Las isapres están en alerta. Los recursos de protección por alzas de precio en los planes de salud que han perdido se cuentan en miles. Las aseguradoras ya han pagado 3 mil millones en costas a abogados que no cobran a los cotizantes. Además, el Tribunal Constitucional ha cuestionado la tabla de factores de riesgo, que permite elevar los precios según sexo y edad. Las isapres temen al efecto de bola de nieve y por ello han fichado a grandes estudios de abogados y se allanaron a negociar un proyecto de autorregulación sobre los aspectos más cuestionables del sistema, adelantándose a una nueva reforma al sector.
Tras siete años de investigación, la muerte del ex presidente Frei Montalva fue tipificada como homicidio. La resolución judicial atribuye un rol activo a médicos y agentes de la represión a quienes se acusa de haber participado en una operación que disfrazó de enfermedad el envenenamiento progresivo del ex mandatario con sustancias químicas. Intentaron borrar sus huellas, pero el descubrimiento de las fichas clínicas, los análisis científicos y más de mil declaraciones las sacaron a la luz 27 años más tarde. El sospechoso historial del doctor Patricio Silva Garín y los inéditos testimonios médicos refuerzan la tesis del ministro en visita Alejandro Madrid. El cerco de la CNI y la DINE sobre la Clínica Santa María terminaron de configurar un cuadro que estremece.
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El juicio por el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva está directamente vinculado a otros cinco crímenes que tienen a Eugenio Berríos y la fabricación secreta de armas químicas durante la dictadura como eje central. Los seis procesos están concentrados en las manos del ministro Alejandro Madrid, en una investigación que ya acumula diez años.
A partir de mayo de 1975, después de una extensa entrevista concedida al semanario colombiano Nueva Frontera, en la que el ex mandatario criticó duramente a la Junta Militar encabezada por Pinochet y en momentos en que las cárceles secretas se hallaban repletas de prisioneros torturados, Frei se convirtió en un personaje molesto. Sus declaraciones fueron profusamente reproducidas en Europa y EE.UU, mientras en Chile la DINA reforzaba una brigada para vigilar sus movimientos.
La Ley de Transparencia permitió conocer los nombres de las casi mil personas que hicieron aportes públicos a Michelle Bachelet en la campaña presidencial de 2005 (reuniendo $154 millones), y a los candidatos a alcalde en 2008. En la lista aparecen conocidos personajes de la política nacional, incluyendo gran parte del “segundo piso” de Ricardo Lagos y de quienes integrarían el gabinete de la presidenta. Esta semana Leonardo Farkas aseguró que todos los candidatos le han pedido plata, pero no dijo que él ya sabe de campañas políticas: el año pasado hizo su aporte en las elecciones municipales.
El jueves 12 de noviembre, a las 11 de la mañana, Alfredo Ovalle, entonces presidente de la Sonami, recibió a CIPER en la sede de la entidad gremial. Le pedimos su versión sobre esta investigación acerca de los fondos secretos de la DINA, que lo vincula como socio en empresas nacionales y extranjeras al jefe financiero del organismo represor: el ex oficial de la Armada, Humberto Olavarría Aranguren. Ovalle también aparece asociado a Guillermo Endara, ex presidente de Panamá (1990-1994), quien constituyó múltiples empresas de la DINA en su país para financiar la Operación Cóndor. Ovalle escuchó y rehusó hablar sobre el tema. Su respuesta la dio siete días después cuando sorpresivamente renunció a la presidencia de la Sonami, nueve meses antes de terminar su gestión, aduciendo razones personales. Esta es la investigación que devela un capítulo inédito sobre hombres y empresas que financiaron la represión en Chile.
Desde el pasado 1 de septiembre, la empresa fiscal que lidera la recaudación por juegos de azar está bajo los efectos de la desastrosa renovación de su plataforma tecnológica de apuestas, que pasó de manos de Intralot a las de GTECH, archienemigos en el duro mercado mundial de las loterías estatales. La mayoría de las terminales que debutaron en las más de 2 mil agencias del país registran fallas: entregan premios por montos erróneos, no validan boletos premiados o sencillamente no los leen, se caen del sistema y hasta impiden las ventas en las sucursales más afectadas. CIPER constató estos y otros problemas en casi cien sucursales de Santiago y regiones, además del desorden financiero que eso ha provocado en Polla. Ésta se niega a entregar antecedentes sobre la licitación que adjudicó el sistema a una empresa con que se enfrentó en un misterioso litigio hace seis años.
La guerrilla policial y política que se desató para dar con el paradero de Cristián Edwards y luego para capturar a sus secuestradores tuvo varios episodios inéditos. Testimonios de frentistas y de policías que participaron en la operación, además de informes de inteligencia desconocidos, permiten reconstruir las tres hebras que llevaron a la identificación de los autores y el rol principal de “La Oficina” y su informante estrella hasta hoy nunca mencionado en este caso. Una historia que muestra a Carabineros, a espaldas de La Moneda, asesorando al dueño de El Mercurio, detectives sacando de quicio a Agustín Edwards al acusarlo de tener oculto a su hijo en su casa de Lo Curro y a los agentes de la BIOC de Investigaciones llegando hasta las puertas de la casa donde mantenían cautivo al ex ejecutivo de The New York Times.
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La historia secreta del secuestro de Cristián Edwards II: La negociación
Fueron 17 los avisos clasificados de El Mercurio que transmitieron en clave los términos del rescate de Cristián Edwards. Su padre resultó un duro negociador. Agustín Edwards fue asesorado por un ex agente del servicio secreto británico, quien le aconsejaba cuánto ceder. Su primera oferta publicada en el diario fue de US$ 420 mil. La cifra distaba de los US$ 4 millones que le exigían. Las tratativas se tradujeron en un largo regateo que culminó en enero de 1992. Exasperado y presionado por la delicada salud de su rehén, el jefe del comando -”Ramiro”- se comunicó personalmente para lanzar la más dura amenaza. El ultimátum le reportó un millón de dólares. Los cinco meses de cautiverio culminaron con la intermediación del jesuita Renato Poblete y tras una angustiosa grabación en que Cristián Edwards rogaba a su familia que pagara. Según uno de sus captores, llegó a ofrecerles financiar su propio rescate.
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A 18 años del secuestro de Cristián Edwards, CIPER revela detalles hasta ahora desconocidos de uno de los episodios que marcaron la transición. El relato del cautivo –ex presidente de la División de Servicios Noticiosos de The New York Times y ahora vicepresidente de El Mercurio- y los graves conflictos personales entre sus celadores que hoy revelan ex miembros del FPMR, son algunas de las nuevas piezas del puzzle. “Varias veces me escapé en sueños. Otras fui liberado con intervención de sirenas y helicópteros”, declaró Edwards al recuperar la libertad. Tras vivir durante cinco meses en una “caja” de tres metros por dos, recordó que se aseaba con una olla, que lo sedaban y que sufría alucinaciones, calambres y temblores: “Me tironeaba los pelos de la barba para arrancármelos”. El encierro también afectó a uno de sus celadores, que fue amenazado de muerte cuando se decidió a abandonar la casa-retén. Su deserción, dada a conocer por un informante al gobierno, fue la primera prueba de que el FPMR estaba detrás de la operación.
Próximo capítulo: los detalles de la negociación y el rescate.
En julio de 2008, el Instituto de Salud Pública clausuró el laboratorio Bestpharma y anunció el retiro de todos sus productos. Luego de 31 sumarios desfavorables, se detectó que vendía un medicamento contra el cáncer que era inservible y cuyo registro ya había sido cancelado. Pero Bestpharma nunca dejó de vender sus productos al sistema público. Desde entonces, hospitales, consultorios y hasta la Subsecretaría de Salud le han comprado más de $250 millones en medicamentos. Esto, luego de que la Corte Suprema determinara que no podía producir, pero sí importar. Lo mismo que siempre ha hecho Bestpharma.
En Acha, el penal de Arica, nueve de cada diez internos están condenados por narcotráfico. La mitad de las mujeres y un tercio de los hombres son extranjeros, principalmente peruanos. Amparados en el artículo 22 de la Ley de Drogas, la mayoría intenta rebajar sus penas a cambio de “vender” a otros burreros que un día y hora precisos pasarán por la frontera chilena. En el Ministerio Público minimizan los casos. En la Defensoría estiman que éstos bordean el 15% del total de los condenados.
Este iba a ser un reportaje sobre las entidades sin fines de lucro de los candidatos presidenciales Eduardo Frei y Sebastián Piñera. A través de la Ley de Transparencia, se obtuvo del Ministerio de Justicia las memorias y balances que ha presentado a esa cartera la Fundación Presidente Eduardo Frei. En cambio, la Fundación Futuro –que el abanderado opositor creó en 1993- rechazó que Justicia entregara los suyos, argumentando que la información es privada y que podría ser usada “de manera incorrecta e inescrupulosa”. La palabra final la tendrá el Consejo para la Transparencia. Por ahora es imposible acreditar si Futuro alguna vez cumplió con la obligación legal de entregar oportunamente a Justicia sus datos sobre contabilidad y administración. Asegura haberlo hecho, pero la cartera no encontró ninguno de esos papeles al momento de la petición de CIPER. De los pocos archivos públicos se concluye que la obtención de su personalidad jurídica se topó con la oposición del CDE, que estimó que la dependencia del empresario le restaba autonomía.
Arica es la región donde se decomisa la mayor cantidad de cocaína en Chile. El 70% de los juicios orales y el 90% de los condenados tienen a la droga como denominador común. La ciudad está cruzada por este tema pero los capos del narcotráfico no viven ni invierten acá. Algo opuesto parece estar ocurriendo en la vecina Tacna, la ciudad peruana más austral: los decomisos de estupefacientes son muy modestos en relación a lo que ocurre en Chile y también existen sospechas de lavado de activos. Hay un hecho en el que coinciden en ambos lados: el mar se ha convertido en una ruta de cuidado. “Por ahí está la cuestión fácil”, dice el jefe de antinarcóticos de Tacna.
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Pamperos, cachineros y comisionistas forman parte de una aceitada pero informal maquinaria de contrabando en el límite entre Chile y Perú. Aquí poco importan las disputas diplomáticas. En la frontera cada uno tiene un rol asignado y permite que la ropa usada dé un paseo por la pampa, rodeando la aduana peruana de Santa Rosa para llegar a Tacna, y que los productos falsificados se repartan entre cientos de cargadores que los traen hasta Arica para que no parezca contrabando. Costumbres históricas que alimentan la cultura del comercio ilegal y también a miles de familias.
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