativos, mudanzas y otras cosas que inicialmente se conversaron, a cambio de que nos dejaran nombrar al ITO, porque para nosotros lo más importante es proteger nuestra inversión y quedar con la tranquilidad de que la reparación se hizo correctamente.

El ITO escogido por la comunidad es Alberto Arenas y Arquitectos Asociados, empresa que ya está evaluando el proyecto de reparación presentando por la inmobiliaria y que permanecerá en las faenas de manera permanente para asegurar que se construya conforme a las normas.

-Lo único que vamos a recibir son $750 mil por departamento, en compensación por todos los gastos que tuvimos. Es poco, porque yo, por ejemplo, gastó $300 mil mensuales en un arriendo, porque acá en Maipú los arriendos se fueron a las nubes porque todos los afectados salimos a buscar casa. Además, gasto $90 mil en furgón escolar, porque el colegio ahora les queda más lejos a mis hijos -dice Speek, quien entre arriendo y furgón en estos seis meses ya ha desembolsado cerca de $2,5 millones, sin contar las mudanzas. Y aún le quedan, por lo bajo, otros dos meses con estos gastos, porque si las cosas funcionan de acuerdo a lo previsto espera volver a su departamento en los primeros día de noviembre.

Sobre un tranque

Gustavo Toro es el abogado que tomó la representación de unos 90 copropietarios de El Alto de Maipú. “La cifra no se cierra, porque todavía estamos recibiendo la documentación de personas que quieren sumarse a la demanda”, cuenta. El profesional tenía programado entablar la acción esta semana.

Toro dice que la constructora e inmobiliaria Santa Beatriz construyó el condominio sobre un terreno que antiguamente fue un tranque, por lo que el suelo es relleno. Con ese antecedente orientó sus indagaciones a la posibilidad de que hubiese un problema con las fundaciones y cimientos de los edificios.

El abogado detectó que poco después de que Santa Beatriz presentó a la Dirección de Obras de la municipalidad su proyecto, el entonces jefe de esa repartición, Alejandro Goenaga, envió a la constructora el Ordinario 527/2004. El documento resalta que las dimensiones de las fundaciones de los edificios contenidas en los planos tienen una “relevante discordancia” con las especificaciones indicadas por la empresa que elaboró el informe de mecánica de suelos.

Toro asegura que solicitó a la Dirección de Obras en tres ocasiones el expediente con los planos del proyecto, pero sólo consiguió que le entregaran un CD con los planos digitalizados. En ese archivo no figura la corrección a las fundaciones que pidió Goenega. Todos los planos del proyecto que constan en ese disco están fechados el 10 de junio de 2004, en circunstancias que el Ordinario 527/2004 es del 22 de julio de ese mismo año. El abogado teme que la corrección nunca se hizo.

La demanda se fundará, además, en que la obra no respetó la altura máxima para las edificaciones. Toro asegura que se edificaron 13 metros, en circunstancias que el límite era 11,95. También alegará que los pisos 4 y 5, a diferencia de los tres primeros, tienen menos elementos estructurales y están construidos prácticamente en albañilería. Por lo mismo, dice que en el condominio hubo muros que se vaciaron en un quinto piso, dejando a la vista las habitaciones y los muebles del departamento, lo que expuso gravemente a sus moradores.

La demanda exige que se reparen sólo los departamentos de los tres primeros pisos y que se declare inhabitables y con pérdida total aquellos ubicados en los pisos 4 y 5. Pide, por lo mismo, una indemnización de $25 millones para los propietarios de los pisos superiores. Para los residentes en los pisos 1 a 3, solicita una indemnización de $10 millones por la devaluación de la vivienda. Y agrega una indemnización para todos por daño moral y otra por lucro cesante.

Comprar al contado: mal negocio

Los casos más dramáticos se encuentran entre aquellos propietarios que compraron al contado. Los que optaron por adquirir sus departamentos con crédito hipotecario estaban obligados a cubrir la inversión del banco con seguros. Pero no todos los que disponían de fondos propios tomaron un seguro. Para estos últimos la única opción de recuperar sus inversiones es negociar con las inmobiliarias para que corran con las reparaciones. Muchos de ellos son adultos mayores que no obtendrán, a estas alturas de sus vidas, un crédito hipotecario de largo plazo.

En el condominio San José (San Bernardo) la situación es alarmante: de los 40 copropietarios, hay 14 que no cuentan con seguros. Se trata de un 35% que hasta ahora no ha sido abandonado por el resto de los vecinos. Aunque la mayoría optó por liquidar sus seguros y alcanzar soluciones individuales, se mantiene una asamblea que sesiona regularmente y una directiva que no renuncia a alcanzar un acuerdo con la constructora e inmobiliaria Francisco Lorca.

-Los edificios tienen más de diez años, que es el plazo que por ley tienen las constructoras para responder por daños estructurales. Si insistíamos en el camino legal, lo que teníamos por delante era un juicio largo y de resultado incierto. Por eso comenzaron a operar los seguros, por pérdida total, y se gestionaron soluciones de manera independiente -explica Iván Rojas, presidente de la comunidad.

Sin embargo, se han mantenido en contacto con la constructora, principalmente con la esperanza de alcanzar una solución para los que no estaban asegurados: “Nos preocupan estos vecinos. En este momento la empresa nos pide un informe de daños por departamento. El problema es que la constructora ofrece reparar los edificios y están con orden de demolición. De hecho, eso hizo que los seguros operaran”, indica Rojas.

Penta y Socovesa

Hasta el momento el estándar más alto en calidad de respuesta a los afectados lo han marcado las inmobiliarias Penta y Socovesa, dos gigantes del mercado. Claro que ambas lo hicieron después de que las comunidades de sus edificios Regina Oriente (Ñuñoa) y El Parque (San Miguel) salieron a la calle en bulliciosas protestas que desnudaron las falencias de proyectos destinados a clientes de un buen nivel socioeconómico. El edificio que comercializó Penta, el condominio Regina Oriente, tiene departamentos de hasta 3.900 UF (sobre $80 millones).

En ambos conjuntos, además, la reputada oficina del calculista René Lagos evacuó informes en los que identificó fallas de construcción que provocaron los daños estructurales, lo que auguraba un complicado panorama para las inmobiliarias si se judicializaba la disputa.

Max Monreal, vocero de la comunidad Regina Oriente, está conforme con los resultados de la negociación, pero aún no olvida que en La Segunda del 17 de marzo el responsable de la rama inmobiliaria del grupo Penta, Horacio Peña, comparó las demandas de los copropietarios con los saqueos de los supermercados:

-No quiero escarbar en las heridas, porque en definitiva alcanzamos un buen acuerdo y ellos aceptaron el petitorio. Así que la mejor respuesta a la prepotencia del señor Peña, que nos comparó con delincuentes y saqueadores, sobre quién estaba en lo justo en esta negociación, es la respuesta que ellos mismos dieron a nuestras demandas -señala Monreal.

Penta se allanó a costear arriendos alternativos por un monto proporcional al tamaño del departamento afectado (desde $300 mil mensuales dependiendo del número de dormitorios), asumió los gastos comunes y cuentas de servicios básicos, pagó las mudanzas y, en caso de ser necesario, bodegaje. A los propietarios que decidieron irse, ofreció recomprarles y, en el caso de los que tenían crédito hipotecario, reembolsarles todo lo que habían pagado, incluyendo los intereses y gastos operacionales de la compraventa. A los que se quedan, se les aceptó que designen al Inspector Técnico de la Obra de reparación y se les pagará una indemnización.

El vocero señala que Penta pidió a los residentes que les cedieran sus seguros, pero dice que no todos aceptaron. Un pequeño grupo prefirió encargarse de manera individual, con sus seguros, de las reparaciones al interior de sus departamentos.

Con estas condiciones “decidieron irse un poco más de 70 copropietarios y 55 nos quedamos”, resume Monreal.

En el caso del condominio El Parque, la inmobiliaria Socovesa siguió un patrón similar al de Penta. Cristián Castro, representante de la directiva del condominio, dice que no puede dar los montos involucrados, porque aún están en negociaciones, pero que esperan firmar el acuerdo en breve.

La inmobiliaria, informa Castro, aceptó pagar arriendos alternativos (cuyo monto varía de acuerdo al tamaño de los departamentos) a los propietarios de la torre 3, que sigue declarada inhabitable, y las mudanzas. Además, se hizo cargo de las reparaciones interiores de los departamentos, de manera que los residentes no se vieron obligados a activar sus seguros.

A los que optaron por irse -alternativa que se cerró el 31 de julio-, se les ofreció un departamento en otro proyecto de la inmobiliaria y se les reconoció lo que ya habían pagado. Para los que se quedaron, la proposición de Socovesa incluye cubrir los gastos de la estabilización y reparación del edificio, además de la reparación de los espacios comunes. Mientras duren las obras, se les pagará el arriendo alternativo, gastos comunes y cuentas de servicios básicos.

La inmobiliaria contrató a una empresa canadiense para realizar el proyecto de reparación y la comunidad pudo nombrar al revisor del proyecto -pagado por Socovesa-, rol que desempeñará la oficina del calculista René Lagos.

-Lo triste de todo esto es que hay gente que igual no está conforme. Al principio estábamos todos unidos, cuando salimos a protestar a la calle. Pero a medida que pasó el tiempo, comenzaron las divisiones. Yo lo entiendo, porque hay personas que están desesperadas y necesitan soluciones rápidas, pero tratamos de hacer lo mejor posible y evitar un juicio, que habría sido mucho más largo -dice Castro.

El blog que creó la comunidad en los días posteriores al terremoto, da cuenta del cambio. Mientras en las primeras semanas los mensajes eran de unidad y llamados a no decaer en la lucha, en las últimas jornadas proliferan los posteos con rumores acerca de que la directiva oculta información y que “se arregló” con la inmobiliaria. El blog, que surgió como una expresión solidaria, sucumbió finalmente a aplicaciones bastante más pragmáticas, como ofrecer en venta algunos departamentos. Otra prueba de que el tiempo corre a favor de las inmobiliarias que impulsan soluciones individuales, atizadas por la desesperación de los damnificados que el país olvidó.

180 días después de la tragedia, el Presidente Piñera presentará su plan de reconstrucción nacional, las comunidades de Dichato y Rancagua protestan por la lentitud del programa de viviendas para damnificados y la fiscalía de Maipú pone fecha a la audiencia en que formalizará por estafa al responsable del colapsado edificio Don Tristán. En ese escenario, el Ministerio de Vivienda avanza silenciosamente en una reforma global y urgente a las normativas que regulan la construcción. Nuevas especificaciones para mecánica de suelos, cambios en normas de construcción sísmica, ordenanzas para asegurar los elementos no estructurales de las viviendas, un registro nacional para Inspectores Técnicos de Obra y sanciones para profesionales que incumplan sus deberes, son parte del paquete que analiza un consejo multidisciplinario y políticamente transversal.

El “silencio sísmico”. Ese es el adversario que urge al círculo de asesores de la ministra de la Vivienda, Magdalena Matte. Un enemigo que no es más que el espacio de tiempo entre un terremoto y otro en una misma zona geográfica. El problema es que se trata de un rival que adquiere tintes monumentales cuando ese silencio se alarga y la tensión se va acumulando en el subsuelo por décadas, de modo que, cuando se produce el sismo, libera tal energía que aquello que brota es un terremoto de esos que hacen historia.

El “silencio sísmico” es como una cocina donde lentamente se amasan los ingredientes de un mazazo telúrico. Y la zona de “silencio sísmico” que hoy le quita el sueño a sismólogos, ingenieros y a la ministra Matte, es la del Norte Grande de Chile. Allí, una ya larga moratoria de temblores permite conjeturar que vendrá una sacudida furiosa. Puede ser mañana, en un mes o en años, nadie lo sabe, pero de que viene, viene.

La certeza de que un terremoto azotará el norte y la convicción -surgida con el sismo del 27 de febrero- de que las normas que actualmente regulan la construcción son insuficientes para garantizar la seguridad de los chilenos, han puesto a la ministra Matte en guardia.

Aunque el Colegio de Ingenieros, la Cámara Chilena de la Construcción y la agrupación de ingenieros calculistas insisten en que el comportamiento de los edificios en el terremoto de febrero fue adecuado, la ministra no comulgó con esa interpretación aséptica. Los ingenieros y empresarios del rubro sostienen que muchos edificios sufrieron daños, pero no se cayeron, tal como lo estipulan las normas. Una mirada divorciada de la angustia de los chilenos que vieron sus muros partirse de arriba a abajo. Angustia que revive al cumplirse, este viernes 27, seis meses de la tragedia. En el preciso momento que la fiscalía de Maipú le puso fecha a la audiencia en que formalizará por estafa a Álvaro Mujica, responsable legal de la inmobiliaria que comercializó el emblemático y colapsado edificio Don Tristán: el próximo 16 de septiembre enfrentará a la justicia.

Magdalena Matte convocó, a mediados de junio, a un Consejo Asesor multidisciplinario y políticamente plural, cuya misión es preparar una “agenda corta” para garantizar, cuanto antes, la seguridad de las edificaciones. La tarea es explorar “modificaciones de emergencia” que actualicen las normas para las construcciones con resistencia sísmica y estipule puntillosamente los deberes de los responsables de las obras. El objetivo es que, de producirse un terremoto como el que se espera en el norte, no se repitan imágenes como las de los edificios Alto Río, en Concepción, o Don Tristán, en Maipú, eventualmente adjudicables a la desidia de las autoridades.

El objetivo cobró nueva fuerza y urgencia ante la conmoción nacional provocada por los 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad en el yacimiento San José. Nadie hoy duda de que ese desastre pudo haberse evitado con una actuación diligente de las entidades públicas encargadas de fiscalizar las condiciones de seguridad en las minas.

Es cierto, como subrayan los gremios ingenieriles y la patronal de la construcción, que en Santiago sólo un 0,3% de los edificios colapsó, pero también lo es que un 14,4% sufrió daños. Y la mayoría de ellos fueron construidos en los últimos diez años. En Concepción, esa cifra se eleva a un inquietante 20% de las construcciones de 15 o más pisos. Sólo en la capital, cuatro edificios residenciales serán demolidos y otros 15 en algún momento estuvieron marcados como inhabitables.

Hacía fines de marzo, en estas 19 construcciones se contaban unos 2.600 propietarios que se vieron obligados a abandonar sus departamentos y a sentarse a negociar con sus inmobiliarias. Y aunque muchos ya han vuelto a sus hogares, viven con temor. Y todo esto, sin contar a los miles de dueños de viviendas de clase media que sufrieron daños no estructurales, que no cuentan con seguros, que han estrujado las tarjetas de crédito para reparar sus propiedades y que no figuran en las estadísticas de damnificados.

La ley del ITO

El plan de reconstrucción de viviendas ha avanzado con una lentitud que exaspera a las comunidades damnificadas, como lo demostraron las recientes protestas en Dichato y Rancagua. De acuerdo con la minuta publicada por el ministerio, actualizada al 9 de agosto, las familias con viviendas dañadas por el sismo suman 397.162 (de ellas, 217.469 con daño grave y 179.693 con daño menor). En contraste, el programa de reconstrucción y reparación de viviendas indica que se otorgarán 195.950 subsidios. De acuerdo con estas cifras, la diferencia no cubierta sería de 201.212 viviendas. En tanto, los subsidios a repartir en 2010 suman sólo 122.415.

A la fecha, los damnificados que se han registrado como tales son 265.504 y se espera que el proceso se cierre el 27 de agosto con unos 280.000. De ellos, según las proyecciones del ministerio, sólo 220.000 contarán con los requisitos que los habiliten para postular efectivamente a los subsidios. Frente a estas cifras, la información que publicó El Mercurio el jueves 26 suena desoladora: a seis meses de ocurrido el terremoto sólo se han entregado 15 casas en las zonas más afectadas y se construyen otras 1.947 -menos del 1% del total de subsidios que se espera repartir-, las que estarán disponibles recién en los primeros meses de 2011.

En este escenario que aparentemente no hace justicia a la eficiencia técnica que proclama el eslogan sobre la “nueva forma de gobernar”, el Presidente Sebastián Piñera se aprestaba a dar a conocer el Plan de Reconstrucción Nacional este viernes 27, en Concepción, donde algunos grupos de damnificados esperaban entregarle una carta de protesta. La fecha no se debe sólo al simbolismo de que se cumplen seis meses tras la tragedia. La Ley de Sismos y Catástrofes obliga al gobierno a dictar el plan de reconstrucción en el plazo de 180 días contados desde el cataclismo. Y La Moneda se tomó casi hasta la última jornada. La semana pasada, en los ministerios involucrados, seguía discutiéndose el plan.

-Si bien a mi juicio el gobierno está dando palos de ciego en materia de reconstrucción, debo reconocer que la ministra tiene convicción respecto de avanzar en el mejoramiento de las normas de la construcción, detallar las responsabilidades de las inmobiliarias y crear, por ley, la figura de la Inspección Técnica de Obra, encargada de que las edificaciones se hagan bien -reconoce el diputado opositor y arquitecto Patricio Hales (PPD), miembro de la Comisión de Vivienda de la Cámara e integrante del Consejo Asesor convocado por la ministra Matte.

Hales tuvo ocasión de conocer el anteproyecto de ley que pretende instalar al Inspector Técnico de Obra (ITO) y que aún no se envía al Congreso. Se trata de una modificación a la Ley de Calidad de la Vivienda que instaura el registro nacional de los ITO y establece los deberes y sanciones a los que se exponen estos inspectores. Una medida imprescindible si se toma en cuenta que en varios de los edificios que evidenciaron daños severos con el terremoto, las constructoras sencillamente no cumplieron con lo estipulado en los planos de cálculo. Así ocurrió en el edificio Regina Oriente de la inmobiliaria Penta.

El presidente del Colegio de Ingenieros y miembro del Consejo Asesor de la ministra, Fernando Agüero, señala que lo que se ha discutido sobre los ITO es crear “un registro nacional, que seguramente lo llevaría el mismo ministerio, en el que se deberían inscribir las personas o empresas que quieran hacer inspecciones técnicas y que demuestren reunir las condiciones de experiencia, solvencia e idoneidad”.

Aunque Hales cree que el anteproyecto abunda poco en la descripción de las tareas del ITO y mucho en aspectos administrativos sobre su inscripción en el registro, reconoce la importancia de que el ministerio aborde la necesidad de instaurar este fiscalizador: “En las obras hay instrucciones de los planos que muchas veces no se cumplen porque no hay inspectores técnicos con autoridad e imperio para imponerse. Una cantidad minoritaria de empresas, pero importante, terminan no obedeciendo las instrucciones”.

-Habitualmente, cuando el calculista hace su primera visita a la faena, la primera nota que pone en el libro de obras es: “Señores, no se están poniendo los estribos y trabas de las armaduras (del hormigón) como lo indican los planos” -señaló a CIPER, en abril, el reputado calculista René Lagos, profesor de la U. de Chile y responsable del estudio que reveló el error en el edificio de Penta, precisamente una falla en las armaduras.

Maridaje y clientelismo

El diputado Hales considera que el ministerio no debe limitarse a regular la inscripción y eventuales sanciones para los ITO. A su juicio, la cartera debe abordar mecanismos que eviten que los ITO establezcan relaciones de clientelismo con las constructoras y que a la larga se transformen en verdaderos empleados de las mismas:

-Un ITO no debería constituirse en un prestador de servicios habitual para una misma inmobiliaria. Debería estar garantizada la posibilidad de que el ITO tenga trabajo en función de certificados de su desempeño y el Estado velar por la obligatoriedad de que las inmobiliarias no puedan resistirse a inspectores que no sean de su preferencia. Acá no puede funcionar estrictamente el libre mercado, pues sería inaceptable un sistema de clientelismo donde el ITO, por razones de supervivencia en el mercado, termine anulando su función para satisfacer a una inmobiliaria que le garantice que lo va a contratar siempre. Esa es una insuficiencia que no resuelve la ley que se propone.

El calculista Rodrigo Mujica, también integrante del Consejo Asesor, discrepa: “Basta un oficio con una adecuada normativa que rija a los ITO. ¿Qué más vamos a hacer? Se ha pensado que el ministerio tenga un registro y eso apunta a lo necesario: todos registrados y los que actúan bien, se llaman; y los que no, no funcionan”.

Hales es autor de la ley que en 2001 introdujo la obligatoriedad de la revisión del cálculo estructural, que exige a las inmobiliarias someter a un revisor independiente los cálculos de sus proyectos. No obstante, cree que el debate que impulsa la ministra es el marco adecuado para hacer correcciones al reglamento que complementó la norma, para que “el inmobiliario no pueda elegir a quien le va a revisar su proyecto”. A su juicio, hoy la puerta está abierta a maridajes similares a los que podrían producirse entre los ITO y las constructoras:

-Mi objetivo era instalar un revisor externo ajeno a los intereses del inmobiliario. Es muy inadecuado que el inmobiliario elija al que le hace el cálculo y al que se lo revisa. El ingeniero que es elegido de manera frecuente como revisor de una inmobiliaria tiene la tendencia humana, por muy honesto que sea, a una relación de clientelismo que no me parece sana. He propuesto mecanismos para cambiar eso: que una autoridad establezca una quina de calculistas revisores para cada proyecto que se presente. A partir de esa quina, sobre la base de licitaciones, que se establezcan honorarios. Y luego, mediante mecanismos de sorteo o alternancia, se impida el clientelismo.

El diputado planteó la fórmula directamente a la ministra Matte y al jefe de la División Técnica de la cartera, Eduardo Contreras, también integrante del Consejo Asesor.

Plazo para responder por fallas

Para abordar los cambios que aseguren una construcción de calidad a corto plazo, el ministerio dividió la discusión del Consejo Asesor en dos ámbitos: uno que estudia “modificaciones de emergencia” a las normas sísmicas y otro que prepara normas adicionales para disminuir los riesgos detectados en febrero. Para la primera tarea se creó un subcomité de expertos que inició sus labores el 5 de agosto. En cuanto a la segunda, se solicitó al Instituto de la Construcción que coordine siete comités multisectoriales.

Si bien el subcomité que analiza cambios a las normas sísmicas tiene proyectado entregar su informe la próxima semana, en lo que respecta a las normas adicionales los plazos son bastante más lentos: dos meses para entregar una propuesta de anteproyecto, otros dos meses para su evaluación, 15 días para eventuales modificaciones y un mes más para su oficialización. Con ese calendario, no habrá resultados prácticos hasta enero o febrero del próximo año.

En cuanto a las normas adicionales, una que se ha mencionado es la posibilidad de ampliar de diez a 15 años el plazo para que los propietarios de viviendas puedan reclamar por fallas en elementos estructurales (tales como pilares, columnas y losas). El calculista Mujica describe la dificultad de esta moción: “Hemos estado en conversaciones, viendo esas alternativas, pero es muy difícil porque hay un problema constitucional, debido al principio de igualdad ante la ley: todas las penas o culpas civiles tienen plazo de prescripción de diez años”.

El profesor de Construcción Civil de la UC e integrante del Consejo Asesor, Cristián Piera, cree que el aumento a 15 años no va a prosperar: “Contra fallas estructurales el plazo seguramente va a quedar como está. Se discutió mucho el tema y mi opinión personal es que finalmente va a quedar en diez años. Ahora, como es materia de ley, esto lo va a aprobar el Congreso”.

En el Consejo Asesor, el diputado Hales enfocó el tema desde otro ángulo: “Cuando el ministro de Vivienda Jaime Ravinet presentó esta ley en el Congreso, dijo que los diez años eran un plazo para reclamar por las fallas que el propietario pudiera advertir en ese tiempo de uso. Pero si usted a los 11 años o a los 20 enfrenta el colapso de un elemento estructural porque en el plano decía que debía tener seis fierros de 18 mm. y en realidad tenía seis fierros de 12 mm., ahí hay dolo, hay engaño. Cuando aprobamos la ley, Ravinet no dijo que esto anulaba la posibilidad de que usted, pasado los diez años, pudiera reclamar contra la estafa o la incompetencia que puede ser probada en tribunales”.

La observación de Hales fue recogida en parte por el ministerio en el anteproyecto de ley que crea el registro nacional de ITO. La propuesta indica que “incluso habiendo transcurridos los plazos para hacer exigible la responsabilidad civil por daños o perjuicios, en caso de colapso o daño grave (…), debido al incumplimiento de la normativa vigente a la fecha del otorgamiento del permiso de edificación”, el propietario tendrá 12 meses para formular una denuncia ante “la Dirección de los Registros Públicos en que estuviera inscrita la empresa constructora, los profesionales, revisores independientes, revisores de cálculo estructural, Inspección Técnica de Obras, que participaron del diseño y construcción”.

Para el abogado de la Asociación de Consumidores Inmobiliarios, Tomás Fabres, el problema que debe abordar el ministerio no es el plazo, sino la seguridad de que la inmobiliaria o los profesionales involucrados en la falla, respondan con su patrimonio: “La gente del edificio Don Tristán no tenía ni cinco años viviendo ahí y la inmobiliaria dice que no tiene un peso para pagarles”.

Fabres señala que es habitual que las inmobiliarias “se vacían cuando terminan de vender el edificio, traspasando sus bienes. Siguen constituidas como sociedad por los diez años del plazo, pero no tienen con qué responder”. A su juicio, una fórmula para que el propietario no pierda su inversión es que pague un seguro obligatorio: “En caso de falla, el propietario le cobra a la aseguradora y ésta, con toda su maquinaria legal, bastante más potente que la de un simple vecino, persigue a la inmobiliaria. Además, con esto, las aseguradoras van a poner ojo en que la construcción se haga conforme a las normas”.

Hales dice que un seguro encarecería el costo de la vivienda: “Hay que tener cuidado. No vaya a salir más cara la vaina que el sable”.

-Hoy sólo son obligatorios los seguros de incendio para edificaciones que están bajo la ley de copropiedad inmobiliaria, es decir, edificios plurifamilares. Mi opinión personal es que, al menos en edificaciones que estén sujetas a la ley de copropiedad inmobiliaria, el seguro contra sismos debiese ser obligatorio -indica el profesor Piera.

La norma sísmica

La última vez que se modificó la Norma Chilena de Construcciones Sísmicas (NCh 433), fue a propósito del terremoto de 1985. Y el cambio se oficializó recién en 1996, once años después del sismo. El proceso es lento. Por eso en el subcomité que analiza “cambios de emergencia” a la norma, parte importante de la discusión busca consensuar si se deben incrementar temporalmente los valores de resistencia de los elementos estructurales de los edificios antes de que se modifique oficialmente la NCh 433.

-La comunidad de ingenieros que proyecta edificios está en una incógnita tremenda, porque si ocupa la norma del año 96 va a proyectar sin saber a ciencia cierta si debieran aumentar las exigencias. Para superar eso, se aprovecha la disposición que tienen los ministerios de elaborar decretos, que se ubican en el cuadro jerárquico anterior a las normas. Y este decreto tiene objetivos muy específicos: la modificación de la demanda sísmica, que se entiende como la evaluación de las cargas que un sismo origina en las estructuras. Algunos proponen un incremento del 20% o 30%, otros dicen que es absurdo modificar todo por un terremoto que afectó fuertemente sólo a una región y que todo lo que salió bien parado tenga que sufrir los cambios. Tenemos que llegar a un consenso -asegura el ingeniero Tomás Guendelman, que participa en el debate.

Guendelman cree que, mientras se investiga si es necesario un cambio oficial de la norma, es mejor asegurarse y aplicar un factor de mayor exigencia a la luz de los efectos observados en el sismo de febrero. Ese factor, indica, puede ser variable de una región a otra, pero cree que “es bien difícil decir qué zona va a quedar excluida”. Por ejemplo, dice, se podría aplicar a la zona norte, que aunque distante del terremoto reciente, es una región “donde hay una laguna sísmica y va a haber un terremoto con toda certeza en un lapso que nadie puede precisar y que cuando venga será tan grande como el de Concepción”.

El constructor Piera señala que otra modificación a las normas busca mejorar el comportamiento de los elementos no estructurales de un edificio. Miles de propietarios quedaron residiendo en departamentos con puertas y ventanas descuadradas, grietas en muros de tabiquería, cañerías rotas y cerámicas caídas. No es un daño que inhabilite la vivienda, pero genera costosas reparaciones que se hubiesen evitado con normas precisas sobre la instalación de estos elementos.

- En esto se ha avanzado bastante, porque la norma 433 sólo en su Capítulo 8 se refiere al diseño de los elementos no estructurales, pero lo hace muy a la pasada. La idea es sacar el Capítulo 8 y crear una norma propia de diseño para estos elementos. En la medida en que usted amarre convenientemente los elementos estructurales con los no estructurales, indudablemente que disminuye el riesgo de que fallen. Si bien no significa un colapso para los edificios, puede haber hasta muertos, porque imagine lo que ocurrió con el aeropuerto de Pudahuel (donde el cielo falso se vino abajo) si esto hubiese sido a una hora de embarque, cuando está colmado de gente.

Mecánica de suelos

Donde también se ha avanzado mucho es en una propuesta para mejorar la tipificación del suelo. Hoy existen cuatro tipos identificados numéricamente: 1 (roca), 2 (suelo firme), 3 (suelo blando) y 4 (pantanoso no apto para construir). En los dos primeros no hay problemas para edificar, pero el terremoto demostró que la tercera es una categoría muy amplia. En Macul, por ejemplo, se construyeron edificios cuya mecánica de suelos indicó tipo 2 y, a corta distancia, se edificaron otros bajo la categoría 3. Estos últimos resistieron bien el sismo, pero los primeros quedaron con daños severos. Los especialistas creen que esto no se debe necesariamente a negligencia en los estudios de mecánica de suelos, sino a los escasos parámetros que les fija una ordenanza no actualizada.

-Muchas veces es difícil poder discernir entre un suelo 2 y un suelo 3. Es un tema muy ambiguo tal cual está descrito. El suelo en la norma actual depende de muy pocos parámetros y no siempre los más relevantes. Los mecánicos de suelo que también integran este comité de emergencia ya tienen una proposición con seis suelos: 1, 2, 3A, 3B, 4, 5 y 6 -informa Guendelman.

Otra novedad que puede arrojar el Consejo Asesor es la creación de un ITE: Inspector Técnico Estructural. La idea es que haya un ingeniero estructural en la obra durante todo el proceso de construcción. El ITE, dice Guendelman, aseguraría “que se construya lo que dicen los planos y si hay que hacer un cambio sería un interlocutor válido. Un ITO puede ser un constructor civil, pero si en un momento dado hay un problema que afecta al cálculo, ahí no va a estar preparado y estaría tomando decisiones que le sobrepasan”.

Hales agradece que el ministerio haya abierto la válvula a debatir este cúmulo de reformas, pero aguarda los resultados con moderado optimismo. Él dice que muchas de estas materias se han discutido antes, pero que siempre se postergan porque aplicarlas encarece el costo de las viviendas y se termina discutiendo si esto va a deprimir el mercado de la construcción o afectando negativamente el empleo. El calculista Mujica toca precisamente esa misma tecla:

- Para nosotros, los ingenieros, aumentar las exigencias es bien fácil. Es ponerle más fierro y hormigón. Pero a las personas eso les sube un 10%, 15% o 20% el precio de la vivienda. Si alguien me pide que le diseñe un auto que pueda chocar y no le pase nada, se puede: sería un tanque. Con los edificios pasa algo parecido. A mí me da mucha pena la pobre gente que ha tenido problemas con sus casas. Pero no por dos o tres edificios que se cayeron, vamos a encarecer toda la construcción en Chile.

En enero de 2005, el rumor de un falso tsunami movilizó ciudades completas de la VIII Región y generó muertes, accidentes y saqueos. El hecho motivó una investigación del Ministerio Público que determinó responsabilidades de la Armada de Talcahuano: habrían sido funcionarios de esa zona naval quienes malinterpretaron un fax del SHOA y alertaron a familiares, generando alarma y pánico. Sin embargo, tras una investigación, la Fiscalía Naval desestimó las acusaciones. Las pesquisas de la fiscalía regional también dieron cuenta de falta de planificación y competencia del personal civil y naval ante emergencias. Un factor que se repetiría en 2010. En vez de sacar lecciones de la mala experiencia, el falso tsunami de 2005 resultó tan traumático y bochornoso, que autoridades del antiguo gobierno se atreven a confesar en voz baja que ese antecedente rondó en las horas posteriores al terremoto y que bien pudo influir en la indecisión con que se manejó la crisis del 27 de febrero último.

El 16 de enero de 2005, al anochecer de un domingo como cualquiera, la región del Bío Bío fue escenario de un fenómeno que dio la vuelta al mundo. Sin que mediara una alerta oficial, sin que siquiera hubiese un temblor de menor intensidad que lo antecediera, un rumor recorrió poblaciones completas y generó pánico, descontrol y muerte.

–¡Se viene un tsunami, se viene un tsunami! –gritaba la gente al tiempo que huía hacia los cerros.

Gustavo Toro, capitán de la Cuarta Compañía de Bomberos de San Pedro, recordará ante un fiscal que esa noche, decenas de personas se dejaron caer en el cuartel, “comenzando a insultar y agredir al personal de guardia, presionándonos para que tocáramos la sirena”. En lo que calificó como “una situación caótica y casi insostenible para los voluntarios”, recordará también que la turba intentó llevarse el carro de bomberos.

Fue un caos que se prolongó por dos días. Las líneas telefónicas se saturaron, lo mismo que las carreteras. Hubo colisión de vehículos, peleas, accidentes, muertos y saqueos. El hecho concitó la atención mundial y se prestó para mofas. Poblaciones completas huyendo de una salida del mar inexistente y en apariencia infundada, salvo por un detalle: unas horas antes, a través de sus canales internos, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) había informados de un sismo de 6.6 grados en la escala de Richter en la isla Yap, a nueve mil kilómetros de nuestras costas.

En la región del Bío Bío el informe del SHOA sólo circuló entre funcionarios de la Armada. Su propósito era descartar que ocurriría un tsunami en nuestro país. Pero todo indica que tuvo el efecto contrario.

Debido al impacto que provocó el falso tsunami en Concepción y sus costas, la Fiscalía Regional del Bío Bío abrió una investigación que condujo a una conclusión significativa a la luz de lo ocurrido el 27 de febrero último: el rumor se originó en poblaciones navales de Talcahuano.

Ante las evidencias que apuntaban a la Armada, la causa fue derivada a la Fiscalía Naval. Sin embargo, esta institución descartó cualquier responsabilidad de sus funcionarios y devolvió la causa al sistema civil. Entonces la investigación fue archivada y todo quedó reducido a una situación confusa y bochornosa que dejó decenas de heridos, daños materiales nunca cuantificados y dos personas muertas por paro cardiorrespiratorio: Irma Milla Muñoz (69) y María del Rosario Ballard (65).

No había un origen claro, aunque sí una motivación: dos meses antes había ocurrido el tsunami del sudeste asiático, que costó 230 mil vidas. Entre ellas la de la chilena Francisca Cooper, que tuvo amplia cobertura en los medios.

Lo relevante en este caso no es el efecto del rumor sino más bien la causa, atribuida a una impericia de funcionarios de la Armada destinados en Talcahuano, quienes habrían malinterpretado el comunicado del SHOA y luego alertado a familiares. Una situación que tiene semejanzas con lo ocurrido el 27 de febrero de 2010: el SHOA tuvo dificultades para interpretar la información disponible y terminó descartando la alerta de maremoto al tiempo que las olas devastaban las costas del país.

Junto con lo anterior, la investigación de 2005 que llevó a cabo el entonces fiscal jefe de Talcahuano, Raúl Bustos Saldías, también detectó graves deficiencias en la respuesta de las autoridades encargadas de afrontar emergencias. Deficiencias que se asemejan a las exhibidas por las mismas autoridades a comienzos de este año y que hoy son materia de una nueva investigación del Ministerio Público.

MORTALMENTE PARECIDOS

El falso tsunami quedó grabado en la memoria de los habitantes de la VIII Región. Un trauma que permanecía latente al 27 de febrero último. Por ello, y por el fuerte impacto social que provocó, algunas autoridades civiles del antiguo gobierno hoy se atreven a confesar en voz baja que ese antecedente rondó en las horas posteriores al terremoto y que pudo influir en la indecisión con que se manejó la emergencia. Si decretaban la alerta de maremoto, temían repetir un fiasco como el de 2005. Por lo demás los actores no eran muy distintos.

Carmen Fernández por entonces oficiaba de directora subrogante de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi). El titular, Alberto Maturana, se encontraba participando en Japón de un seminario sobre emergencias. Maturana tuvo que dar explicaciones ante expertos de todo el mundo. Fernández fue la encargada de manejar la crisis, llamando a la calma y asegurando que el organismo que representaba disponía de un sistema de prevención con “una posición de vanguardia en el mundo”.

Marcos Oyarzo, primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, es de los que creen que los hechos de 2005 bien pudieron haber influido en la indefinición con que actuaron las autoridades hace seis meses. Recuerda que fue “una experiencia traumática que obligó a replantear los planes de contingencia para colaborar con la ciudadanía”.

La señal más clara de que para 2010 ese hecho aún estaba fresco entre las autoridades la dio el destituido director del SHOA, capitán de navío Mariano Rojas. En su comparecencia a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, Rojas dio cuenta de lo que estaba en juego a la hora de sopesar los antecedentes que lo llevaron a levantar la alerta de tsunami:

-Cualquiera de las dos decisiones podía acarrear alguna situación indeseada. Es más, podría haber ocurrido que yo hubiera mantenido la alerta. Quizás la gente hubiera corrido, quizás hubiera muerto gente, derivado de que no bajaron de los cerros, que estaban en los hospitales, niños, accidentes, etcétera, y probablemente hoy día estaría siendo juzgado porque no cancelé la alerta con los antecedentes que tenía.

GRAMÁTICA Y REDACCIÓN

La madrugada del 27 de febrero de 2010, casi media hora después de ocurrido el terremoto, los dos funcionarios que se encontraban de turno en la Onemi recibieron un fax proveniente de la Armada. Se titulada “Alerta de tsunami” y lo esencial, destacado en negritas y mayúsculas, decía lo siguiente:

(EL SISMO) FUE DE MAGNITUD SUFICIENTE PARA GENERAR TSUNAMI. SE DESCONOCE SI SE HA PRODUCIDO. SI SE DIERA LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA, SITUACIÓN QUE SERÍA INFORMADA OPORTUNAMENTE EN LAS HORAS ESTIMADAS, SERÍAN LAS SIGUIENTES (HORAS).

Tanto ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados como ante la fiscal Solange Huerta, quien indaga eventuales responsabilidades penales por las fallas en los sistemas de alerta, los dos funcionarios de turno de la Onemi declararon que el documento les resultó ambiguo. Y no sólo eso: a juicio de ambos, se contradecía con la información que les transmitía el SHOA por frecuencia VHF.

–No tenemos ningún reparo en declarar una alerta de tsunami si la información es clara y precisa –testificó ante los diputados el radio operador de la Onemi, Rafael López–. Sin embargo, en este caso, a mí entender, no fue así.

En tanto, el capitán de navío Mariano Rojas, quien dirigía el SHOA y resultó destituido por los errores de ese organismo, dirá que el fax fue claro, partiendo por el título, y que los mensajes radiales –de los cuales no existe respaldo– no hicieron más que ratificarlo.

–Obviamente, si la Onemi tenía dudas sobre las acciones que estábamos proponiendo, debió preguntar. Deberían haberme dicho que no les quedaba clara la información –sostuvo ante los diputados el ex director del SHOA.

Cinco años atrás, la tarde del domingo 16 de enero, otro fax proveniente del SHOA generó confusión. Tras dar cuenta de un sismo en la isla Yap, en la Micronesia, el comunicado describía en letras mayúsculas la siguiente situación:

LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE. SIN EMBARGO, PUEDE PROVOCAR PEQUEÑOS CAMBIOS EN EL NIVEL DEL MAR EN ÁREAS CERCANAS AL EPICENTRO.

El fax fue despachado a las diferentes gobernaciones marítimas y capitanías de puerto, además de la Onemi. A todas luces es más claro y directo que el anterior, sin dejar lugar a ambigüedades. Sin embargo, por alguna razón, atribuida tal vez a la prevención respecto a que el sismo “puede provocar pequeños cambios en el nivel del mar en áreas cercanas al epicentro”, en la principal zona naval del país no lo habrían leído correctamente.

Resulta significativo que el error –de acuerdo con las indagaciones del fiscal Raúl Bustos– se haya generado en la Base Naval de Talcahuano. La II Zona Naval es el mismo escenario de una fuerte controversia por la información que la madrugada del 27 de febrero entregó su máxima autoridad, contralmirante Roberto Macchiavello.

De acuerdo con testimonios de representantes de Carabineros, Bomberos y operadores de puerto y ex autoridades políticas, en las horas posteriores al terremoto el jefe naval descartó en todo momento la ocurrencia de un tsunami, lo que fue transmitido a la población por el intendente Jaime Tohá. El contralmirante Macchiavello, quien se mantiene en su puesto, niega estas versiones. Ninguno de los dos aún ha prestado aún declaraciones ante la fiscal.

CONTRADICCIONES

El oficio de mayo de 2005 con que el fiscal Raúl Bustos se declaró incompetente para seguir investigando el falso tsunami, derivando la causa a la Fiscalía Naval, señala lo siguiente:

“Se obtuvo antecedentes que confirman fuente de origen de la información en la Armada, por lo que se procedió a tomar declaración a funcionarios de la Gobernación Marítima de Talcahuano, que en términos generales arrojaron contradicciones sobre procedimientos, competencias, informaciones y hora de ocurrencia de los hechos”.

Las contradicciones habrían partido por los canales de comunicación internos.

Si bien uno de los marinos declaró ante el fiscal que la información del SHOA debería ser recibida por la Oficina Distribuidora de Mensajes, que reporta al oficial de servicio y éste a su vez al gobernador marítimo, la investigación del Ministerio Público determinó que este procedimiento no se cumplió.

No todos los marinos que estaban de turno ese día y que fueron interrogados parecían tener claro qué hacer en caso de una emergencia.

Mientras el cabo primero Ricardo Mella Cruces dijo que en caso de una alerta de tsunami debía activarse el Plan Campanazo, procedimiento que “no dura más de tres minutos” y en el cual “el gobernador marítimo toma el control de la situación”, el cabo segundo Rodrigo Cutiño Barrientos, a cargo de la central telefónica, declaró que, “en caso de que hubiera ocurrido un tsunami, no existía un plan de operación”.

En problema no sólo estaba en la Armada. Como en la Oficina Regional de Emergencia (Oremi) del Bío Bío trabajaba únicamente su director, Juan Enrique Romero, quien sólo laboraba días hábiles y en horario de oficina –lo que se repetirá en 2010–, éste recibió en su casa un llamado telefónico desde Santiago para advertirle que le habían enviado un fax a su oficina. Ese fax era el mismo despachado por el SHOA.

Para entonces, el pánico comenzaba cundir en Concepción, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Hualpén, Chiguayante, Penco y Coronel. En su declaración ante el fiscal, Romero dirá que la primera información que tuvo sobre evacuaciones masivas provino de un sector de marinos de la población Las Higueras. “Había movimiento de gente que estaba cargando sus vehículos para arrancar hacia el cerro”, testificó el funcionario.

De acuerdo con el mismo relato, cuando la situación ya estaba fuera de control, pasada la medianoche, el director de la Oremi del Bío Bío logró tomar contacto con Carlos Morelli, encargado de Emergencias de la Municipalidad de Concepción, a quien le dijo: “Alguien tiene que salir a desmentir esto”.

Como se desprende de esa declaración, no había claridad acerca de quién debía asumir la vocería en una crisis. Tampoco en la Onemi parecía haber un plan de acción definido en casos como estos.

En el mismo testimonio, Juan Enrique Romero contará que cerca de la medianoche, tras tomar contacto con Carmen Fernández, quien oficiaba de directora subrogante de la Onemi, “planificamos respecto de estrategias a seguir para comunicarle a la población de que todo era una falsedad, y optamos como primera medida concurrir a los medios de comunicación”.

A raíz de esa experiencia, unos meses después del falso tsunami la intendencia regional suscribió un acuerdo para que radio Bío Bío oficiara de emisora oficial en caso de emergencias. Pero no es que ese acuerdo se haya activado el 27 de febrero último, señala Piero Mosciatti, uno de los propietarios de Bío Bío: simplemente era la única emisora que estaba en condiciones de operar.

Lo cierto es que en 2010 no hubo oportunidad de poner en marcha estrategia alguna. Jorge Henríquez, quien oficiaba de director de la Oficina Regional de Emergencia del Bío Bío, sólo pudo comunicarse con la oficina central en Santiago por pocos segundos mientras se desarrollaba el terremoto. Después quedó incomunicado como buena parte de la población.

Henríquez no era el único funcionario de la Oficial Regional de Emergencia. Desde 2008 trabajaban otros tres. Sin embargo, no había implementado un sistema de turnos para funcionar las 24 horas.

ISLA QUIRIQUINA

Desde su oficina en el centro de Concepción, donde hoy ejerce la actividad privada, el ex fiscal Raúl Bustos recuerda que la investigación de 2005 fue igual a buscar una aguja en un pajar. No había claridad acerca de cómo había empezado el rumor, y en teoría, porque nadie se hacía cargo de él, cada habitante cercano a la costa de la del la VIII Región era un potencial testigo.

–Nuestro punto de partida fue el siguiente: para que esto haya prendido tiene que haber sido una fuente creíble –dice el abogado.

Con este principio, el fiscal y dos policías interrogaron a decenas de potenciales testigos, varios de los cuales coincidían en que los primeros movimientos se habían generado en población Higueras, de amplia presencia de marinos. Pero la pista más clara surgió cuando dieron con dos mujeres, familiares de funcionarios de la Armada, que coincidían en haber escuchado una alerta pública mientras se encontraban gozando de una tarde de playa en la isla Quiriquina, sede la Escuela de Grumetes.

En su declaración a fiscalía, Nilda Luisa Mellado Retamal aseguró haber escuchado junto a una sobrina un llamado de alerta ante la proximidad de un tsunami. El testimonio fue ratificado por la sobrina, Miriam Elizabeth Bravo, quien estaba casada con un sargento 1° de la Armada. En su testimonio, que quedó adjunto a la carpeta de la investigación naval, se lee lo siguiente:

-Cuando escuché esto me miré con la tía Nilda y le pregunté: Tía, ¿escuchaste? Y ella me miró igual de sorprendida y me dijo Sí, escuché, y nos reímos en ese momento. Nos causó gracia y ahí nosotras nos empezamos a preguntar ¿Qué vamos a hacer?, ¿por dónde vamos a arrancar? (…) Pienso que el resto (de las personas) pensó que era una broma.

Los testimonios de ambas mujeres –junto con otros elementos de prueba– llevaron al fiscal a declararse incompetente y pasar los antecedentes a la Fiscalía Naval de Talcahuano. La causa fue seguida por el capitán de corbeta Juan Pablo Soteras Campos, quien ofició de fiscal naval y completó dos gruesas carpetas con múltiples testimonios de marinos que contradecían la tesis de su par civil. Ninguno había escuchado algo semejante a una alerta de tsunami en la isla Quiriquina. Ni en la isla ni en ningún otro lado. Ninguno arrancó a los cerros ni reparó en el caos que vivía Talcahuano.

En buenas cuentas, los cerca de cincuenta funcionarios de la Armada interrogados por el capitán de corbeta desmintieron tener relación alguna con el origen del rumor.

El 14 de diciembre de 2005, la Fiscalía Naval de Talcahuano se declaró incompetente por cuanto, según se lee en la resolución, “no existe participación de personal militar” en los hechos investigados.

Sobre el fax del SHOA, indica que fue recibido en Talcahuano “por la Comandancia en Jefe de la Segunda Zona Naval y en la Comandancia en Jefe de la Fuerza de Submarinos, sin que ninguno de estos Mandos en Jefe difundiera la información a sus Unidades y Reparticiones dependientes. Por lo tanto, el mensaje nunca fue recibido en la isla Quiriquina”. También consigna que “se interrogó al personal naval residente en (la población) Higueras a la época de los hechos investigados, manifestando todos que no hubo evacuación de personal naval”.

La resolución está firmada por Fernando Jiménez Loosli, capitán de fragata y auditor naval, y por el contralmirante Daniel Arellano Walbaum, jefe máximo de la base de Talcahuano que actúa como juez naval. Este último oficial dejará su cargo y pasará a retiro en los mismos días en que despachó el citado informe. En la ceremonia de despedida, Arellano Walbaum destacó que el falso tsunami permitió extraer enseñanzas “tanto en aspectos comunicacionales como en los sistemas de alerta y de emergencia”.

Entonces la causa volvió al Ministerio Público y a principios de 2006 fue archivada definitivamente.

SEÑALES DE ALERTA

Lo ocurrido en 2005 fue una lección que bien pudo servir para afrontar de mejor manera la emergencia de 2010. Un llamado de atención. Así lo alertó una editorial del diario El Sur de Concepción publicada en 2007, a dos años del falso tsunami: “Más allá de los recuerdos de una huida en masa, lo más evidente de aquellas horas de terror fue la nula preparación regional para enfrentar una emergencia de semejante magnitud”.

Las fallas en los sistemas preventivos también fueron alertados por quien fuera director del SHOA hasta 2005. De acuerdo con cercanos al capitán de navío Roberto Garnham Poblete, éste insistió permanentemente ante las autoridades civiles y militares de las deficiencias de los sistemas de alerta y emergencias ante tsunamis. Estaba convencido de que en cualquier momento podría ocurrir un desastre de esa naturaleza. Por ello implementó un sistema de conexión directo y permanente con el ex director de la Onemi mediante una radio HF. Sin embargo, la mayoría de sus propuestas no fueron tomadas en cuenta por sus superiores.

También el fiscal que llevó la causa del falso tsunami se queja de no haber sido tomado en serio.

–La verdad de las cosas es que en ese tiempo estaba solo en esto. No había ánimo de llegar a la verdad ni de formalizar a alguien, menos a algún funcionario de la Armada. El mensaje que recibí de mis superiores fue que esta investigación había que terminarla cuanto antes –se queja el Raúl Bustos, sin especificar el nombre de los aludidos.

Una situación similar puede ocurrir con la investigación que desarrolla la fiscal Solange Huerta. No porque no haya ánimo de investigar, todo lo contrario: cuenta con apoyo institucional y desde que se hizo cargo de la causa ha realizado un fuerte despliegue por el centro y el sur del país en busca de antecedentes. Sin embargo, si llega a establecer responsabilidad de funcionarios de la Armada, como parece estar ocurriendo, se verá obligada a declararse incompetente y pasar los antecedentes a la autoridad naval.

Varios millones de dólares en propiedades controla la Unión Sacerdotal cuyo líder es Fernando Karadima, el religioso acusado de abusos sexuales. CIPER detectó más de una decena de inmuebles a nombre de la organización, la que además controla la propiedad de la parroquia El Bosque -avaluada en más de US$ 10 millones-, templo desde el cual Karadima construyó su red de influencia en la elite conservadora. Se trata de datos clave en las investigaciones judicial y eclesiástica, pues el círculo de Karadima ha efectuado millonarios pagos a personas que denuncian abusos o que podrían ser testigos y se requiere establecer el origen de esos dineros. Entre los bienes hay inmuebles comprados por orden de Karadima en los que vivió el médico James Hamilton en el mismo período en que, según acusa, el sacerdote mantuvo relaciones sexuales con él. Las acusaciones de los cuatro denunciantes originales fueron reforzadas por impactantes relatos a los que CIPER tuvo acceso, entre ellos el del canciller del Arzobispado y ex miembro de la Unión Sacerdotal, Hans Kast.

El 22 de agosto del 2009, 16 días después de cumplir 79 años, el sacerdote Fernando Karadima Fariña llegó hasta el nuevo condominio Parque las Lilas, en Eliodoro Yáñez 2831, esquina El Bosque. Una imponente torre de 16 pisos. Lo acompañaban cinco sacerdotes y un laico, que constituyen hoy su núcleo más íntimo, su último círculo defensivo frente a las acusaciones de abuso sexual que enfrenta ante la justicia desde abril de este año.

Allí estaban los sacerdotes Juan Esteban Morales Mena y Diego Ossa Errázuriz, párroco y vicario de la iglesia el Bosque, respectivamente; Andrés Arteaga Manieu (obispo auxiliar de Santiago), José Tomás Salinas Errázuriz y Antonio Fuenzalida Besa, el trío que hoy constituye la directiva de una organización muy relevante en la historia del sacerdote Karadima, la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús.

En el grupo también iba Francisco Costabal González, ingeniero y presidente de la Acción Católica, movimiento de laicos de la parroquia El Bosque y quien vive en la misma iglesia.

En la flamante torre, el grupo pidió ver los planos y visitó el departamento piloto. Para las distintas personas que observaron el recorrido que hizo -y cuyo testimonio recogió CIPER-, quedó claro que uno de ellos ostentaba toda la autoridad. Sólo Karadima hacía las preguntas y decidía qué hacer, comentando sobre la calidad de lo que buscaban. Los demás asentían.

El departamento que más le complació tenía tres habitaciones y tres baños repartidos en 156 metros cuadrados. Desde el ventanal principal se podía ver la parroquia El Bosque en toda su extensión y la plaza Loreto Cousiño, bautizada así en homenaje a la antigua propietaria de toda esa zona que en los años 40 dio los dineros para levantar el templo donde Karadima fue vicario durante 25 años y párroco por casi 23 años.

Al parecer, Karadima quedó satisfecho. Cuatro días después volvió para supervisar la compra del departamento 801 de la torre A, más dos estacionamientos y una bodega. Todo en 7.491 UF, unos 159 millones de pesos (UF de $21.230).

El departamento, sin embargo, no quedó a nombre de Karadima. Se inscribió como patrimonio de la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús. Y quien firmó la compra fue Andrés Arteaga Manieu, que además de obispo auxiliar es director de esa organización desde hace más de 20 años.

Dicho departamento fue el segundo que los sacerdotes de la Unión Sacerdotal compraron en ese condominio. El primero fue adquirido con anterioridad, en verde, el 801 de la torre B de Eliodoro Yáñez 2839. Pagaron otros 159 millones. También éste tiene vista a todas las instalaciones de la parroquia El Bosque.

El súbito impulso inmobiliario de la directiva de la Unión Sacerdotal y su conductor, Fernando Karadima, no terminó allí. Días después, en septiembre de 2009, el grupo realizó una nueva inversión: compraron otros dos departamentos en la Torre A del mismo condominio (el 701 y el 1201 más cuatro estacionamientos y dos bodegas). Lo cancelaron con un vale vista por 15.158 UF, unos $320 millones.

En dos meses, el padre Karadima supervigiló la compra de propiedades por más de $600 millones.

A diferencia de los dos primeros departamentos, los dos últimos quedaron a nombre del sacerdote Antonio Fuenzalida Besa, consejero y pieza clave de la estructura financiera de la Unión Sacerdotal y también del círculo más estrecho de la confianza de Karadima.

Fuenzalida, párroco de San Vicente de Paul (Paradero 14 de Vicuña Mackenna), es también uno de los dueños de Turismo Cocha, empresa que normalmente usaba Karadima para sus continuos viajes al extranjero. La investigación de CIPER arroja que viajaba normalmente al menos una vez al año fuera de Chile. Lo hacía en primera clase y se hacía acompañar de un séquito de al menos tres o cuatro personas.

La Unión Sacerdotal obtuvo su personalidad jurídica el 13 de agosto de 1948 y su misión fue fomentar la misericordia y la adoración de Jesús entre los sacerdotes diocesanos que se sumaran a ella. Pero lo hechos indican que uno de sus objetivos ha sido también la acumulación de bienes inmuebles. Sólo en los alrededores de la parroquia El Bosque, CIPER logró ubicar otras cuatro propiedades a su nombre:

Dos departamentos están en la comunidad “Los Apóstoles”, edificada frente a la parroquia El Bosque (el Nº 602 de El Bosque 915 y el Nº 702 de El Bosque 957 más cuatro estacionamientos y dos bodegas). Por cada uno se pagó más de $66 millones. Y una casa en Carlos Antúnez donada a la Unión Sacerdotal por Nicolás Arzía Goles en 1984.

El cuarto inmueble está ubicado dentro de las instalaciones de la iglesia pero separado y con una puerta de entrada por calle Eliodoro Yáñez Nº 2820. Allí funciona el “Centro Médico El Bosque”. Su avalúo fiscal es de $156 millones y la Unión Sacerdotal paga contribuciones por $469 mil. Lo arrienda un grupo de médicos que paga la mensualidad a una cuenta a nombre de la Parroquia El Bosque.

Pero hay otro bien raíz que es el más valioso y el que encierra los mayores misterios. Es la manzana donde se ubican todas las instalaciones de la iglesia del Sagrado Corazón (El Bosque), un conjunto que incluye la imponente torre y una casa sacerdotal, obra del arquitecto italiano Carlos Bresciani. Su avalúo fiscal es de 5 mil 164 millones de pesos (unos 10 millones de dólares). No paga contribuciones, por ser un lugar destinado al culto. Y como propietario, figura la “Parroquia de El Bosque”, una entidad sin RUT.

¿Quién representa a esa entidad? La exhaustiva búsqueda que hizo CIPER en el Conservador de Bienes Raíces, la Municipalidad de Providencia, Impuestos Internos y otros registros oficiales, muestra que esta enorme propiedad está bajo el control de la Unión Sacerdotal, es decir bajo el control de Fernando Karadima (Ver recuadro). Uno de los documentos que lo prueban fue presentado ante la municipalidad de Providencia. Está fechado el 24 de mayo de 1988 y lo firma el sacerdote Andrés Arteaga, obispo auxiliar de Santiago y director de la Unión hasta hoy. En el solicita, como representante del propietario del terreno “que tiene además acceso por calle El Bosque Nº 822 y Juan de Dios Vial Nº 1225”- un certificado de número.

LOS PAGOS QUE ACUSAN

La precisión sobre los bienes de que dispone Karadima, la Unión Sacerdotal y los obispos y sacerdotes que componen su círculo más íntimo, se ha vuelto un tema crucial en la investigación judicial por los abusos sexuales de los que está acusado tanto él como el sacerdote Diego Ossa, vicario de la Parroquia del Sagrado Corazón.

Y ello porque los orígenes y montos de los recursos que maneja Karadima y su grupo se convirtieron en nudo de la investigación judicial en el preciso momento en que la fiscalía que investiga los abusos sexuales detectó las extrañas “donaciones” de varios millones de pesos que Karadima y el vicario Diego Ossa hicieron a personas que podían tener información sobre los hechos denunciados. Todos ellos cercanos a la Unión Sacerdotal y al cerrado grupo de la Iglesia de El Bosque.

Al menos uno de ellos, Oscar Osbén, funcionario de la Fundación Las Rosas entre 2003 y 2006 (la que dirige el sacerdote Andrés Ariztía, miembro de la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón), dijo haber sido abusado por el vicario Diego Ossa en la Parroquia Jesús Carpintero de Huamachuco, y le pidió $100 millones “en compensación por los daños”. Así consta en los testimonios y documentos que recogió CIPER.

También en la fiscalía existe constancia de ello, ya que Diego Ossa, actual vicario de la Parroquia El Bosque, admitió haberle pagado a Osbén $8 millones, acotando: “y no se le dará más”.

Karadima, en su declaración ante el fiscal, afirmó que se le habían pagado $10 millones. Una cifra distinta a la que CIPER recogió de C.E., quien conocía desde hacía muchos años a Diego Ossa y a Osbén y que además trabajó en la Parroquia El Bosque hasta el 31 de mayo pasado. Según C.E., a Osbén le pagaron una parte en dinero efectivo, más la cancelación de una deuda por un auto Chevrolet Sedán que mantenía con la empresa Forum y otros tres millones y medio de pesos por una deuda en los dividendos de su casa.

¿De dónde salieron los dineros para esos pagos?

Testigos directos consultados por CIPER afirman que buena parte de los beneficios se dieron en dinero en efectivo y al menos uno de ellos, a Oscar Osbén, fue hecho con un cheque firmado por el propio sacerdote Karadima.

De hecho, fueron estos pagos a Osbén, realizados a través del abogado de Karadima, Juan Pablo Bulnes Cerda, los que gatillaron el envío del juicio a un tribunal del sistema antiguo. Y ello, porque el fiscal Xavier Armendáriz, encargado de la investigación, ordenó que se allanara la oficina del abogado Bulnes.

El rol de Bulnes en este episodio es relevante. Se reunió con Osbén al menos en tres ocasiones. La primera en una clínica de Santiago. La última, en el Parque Arauco, precisamente el domingo de Pentecostés, cuando los católicos celebran la bajada del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que les entrega la fuerza para salir a evangelizar, y que se interpreta como el nacimiento de la Iglesia Católica.

Cuando Armendáriz solicitó a un juez la autorización para el allanamiento, éste ordenó que el juicio fuera enviado al sistema antiguo ya que todas las denuncias de abusos sexuales databan de antes de 2005. La oficina del abogado Juan Pablo Bulnes no fue allanada. Sin embargo, la arista de la investigación por los pagos sigue en manos de Armendáriz.

OTRO MISTERIO DE KARADIMA

El conductor y guía espiritual de los miembros de la Unión Sacerdotal y de El Bosque, no tiene, al menos en Santiago, propiedades a su nombre. La que tenía en calle Padre Restrepo 2615, departamento Nº 3, herencia de su madre, la vendió en enero de este año en 2 mil UF.

Karadima tampoco registra inicio de actividades ante Impuestos Internos. No paga impuestos. Sin embargo, sí posee dos autos: ambos VW. Un Golf modelo 2.0 del 2000 y otro modelo Gol Crossover 2008 color gris urano, adquirido el 9 de enero de 2008.

Uno de los numerosos cercanos a la comunidad o miembros de ella con los que CIPER habló, afirmó que Karadima controla varias propiedades, pero que todas ellas las pone a nombre de otros sacerdotes. Que muchas de ellas se arriendan y los pagos van directamente a la cuenta de Karadima. Sólo unos pocos van a las cuentas de la Parroquia (corriente y de inversiones) en los bancos de Chile y BICE.

Al informarse de las “donaciones” hechas por Karadima a posibles testigos del caso, el Arzobispado de Santiago se apuró en averiguar si se habían ocupado los dineros que aportan los fieles a la Parroquia del Sagrado Corazón. La investigación, hecha por el obispo auxiliar Fernando Chomalí, determinó que no fue así. Incluso se hizo una declaración pública al respecto.

No obstante, la investigación de CIPER logró determinar dos aspectos centrales de estos pagos.

El primero: el Arzobispado no puede fehacientemente demostrar que no hay dineros de fieles usados en estas entregas de dineros, simplemente porque no existe una contabilidad clara. De hecho, solo hay un libro de ingresos y de egresos, los que revisó el obispo Chomalí. Y estos libros calzan. Pero son libros contables primarios. Ni siquiera incluyen balances. Sólo ahora, a raíz del escándalo, se comenzó a utilizar un sistema contable. Por lo tanto, nadie puede afirmar que todas las donaciones recibidas por la parroquia figuren en los libros.

Lo cierto es que CIPER ha reunido media docena de fuentes que afirman que eso no es así. Una de ellas es C. E. , quien desde hace mas de 13 años está ligado a miembros de la comunidad de El Bosque y que hasta el 31 de mayo pasado fue sacristán en ella.

C.E. afirma que todos los empleados de El Bosque ganaban más de lo que aparecía en las planillas que se enviaban al Arzobispado. Ese dinero extra, que él mismo recibía y que casi duplicaba su sueldo, se los pagaban en efectivo: “El padre Fernando (Karadima) nos decía que lo hacían así para evitar comentarios y que en el Arzobispado no supieran cuánto ganábamos de verdad”,

Un segundo hecho arroja dudas sobre el uso que hace Karadima y su grupo de los dineros que han recibido y reciben como donativos. Y éste se desprende de las millonarias “ayudas” a los empleados que abruptamente se produjeron en la comunidad de la Iglesia del Sagrado Corazón hacia fines del año pasado. Precisamente en el momento clave de las denuncias contra Karadima.

El propio sacerdote acusado asumió frente al fiscal que al primer sacristán de la iglesia desde 1982, J. Onésimo Cea y a su esposa Silvia, cocinera de El Bosque desde 1994, les compró una casa, justamente el año pasado, “en la que se invirtieron $ 20 millones”. Y acotó: “Lo hice porque yo lo quise. Agradecido por cómo se portó con mi madre”.

Otro de los empleados que en octubre pasado recibió un regalo fue el secretario P. Vasconcellos, a quien Karadima afirmó haberle entregado de ocho a 10 millones de pesos.

Y hay más movimientos. Todos se desencadenaron después que el canciller del Arzobispado recibió nuevamente las denuncias de abuso sexual en contra de Karadima (que se originaron en 2003), a fines de 2009. Ese canciller es Hans Kast, el mismo sacerdote que perteneció durante 20 años a la comunidad de El Bosque y a la Unión Sacerdotal, de las que cortó todo vínculo en 2005.

CONTROL TOTAL

El 10 de mayo de este año el sacerdote Hans Kast Rist, declaró ante la justicia en la investigación por abuso sexual que tiene como acusado al párroco de El Bosque.

Karadima fue párroco durante 23 años (hasta 2006) de ese templo y confesor y director espiritual de cientos de jóvenes de la elite económica y social. Entre ellos estaba el propio Hans Kast, su discípulo hasta que se distanciaron en 2005.

Kast declaró ante la fiscalía que vio a Karadima besar a dos adultos jóvenes en la boca, afuera de su habitación en la parroquia y que a uno de ellos le pidió que el beso fuera con lengua.

Relató también que una vez vio a Karadima referirse a un adulto joven como su “dama de compañía”, a otro lo llamó “pololo” y a un tercero le tocó los genitales y las nalgas por fuera del pantalón. Que a veces algunos adultos jóvenes se quedaban hasta muy tarde con el padre Karadima y se iban de madrugada por la puerta de atrás de la parroquia, por calle Juan de Dios Vial.

El actual canciller del Arzobispado habló también de “los cuetos”, una expresión que usaba Karadima para referirse al sexo y que surgió a partir de un programa de televisión sobre sexualidad y relación matrimonial de Enrique Cueto. Y declaró que Karadima le pedía a James Hamilton que hicieran un “cueto profundo”.

James Hamilton es uno de los principales denunciantes de Karadima, junto a José Andrés Murillo, Fernando Batlle Lathrop y Juan Carlos Cruz Chellew.

La declaración de Kast le dio otra fuerza y cariz a las acusaciones contra Karadima en un momento en que buena parte de la elite católica conservadora no quería creer lo que se decía del sacerdote que había marcado generaciones. A los denunciantes Kast les da un respaldo inesperado y desconocido hasta ahora.

En su testimonio no sólo habla de toqueteos o juegos homosexuales, como algunos otros testigos. El canciller del Arzobispado sugiere que Karadima puede ser capaz de dominar las voluntades de jóvenes que se acercan a él confiadamente. De hecho, cree que puede ser necesario que se lo someta a un examen sicológico.

Kast relató a la fiscalía que a veces Karadima parece querer reemplazar la figura paterna de algunos jóvenes, subvalorando a sus padres reales. Y dice estar preocupado por algunos adultos jóvenes y la influencia que se ejerce sobre ellos. Y se pregunta si no habrá víctimas en su grupo más cercano, personas a las que hay que ayudar a liberarse sanamente. Se pregunta si en Karadima no hay un “encantador espiritual”.

Por último, el sacerdote que declaró haberse alejado de allí aburrido del constante uso del lenguaje de doble sentido en el círculo más cercano a Karadima, se pregunta si lo que ocurre ahí no es un ambiente inflamable en el que basta una pequeña chispa para que ocurra un abuso mayor.

Karadima le respondió. En su círculo y ante el fiscal. A éste último le dijo: “Encuentro una infamia y una falsedad lo que él dice. Fuimos muy cercanos durante 25 años, veraneé con otras personas en su campo muchas veces, pero nos distanciamos en 2005, él se alejó, ignoro exactamente por qué… son infamias… No me explico el por qué de su actitud, quizás le cayó mal algo que dije sobre sus estudios o lecturas o sobre su intento de cambio de nombre”.

Y sobre el uso de la palabra “cuetito”, añadió: “En cuanto a lo que significa ‘cueto’, fue por un programa de la TV y para mí significa alguna conducta inmoral, indebida”.

DOS TESTIGOS CLAVE

Un testimonio que ahonda en la personalidad de Karadima ofreció también el sacerdote Fernando Ferrada Moreira, párroco de la iglesia Jesús Carpintero de Renca. Fernando y su hermano Andrés, también religioso, se formaron en El Bosque, al alero de Karadima, pero Andrés se separó hace algunos años del sacerdote.

Karadima, dijo Fernando Ferrada, tiene una personalidad fuerte “que impone su voluntad confundiéndola con la voluntad de Dios, y que confunde la salvación con hacer su voluntad e insiste en la obediencia.”

Fernando Ferrada sabe a los extremos que se pude llegar obedeciendo a Karadima. “A mí me alejó de mi hermano Andrés debido a que él se apartó de su influencia. Sólo ahora hemos vuelto a hablar después de mucho tiempo en que no lo hacíamos. Todo esto ha sido como un proceso paulatino de darme cuenta de lo que sucede”, declaró.

Distintos testimonios recogidos por CIPER muestran a un “Karadima público” que conocen los fieles y otro, muy distinto, que se despliega ante sus más cercanos. Es lo que dice F.G.B., quien se acercó a la parroquia a los 18 años, en los momentos en que su padre pasaba por una grave enfermedad.

Su testimonio es clave para la investigación judicial y también para la eclesiástica (ver recuadro). Muestra a un Karadima contradictorio, cruel y obsesionado con el dinero. Dice: “Una vez lo vi vaciar las bolsas de la colecta de la misa suya, que era muy concurrida y se juntaba bastante dinero, y arrojar monedas y billetes al aire, diciendo ‘Y pensar que toda esta plata es mía’”.

Y añade: “Pero lo que más me desconcertaba era su actitud física, pues tenía la costumbre de dar golpecitos en la zona genital, como a la pasada. Lo vi muchas veces y también lo hacía conmigo. Siempre se iba a esa parte del cuerpo. También daba besos en la cara muy cerca de la boca; había que corrérsela, y a veces los besos quedaban ‘cuneteados’. Incluso me daba cuenta de que algunos de los jóvenes eran como expertos en esquivar la situación, como Horacio Valenzuela, el actual obispo de Talca, que era maestro”.

LA MASTURBACION QUE APRISIONA

En el relato de James Hamilton, uno de los principales denunciantes, aparece una y otra vez el carácter dominador. Una de sus facetas era el control económico.

Hamilton se acercó a la Parroquia El Bosque a los 17 años. Igual que otros denunciantes que acusan abuso sexual, a Hamilton le faltaba el padre. Karadima le dijo que él sería su padre. Y que tenía que saludarlo como tal, de beso. Dice que pronto, empezó moverle la cara para robarle un beso en la boca para luego reírse diciendo que era una broma. También le toqueteaba los genitales, como accidentalmente. Y como él veía que a todos se lo hacía, pensaba que Karadima estaba poniendo a prueba su templanza sexual.

Cuando tenía 18 años, estando de paseo en Viña, Karadima lo masturbó. Hamilton dijo ante la fiscalía que quedó estupefacto, pero el sacerdote le dijo que era una caída menor. Lo mandó a confesarse con otro cura para que dijera, sin entrar en ningún detalle, que había cometido un “pecado de pureza”.

Hamilton afirma que a partir de ahí quedó preso de Karadima. Se sentía lleno de miedo y a la vez culpable de haber provocado algo así. Pensaba que Karadima era un hombre santo. Como lo creían la mayoría de los jóvenes que lo rodeaban. Y lo siguió pensando durante la larga y tortuosa relación que mantuvo con Karadima y que duró 22 años, los que incluyen los 18 años que estuvo casado.

Una vez que Hamilton se casó, con una mujer que Karadima aprobó y que también pasó a formar parte de la Parroquia El Bosque, el sacerdote lo mantuvo bajo control mandándolo a vivir a viviendas contigua a la parroquia. Incluso entonces, lo siguió visitando en su casa. Pero el sexo y el acoso jamás se interrumpieron.

Su ex esposa corroboró sus dichos en una declaración ante los tribunales eclesiásticos. “Karadima le pidió a un sacerdote que comprara un departamento en el barrio para luego arrendarlo a nosotros”. El departamento en cuestión es el 802 de El Bosque Nº 1247. Tiene 140 metros: 3 dormitorios, 3 baños y una gran terraza con vista sobre la parroquia. Su propietario: el sacerdote Jaime Tocornal Vial, párroco de la iglesia San Luis Beltrán, en Pudahuel Sur, y miembro de la Unión Sacerdotal.

Según la escritura, pagó 6 mil 535 UF al contado ($138 millones de hoy). La compra se hizo en 1997, el mismo año en que Hamilton llegó a vivir ahí, lo que implica que el sacerdote lo compró e inmediatamente se lo arrendó a Hamilton.

Otros sacerdotes que compartieron con Hamilton en esa época en El Bosque afirman que en esos años la pareja no podría haber pagado una propiedad así. En ese departamento Hamilton recibía periódicamente a su único confesor y guía espiritual, el que también se transformó en confesor de su esposa. Es ella la que revela que durante la confesión, el padre le pedía detalles de su vida marital con Hamilton.

La pareja vivió allí hasta 2001. Ya con tres hijos, se mudó a una casa también cercana a la parroquia y elegida por Karadima. Está ubicada en Las Baleares 937. CIPER comprobó que fue comprada justo en 2001 por Francisco Prochaska Vecsey, un hombre clave en el círculo íntimo de Karadima. Su precio: 3.036 UF (unos $64 millones de hoy).

Todos los consultados por CIPER dicen que Prochaska no tenía en esos años dinero suficiente para comprar una propiedad de ese valor y menos al contado. También aseguran que esa casa se la donó Gonzalo Tocornal a Karadima y que Pochaska sería una suerte de simple custodio de esa donación. Consultado por CIPER, Prochascka se negó a responder.

Allí vivió Hamilton y su familia hasta el año 2004. Años en que las tocaciones y masturbaciones al dueño de casa continuaron, a veces incluso en el segundo piso del hogar cuando el resto de la familia permanecía en la planta baja. Así lo declaró el propio Hamilton ante el fiscal.

Hoy esa casa la habita Prochaska. Vecinos del lugar dicen que con relativa frecuencia el padre Karadima se deja ver por allí, a la hora de la cena.

*Multimedia: Además revise el mapa de la Iglesia de El Bosque

(*) Esta investigación contó con la colaboración de la estudiante en práctica Lissette Fossa.

La última encuesta CASEN confirmó que la desigualdad sigue siendo un problema agudo en Chile. Una realidad mucho más cruda que la imagen país instalada. Mientras unos discuten cuántos son los pobres y el impacto de los programas sociales de los gobiernos de la Concertación, las cifras siguen mostrando el mapa de los logros y también el fracaso de la promesa de terminar con la miseria. El debate no es sólo para economistas. Entre expertos y autoridades CIPER buscó las dos caras del diseño y control de la red de protección social. Y entrega una reseña de los errores de diagnóstico e implementación que atentaron contra la eficiencia del Chile Solidario, el programa estrella para combatir la pobreza que sigue siendo una pieza clave de las políticas sociales para enfrentar el urgente desafío de los que no pueden esperar.

Erradicar la indigencia es una de las promesas de campaña que Sebastián Piñera renovó a la luz de los resultados de última encuesta CASEN. Terminar con la miseria fue también uno de los compromisos de Ricardo Lagos casi una década antes. Aunque hubo importantes avances, algo falló en el camino y el debate sobre el combate a la pobreza extrema ha vuelto a posicionarse como un tema central de la agenda política.

El desafío de Lagos se inició en un ciclo de sesiones bautizadas como “Seminarios Académicos Presidenciales”. Fuera del horario de oficina y sin figurar en la agenda pública del Primer Mandatario, éste invitaba a expertos a debatir distintos temas. Eran su joyita y exigía total confidencialidad a cada uno de los asistentes. Nunca se filtró ni su existencia ni lo que se habló en los nueve seminarios que organizó durante su sexenio.

Lo que sí trascendió fue uno de sus resultados: el programa Chile Solidario. Corría abril de 2002 y en la Dirección de Presupuestos le daban vuelta al perfeccionamiento del sistema de protección social. Bajo la coordinación del asesor presidencial Víctor Tokman, ministros y una decena de funcionarios de gobierno, además de expertos de distintos centros de estudios y ONGs ligadas al tema de la pobreza participaron en el debate.

-Lo primero era decidir en qué concentrarnos, ¿pobreza, indigencia o equidad? Hubo partidarios de todo, pero naturalmente surgió que empezáramos con la indigencia. Había claridad en que era una tarea posible de atacar. El presidente le dio vueltas, insistió mucho en ese punto y estaba en la disyuntiva de cómo hacerlo -recuerda Tokman.

Harald Beyer, coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), a quien se le ubica en el sector más a la derecha del grupo, saltó entonces con una respuesta liberal: “Les mandamos un cheque, la gente sabe qué hacer con su plata, no se trata de imponerlo”.

La idea no era del gusto de algunos expertos que llevaban tiempo trabajando en el tema de la pobreza desde un mundo más de izquierda, orientando los esfuerzos hacía proyectos colectivos. Algunos sentían que el bono transformaría la relación con el Estado en un vínculo más clientelista: condicionaría el acceso a los beneficios sociales a un canje monetario individual. Pero Lagos enganchó con la idea de Beyer, consciente de que aunque modesto, un bono de $10.500 podía ser suficiente para sacar a un buen número de familias de la línea de la indigencia.

–Siento que no gané esa pelea– se lamenta hoy Beyer–. Soy partidario de una transferencia más generosa. Yo le dije al Presidente que se podía calcular cuánto faltaba para poner a las personas sobre la línea de la pobreza extrema, pero los otros insistieron en que eso iba a generar dependencia. Creo que si uno lo diseña bien, puede superar esa crítica.

Lagos también acogió la propuesta que traían Mideplan y el Fosis, donde ya se estaba ejecutando un plan piloto del programa Puente. Su símbolo era un tablero de juegos en que los participantes debían cumplir ciertos requisitos que los ayudarían a cruzar el puente para salir de la extrema pobreza.

La conclusión final fue que no bastaba con repartir dinero, sino que la política debía ir acompañada de un fuerte apoyo psicosocial que tomaría como base lo avanzado por el Fosis. Un profesional (“apoyo familiar”), visitaría periódicamente los hogares para fomentar la convivencia armónica y las competencias para obtener ingresos, junto con vincularos con las redes del Estado, donde recibirían asistencia prioritaria en salud, educación y acceso a mejor alimentación infantil, becas, subsidios y pensiones. A sugerencia de Beyer, El Puente iría acompañado de un bono, condicionado a aquellas familias que cumplieran con los pasos exigidos, como enviar a los niños al colegio o cumplir con los controles médicos.

Se formaron grupos de trabajo para diseñar el programa mixto y las decisiones se tomaron contra el tiempo. Faltaba cerca de un mes para el 21 de mayo, ocasión en que Lagos anunciaría la creación del Chile Solidario como eje de la política de protección social: “Es decisión de mi gobierno, que al término de mi mandato, en Chile ya no exista más el drama social de la indigencia y la miseria”.

A fines de ese año ya se estaba ejecutando y se transformaba en uno de los programas estrella de Lagos. No sólo prometía erradicar la indigencia, sino que era elogiado en distintos países por la innovadora forma con que combinaba apoyos familiares, acceso a los beneficios estatales y subsidios condicionados.

CASEN: Dos lecturas para el impacto del gasto social

La encuesta CASEN realizada en 2006 fue la primera que midió la pobreza después de un tiempo prolongado de funcionamiento del Chile Solidario. Si bien quedó claro que tras el fin del gobierno de Lagos no se había cumplido la meta de eliminar la indigencia, ésta seguía su trayectoria descendente: en un trienio bajó de 4,7% a 3,2%. En cuanto a la pobreza no indigente, entre 2003 y 2006 ésta había caído de 14% a 10,5%. En total, 13,7% de los chilenos todavía era considerado pobre y vivía bajo la línea artificial trazada por la CASEN. Aunque la forma de medición es criticada por los expertos, aún constituye la única medición oficial.

Pese a que durante la administración de Michelle Bachelet el foco estuvo precisamente en profundizar la red de protección social, la tendencia a la baja se interrumpió en la segunda medición realizada durante su mandato. El 13 de julio pasado, el Presidente Piñera dio a conocer las cifras de la CASEN 2009: 15,1% de la población es considerada pobre. El porcentaje se descompone en 3,7% de personas que viven en la indigencia y 11,4% de pobres no indigentes. El Primer Mandatario culpó a la burocracia, el despilfarro y la corrupción. Su ministro de Mideplan, Felipe Kast, apuntó a los altos costos administrativos y cuestionó la falta de evaluación de los programas existentes.

La interpretación del gobierno desató el vendaval. Implicaba una dura crítica a la política social de los gobiernos de la Concertación. Se cuestionó la lectura de los datos al obviar el efecto de la crisis económica internacional en los resultados.

-La encuesta se hizo exactamente en el nudo de la crisis, cuando el desempleo era 2,6% más alto que cuando se encuestó en 2006. La inflación del precio de los alimentos hizo que la canasta con que se mide la pobreza subiera 36%, mientras el IPC lo hizo en un 14%. Ése es el tema de fondo -explica el economista de la Universidad de Chile Alejandro Micco, ex jefe de asesores del Ministerio de Hacienda en el gobierno de Bachelet.

A su juicio, las políticas sociales atenuaron el impacto de la crisis: “No aumentó la deserción escolar, punto muy importante para el desarrollo futuro. Durante la crisis de 1982 veías las calles llenas de niños pidiendo plata. Un cambio sustantivo porque no estás hipotecando a las futuras generaciones por una crisis. Eso es protección social. Chile Solidario condiciona la entrega de dinero a la escolaridad”.

Este diseño permitió que, pese a la crisis y la pérdida de empleo, los más pobres contaran con un “paraguas” básico de programas sociales que les permitió enfrentar de mejor forma la tormenta.

A fines de julio, cuando aún no amainaba la discusión sobre el aumento de la pobreza, la segunda entrega de la encuesta CASEN, esta vez referida a la distribución del ingreso, reavivó la polémica. Kast puso el acento en el aumento de la desigualdad. Las cifras exhibidas eran dramáticas: si en 2006 los ingresos del 10% más rico representaba 31,3 veces el ingreso del 10% más pobre, en 2009 la brecha había subido a 42,3 veces. La brecha más alta desde 1990. Lo que no se destacó es que si a los ingresos propios de las familias (autónomos) se sumaban todas las transferencias hechas por el Estado a través de distintos subsidios, el aumento era más leve: de 23,9 a 25,9 veces.

Esta vez Micco salió públicamente a rebatir la información. En una columna en La Tercera escrita junto al ex ministro de Hacienda Andrés Velasco, argumentaron que la cifra entregada por Kast se refería sólo al ingreso familiar, y lo que correspondía era mirar el ingreso per cápita (cuánto recibe cada miembro de la familia) e incluir los subsidios y otros beneficios entregados por el Estado (ingreso monetario). Así, la interpretación cambiaba: si en 2006 el 10% más rico recibía 34,4 veces más que el 10% más pobre, en 2009 la brecha había caído a 32,5 veces.

Si bien esta lectura pudo ser vista como un intento de defender las políticas de Bachelet, pues muestran el impacto positivo de los programas sociales, Micco y Velasco contaron con el sorpresivo respaldo de Harald Beyer desde el CEP. En carta enviada a El Mercurio, el economista argumentó que desde el punto de vista del bienestar de los hogares, lo importante es analizar el ingreso monetario per cápita, y visto así la brecha se había reducido. “Es oportuno recordar que a pesar de la crisis económica que afectó al país, la desigualdad no parece haber aumentado”, sentenció Beyer.

En entrevista con CIPER, el ministro Kast atribuyó dichos análisis a un error de interpretación de los datos. Y explicó que se debe a que el cuadro publicado por Mideplan no pondera la cantidad de integrantes de cada familia, sino que toma el ingreso promedio de uno solo de sus miembros, sin importar si la familia está compuesta por dos o diez personas. La tabla –señaló- fue incluida en la presentación sólo para mantener la misma forma de exhibir los resultados que usaron los gobiernos anteriores y así evitar suspicacias.

“Hablé con Harald para explicarle que él no había entendido la lámina”, dice Kast. Aunque Beyer le concede al ministro que habría sido mejor un indicador que ponderara a los integrantes de cada familia, no le convence su explicación. Insiste en que el cálculo per cápita exhibido en los resultados de la CASEN es correcto para evaluar la distribución del ingreso. Afirma que si bien disminuyó el número de integrantes por familia en los deciles más bajos, la caída no fue dramática, y debiera ser más o menos proporcional en los distintos grupos familiares. Por lo tanto, tampoco debería cambiar radicalmente la conclusión.

Si lo que se quiere es evaluar los programas sociales, lo anterior no es una mera discusión técnica entre economistas. De acuerdo a los datos de la discordia, el ingreso autónomo (sin subsidios) per cápita del 10% más pobre, cayó de $19.255 a $14.595 entre 2006 y 2009. Sin embargo, cuando se le suman los beneficios entregados por el Estado (ingreso monetario), el monto sube de $29.439 en 2006 a $35.373 en 2009. Esa diferencia avalaría el impacto de las políticas sociales al revertir la caída de los ingresos autónomos.

Otro dato que respalda el efecto de los programas estatales es el coeficiente de Gini, un indicador utilizado internacionalmente para medir y comparar la distribución del ingreso. Oscila entre 1 y 0: de una distribución completamente desigual (1) a una igualitaria (0). De acuerdo a los datos de la CASEN, si se toman los ingresos autónomos de las personas, dicho coeficiente aumenta de 0,54 a 0,55, reflejando una mayor desigualdad. En cambio, si se contabilizan los ingresos monetarios, los aportes estatales mantuvieron el indicador estable en 0,53 en ambas mediciones, contrarrestando el aumento de la mayor desigualdad pese a la crisis económica. Aún así, el índice sigue siendo alto, lo que refleja la pésima distribución del ingreso en Chile.

Si el debate gira en torno al real impacto del gasto social, éste podría ser aún más importante si se contabilizaran las transferencias no monetarias en salud y en educación. Estos datos no han sido calculados para la CASEN 2009, pero en la encuesta de 2006 arrojaron que la brecha entre los más ricos y los más pobres disminuía a un tercio (de 31 veces a 11,6 veces) cuando se sumaban estos ítems, pues con ellos el decil menos favorecido triplicaba sus ingresos.

SUPUESTOS ERRADOS

Aún considerando que la última CASEN fue hecha en un contexto de crisis económica y que los programas sociales atenuaron su efecto, incluso aquellos que defienden la red de protección social creen que podrían funcionar mejor. El actual gobierno afirma que no existen evaluaciones de calidad y por lo tanto no se puede medir bien su efectividad. Si se toma Chile Solidario, el proyecto estrella de la Concertación y que integra a distintos programas sociales, esto es cierto a medias. La mayor parte de los expertos consultados coincide en que lo ideal habría sido que junto con la política se hubiera diseñado un sistema de evaluación que incluyera grupos de control. Esto suponía, por ejemplo, ejecutar el programa de manera escalonada de modo de poder comparar la evolución de distintos grupos. Pero la idea de Lagos era erradicar la miseria en los cuatro años que le restaban de gobierno por lo que intentó incluir de una vez a todos los indigentes.

Sin embargo, sí existen evaluaciones del Chile Solidario realizadas por el Banco Mundial (2006 y 2008), Mideplan (2007) y el PNUD (2009). Esta última utilizó como grupos de control a familias que por una u otra razón habían quedado fuera del programa.

El economista Dante Contreras realizó, junto a Osvaldo Larrañaga, la evaluación del PNUD. Afirma que se trata de un programa bien diseñado, pero que puede mejorar su implementación. Sobre la focalización de los programas sociales, su opinión es clara: “En Chile se focaliza bien. No excelente ni mal, sino bien. Los cuadros de distribución de ingresos demuestran que la plata llega a los más pobres. La gente que dice que la focalización es mala está dando una opinión política, no técnica, pues no hay papers que lo avalen”.

La evaluación hecha para el PNUD dejó en evidencia uno de los problemas iniciales del Chile Solidario: partió de un supuesto errado. Cuando en 2002 Lagos reunió a su comisión de académicos existía el convencimiento de que había un núcleo duro de pobreza extrema en torno al 5% de la población. Un grupo que no se beneficiaba del crecimiento económico y estaba al margen de los programas sociales a los que tenía derecho. Según le dijeron los expertos, cada una de esas personas estaba plenamente identificada. Sin embargo, esto no era así. Las familias entraban y salían de la pobreza constantemente y no existía tal núcleo duro.

Las encuestas panel CASEN, que hacen un seguimiento a las familias en el tiempo, ya habían dado luces al respecto. El ministro Kast fue uno de los que reparó, en 2004, en ello al concluir que el 47% de los indigentes en 2001 ni siquiera calificaba como pobre en 1996. Análisis posteriores de los panel hasta 2006 hablan de una cifra menor, pero refuerzan la tesis de la alta movilidad de la pobreza y de cómo los grupos vulnerables cruzan una y otra vez la línea: 34,1% de los chilenos calificó alguna vez como pobre entre 1996 y 2006.

Las evaluaciones arrojan otros datos preocupantes: si bien se ve un impacto positivo en vivienda y empleo de los participantes, así como de otras importantes variables ligadas al bienestar, no se percibe una mejoría en los ingresos autónomos de quienes han sido beneficiarios del Chile Solidario con respecto a quienes no han participado.

-Uno de los temas débiles que nunca se terminó de analizar en serio es cuál era la posibilidad que tenía la gente para conseguir trabajo una vez que salía del programa. Y el Banco Mundial hace el hallazgo de que la gente que estaba fuera del Chile Solidario tenía una mayor disponibilidad a buscar ingresos autónomos. Es la eterna discusión entre protección social y oportunidades, en la que hoy estamos de nuevo -dice el director ejecutivo de la Fundación Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno.

Por las mismas razones, Francisca Márquez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado y cabeza del equipo que aplicó la última CASEN, cree que hay que cambiar el eje del debate: “La discusión sobre la desfocalización no lleva a ninguna parte. El Estado focalizó, pero el problema es que ello permitió que egresaran del programa y se pensó que iban a poder mantenerse en el mercado del trabajo. Un gran error”.

Francisca Márquez se pregunta si ese error pudo haber contribuido al aumento de la pobreza en la última CASEN, la primera medición que se hace con familias egresadas del Chile Solidario. Familias que en la encuesta anterior tenían un subsidio monetario y apoyo especializado y que ahora perdieron.

Como apunta Dagmar Raszcinsky, de Asesorías para el Desarrollo, cuando se mide la pobreza por ingresos y se tiene un programa diseñado para eliminar la indigencia, el factor empleo y capacitación es clave. A su juicio, no basta con entregar aportes monetarios, pues los graves problemas psicosociales de muchas familias hacen que sin apoyo se transformen en dependientes del Estado.

Harald Beyer discrepa. E insiste en que los efectos no previstos apoyan su propuesta de 2002 de aumentar las transferencias directas y sacar a la gente de la pobreza a punta de subsidios monetarios. “Si te convences de que es un buen instrumento, reasignas o puedes mantener el impuesto a las empresas en 18,5%”, propone, a pesar de los costos que ello implica y que podrían oscilar entre el 1% y el 3% del PIB. Hasta ahora el gobierno ha anunciado un plan más modesto: costaría menos del 1% del PIB y busca asegurar un ingreso ético familiar de $250 mil.

Con un sueldo mínimo que condena a miles de familias a vivir en la pobreza, el ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade puso el foco en los datos sobre la calidad del empleo que arroja la última CASEN: “Más de dos tercios de los pobres sí tienen empleo, pero con una remuneración tan precaria que los mantiene en la pobreza a pesar del trabajo”. Con bajos salarios, es el Estado el que termina subsidiando a familias que tienen ingresos insuficientes para vivir.

El ministro Kast rechaza ese diagnóstico. Afirma que está errado ya que la CASEN arroja también que entre las familias del decil más pobre el promedio de personas que trabaja es de sólo 0,51; cifra que prácticamente se dobla en el segundo decil y llega hasta 1,72 personas por hogar en el decil ocho. Lo relevante –dice- es la cantidad de empleo. Es por eso que se estudian fórmulas para facilitar la inserción laboral de quienes participan en los programas sociales (ver entrevista).

La Casen 2009 dice que la pobreza alcanzó al 15,1% de los chilenos. La cifra provocó críticas oficialistas contra el sistema de protección social impulsado por Lagos y Bachelet. Más allá de la guerrilla política, los expertos -incluido el ministro de Hacienda y los mismos encargados de aplicar la encuesta- saben que la Casen enmascara una realidad mucho más cruda: a un tercio de los chilenos no les alcanza para vivir bien, aunque las estadísticas oficiales no quieran reconocerlo. CIPER recorrió seis municipios capitalinos para trazar el perfil de los “vulnerables”, verdaderos equilibristas que viven bajo la amenaza permanente de caer al foso con sus finanzas tumbadas por una enfermedad, un familiar allegado, un nacimiento, el ingreso de un hijo a la universidad o una hija separada que vuelve a la casa paterna con los nietos.

Maribel tiene 22 años y dos niños: Krishna (2) y Tomás (1). Si le hubiesen aplicado la encuesta Casen hace un año, no habría sido considerada pobre. Si la hubiese contestado hace sólo seis meses, habría calificado como tal. Y si le tocara responderla ahora, ya habría salido de la pobreza. Se podría pensar que en el último año Maribel ha sido protagonista de cambios dramáticos en su calidad vida, montada en una suerte de carrusel económico. Pero en todo este tiempo las condiciones de vida de esta dueña de casa (o más bien “dueña de pieza”, porque vive con sus enseres amontonados en un cuarto y compartiendo baño con otras 17 personas), no han variado mayormente.

Una cazuela en la mesa de Maribel es una fiesta. Siempre ha vivido de trabajos precarios. Pero aún así se las ha arreglado para destinar, sagradamente, cinco mil pesos para la compra de verduras en la feria: “Antes, con las cinco lucas traía de todo”. Pero en el último año cada vez vuelve con las bolsas más escuálidas. El 80% de sus ingresos se va en comida, pañales y leche para sus hijos. ¿Gastos extras? Una tarjeta con lo mínimo en el celular, “para algún llamado de emergencia”.

El relato de Maribel resulta emblemático para demostrar que la medición de la pobreza en Chile es un ejercicio retórico. La última encuesta Casen indicó que la pobreza había subido de 13,7% a 15,1% desde la anterior aplicación del sondeo, en 2006. El pasado martes 13 de julio, el Presidente Sebastián Piñera reunió a la prensa en La Moneda para entregar los resultados de la encuesta. Con tono sombrío anunció que en el último trienio se sumaron más de 355 mil nuevos pobres. En total, de acuerdo a las estadísticas de Casen, en el país habría más de 2.600.000 pobres. El Presidente aprovechó la tribuna para fustigar al gobierno anterior:

-Desgraciadamente, muchas veces (los recursos) no llegan a quienes realmente los necesitan, porque quedan entrampados en la burocracia o porque se despilfarran en gastos innecesarios o sencillamente porque se quedan en las garras de la corrupción.

Más allá de la guerrilla entre oficialismo y oposición que desató la Casen, lo cierto es que la cifra que provocó el lamento presidencial no apunta, ni de cerca, al verdadero número de chilenos que no logra satisfacer sus necesidades. En Chile hay cientos de miles de personas que, como Maribel, no califican como pobres a ojos de la Casen, pero que viven con menos de lo justo. Los expertos en pobreza -incluyendo a los que aplicaron la encuesta- saben y reconocen que la cifra que arroja el sondeo oficial enmascara una realidad mucho más dura.

Canasta desfondada

La Casen determina la línea bajo la cual una persona es considerada pobre a partir del costo de una canasta de alimentos que fue fijada en 1987. Y los especialistas indican que, 23 años después, ya no refleja el consumo de la población. Para la Casen 2009, la cifra que determinó la línea de pobreza fue $64 mil para las zonas urbanas y $47 mil para las rurales. Si usted cuenta con menos de eso al mes, es oficialmente pobre.

Pese al revuelo que causó en el gobierno la entrega de los últimos resultados, hace sólo dos años el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, escribió un artículo en El Mercurio que virtualmente arrojó la Casen del 2006 al basurero, cuestionando su canasta, y sostuvo que a esa fecha los pobres correspondían en verdad al 29% de los chilenos -unos cuatro millones- y no al 13,7% del sondeo oficial.

En sintonía con las cuentas que sacó Larraín, las encuestas Panel, que analizaron los resultados de las Casen desde 1996 a 2006, determinaron que en esos diez años el 34,1% de los chilenos, más de un tercio de la población, calificó como pobre por lo menos una vez.

Los cálculos de Larraín -apoyados en trabajos del Departamento de Nutrición de la U. de Chile, el INE y la Fundación Superación de la Pobreza- y las encuestas Panel demostraron que el combate a la pobreza no puede remitirse al 15,1% “oficialmente” pobre, sino a la población “vulnerable”. Es decir, ese tercio de compatriotas que viven como “equilibristas” a punto de caer al foso. Se trata de grupos familiares que naufragan ante cualquier evento catastrófico (pérdida de empleo, alzas de alimentos o de servicios básicos, enfermedad o accidente) e, incluso, ante un nacimiento o el ingreso de un hijo a la educación superior.

Puente: Diez “lucas” salvadoras

CIPER salió en busca de esta población de “equilibristas” y durante 15 días desplegó un trabajo de campo en seis comunas (Conchalí, Independencia, Huechuraba, San Ramón, San Bernardo y Puente Alto). Profesionales que operan en terreno, asistentes sociales de los municipios, funcionarios de las direcciones de Desarrollo Comunitario, familias que postulan a programas sociales y otras que ya egresaron, ayudaron a trazar el perfil de los chilenos que cayeron “oficialmente” en la pobreza en el último trienio y de aquellos que viven en ella aunque las estadísticas no lo reconozcan.

Aunque el ministro de Mideplan, Felipe Kast, apuntó a fallas en los programas sociales por el aumento de la pobreza -por desfocalización, excesivos gastos administrativos y falta de evaluación-, en los municipios discrepan. De hecho, fue un influyente alcalde oficialista el primero en criticar la postura de Kast. Manuel José Ossandón (RN), edil de Puente Alto, golpeó la mesa el 20 de julio a través de La Tercera:

-Me preocupa la visión economicista de Kast sobre la pobreza. Mucho tecnicismo, mucho número (…). La definición de pobreza es mucho más integral. No implica ganar 60 y tantos mil pesos ni tampoco se supera con el ingreso ético. Hay que conocer la realidad de la gente. La superación de este problema no viene desde el Olimpo.

Las críticas a los programas sociales que han hecho las autoridades de gobierno generan incertidumbre entre los beneficiarios, que temen que se vengan cambios que los perjudiquen.

“La gente nos pregunta y está preocupada, porque durante la campaña electoral los dirigentes de la Concertación les decían que si llegaba Piñera iba a terminar con los subsidios y las pensiones que entregó Bachelet”, indica un profesional de un municipio manejado por la UDI.

En las municipalidades aseguran que el origen del masivo empobrecimiento no está en la desfocalización y los gastos administrativos de los programas de protección social, sino en las consecuencias de la crisis económica que vivió el país. Y zanjan el debate con su mejor barómetro: las razones que esgrimen las personas que en el último año llegaron hasta los escritorios de sus asistentes sociales a pedir ayuda.

Magdalena Veloso, a cargo del Departamento Social de San Bernardo, no lo piensa dos veces cuando responde qué factores han empujado a la pobreza a familias de su comuna: “El desempleo y los alimentos más caros. En segundo lugar el empleo inestable, que al mezclarse con situaciones como nacimientos, accidentes o enfermedades, hacen que la gente llegue a la municipalidad a pedir ayuda”.

Mary Díaz, asistente social de San Ramón, complementa:

-Recibimos diariamente 20 a 30 personas. La mayoría de hogares donde alguien quedó cesante. Pero también hay un número importante que, teniendo empleo, ya no les alcanza, porque los alimentos han subido, porque un hijo entró a la universidad, porque les llega un allegado o una hija se separa y vuelve con los nietos. Poner una línea y decir “de aquí para abajo son pobres” es una ilusión, porque en estas comunas la gente está permanentemente cruzándola por las razones más diversas.

Es el caso de Maribel. Ella ocupaba la pieza que da a la calle en la casona familiar heredada de sus abuelos, en Independencia. Allí, por la ventana, se amanecía vendiendo cigarrillos, completos y sopaipillas. Juntaba lo suficiente como para, a ojos de las estadísticas, no calificar como pobre. Pero un tío -otro chileno empobrecido en el último trienio- pidió vivir en la propiedad. Le dieron la pieza de adelante y el negocio de Maribel capotó. Decidió hacer chocolates. Los vendía a la salida de los colegios, mientras cargaba a Tomás en un morral. Si hubiese respondido la Casen en ese momento, fijo que quedaba como pobre. Fue entonces cuando se acercó a la municipalidad. Le aplicaron la Ficha de Protección Social (FPS), que otorga puntaje para optar a los planes asistenciales, y fue enrolada en el Programa Puente.

Ahora volvió a juntarse con su marido, quien recién encontró trabajo como guardia. Con su sueldo de $260 mil la familia pasará raspando la medida de la Casen -le sobran unos tres mil pesos- y ya no calificaría como pobre en esa encuesta. A pesar de eso, Maribel sigue en el Programa Puente.

El Puente es la estrella del sistema de protección social. Creado en 2002 por el gobierno de Ricardo Lagos, se trata de un plan de acompañamiento a la familia. Un profesional visita el hogar durante dos años. En ese lapso fortalece dos aspectos: el psicosocial (autoestima, convivencia armónica y competencias para obtener ingresos) y vincula a la familia con redes de asistencia (para que sean atendidas de manera prioritaria en los consultorios y obtengan beneficios tales como cupos en jardines infantiles, una tercera ración alimenticia en las escuelas, becas, subsidios y pensiones, entre otros).

Pero a Maribel lo que la entusiasma no son los aspectos psicosociales ni que la atiendan prioritariamente. A ella la seduce el bono mensual de $10 mil que se otorga a las familias Puente: “Nos cayeron del cielo”.

La directora de Desarrollo Comunal de San Ramón, Ximena Bustos, cuenta que su comuna fue parte del piloto del programa Puente en 2002, cuando se aplicó sin el bono: “Fue cuando tuvimos el más alto nivel de cumplimiento de metas. Cuando se activó el bono, el éxito bajó, porque mucha gente viene por los $10 mil pesos y nada más”.

Jeanette Leguas, encargada de la Unidad de Protección Social de Huechuraba, postula que las familias Puente no reciban el bono sólo por incorporarse al sistema. “Por ejemplo, ahora se les pide que los hijos estén estudiando. Pero hay casos en que los matriculan y se da por cumplida la condición, pero el niño no fue más al colegio. Hay que hacer un seguimiento y después entregar el bono”.

Equilibrista de verdad

Ana Quiroz (51) es una “equilibrista” de verdad: trabajaba como trapecista en el circo de su papá. Pero cuando nació su hija debió abandonar la vida nómade de las carpas. De eso ya han pasado 22 años, lapso en el que trabajó para un abogado, como garzona en una fuente de soda y camarera en un hotel de turismo. El hotel quebró hace seis años y decidió instalar un carrito para vender empanadas en la feria. Las ventas le generaban unos $300 mil mensuales, con lo que costeaba el arriendo de un departamento al interior de una casa en San Ramón y pagaba una mensualidad de $70 mil en el Instituto Los Leones, donde su hija estudia contabilidad. Pero la crisis económica de los dos últimos años la tumbó:

-Las ventas se fueron para abajo. Empecé a sacar como $150 mil y a veces $100 mil. Pero mi hija empezó a trabajar en un local de artículos ortopédicos. Llevaba la contabilidad y era vendedora. Le pagaban $200 mil. Pero quedó cesante y tuvo que congelar el instituto. Ahora me vence el arriendo y me falta la mitad. Tenemos que irnos. Por eso fui a la municipalidad, a pedir una mediagua, porque una amiga de la otra cuadra me ofreció que la instalara en su patio y que le pagara $30 mil mensuales.

Ana Quiroz no se considera pobre, sino parte de una clase media baja, trabajadora, de barrio popular, pero digno. Le duele ir a la municipalidad a pedir ayuda: “Toda mi vida he luchado”. La asistente social de su comuna, Mary Díaz, relata que en los dos últimos años, con la crisis económica, aumentaron las personas con este perfil que solicitan asistencia. Esos son los chilenos que han caído en la pobreza.

Como Ximena (58), que la semana pasada se armó de valor y partió a la municipalidad. Tres de sus cuatro hijos tienen estudios superiores, educados con los ingresos del negocio de abarrotes que su marido levantó hace 40 años. Pero la crisis económica llevó las ventas del almacén cuesta abajo.

-Ahora nos deja como $150 mil mensuales y casi no nos queda mercadería. Nos salvamos con unas máquinas tragamonedas que dejan unos $75 mil -cuenta.

Los ingresos son insuficientes, pues el matrimonio vive con tres hijos y tres nietos. La hija mayor -que se separó y volvió a la casa con dos niños- recién quedó cesante. El jefe de hogar este año sufrió una trombosis ocular y perdió un ojo. Dos de los hijos sufren de ulceraciones en el colon y el medicamento les significa $100 mil mensuales: “Fui a la municipalidad a pedir ayuda por lo menos para los remedios, porque no nos alcanza”, dice la madre. Su esperanza es que el menor, recién titulado de ingeniero comercial, encuentre trabajo pronto.

Francisca Márquez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado y cabeza del equipo que aplicó la encuesta Casen, asegura que los programas deben comenzar a centrarse en estas familias con hábitos laborales:

-La encuesta Panel dice que entre 1996 y 2006 hubo un 4,4% que siempre fue pobre y no pudo salir de ahí. Serán los “clientes” del Estado, a los que habrá que asistir de manera permanente y centrarse en que sus hijos rompan el círculo. Pero el Estado debe focalizar más sus programas en el resto del 34% de población vulnerable que vive dolorosamente la entrada al municipio a pedir ayuda. Los programas actuales son profundamente infantilizadores, casi para semianalfabetos, porque el Estado no sabe vincularse con esta clase media baja, o que al menos se desea clase media, que educa con esfuerzo a sus hijos y tiene experiencia de trabajo.

Municipios piden más autonomía

Los profesionales del Programa Puente en San Bernardo, indican que mucha gente miente sobre sus condiciones socioeconómicas al responder la Ficha de Protección Social (FPS). La manipulación de los datos tomó fuerza desde 2007 no sólo por el cambio de la ficha CAS a la FPS, sino porque ese año comenzó a verse más nítidamente el sistema de protección de Bachelet, con pensiones para dueñas de casa, pensiones complementarias, capacitación laboral para jefas de hogar y subsidios preferentes, entre otros beneficios. La gente veía que algunos de sus vecinos los obtenían y se pasaban el dato para responder la FPS.

Con la antigua ficha CAS, lo que pesaba en el puntaje familiar era el equipamiento del hogar. Hoy, con la FPS, aspectos como jefatura de hogar femenina o enfermedades crónicas, son más importantes.

-Antes, cuando uno iba a visitar las casas, las señoras escondían el refrigerador. Ahora esconden al marido -dice Isabel Gálvez, encargada del programa Puente en San Bernardo.

Virginia Garrigó, directora de Desarrollo Comunal de Puente Alto, cree que se podría focalizar mejor si Mideplan y Fosis dieran más autonomía a los municipios para crear planes sociales y hacer un seguimiento a las familias antes de seleccionarlas: “Conocemos mejor que nadie la realidad territorial”.

El gobierno estudia implementar cambios en la FPS, aunque el principal problema que ven los profesionales de los municipios no es la desfocalización, porque es tan amplia la franja de hogares vulnerables que son marginales los casos en que se beneficia gente que no los necesita:

- En Puente Alto tenemos dividida la comuna en seis sectores. En el sector donde están las poblaciones El Volcán, tenemos 4.600 familias que cumplen con puntaje para ingresar al Puente, pero en toda la comuna contamos con 800 cupos -explica Virginia Garrigó.

Empleo: la falla del sistema

El director ejecutivo de la Fundación Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno, más allá de que considera anacrónica la canasta de la Casen, señala que es injusto adjudicar el aumento de la pobreza que arrojó ese sondeo a fallas en los programas sociales, al menos mientras no se analice la base de la encuesta, que recién se liberó la semana pasada:

- Si mides pobreza por ingresos, que es lo que hace la Casen, el que tengas una gran cantidad de gente desempleada por una crisis internacional claramente es un factor. En ese caso uno podría preguntarse si las medidas económicas (para evitar el desempleo) se tomaron bien, más que preguntarse por las medidas de política social.

Aunque hay políticas sociales que buscan incorporar a la gente al mundo del trabajo, los profesionales de los municipios reconocen que en general no tienen éxito porque apuntan a capacitación, pero no aseguran el acceso de la persona al empleo, y a entregar capital semilla para desarrollar microempresas, aunque la mayoría de las personas no tiene pasta para los negocios. Los programas más directos en este ámbito son los de bonificación a la contratación, pero las primeras experiencias fueron mal evaluadas por la Dirección de Presupuesto.

Jenny Miranda, asistente social del Puente en Independencia, indica que mientras el sistema apunta a que el beneficiario desarrolle un emprendimiento al egresar, la mayoría sólo quiere un empleo estable.

La señora Mireya (50) es una veterana de estos programas. Hace 11 años se separó y, con cuatro hijos, fue a la municipalidad de San Ramón a pedir ayuda. La becaron, con otras 14 mujeres, para hacer un curso de pastelería. Cuando egresaron a todas les dieron un pequeño horno a gas, equivalente a $50 mil pesos.

-La única que siguió trabajando fui yo. Las otras vendieron los hornos. Algunas los vendieron en la feria. Una me lo vino a ofrecer a mí, pero le dije que esa no era la idea. No se creyeron el cuento. Yo postulé otras tres veces a proyectos Fosis y pude comprar un horno semi-industrial, una revolvedora y una sobadora.

Hoy vende pasteles y empanadas, hace tortas por encargo y dicta clases de pastelería en juntas de vecinos y “casas particulares”. Tres de sus hijos estudian, becados, en la UC: Medicina, Ingeniería Civil y Odontología. Pero cree que el Estado debe comprender que “no toda la gente sirve para los emprendimientos, hay personas que prefieren un contrato y un trabajo, no más”.

- La gente que no ha estado contactada con el mundo laboral, es difícil que salga de la pobreza -dice la asistente social de Independencia, Jenny Miranda, quien cree que hay que privilegiar la capacitación e inserción laboral de los que ya tienen experiencia de trabajo.

En ese grupo que espera otra oportunidad laboral se encuentra Ana Quiroz, quien ya teje planes si el municipio le da su mediagua:

- Lo que ahorremos en arriendo es para partir, porque yo en septiembre, cuando empiece la temporada, vuelvo al circo. Voy a vender empanadas en la feria durante el día y en la tarde me voy al circo. Ahí me pagarían $50 mil semanales más las ventas de los cintillos luminosos.

Claro que, a su edad, ya no podrá subir al trapecio: “Tengo un número cómico que lo probé en el verano en el circo, en Pichilemu. Incluso me lo grabaron en video para mandarlo a la tele, al Kike Morandé. ¿Quiere verlo?”.

1. Nombre: Valentín Dávila
Medio: ??
Cargo: reportero
Fecha y lugar: 9 de Agosto de 2001, Ciudad Juárez, Chihuahua.
Información adicional: Se desconocen más datos al respecto.

2003

2. Nombre: Jesús Mejía Lechuga
Medio: A primera hora (noticiario radiofónico) de MS-Noticias
Cargo: reportero
Fecha y lugar: 10 de julio de 2003, Martínez de la Torre, Veracruz.
Información adicional: Se presume que el periodista fue secuestrado por las denuncias que hizo en contra de Guillermo Zorrilla Pérez, diputado del PRI. Su desaparición fue después de entrevistar al dirigente del Comité Municipal del mismo partido, Alfonso Alegretti. Cuatro años después de la desaparición del comunicador, la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas en Ejercicio de su Profesión de Veracruz, informó que “las investigaciones de Mejía se encuentran aún en la Agencia del Ministerio Público de Martínez de la Torre, bajo la averiguación 641/2003”. Se han girado oficios de investigación, pero no hay indicios de su paradero. Por ello sigue abierto el expediente y se continúa la indagatoria. José Manterola, director de MS-Radio, señaló con resignación: “Después de cuatro años de la desaparición de Jesús, no hay resultados y no creemos que pueda aparecer”. Las autoridades en Veracruz, desde un principio, trataron de desviar las investigaciones relacionándolo con un asunto personal. Uno de los presuntos sospechosos de la desaparición del periodista fue ejecutado meses después.

2005

1. Nombre: Alfredo Jiménez Mota
Medio: El Imparcial
Cargo: reportero
Fecha y lugar: 2 de abril de 2005, Hermosillo, Sonora.
Información adicional: Especialista en temas de seguridad pública y narcotráfico, Jiménez publicó el 18 de enero un reportaje titulado “El poder de Los Tres Caballeros” donde relataba nombres y acciones de tres integrantes del Cártel de Sinaloa, dedicados en Sonora a transportar grandes cantidades de droga, y revelaba sus vínculos con la organización sonorense Los Números. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Sonora asignó a un grupo especial de agentes para investigar la desaparición del reportero. Se sospecha que lo asesinaron. Este caso, bajo la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/031/05 por los delitos de privación ilegal de la libertad en contra de quien resulte responsable, se encuentra en manos de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.

2006

4. Nombre: Rafael Ortiz Martínez
Medio: Diario Zócalo
Cargo: reportero
Lugar y fecha: 8 de julio de 2006, Monclova, Coahuila.
Información adicional: Hay diligencias de trascendencia pendientes de realizar. Las líneas de investigación se han abocado a su vida personal y no así al ejercicio profesional. En ambas destaca la falta de resultados, la dilación en su integración y la negativa para informar y para permitir el acceso al expediente al padre del periodista. La Fiscalía para Periodistas, todavía en manos de David Vega Vera, informó que se estaba coadyuvando en las investigaciones, pero reconoció que en los testimonios recabados no se habían logrado establecer pistas que indicaran el paradero del periodista. Fuentes periodísticas en Coahuila han señalado como posible móvil de la desaparición de Rafael al crimen organizado del que días antes había recibido amenazas.

5. Nombre: José Antonio García Apac
Medio: Ecos de la Cuenca
Cargo: editor
Lugar y fecha: 20 de noviembre de 2006, Tepalcatepec, Michoacán.
Información adicional: fue visto por última vez en un lugar conocido como La Ruana, saliendo de Tepalcatepec, hacía Morelia. Sus hijos recibieron una última llamada desde su celular, cuando escucharon que alguien le ordenó “bájate” y él dijo “voy a colgar”. Apac desapareció junto con su camioneta que tampoco ha sido localizada. Desde aquella fecha dos personas relacionadas con él han sido asesinadas. De Antonio Apac nada se sabe. Su esposa e hijos lo siguen esperando. Rosa Isela va cada ocho días al Ministerio Público para ver si tiene alguna noticia de su esposo y la respuesta es la misma: nada. La PGJE declinó la competencia en abril de 2007 a la PGR, la cual desde Julio del mismo año, solicitó la reserva del expediente.

2007

6. Nombre: Rodolfo Rincón Taracena
Medio: Tabasco Hoy
Cargo: reportero
Fecha y lugar: 20 de enero de 2007
Información adicional: desapareció el mismo día en que publicara información relacionada con una banda del crimen organizado que se dedicaba al robo de cajeros automáticos. Días antes, el comunicador había realizado una investigación relacionada con el narcotráfico, y un trabajo sobre una banda de ladrones de cajeros automáticos, cuya casa de seguridad fue descubierta por la procuraduría estatal, gracias a la información que les brindó el periodista. El 28 de febrero de 2010, la PGJE dio a conocer la conclusión de la investigación, argumentando que los restos del periodista habían sido localizados, aunque científicamente no se pudo comprobar que eran de él. Solo se basó en el dicho de personas sujetas a proceso por delitos contra la salud, quienes refirieron el destino final del periodista. Tampoco se ha consignado a los responsables ante un juez.

7. Nombre: Gamaliel López
Medio: TV Azteca Noreste
Cargo: reportero
Fecha y lugar: 10 de mayo de 2007, Monterrey, Nuevo León.
Información adicional: El 13 de mayo, familiares de los periodistas denunciaron la desaparición y la policía ministerial inició las investigaciones. Durante seis meses cubrió la presencia del Ejército en la entidad a causa de la violencia desatada en la región, realizó los retratos de presuntos homicidas, hizo públicos dos mensajes de un narcotraficante y acababa de empezar una crónica para denunciar prácticas de algunos funcionarios públicos. Sus directivos han perdido la esperanza de encontrarlos con vida. El 10 de julio de 2008 Alfonso Tejada, director editorial de la redacción de TV Azteca Noreste, manifestó: “no hemos recibido ningún mensaje de los periodistas y la policía ha dicho que no tiene indicios de su paradero”. Además, la procuraduría estatal les informó que el Grupo Antisecuestros había abandonado el caso. Meses después, el Procurador de Justicia del Estado opinó ante medios de comunicación que los periodistas estaban vinculados con el narcotráfico, pero nada se dijo sobre las investigaciones y los elementos que tenía para hacer tal comentario. La televisora para quienes trabajan los reporteros ha dejado de informar sobre lo que ha pasado con los periodistas. Debido a la severas dilaciones y omisiones en la integración de la investigación ministerial, la CNDH emitió la recomendación 059/2008, el 28 de noviembre de 2008.

8. Nombre: Gerardo Paredes Pérez
Medio: TV Azteca Noreste
Cargo: camarógrafo
Fecha y lugar: 10 de mayo de 2007, Monterrey, Nuevo León.
Información adicional: El 13 de mayo, familiares de los periodistas denunciaron la desaparición y la policía ministerial inició las investigaciones. Durante seis meses cubrió la presencia del Ejército en la entidad a causa de la violencia desatada en la región, realizó los retratos de presuntos homicidas, hizo públicos dos mensajes de un narcotraficante y acababa de empezar una crónica para denunciar prácticas de algunos funcionarios públicos. Sus directivos han perdido la esperanza de encontrarlos con vida. El 10 de julio de 2008 Alfonso Tejada, director editorial de la redacción de TV Azteca Noreste, manifestó: “no hemos recibido ningún mensaje de los periodistas y la policía ha dicho que no tiene indicios de su paradero”. Además, la procuraduría estatal les informó que el Grupo Antisecuestros había abandonado el caso. Meses después, el Procurador de Justicia del Estado opinó ante medios de comunicación que los periodistas estaban vinculados con el narcotráfico, pero nada se dijo sobre las investigaciones y los elementos que tenía para hacer tal comentario. La televisora para quienes trabajan los reporteros ha dejado de informar sobre lo que ha pasado con los periodistas. Debido a las dilaciones y omisiones en practicar diligencias esenciales en la integración de la investigación ministerial, la CNDH emitió la recomendación 059/2008, el 28 de noviembre de 2008.

2008

9. Nombre: Mauricio Estrada Zamora
Medio: La Opinión de Apatzingán
Cargo: reportero y fotógrafo
Lugar y fecha: 12 de febrero de 2008, Apatzingán, Mich.
Información adicional: La principal línea de investigación apunta hacia un servidor público del ámbito federal, aunque se ha hecho muy poco para su localización y comparecencia

2009

10. Nombre: María Esther Aguilar Casimbre
Medio: Cambio de Michoacán
Cargo: reportera
Edad: 32 años
Lugar y fecha: 11 de noviembre de 2009, Zamora, Mich.
Información adicional: María Esther publicó antes de su desaparición un artículo sobre un caso de abuso de autoridad que implicaba al director de Policía y Tránsito de Zamora, el teniente Jorge Arturo Cambroni Torres, quien poco después fue destituido de sus funciones. RSF pidió que esta pista se explorara en prioridad. Nada se sabe de ella hasta el momento.

2010

11. Nombre: Ramón Ángeles Zalpa
Medio: Cambio de Michoacán
Cargo: reportero
Lugar y fecha: 6 de abril de 2010, Paracho, Mich.
Información adicional: Recientemente había cubierto el ataque de un grupo armado contra una familia indígena.

12. Nombre: Evaristo Ortega Zárate
Medio: Semanario Espacio
Cargo: director
Lugar y fecha: 20 de abril de 2010, Colipa, Veracruz.
Información adicional: Se encuentra desaparecido desde el pasado 20 de abril, luego de enviar varios mensajes de texto a su familia, desde la ciudad de Xalapa, en los cuales aseguraba haber sido “detenido” y subido aparentemente a un vehículo policiaco. Ortega, quien también es precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Colipa, se trasladó el martes a Xalapa, donde seguía de cerca el proceso de designación de candidatos de ese instituto político. Alrededor de las 13:00 horas, Irene Ortega, hermana del periodista, recibió en su celular tres mensajes en los que Evaristo le decía: “Avísale a todos”, “Nos llevan en patrulla hacia Veracruz”, “Nos llevan detenidos”. Irene marcó al número de su hermano. De manera muy breve y antes de que se cortara la comunicación, éste alcanzó a pedirle que diera aviso a las autoridades y a los medios; “hagan lo que tengan que hacer”, le dijo. Las hermanas del reportero se movilizaron de inmediato, pidieron ayuda a periodistas de medios locales, se trasladaron al puerto de Veracruz y acudieron en persona a las instalaciones de diferentes corporaciones policiacas municipales, estatales y federales, pero la búsqueda fue inútil.

** Se omiten en esta lista los casos del secuestro colectivo de periodistas en Reynosa, Tamaulipas, y del director de la Opinión de Jerez, Zacatecas, porque no hay datos suficientemente confirmados para su difusión.

El reciente secuestro de cuatro reporteros que cubrían un motín en Durango, al norte de México, por narcotraficantes que amenazaron sus vidas para obligar a dos importantes cadenas de televisión (Televisa y Multimedios) a que transmitieran un video con sus mensajes, dejó al descubierto ante la opinión pública mundial la grave situación que vive la prensa mexicana. Censura, amenazas de muerte, torturas, secuestros y asesinatos forman parte del acoso permanente que enfrentan los periodistas ante el silencio cómplice de un gobierno que no acostumbra investigar los crímenes contra la prensa. Como medida de presión, el sábado 7 de agosto marcharán periodistas en la ciudad de México y en seis estados del país exigiendo el esclarecimiento de los crímenes contra el gremio y que se les garantice el derecho a la libre expresión y a los ciudadanos el derecho a estar informados.

Vea además:
La carta a los dueños y directivos de los medios de comunicación de los periodistas mexicanos
La carta abierta de los periodistas mexicanos a la sociedad civil
Comunicado de los periodistas mexicanos convocando a la Marcha “Los queremos vivos”
Periodistas que se encuentran desaparecidos (2000-2010)
La solidaridad del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) con los periodistas mexicanos bajo amenaza.

Tras atender la llamada nocturna el periodista se levantó de la cama, se vistió con rapidez -botas, jeans, camisa-, les dio un beso a sus hijos, se despidió de su esposa y se sentó en el living a esperar a que llegara el comando armado a buscarlo.

“Estaba listo para salir a la calle a entregarme en cuanto los escuchara llegar. Yo no iba a permitir que entraran a mi casa, que dejaran traumada a mi familia ni que me encontraran tirado en una zanja en chanclas y calzones”, explica el periodista en una tienda de autoservicio cercana a su casa, el sitio más seguro que encontró para platicar con esta reportera sin llamar la atención en su ciudad, una de muchas del norte del país donde los reporteros viven bajo la ley del “silencio o plomo”.

Pero esa noche, la más larga de su vida, los enviados de la muerte se estacionaron afuera de la casa de otro reportero que cubría como él los asuntos policiacos de la ciudad. Con violencia lo sacaron a la fuerza de su hogar ante el horror de sus niños y de su esposa. Su cadáver fue encontrado al día siguiente en un canal de riego.

El periodista sobreviviente no pudo siquiera acudir al velorio de su colega: él y varios reporteros de ese estado norteño fueron advertidos que ni se aparecieran. Los pocos valientes profesionales que llegaron al velorio lo hicieron con el miedo invadiendo sus huesos al imaginar que su osadía les costaría ser asesinados de un granadazo.

El gatillo asesino surtió efecto: activó el silencio. Los directivos de los medios de comunicación de toda la región decidieron no publicar los enfrentamientos que se libran en las calles que se disputan dos cárteles de la droga. Las balaceras que todo mundo escucha y que impactan en las casas. Y su balance: el reguero de muertos que cada tanto aparecen tirados como bolsas de basura.

De esa información que atemoriza a los ciudadanos no se habló más. Desde ese día los informativos comenzaron a reseñar una realidad paralela a la sufrida por todos, una en la que no tiene espacio la violencia cotidiana. Desde ese momento, la única asignación de trabajo que recibe este reportero es reseñar los eventos de la ‘Alta Sociedad’ de su ciudad. Nada de investigación, menos ‘nota roja’.

Meses después del crimen el reportero vagaba como alma en pena por la redacción de su empresa repitiéndose para sí: “Nos hundieron el barco, nos lo hundieron”.

Sus compañeros de trabajo lo miraban con conmiseración. “Me trataban como enfermo terminal. Cada noche que nos despedíamos me decían ‘cuídate’, como con lástima”, rumió triste durante la entrevista, siempre alerta a los movimientos de la calle.

-En la redacción me siento un fantasma –repitió una y otra vez.

Este periodista y padre treinteañero ya superó la etapa de las pesadillas nocturnas que en las “zonas de silencio” –aquellas controladas por la delincuencia organizada- comparten los periodistas mexicanos. Lo que aún no resuelve es la duda de por qué los narcos rompieron su costumbre de sólo “levantar” a los reporteros de la noticia policiaca para reclamarles o castigarlos físicamente por la noticia o la foto que les molestó. Cuando los castigos de los hombres armados no pasaban de los golpes.

Fue a partir de 2009 que en su tierra comenzaron a silenciar a los periodistas a balazos.

Lo que narra este periodista -que pidió el anonimato porque aún se siente en la mira de los criminales- es la experiencia que comparten a lo largo del país los reporteros, especialmente los que cubren asuntos policiacos o la corrupción de políticos.

Si sumamos los reportes de organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Cepet, Reporteros Sin Fronteras (RSF), Cencos y Artículo 19, las zonas de alto riesgo para ejercer el periodismo hoy en México son: Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Durango, seguidas en menciones por Oaxaca, Veracruz, Distrito Federal y Quintana Roo.

En cada región la amenaza de los grupos criminales opera de manera similar, aunque con algunas particularidades.

-Primero son las amenazas, telefónicas, por internet, o que llegan directamente a la redacción cuando aparecen y te dicen “esta foto o esta noticia no la publiques”. En lugares como Tamaulipas primero te advierten lo que no quieren que hagas, y si llevas la contraria, asignan a un reportero (a sueldo) para que te vigile siempre y que te sigue a todos lados. Si no cumples, a la tercera (falta) van por ti, te llevan y te dejan medio muerto. O te matan -dice Balbina Flores, corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

En Tamaulipas también son conocidos “los tablazos”, otro método de castigo que los delincuentes usan contra sus enemigos, incluidos los periodistas: “Te amarran y te pegan con una tabla en la espalda hasta que casi te matan”, explica la misma corresponsal.

Los reporteros defeños no están a salvo: reciben la visita de los abogados de los narcotraficantes quienes transmiten sus mensajes o sus órdenes. Por ello, en los periódicos ha cundido la costumbre de publicar investigaciones sin la firma del periodista que la realizó, aunque algunas organizaciones han expresado dudas sobre si esa medida protege realmente al autor.

-Aunque no firmemos las notas los delincuentes, militares y demás nos tienen identificados. Para ellos los reporteros policiacos somos el rostro de nuestra empresa – explica un periodista de Coahuila.

En algunos casos los periodistas amenazados renuncian al trabajo o huyen de su estado o del país intentando empezar una nueva vida. En otras, los jefes dan vacaciones al amenazado hasta que la situación se calme. Y en la mayoría de los medios de comunicación, simplemente los cambian de frente noticioso unos días hasta que la situación se tranquilice. Sólo en contados casos las empresas han financiado su exilio temporal.

Lo grave es que, según RSF, la mayoría de los periodistas amenazados subestiman las amenazas. Hasta que ellas se concretan.

La cuenta en vidas ha sido dura: entre el año 2000 y 2010 han asesinado a 67 periodistas. Más de la mitad de ellos murió entre 2007 y 2010, en el periodo del Presidente Felipe Calderón. Sólo el año pasado fueron 13. Además, 11 periodistas están desaparecidos.

La SIP criticó el 16 de febrero pasado al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ya que de 16 casos de asesinatos o desapariciones de reporteros ocurridos entre 2000 y 2009, ninguno “se considera resuelto y, por el contrario, están paralizados, porque no hay órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar y no existen personas detenidas o sentenciadas”.

La mitad de los expedientes sobre las muertes de estos periodistas están empolvados: llevan entre 3 y 10 años arrumbados.

No sólo los periodistas o los editores son amenazados, también las instalaciones de los medios de comunicación. En el recuento de las agresiones se tiene registro de las dos hieleras con cabezas de cerdo dejadas en las sedes de los periódicos El Nuevo Día y El Diario de Sonora, en Nogales; el ataque con metralletas a El Siglo de Torreón; los granadazos que impactaron en El Mañana, de Tamaulipas, y a Televisa, Monterrey y la cortina metálica rota de la imprenta del semanario sinaloense RíoDoce, donde arrojaron una granada, entre muchas otras.

Estos atentados han provocado que varias regiones del país -algunas que resistían heroicas a los dictados del crimen organizado- se transformen en “zonas de silencio”. La corresponsal Balbina Flores ubica dentro de esta categoría a Tamaulipas, Coahuila, Durango, Michoacán, y en cierto grado a Sinaloa y Chihuahua.

Y cuenta una anécdota: aunque el 11 de noviembre de 2009 fue secuestrada la reportera María Esther Aguilar Casimbe de , sólo ocho días después RSF pudo confirmar su desaparición. Sin embargo, cuando investigaba el caso, se percató que todos los colegas de María Esther lo sabían, pero no podían decirlo: un grupo del narcotráfico los tenía amordazados.

(María Esther tiene dos hijas y poco más de 30 años. Varios testimonios señalan que en una reunión convocada por narcos locales para dictar reglas a la prensa ella intentó salirse, pero fue obligada a quedarse. Antes de su desaparición publicó tres notas exclusivas referentes a la policía, a un capo de la droga y a un alcalde vinculado a la delincuencia).

ZONAS DE SILENCIO

El capítulo más crítico, en el que la prensa claudicó a su misión de informar aplicándose la autocensura, fue quizás el que se vivió en febrero pasado en Tamaulipas.

-Hubo especialmente una semana de violencia, prácticamente de Camargo a Matamoros, en la que por todos lados hubo enfrentamientos. Se calcula que en esas semanas hubo de 200 a 600 muertos. Y fue una etapa de silencio de los medios y de desinformación general. Los ciudadanos prácticamente quedaron abandonados aunque aprovecharon hasta el menor resquicio (a través de blogs,twitter, facebook o videos caseros) para testificar lo que las autoridades no quisieron reconocer y los periodistas no pudieron informar -señala el director del Mcallen Times, Jorge Luis Sierra.

En esos días los tamaulipecos se informaban por twiter o facebook por qué calles había balaceras; blogueros grababan los sonidos de los disparos y hasta una ama de casa subió a internet imágenes de cadáveres cercanos que captó con un video casero. Todo para dejar constancia.

El 8 de marzo, el Dallas Morning News informó que sólo en la ciudad de Reynosa ocho periodistas habían sido “levantados” en los 14 días anteriores: uno murió de coma diabético (aunque las organizaciones periodísticas tienen testimonios de que se lo ocasionó la golpiza previa que recibió), cinco estaban desaparecidos y dos enviados de Milenio Televisión fueron retenidos, golpeados y liberados después de horas con una advertencia: “¡Lárguense, dejen de calentar la plaza!”.

-Un grupo de poder fue capaz de silenciar a toda una región. No sólo a los medios mexicanos, también a las organizaciones periodísticas del otro lado de la frontera, porque hubo una semana que las televisoras (texanas) sólo transmitían información oficial y ningún reportero cruzó la frontera porque estaban amenazados. La condición de silencio se trasnacionalizó y la prensa se replegó por orden de la delincuencia organizada -dice Sierra, periodista experto en temas de seguridad.

Sierra considera que la operación de silenciamiento que activaron los narcotraficantes en Tamaulipas es la misma, aunque más concentrada, que la que se ejecuta en lugares como Michoacán, la Laguna o Guerrero.

Y recuerda la ocasión en que la sorpresa inicial fue superada por los reporteros de las grandes cadenas estadounidenses que lograron traspasar el “cerco del silencio” e informar sobre la situación:

-Las organizaciones periodísticas sólidas, con más planificación de sus coberturas, con buenos protocolos de seguridad, estaban en mejores condiciones para penetrar esas zonas de silencio. Los medios mexicanos tendrían que leer esa experiencia porque la situación sorprendió a sus periódicos prácticamente sin recursos para defenderse, con la guardia baja. Los que no fueron controlados, no tenían la forma de defenderse; algunos estaban penetrados y vivían el terror internamente.

ENEMIGO EN CASA

La violencia en Tamaulipas evidenció un secreto a voces: hay empresas periodísticas infiltradas por personas al servicio de los grupos criminales.

El 12 de marzo pasado la agencia Reuters publicó que los cárteles pagan 500 dólares al mes y obsequian licor y prostitutas a periodistas tamaulipecos para que intimiden y silencien a sus colegas.

Esa infiltración no es una novedad. Ya en 1993, el entonces procurador general de la República, Jorge Carpizo, informó que investigaba a periodistas (después se supo que eran 11, entre directores de revistas, reporteros de diarios capitalinos y un ex reportero de televisión) por brindar información a narcotraficantes. Pero nunca tuvo elementos para probarlo.

Hoy en día la situación es extendida.

El editor de un diario del occidente del país cuenta una anécdota escalofriante: entre sus subordinados había una reportera que le advertía de antemano a quién debía dejar de ver porque próximamente iba a ser asesinado. Al punto que llegó a tramitar viáticos a una comunidad rural días antes de que se perpetrara una matanza de la que ella ya había sido informada. Quería la exclusiva.

-¿Y por qué no la despidieron? –se le preguntó al editor.
-¿Quién iba a ser el valiente que se atreviera a decirle algo? –respondió.

Con el tiempo la periodista renunció. Y él suspiró aliviado.

-Antes podíamos dar la pelea y defender la libertad de expresión. Ahora la única medida de protección es no publicar. Y no podemos hacer nada desde que los periodistas dejaron de ser neutrales -justificó ante esta reportera el director de un diario norteño que estima que la autocensura es un recurso para cuidar a sus reporteros.

Un periodista de Sinaloa consultado por correo electrónico sobre este tema, comentó: “En la redacción hay compañeros que tratan de trabajar bien, pero también hay los otros, pero de esos prefiero que hablemos en corto, porque esa situación ha llegado a poner en riesgo a los otros colegas”.

-Es muy complejo resolver la infiltración en las salas de redacción porque ya en algunas no se puede hablar o escribir tranquilamente. En Coahuila me dijeron que tenían que salirse de la redacción para platicar; en otros estados hay fotógrafos que retratan a los reporteros que llegan a cubrir algún crimen para identificar a quién hizo la nota. Y sabemos que en Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Michoacán existen los famosos “voceros”, periodistas que operan para la gente del narcotráfico y les advierten qué se publica. Estos controlan a los compañeros: los llaman, saben dónde viven, a veces les pagan, los vigilan y no dudamos que son los que llaman a las redacciones para exigir “léeme lo que vas a publicar mañana” y censuran –afirma Balbina Flores, la corresponsal de RSF.

Sierra, sin embargo, considera que los infiltrados en las redacciones no pueden llamarse periodistas: “Son publirrelacionistas de los narcotraficantes que en buena medida están tratando de impactar la mente y el corazón de la gente a través del terror y que usan a los medios como su herramienta”.

Ambos coinciden en que este es un debate pendiente y ha sido la excusa permanente de las autoridades para no investigar los homicidios de comunicadores.

ALMAS ROTAS

En una ciudad de Michoacán, los reporteros se disfrazan de mujer (con peluca y lentes de sol) para que los fotógrafos que trabajan para los cárteles no los identifiquen en la escena del crimen. Los juarenses, aunque trabajen para empresas distintas, están comunicados por radio para llegar juntos a cubrir los hechos sangrientos. Algunos periodistas defeños se rehúsan a recibir exclusivas si sus informantes los citan en lugares secretos y no quieren acudir a la sala de redacción.

Esas son algunas medidas de seguridad que los reporteros, generalmente por iniciativa propia, han improvisado para protegerse en los últimos tres años, desde que se desató la llamada “guerra contra las drogas”, cuando los violentos de este país se descararon y llevaron sus pleitos a las calles.

-Después que sufrimos los granadazos contra El Debate (en Culiacán) creamos un plan preventivo de trabajar en conjunto los operativos policiacos, de estar en contacto entre todos, de no acudir a ningún hecho hasta confirmarlo, reportar cualquier cosa sospechosa y acreditar siempre la información a la autoridad que corresponda -narró un reportero sinaloense.

“Nosotros tratamos de informar sin calificativos y sólo lo oficial para que no se enojen los grupos criminales antagónicos. Esos tipos ya nos dejaron claro que no les gusta que escribamos sus derrotas o malas actuaciones. Ellos se sienten redentores y hasta revolucionarios. Yo no puedo escribir siquiera el termino ‘sicario’ porque lo escuchan despectivo. Los cito como ‘sujetos’ o, peor aún, ‘civiles armados’. Además, ya sabemos que ellos nunca ‘huyen’ sólo se ‘retiran’ del lugar”, señaló un reportero del norte que considera que por más medidas de seguridad que se impongan no darán gusto a los delincuentes en sus exigencias.

Movidos por la violencia, los periodistas comienzan a incorporar como propio el lenguaje de los servicios de seguridad: discuten la utilización de “planes de acción” o “protocolos de seguridad”, usan lenguaje cifrado al igual que los empleados de las compañías petroleras en países extraños, e incluso algunas organizaciones les ofrecen chalecos blindados.

Así, algunos periodistas de medios nacionales enviados a zonas de riesgo comienzan e acostumbrarse a concertar previamente entrevistas para usar lo menos posible el teléfono sobre terreno, mantienen contacto con sus jefes a horas preestablecidas para confirmar que están bien, mandan mensajes en clave para no exponerse y elaboran un plan de acción previo al viaje con instrucciones para reaccionar rápido por si algo les llegara a ocurrir.

Pero, según Balbina Flores, la gran mayoría no toma en serio su seguridad o se rindió a la censura. Una situación que confirmaron a esta reportera otros colegas.
-Somos el jamón del sándwich y no podemos protegernos porque estamos atrapados en medio de fuerzas desconocidas. El narcotráfico acabó con el espíritu del periodista de investigación –afirma un profesional de la prensa guerrerense que sabe que en su redacción reciben presiones de La Familia, Los Zetas –ambas mafias del crimen organizado- y la policía.

Igual que sus colegas, él recibe en su correo electrónico videos con torturas o decapitamientos en vivo que los grupos criminales envían con la orden de publicarlas. Y él, como muchos, está sometido a una inusual presión psicológica.

-A veces no puedo dormir. No entiendo tanta violencia, tanta brutalidad, todo tan sanguinario… Me ha tocado ver cosas que parecen sacadas de una película satánica o del Alarma -narra un fotógrafo que trabajó para El Noroeste de Sinaloa y ejerce desde hace más de una década.

Este reportero gráfico carga con una pesadilla desde octubre de 2006: llegó a fotografiar una camioneta con más de 100 impactos de bala y encontró en su interior a tres niños muertos y debajo de sus cuerpos, a una niña viva, agonizante, cubierta de sangre, que extendía la mano pidiendo ayuda. Al instante descubrió que eran los vecinitos con los que siempre jugaba su hijo.

El psicólogo y antropólogo médico Rogelio Flores, que desde hace dos años elabora su tesis doctoral sobre estrés postraumático entre reporteros, tiene la hipótesis de que los síntomas que presentan quienes cubren narcotráfico son los mismos -e incluso mayores-a los impactos que deja la cobertura de guerras: “He platicado con periodistas de Juárez, Culiacán, Chilpancingo y los veo psicológicamente alterados, anímicamente extenuados. Una reportera de Juárez que cubrió matanzas se dio cuenta de que está bebiendo demasiado por su oficio y no por problemas personales”.

-Los síntomas que deja la exposición a tanta violencia pueden manifestarse a través de sueños y recuerdos repetitivos y perturbadores del suceso traumático, fuertes latidos del corazón, dificultad para respirar, sudoración excesiva, evasión, pérdida de interés, apatía, depresión, irritación, explosiones de rabia, dificultad para concentrarse, estado de alerta o defensivo, además de mareo, nerviosismo, temblor de manos y hasta ideación suicida –explica el psicólogo

AGENDA PENDIENTE

El lunes 11 de marzo casi un centenar de periodistas de varios estados del país se reunieron en el encuentro “Ni un periodista Menos”, realizado en la Comisión de Derechos Humanos del DF. Durante la inédita jornada se escucharon voces de editores de pequeños diarios que lidian con los caprichos de la policía y los narcos; fotógrafos desconcertados porque cargar una cámara los pone en riesgo y testimonios de la mordaza autoimpuesta en varias redacciones para salvar la vida. Y tuvo incluso un producto también inédito: un catálogo de tips para proteger la vida en vista de que ni las instituciones de gobierno ni muchos dueños de los medios toman en serio el peligro que acecha a los periodistas.

Hubo una crítica unánime al trabajo de la fiscalía especializada de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la comisión para periodistas de la Cámara de Diputados, que además de cobrar por investigar los crímenes contra el gremio, no han dado resultados.

Entre las conclusiones para reforzar la seguridad gremial se decidió involucrar a los directores y dueños de medios de comunicación en la discusión; promover que cada empresa cree sus planes de acción, evaluaciones de riesgo y protocolos de seguridad; profesionalizar a los periodistas y dignificar sus condiciones laborales; vigilar la impartición de justicia de los crímenes y crear mecanismos para romper las ‘zonas de silencio’.

Elia Baltazar, de la Red “Periodistas de a Pie”, organizadora logística del encuentro, explica que, al quedarse la sociedad sin sus mensajeros, todos pierden: “Una sociedad que permite las agresiones contra sus periodistas se está jugando su único espacio de contrapeso y vigilancia del poder, se está sacando sus propios ojos y cortando su lengua. Es renunciar a la construcción y perfeccionamiento de nuestra democracia”.

Diversas organizaciones coinciden en que México se ha convertido en el país más peligroso del continente para ejercer el oficio del periodismo. Y aunque ese diagnóstico es conocido por todos, algo está fallando. Una muestra: el año pasado, antes de ser asesinado en Durango, el reportero Bladimir Antuna puso una denuncia penal por amenazas y alertó a organizaciones protectoras de periodistas de su situación. Pero esa medida no le salvó la vida.

Antes de ser desaparecida, la michoacana María Esther Aguilar Casimbe había dejado un mensaje en el periódico colombiano El País: “Hola, yo también trabajo en un medio de comunicación, no me considero periodista, pero sí reportera y de las buenas, soy de México y me gustaría tener contactos en Colombia, vivo en el estado de Michoacán”.

Lejos de mejorar, la salud de la prensa mexicana se agrava. El último capítulo ocurrió la semana pasada cuando cuatro periodistas que cubrían un motín en Durango, al norte de México, fueron secuestrados por unos narcotraficantes que querían obligar a las dos televisoras importantes de difusión nacional para las que trabajaban (Televisa y Multimedios) a que transmitieran un video. En un operativo del que aún no se conocen detalles, la Policía Federal liberó a los secuestrados que sufrieron golpes e intimidaciones y que todo el tiempo creyeron que sólo iban a salir del encierro en un ataúd.

El episodio, que por primera vez afectó a periodistas de la capital -y que fue seguido con conmoción en todo el país- no logró convocar a los dueños de los medios para que establezcan medidas de protección a los trabajadores de sus empresas. Tampoco motivó al gobierno a garantizar protección para los comunicadores.

Como medida de presión, el sábado 7 de agosto marcharán periodistas en la ciudad de México y en seis estados del país exigiendo el esclarecimiento de los crímenes contra el gremio y que se les garantice el derecho a la libre expresión y a los ciudadanos el derecho a estar informados.

Por mientras, a falta de condiciones de seguridad, algunos periodistas que viven amenazados están tomando medidas preventivas extremas. Unos han huido del país, otros están comprando seguros de vida y están también los que han redactado su testamento. Así lo hizo un reportero norteño de asuntos policíacos que dejó el siguiente legado a sus jefes: “Si unos narcos van por mí y me ‘levantan’ no lo difundan de inmediato, denme tiempo a ver si me liberan, porque si lo publicitan y hacen ruido muy rápido colaboran a que jalen el gatillo y salpiquen mi sangre”.

*La versión original de este texto fue publicado en la revista mexicana Proceso, en la Edición Especial Número29 “La Guerra del Narco” segunda parte