El destino del sacerdote Fernando Karadima está en estas horas en las manos del cardenal Francisco Javier Errázuriz. Y se zanjará en los próximos días en Punta de Tralca. Al distanciamiento público de diez sacerdotes de su círculo, que le otorgaron “verosimilitud” a las acusaciones de abuso sexual en su contra, se agrega el dudoso manejo de los dineros de la parroquia El Bosque. CIPER descubrió nuevas propiedades bajo el control de miembros de la Unión Sacerdotal que lidera Karadima. Una de ellas es un departamento en Viña del Mar, que compró el capellán de la Fundación Las Rosas, el sacerdote Andrés Ariztía de Castro, y que misteriosamente terminó en manos de Karadima, quien puede usufructuar del inmueble de por vida.

De todas las propiedades bajo el control de Fernando Karadima y de la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón, hay una en particular que representa hoy un grave problema para su círculo más férreo. Es un departamento ubicado en Viña del Mar, en la Avenida San Martín 1020, N° 126 y su respectivo estacionamiento. Dicho inmueble fue adquirido en 1992 por el sacerdote Andrés Ariztía de Castro, quien pagó 38 millones de pesos al contado. Hoy, sin embargo, según una escritura notarial, lo disfruta Fernando Karadima en virtud de un usufructo vitalicio, sin que Ariztía tenga claro cómo fue que eso ocurrió.

Ariztía es miembro de una familia con muchos recursos, como la mayoría de los que descubrieron su vocación sacerdotal en la parroquia de El Bosque y al alero de Karadima. Ariztía es capellán de la Fundación Las Rosas, que acoge a ancianos abandonados. También es miembro de la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús, organización clerical que controla Fernando Karadima y que aparece como propietaria de varios inmuebles en Providencia, algunos de los cuales se compraron en efectivo, entre agosto y septiembre del año pasado, por un valor de 600 millones de pesos.

El 30 de julio de 2008, según los documentos del conservador de Bienes Raíces de Viña, el sacerdote Ariztía vendió el departamento de Avenida San Martín a Diego Ossa Errázuriz, Juan Estaban Morales y a Francisco Costabal. Los dos primeros son vicario y párroco de la iglesia El Bosque, respectivamente. Costabal no es sacerdote, pero es presidente de la Acción Católica de El Bosque y vive en la misma parroquia.

Los tres forman parte del círculo más fiel a Karadima, grupo al que habría que sumar al obispo auxiliar de Santiago, Andrés Arteaga, director de la Unión Sacerdotal, y al laico Juan Pablo Bulnes Cerda. Este último, es el abogado de extrema confianza de Karadima, quien suele tramitar algunas operaciones inmobiliarias. Bulnes intermedió entre el sacerdote Diego Ossa y un ex feligrés que lo acusa de abuso sexual y que pedía una indemnización. Fue el abogado quien finalmente pagó esa millonaria “donación”, la que se hizo extensiva a posibles testigos de los abusos.

La operación de venta del departamento de Viña es muy particular: se llama “de nuda propiedad” porque lo que se transa es el departamento, pero no su uso. De hecho, el usufructo vitalicio de esa vivienda fue cedido ese mismo 30 de julio, pero en una escritura distinta, a otra persona: el sacerdote Fernando Karadima.

Sin embargo el sacerdote Andrés Ariztía dice no haber tenido conocimiento de que en los hechos estaba vendiendo esa propiedad, la que a partir de ese momento ya no figuró a su nombre, sino bajo el control de Ossa, Morales y Costabal. Y menos recuerda que ella fuera entregada el mismo día en usufructo vitalicio a Karadima.

-Efectivamente, el año 92 el padre Karadima me pidió que comprara ese departamento en Viña del Mar bajo el estricto entendido que se trataba de un inmueble que iba a ser destinado a la oración y descanso de todos los sacerdotes de la Unión Sacerdotal. Ese fue el objetivo y por eso acepté utilizar una herencia de mis padres para ayudar a mis hermanos sacerdotes y para que se usara con estricto sentido religioso –dijo a CIPER el sacerdote Ariztía, párroco de la Iglesia El Señor de Renca.

Respecto de la venta a Ossa, Morales y Costabal, el sacerdote Ariztía recuerda que firmó los papeles que le hizo llegar el abogado Juan Pablo Bulnes Cerda. Sobre los 36 millones de pesos “íntegramente pagados en diversas cuotas en la forma señalada en escritura pública de cesión de la nuda propiedad”, como certifica la escritura que se firmó ante el notario Raúl Iván Perry el 10 julio de 2008, el sacerdote Andrés Ariztía optó por no hacer comentarios sobre un dinero que no recibió.

-Y déjeme decirle que yo no tengo ningún vínculo económico con la Unión Sacerdotal. ¡En lo absoluto! –acota Ariztía.

Según las indagaciones que hizo CIPER, el único ocupante de ese departamento ha sido Karadima, quien lo usa para sus descansos en distintas épocas del año. Y no ha sido, como lo quería su comprador original, un lugar de reposo para todos los sacerdotes de la Unión.

En el mismo conjunto habitacional, pero en la torre gemela, tenía un departamento su hermano Sergio Karadima. Ese inmueble era ocupado asiduamente por Fernando Karadima antes de que Ariztía comprara el suyo. En dicho lugar el médico James Hamilton, dice que comenzó su calvario cuando, en un momento en que quedaron solos, Karadima lo masturbó.

“EMPRESA DE CORRETAJE”

Las numerosas propiedades que posee la Unión Sacerdotal y que fueron reveladas por CIPER el pasado 13 de agosto, han agregado un nuevo elemento de conmoción en la Iglesia Católica y en la comunidad de El Bosque, ya sometida a una gran tensión por las acusaciones de abuso sexual que afectan a su ex párroco Karadima y a su actual vicario Ossa.

De hecho, fue el citado reportaje uno de los factores que terminaron por convencer a diez sacerdotes que integraban la Unión Sacerdotal de distanciarse públicamente el 18 de agosto de esa organización, la que dirige el obispo auxiliar de Santiago Andrés Arteaga y que controla Karadima.

En una declaración entregada a CIPER, los diez sacerdotes le otorgaron verosimilitud a las denuncias de abusos sexuales. Además, algunos de ellos mostraron su estupor respecto de las operaciones inmobiliarias y su preocupación por el uso que el grupo que dirige Karadima le otorga a esos inmuebles. Un sacerdote de la Unión que no pertenece al grupo “cismático”, pero que también se ha alejado de Karadima, señaló a CIPER:

-Esto es gravísimo y nos hemos enterado por CIPER de esta verdadera empresa de corretaje de propiedades. Déjeme decirle que a nosotros, nunca, jamás, se nos informó ni de la compra ni de la administración ni los objetivos que tenían estos bienes. Jamás.

En este contexto, la referida propiedad de Viña del Mar y la forma en que se efectuó su traspaso reafirman las dudas que se han ido consolidando sobre los bienes de la Unión Sacerdotal. En esa compraventa los intereses de la Unión y los de Karadima se superponen, pues, según el relato de Ariztía, una propiedad comprada a petición de Karadima para destinarla al uso de los religiosos, terminó bajo el control único del sacerdote, aunque no esté a su nombre.

El punto es relevante porque además de los departamentos que identificó CIPER a nombre de la Unión Sacerdotal en zonas residenciales de alto valor comercial, descubrimos otra media docena de departamentos en las inmediaciones de la parroquia El Bosque, respecto de los cuales varios testigos afirman que se compraron a petición de Karadima o en cuya adquisición le cupo al sacerdote un rol determinante.

En estos departamentos, que hoy están a nombre de otras personas relacionadas con la comunidad de El Bosque, CIPER ha encontrado distintos indicios de que el cuestionado sacerdote ha podido usufructuar de ellos.

El primero es el departamento ubicado en El Bosque Nº 1247, departamento 802. Tiene 140 metros cuadrados, tres dormitorios y tres baños. En el Conservador de Bienes Raíces figura como comprador el sacerdote Jaime Tocornal Vial, quien pagó al contado 6.535 UF (aproximadamente 138 millones de pesos).

Según ha declarado la ex esposa de James Hamilton, uno de los principales acusadores de Karadima, el sacerdote y guía espiritual del matrimonio quería que ellos vivieran cerca de la parroquia y “le pidió a un sacerdote que comprara este departamento” para que la pareja lo habitara.

El matrimonio vivió allí entre 1997 y 2001. Y a ese departamento del Bosque iba Karadima de visita, durante el periodo en que Hamilton dice haber estado bajo el control absoluto del sacerdote. Cuando la pareja se mudó, fue ocupado por Juana Manieu, madre del obispo auxiliar y director de la Unión Sacerdotal, Andrés Arteaga Manieu.

Un segundo inmueble es la casa de dos pisos ubicada en Las Baleares 937. Hasta 2001 era propiedad de Gonzalo Tocornal Vial, un laico del círculo más estrecho de Karadima, que la vendió a Francisco Prochaska Vecsey, también parte del mismo círculo. Según ha establecido CIPER fue Karadima quien intervino para que Tocornal le vendiera a Prochaska (en 3.036 UF, unos $64 millones); y fue él también el que convenció a Prochaska para que le arrendara la casa recién comprada a Hamilton. Allí vivieron entre 2001 y 2004 Hamilton, su esposa y sus hijos. Y en esa casa continuó la relación entre el sacerdote y su denunciante.

Prochaska afirmó a CIPER que le pagó el pie de la casa a Tocornal con sus ahorros ($24 millones) y el resto lo canceló en mensualidades de más de trescientos mil pesos, extendiéndose el pago un año y medio más por concepto de intereses. También confirmó que fue Karadima quien hizo el trato con Tocornal y quien decidió que fuera Hamilton su primer morador.

Esta lista de propiedades incluye dos departamentos de Eliodoro Yáñez 2831, Torre A, N° 701 y 1201 con sus dos bodegas y sus cuatro estacionamientos. Fueron comprados al contado por 15.158 UF, unos $320 millones. En el Conservador de Bienes Raíces aparece como propietario el sacerdote Antonio Fuenzalida Besa, muy cercano a Karadima y consejero de la Unión Sacerdotal, quien también posee otros inmuebles a su nombre, pero que forman parte de herencias familiares.

Lo curioso es que estas dos propiedades fueron compradas en los mismos días en que la Unión Sacerdotal adquirió otros dos departamentos en el mismo conjunto habitacional, los números 801 de ambas torres (A y B). Testigos de la operación inmobiliaria dijeron a CIPER que los inmuebles fueron visitados por una comitiva que encabezaba Karadima y que integraban Juan Esteban Morales Mena, actual párroco de El Bosque; Diego Ossa Errázuriz, vicario de la misma parroquia; Andrés Arteaga Manieu, obispo auxiliar de Santiago y director de la Unión Sacerdotal; José Tomás Salinas Errázuriz, consejero de la misma Unión y Francisco Costabal.

Los mismos testigos de distintas fases de la operación inmobiliaria afirman que Karadima era quien evaluaba y decidía qué comprar. Otros testigos indican que días después de la visita, el sacerdote Antonio Fuenzalida llegó hasta el mismo edificio. Iba acompañado de Morales, Ossa y Costabal. A su solicitud, le entregaron cinco llaves de cinco departamentos visitados anteriormente por Karadima y su comitiva. Fue entonces que Costabal interrumpió y dijo que sólo requerían dos llaves, pues Karadima ya había elegido el 701 y el 1201. Fuenzalida subió a verlos y días después los compró.

¿Tiene control Karadima sobre esos departamentos? Lo cierto es que en el N° 701 –comprado por Fuenzalida- vive hoy Sergio Karadima Fariña, hermano del sacerdote. Una situación similar ocurre con un departamento adquirido a nombre de la Unión Sacerdotal en la Torre B del mismo conjunto (Nº 801). Allí vive María Eugenia Karadima Fariña, hermana del sacerdote.

Por último, está el departamento Nº 603, de El Bosque 701. Un testigo relata:

-La primera vez que vinieron a verlo, fue un martes por la mañana, después de misa. Se presentaron Fernando Karadima, Diego Ossa, Juan Esteban Morales y Francisco Costabal. Quien venía con intención de comprar era Karadima. Costabal nunca habló. Fue una decisión rápida, a los pocos días estaban adquiriendo el departamento al contado.

Según el registro del Conservador de Bienes Raíces, la adquisición figura a nombre de Francisco Costabal: se realizó el 13 de noviembre de 2008 por un valor de $98.389.387 pagados al contado, lo que incluyó dos estacionamientos.

UNA FRONTERA OSCURA

Las interrogantes que surgen de la forma en cómo se concretan las sucesivas operaciones inmobiliarias y su posterior administración, se acrecientan con el depósito de los dineros de las rentas en las cuentas corrientes de la parroquia El Bosque. Aquí comienzan a confundirse los dineros de la Unión Sacerdotal y los de la parroquia, cuestión que complica al Arzobispado de Santiago y que debiese interesar al Servicio de Impuestos Internos, ya que la parroquia –por ser un lugar destinado al culto- no paga impuestos.

La investigación de CIPER logró descubrir que la Unión Sacerdotal recibe 2 millones 300 mil pesos mensuales por el arriendo de una propiedad en Carlos Antúnez y de tres de sus departamentos (Eleodoro Yáñez 2831 y los de El Bosque 915 y 957). Este dinero se deposita en una cuenta del Banco de Chile a nombre la Parroquia del Sagrado Corazón de Providencia.

A través de la cuenta Nº 00-162-52168-05, cuyo único autorizador registrado por el Banco de Chile es Fernando Karadima, se paga mensualmente a los empleados de la parroquia.

Sin embargo, existe otra cuenta que también recibe fondos no menores. Son los dineros que se recaudan por el arriendo del centro médico que ocupa un pedazo de la manzana donde está emplazada la parroquia. Los directivos de ese centro no quisieron precisar el monto, pero lo calificaron de “cuantioso”. Y señalaron que se deposita en una cuenta del banco BICE a nombre de Parroquia del Sagrado Corazón de Providencia. Su titular: el vicario Diego Ossa.

Lo anterior demuestra que aunque Fernando Karadima no es párroco desde 2006, mantiene cuotas importantes del poder financiero que controla la iglesia El Bosque. De allí la importancia de dilucidar tanto en la justicia ordinaria como en el Tribunal de Cuentas del arzobispado si los dineros con que se pagó a posibles víctimas y testigos de abusos sexuales salieron de esas cuentas.

Un dato adicional agrava la confusión entre los dineros que recauda de sus fieles la iglesia El Bosque y los que maneja la Unión Sacerdotal, ambos bajo el férreo control de Karadima: en el arzobispado tienen identificada a la parroquia con el mismo RUT de la Unión Sacerdotal.

“Lo que aquí pasó es que mezclaron las platas”, dijo una fuente del arzobispado.

Una mezcla de antigua data. Porque los viajes que Karadima realizaba cada año a Europa, en los que invitaba a personas de su círculo más íntimo –entre los más frecuentes, Guillermo Tagle, Francisco Prochaska, Gonzalo Tocornal, Hans Kast y Juan Carlos Cruz, uno de los denunciantes de abusos- se organizaban a través de Turavión y eran cancelados con donativos que recibía personalmente el sacerdote.

Así lo confirmó a CIPER Francisco Prochaska, uno de los laicos más cercano a Karadima por largos años. Prochaska afirmó estar “destrozado” por las acusaciones que pesan sobre el sacerdote –su guía espiritual- y afirmó:

-En lo que a mí respecta, puedo afirmar que jamás fui objeto de ninguna insinuación o conducta sexual dudosa por parte del padre en todos estos años.

LA DECISION DE PUNTA DE TRALCA

Este fin de semana el sacerdote Fernando Vives, vicario de la Zona Cordillera, encargado de la visita pastoral ordenada por el cardenal Francisco Javier Errázuriz a la parroquia El Bosque, debiera entregarle un informe completo que abarca desde las finanzas hasta el ánimo en que se encuentran los fieles de una iglesia tensionada al máximo. El documento de Vives debe contener recomendaciones y muchos esperan que una de ellas sea la intervención de la parroquia.

Con ese informe, pieza clave para lo que viene, el cardenal se irá el lunes a una reunión en Punta de Talca con todos los obispos. De los 33 asistentes, cinco han sido formados por Karadima: Andrés Arteaga (obispo auxiliar de Santiago), Horacio Valenzuela (Talca), Juan Barros (obispo castrense), Tomislav Koljatic (Linares) y Felipe Bacarreza (Los Ángeles). Sólo el último ha cortado lazos con su ex guía espiritual. El tema central en Punta de Tralca será la crítica situación de la parroquia El Bosque y del grupo de sacerdotes que la controla. Y todo ello en la víspera del nombramiento por parte del Vaticano del nuevo arzobispo de Santiago.

Si hasta hace pocos días había obispos que pensaban que lo mejor era esperar la decisión del Vaticano respecto del mérito de las acusaciones que pesan sobre Karadima, la situación ha cambiado radicalmente.

Uno de los religiosos que hace tiempo cree necesario que Karadima salga de esa parroquia, es Hans Kast Rist, canciller del Arzobispado de Santiago y ex integrante por 20 años del grupo de Karadima. Así lo explicitó en su declaración ante el fiscal Xavier Armendáriz, que investigó inicialmente las denuncias de abusos. Tras describir los actos impropios que vio, sugirió que era necesario que Karadima fuera alejado “por no menos de seis años del contacto con niños, jóvenes y adultos vulnerables”. El destino de Karadima, en su opinión, debía ser “una vida retirada, sin tomar la dirección espiritual de otros”.

Kast recomendó también que en ese retiro no recibiera visitas de personas que tengan más de 20 años de diferencia con él. “Como tiene 80 años, máximo lo podrían visitar personas de mínimo 60 años”. El límite que fija Kast es fácil de deducir: en el círculo de Karadima habría varios hombres entre los 40 y los 50 años que han dedicado su vida a seguir incondicionalmente al cuestionado sacerdote de El Bosque, desarrollando una enorme dependencia.

“¿Es conveniente que tal persona siga ejerciendo el ministerio público?”, se preguntó Kast en su declaración. Su respuesta fue clara: no. Y argumenta la necesidad de provocar el cambio ante la urgencia de ayudar al círculo que hasta hoy se mantiene fiel a Karadima: “El grupo más cercano está, al parecer, en un callejón sin salida y quizás agradecería (sin decirlo) que a Fernando Karadima se lo aleje por un tiempo”.

Una decisión de ese tenor, sin embargo, no es fácil. Depende en estas horas del cardenal Errázuriz. Pero en Punta de Tralca tomará el pulso de los obstáculos que se interponen. Uno de ellos es el dolor que la intervención de la parroquia y el alejamiento de Karadima provocará en muchos de sus fieles que aún no creen en la verosimilitud de las denuncias de abuso sexual. Un argumento que es replicado por la erosión que provoca el hecho de que el vicario de la parroquia, Diego Ossa, también acusado de abuso sexual, se mantenga allí, al lado de Karadima, oficiando misas y hasta presidiendo la reunión semanal de los jóvenes de la Acción Católica los miércoles.

El propio Kast en su declaración ante el fiscal Armendáriz preveía que para muchos sería difícil aceptar los actos impropios que él mismo había visto. Y hace alusión a que muchos feligreses continuarán defendiéndolo, ya que “puede que hayan ido todos los días a Misa y se hayan quedado un día a la semana a cenar o que Fernando Karadima haya ido a sus casas a cenar, pero en esas cenas, él se contenía y no se comportaba como a veces lo hacía entre los jóvenes, en confianza o en un ambiente más distendido”.

Y agregó: “En el círculo más externo habla de Dios, de la santidad… Ahí no ven el abuso efectivo a las víctimas más cercanas (…). Incluso ese grupo externo le puede llevar jóvenes para que les hable de Dios y los dirija espiritualmente, sin percibir que algunos de ellos, los que sean vulnerables, pueden sufrir abuso de poder”.

La advertencia de Kast fue constatada por CIPER al hablar con múltiples sacerdotes y laicos de su grupo cercano a Karadima. El dolor de cada uno brota sin control. Y no son pocos los que se preguntan una y otra vez cómo fueron engañados por el sacerdote que incluso les hizo pensar que tenían el privilegio de servir a un “santo”.

Para el canciller del Arzobispado de Santiago, Hans Kast, esta idea de santidad hizo que en esa parroquia se despertaran gran cantidad de vocaciones. Como limaduras tras un imán, los más piadosos hijos de la elite chilena llegaban a las manos de Karadima. Y esos jóvenes que buscaban entregar su vida a Cristo, confiaban a tal punto en él, que cuando veían algo o eran víctimas de un acto impropio, le buscaban una explicación que calzara con la imagen del hombre santo.

Allí está la explicación para los besos que se interpretaban como un gesto de cariño. Y cuando en vez de besarlos en la mejilla, Karadima “sacaba la lengua y la pasaba por la mejilla”, como afirmó ante la justicia el sacerdote Eugenio de la Fuente, los jóvenes lo entendían como una muestra excesiva de afecto. Lo mismo ocurría con ese beso que casi por azar se transformaba en un beso en la boca. Una broma, para algunos; una alerta sólo para unos pocos. Pero Karadima no dejaba de ser “santo”.

Lo mismo pasaba con el toqueteo de los genitales. Los testigos dicen que era “como accidental”. Permanentemente Karadima sufría el mismo “accidente” y terminaba con su mano rozando un pene. A medida que avanzaba la relación, el toqueteo se transformaba en una palpación voluntaria que tenía incluso una explicación didáctica.

Así lo declara Fernando Batlle, uno de los denunciantes. Al llegar a la parroquia, Karadima lo saludaba muy afectuosamente mientas le palmoteaba los genitales y le decía que “el pirulito” había que tenerlo “corcheteadito”. “Según recuerdo, esto ocurría delante de otros jóvenes cercanos, en instalaciones privadas de la parroquia, como el comedor o su pieza, lugares a los cuales muy pocos tuvimos acceso”.

También había palmoteos al terminar la confesión. “Andate tranquilito y cuida mucho tu vocación, me decía al tiempo que me tocaba los genitales”, relata Batlle, quien acota que eso le ocurrió repetidas veces cuando estaba en la enseñanza media.

Nadie podía pensar, en ese momento, que había algo morboso en esas actitudes. Menos algún tipo de abuso. Es más, en la búsqueda de una explicación, se llegaba a las interpretaciones más peregrinas. Batlle pensaba que era un acto de extrema confianza de Karadima. Hasta que el trato lo incomodó al punto de abandonar la parroquia. James Hamilton dijo ante el fiscal Xavier Armendáriz que interpretaba esos toqueteos como “una prueba a mi templanza sexual”.

En el caso de Hamilton, el toqueteo terminó en masturbación. Karadima lo mandó a confesarse de “pecado de pureza”. Y lo que provocó en él, estremece: “Estaba abrumado, exhausto, completamente desorientado, lleno de temor, culpa y horror por haber desencadenado algo así”, le dijo a Armendáriz.

Karadima premió su silencio integrándolo al selecto grupo de jóvenes que entraba a su pieza en la parroquia. Más tarde hubo un premio mayor: lo designó presidente de la Acción Católica el año en que vino a Chile Juan Pablo II.

En los próximos días el cardenal decidirá el destino del sacerdote Fernando Karadima, el joven que fue funcionario del Banco Sudamericano (hoy Scotia) antes de ser sacerdote y que hasta hoy guarda monedas de oro en sus calcetines en el closet. El hombre que mantiene intocable la casa que habitó su madre al interior de la misma parroquia hasta el día de su muerte, se aferra en estas horas a su círculo de hierro cada vez más reducido.

Mientras la conmoción crece en su entorno, algunos recuerdan con perplejidad un misterio con el que Karadima alimentaba su imagen de santidad. Contaba que había ido a ver al padre Hurtado moribundo y le había pedido tres favores que el santo se había comprometido a cumplir. El primero, que su padre (ya fallecido) llegara al cielo. El segundo, que él se convirtiera en sacerdote. “Y el tercero, no se los puedo revelar. Es un secreto”, decía.

Hasta hace unos meses su círculo cercano creía firmemente en esta historia. Ahora, como todo lo que tiene que ver con Karadima, esta escena también se pone en duda.

*Con la colaboración de la estudiante en práctica Lissette Fossa.

*Vea Además el Mapa Multimedia: Iglesia de El Bosque

Diez sacerdotes hicieron público su distanciamiento de la Unión Sacerdotal que controla el sacerdote Fernando Karadima, en una declaración que CIPER entrega en exclusiva y que otorga “verosimilitud” a las acusaciones de abuso sexual en su contra. La decisión de los sacerdotes, todos a cargo de parroquias de asistencia masiva de la capital, le pone urgencia a la visita pastoral que realiza el vicario Fernando Vives a la iglesia El Bosque y a la revisión de las cuentas de la misma. Los orígenes y destino de los dineros con que se pagó a posibles testigos complican al obispo auxiliar de Santiago, Andrés Arteaga, cabeza de la Unión Sacerdotal.

Diez sacerdotes integrantes de la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús, entidad afincada en la parroquia de El Bosque, decidieron hacer público su distanciamiento de la comunidad que sigue liderando Fernando Karadima. En una declaración, entregada a CIPER en la mañana del 18 de agosto, los diez sacerdotes afirman que estiman “verosímiles” las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre este prelado.

La declaración por la que estos sacerdotes explicitaron su separación de la Unión Sacerdotal, la primera oficial desde que irrumpiera el escándalo que envuelve al líder de la parroquia El Bosque, dice:

“Queremos hacer público nuestro distanciamiento de los encuentros de la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús a razón de los hechos que se han conocido en los últimos meses y que nos parecen verosímiles”.

“Estamos y hemos estado totalmente abiertos a colaborar con la justicia civil y canónica y en plena comunión con la autoridad de nuestra iglesia de Santiago y con la Santa Sede y el Santo Padre, el Papa”.

El comunicado lo suscriben los sacerdotes Eugenio de la Fuente Lora, Sebastián Vial Cruz, Sergio Della Maggiora Silva, Andrés Ferrada Moreira, Fernando Ferrada Moreira, Sergio Cobo Montalvo, Francisco Walker Vicuña, Samuel Arancibia Lomberger, Javier Barros Bascuñan y Jorge Barros Bascuñan.

Los firmantes pertenecen a parroquias de asistencia masiva en distintos puntos de Santiago: Eugenio de la Fuente es párroco de la iglesia La Medalla Milagrosa de Quinta Normal; Sebastián Vial Cruz, en la parroquia María Magdalena de Puente Alto; Sergio Della Maggiora Silva, en la parroquia de Colina; Andrés Ferrada Moreira, es encargado académico del Seminario Mayor; y su hermano Fernando, es párroco en la Iglesia Jesús Carpintero de Renca.

El sacerdote Sergio Cobo está a cargo de la parroquia San Carlos Borroneo de La Reina; y el padre Francisco Walker Vicuña es vicario judicial de la Arquidiócesis de Santiago; Samuel Arancibia Lomberger es párroco en la iglesia Santa María de Las Condes. Los dos últimos firmantes son los hermanos Javier y Jorge Barros Bascuñan. El primero se desempeña en la parroquia Santa Marta, mientras que el segundo es párroco de la iglesia de La Pincoya.

Todos ellos pertenecen a la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús, una asociación clerical fundada en 1928 que tiene como fin “la formación de un vínculo espiritual, en oración y caridad entre los miembros de ella”. Hasta comienzos de año la integraban medio centenar de sacerdotes y cinco obispos, todos formados espiritualmente por Karadima en la parroquia El Bosque.

Este grupo se reunía todos los lunes, el día libre de los sacerdotes. Karadima, quien llegó a la iglesia El Bosque en 1952 siendo su vicario por 25 años y su párroco por otros 23, ha sido el guía espiritual de todos ellos.

Los lunes, tras participar en una misa, tenía lugar la reunión de camaradería que siempre terminaba con una cena. Sólo un reducido grupo de laicos, los más cercanos a la comunidad, integrantes de la Acción Católica de El Bosque, también formada por Karadima, tenían acceso a esa actividad. Todos los sacerdotes con los que ha hablado CIPER indican que un código tácito les señalaba que era una cita a la que no se podía faltar.

Los lazos entre los miembros de la Unión Sacerdotal y la Acción Católica se profundizaban con paseos al campo de Panquehue de Gonzalo Bulnes o al campo de Requinoa, de Juan Pablo Dörr. “Y los fines de semana largos a veces nos íbamos a la casa de los Matte en Zapallar”, dice uno de los participantes, estrechamente ligado al grupo de Karadima.

En esas reuniones se hablaba de espiritualidad, de la Virgen, del camino a la santidad y se rezaba el rosario.
Con esas actividades y la reunión de los lunes, además de la confesión, Karadima mantenía el control sobre un enorme grupo de sacerdotes en los que él había despertado la vocación.

De hecho, en la declaración que hizo ante el fiscal Xavier Armendáriz, que investiga las denuncias de abusos, Karadima dijo: “Pido se considere que mi palabra valga, pues tengo tanta gente que ha pasado por acá, serán 500 mil jóvenes desde los años 50 que trabajo con ellos”. Y para finalizar, acotó: “Quisiera agregar que en mi trabajo pastoral he logrado conducir unas 50 vocaciones religiosas, entre ellas cinco obispos”.

El alejamiento público de los sacerdotes ocurre cuando está pronta a terminar la visita pastoral del vicario de la Zona Cordillera, Fernando Vives, a la parroquia El Bosque. Por orden del cardenal Francisco Javier Errázuriz, Vives está visitando las cuatro parroquias del decanato de Tobalaba. Durante las últimas semanas ha tomado el pulso a la parroquia El Bosque, hablando con los fieles y conociendo sus percepciones. También se ha interiorizado de la situación económica de la parroquia: de los pagos a los empleados y de las cuentas del templo. En especial, de la cuantía y el destino del aporte del uno por ciento que hacen los fieles.

Vives también indaga el destino de otros recursos, como el aporte de los fieles durante las misas. Fuentes que han declarado en los procesos –judicial y eclesiástico– aseguran que en esa parroquia se juntaban cada domingo más de cuatro millones de pesos de contribuciones en las eucaristías.

Un importante testigo del caso, identificado como F.G.B., dice haber visto qué hacía Karadima una vez terminada su misa en El Bosque, la más concurrida de todas. “Vi que vaciaba las bolsas de la colecta de su misa. Se juntaba bastante dinero. Y lo vi arrojar monedas y billetes al aire, diciendo y pensar que toda esta plata es mía”.

Cuando Vives finalice su visita deberá entregar un informe al Cardenal Francisco Javier Errázuriz y realizar recomendaciones. La declaración pública de los 10 sacerdotes refuerza la urgencia de cerrar pronto esa visita. Algunos religiosos consultados por CIPER creen que es muy probable que la recomendación sea que se ordene intervenir la parroquia El Bosque.

LAS PROPIEDADES

El “cisma” en la Unión Sacerdotal se origina en un hecho también relevante en el contexto de las denuncias por abusos sexuales que afectan tanto a Karadima como al vicario de la Iglesia El Bosque, Diego Ossa: Las numerosas propiedades que posee esta entidad y que fueron reveladas por CIPER el pasado 13 de agosto en reportaje “Los secretos del imperio financiero que controla el sacerdote Fernando Karadima”.

Hasta ahora se han identificado al menos seis propiedades en la comuna de Providencia –principalmente departamentos en los alrededores de la parroquia el Bosque– adquiridos por la Unión Sacerdotal por un momento cercano a los 600 millones de pesos.

-Esto es gravísimo y nos hemos enterado por CIPER de esta verdadera empresa de corretaje de propiedades. Déjeme decirle que a nosotros, nunca, jamás, se nos informó ni de la compra ni de la administración ni los objetivos que tenían estos bienes. Jamás –afirmó otro sacerdote alejado de de la Unión Sacerdotal pero que ha buscado otros caminos para mostrar su desacuerdo.

La misma fuente indica que en los estatutos de dicha entidad no hay ninguna mención que permita el manejo de propiedades o de otras inversiones.

Un tema que inquieta al Arzobispado de Santiago es el origen poco claro de los dineros que permitieron esas compras. ¿Provienen de donaciones hechas a la parroquia o a la Unión Sacerdotal? No está claro. Menos aún cuando en el arzobispado tienen identificada a la parroquia de El Bosque con el mismo RUT de la Unión.

“Al aparecer se han confundido los dineros de la parroquia con los de la Unión Sacerdotal”, señala una fuente de la iglesia de Santiago que prefiere mantener reserva. Si esto resulta cierto, la situación sería particularmente grave para Andrés Arteaga, obispo auxiliar de Santiago, vice gran canciller de la Universidad Católica y director de la mentada Unión Sacerdotal en los últimos 20 años.

Y ello porque una de las aristas más críticas de la investigación a cargo de Armendáriz es el origen de los millones que se pagaron a posibles testigos y víctimas de los abusos que se le atribuyen a Karadima y a Ossa.

En el proceso ya están acreditados pagos a tres empleados de la parroquia y a una posible víctima. Todos esos millones fueron desembolsados después de septiembre pasado, cuando la investigación eclesiástica cobró nuevos bríos bajo la conducción del sacerdote Hans Kast, ex integrante de la Unión Sacerdotal.

Si se comprueba que los recursos que se utilizaron en esos pagos provienen de dineros que controla la Unión Sacerdotal, el obispo Andrés Arteaga deberá responder en su calidad de cabeza de esa entidad.

*Vea también: “Los secretos del imperio financiero que controla el sacerdote Fernando Karadima”

*Multimedia: Además revise el mapa de la Iglesia de El Bosque.

Cuando realizo esta entrevista, Leila Guerriero, acaba de finalizar una visita a Zimbabue (país al que muy pocos periodistas extranjeros pueden acceder) para un reportaje sobre niños huérfanos de SIDA encargado por El País Semanal. Luego gana el Premio Nuevo Periodismo que otorga la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) que fundó en Cartagena Gabriel García Márquez. El título del reportaje ganador es “El rastro en los huesos”, publicado en abril de 2008. Desde Buenos Aires, Leila edita la revista Gatopardo, imparte talleres periodísticos a alumnos que vienen de muchas partes de América Latina y colabora con varios medios del continente y de España. Entre sus libros, uno desconcertante: Los Suicidas del Fin del Mundo, la crónica escalofriante de una epidemia de suicidios cuyas víctimas son los jóvenes de un pueblo de la Patagonia, y el último: Frutos Extraños, una antología de sus mejores reportajes.

La pregunta no es quién es Leila Guerriero, sino cómo hace lo que hace para retratar lo que pocos ven o no quieren ver. Nunca hizo crónicas sobre famosos ni reportajes de farándula. Nunca entrevistó a políticos prestigiosos ni escribió sobre temas de la actualidad que marcan los diarios. Cómo hace lo que hace. Un pequeño taller de periodismo nos espera en su casa. Una joven periodista especializada en los temas “poco importantes”.

SM: Ya que no haces reportajes muy al uso, como los dedicados a la política, o los “grandes temas”, cuéntanos cómo te preparas para la realización de los mismos.
LG: No tengo un método, pero lo que siempre hago es tratar de agotar todo lo que se ha escrito sobre el tema que voy a tratar. Y no sólo sobre el tema sino sobre lo que puede estar relacionado con él. Por ejemplo, cuando escribí la historia de un matarife en Argentina, no sólo leí todo lo que se había publicado sobre el tipo (sus propiedades, las acusaciones que existían contra él); sino que investigué las cifras del mercado de la carne en la Argentina, cantidades de vaca que se consumen por año y por persona, etc. Después, hay un montón de información que no utilizas, pero yo sigo la teoría del iceberg: el 5% que se ve flotando existe porque hay un 95% debajo, que no se ve.

SM: Pero a la hora de sentarte con alguien frente a frente, imagino que…
LG: No. Para eso tienes que seguir una estrategia distinta con cada persona.

SM: Es que al leer tus entrevistas, uno percibe que no te gusta demasiado preguntar. Que te sientas y escuchas y luego vas anotando pedazos de todo lo que ves, oyes o sientes. Que eres más bien con una especie de grabadora.
LG: Si te referías a eso como un método, ése sería el mío. Yo no soy una persona muy habladora; me gusta estar en silencio cuando entrevisto. Creo que el error de las entrevistas es hacer muchas preguntas. Hay momentos en que casi es un arte marcial. Durante un reportaje largo; en que paso siete horas hablando con una persona, me puede dar ganas de ir al baño, me da sueño, sed, hambre, pero como periodista mi táctica es aguantarme, quedarme quieta para no quebrar ese momento en que la persona se abre y llega al meollo del asunto. Se trata de hacerme invisible. Siento que soy como un reactivo químico de esos que se usaban en los revelados antiguos de fotografía, que iba gastando hasta que se muestra lo que la persona tiene que mostrar. Eso no pasa en una entrevista formal con un estilo muy directo y un tiempo muy corto. Ese momento pasa, por ejemplo cuando hice la nota del “gigante” (Se trata de la historia de un hombre altísimo que pasó de ser una posible estrella de la NBA a competir en la lucha libre y después a arruinarse y volver a su pueblito de la Argentina. El reportaje se tituló El Gigante que quería ser grande, y fue publicado en El País Semanal en 2007).

Durante los días que estuve con él no me trató con demasiados detalles, ni tampoco se abría mucho, pero la última noche se puso a hablar y a hablar como nunca lo había hecho y me contó un sueño que había tenido. De ese sueño, se formó el reportaje después, porque fue ahí cuando me descubrió su faceta más humana, y la única parte en que podía explicarse su historia de vida, que había sido un tipo que había nacido en un pueblo de mierda y que si no hubiera sido así, habría hecho algo mejor con el dinero que había ganado.

SM: En realidad, te interesan mucho esos “pueblos de mierda”, ¿no?
LG: (riéndose) Sí; he ido a muchísimos.

SM: En los suicidas del fin del mundo, las descripciones que haces del lugar donde ocurrieron esas tragedias, parecen descripciones de las personas que lo habitan.
LG: Los pueblos marcan a la gente. Pero en realidad, los pueblos no me interesan (sonríe con ironía). Si tuviera que elegir me quedaría en casa y ahorraría mucho más tiempo. Lo que me interesa son las historias y si tengo que cruzar todo el país para encontrarlas, lo hago.

SM: Sí, pero para otros muchos las historias no están en esos pueblos; sino en las capitales, como el interés por la fortuna de los Kitchner; o la agenda política final de Hugo Chávez, por citar algunos ejemplos.
LG: A mí ese periodismo no me interesa tanto. Lo aprecio, algunas veces, pero no me interesa. ¿Qué me lleva a que me interesan determinadas historias y no otras? Eso es como preguntarte por qué te enamoras de una persona y no de otra. Hay algo que reverbera en uno cuando está cerca de esas historias.

SM: ¿Tú eres de pueblo?
LG: Sí; de Junín. Cuando yo nací, tenía veinte mil habitantes; y ahora ha crecido hasta cien mil.

SM: ¿Y te marcó en tu forma de hacer periodismo?
LG: Bueno. Era de familia media en Junín.

SM: ¿Una niña bien de pueblo?
LG: No; porque mi papá, que sí perteneció a una familia conocida allí, renegó de ese estilo de vida. Nos educó en colegios públicos y en austeridad.

SM: Tu papá intentó entonces protegerte de convertirte en niña bien.
LG: Sí. Él y mi mamá, que era maestra de escuela y ama de casa. Mis abuelos eran dueños de la cervecería de Junín. Mi papá fue un rebelde con espíritu aventurero, admirador de Rimbaud. No era muy derrochador. Pero me indujo a la lectura y a la pasión por el viaje.

SM: El viaje es esencial en ti.
LG: Sí; y no sé para qué lo hago tanto. Creo que sólo para moverme. No busco nada. Quizá porque el viaje te coloca siempre en un tiempo presente puro. Me explico: yo soy muy previsora y me contagio de ese espíritu tan occidental de vivir en un tiempo ilusorio del futuro. Sin embargo, el viaje te hace ser hoy, cada minuto, sin pensar casi nunca en el mañana.

SM: Y empezaste en el periodismo con un relato sobre un viaje.
LG: Era un relato que se llamaba Kilómetro Cero. Lo envié a Página 12, y sin tener ningún contacto se le dejé a Jorge Lanata, un periodista muy conocido en Argentina. Creí que no lo iba a leer nadie. Eso fue al terminar estudios de Turismo. Al volver a Junín, desempleada y recién graduada, encontré que me habían publicado el relato. No había dejado mi contacto y llamé al diario. Era la primera vez que Lanata publicaba algo en el diario de una persona que no conocía. Al poco tiempo, me llamó para ofrecerme un trabajo en una revista mensual de Página 12, que dirigía Martín Caparrós. Nunca he trabajado en un diario, sólo en revistas. De hecho, antes de trabajar en un diario, monto una ferretería.

SM: ¿Te acuerdas de la historia de Kilómetro Cero?
LG: Sí, era de una chica que recuerda su casa en medio de una huída junto a un tipo que le había convencido para robar un banco, y en algún momento sabía que lo iba a abandonar. De él sólo le atrajo el sabor de la aventura, pero ya había roto su vida. Recuerdo que se decía a sí misma que nadie sabe como huele una mujer después de muchos días con la misma camisa y sin ducharse.

SM: ¿Tienes algún maestro de Periodismo en América Latina? Quedarías bien si dices García Márquez.
LG: No. Yo digo siempre que es Martín Caparrós, que tiene una mirada como un bisturí, aunque a él no le gustaría que le llamasen maestro.

SM: ¿Y fuera de América Latina?
LG: John Mcphee y Susan Orlean. En España y otros países, no sé… En España es raro que no haya buenos cronistas porque si hubo un país en que nació la Crónica fue ahí. No sé qué ha pasado.

SM: ¿Te parece que en América Latina el periodismo pierde imparcialidad? Me refiero, por ejemplo, a que hay medios a favor radicalmente de iniciativas como el ALBA y otros en contra radicalmente, y a veces la verdad es difícil de encontrar. ¿Es un mal momento para el periodismo?
LG: Me parece que todos los tiempos son buenos y malos para el periodismo. Es un oficio para bravos. Ahora, por ejemplo, todo el mundo está temblando ante internet. Y eso sólo es un cambio de formato.

SM: Tus viajes por América Latina están muy relacionados con los talleres de periodismo. ¿Qué consejos das a los alumnos?
LG: No les doy consejos. Pero algo que repito es que lo esencial es no perder la curiosidad. Te pueden fallar las notas, la grabadora, etc. Pero la curiosidad no puede faltarte. Si una persona siente que le estás atendiendo al cien por cien, a pesar de que tú puedas estar viviendo una tragedia, tener a tu madre en el hospital, o dolerte una úlcera, esa persona se abre porque recibe tu respeto por ella y por tu trabajo con toda tu concentración en ella.

SM: Entonces, ¿el periodismo no ha muerto?
LG: En América Latina, veo que se multiplican los talleres de periodismo y hay un hambre por aprender sobre el oficio. Ahora yo he organizado talleres en mi casa y he recibido solicitudes de aspirantes de varios países.

SM: Qué libros recomendarías.
LG: Todos los de Martín Caparrós, como La Guerra Moderna; El Interior, o Una Luna, publicado recientemente en Anagrama. Hay también un libro que se titula Los Periodistas Literarios, de Norman Sims, que recoge una serie de crónicas de varias autores. Y también A Sangre Fría me sigue pareciendo un libro maravilloso.

SM: A propósito de este último, ¿te parece válida la manera en que Truman Capote se hizo con esa historia, aparentemente haciéndose pasar por amigo de uno de los autores del crimen?
LG: Hay un punto de manipulación que uno no debe traspasar. Pero ese libro me sigue pareciendo magnífico.

SM: ¿El periodismo podría ser objetivo?
LG: No. Es una idea que se vendió sobre el periodismo y que no es cierta. Si fuera objetivo, las veinte notas que se publican en veinte medios sobre una misma noticia deberían resultar iguales, y no lo son para nada. El periodista tiene una mirada subjetiva, pero eso no es lo mismo que mentir. Es una verdad, o un pedazo de la verdad.

SM: Hay países en los que ahora mismo el periodismo forma filas en los partidos del gobierno o de la oposición. La imparcialidad para un periodista es imposible. Si tuvieras que dar un taller de periodismo en un lugar así, por dónde empezarías.
LG: Bueno. A lo mejor hay lugares en los que no se puede ser periodista (ríe Leila), pero en cualquier caso, la oposición suele ser el mejor lugar donde posicionarse.

SM: Fuera de Argentina, qué país te interesa más ahora mismo, como periodista, en América Latina. Sospecho que no me vas a decir Venezuela, ni Colombia.
LG: Me interesa Paraguay, un país que está lleno de historias pequeñas, desconocidas, y que a lo mejor resumen un mundo mucho más grande.

*Esta entrevista fue publicada originalmente en Caratula

El ministro más joven del gabinete de Sebastián Piñera ha sido un duro crítico de la forma en que han operado los programas sociales, particularmente ha acusado errores de focalización y exceso de gastos administrativos. Felipe Kast, titular de Mideplan, en esta entrevista profundiza sus cuestionamientos y la forma en que enfrentarán el desafío de perfeccionar el sistema, pero también aplaude la decisión de los gobiernos anteriores de construir una red de protección social, la que se compromete a profundizar.

-Cuando se dieron a conocer los primeros resultados de la Casen algunos preveían un gran aumento de la desigualdad. Sin embargo la segunda entrega reveló una importante diferencia entre el ingreso autónomo y el ingreso monetario (con subsidios) de las personas. ¿Esto cambia en algo de la mirada crítica que ustedes tenían a los programas sociales?
-La brecha que tenemos hoy entre los ingresos de aquellos que están en extrema pobreza y la línea de la pobreza es de aproximadamente US$ 185 millones. Si tú ves cuánto de los recursos quedan a mitad de camino en programas importantes, hay casos como el del Fosis, que tiene 35% de costos de administración. Te pueden decir que estás mirando el vaso medio vacío y no el medio lleno. Yo creo que estamos obligados a mirar el vaso medio vacío, esa es la responsabilidad del gobierno. Decir que no es relevante, o decir que da lo mismo, o decir que no puedo denunciar el que tener 35% de costos administrativos es una cosa grave desde el punto de vista ético como gobierno, es en el fondo no entender el rol por el cual venimos al servicio público. Y eso no es desconocer, todo lo contrario. Cuando me han preguntado ¿ustedes quieren eliminar la red social?, les digo cómo se le ocurre, al revés, queremos fortalecerla. Sí me llama la atención haber llegado a un ministerio donde uno pregunta cuáles son todos los programas sociales y pide una carpeta, ojalá con los costos administrativos que tiene cada uno y cuáles son las variables que están midiendo el impacto de cada uno, que eso no exista. Eso me parece grave. No me parece algo que uno pueda decir que da lo mismo. El que uno diga que hay mucho que mejorar, no es incompatible con decir que hubo cosas muy buenas.

-Si los gastos administrativos fueran menores habría más dinero para destinar a los programas sociales mismos, pero…
-No es sólo eso, es mucho más grave. Cuando tú hablas de que un programa como el Chile Solidario, que hace tres años tiene un diagnóstico relativamente precario desde el punto de vista de las evaluaciones que hizo el PNUD, que en el fondo no te genera destrucción de la pobreza como quisiéramos, y que ese programa no haya sido ni revisado ni modificado ni optimizado para que efectivamente termináramos con la extrema pobreza. Si revisas el discurso del Presidente Lagos, el programa se creó para esa función. Por lo tanto no es sólo que el gasto queda a mitad de camino, tiene que ver mucho más con tener una política social que se va construyendo con fines claros, con propósitos evaluables, y que tomas medidas a tiempo para que esas metas se cumplan. Entonces, ojo que esto no es una cosa semántica de si llegaron o no US$185 millones más a las personas, hecho que sí me parece relevante.

-Entiendo lo de ver la cosas con el vaso medio vacío, en término de los desafíos y lo que hay que cambiar, pero sorprende que no se destaque ningún resultado. Por ejemplo el impacto de las transferencias monetarias, ¿es algo que ustedes consideran positivo?
-Absolutamente. He dicho en cada una de las intervenciones que me han preguntado si es que el gobierno quiere terminar, bajar o despotenciar la red de protección social y la respuesta ha sido tajantemente la contraria. Lo que sí siento, y esto es muy importante decirlo, es que aquí hay que aplaudir de pie la intención de haber construido una red de protección social cada vez más fuerte .Yo creo que eso es así. Al mismo tiempo, así como hay que ponerse de pie por la intención y el que estuvieran los recursos y el empuje, siento que hay mucho que hacer en materia de gestión. Darle la importancia que se merece a un ministerio como éste, en términos de poner a gente estratégica, que tuviera protagonismo. Yo siento que hay gente muy buena que no está siendo lo suficientemente utilizada. Dentro del concierto de otros ministerios, y dicho por personas que trabajaban en el gobierno anterior, no le tenían mucho respeto a Mideplan en término de su capacidad analítica, de su capacidad de proponer. Eso me parece que no es una buena señal y lo que queremos hacer al generar un Ministerio de Desarrollo Social es potenciarlo como un ministerio estratégico, que lo social sea muy protagónico y que ojalá nos escuchen. De hecho, en su minuto hubo personas que dijeron que no se necesitaba Mideplan. Hay que tener una política social de primer nivel, porque los impuestos en Chile en buena parte los pagan también las familias vulnerables a través del IVA y que lleguen a ellos en su mayor integridad, yo creo que no es algo de segundo orden.
De nuevo, aplaudo profundamente, de hecho tengo una cercanía con la Concertación familiar e histórica, tengo una cercanía con algunas personas que estaban en el gobierno y no dudo en ningún minuto de la buena fe. Si lo que uno de alguna manera quiere tratar de cambiar, es que ojalá lo social –Educación, Salud, Mideplan- estén en el centro del gobierno.

No todos son emprendedores

-El informe del PNUD sobre el Chile Solidario que mencionó antes analiza positivamente la parte que es más bien cualitativa, que es cómo esa gente se integra y se acerca a las redes del Estado y mejora su calidad de vida. La otra tiene que ver con el impacto que tiene en los ingresos de las familias, donde no parece haber una mejora con respecto a la gente que no estuvo en el programa. ¿Qué nos dice eso para el futuro?
-Lo primero que te dice es que en un programa como el Chile Solidario donde habían muchos supuestos asumidos desde el principio: se supone que afectaría la capacidad generadora de ingresos de las familias, por lo tanto van a salir de la extrema pobreza. Es muy relevante que cuando tú tienes un programa que se basa en un supuesto, en el fondo evalúes bien y con un mecanismo riguroso. Por eso Chile Solidario era un candidato perfecto para haber hecho algo con metodologías de evaluación más elaboradas. Al no hacerlo, todas las evaluaciones que tenemos son relativamente precarias. Eso quiere decir que aunque encontramos que el efecto no es tan fuerte, hay muchos elementos que están confundiendo el resultado, por lo tanto estamos obligados a tomar decisiones sobre la base de información imperfecta.
Dicho eso, efectivamente una de las cosas que se rescata del Chile Solidario es el concepto de tener un acercamiento más personalizado a las familias en situación más vulnerable y lo que de alguna manera se ha visto es cuál ha sido el impacto de ese apoyo en términos de capacidad generadora de ingreso. Hoy, por ejemplo, el 80% de las personas que entran al Chile Solidario tiene el 80% de las metas cumplidas desde el día uno. Y las que no tienen cubiertas, y que desgraciadamente (el programa) tampoco permite cubrirlas, son justamente las generadoras de ingreso.
En el fondo tenemos un problema de focalización del Chile Solidario. Y eso tiene que ver con otra discusión, que es la Ficha de Protección Social, que estamos revisando. La puerta de acceso al Chile Solidario es la ficha y si no focaliza suficientemente bien, aquellos que entran no son los que más necesitan.

-Más allá de los cambios en la ficha, ¿qué significa ese diagnóstico para el Chile Solidario y otros programas?
-En términos del Chile Solidario hay varias cosas que estamos revisando. Estamos dándole un énfasis mucho más fuerte a la complementariedad entre el microemprendimiento, o el emprendimiento, que es la herramienta fundamental del Chile Solidario, con la empleabilidad. El énfasis antes era que estabas en vulnerabilidad y yo iba con un apoyo familiar y te decía aquí tú serás emprendedora. Muchas veces nos encontramos con que no había opciones para estas familias y las maquinarias o ayudas quedaban sin utilizar. Por qué: porque la familia o la persona que quería ayudar no tenía ni las ganas ni la fuerza ni la opción de ser microemprendedora. En un país uno debería dar opciones: usted qué prefiere, ser emprendedor o que invirtamos estos mismos recursos para ayudarle a encontrar trabajo. Eso no existía. Para el próximo año estamos en un proceso continuo de evaluación, tratando de hincarle el diente a que existan opciones y que el apoyo familiar no sólo te diga aquí tiene su máquina de coser, juegue, sino que también te diga quiere emprender o prefiere que le hagamos una intermediación laboral más fuerte, o capacitaciones. Estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo para que eso sea así.

-El gobierno ha dicho que están reevaluando todos los programas sociales. ¿Cómo se hace una evaluación en tres meses cuando ustedes han criticado la forma en que se ha evaluado hasta ahora?
-Creo que aquí hay un problema semántico. Primero, nunca se ha dicho que se va a evaluar en tres meses, hay que ver quién fue el periodista que lo inventó. Segundo, no hablamos de evaluación, estamos hablando de monitoreo. Hay que escoger la palabra apropiada. Hay tres ejercicios de evaluación que tienen distintos nombres y que cada programa tenga un monitoreo, se refiere a que tenga una ficha que diga si tiene su población objetivo bien definida, cuáles son sus costos y si están bien acotados, sus centros de costos de administración, cuál es la proporción que le llega a la gente versus los costos administrativos y si la variable que quiere mover este programa se está midiendo. Esa ficha es a lo que tú te refieres que queremos evaluar, pero no es que estemos evaluando impacto. Hay dos evaluaciones adicionales que son las de impacto, como la que hace al PNUD o la que se encargó al Banco Mundial. Hay otra evaluación adicional que va a venir más adelante y que está relacionada con lo que hacemos en el tema de inversiones, que la idea es que el Ministerio de Desarrollo Social pueda evaluar los nuevos programas que se van a crear, que les dé un visto bueno, para que no se dupliquen, tengan coherencia, estén bien diseñados, tengan un buen mecanismo de focalización, etc.

-En las municipalidades existe bastante temor de que modificar la forma en que opera el Puente pueda significar cambios de fondo en la aplicación del programa que a nivel municipal ha sido muy bien evaluado.
-Cambios en el sentido de que en el 2011 vamos a darle más énfasis a la intermediación laboral efectivamente pueden pasar y se están evaluando seriamente. Las cosas hay que hacerlas con calma, se están evaluando los modelos de intervención. Esto no es de un día para otro. Sí es importante tener identificado un diagnóstico, un plan de acción que puedas ir piloteando. De hecho, muchas de estas cosas van a ser consultadas con los mismos alcaldes, así es que en ese sentido no es que las cosas se diseñen en el Olimpo y después se bajen sin consultar a nadie. No hay ninguna decisión tomada al respecto, simplemente vemos con preocupación que no están teniendo el impacto esperado.

El abogado del diputado Jorge Sabag pidió ayer el sobreseimiento de la causa en la cual se encuentra formalizado por negociación incompatible, argumentando que el Ministerio Público no estaba siendo objetivo y que filtraba informaciones a la prensa que no respetaban la presunción de inocencia. Si bien el juez de Cabrero no aceptó sobreseerlo, de todos modos tomó una decisión muy poco común: prohibió que la Fiscalía de Valparaíso opinara o informara sobre el caso hasta que no haya sentencia definitiva. Eso podría tardar, pues el 31 de agosto se pedirá la reformalización de Sabag por fraude al Fisco y la ampliación del plazo para investigar.

Poco antes de la audiencia en que su abogado Hernán Bosselin pediría el sobreseimiento temporal de la causa en la cual se encuentra formalizado por negociación incompatible, el diputado DC Jorge Sabag se presentó en la puerta del Juzgado de Cabrero. Parecía algo nervioso mientras conversaba con Bosselin y se retiró en su auto poco antes de que a las 13:30 se iniciara la sesión, en que si bien se rechazó el sobreseimiento, se le concedió un punto importante en su intento de evitar que la investigación afecte a su imagen pública.

Sólo los asesores de Sabag, la prensa local y CIPER presenciaron el anuncio del juez Leonel Castro, quien cerca de las 15 horas prohibió al Ministerio Público opinar e informar sobre la investigación que afecta al diputado. La medida es poco usual y aunque Bosselin dijo a La Segunda que “es falso que esta defensa pretenda limitar la labor de los medios informativos”, en la práctica restringe la posibilidad de la prensa de cubrir un hecho de relevancia pública y que involucra el manejo de fondos de la Cámara de Diputados.

Las aspiraciones de Bosselin eran aún más altas. Junto con pedir la suspensión o sobreseimiento temporal del procedimiento, solicitó que se cambiara al equipo de la Fiscalía de Valparaíso que investiga desde el año pasado el contratos de arrendamiento de la oficinas distrital del diputado Sabag. A su juicio, dicho equipo ha “perdido la objetividad en el proceso” y se ha atentado contra la presunción de inocencia del imputado.

Bosselin acusó a la fiscalía de filtrar información a la prensa y de que debido a eso, los medios han presentado a Sabag como culpable. Para demostrarlo, citó una nota periodística publicada por el diario El Mercurio el 29 de julio pasado , donde se informaba sobre de la reformalización del diputado por fraude al Fisco y la imputación de su hermano Patricio como coautor del mismo delito. Para Bosselin, la noticia publicada en el diario muestra claramente que el Ministerio Público tiene definida la culpabilidad de su cliente al afirmar que “tiene prácticamente comprobado que la sede del diputado no existía en el lugar indicado por él”.

Durante la audiencia, la fiscal Paola Castiglione afirmó que toda la información que ha salido publicada en la prensa ha sido de conocimiento público y se ha entregado en diferentes instancias de audiencias y formalizaciones. Citó el reportaje que CIPER publicó hace un año y que dio inicio a la investigación, para intentar demostrar que se trata de información pública. Agregó que la argumentación de Bosselin se debería a que “quiere obtener una ventaja procesal para su imputado”.

Luego de los quince minutos de pausa que se tomó el juez para emitir su resolución, interrumpidos por la caída de su asiento del abogado de Sabag, Castro prohibió opinar e informar al Ministerio Público.

El juez rechazó el sobreseimiento solicitado por el defensor, sin embargo, decidió sentenciar que “el Ministerio Público debe abstenerse de emitir opiniones, respetando lo definido por el Código Procesal Penal (…) y no podrá divulgar o informar actos relacionados con el procedimiento, ya que se entiende que impide o entorpece el debido cumplimiento de las funciones propias del Ministerio Público, como así mismo puede afectar la intimidad y la honra de las personas involucradas en la investigación mientras no se dicte sentencia condenatoria”.

La resolución implica que la fiscal no podrá referirse al caso hasta que se dicte sentencia sobre la culpabilidad o inocencia de Sabag, por lo que terminada la audiencia salió del lugar sin emitir declaraciones a la escasa prensa presente.

Entre otras disposiciones legales, se invocó el artículo 182º del Código de Procedimiento Penal, que establece que “las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento”. En la práctica los fiscales suelen entregar información general de las causas que investigan debido que así lo exige la Ley Orgánica del Ministerio Público, que en su artículo 8º señala que “la función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella”.

Las polémicas sedes de Sabag

La investigación de la Fiscalía de Valparaíso se inició luego de que CIPER publicara un reportaje (LINK) que revelaba que la dirección de la sede distrital que el diputado Sabag tenía registrada en la Cámara de Diputados (Río Claro 1050, Cabrero) era en realidad propiedad de su padre el senador Hosaín Sabag y oficina donde funcionan los negocios familiares. Según contó en ese momento el parlamentario, las asignaciones eran pagadas a la empresa Nabatieh, donde participa su padre y que es administrada por su hermano Patricio. Sostuvo que a través de esa sociedad cancelaba a los dueños de otras sedes en su distrito y que en Río Claro tenía el computador que le entregaba la Cámara y recibía su correspondencia, por lo que la consideraba su “casa matriz”.

Tras investigar los hechos, la fiscalía formalizó en marzo al diputado por negociación incompatible y en una audiencia fijada para el 31 de agosto planea reformalizarlo por fraude al Fisco, debido a que cree tener antecedentes para probar que la sede por la cual se firmó el contrato nunca funcionó como oficina distrital.

CIPER concurrió a dicha sede y fue testigo de que en ese lugar funciona maquinaria y oficinas de la empresa maderera SAVI, propiedad del senador Hosain Sabag. Una de las oficinas tiene un aviso que señala que allí se encuentra la oficina del diputado, pero durante la mañana no había personal que atendiera. Vecinos del lugar afirmaron que en esa dirección el parlamentario no atendía a los lugareños y que su otra oficina se ubicaba frente a la plaza de Cabrero (ver foto). Ahí efectivamente funciona una dependencia parlamentaria, tanto del senador como del diputado, y según lugareños, algunos días de semana es visitada por el padre y el hijo del clan Sabag.

Pese a que los Sabag son la familia más importante de la comuna por su peso político –además del diputado y el senador, el alcalde es el hermano de éste, Hasan Sabag– y económico, no todos en Cabrero saben de la investigación que originó la audiencia de este viernes. “No ha salido en la radio ni en la tele”, afirma uno de los vecinos de la sede ubicada en la Plaza de la comuna.

Este viernes 6 de agosto tendrá lugar en Cabrero una audiencia de cautela de garantías solicitada por la defensa del diputado Jorge Sabag, quien se encuentra formalizado por negociación incompatible en los pagos irregulares realizados a supuestas sedes parlamentarias. La audiencia fue pedida por su abogado Hernan Bosselin, quien calificó de “filtraciones” las publicaciones periodísticas sobre este caso, argumentando que vulneran las garantías de su defendido. La defensa busca que el juez fije límites a la información pública de esta investigación para lo cual ha invocado un artículo del Código Procesal Penal que permite hasta el sobreseimiento temporal de la causa. La decisión del tribunal de Cabrero no es un mero trámite, tendrá lugar en los días previos a la reformalizado del diputado, esta vez por fraude al Fisco, lo que está programado para fines de este mes.

Para este viernes a las 13:30 está fijado un sorpresivo hito en el proceso judicial que enfrenta el diputado (DC) Jorge Sabag, hijo del senador Hosain Sabag. Su abogado, Hernán Bosselin, pidió una audiencia cautelar de garantías pues -según fuentes cercanas al tribunal- estima que las informaciones publicadas por la prensa respecto al caso afectan su presunción de inocencia y crean un clima de hostilidad.

Bosselin invocó el artículo 10 del Código Procesal Penal, que establece que el juez debe adoptar las medidas necesarias para el respeto de las garantías constitucionales de un imputado. Esta disposición legal permite incluso la suspensión y el sobreseimiento temporal de la causa.

La semana pasada Bosselin anunció a través del diario La Segunda que presentaría un reclamo contra quienes resultaran responsables de las “filtraciones” de información. El reclamo se originó en la molestia que le provocó la información difundida por el vespertino –lo que también hizo CIPER– en relación al requerimiento hecho por la Fiscalía al Servicio de Impuestos Internos sobre la sociedad Nabatieh S.A., propiedad del senador Hosain Sabag y su familia. En la investigación en curso dicha empresa aparece recibiendo más de $20 millones de asignaciones parlamentarias del diputado Sabag, los que no fueron declarados para el pago de impuestos.

Quienes han seguido desde sus inicios esta polémica indagatoria aseguran que el grueso de la información ya había sido entregada por la Fiscalía en una audiencia pública, por lo que no se trata de filtraciones ni de información reservada. En esa misma audiencia, el diputado Sabag intentó que sólo se le otorgaran 15 días a la Fiscalía para investigar. El Ministerio Público argumentó que lo sucedido con los fondos de Nabatieh podría configurar fraude al Fisco, por lo que era necesario más tiempo. Finalmente el tribunal le otorgó 5 meses para investigar.

Como el plazo está por cumplirse, la defensa de Sabag solicitó una audiencia –fijada para el 31 de agosto– para pedir el sobreseimiento del imputado. Para la misma fecha, la Fiscalía pidió en cambio la reformalización del diputado, modificando la acusación desde negociación incompatible a fraude al Fisco. Y agregó la formalización de su hermano Patricio Sabag como coautor del mismo delito, en virtud de que es la persona que firmó los contratos de arrendamiento de la sede parlamentaria por Nabatieh S.A.

Pese a la molestia del diputado Sabag por lo que estima “filtraciones” a la prensa, lo cierto es que la investigación por la cual se encuentra formalizado se inició en la prensa. Fue después de un reportaje de CIPER que el Ministerio Público decidió pesquisar los contratos de Sabag y sumarlos a otros gastos de diputados que ya investigaba. Estos se originaron también en una serie de publicaciones periodísticas del diario La Nación y el programa Informe Especial (TVN) sobre irregularidades en los pagos de las asignaciones parlamentarias.

El primer reportaje sobre Sabag fue publicado hace un año. En él se reveló que el diputado tenía registrada como oficina parlamentaria una dirección que pertenecía a una sociedad de su padre, el senador (DC) Hosain Sabag. El contrato de arrendamiento había sido firmado por su hermano Patricio a nombre de la sociedad familiar Nabatieh. En esa ocasión, el diputado Sabag argumentó que se trataba sólo de una forma de administrar los fondos y que luego, con ese dinero se pagaba el arriendo de distintas sedes distritales. Para entonces el Ministerio Público había reunido nuevos antecedentes y lo formalizó por negociación incompatible. La imputación podría agravarse si es formalizado por fraude al Fisco, debido a que la Fiscalía habría acreditado que la sede por la cual se firmó el contrato sólo funcionó para las empresas de los Sabag y nunca como oficina parlamentaria.

Inicialmente el caso fue visto en la Corte de Valparaíso e investigado por la Fiscalía de la Quinta Región, sin embargo Bosselin consiguió que la causa fuera trasladada a Cabrero, localidad de la Octava Región que es el corazón del imperio político y económico del clan Sabag.

El Ministerio Público de Valparaíso envió además los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos para que este organismo evalúe si inicia acciones legales por evasión tributaria a una de las sociedades de la familia del senador Hosain Sabag. El caso se enmarca entre las investigaciones por malos usos de los fondos de asignación parlamentaria, en una de cuyas aristas la fiscalía pidió esta semana la primera condena: 7 años para el diputado Maximiano Errázuriz, por los delitos de fraude al Fisco y uso malicioso de instrumento público.

Cuando ya está a punto de concluir el plazo que el Juzgado de Cabrero le otorgó para investigar el uso de los fondos para asesorías del diputado DC Jorge Sabag, la Fiscalía de Valparaíso pidió audiencia para reformalizar al parlamentario. En marzo pasado, a Sabag se le imputó el delito de negociación incompatible, debido a que en vez de pagar directamente el arriendo de sus sedes distritales lo hizo a una sociedad de su padre Hosain Sabag. Ahora se le acusa de fraude al fisco, debido a que la fiscalía cree tener los elementos para probar que una de dichas sedes nunca funcionó como tal, sino que era simplemente una oficina del negocio familiar.

La nueva audiencia fue fijada para el 31 de agosto, ocasión en que también se pedirá la formalización de otro de los hijos del senador Sabag, Patricio, como “coautor extraneus”, pues a diferencia de su hermano no es funcionario público, lo que implica que si no se le imputa la figura de fraude al fisco podría calificar como estafa. El contrato de arriendo de la supuesta sede distrital de Cabrero fue firmado por el diputado Jorge Sabag y la contraparte fue su hermano Patricio. Este último actuó como representante legal y gerente de Inmobiliaria Nabatieh, una sociedad familiar formada en 2004 por sus padres, el senador Hosain Sabag y su esposa Fresia Castillo.

CIPER reveló las irregularidades del contrato en agosto pasado y en esa ocasión el diputado Sabag aseguró que Nabatieh recibía los fondos y luego pagaba los arriendos de sus distintas sedes de San Carlos, Quirihue y Yumbel. Aseguró que por la oficina de Cabrero, ubicada en Río Claro 1050, propiedad de su padre, no pagaba arriendo. Sin embargo, el contrato de la Cámara de Diputados era por esa locación y la fiscalía ha recopilado testimonios que darían cuenta de que nunca funcionó como sede distrital. En la misma investigación consta que al contrato original de la Cámara se le agregó un anexo que incluía el pago de la oficina de San Carlos. Esta última fue arrendada en 2002 a nombre del senador Sabag. La fiscalía investiga aún quién era el que la pagaba.

Si se considera que la sede de San Carlos costaba $180.000, mensualmente casi $400.000 fueron recibidos por Nabatieh para la oficina de Cabrero. Como la fiscalía estima que nunca funcionó, calcula que el perjuicio fiscal es de más de $20 millones. Este monto fue recibido por Nabatieh y no habría sido tributado. Como no tiene atribuciones para investigar este delito, el Ministerio Público puso hace semanas todos los antecedentes en manos del Servicio de Impuestos Internos, entidad que no ha entregado respuesta. Si se decide a iniciar acciones legales, la eventual evasión de la sociedad del senador Hosaín Sabag podría ascender a unos $5 millones.

Mientras la fiscalía busca ampliar el plazo de investigación, el abogado del diputado Sabag, Hernán Bosselin, había pedido con anterioridad que se decretara el sobreseimiento definitivo de la causa.

La investigación se inició tras un reportaje de CIPER y la encabeza la Fiscalía de Valparaíso debido a que en esa ciudad se encuentra la Cámara de Diputados. Sin embargo, en marzo Bosselin logró que la causa se trasladara a Cabrero -donde dice que se firmó el contrato-, localidad de la VIII Región donde los Sabag han construido un imperio político y económico.

La última encuesta CASEN mostró que la pobreza golpea con más fuerza a los niños: 18,2% de los menores de 3 años es pobre y otro 6,3% es indigente. Juan Eduardo García Huidobro, quien presidió el Comité Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación que convocó Michelle Bachelet y hoy es decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, analiza en esta entrevista las implicancias que tiene para esos niños un sistema educativo basado en la segregación social y que tiende a perpetuar la desigualdad. Cree que “semofarizar” las escuelas sólo empeorará la situación y, aunque considera que la comisión de “expertos” convocada por el ministro Joaquín Lavín estuvo en realidad conformaba por políticos, cree que sus propuestas son un avance.

En estos días el ministro de Educación se prepara anímica y mediáticamente para dar una pelea contra el gremio de los profesores. Quiere lograr, entre otras cosas, que los directores puedan remover al 5 % de los docentes de sus establecimientos. Así planteado el escenario por Joaquín Lavín, pareciera que despedir maestros fuera el primer gran paso para sacar a la educación chilena de su estado actual y tener profesores de calidad.

Juan Eduardo García Huidobro, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, no niega que tener profesores de calidad sea una tarea acuciante, pero cree que el drama en este ámbito no se reduce a los educadores ni se soluciona con despidos.

Para García Huidobro, el eje está en la “brutal desigualdad” de nuestro país. Desigualdad que se manifiesta en la sala de clases, que explota en la encuesta CASEN y que estaba en el corazón del “Movimiento Pingüino” como bien sabe él, pues le tocó presidir el Comité Asesor Presidencial que convocó Michelle Bachelet para resolver el tema.

-Los pingüinos fueron un grito brutal. Decían: ‘hicimos un esfuerzo, llegamos a cuarto medio, tenemos que dar la PSU, pero venimos del colegio X y nunca vamos a sacar lo que obtuvo la niñita del Santiago College. Hicimos un esfuerzo pero la sociedad nos ofrece un sistema que no respeta nuestros derechos y es perfectamente desigual”, afirma García Huidobro, recordando la rebelión que puso la desigualdad en la educación en el primer punto de la agenda.

En estos días, otro comité entregó al ministro Lavín una serie de propuestas en las que no aparece este tema. Con todo, a este decano le parece que las propuestas constituyen “la reforma posible” y en ese sentido las valora como un avance.

-Cuando partió la comisión de Lavín sus integrantes decían que esta es una comisión técnica, a diferencia de la que convocó la presidenta Bachelet…
Claro, es tan técnica que no hay nadie que dedique su vida a formar profesores… A mí, en realidad, me parece más bien una comisión de políticos, no de técnicos, pues predomina gente que tiene posiciones políticas, como Harald Beyer, Patricia Matte, más el conjunto de ex ministros de la Concertación. Mi impresión es que es una comisión que busca ampliar el espectro gubernamental, ampliar un cierto consenso respecto de lo que es posible hoy.

-El consenso parece apuntar a mejorar la calidad de los profesores. ¿Qué opina de eso?
Es positivo que haya acuerdo en ese tema. Sin embargo, estoy convencido de que esa no es la bala de plata que algunos creen. Primero, porque nunca en educación vamos a poder arreglar las cosas colocándole solo una pata a la mesa, por fuerte que ella sea. Sobre todo si tenemos un sistema hecho pedazos en términos de segregación social, con diferencias tan brutales. Si no nos preocupamos de la desigualdad de manera importante, estas políticas docentes pueden ser el merengue de una torta inexistente.

“Si no nos preocupamos de la desigualdad de manera importante, estas propuestas pueden ser el merengue de una torta inexistente”

-Para usted, entonces, el tema más relevante es el de la desigualdad.
Sí. Pero no quiero decir que tener docentes de calidad no sea importante. Lo que digo es que no es el único problema. Porque lo que se puede lograr con buenos profesores en un sistema igualitario no es lo mismo en un sistema como el nuestro. A los profesores macanudos que queremos formar les va a tocar ir a trabajar a una escuelita donde están todos los niños pobres, cuyos padres tienen escasa escolaridad. Así, es muy probable que la escuela siga estando en rojo en el mapa del ministro Lavín.

-¿Qué es para usted lo peor de la desigualdad: que un niño reciba una educación de $300 mil y otro se eduque con $30 mil?
No solamente eso. Porque junto al colegio de $30 mil hay otro de $50 mil, donde van las familias que pueden pagar un poco más; y más allá otro de $100 mil y así para arriba. Entonces, el efecto no es sólo que unos pocos tienen una educación más enriquecida, sino que todos se educan sin vasos comunicantes. Este sistema, como dijo la OECD en 2003, está hecho para mantener las diferencias de clase y no para superarlas. Y ese es un problema gravísimo de nuestro país. Ahora mismo nos estamos haciendo el harakiri con la Casen porque aumentaron los pobres. Sin embargo, nadie dice que aumentaron los pobres mientras sigue habiendo un sector que percibe beneficios 11 veces más altos que el 10% más pobre. Esas son nuestras tremendas desigualdades, un tema que no se toca. Miramos a Finlandia porque tiene buenos profesores, pero no vemos que es el país que tiene la menor desigualdad social del mundo.

-¿Qué le parece la idea de semaforizar la educación?
Esa idea tiene dos cosas complicadas. Primero, que como existe una tremenda asociación entre el nivel socioeconómico del niño y sus resultados escolares (asociación que nos vamos a demorar 20 años en cambiar), yo podría hacer el semáforo sin mirar el Simce. Puedo hacer el mapa de las zonas rojas antes de la prueba, viendo puros datos “no educativos”. Y me va a resultar más o menos igual al que hará el ministro. Por lo tanto, es un esfuerzo que no tiene mucho sentido. Segundo, si lo que quiero es darle información a la familia sobre cuáles son las buenas y las malas escuelas, tengo que medir de otra manera. No puedo comparar el promedio simple del Simce de un colegio pagado en Las Condes con el de una escuelita municipal de Tirúa. No tiene sentido hacer eso. Tengo que entregar otro tipo de medidas. Por ejemplo indicar cuáles son las escuelas que logran mejorar más, respecto del origen de sus alumnos; o al menos las que están mejorando.

“Este sistema, como dijo la OECD en 2003, está hecho para mantener las diferencias de clase y no para superarlas”

-¿Cree que ese mapa estigmatizará a los pobres?
Honestamente me parece casi sádico decirle a una jefa de hogar que vive en una población pobre de Santiago, que todas las escuelas cercanas son rojas y que las únicas buenas quedan a 8 ó 10 kilómetros de su casa. Ella no tiene ninguna posibilidad de llevar a sus hijos a escuelas de Las Condes y tendrá que seguir enviándolos al mismo colegio. En como tirarle un fardo a la espalda y decirle “señora, está jodida”. Lo mismo para los profesores. El que trabaja en una escuela roja: ¿qué puede hacer? Tratar de huir de ahí lo antes posible. Nadie va a querer enseñar ahí. Es claramente una especie de transferencia de la responsabilidad estatal a la señora de la población. Porque es el ministro Lavín el que tiene que ver cómo el Estado mejora las escuelas rojas y no la señora que debe enviar sus hijos a esas escuelas. No me parece bien pensar que el mercado y la elección de los padres van a mejorar las escuelas. Eso no es verdad.

-Otras de las medidas que quiere tomar el ministro Lavín es permitir que los directores puedan despedir al 5% de los docentes. Y ello porque se critica mucho la inmovilidad que tienen los profesores en el sistema municipal.
Es el mismo simplismo que el mapa: tratar de reducir a fórmulas simples problemas complejos. La inamovilidad que se critica tiene un sentido: se debe a que el profesor trabaja en un servicio en el cual los jefes van rotando. Y si yo tengo un sistema que depende del poder político, y el poder político es rotativo, es normal que, para que ese sistema funcione, yo genere confianzas fuertes. Además, la inamovilidad que se critica no es tal. Se puede echar a un profesor, pero el despido está ligado a causales, a procesos justos, a la posibilidad de defenderse. Si los procedimientos son engorrosos y las causales de despido son excesivamente pacatas, discutamos eso. Pero no digamos que hay inamovilidad.

“Miramos a Finlandia porque tiene buenos profesores, pero no vemos que es el país que tiene la menor ‘desigualdad social’ del mundo”

-Muy bien, pero la idea de fondo es que abriendo la compuerta del despido, los profesores se pondrán las pilas. ¿Es un buen incentivo?
Eso es simplemente ridículo. Esto estaba bueno para los remeros de las galeras: “el que no rema, ¡cha!”. Pero aquí se necesita la astucia y la creatividad de las personas, y eso no se consigue con miedo. Cómo puede alguien pensar que un profesor va a querer a sus alumnos, les va a dar valores y les va a enseñar que la vida vale la pena vivirla, que estamos en una fraterna sociedad, si tiene que hacerlo para que no lo echen. No puede ser. Hay otro punto que me preocupa de las propuestas de los expertos de Lavín: se habla mucho sobre mejorar salarios, pero no hay nada acerca de cómo mejorar la imagen social del profesor; sobre qué hacemos con una profesión que ha sido tan vilipendiada. En los últimos años se ha dicho una y otra vez que los profesores son pésimos y que sacaron su título de cualquier manera. Hay que resolver eso porque esos profesores van a seguir trabajando durante 25 años. Hay que buscar una solución de continuidad que coloque en el imaginario la idea de que no todos los profesores son malos, sino que hay buenos y malos; y que hay muchos excelentes, como en todas las profesiones. Esto no puede ser un puro juego de plata y de incentivos. Aquí está también en juego el prestigio de 150 mil personas que se sacan la mugre todos los días y que no están siendo reconocidos. La contracara del movimiento 2020, que ha tenido muchas cosas buenas, es decirle a gente que está trabajando fuerte desde que se tituló “oye, se acabó el recreo, hay que empezar a trabajar ahora”. Algo tremendamente ofensivo.

-¿Por qué cree que ha habido esa desvalorización de la imagen del profesor?
Hay varias cosas mezcladas. Primero, hay una manera de mirar las cosas que tiene mucho más que ver con la industria de salchichas que con un proceso de educación. Esta sensación de que aquí las cosas pueden ser radicalmente distintas porque yo tomo tres o cuatro medidas y no apreciar los avances. Porque hemos tenido grandes avances. En 1990, del 10% más pobre de la población, solo el 4% ingresaba a la universidad. Hoy lo hace el 18%. Por otra parte, sólo la mitad de los alumnos terminaba la enseñanza media y hoy estamos superando el 80%. Por donde mires la escolaridad de este país ha crecido brutalmente, hasta tal punto que 7 de cada 10 estudiantes que entran hoy a la educación superior son primera generación. Estamos construyendo un país que en 10 años más va a tener una escolaridad absolutamente distinta.

-Pero ahora es muy mala.
Sí, pero ha ido mejorando. Mire, el año pasado hubo un salto en lenguaje bien impresionante. Mi expectativa era que no bajara de nuevo y este año subió poquitito. Un éxito. Y más éxito todavía porque subió matemáticas y ciencias. Sin embargo, el gobierno presentó los resultados como una catástrofe nacional. Extrañísimo, porque era la mejor noticia que hemos tenido en los últimos cinco años. A eso me refiero cuando digo que tenemos muy poco cuidado en mirar lo bueno. Los avances que hemos tenido en educación durante estos 20 años, han sido únicos en Chile. Nunca se había dado un proceso de avances tan sostenido en el tiempo a pesar de la enorme desigualdad.

“Honestamente me parece casi sádico decirle a una jefa de hogar que vive en una población pobre de Santiago, que todas las escuelas cercanas son rojas y que las únicas buenas quedan a 8 ó 10 kilómetros de su casa”

-¿Qué más ha afectado la imagen del profesor?
Claramente lo que más afectó al magisterio fue la enorme baja de salarios que hubo en Chile entre el ‘83 y el ‘90, lo que todavía estamos recuperando. Mire, estamos en una sociedad de mercado en la cual el dinero es muy importante. Si a un profesional lo remuneran mal, se crea la imagen de que es una pega mala. Yo lo veo en los chiquillos que entran a Pedagogía. Los tomo en el segundo semestre y me encuentro con dos cosas bien típicas: se han forjado un sentido muy nítido de “lo choro que es ser profesor”, porque es una pega entretenida y también en términos sociales, porque es un aporte central al país; pero tienen bien claro que se están metiendo en un forro, en una profesión desprestigiada en la que van a tener dificultades económicas toda su vida. Ahí hay un tema a resolver. Entonces, mi propuesta es hagamos un plan para duplicar los ingresos de aquí a 10 años. Creo que eso iría resolviendo muchos temas, desde la autoestima de los docentes hasta el tipo de postulante que entraría a la carrera.

-Cuando existían las escuelas normales los profesores eran los jóvenes pobres más talentosos. ¿Hoy de donde vienen los profesores?
Mire, tenemos alumnos de 500 puntos en la PSU. Y eso significa que el joven que entra a estudiar pedagogía está entre los mejores de su curso si viene de un colegio municipal de zona pobre; o está entre los peores si viene de un colegio pagado.

Luego del escándalo de 2008, la nueva licitación del Registro Civil tenía que ser impecable, pero los participantes no están conformes. Hay US$ 300 millones en juego para la fabricación de cédulas y pasaportes que nadie está dispuesto a perder. Dos empresas ya reclamaron al Tribunal de Contratación Pública y otras estudian impugnar la eventual adjudicación a la española Indra, que ya obtuvo la máxima calificación. En una declaración judicial, Andrés Contardo, quien fue condenado como doble asesor del Registro Civil y TATA, ya había intentado involucrar a Indra en irregularidades.

De no mediar algún imprevisto de última hora, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá adjudicar la millonaria licitación de los nuevos carnés de identidad y pasaportes a la empresa Indra Sistemas Chile. La firma de origen español ponderó los mayores puntajes en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dejando en el camino a la alemana Bundesdruckerei y la francesa Sagem Securité, que quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. Otras dos competidoras, Sice y Sonda, fueron eliminados del proceso final al reprobar aspectos técnicos, mientras que Siemens y Coasín habían sido descalificadas en etapas anteriores.

Indra se adjudicaría así un contrato por cerca de US$300 después de un accidentado proceso de licitación iniciado en la administración de Guillermo Arenas. El ex director del Registro Civil está acusado de haber cometido diversos delitos vinculados a éste y otros contratos en curso durante su gestión. La fiscalía lo llevará a juicio en los próximos meses y pide 16 años de cárcel para Arenas y otros tantos para funcionarios públicos y ejecutivos de la empresa informática TATA, que también pretendía la licitación de las cédulas y pasaportes.

Fue precisamente en medio de esa investigación de la fiscalía Centro Norte que uno de los principales involucrados en el caso, el asesor informático Andrés Contardo, dio cuenta de las irregularidades que se gestaron en torno a esta última licitación.

En su última declaración a fiscalía, fechada el 27 de octubre de 2009, Contardo testificó haber asistido a una reunión en las oficinas del Registro Civil, donde Guillermo Arenas, su antiguo director, le anunció que el negocio estaba arreglado previamente en favor de la española Indra.

“Lo que me dejó entrever Guillermo Arenas es que esta decisión de adjudicar a Indra venía ordenada de afuera, lo que yo entiendo es que venía del Ministerio de Defensa (…) Con Guillermo Arenas nos reunimos varias veces con la gente de Indra, me refiero a un uruguayo de nombre Eric, cuyo apellido no recuerdo. Nos reunimos con él varias veces en el Hotel Sheraton”, dijo Contardo en su última declaración. Tras ésta, llegó a un acuerdo con la fiscalía para ser llevado a juicio abreviado, donde recibió una condena de tres años y un día y otra de 542 días.

En ese mismo testimonio, el asesor informático también dio cuenta de los lobistas y amigos de Arenas que pretendieron influir en este negocio, mencionando al ex diputado Jorge Schaulsohn y al ex ministro de Justicia, Isidro Solís. Entre los operadores en favor de la firma española lanzó el nombre del ex oficial de Carabineros Segundo Joaquín Mora, a quien identificó como “el lobista de Indra”. Ninguno de los tres, así como tampoco el uruguayo Eric mencionado por Contardo –cuyo nombre coinciden con un ejecutivo de Indra– fue imputado formalmente por la fiscalía.

Durante la investigación Contardo jamás involucró a los ejecutivos de TATA, la empresa para la que prestaba servicios al tiempo que asesoraba al Registro Civil en materias de licitaciones públicas. Esto, pese a que una de las dos condenas que recibió por revelación de secreto con grave daño a la causa pública tuvo relación con el traspaso a TATA de información de las pautas con que se definiría el negocio de las cédulas de identidad y pasaportes.

Boletas de garantía cuestionadas

Una vez que CIPER dio a conocer las anomalías en la licitación sobre tecnología e informática que favoreció a TATA, investigación periodística que significó la salida de Arenas y su directiva y el inicio de las indagaciones del Ministerio Público, las nuevas autoridades del Registro Civil decidieron volver a revisar las dos principales licitaciones del servicio. La primera, sobre plataforma informática, comunicaciones y tecnología, tiene un valor cercano a los US$80 millones y aún está en curso. La segunda, sobre cédulas y pasaportes, es la que está en su etapa final. Los puntajes ya fueron asignados y sólo falta que se adjudique, lo que debiera ocurrir en los próximos días.

El proceso ha tenido varios retrasos y dificultades. A las irregularidades detectadas en la gestión de Arenas, se sumó la reclamación de la española Indra contra cinco de los siete participantes por incumplimientos en la entrega de boletas de garantía. Esto estancó el avance de la licitación hasta octubre del año pasado, cuando el Tribunal de Contratación Pública rechazó los argumentos de la empresa.

Dicho tribunal mantiene otros dos reclamos pendientes desde abril pasado contra el Registro Civil por la misma licitación. Siemens cuestionó el haber sido marginado por el retraso en la entrega de antecedentes, mientras que Coasin objeta su descalificación por problemas en la boleta de garantía.

Y ahora que Indra figura con los mayores puntajes, otras empresas que participaron en la licitación planean impugnar el proceso tanto ante el mismo Tribunal de Contratación Pública como ante Contraloría. Fuentes de la industria informática aseveran que se intentará recusar a la firma española por la supuesta tardanza en la renovación de la última boleta de garantía, cuyo valor es de $US 500 mil, lo que estaría reñido con las bases. También podrían cuestionar algunos aspectos de la evaluación técnica.

El director del Registro Civil, Christian Behm, ha defendido el proceso de licitación que se ha llevado a cabo bajo su gestión. Argumenta que sólo para la evaluación de la parte técnica han tomado parte cerca de 25 expertos, cuya labor ha sido auditado por la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica, DICTUC.

De confirmarse la adjudicación a Indra, lo que parece muy probable en vista de que los puntajes ya están asignados, la empresa española tendría un nuevo contrato en el país. De acuerdo a la información de su página web, Indra ha prestado servicios en Chile en áreas como puertos, ferrocarriles y tráfico terrestre y aéreo. Se trata de una multinacional tecnológica de grandes proporciones, con presencia también en el rubro de la defensa. Según datos de la compañía, Indra ya tiene experiencia como fabricante de documentos de identidad en España, Argentina, Portugal, Angola, Panamá y México.

La nueva suspensión de cuatro meses que solicitó HidroAysén para responder a los cuestionamientos de los servicios públicos a su estudio de impacto ambiental postergó un debate aún pendiente: qué postura adoptará el Gobierno de Sebastián Piñera frente a las irregularidades que comunidades, ONGs y parlamentarios han denunciado durante la tramitación de este proyecto. Una larga red de relaciones familiares y laborales entre la empresa y los nuevos responsables de evaluarla abre un conflicto con la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que les exige evitar “participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”. Los vínculos con la empresa afectan desde autoridades locales hasta al propio Presidente, cuyo cuñado es director suplente de HidroAysén.

Para fines de junio estaba programada la prueba de fuego de la tramitación ambiental de HidroAysén. Pero no era sólo un test para la empresa eléctrica (sociedad compuesta por la hispano-italiana Endesa y la chilena Colbún), sino también para el Gobierno, que por primera vez debía tomar decisiones concretas sobre la iniciativa, despejando así el panorama sobre el tipo de tramitación que dará al controversial megaproyecto que busca construir cinco represas en la Patagonia chilena, en los ríos Baker y Pascua de la Región de Aysén.

El 30 de junio la compañía debía presentar sus respuestas (adenda) al segundo Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (Icsara, según nomenclatura del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA) que la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), presidida por el ex intendente concertacionista Selim Carrasco, evacuara el 18 de enero de este año. Poco antes de cumplirse el plazo, la empresa solicitó postergar la entrega de sus respuestas por 4 meses –requerimiento aprobado el mismo día– para contar con mayor tiempo para responder las 1.114 consultas que le hicieran los órganos con competencia ambiental, bastante menos que el primer compilado de preguntas: 2.698.

Ya el 22 de enero de este año Hernán Salazar, gerente general de HidroAysén, había solicitado una primera suspensión por 5 meses, la cual fue aceptada tres días más tarde. Con la nueva prórroga quedará en suspenso hasta el 29 de octubre la posibilidad de saber cómo actuará el Gobierno. Por la empresa se pondrá también a prueba la gestión del ex director ejecutivo de TVN, Daniel Fernández, quien como vicepresidente ejecutivo estrenó nuevo cargo y mayores atribuciones en reemplazo del ex gerente Salazar.

Inconformidad: La opción que no existía

No será fácil para la administración de Piñera tomar sus primeras decisiones en torno a la tramitación de HidroAysén. Los cuestionamientos al lobby realizado, presiones sobre los servicios públicos e irregulares decisiones se han sucedido durante todo el proceso, llegando hasta la Cámara de Diputados, los Tribunales y la Contraloría. Y fue precisamente en este organismo donde se dio la última señal de que el Gobierno de Michelle Bachelet cargó, a pesar de la impresión de Enersis de que en su gestión hubo “falta de voluntad” para apoyar su iniciativa, algunos estratégicos dados a favor del proyecto.

El 10 de mayo de este año la Contraloría Regional de Aysén emitió un dictamen en el cual exige a la Conama local “arbitrar las medidas conducentes a fin de adecuar los sistemas informáticos conforme a los cuales se tramita el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 19.300 y al decreto Nº 95 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, incorporando las distintas alternativas de pronunciamiento contenidas en el citado cuerpo legal y reglamentario”.

La resolución del organismo contralor se originó en una consulta que le hiciera el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región de Aysén en octubre de 2009, sobre una irregularidad que detectó en la tramitación electrónica de HidroAysén, que es la que rige para efectos de la evaluación. Al enfrentarse los órganos con competencia ambiental al formulario informático de ingreso de observaciones se encontraban con sólo tres posibilidades: “Pronunciamiento Conforme sobre el EIA”, “Pronunciamiento con Observaciones sobre el EIA” y “No participación en la evaluación del EIA”. Lo extraño de la situación es que la legislación ambiental establece para los órganos evaluadores una cuarta y fundamental categoría: emitir un “pronunciamiento inconforme sobre el EIA”, sobre la base de constatarse falta de información esencial y relevante, y transgresiones a la legislación aplicable.

Los opositores a este proyecto –entre organizaciones, parlamentarios y comunidades– han argumentado que 13 de los 32 servicios públicos evaluadores –más de un tercio del total– aludieron en sus versiones en papel a “falta de información esencial y relevante” y dos a “ilegalidades”en el EIA, pero ninguno pudo dejarlo consignado en la evaluación electrónica porque se había eliminado tal posibilidad. Hasta el momento el único hecho relevante conocido con posterioridad al pronunciamiento de la Contraloría Regional de Aysén, sea como resultado directo o simple fruto de la casualidad, es la remoción de quien ofició informando de las irregularidades, el director regional del SAG, Cristián López Montecinos. A pesar de haber sido designado bajo el sistema de Alta Dirección Pública, el funcionario fue destituido del cargo un mes después de conocido el dictamen.

Con HidroAysén en el corazón

Si existió un tema que inundó los medios durante los primeros meses del Gobierno de Sebastián Piñera (además de las buenas y malas decisiones post terremoto), éste fue el de los conflictos de interés. El caso de HidroAysén no fue la excepción.

La Corema de Aysén está integrada por 19 miembros. Una mayoría forma parte del Gabinete Regional –es decir del Ejecutivo– y sólo 4 representan al Consejo Regional de Aysén. Y es precisamente entre las autoridades nombradas por el Gobierno donde algunos consideran que no estarían dadas todas las condiciones para una actuación imparcial e independiente al momento de resolver sobre HidroAysén.

El caso más paradigmático es el del actual gobernador de la provincia General Carrera, Pedro Durán Ivanoff, quien además de ser miembro de la Corema debe emitir informes de evaluación sobre el estudio. Hasta un día antes de asumir en este cargo de confianza, fue coordinador provincial de Relaciones con la Comunidad de HidroAysén.

Otra situación compleja es la de Fernando Guzmán Espinoza, quien según fuentes cercanas a la empresa, también prestó servicios a HidroAysén en la evaluación de proyectos que organizaciones comunitarias presentaron para financiamiento de la eléctrica. Hoy es seremi de Economía y miembro de la Corema.

Victoria Moya Cáceres, actual seremi de Minería, también estuvo vinculada al proyecto sobre el cual se deberá pronunciar en un futuro cercano. En mayo de 2008 contó que trabajaba para una consultora que, como contratista, hacía perforaciones para HidroAysén. “La gente local lo único que quiere es trabajo”, dijo entonces cuando se le consultó sobre la oposición al proyecto. También integra la Corema.

Todo esto es particularmente complejo si se considera que tendrán que lidiar, además, con lo estipulado en la Ley 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado: el principio de abstención establece como motivo “tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”. Quizás la postergación hoy juegue a su favor.

Otro que partió con una posición clara pro represas fue el actual seremi de Obras Públicas, Quemel Sade Barría. En la primera declaración que dio el 14 de abril a una radio regional, luego de que se conociera su designación, expresó que “somos la gran reserva de energía del país, la única energía limpia, nuestra y renovable es la energía hidroeléctrica, y a esa energía tenemos que sacarle lucas para que los ayseninos realmente nos incorporemos al crecimiento y desarrollo de Chile, y nos desarrollemos nosotros”. Opinión que no difiere de la que vertiera en un foro en el periódico electrónico El Ciudadano el 5 de diciembre de 2008, al opinar sobre los proyectos en la Patagonia: “La mejor energía: renovable, no contaminante y cien por ciento chilena es la hidráulica. Bienvenidos los lagos y las centrales hidroeléctricas para sacar Aysén de su ancestral ostracismo. Energía sana y un freno al calentamiento global”.

La definición en estos cargos se hizo a pesar de que la Contraloría Regional de Aysén ya dio luces sobre la estricta postura que tendrá respecto a los eventuales conflictos de interés entre las acciones de las autoridades evaluadoras y los titulares evaluados, en el marco del SEIA.

Producto de una consulta realizada el 16 de septiembre de 2009 por el autor de este reportaje, el organismo fiscalizador dictaminó el 5 de marzo de este año que “los referidos municipios deberán arbitrar las medidas que correspondan a fin de abstenerse de suscribir convenios o recibir aportes de personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la entidad edilicia de que se trata, circunstancia que será verificada por este organismo contralor en las futuras fiscalizaciones que se disponga sobre el particular”. El requerimiento había apuntado a los municipios de Aysén (alcaldesa Marisol Martínez Sánchez, PS), Cochrane (alcalde Patricio Ulloa Georgia, UDI) y O’Higgins (alcalde José Fica Gómez, DC), y requería a la entidad que procediera a “investigar y determinar la eventual incompatibilidad de los convenios y contratos (varios de los cuales generan una relación de dependencia de recursos financieros) que diversos municipios de la Región de Aysén mantienen vigentes con sociedades cuyas iniciativas presentadas ante el Sistema de Evaluación Ambiental les corresponde evaluar en el marco de la institucionalidad respectiva”.

La decisión del organismo fue un duro golpe a la política de responsabilidad social empresarial de las hidroeléctricas en Aysén, pues se vieron en la obligación de expresar públicamente que en ningún momento buscaron incidir en las decisiones de los organismos públicos, mientras los alcaldes aclaraban que los recursos recibidos no afectaron bajo ninguna circunstancia su independencia al momento de evaluar los estudios de impacto ambiental de éstas.

Dentro de las prácticas cuestionadas se incluyen diversas acciones conjuntas entre municipios y las empresas.

Una de ellas fue el “Convenio de Cooperación para la Promoción de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas entre la Ilustre Municipalidad de Cochrane e HidroAysén”, suscrito el 22 de enero de 2009, o una biblioteca para la Escuela Litoral Austral, dependiente de la Municipalidad de Aysén, por $ 4 millones por parte de Energía Austral, que junto a otras actividades ha generado incluso que tenga el concejo que aprobar modificaciones presupuestarias en la misma época en que ya le correspondía evaluar el proyecto de represa de esta empresa, río Cuervo.

También está la itinerancia del programa “Conversemos de Energía” que HidroAysén desarrolló en diversos establecimientos educacionales de la región. Luego de recorrer varias ciudades de Aysén, la situación en Villa O’Higgins fue compleja: “Apoderados de Escuela de Villa O’Higgins Impidieron Realización de Muestra ‘Conversemos de Energía’ de HidroAysén” publicó el diario local El Divisadero, dando cuenta del cuestionamiento ciudadano a este tipo de iniciativas. “Conversamos el tema con la directora y le hicimos ver que no era pertinente que una empresa viniera a promocionar un proyecto que está en plena evaluación ambiental, y con muchos cuestionamientos. Además hicimos las consultas y el programa de HidroAysén no tiene autorización del Ministerio de Educación, y nosotros no aceptamos que vengan a alterar el programa escolar de nuestros hijos” dijo en la ocasión el ex concejal y presidente de la Agrupación Cultural y Ambiental Río Pascua, Hans Silva. Ante esto se resolvió realizar la actividad en el gimnasio sólo con los niños cuyos padres autorizaran su participación, con el compromiso de que no se hiciera promoción a la empresa. Aunque según Silva sólo asistieron 14 de los casi 90 alumnos de la escuela, la promesa no se cumplió, pues al concluir la exposición se entregaron “linternas de regalo para los niños con el logo de HidroAysén”.

Pero en la decisión de la Contraloría Regional de Aysén había un fundamento de fondo: la mujer del César no sólo debe serlo, sino también parecerlo. La Ley de Bases Generales sobre Administración del Estado señala expresamente que los organismos públicos deben abstenerse de “participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”. Esto ha abierto una caja de Pandora en la discusión sobre los conflictos de interés, por lo amplio que puede ser considerado el concepto “cualquier circunstancia”.

El debate sobre esta resolución de la Contraloría Regional de Aysén no ha quedado en la sola recomendación. En forma separada, organizaciones de las comunas de Cochrane, O’Higgins, Aysén y Coyhaique, además del diputado PPD René Alinco, están presentando ante el organismo solicitudes para que definitivamente se dé término a los contratos entre municipios e hidroeléctricas con estudios en tramitación, y que dirima 3 aspectos: la legalidad o ilegalidad de los contratos suscritos en situación de irregularidad, al igual que de los informes técnicos de evaluación emitidos en tal condición, y las posibles sanciones administrativas y legales a los responsables de un proceder que se considera una grave contravención a la probidad.

Los vínculos en las ventas de terrenos

Si estas situaciones refieren a temas institucionales –contratos suscritos en calidad de corporaciones edilicias– el alcalde UDI de Coyhaique, Omar Muñoz Sierra, ha tenido un vínculo un poco más personal con la compañía que desde el 22 de agosto de 2008 le corresponde evaluar al municipio que hoy encabeza (él asumió en diciembre de 2008). El 4 de abril de ese mismo año, su esposa Daissy Mondelo Duhalde vendió a HidroAysén el fundo El Treile de 661 hectáreas en el sector de Cochrane, por el cual percibió $ 231 millones. En la transacción participó el propio Omar Muñoz en su calidad de administrador de la sociedad conyugal. El abuelo de su mujer, Manuel Mondelo Oyarzo, recibió por la misma fecha $ 210 millones por La Gauchita, un campo de 600 hectáreas.

Mención aparte merece el desempeño de la Municipalidad de Coyhaique, dirigida hasta el 6 de diciembre de 2008 por el actual diputado UDI David Sandoval y cuyo administrador municipal era Omar Muñoz. A pesar de solicitársele mediante oficio participar en la evaluación de HidroAysén, la entidad no cumplió con su responsabilidad de hacerlo cuando por primera vez se lo requirió Conama. Una omisión relevante, pues podría haberse pronunciado sobre los impactos del proyecto en el uso del aeropuerto Balmaceda y el tramo del Camino Longitudinal Austral de la comuna de Coyhaique que se interna en la Reserva Nacional Cerro Castillo, ambos dentro de su jurisdicción. Sólo emitió un informe de evaluación luego del primer adenda, pero como no participó desde un principio en el proceso, no pudo hacer sus propias observaciones y sólo tuvo la posibilidad de adscribir a las manifestadas por otros servicios públicos.

Revisando las compras de HidroAysén a Daissy Mondelo se abre otra arista. En ambas transacciones, de abril de 2008, representó a la eléctrica la abogado Jeanne Marie Laporte Miguel. Este hecho no tendría nada de extraño si no fuera porque en una causa voluntaria que se llevó adelante ese mismo mes en el Tribunal de Familia de Coyhaique, en la cual la Corte dio su autorización para que dos menores de edad enajenaran por un total de $ 350 millones tres predios a favor de un tercero (extranjero, se informó en la resolución), la misma profesional actuó como defensora pública, puesta por el Estado para salvaguardar los derechos de las niñas, y en calidad de tal elaboró un informe en el cual señaló que “existen razones suficientes que legitiman la enajenación de los tres bienes raíces”. Coincidentemente, dos de estos campos terminaron posteriormente en manos de HidroAysén y el tercero, de Energía Austral, sociedad que busca construir otras 3 represas en la zona y cuyo proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo se encuentra desde mediados de 2009 en evaluación ambiental.

Por ese tiempo, además, Jeanne Marie Laporte era abogado de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la Región de Aysén, organismo ante el cual esta última hidroeléctrica tramitaba por la misma fecha planes de manejo para avanzar en su proyecto, a la vez que recibía denuncias de privados por posibles ilegalidades tanto en las operaciones forestales de HidroAysén como de Energía Austral. Incluso el 2 de julio de ese año Laporte presentó ante el Juzgado de Policía Local, en representación de Conaf Aysén, una solicitud de aprobación de una transacción extrajudicial para dar por terminado el litigio que el organismo forestal mantenía con Energía Austral por corte ilegal de bosque nativo.

Los lazos familiares del Presidente e Hydroaysén

Pero la discusión sobre los eventuales conflictos de interés no se ha dado sólo a nivel regional. En Santiago también se sigue con atención el tema. Esto, considerando que el problema podría poner en una difícil situación a quien detenta el principal cargo de la Nación: el Presidente Sebastián Piñera.

El líder del Ejecutivo tiene en el directorio de HidroAysén un pariente político cercano. Se trata de Eduardo Morel Montes, hermano de la esposa del Primer Mandatario, es decir, su cuñado, quien ocupa el cargo de director suplente. La eventual incompatibilidad es establecida claramente por la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado cuando señala que “contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa” situaciones como “intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive”. Y es en esta última categoría donde se insertan los cuñados, además de ser una circunstancia que podría “restarle imparcialidad”.

Aunque este ingeniero civil de la Universidad de Chile se ha desempeñado en tal función desde mucho antes de que Piñera fuera candidato presidencial y participa en el directorio en representación de Colbún (en la actualidad es gerente de la División de Ingeniería y Proyectos de la eléctrica), hasta el momento la familia presidencial no ha adoptado medida alguna para evitar las eventuales inhabilidades.

Otra autoridad que ha sido cuestionada, ya públicamente, es el ministro de Energía, Ricardo Raineri, quien trabajó para Colbún en el marco del desarrollo del proyecto HidroAysén realizando un informe técnico que fuera sometido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para lograr su alianza con Endesa. Luego confirmó las aprensiones de quienes se oponen a estas iniciativas al expresar que HidroAysén era “tremendamente atractivo” para el Gobierno, lo que reiteró en una entrevista en CNN Chile el pasado 9 de junio.

A nivel de Ministerio de Medio Ambiente los opositores también ven trazas de parcialidad. De todos es conocido que la ministra del ramo, María Ignacia Benítez, se desempeñó –hasta antes de asumir tal función– como profesional de Gestión Ambiental Consultores, liderando los equipos de varios estudios de impacto ambiental de proyectos energéticos, incluso de Endesa, empresa que en términos accionarios es propietaria del proyecto HidroAysén.

Pero la danza de interrelaciones entre el mundo público fiscalizador y mundo privado fiscalizado, que algún ruido ha generado desde que se instalara la actual administración, no se queda sólo entre quienes tienen las más altas responsabilidades políticas y administrativas en la toma de decisiones sobre este proyecto.

A nivel intermedio resalta el caso del abogado Carlos Ciappa, quien representó a HidroAysén en una consulta hecha ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para que la compañía pudiera solicitar “derechos de aprovechamiento de aguas de carácter no consuntivos, en la cuenca del río Aysén, de la Región de Aysén”. El objetivo es que la empresa logre, si es aprobado su proyecto, generar energía con pequeñas centrales hidroeléctricas para así, han afirmado, cumplir su compromiso de proveer de energía más barata a la zona. Esta labor la realizó Ciappa en concordancia con su rol de abogado asesor de la compañía entre 2007 y 2009.

Con la asunción del nuevo Gobierno, Ciappa se ha alzado como el brazo derecho del nuevo director general de Aguas, Matías Desmadryl, pero bajo un contrato de la Dirección General de Obras Públicas –organismo que articula la gestión técnica del MOP– para la reorganización institucional de la DGA y la “nueva política ministerial para el manejo y gestión de los recursos hídricos”, entre otras funciones que realizará hasta el 31 de diciembre de 2010. Según comentan fuentes de la repartición, le habrían “prohibido” ver los temas de HidroAysén para evitar posibles incompatibilidades. Coincidentemente, pocas semanas después de su contratación Desmadryl retiró de la Contraloría General de la República una presentación que la DGA, dirigida en ese entonces por Rodrigo Weisner, hiciera pidiendo definir la legalidad de la solicitud de nuevos derechos de agua que HidroAysén está requiriendo en los ríos Baker y Pascua, y sin los cuales el proyecto no se puede ejecutar como está planteado. Estos derechos ya fueron rechazados por la DGA de Aysén en noviembre de 2008, y con el retiro de la Contraloría de la consulta la decisión final queda hoy en manos de Desmadryl, asesorado directamente por Ciappa.

No será fácil para el Gobierno de Sebastián Piñera desmarcarse del cruce de conflictos de interés –familiares y laborales– que nacen al tener que tomar decisiones con respecto del proyecto HidroAysén, iniciativa que ha derivado en el principal conflicto socioambiental de la historia de Chile. Al saber que la presentación de las respuestas de la empresa a las observaciones de los servicios públicos se postergó del 30 de junio al 29 de octubre, se aplaza en 4 meses el estreno de la mano con que encarará estos dilemas, donde las opciones serán aplicar una “nueva forma de gobernar” o seguir con la “antigua”, que tuvo como resultado un grave cuestionamiento a la política ambiental de la Concertación.