Desde que ocurrió el terremoto del 27 de febrero, en una veintena de edificios capitalinos las comunidades de copropietarios han reclamado respuestas a las inmobiliarias por los daños que sufrieron las construcciones. A seis meses del sismo, varias ya han obtenido soluciones que consideran satisfactorias y al menos nueve condominios ya están en reparaciones. El resto sigue en duras negociaciones y algunos, incluso, se enfrentan con empresas que no pretenden sentarse a dialogar. Son propietarios de clase media que no recibirán ayuda del Estado para recuperar sus hogares. Muchos de ellos son adultos mayores que compraron al contado y que no contaban con seguros, por lo que arriesgan la pérdida de sus inversiones si no llegan a acuerdo con las empresas. A continuación, la información actualizada -al 31 de agosto- sobre la marcha de las negociaciones en estos edificios.
Por los menos 19 edificios en Santiago y otros nueve en Concepción resultaron con daños severos que obligaron a desalojarlos tras el sismo. Sólo en Santiago a fines de marzo se contabilizaban 2.600 copropietarios que debieron abandonar sus departamentos. El interés de la prensa y las expresiones solidarias hacia este contingente de víctimas se diluyeron con el tiempo. Miembros de una clase media que no recibirá aportes del Estado para reparar sus hogares, a seis meses del terremoto siguen negociando con inmobiliarias que -salvo algunas excepciones- no dan la cara o dilatan los acuerdos, jugando con la desesperación de quienes no tienen para pagar simultáneamente dividendos y arriendos alternativos. Las empresas intentan seducirlos con soluciones individuales, estrategia que debilita la unidad de las comunidades afectadas.
Además vea las fichas de cada edificio y el mapa general
180 días después de la tragedia, el Presidente Piñera presentará su plan de reconstrucción nacional, las comunidades de Dichato y Rancagua protestan por la lentitud del programa de viviendas para damnificados y la fiscalía de Maipú pone fecha a la audiencia en que formalizará por estafa al responsable del colapsado edificio Don Tristán. En ese escenario, el Ministerio de Vivienda avanza silenciosamente en una reforma global y urgente a las normativas que regulan la construcción. Nuevas especificaciones para mecánica de suelos, cambios en normas de construcción sísmica, ordenanzas para asegurar los elementos no estructurales de las viviendas, un registro nacional para Inspectores Técnicos de Obra y sanciones para profesionales que incumplan sus deberes, son parte del paquete que analiza un consejo multidisciplinario y políticamente transversal.
En enero de 2005, el rumor de un falso tsunami movilizó ciudades completas de la VIII Región y generó muertes, accidentes y saqueos. El hecho motivó una investigación del Ministerio Público que determinó responsabilidades de la Armada de Talcahuano: habrían sido funcionarios de esa zona naval quienes malinterpretaron un fax del SHOA y alertaron a familiares, generando alarma y pánico. Sin embargo, tras una investigación, la Fiscalía Naval desestimó las acusaciones. Las pesquisas de la fiscalía regional también dieron cuenta de falta de planificación y competencia del personal civil y naval ante emergencias. Un factor que se repetiría en 2010. En vez de sacar lecciones de la mala experiencia, el falso tsunami de 2005 resultó tan traumático y bochornoso, que autoridades del antiguo gobierno se atreven a confesar en voz baja que ese antecedente rondó en las horas posteriores al terremoto y que bien pudo influir en la indecisión con que se manejó la crisis del 27 de febrero último.
Varios millones de dólares conforman el patrimonio de la Unión Sacerdotal cuyo líder es Fernando Karadima, el religioso acusado de abusos sexuales. CIPER detectó más de una decena de inmuebles a nombre de la organización, la que además controla la propiedad de la parroquia El Bosque -avaluada en más de US$ 10 millones-, templo desde el cual Karadima construyó su red de influencia en la elite conservadora. Se trata de datos clave en las investigaciones judicial y eclesiástica, pues el círculo de Karadima ha efectuado millonarios pagos a personas que denuncian abusos o que podrían ser testigos y se requiere establecer el origen de esos dineros. Entre los bienes hay inmuebles comprados por orden de Karadima en los que vivió el médico James Hamilton en el mismo período en que, según acusa, el sacerdote mantuvo relaciones sexuales con él. Las acusaciones de los cuatro denunciantes originales fueron reforzadas por impactantes relatos a los que CIPER tuvo acceso, entre ellos el del canciller del Arzobispado y ex miembro de la Unión Sacerdotal, Hans Kast.
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La última encuesta CASEN confirmó que la desigualdad sigue siendo un problema agudo en Chile. Una realidad mucho más cruda que la imagen país instalada. Mientras unos discuten cuántos son los pobres y el impacto de los programas sociales de los gobiernos de la Concertación, las cifras siguen mostrando el mapa de los logros y también el fracaso de la promesa de terminar con la miseria. El debate no es sólo para economistas. Entre expertos y autoridades CIPER buscó las dos caras del diseño y control de la red de protección social. Y entrega una reseña de los errores de diagnóstico e implementación que atentaron contra la eficiencia del Chile Solidario, el programa estrella para combatir la pobreza que sigue siendo una pieza clave de las políticas sociales para enfrentar el urgente desafío de los que no pueden esperar.
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La Casen 2009 dice que la pobreza alcanzó al 15,1% de los chilenos. La cifra provocó críticas oficialistas contra el sistema de protección social impulsado por Lagos y Bachelet. Más allá de la guerrilla política, los expertos -incluido el ministro de Hacienda y los mismos encargados de aplicar la encuesta- saben que la Casen enmascara una realidad mucho más cruda: a un tercio de los chilenos no les alcanza para vivir bien, aunque las estadísticas oficiales no quieran reconocerlo. CIPER recorrió seis municipios capitalinos para trazar el perfil de los “vulnerables”, verdaderos equilibristas que viven bajo la amenaza permanente de caer al foso con sus finanzas tumbadas por una enfermedad, un familiar allegado, un nacimiento, el ingreso de un hijo a la universidad o una hija separada que vuelve a la casa paterna con los nietos.
2001
1. Nombre: Valentín Dávila
Medio: ??
Cargo: reportero
Fecha y lugar: 9 de Agosto de 2001, Ciudad Juárez, Chihuahua.
Información adicional: Se desconocen más datos al respecto.
2003
2. Nombre: Jesús Mejía Lechuga
Medio: A primera hora (noticiario radiofónico) de MS-Noticias
Cargo: reportero
Fecha y lugar: 10 de julio de 2003, Martínez de la Torre, Veracruz.
Información adicional: Se presume que el periodista fue secuestrado por [...]
El reciente secuestro de cuatro reporteros que cubrían un motín en Durango, al norte de México, por narcotraficantes que amenazaron sus vidas para obligar a dos importantes cadenas de televisión (Televisa y Multimedios) a que transmitieran un video con sus mensajes, dejó al descubierto ante la opinión pública mundial la grave situación que vive la prensa mexicana. Censura, amenazas de muerte, torturas, secuestros y asesinatos forman parte del acoso permanente que enfrentan los periodistas ante el silencio cómplice de un gobierno que no acostumbra investigar los crímenes contra la prensa. Como medida de presión, el sábado 7 de agosto marcharán periodistas en la ciudad de México y en seis estados del país exigiendo el esclarecimiento de los crímenes contra el gremio y que se les garantice el derecho a la libre expresión y a los ciudadanos el derecho a estar informados.
Seis horas en la intersección de Américo Vespucio y el paradero 25 de Gran Avenida, justo allí donde confluyen dos líneas de Metro (Estación La Cisterna) y el Intermodal del Transantiago, bastaron para presenciar el robo violento del que son víctimas algunas de las 120 mil personas que por allí transitan cada día. La investigación de CIPER lo identificó como uno de los 17 puntos más peligrosos de la capital. Los testimonios de carabineros y guardias de seguridad privados revelan por qué todo sigue igual. Y también sus propios dramas. Mientras, en la zona norte, bandas de avezados delincuentes escogen las mercaderías más preciadas para asaltar camiones o bodegas. Ropas de marca, cigarrillos y celulares figuran entre los blancos preferidos. Como el reciente robo a una bodega con celulares avaluados en un millón de dólares cuyas imágenes (VIDEO) usted podrá ver en exclusiva.
Cada punto marcado en los mapas que usted va a ver a continuación indica un lugar donde se denunciaron más de 10 robos durante el año 2009. Considerando que la mayoría de las víctimas no denuncia, en esos sectores en verdad cientos de personas que pasaban por ahí fueron despojadas de algo que les pertenecía o recibieron amenazas contra su vida al ser asaltadas. Durante dos meses CIPER procesó 52 mil denuncias de robo hechas en la capital para elaborar un mapa inédito de estos delitos en el Gran Santiago. También visitó las zonas más peligrosas, en distintos horarios, y entrevistó a policías, fiscales, jueces, guardias de seguridad y víctimas. Todos ellos ven cómo los mismos delincuentes vuelven a los pocos días al mismo sitio y con total impunidad. Las policías conocen estos puntos pero no actúan. El panorama es más desalentador que todo lo que se ha dicho y deja a la luz verdades incómodas: en estas zonas más del 40 % de los delitos no figura en ninguna estadística. Simplemente no se denuncia.
A cinco meses de que un tsunami golpeara las costas de la VII y la VIII Región, provocando cerca de 150 muertes, autoridades navales y civiles persisten en culparse mutuamente de los errores en la información entregada la noche del terremoto. En la región del Bío Bío, el ex intedente Jaime Tohá comunicó a tempranas horas que la ocurrencia de un maremoto estaba descartada. Argumenta que sólo se limitó a transmitir al pie de la letra la información proporcionada por el jefe de la Armada de Talcahuano, contralmirante Roberto Macchiavello, lo que éste desconoce. Sin embargo, los testimonios recogidos en terreno por CIPER lo comprometen: no sólo Carabineros y Bomberos contradicen su versión, sino también operadores del puerto y pescadores que esa madrugada se guiaron por la información errónea proporcionada por la radio de la Capitanía de Puerto. La controversia es objeto de una investigación del Ministerio Público que podría topar con la potestad de la justicia naval.
Poco después de finalizado el terremoto del 27 de febrero, miles de chilenos debieron asumir un nuevo temor: a la horda que vendría a saquear sus hogares. El rumor del peligro inminente se esparció como una nueva onda sísmica por los barrios de las zonas más afectadas. Los pasajes se blindaron con improvisadas barricadas y rejas mientras los vecinos se armaban con lo que encontraban a mano para defender sus casas. Aunque muchos vivieron esos días como una película de horror, lo cierto es que no hay registro de saqueos a hogares. Es más, en algunos lugares fueron las autoridades las que provocaron más terror.
Un mito y un halo de terror han rodeado la casa en que Mariana Callejas vivió desde 1975 hasta los ’90 en Lo Curro. Primero con Michael Townley, quien preparaba desde ese secreto cuartel de la DINA acciones terroristas que estremecerían al país mientras Callejas desplegaba sus talleres literarios y en sus patios se ensayaban gases letales y se hacían fiestas con disputas memorables. Como la que protagonizó Nicanor Parra para un “18”. Hablan los protagonistas más cercanos a Callejas en esos años, “mis chiquillos”, como los llamaba: los escritores Gonzalo Contreras, Carlos Franz y Carlos Iturra.
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Mariana Callejas no irá a prisión. Después de ocho largos meses de espera, la Corte Suprema anuló la condena a 20 años dictada en primera y segunda instancia, beneficiando a la ex esposa de Michael Townley con una sentencia de sólo 5 años y sin cárcel por su rol en el crimen del general Carlos Prats y su esposa, ejecutado en 1974, en Buenos Aires. Aún así, ella dice que pagó un duro castigo al convertirse en paria de las letras chilenas. Comenzó a escribir seriamente casi a la par que se afilió a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Dos ocupaciones muy distintas y en apariencia opuestas pero que inevitablemente terminaron mezclándose: uno de sus primeros cuentos trata sobre un sujeto a quien le encargan instalar una bomba bajo un auto. Su casa fue cuartel y a la vez sede de un taller literario por el que pasarían figuras relevantes de la Nueva Narrativa Chilena. En esas sesiones de lectura era quien llevaba la voz cantante. El mando. Escribía más que ninguno del grupo y era considerada una promesa de las letras nacionales. Todo eso mientras tomaba parte activa del organismo represivo de Pinochet.
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