Hace dos meses el Consejo Regional rechazó un plan de expansión urbana para la capital. La Fundación Defendamos la Ciudad , basada en la Ley de Transparencia, pidió al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la nómina de los propietarios de predios rurales, indicandos sus roles, que podrían haber sido beneficiados con el plan. La cartera respondió que no tenía completo ese dato, pero la fundación encontró un documento que aclara la situación. En la siguiente columna, el presidente de Defendamos la Ciudad relata detalles de este episodio y cuenta que finalmente llevó el caso hasta al Consejo para la Transparencia y al punto de contacto de la OCDE en Chile.

En junio, aprovechando el estado de embriaguez del que padecíamos producto del exitismo de nuestra selección de fútbol y de las ensordecedoras vuvuzelas, nuestro intendente metropolitano Fernando Echeverría partió a Sudáfrica en donde se preparó para convencer a los consejeros regionales de que votaran favorablemente el proyecto PRMS 100 de expansión urbana de Santiago, éste se sometió a votación el 30 de ese mes en el Consejo Regional (CORE).

El pronunciamiento de los 26 consejeros fue 13 votos en contra, una abstención y 12 votos a favor, con lo cual se rechazó ese antojadizo proyecto de cambio de uso de suelo. El artículo 38º de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional dice que “los acuerdos del consejo se adoptarán por la mayoría absoluta de los consejeros asistentes a la sesión respectiva”. Y en esa ocasión estaban todos presentes. Pero como era tanto el interés para que se aprobara dicho PRMS 100, se inventó una segunda votación con la suposición de que el consejero que se había abstenido iba a votar posteriormente a favor, con lo cual el resultado sería 13 contra 13, dando lugar a que el intendente Echeverría dirimiera el empate, forzando así el resultado a sus deseos. Pero falló, porque el consejero dubitativo cargó la balanza al rechazo y así fue como el segundo resultado fue 14 en contra y 12 a favor.

Dado que seguir ampliando los límites urbanos era innecesario y contradictorio con las políticas públicas establecidas en el año 1994 en el instrumento de ordenamiento urbano intercomunal (PRMS) y en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), promulgado en mayo de 1998, diversos expertos en planificación urbana y grupos ambientalistas se opusieron a esta desacertada iniciativa, concebida en el gobierno de Bachelet y respaldada por el gobierno de Piñera.

Ahora bien, al margen de que desde el punto de vista de la planificación urbana este intento de expansión por extensión no tenía sustento racional, tal como lo expresaron las principales facultades de arquitectura del país, las que además denunciaron la ausencia en esa iniciativa de los estudios de rigor y, sobre todo, la discordancia de la misma con la política de expansión que tres años antes había implantado el mismo ministerio para la ciudad de Santiago, a través de los Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC), la atención para explicarse el por qué de algo tan inconcebible se centró en averiguar a quién podía favorecer tal curiosa política pública.

Las aprensiones que la ciudadanía informada ya tenía, fueron corroboradas crítica y editorialmente, entre otros, por El Mostrador y El Mercurio. En razón de lo anterior, y dado que la discrecionalidad con la que cuenta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en su quehacer está garantizada, llegándose al extremo de que posiblemente por motivos de “prudencia institucional” o “razones de Estado” ni siquiera el denominado “Frente Anticorrupción” -conformado por los titulares de la Corte Suprema , Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo de Defensa del Estado y Contraloría General de la República- se atreve a investigar, nuestra Fundación Defendamos la Ciudad indagó para transparentar quiénes son los bien relacionados que siguen pujando por obtener estos fáciles lucros. No hay que olvidar que el precio del metro cuadrado rural se multiplica fácilmente por ocho cuando obtiene el carácter de urbano.

El 8 de julio le solicitamos a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, sobre la base de la Ley de Transparencia, que nos entregara los nombres de las personas jurídicas o naturales propietarias de los diez más extensos predios rurales por cada una de las comunas en donde se contemplan las recién fraguadas Zonas Urbanizables Condicionadas (ZUC). También le pedíamos el número de rol del avalúo de Impuestos Internos.

El 12 de julio, es decir, sólo cuatro días después de formulada la solicitud, la Seremi , vía ORD. Nº 2920, firmado por un funcionario que ejercía el cargo en calidad de subrogante, se dirige al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), con copia a nuestra Fundación, expresándole que asumiera la entrega de la información requerida porque ese ministerio no conocía ni tenía acceso al rol de los predios agrícolas que se iban a transformar en urbanos. Adujo, además, que para cambiar los límites, se utilizaban sólo criterios asociados a elementos naturales, tales como canales de riego, cerros, curvas de nivel y a elementos artificiales, como los trazados viales, límites político administrativos, infraestructura férrea y alta tensión, entre otros. De esta forma dicho ministerio, promotor del PRMS 100, nos quiso dejar muy en claro que su decisión modificatoria era eminentemente técnica, con lo cual se subentendía que no tenía conocimiento de quienes iban a obtener las plusvalías patrimoniales derivadas de los cambios en los usos de suelo.

El 2 de agosto sostuvimos una reunión con profesionales de Asesoría Jurídica y Avaluaciones del SII, con el propósito de establecer un procedimiento conducente a disponer de esa información pública. Enseguida, el 17 de agosto, la Subdirección Jurídica del SII nos respondió en su Resolución Exenta Nº 3336 que no está en condiciones de entregarnos la información porque no cuenta con ella en forma completa. Nos explicó que las manzanas del sector urbano de cada comuna se encuentran graficadas en planos de escala 1: 5.000 y las del sector agrícola en planos de escala 1: 20.000, lo que dificulta el traspaso de información.

El SII nos describió tres razones de tipo administrativo que impedían la entrega del listado. Sostenía que buscar internamente los antecedentes para responder en los términos requeridos significaba distraer a los funcionarios del cumplimiento de sus labores habituales. También nos manifestó que la labor de pesquisa documental, siguiendo algunos pre requisitos, la podríamos hacer nosotros mismos, si nos acercábamos a sus distintas oficinas en donde podríamos revisar los roles de propiedades. Es decir, tal como la Seremi le traspasó al SII la responsabilidad de entregarnos la información, este servicio público, a su vez, nos trasladó a nosotros dicho trabajo.

Por cierto, si la administración misma carece de los instrumentos para dar respuesta a este tipo de requerimientos, porque ella se encuentra incapacitada para cruzar información entre sus servicios, encargarles esta responsabilidad a los ciudadanos no pasa de ser un buen deseo. Es más, si los ciudadanos ingenuamente hicieran esa labor, el eventual resultado luego se descalificaría por carecer de valor jurídico. Consciente de que el enfoque que le dio el SII a esta solicitud de información iba a ser rechazada de plano por nosotros, su subdirector jurídico nos dijo que teníamos 15 días para recurrir ante el Consejo para la Transparencia.

Sin embargo, una vez más, los medios electrónicos están ayudando a que las cosas salgan a la luz. En efecto, gracias a los buscadores que existen en internet descubrimos recientemente el OF. Circular Nº 41 del 5 de diciembre de 2006, firmado por el sociólogo Nelson Morales, Seremi de Vivienda y Urbanismo en esa época, en el cual se decía: “En relación con las solicitudes de ampliación de los límites urbanos que se han recibido en esta Seremi, patrocinadas por municipios y por privados, y que no se acogen al procedimiento establecido en el plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) referido a Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC), esta Secretaría Regional Ministerial informa que ha decidido que todas ellas serán estudiadas y analizadas en el marco de la actualización del PRMS que esta Secretaría llevará a cabo durante el año 2007” (sic). El subrayado es nuestro. Es decir, se ha evidenciado que el ministerio tiene los nombres de los particulares que iban a recibir esa prebenda por parte del Estado, lo cual significa que su ostentosa y “muy técnica” respuesta del 12 de Julio de 2010 era simulada, para mantener en secreto la información que le solicitamos.

Así las cosas, el 23 de agosto recurrimos de amparo ante ese Consejo en contra de ambos servicios públicos, porque, con distintos justificativos, se negaron a entregarnos ese listado que la ciudadanía tenía el derecho de conocer, tal como debe suceder con cualquier política de Estado cuyas implicaciones deben ser absolutamente diáfanas. Más aún si el intendente Fernando Echeverría, ex presidente de la Cámara de la Construcción , intranquilo por el rechazo del CORE a los cambios de uso de suelo, se ha lanzado en una cruzada-lobby para sacar adelante el polémico PRMS 100, según lo consignó el diario La Segunda del 19 de agosto.

Si algún lector se interesa en este asunto, lo invitamos a que lea un documento de la Cámara de la Construcción, en donde se aprecia que la política de expandir la ciudad al margen de la normativa vigente, tal como se reconoció en el OF. Circular Nº 41 del 5 de diciembre de 2006, se definió entre el Ministerio de Vivienda y esta influyente asociación empresarial, cuya mayor habilidad es saber capturar a los funcionarios del debilucho Estado chileno.

Como observamos que nuestra institucionalidad carece de los estándares mínimos exigidos en probidad y transparencia por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de la cual Chile es miembro activo desde febrero pasado, el 25 de agosto nos dirigimos al punto nacional de contacto de Chile en esa entidad internacional, relatándole este episodio en particular y solicitándole que la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, tome cartas en el asunto para que nuestro país finalmente se ponga serio y así haga méritos para permanecer en la conspicua OCDE.

En lo que dice relación a la pretendida expansión urbana en esta saturada región metropolitana, que tanto interesa a quienes lucran con el recurso suelo, no sabemos el camino que tomará el gobierno del cambio, pero sí estaremos atentos al desenlace de nuestro amparo ingresado en el Consejo para la Transparencia. Esperamos que este Consejo resuelva a nuestro favor, para que así la ciudadanía conozca los nombres de todos los actores privados regalones del sistema político que nos rige.

Por último, las preguntas claves que todos debemos formularnos sobre este episodio son:

- ¿Por qué si el presidente Piñera exigió a sus funcionarios que revisaran las actuaciones de los gobiernos anteriores en materia de probidad y transparencia, el Ministerio de Vivienda voluntariamente no se allana a investigar y transparentar quiénes son los favorecidos con esa política del gobierno de Bachelet?

- ¿Por qué la ministra Matte no retira del CORE el proyecto de expansión de Santiago, en atención a que ella no sabe quiénes son los beneficiados con éste, según lo reconoció en entrevista a CNN, y por tanto no ha verificado si ha existido o no tráfico de influencias?

- Teniendo en cuenta que este gobierno ha dicho que está empeñado en erradicar las malas prácticas, ¿se puede sostener que es normal que a un ex presidente de la Cámara de la Construcción se le permita seguir ejerciendo el cargo de intendente metropolitano y presidente del CORE, en circunstancias que este organismo debe velar imparcialmente por el bien público sin atender los intereses gremiales?

- ¿No ha dimensionado el gobierno que la expansión de Santiago, impulsada sobre un eventual tráfico de influencias, podrá ser enormemente más dañina que la central térmica de Barrancones para la reserva natural de Punta de Choros?

(*) Patricio Herman es presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.

Entre los proyectos que el gobierno ha anunciado para recaudar dineros para la reconstrucción post terremoto está la posibilidad repatriar capitales chilenos que estén en el extranjero y que no han tributado. En esta columna el diputado DC Jorge Burgos advierte de los riesgos de la iniciativa, que podría servir para blanquear platas de dudoso origen.

Desde hace algún tiempo se habla del envío al Congreso de una iniciativa legal de repatriación de capitales o de blanqueo, como menos eufemísticamente se le suele llamar. En un comienzo, debo reconocer, me pareció una alternativa interesante, particularmente en la perspectiva de allegar recursos a la caja fiscal, para acometer gastos o inversiones de carácter social.

Sin embargo, del debate público del tema, de un análisis más de fondo, surgen razones para estimar en definitiva que es una mala idea.

Desde luego cualquier eventual iniciativa debiera dejar meridianamente claro que el objetivo buscado son inversiones de origen lícito, que sujetos tributarios domésticos mantienen en el exterior y que no han sido reportadas a las autoridades nacionales, manteniéndolas en sigilo, evitando con esa conducta el pago de los impuestos pertinentes.

Lo más probable es que dichas inversiones figuren a nombre de sociedades constituidas en el extranjero que son de propiedad de sujetos tributarios chilenos.

La forma en que se ejecutó el ocultamiento a la autoridad tributaria chilena, puede revertir las más variadas formas, pero cualquiera de ellas, a lo menos, puede configurar ilícitos a las disposiciones cambiarias, que traen aparejadas multas con casi 3 veces el capital. Además, atendido el carácter del ocultamiento existen variados supuestos que pueden configurar fraudes tributarios, sin perjuicio de las acciones, vigentes, de cobro por los impuestos adeudados.

Pero sin duda las iniciativas de blanqueo poseen el riesgo no despreciable, como lo leyera en un artículo especializado, que junto a los fondos de origen lícito no declarados existan otros de origen ilícito, obtenidos del narcotráfico, el contrabando de armas, el financiamiento del terrorismo o la corrupción, entre otras actividades. Desde un punto de vista práctico, es muy difícil distinguir unos de otros, ya que ante el riesgo de ser descubiertos, los evasores no suelen conservar detallados registros del origen de sus fondos no declarados. Por el contrario, los delincuentes pueden obtener con facilidad toda clase de certificados y carta las falsas para justificar un supuesto origen lícito de sus flujos. No parece sencillo, por tanto, impedir que un narcotraficante aproveche la oportunidad de confesar una simple evasión de impuestos, si con ello logra blanquear sus fondos ilícitos

Desde el punto de vista tributario, hoy menos que nunca es necesaria una ley de esta naturaleza. Ello es, esencialmente, porque la capacidad del SII para detectar fondos ocultos es mucho más poderosa, a partir de las reformas vigentes desde el 1º de Enero recién pasado, que permiten a la autoridad tener acceso a los movimientos de las cuentas corrientes locales de las personas. Hasta ahora, éstas constituían una forma relativamente segura para repatriar, con completo disimulo, flujos provenientes de los fondos extranjeros no declarados. En la medida en que no se gastaran o invirtieran de una forma que llamara la atención del SII, como cuando los pagos se hacen en efectivo y por montos pequeños; eran virtualmente indetectables. Con la reforma surge un riesgo mucho mayor de detección.

El camino entonces parece ser detectar a los evasores, mucho más que premiar la conducta torcida.

El anuncio del Presidente Sebastián Piñera de relocalizar el proyecto termoeléctrico de Barrancones es una buena señal para la conservación de Punta de Choros, en la Cuarta Región. Por una vía informal se resuelve un problema ambiental, lo que desnuda los grandes dilemas que enfrenta la institucionalidad existente en esa materia: problemas nacionales v/s decisiones locales, riesgos de la ausencia de una política energética y la falta de una definición sobre qué es lo queremos conservar y a qué costo.

El Presidente de la República ha decido hablar en el caso Barrancones y ha señalado que la central, aprobada ya por la autoridad ambiental, deberá relocalizarse. Lo que ha hecho, finalmente, es ordenar el rechazo del proyecto, principalmente por su ubicación, pero además ha dado una señal para la conservación de Punta de Choros.

Es esta una buena decisión para el público en general, pero probablemente reprochable jurídicamente para el proponente. Por una vía informal se ha resuelto un problema ambiental. Pero más allá de la situación puntual, lo cierto es que sería un error pasar por alto este caso, para no hablar de los dilemas que se encuentran detrás de él.

De las muchas formas en las cuales podemos enfrentar Barrancones, quiero detenerme en tres que me parecen las más relevantes: (a) los déficits institucionales para la decisión (problemas nacionales y decisiones locales); (b) los riesgos de la ausencia de la política energética; (c) la determinación para tomar la elección de conservación y asumir sus costos.

Sobre el primero, el proyecto aprobado y ahora rechazado públicamente por el Presidente, demuestra lo sensible del diseño institucional para aprobar proyectos al interior del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Lo que a muchos puede llamar poderosamente la atención es que el proyecto hubiese sido aprobado por los votos de las autoridades de exclusiva confianza (intendente, gobernadores y seremis) y con los votos en contra de las autoridades elegidas indirectamente (cuatro consejeros regionales). La verdad es que estructuralmente al interior de este sistema, existen dos tipos de proyectos que inevitablemente suponen la intervención de autoridades nacionales (centralismo): aquellos que implican beneficios para una parte importante del país, pero que imponen gravámenes locales (típicamente los proyectos energéticos), y los que tienen asociados montos de inversión significativos y traen aparejado contratación intensiva de mano de obra. A esos proyectos se enfrentan las exigencias nacionales (representada por esas autoridades de exclusiva confianza), con las demandas locales de calidad de vida.

Existe tras esto una cierta injusticia que el sistema de evaluación ambiental no está en condiciones históricamente de resolver, porque en él las comunidades reclaman por un bienestar que las autoridades regionales (que evalúan los proyectos) no están en condiciones de garantizar: esa es precisamente la injusticia. Esa injusticia se ve resuelta por la vía Presidencial y no por la institucionalmente adecuada. En ello hay una buena noticia para los vecinos de Punta de Choros, pero un riesgo para el sistema porque demuestra la vulnerabilidad de estas decisiones frente a la voluntad del Ejecutivo.

El segundo problema que revela Barrancones es la ya tantas veces repetida ausencia de política energética. Es algo absurdo desde el punto de la sustentabilidad, que paralelamente estemos discutiendo la instalación de proyectos energéticos específicos que imponen, tras ellos, la elección de un paradigma de desarrollo. Hoy deliberamos sobre las termoeléctricas (Barrancones, Cruz Grande y Hacienda Castilla), hidroelectricidad (Hidroaysén) y nuclear.

No es razonable que sostengamos esa discusión sobre la base de proyectos específicos y no sobre una política que oriente los objetivos perseguidos. De lo contrario, estamos en una especie de “teletón de los kilowatt” que sólo puede perjudicar en el corto plazo a las comunidades que soportan esas cargas y en el largo plazo a la sustentabilidad del desarrollo. En el caso Barrancones, el sector de Punta de Choros tenía otras dos termoeléctricas programadas. La primera era Farellones, un proyecto que Codelco decidió finalmente retirar del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la segunda es Cruz Grande, que aún se encuentra en evaluación, y que luego de las declaraciones del Presidente de la República muchos debieran dar por rechazada. Lo anterior es especialmente complejo, porque ha sido en ese sector donde el propio Estado ha realizado inversiones significativas en subsidios, promoviendo un polo de desarrollo de pesca sustentable y ecoturismo.

El tercer problema que se revela es la ausencia de una decisión de qué es lo que deseamos proteger. La zona donde se pretenden instalar estas termoeléctricas dispone de la existencia de un patrimonio ambiental reconocidamente único. En él no sólo están la reserva del pingüino Humboldt y la reserva marina de Islas Choros, sino que también es un lugar de reconocido avistaje de cetáceos (ballenas y delfines). En el año 2008, como consecuencia de la Convención Ballenera que se celebró en Chile, el país aprobó una ley de protección de cetáceos, que no sólo buscaba evitar la captura y la caza, sino que también proteger los ecosistemas vitales para su desarrollo. Si bien se ha sostenido que el proyecto se encontraba a más de 20 kilómetros de la reserva, esa afirmación olvida no sólo la dinámica del ecosistema, sino que esencialmente que el costo del error es irreversible. Es ahí entonces en donde la pregunta de qué queremos conservar requiere de una respuesta honesta y transparente de la política pública en el largo plazo.

Barrancones es el mejor ejemplo de que en materia ambiental tenemos un inadecuado sistema de solución de nuestras controversias, sobre todo cuando se conjugan desarrollo productivo del país (la energía), conservación del patrimonio ambiental (áreas sujetas a protección), la sustentabilidad de otras actividades productivas que se pueden ver perjudicadas (pesca y turismo) y la calidad de vida de las personas (cercanas al proyecto).

Punta de Choros al parecer se ha salvado, pero revela un riesgo institucional de proporciones para la ciudadanía en relación a otros proyectos. No debemos olvidar que todavía debe resolverse la situación de la termoeléctrica Castilla e Hidroaysén. Cada una de estas decisiones revelará, con certeza, estas vulnerabilidades.

*Luis Cordero Vega, es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile. Fue el coordinador de la reforma a la institucionalidad ambiental, que se tradujo en la dictación de la Ley Nº 20.417.

Gonzalo García, uno de los abogados que alegó sobre la Ley de Isapres ante el Tribunal Constitucional, analiza los mensajes que el reciente fallo envía a los distintos actores. Al gobierno y al Congreso, que legisle pronto; a la Superintendencia de Salud, que no se le ocurra regular los planes; y a las isapres, que su libertad contractual tiene límites.

Hace diez días, un comunicado del Tribunal Constitucional estableció la inconstitucionalidad de algunas partes del Artículo 38 ter de la Ley 18.933 o Ley de Isapres. El fallo mismo concluyó con una larga discusión pública para abrir una nueva etapa de la reforma al sistema privado de salud. CIPER siguió desde el inicio este proceso y en sus páginas constan las decenas de presentaciones que se realizaron ante el Tribunal Constitucional acerca de la ahora conocida “Tabla de Factores de Riesgo”.

Escribo con la doble legitimidad de haber concurrido al Tribunal, junto a otros profesores de Derecho Constitucional, alegando contra esta regulación y habiendo sido acogida la parte medular de nuestra presentación. Allí dijimos que el Tribunal no cerraría un debate sino que más bien establecería el estándar constitucional esencial para que el Congreso Nacional fije la política de salud mediante una ley.

Esta resolución debe servir como ejercicio pedagógico ciudadano: el Tribunal Constitucional no fija la política pública de nada, no sustituye la tarea colegisladora del Ejecutivo y del Congreso ni formula orientaciones técnicas para diseñar soluciones a problemas complejos. En síntesis, el TC no gobierna, pero sí establece lo que no se debe hacer por pugnar con la Constitución y sus derechos fundamentales. Eso se llama establecer un estándar, una pauta de comportamiento y un llamado de atención, esencialmente, a los reguladores mediante ley (Gobierno – Congreso), resoluciones (Superintendencia de Salud) o contratos (Isapres).

El TC dejó tres recados a estos reguladores y podemos deducir algunas señales de alerta para los ciudadanos y, especialmente, para los usuarios antiguos y nuevos de las Isapres.

Para el Gobierno y el Congreso, el recado es claro: legisle pronto, no alargue indebidamente esta transición entre el fallo y la nueva ley y, sobre todas las cosas, haga una buena ley. Ello implica que respete el principio de reserva legal, esto es, regule usted el problema, no escabulla el bulto y que exista una discusión deliberativa en el Congreso Nacional que establezca claramente una tabla de criterios que no discrimine, donde sus diferencias de planes y precios se funden en criterios razonables y que no perjudique la libertad de opción entre el sistema público y privado de salud.

A la Superintendencia el recado es aún más categórico: no se le ocurra regular los planes puesto que el TC le privó del corazón de su facultad normativa, no puede fundar ningún plan sobre la base de los criterios de edad y sexo … mientras no haya alguna nueva ley que le deje un espacio.

No estoy tan claro del estado en que se encuentran las Isapres: se mueven entre el cataclismo y la euforia. Antes todo devenía en crisis y ahora todo es un asunto menor. En fin, creo que la libertad contractual de las Isapres se redujo drásticamente y es bueno que lo entiendan así para que los planes de salud no terminen más caros por la judicialización de las causas en los tribunales.

Y, ¿ por qué pueden judicializarse ?

Por las distintas alternativas en las cuales quedan los usuarios. Los fallos del TC rigen al futuro pero, ¿no afectará acaso los contratos vigentes? Justamente, la primera señal es que nos encontramos frente a una derogación de una norma por inconstitucionalidad. Lo anterior implica algo más que el mero término de la norma en la que se apoyaban esos contratos, esto quiere decir, que hay un vicio de constitucionalidad en todos los contratos que están basados en esos criterios que supongan una interpretación que vulnera derechos constitucionales. Este vicio es un virus que afecta esa relación contractual y lo que hace el fallo del TC es abrir aún más las compuertas de las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el propio TC. Por lo mismo, el Congreso debe tener una buena regulación que resuelva todos estos casos. Las nuevas normas, al ser de orden público, se deben integrar a los contratos vigentes. Y, como es evidente, los contratos que se suscriban en este período deben sujetarse al estándar constitucional fijado por el TC so peligro de ser llevados nuevamente a los tribunales.

El TC removió los contratos de las Isapres y con ello el sistema en que se funda esta normativa. La discusión predominante en estos días ha sido de los técnicos de la salud, del Ministerio de Salud, del Colegio Médico y de expertos del mundo parlamentario y académico. Ellos son los que cuestionan la dimensión de seguro privado, la escasa solidaridad, los incentivos y desincentivos del 7% de la cotización, la posición en que quedan las mujeres en edad fértil y los mayores de edad. A buena parte de ellos les corresponde ahora la solución.

(*) Gonzalo García es abogado y ex subsecretario de Guerra, además de profesor de Derecho Constitucional de las universidades Alberto Hurtado y Adolfo Ibáñez.

¿Tiene el Presidente un terminal en su escritorio en La Moneda que le permite estar informado permanentemente del pulso de la Bolsa pudiendo incluso efectuar transacciones? La pregunta, explosiva por sus implicancias, la generó un conceptuoso artículo sobre Piñera publicado en el periódico inglés Financial Times el miércoles 21 de julio, donde se afirma que el Presidente tiene en su escritorio un terminal de Bloomberg. Esta empresa lo desmintió. Jude Webber, periodista que escribió la nota, me aseguró que fue el propio Presidente quien le dio la información publicada. La controversia pone en el tapete la urgencia de que el Ejecutivo y el Parlamento solucionen la ausencia de una institucionalidad, como el fideicomiso ciego, que garantice que un Presidente, acostumbrado a manejar personalmente un patrimonio avaluado por Forbes en US$ 2.200 millones, cumplirá con su deber y pondrá una muro entre él y sus negocios.

Gracias a El Mercurio nos enteramos el domingo 18 de julio de que el Presidente Sebastián Piñera tiene tres pantallas de computador en su despacho en La Moneda “por las que se desplaza libremente el mouse saltando de una a otra”. La foto que ilustra la entrevista al mandatario muestra que en dos de ellas tiene abierta la página web de El Mercurio, mientras que en la tercera se ve la foto de un niño –probablemente uno de sus nietos– como salvapantallas.

Publicaciones anteriores ya habían mostrado el despliegue de las pantallas del Presidente y en Twitter varios noa habíamos preguntado para qué usaba tantas y si una de ellas no sería un terminal de la Bolsa. Hace algunas semanas me contaron de un invitado a palacio que salió algo escandalizado luego de sacar la misma conclusión. El miércoles 21, un artículo del Financial Times le puso nombre y apellido a la pantalla: un terminal de Bloomberg.

“Si Chile fuese una empresa como aquellas donde el señor Piñera hizo sus billones, sería una historia de éxito: el crecimiento está alto, a pesar del duro panorama para muchos. El país tiene US$ 11 mil millones en reservas del cobre, su exportación bandera, y un envidiable récord de prudencia financiera. Pero casi cada pulgada del escritorio del señor Piñera en La Moneda está abarrotado de reportes sobre como el país podría mejorar. Tiene una calculadora a mano, un bloc de notas garabateado con números frente a él y un terminal Bloomberg”, afirma el artículo de Jude Webber en el Financial Times.

Según una nota de El Mostrador, en La Moneda negaron que existiera cualquier contrato con Bloomberg y luego dicha empresa se vio obligada a enviar una carta dirigida a la Secretaría de Comunicaciones confirmando que no hay terminales activos en el palacio de gobierno. Sin embargo, Jude Webber, periodista que entrevistó a Piñera y escribió la nota del Financial Times, me confirmó que fue el propio Presidente quien en el mismo despacho le dio la información publicada: cuando le preguntó si una de las pantallas era de Reuters, Piñera le respondió que no, que era Bloomberg.

El detalle es importante porque la suscripción de pago de Bloomberg no sólo provee de información premium sobre los mercados, sino que por ser bidireccionnal permite también hacer transacciones. La pregunta era obvia: ¿estaba el Presidente usando ese servicio?

Un amigo que conoce por dentro el mundo financiero me acusó de ser malpensada. Él también tiene tres pantallas sobre su escritorio que le permiten revisar múltiples informaciones simultáneamente, pero ninguno de ellos es Bloomberg, cuyo terminal que antes tuvo, hoy añora. Insiste en que se trata de una gran herramienta de análisis y que su presencia sólo daría cuenta de que Piñera es una persona bien informada. Quizás tiene razón.

No pretendo acusar al Presidente Piñera de estar haciendo transacciones financieras pese a haberse comprometido a desligarse del manejo de sus inversiones. Lo que preocupa es que no exista una institucionalidad que resguarde que así sea y todo se base en la confianza de que el Presidente –y uno que estaba acostumbrado a manejar personalmente un patrimonio avaluado por Forbes en US$ 2.200 millones– cumplirá su promesa.

Durante la campaña presidencial, Piñera transfirió sus principales activos a cuatro instituciones financieras: Celfin, Larraín Vial, Moneda y Bice. Lo hizo sin tener obligación, configurando lo que llamó “fideicomiso voluntario”. Excluyó del paquete su participación en LAN (que terminó de vender poco después de iniciado su gobierno), Chilevisión (aún bajo su control después de una reciente venta fallida) y Blanco y Negro, lo que a su juicio da cuenta de su “compromiso con el deporte”.

Se trata de un “fideicomiso tuerto”, pues dejó fuera parte importante del patrimonio de Piñera y porque nada impediría que, de quererlo, el Presidente supiera cómo se están invirtiendo los activos que sí ha delegado. Se trata de un simple contrato entre privados.

El gobierno ha argumentado que la administración anterior no tuvo voluntad política para legislar sobre la figura del fideicomiso ciego y que ahora sí se impulsará su tramitación. Cuando en 2008 se envió el proyecto de ley, la oposición de entonces acusó de que se estaba legislando “con nombre y apellido” del candidato Piñera. Probablemente algo de eso hubo, pero el lento avance de la iniciativa demostró que la clase política no fue capaz de ponerse de acuerdo en un tema esencial para la sana democracia: legislar para resguardar la correcta separación de los intereses públicos y privados de las autoridades.

Es probable que la moción haya tenido defectos, pero éstos debieron subsanarse a tiempo y no ahora, cuando será el principal afectado por la ley el que marcará los tiempos y énfasis que lo regularán.

La falta de un marco jurídico específico fue relevada la semana pasada por la Contraloría en el dictamen que estableció que el Presidente tenía el mandato constitucional y legal no delegable de nombrar a autoridades ligadas al mercado televisivo, pese a tener intereses en el sector a través de Chilevisión. El documento señala que si bien a comienzos de enero una reforma constitucional estableció que una ley podría disponer de medidas para resolver conflictos de interés de las autoridades o incluso obligarlas a enajenar sus bienes, dicho cuerpo legal aún no ha sido dictado. En dichas condiciones, ni la Contraloría ni otro organismo tiene atribuciones para regular su patrimonio.

La promulgación de la reforma constitucional a la que aludió la Contraloría fue la condición puesta por la Alianza para seguir avanzando en el proyecto. Ya han pasado seis meses de aquello y el texto aún no pasa la barrera del primer trámite legislativo. En junio el gobierno presentó una indicación sustitutiva que no dejó conforme a nadie -”eso sí era un fideicomiso tuerto”, dicen en la oposición- y se está a la espera que envíe nuevas indicaciones antes del 4 de agosto.

El proyecto de ley original al menos establecía algunos puntos importantes. La redacción inicial disponía que las autoridades con patrimonios superiores a los US$ 20 millones debieran encomendar su manejo a terceros a través de un fideicomiso ciego. Los activos debían estar diversificados y debía garantizarse la independencia respecto del fideicomisario. Las comunicaciones entre ambas partes deberían ser por escrito y visadas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Se prohibía expresamente el conocimiento del destino de las inversiones y las comunicaciones directas entre ambos. La violación de esa cláusula de reserva implicaba costos graves. De partida una multa de 5.000 UTM (unos $180 millones), monto que se duplicaba si la autoridad reincidía. Lo mismo corría para el mandatario del fideicomiso, que además perdía su licencia para operarlo durante un año. Pero lo más grave es que, en caso de reincidencia, se le impediría operar en todo el sistema financiero durante el mismo periodo.

Es probable que el proyecto fuera perfectible –de hecho ha mutado hasta ser casi irreconocible–, pero resulta injustificable que aún no haya acuerdo. El episodio del terminal Bloomberg demostró que detalles insignificantes pueden exponer al Presidente a cuestionamientos innecesarios y poco sanos para la democracia. Pone a prueba de paso a los parlamentarios, varios de los cuales se ven afectados por la nueva redacción del proyecto y deberán legislar sobre sus propios intereses.

Hoy estamos frente al peor escenario y el gobierno debe dar señales claras de que tiene la voluntad de restringir al máximo la capacidad del Presidente de influir sobre el manejo de sus inversiones, así como a obligarlo a desprenderse de aquellos activos que lo ponen ante un claro conflicto de interés.

El monto que Chile gasta en transferir directamente dinero para combatir la pobreza es bajísimo en comparación con otros países de igual nivel de desarrollo. Durante la última década, la porción del PIB destinada al gasto social tampoco ha aumentado. Se culpa a la ineficiencia de los planes sociales del aumento de la pobreza, pero lo que hay que revisar es cuánto se está invirtiendo para combatirla.

En la literatura económica se destacan básicamente dos caminos para combatir la pobreza de ingresos: crecimiento económico y transferencias monetarias (condicionadas y no condicionadas). El gasto social en Chile para combatir la pobreza monetaria usando transferencias monetarias es bajo (0.7% del PIB), no solamente con respecto a países más desarrollados (2% del PIB en OECD, 1,5% en Europa Continental), sino con respecto a países de igual desarrollo (1,2% del PIB en América Latina).

Aún así, incluso el actual mínimo gasto social en este tipo de transferencias tiene un impacto relevante sobre la pobreza de ingresos. Usando la CASEN 2006, si calculamos la pobreza sin subsidios monetarios ésta sería 17,9%, es decir este tipo de subsidios impidió que la pobreza fuera un 30% más alta ese año.

El gasto social era 16% del PIB el año 2003 y se ha mantenido estable en esa proporción durante los últimos 10 años. Este gasto es bajo en comparación al promedio OECD (25%), Europa Continental (30%) y Estados Unidos (20%). De ese total, el año 2003 solamente un 4% se gastaba en transferencias monetarias de asistencia social a los más pobres, el resto corresponde a educación, salud, vivienda, pensiones del INP y FFAA, y otros. A su vez, ese 4% del gasto social se compone mayormente (46%) de pensiones asistenciales (PASIS), 12% de subsidio único familiar (SUF), 10% de otros subsidios a las familias, 7% en subsidios de agua potable, 7% en becas, 3.3% en transferencias en especies como útiles escolares y alimentación escolar, 3.3% en Chile Solidario y 12% en otros tipos de transferencias de protección social. Es decir, Chile Solidario, el programa más importante contra la extrema pobreza en Chile, gasta aproximadamente 0.08% del PIB.

Dado este gasto social mínimo en transferencias monetarias de asistencia social a los más pobres, ¿por qué esperar tanto de él?

Chile ha basado su combate contra la pobreza principalmente en crecimiento económico y su consecuente creación de empleo. Sin embargo, cuando el crecimiento se deteriora en periodos de crisis económicas, si no existe protección a los ingresos laborales, las condiciones socioeconómicas de los más pobres se ven deterioradas significativamente. Un mecanismo de protección a los ingresos es el seguro de desempleo. Sin embargo, éste solamente está disponible para los trabajadores del sector formal y el 45% de los trabajadores asalariados del 10% más pobre es informal. Por otra parte, los deciles mas pobres también presentan las mayores tasas de desocupación e inactividad laboral.

En América Latina hay varias experiencias de transferencias monetarias (condicionadas) que tienen efectos significativos en el combate contra la pobreza (Progresa de México y Bolsa Familia de Brasil, cuyos costos son 0,37% del PIB). Son transferencias que no dependen del ciclo económico sino que aseguran un mínimo de ingreso si las familias cumplen con ciertas condiciones referidas principalmente al capital humano de los niños.

Cuando en Chile logremos diseñar un mecanismo de transferencias de ingresos a los más pobres que sea relevante y no dependa del ciclo económico, entonces podremos esperar algo del gasto social en el combate contra a pobreza en medio de una crisis. Hasta ahora, con el actual mínimo gasto social en protección social, que la pobreza haya aumentado en 1,4% después de una crisis económica con un impacto relevante sobre el precio de los bienes básicos, no es nada para sorprenderse. Más que hacer eficiente el gasto social lo que necesitamos es un mayor gasto social y un mejor sistema de protección social.

El aumento de la pobreza que mostró la última encuesta CASEN ha sido atribuido por el Presidente a la dilapidación de recursos públicos, programas sociales ineficientes y la corrupción. Los datos conocidos hasta ahora no entregan argumentos para sustentar esa tesis, sino que más bien apuntan al impacto del alza del valor de los alimentos y la crisis internacional. Lo que parece una estrategia para desprestigiar a la administración de Bachelet demuestra falta de rigor del mandatario y pone en riesgo su credibilidad.

A juzgar por la cobertura de prensa, los comentarios en las redes sociales y la cadena televisiva del Presidente Sebastián Piñera, el aumento de la fracción de pobres de un 13,7% de la población en diciembre del 2006 a un 15,1% en diciembre del 2009 tuvo un impacto comunicacional significativo. Para los entendidos, no hubo sorpresa alguna. Quizás la única sorpresa del anuncio del Presidente el día martes 13 de julio fue su falta de rigor.

Esta última afirmación requiere fundamento. Tras anunciar la mala noticia del aumento de la pobreza, el mandatario se refirió a la dilapidación de recursos mal focalizados y declaró que el gasto social “desgraciadamente muchas veces no llega a quienes realmente lo necesitan porque los recursos se quedan entrampados en la burocracia o porque se despilfarran en gastos innecesarios o sencillamente porque se quedan en las garras de la corrupción.” Haciendo eco, la vocera de gobierno señaló que “si las políticas sociales se estuviesen haciendo bien no tendríamos un aumento en la pobreza”. Ni el Presidente ni la vocera hicieron mención a la crisis económica u otros factores como el alza del precio de los alimentos a raíz de una crisis alimentaria mundial como posibles explicaciones.

Si hubiese que guiarse por la autoridad que le confiere a Sebastián Piñera no solo el cargo presidencial, sino también el conocimiento técnico de un empresario exitoso con un doctorado en economía de Universidad de Harvard, un observador ingenuo se vería obligado a aceptar dos hipótesis. Primero, el aumento en la pobreza se debió fundamentalmente al fracaso de las políticas sociales del gobierno anterior. Segundo, las prácticas administrativas de ese gobierno fueron menos que aceptables.

La primera hipótesis es cuestionable por a lo menos tres razones independientes. La condición de pobreza se determina en base a un ingreso de corte –algo más de $64,000 por persona en zonas urbanas, la línea de pobreza. Ese monto corresponde a dos veces el valor de una canasta de necesidades básicas y es más intensiva en alimentos que la canasta usada para el IPC y la inflación. Entre el 2006 y el 2009 el mundo enfrentó una crisis alimenticia que se reflejó en un aumento desproporcionado del precio de los alimentos como los vegetales y el pan. El valor real de la canasta usada para fijar la línea de la pobreza subió 18% (es decir, creció 18% “por encima” de la inflación de la economía). Una estimación conservadora, es que una línea de pobreza 18% más alta puede explicar 4 puntos de la pobreza medida para el 2009. En consecuencia, el alza desproporcionada del precio de los alimentos por sí sola puede explicar el aumento de la pobreza (y tal vez más), algo que podrá confirmarse cuando todos los datos de la CASEN estén disponibles (hasta ahora sólo se han dado a conocer resultados generales). Esta alza es pobreza nueva, pero se origina en los mercados internacionales y la crisis alimentaria mundial. No puede achacarse a políticas sociales.

El segundo factor es la crisis financiera internacional cuyo impacto en Chile fue más moderado que en otras economías pero que igualmente estuvo asociado a un alza del desempleo y posiblemente caídas en el ingreso. No es obvio cuán importante es la contribución de la crisis financiera a la pobreza, pero sin duda aportó.

La tercera razón no dice relación con las posibles causas del aumento. El índice de pobreza se basa en mediciones de ingreso. Sin embargo, muchos de los programas sociales de la administración de Bachelet (y de cualquier gobierno) no afectan directamente el ingreso autónomo. Ejemplos incluyen la expansión de prestaciones de salud y el AUGE, el acceso a jardines infantiles, políticas de vivienda. Esto no es una crítica al índice de pobreza como un indicador válido. Es una crítica del uso de ese indicador para enjuiciar políticas sociales que, por definición, no se verán reflejadas en ingresos, a lo menos en el corto plazo. Un juicio sobre esas políticas requiere ya sea de una evaluación específica o bien complementar los datos de ingreso autónomo de la encuesta CASEN con otros datos de la misma u otras encuestas.

Por último, aunque los argumentos anteriores fueran desmentidos, eso sólo podría hacerse sobre la base de un análisis cuidadoso de la evidencia. El perfeccionamiento de las políticas públicas exige que se evalúen en su mérito. Si una evaluación seria de los programas sociales, una que apunte no solo a cuantificar el impacto en los ingresos de un programa sino también en otras variables de bienestar –incluyendo los efectos para las comunidades– demuestra que hay programas ineficientes o que sería mejor refocalizar el gasto en programas de mayor impacto, bienvenido.

Aunque en comparaciones internacionales Chile aparece consistentemente en la última década entre los 25 países menos corruptos del mundo y con índices comparables a los de Francia o Japón, hay consenso sobre la necesidad de una política de tolerancia cero contra la corrupción. Lo inaceptable es saltarse el más mínimo rigor en un tema tan delicado, hacerlo en forma deliberada y con la intención principal de golpear a los gobiernos anteriores. Para la galería. Es más, en lo sustantivo, la propia propuesta del gobierno sugiere la necesidad de profundizar la red de protección social instalada en los gobiernos de la Concertación. En concreto, el Ingreso Ético Familiar que se propone es bastante continuista y sus fundamentos se hallan en conclusiones y propuestas del Consejo Presidencial Trabajo y Equidad encargado por la administración anterior (Ver capítulo 1 del informe de la llamada Comisión Meller). Esto sugiere que más que demoler lo anterior, se trata de perfeccionarlo. ¿Por qué no plantearlo así? ¿No es esa una forma más constructiva de apelar a la unidad necesaria para erradicar la pobreza? ¿Por qué estimular la retaliación y exponerse a la pérdida de credibilidad?

En suma, los dichos del Presidente y su vocera no gozan de soporte técnico. Es plenamente factible que al analizar la evidencia y controlar por el efecto del alza del precio de los alimentos y el ciclo económico descubramos que el impacto de las políticas sociales del gobierno anterior sobre la pobreza fue positivo en lo grueso y que no hubo un cambio “estructural” en la tendencia. O tal vez sí, lo dirá el análisis. También es factible que refocalizar el gasto conduzca a mejoras. La opción del Presidente por enlodar la gestión anterior puede surtir el deseado efecto de reducir la popularidad de Michelle Bachelet. Al mismo tiempo siembra más dudas sobre su credibilidad. Esta vez, no se trata del incumplimiento de una promesa de campaña y, aunque no es el primer argumento falaz y populista que hemos escuchado, se ha ido un paso más allá. La desprolijidad del Presidente en este episodio es un pasivo para la credibilidad de sus técnicos, muchos de los cuales admiro tanto profesional como humanamente. Si el Presidente sugiere que el alza en pobreza se debe a la dilapidación y las “garras de la corrupción”, sus ministros pueden matizar sus dichos pero no contradecirlo.

Es de esperar que un tema tan serio como la pobreza y la distribución del ingreso, donde entender los determinantes y evaluar las políticas es de primer orden, el gobierno piense y hable con todo el rigor de quienes aspiran a la excelencia. La popularidad Bachelet, Lavín o Piñera, la mezquindad política, no afectan la realidad de la pobreza. Más allá de las legítimas diferencias que existan sobre la visión de sociedad que queremos, erradicar la pobreza es un anhelo compartido. Todos deben estar a la altura de esa tarea.

La dupla Carcuro-Livingstone ya no da para más, cree el director de La Cuarta, Orlando Escárate, quien en esta columna critica la falta de renovación y calidad de los rostros mundialistas de TVN.

Por estos días, a TVN le ha llovido sobre mojado, como habría comentado mi abuelita. Al abrupto final de ese engendro de programa llamado “La Barra del Mundial” se unió el hecho de dejar en evidencia –justo un fin de semana largo, cuando la mitad de los peloteros del país se aprontaba a darse un “atracón” de fútbol– que no es “el canal del Mundial”, sino el canal de los números azules. Lo cierto es que este último capítulo, el de las transmisiones interruptus, no hizo más que refrendar que a su plana ejecutiva les interesan más los buenos negocios que el tema de las audiencias, sin advertir que en las relaciones de largo plazo ambos conceptos están ligados de manera íntima e indisoluble.

Pero, al margen de estos contratiempos, resta por analizar otro suceso vinculado con Televisión Nacional: la impresentable falta de renovación en los “rostros” de su Area Deportiva y la nula incorporación de reales especialistas en las tribunas que les corresponden a los conductores, relatores y comentaristas de fútbol.

Este hecho hizo crisis en las actuales transmisiones del Mundial de Sudáfrica. Su dupla histórica Livingstone-Carcuro lleva 50 años –¡50 años!– en la conducción de sus programas deportivos e insiste en asumir una variedad de tareas que, a estas alturas, debiesen a lo menos repartir entre varios entendidos en la materia que aportasen nuevas miradas, nuevos dichos, nuevas ideas. Aunque resulte duro decirlo, cualquiera que lleve medio siglo en la misma tarea termina por aburrir. Y éste es un caso patente, multiplicado por dos. A sus 90 años, a Livingstone no le podemos pedir más. Y a Carcuro, aunque no es nonagenario, tampoco podemos pedirle nada creativo a estas alturas, cuando además está invadido por una actitud sombría, pesimista y negativa de la cual no es responsable, sino que una mera víctima.

Quienes asoman detrás en Televisión Nacional, Fernando Solabarrieta y Francisco Sagredo, simplemente no dan el ancho. Y tampoco saben mucho, según ha quedado comprobado en este torneo Mundial. Acumular estadísticas y lagrimear de vez en cuando es la fórmula de Solabarrieta, pero eso quedó demodé luego de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando este periodista-relator alcanzó su peak junto al Nico Massú y su recordada gesta. Sagredo intenta ocupar el puesto de Solabarrieta, pero, la verdad sea dicha, no tiene el carisma de su mujer, Mónica Pérez, ni tampoco los conocimientos de un especialista del fútbol. Basta decir que en este Mundial debutó como comentarista y nadie se enteró.

Para mí, el tema de fondo es precisamente la falta de especialistas reales en transmisiones de fútbol que Televisión Nacional se ha demorado medio siglo en incorporar. Si querían tener buenos relatores para este Mundial, tenían que buscar en el medio a los mejores relatores. Obvio. Y en ese caso debiesen haber contratado a Claudio Palma, el “Negro”, que se ha cansado de ganar crédito y seguidores desde su puesto casi oculto en el Canal del Fútbol, CDF. Los fanáticos de la pelota saben que es el mejor, lo reconocen y lo siguen. Pero ese mundo parece no existir para TVN. Y si no podían contratar a Palma, tendrían que haber mirado hacia las radios, donde relatores como Ernesto “Chico” Díaz, de Cooperativa, y el gringo Hans Marwitz, ahora en Biobío Deportes, se han lucido desde hace décadas.

En cuanto a los comentaristas, haber llevado a Sudáfrica a Iván Zamorano sólo se explica por la “lógica de los rostros”, que impera en Televisión Nacional. Zamorano nunca ha sido comentarista de fútbol en los medios y aunque ha derrochado voluntad y evidentemente conoce el deporte del cual habla, sus fallos han superado con largueza a sus aciertos. Por lo demás, su imagen nunca volvió a ser la misma desde el capítulo del Transantiago en adelante.

¿Por qué no pensaron en Rodrigo Golberg, por ejemplo? El “Polaco” es quizás el más atinado de los ex futbolistas que se ha dedicado a comentar en el CDF, y tiene recorrido en estas lides. Otro que pudo haber sido considerado es Igor Ochoa, comentarista de “Al Aire Libre”, en Cooperativa, quien es el periodista de mejor desarrollo en estas tareas en las últimas tres décadas. Sabe, habla de fútbol, profundiza, es culto y no dice sandeces. Además, suele ser hasta divertido. Habría sido un gran aporte, como especialista del comentario que es.
Recuerdo que mi abuelita también decía que “no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el no quiere escuchar”.

Tenía razón.

Yo sólo puedo agregar que, en este sentido, en TVN parecen estar ciegos y sordos.

*Orlando Scarate es director del diario La Cuarta

No encarcelarse en la vía penal ni hacerse el leso frente a las irregularidades, vacíos e improvisaciones que dejó de manifiesto el terremoto y maremoto de febrero pasado, es la orden del día para el ex subsecretario de Guerra Gonzalo García. Aplicar la óptica Gobierno versus Oposición es replicar el sismo porque sus efectos también se miden por “el daño institucional que deja en la política democrática”, afirma. Y dado el difícil camino que tiene el Ministerio Público para identificar responsables por el delito de cuasi homicidio y reparar a las víctimas, García recuerda con una concisa guía los compromisos pendientes para la catástrofe que necesariamente vendrá, advirtiendo que “el Estado Mayor Conjunto tiene que cumplir su papel legal” en esta área, ya que “nuestra capacidad operativa quedó en entredicho y sólo una planificación rigurosa frente a desastres puede evitar tanta improvisación”.

Las próximas semanas entraremos a la fase de definiciones de la indagación política de la Cámara de Diputados y la investigación del Ministerio Público por las responsabilidades institucionales de los efectos letales del terremoto y maremoto del pasado 27 de febrero. La Cámara estaba cumpliendo un papel cuyo silencioso liderazgo hacía pensar que nos encontrábamos frente a un trabajo serio. Es probable que lo siga siendo pero el Diputado Gustavo Hasbún ha vuelto a poner las cosas en su lugar tradicional: mirar el terremoto y maremoto como un asunto de Gobierno–Oposición. Con ello inaugura el movimiento caza-bacheletistas cuyo único parecido con el sismo es que éste también se mide por la Escala de Richter y la capacidad de daño institucional que deja en la política democrática.

Del Ministerio Público no se tienen noticias. Sin embargo, es evidente que la asociación de los hechos con un cuasidelito de homicidio imputable a actos determinados de personas constituye una tarea jurídicamente difícil de sostener y probar. Ello no significa dejar en la indefensión ni que se niegue la posibilidad de generar mecanismos de reparación a las familias que directamente perdieron un familiar en esta doble tragedia. El punto es que el camino penal para obtener indemnizaciones justas es una vía oblicua que innecesariamente fuerza la institucionalidad con el objeto de satisfacer un acto de justicia. Una de las primeras lecciones que deberíamos aprender es el envío de una ley excepcional de reparación a los familiares de las víctimas del maremoto y terremoto.

El postsismo hay que vivirlo como la etapa para prevenir la catástrofe que vendrá. Por lo mismo, las siguientes acciones o iniciativas son fundamentales para hacerse cargo responsablemente de los efectos de la catástrofe del 27-F.

La tesis de prepararnos frente a todo evento de la naturaleza en un territorio tan vulnerable como el chileno, puede resultar un imposible. La tendencia actual no es enfrentar la catástrofe como una amenaza preestablecida, sino que construyendo capacidades polivalentes, flexibles y de rápida respuesta frente a los innumerables riesgos.

Ello nos obliga a realizar un catastro exigente de las zonas de riesgo del país, desarrollar mapas de vulnerabilidad e incrementar el conocimiento científico sobre estos fenómenos. Los eventos extremos tan habituales en Chile son una oportunidad. En su estudio y análisis está pendiente un liderazgo sobre conocimientos claves para estrategias de mitigación, preparación y respuesta ante desastres naturales en tiempos de cambio climático. No hacerse el leso es proveer un cluster científico para las ciencias de la tierra de la misma manera que hemos obtenido el cluster astronómico para las ciencias del espacio.

Hacer prevención es crear una institucionalidad nueva y madura que prepare al país integralmente para estos desafíos. ¿Cuáles son los puntos críticos a mejorar? Detallo cinco desafíos.

1.- Autoridad y responsabilidad. Los eventos 27-F fueron superiores a cualquier régimen de responsabilidad preexistente. Superó capacidades locales, comunales, regionales y nacionales. Pero no todas se superaron al mismo momento y hay que tender a construir un régimen normativo que permita que las responsabilidades escalen ordenadamente generando incentivos para superar la crisis.

2.- Órganos técnicos potentes. Onemi y Oremis no lo eran porque su representación regional y comunal era prácticamente simbólica. Aquí no es tiempo de despidos sino que de contratación técnica.

3.- Coordinación. Esta falla en lo nacional por una secretaría técnica insuficiente, por liderazgo político episódico y por ausencia de cooperación efectiva entre los actores centrales del sistema de emergencia.

4.- Regímenes flexibles de emergencia. Simplemente acontecida la emergencia no se sabe qué hacer porque no existe una gradación, identificación y financiamiento de las medidas en función de la emergencia. Urge enfrentar una crisis con excepcionalidad administrativa, legal o constitucional. En esta última hay que regular con espíritu democrático el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe modificado el 2005 en la Constitución y pendiente de cambio legal. El uso de la fuerza debe estar regulado y no entregado a órdenes en blanco firmadas por un Ministro otorgando facultades en sus reglas de enfrentamiento.

5.- Planes preventivos y cultura ciudadana. Si podemos contar historias heroicas exitosas es por la memoria colectiva de los ciudadanos para enfrentar una crisis. Sin embargo, la respuesta institucional debería precaverse sistemáticamente a través de ejercicios de simulación. El Estado Mayor Conjunto tiene que cumplir su papel legal en esta materia. Nuestra capacidad operativa quedó en entredicho y sólo una planificación rigurosa frente a desastres puede evitar tanta improvisación.

Hacerse el leso sería olvidarse de estos compromisos.

(*) Gonzalo García es abogado y ex subsecretario de Guerra, además de profesor de Derecho Constitucional de las universidades Alberto Hurtado y Adolfo Ibáñez.

En las oficinas del Sindicato de Futbolistas Profesionales, el presidente de la agrupación gremial, Carlos Soto, me comentó hace unos días: “La gente tiene a Marcelo Bielsa por un intocable, casi lo ven como un Dios…Pero el hombre es humano. Yo lo conozco ‘en la interna’ –por dentro, en el código del fútbol- y sé que se equivoca, igual que todos nosotros. Es muy buen técnico, pero tiene sus dudas. Y también yerra”.

Ese día, para darle sustento a su aseveración, Carlos Soto agregó que la condición humana de Bielsa la advirtió con el caso de Mancilla. Un día me dijo: ‘Mire, Carlos, ¿se ha fijado en el muchacho éste de Toluca, en Mancilla?… Se anda candidateando por los diarios. ¿Usted cómo lo ve?…’ Y yo le dije que era un buen jugador, que había hecho muchos goles en México, que valía la pena considerarlo. ¡Y a los pocos días lo llamó! No fue porque yo le hablé bien de Mancilla, sino porque el hombre es permeable a lo que dice la prensa, por ejemplo. ¡Si no vive en la estratósfera!”.

La anécdota sirve para reflejar a cabalidad a Bielsa, de quien nadie puede dudar respecto de sus atributos como técnico, pero el cual tampoco es infalible. En rigor, este caso específico de los centrodelanteros es quizás el único en el que se puede señalar que cometió un error, de cara al Mundial de Sudáfrica. Partió a Nelspruit con el “Chupete” Suazo lesionado y sin un reemplazante claro como punta de área, porque el zurdo Esteban Paredes, de Colo Colo, es en realidad un delantero que viene desde más atrás. Y luego asomaban como alternativas el “Mago” Valdivia y el “Mati” Fernández, que son volantes netos. No consideró a Mancilla en la nómina final, y tampoco tuvo en cuenta a Pinilla, pese a que éste parece haber madurado, por fin, en la Serie B de Italia con el Grosetto,

¿Qué pasó en definitiva? Que el “Chupete” no se alcanzó a recuperar nunca y dimos ventaja en una posición clave dentro de un esquema ofensivo como el de Bielsa, donde el puesto de definidor es clave. Lo demostró el propio Suazo en las eliminatorias, donde se consagró como goleador de la serie sudamericana, y su ausencia en Sudáfrica no hizo más que refrendar el concepto. Suazo, que asomó 45 minutos contra Honduras y en el partido de octavos de final contra Brasil, no fue el mejor “Chupete” que conocimos, y no fue el goleador que la Selección necesitaba.

Esto ocurrió porque en el deporte de alta competencia se requiere en definitiva cumplir con tres niveles de recuperación para estar en reales condiciones de jugar. Una es la recuperación fisiológica, que Suazo terminó de cumplir en su primera semana en Nelspruit. Otra es la recuperación física, que “Chupete” alcanzó recién para el último partido que le correspondió a Chile en el Mundial. Y le faltó la tercera etapa, crucial: su recuperación futbolística, que no consiguió porque simplemente le faltó tiempo.

El error de haber llevado a “Chupete” Suazo a recuperarse al Mundial es de Bielsa. Y sirve únicamente para comprobar el acierto de Carlos Soto: “Si el hombre es humano… ¡Denle derecho a equivocarse!”.
Está bien, se lo damos.

*Orlando Scarate es director del diario La Cuarta