Sebastián Piñera asume con una limitación diseñada por sus propios partidarios, un contrapeso al poder presidencial que limitará su capacidad de tomar decisiones. La Constitución fue pensada para que la mayoría que fue opositora al régimen militar no pudiera gobernar sin la venia de sus partidarios. Pero ahora que un presidente de derecha vuelve a ocupar La Moneda, su precariedad parlamentaria se transformará en un problema debido a los “amarres” que quienes lo apoyan dejaron.
Me dice un dirigente de la Concertación: “Nos costó tan caro conquistar la democracia para que un populista de derecha gane las elecciones”.
Le respondo que en la actual coyuntura hay muchos factores que inciden en la derrota de la coalición que poco tiene que ver con el sacrificio de tantos chilenos que murieron ejecutados, fueron torturados, exiliados. O en el mejor de los casos fueron exonerados.
La caza de votos ya partió. Un millón de sufragios separa a Sebastián Piñera de Eduardo Frei, pero tanto la derecha como el oficialismo -en muy distinta cantidad- requieren sumar si quieren llegar a La Moneda. Un clima triunfalista se ha expandido entre los partidarios de Sebastián Piñera, mientras que en el comando de Eduardo Frei, entre otros movimientos, se apela a los matemáticos para un juego de ajedrez incierto. Frente a la encrucijada inédita que plantea la segunda vuelta de esta quinta elección presidencial desde la recuperación de la democracia, el cientista político Genaro Arriagada analiza los resultados del domingo pasado y hace una radiografía de los desafíos que ellos plantean para ambos candidatos
Si me la quitan me muero, y si me la dejan me mato. Esa podría ser la duda existencial que corroe por estas horas al millón de indecisos que vaticinan los sondeos y que en su mayoría ha votado por la Concertación en los últimos 20 años. Son ellos los que inclinarán la balanza esta noche cuando el escenario político inicie el primer reordenamiento de fin de ciclo desde la recuperación de la democracia en 1990.
Porque parodiando el tango y a pesar de la apatía que impera, nadie tiene dudas de que, después de esta elección, ya nada será igual. No sólo porque por primera vez la derecha ganará en primera vuelta, sino porque sea cual sea el resultado del balotaje del 17 de enero, la primera explosión apunta a las dirigencias políticas de todos los sectores que han asfixiado toda renovación, alejándose del pulso de la calle que ha experimentado cambios radicales en los últimos años.
El editor internacional del diario argentino Clarín analiza las elecciones presidenciales chilenas, advirtiendo que un triunfo de Sebastián Piñera puede significar el fin de la Concertación. Pero aun si ganara Eduardo Frei, duda de que su gobierno sea muy distinto que el que haría el empresario de derecha. A su juicio se trata de “espejos ideológicos” que reflejan un fenómenos regional, en que muchos gobiernos o coaliciones se consideran de izquierda pese a estar en muchos sentidos más cerca de la derecha o a que sólo tienen un ligero tinte socialdemócrata.
La cumbre mundial económica de Pittsburgh tenía originalmente un racimo de objetivos destinados a una mudanza profunda de una estructura de acumulación caótica. De esa agenda quedará la consagración del G-20 como nuevo grupo de diálogo en la cumbre. El problema –dice el editor internacional de Clarín- es el tipo de futuro que se construye con 60 millones de desempleados nuevos, lo que eleva a 240 millones los cesantes en todo el mundo, según la ONU. Esto pone al mundo en una realidad que suena diferente a la agenda entusiasta de Pittsburgh y con el agravante de cierto socialismo que es sólo una máscara que oculta hábitos reaccionarios, intolerancia y autoritarismo.
De acuerdo a distintos autores hay guerras necesarias, opcionales, pero también las hay estúpidas. La guerra contra la droga en América Latina –y su piedra angular, el Plan Colombia- caería en esta última categoría. No es simple estupidez. Es un negocio de miles de millones de dólares que explican muchas de las decisiones de Estados Unidos en la región.
El presidente Barack Obama heredó una pesada mochila fiscal de George W. Bush: un déficit que crece a cada segundo. El desempleo seguirá siendo un problema por un largo tiempo y la popularidad de Obama va en baja. En ese escenario, debe sacar adelante una reforma a la salud que busca dar protección a 46 millones de estadounidenses que no tienen protección, muestra de uno de lo peores sistemas sanitarios del mundo. Reformarlo cargará aún más la mochila y para mantener a raya el déficit anuncia compensaciones que no gustan a los republicanos.
Varios candidatos han reconocido que ya han tenido gastos de campaña, aunque la ley no los considera como gasto electoral pues sólo se contabilizan 30 días antes de las elecciones. Hasta entonces no hay límite ni rendición de cuentas. Después el panorama seguirá siendo opaco. Un estudio de Chile Transparente da cuenta de que en las últimas municipales, sólo un 7,8% de las donaciones tuvieron carácter público, es decir, no se conoce la identidad de los donantes de más del 90% de los aportes privados. Urge reformar tanto la ley sobre votaciones como la de gasto electoral.
Los bandos que han formado Hugo Chávez y Álvaro Uribe se parecen más de lo que les gustaría reconocer. Denuncias que se caen a pedazos, medias verdades y el sueño del mandato perpetuo se aplica en ambos casos. Mientras el colombiano encuentra en su vecino nuevos argumentos para justificar la plataforma de “seguridad” que le brindaría Estados Unidos, el venezolano dispara contra Bogotá, mientras ignora los problemas de su caja fiscal y el descontento social.
Tras un arranque aperturista y autocrítico de las violaciones de derechos humanos del gobierno de Bush, lo que prometía ser un giro radical ha ido entibiándose. La Casa Blanca primero revocó la decisión de publicar las fotos de los abusos en la cárcel de Abu Ghraib, luego anunció el mantenimiento de los controvertidos tribunales militares en Guantánamo, bloqueó una investigación sobre tortura en la guerra -una virtual amnistía para agentes de la CIA- y resiste que se investiguen las políticas “antiterroristas” de dupla Bush-Cheney. El abandono de la urgencia para resolver el conflicto en Honduras, es otra señal de este enfriamiento que celebran los conservadores.
Transcurrido ya más de un mes y medio del Golpe de Estado en Honduras, el solo hecho de que se discuta su legitimidad es ya una alerta sobre la debilidad democrática en Latinoamérica, abollada por sus propios protagonistas de sello progresista. Y que ese experimento golpista sea exitoso hasta ahora, para el editor internacional del diario Clarín es una “extorsión”: abre la posibilidad para que cualquier sector al que no le resulten las cosas como las planeó patee el tablero y se alce sobre el poder de la gente.
El indulto aparece en el debate público como un intento de la oposición por establecer una asociación directa entre este beneficio y la impunidad. Insistir en ello deja en evidencia el afán por instalar la sensación falaz de que el uso de esta facultad es sinónimo de dejar un delito sin castigo. Por ello, es recomendable mantener la prudencia y alcanzar mayor rigurosidad en su tratamiento.
Los optimistas anuncios de que la peor fase de la crisis ha terminado son desmentidos por la OIT, la que estima que los desempleados en todo el mundo podrían alcanzar entre “210 y 239 millones de personas” a fines de este año. Un récord absoluto cuyos efectos confirma el Banco Mundial y que hizo al FMI advertir el 16 de abril pasado que la crisis llevará a millones de personas a la pobreza, con consecuencias devastadoras. Lo que viene es de tal gravedad que el jefe de la inteligencia de Estados Unidos, Dennis Blair, sostiene que las consecuencias de la recesión reemplazaron al terrorismo como la mayor amenaza para la seguridad del país. Blair apunta justo a la raíz de la violencia: habrá movimientos de población y sufrimiento humano a gran escala, reducción de la actividad económica, menos comercio y crecerán los espacios ingobernados que pueden ser explotados por terroristas.
El surgimiento de nuevas tecnologías cambió radicalmente la forma en que se distribuye el conocimiento y la nueva Ley de Propiedad Intelectual definirá cómo se regula nuestra cultura en este nuevo escenario. No debe proteger el bolsillo de algunas empresas o de grupos de interés, sino lograr un equilibrio entre los titulares de los derechos y el resguardo del interés público.
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