Vea el informe completo de Contraloría

La Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial) buscaba entregar más recursos a los alumnos más pobres para mejorar la calidad de su educación. Comenzó a funcionar en 2008 y hasta 2011 implicó la entrega a de casi $700 mil millones. Un “informe final consolidado” de la Contraloría dado a conocer este jueves 10 de mayo, en base al examen del uso de esos recursos en 77 municipalidades y 28 corporaciones municipales de todo el país (muestra aleatoria), indica que estas ambiciones no se cumplieron: que miles de millones de pesos de este programa están mal usados y otros miles perdidos. En una de las partes más contundentes del informe los fiscalizadores afirman que “37 municipios y 15 corporaciones” no tienen en sus cuentas los excedentes no gastados de la Ley SEP.

En el caso de los municipios se trata de $13.740 millones; mientras que en las corporaciones el dinero faltante asciende a $11.819 millones. La suma de estas dos cifras alcanza a $25.559 millones. Este hecho, afirma el ente contralor, deja de manifiesto un hecho grave: “que tales entidades aplicaron tales recursos en fines distintos de los previstos en la Ley SEP, incumpliendo el propósito del legislador de destinarlos al mejoramiento de la calidad de la educación de los alumnos prioritarios de los establecimientos educacionales adscritos al convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa”.

En diversos casos se comprobó que estos recursos “fueron aplicados a gastos operacionales propios de municipios y corporaciones, lo que ha dado origen a diversas causas penales”.

El informe está basado en la fiscalización a 77 municipalidades y 28 corporaciones municipales que recibieron más de $122 mil millones entre 2008 y 2011. La inspección incluyó la revisión de 2.310 colegios municipales que debían ser beneficiados con los recursos para poder cumplir metas, entre las que estaba subir puntajes SIMCE. En sus 181 páginas da cuenta de un completo desorden de cifras prácticamente desde el inicio del proceso. De hecho, los fiscalizadores destacan que hay $300 millones de diferencia entre los que el Ministerio de Educación dice haberle enviado a las municipalidades y lo que estas tienen en sus contabilidades.

Por ejemplo, la Municipalidad de San Antonio registra haber ingresado en 2009 $105 millones, pero el Mineduc asegura haberle trasferido $124 millones. Es decir, solo en el acto de traspaso se perdieron $18 millones. Similar cosa ocurre en la Municipalidad de Victoria (Araucanía) que en 2010 tiene registrado un ingreso por Ley SEP de $516 millones, mientras que el Mineduc afirma haberle entregado $537 millones ($20 millones perdidos). O en Osorno, donde la contabilidad de 2009 registra $1.038 millones por Ley SEP, $84 millones menos de los que el Mineduc registra haberle transferido.

Y eso es solo el inicio.

DINERO QUE SE HIZO HUMO

La irregularidad más grave detectada en la fiscalización de la Contraloría fue que en 37 municipios se detectó que $13.740 millones correspondientes a saldo sin ejecutar de los recursos SEP no estaban en las cuentas corrientes y/o registrados en el “libro banco”. Esto quiere decir que se ocuparon en fines distintos a los previstos para la subvención SEP. Entre los municipios donde la plata no se gastó en la mejorar la calidad de la educación de los niños vulnerables, está Copiapó ($1.120 millones), Ovalle ($2.281 millones), Coquimbo ($2,276 millones), Cauquenes ($1.004 millones), Valdivia ($1.203 millones), La Pintana ($467 millones), Angol ($544 millones), Puerto Montt ($544 millones).

En 15 corporaciones municipales también se comprobó la existencia de un saldo sin ejecutar de los recursos SEP, dineros que se habrían usado en fines distintos a los contemplados en la ley. Ese monto asciende a $11.819 millones. Esto ocurrió en las corporaciones de Iquique ($1.181 millones), La Serena ($1.158 millones), Valparaíso ($1.561 millones), Cerro Navia ($1.688 millones), Conchalí ($1.555 millones) y San Fernando ($1.098 millones).

La suma del saldo de los recursos SEP que se hizo humo en los municipios y corporaciones, asciende a $25.559 millones.

GASTOS IMPROCEDENTES

En 10 municipalidades se detectó la contratación de personas naturales o jurídicas con recursos SEP para realizar asesorías, pesar de que no cumplían con el requisito exigido por la ley de que estuviesen inscritos en el Registro de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo. Estas contrataciones improcedentes significaron un gasto total de $1.133 millones. Estos municipios son Caldera, Vallenar, Copiapó, Monte Patria, Ovalle, Putaendo, Temuco, Collipulli, Llanquihue y Calbuco. El mismo gasto se constató en cuatro corporaciones (Antofagasta, Cerro Navia, Maipú y Renca), pero por un total mucho más bajo: $24,8 millones.

Donde los gastos improcedentes se disparan es en la contratación y pago de remuneraciones al personal docente de los colegios, un desembolso que no puede hacerse con cargo a recursos SEP. Son 45 los municipios donde se detectó la contratación de personal burlando estas normas, por un total de $8.394 millones. Y en 12 municipalidades se detectaron pagos improcedentes de remuneraciones, bonos, imposiciones e indemnizaciones por un total de $3.195 millones.

Entre estos municipios están los de Coquimbo (con un gasto por este ítem de $648 millones), Temuco ($966 millones), Los Andes ($174 millones), San Antonio ($428 millones), Chépica ($242 millones), Longaví ($119 millones), San Clemente ($208 millones) y Villarrica ($310 millones).

Las corporaciones que incurrieron en pagos de remuneraciones, bonos, imposiciones y horas extraordinarias, son 13. En ellas, la suma de este gasto improcedente alcanza los $ 5.749 millones. Las que más desviaron fondos a este ítem son las de Valparaíso ($2.239 millones), La Florida ($938 millones), San Bernardo ($717 millones), Maipú ($383 millones), Peñalolén ($326 millones) y Puente Alto ($262 millones).

También se detectó que en 39 municipalidades (el 50,6% del total fiscalizado) se contrató personal que no cumplía con el requisito de estar inscrito en el Registro Público de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas e Apoyo, por una suma total de $8.621 millones. En el caso de las corporaciones, 15 de ellas cayeron en la misma falta, por un total de $2.283 millones.

Además, 36 municipios incurrieron en gastos por un total de $1.143 millones en rubros que expresamente no debían ser cubiertos con recursos de la Subvención Escolar Preferente, tales como servicios de telefonía celular, gastos comunes, consumo de electricidad, asesorías comunicacionales, honorarios en escuelas de verano, sándwich para reunión de directivos, material de aseo, fumigación, tarjetas de saludos por día del trabajador, cortinas para casa de huéspedes, alojamiento por viaje del asesor legal, alimentación en actividades del mes del mar, gastos de “caja chica” del Departamento de Educación, combustible para vehículos, scanner para oficina de Transparencia, financiamiento de iniciativas del programa Fondo de Mejoramiento de Gestión Municipal, materiales de ferretería y pintura del casino.

Entre las municipalidades que financiaron gastos como los descritos en el párrafo anterior, están las de Monte Patria ($228 millones), Coronel ($116 millones), San Pedro de la Paz ($204 millones), Valdivia ($93 millones), Osorno ($66 millones), San Ramón ($33 millones), Limache ($42 millones), Molina ($82 millones), Estación Central ($16 millones) y Tocopilla ($13 millones).

Las corporaciones que financiaron gastos en rubros ajenos a los previstos para la subvención SEP son 15, por un monto total de $551 millones. Entre ellas figuran las de Puente Alto ($151 millones), Valparaíso ($35 millones), Viña del Mar ($41 millones), Maipú ($75 millones), Antofagasta ($80 millones) y Renca ($62 millones).

Considerando los gastos improcedentes en contratación de personal y en otros rubros ajenos a la subvención escolar, el total del desembolso hecho por municipios y corporaciones que no se ajusta a lo previsto para la subvención SEP, suma $10.639 millones.

GASTOS SIN ACREDITAR

Respecto de gastos acreditados de manera insuficiente por las municipalidades, el total detectado por la revisión suma $1.012 millones (4,5% de los desembolsos analizados). Un 32,5% de los municipios fiscalizados incurrió en esta falta. Entre ellos están Copiapó ($188 millones), Illapel ($115 millones), Quillota ($129 millones), Coyhaique ($225 millones), Limache ($81 millones), Santiago ($22 millones), San Ramón ($10 millones), Molina y Los Ángeles (ambos con $36 millones). En las corporaciones estos gastos sumaron $1.653 millones y se efectuaron en 14 de estas entidades. Algunas de ella son: Iquique ($550 millones), San Bernardo ($719 millones), San Fernando ($184 millones) y La Serena ($121 millones).

En relación a gastos directamente sin acreditar, éstos fueron descubiertos en ocho municipalidades (10% de las revisadas), por un total de $202 millones. Entre estos municipios se cuenta Limache ($16 millones), Estación Central ($39 millones), Graneros ($63 millones) y Arica ($20 millones). En tres corporaciones se detectó el mismo problema, con una suma global de $21 millones. La mayor parte corresponde a la corporación de San Fernando ($19 millones).

COLEGIOS CERRADOS

La Contraloría estableció que 16 municipalidades recibieron un total de $81 millones por subvenciones SEP destinadas a colegios que ya estaban cerrados, pero no devolvieron el dinero. Entre estos municipios se cuentan La Granja ($15 millones); La Pintana ($1,2 millones), Talcahuano ($2,8 millones), Los Ángeles ($4,7 millones) y Concepción ($6,1 millones). Respecto de las corporaciones, tres de ellas recibieron un total de $7,8 millones para escuelas que ya no funcionaban: la corporación de La Florida ($2,4 millones), la de Puente Alto ($951 mil) y la de Castro ($3,7 millones).

Se estableció también que 29 municipalidades (37,6% del total) no han hecho auditorías para controlar los recursos. Entre estas se cuentan Copiapó, San Ramón, Curicó, Los Ángeles, Concepción, Santiago, Estación Central, La Granja y La Pintana. Las corporaciones que no han auditado sus cuentas son siete: La Florida, Cerro Navia, Quinta Normal, Pudahuel, Renca, Conchalí y San Bernardo.

La Contraloría también constató una débil fiscalización de los recursos por parte del Ministerio de Educación: del total de colegios públicos revisados, esa cartera sólo inspeccionó el uso de los recursos en el 37% de las escuelas dependientes de municipalidades y en el 46,4% de los establecimientos administrados por corporaciones.

Vea investigación de CIPER: 31 profesionales del Hospital del Tórax revelan serias irregularidades que pagan los pacientes

-Quisiera comenzar hablando del caso más grave, la muerte del paciente Orlando González Anabalón.

Lamento que ese caso desafortunado haya perdido la confidencialidad de la relación médico-paciente y haya salido a la palestra pública. Esto es una trasgresión de la privacidad de la historia clínica. No he tenido tiempo de revisarlo todo, pero tengo entendido que el paciente llegó con síndrome coronario agudo y se estabilizó con medicamentos. Luego se determinó que la mejor terapia para él era un tratamiento con cirugía de bypass coronario, lo convencional para este tipo de casos. La cirugía se llevó a cabo en los tiempos habituales. El doctor (Mauricio) Villavicencio, que lo operó de urgencia, tiene sus antecedentes clínicos. Pero desafortunadamente, tuvo un desastre en el momento de la inducción de la anestesia: el paciente hizo un paro cardíaco. En el 99.9 % de los casos similares el paciente fallece. Nosotros nos la jugamos, por ser un hombre joven, así que autoricé el uso de una terapia extraordinaria para estabilizarlo (la instalación de un dispositivo de asistencia biventricular), corregir las deficiencias que habían causado este desastre y posteriormente evaluar si era candidato a un transplante de corazón. Fue una intervención de altísimo riesgo que se efectuó con éxito. Tras 48 horas en la Clínica Dávila, estable en su condición con este apoyo, los médicos estimaron que el paciente estaba en condiciones de ser trasladado de vuelta al Instituto Nacional del Tórax (INT). Se preveía que el período de estabilización iba a ser de tres a cuatro semanas y en ese tiempo nosotros ya íbamos a tener toda nuestra infraestructura caminando. Además, sabemos como manejar ese tipo de pacientes.

-A su juicio, ¿había condiciones para llevarlo de vuelta?

Por supuesto que las había. Eso que se dijo de que el traslado fue por una cuestión económica es totalmente falso. Mantener a un paciente conectado a esta bomba mientras entra a una etapa en que puede ser transplantado cuesta alrededor de $10.000.000, más una serie de costos adicionales.
Nosotros hemos tenido pacientes conectados por tres meses a estos instrumentos. Ahora, dentro de nuestro convenio, bajo ningún punto de vista teníamos contemplados tratamientos extraordinarios como éste, pero los asumimos en función de nuestros pacientes.

-¿Es pertinente el traslado del paciente en esas condiciones?

Desde el momento en que los médicos tratantes me manifiestan que el paciente está en condiciones de traslado, yo tomo la decisión, avalado de esta opinión clínica, porque soy el responsable de los recursos físicos, médicos y económicos de este hospital. Tomé la decisión de trasladarlo hacia acá con todas las precauciones. No hay dudas al respecto. Pero no fue una decisión económica; lo que primamos es que estaremos en condiciones de hacer transplantes apenas tengamos nuestra unidad operativa.

-Pero el INT no tenía pabellón disponible ni sala UCI en condiciones.

Sala UCI teníamos. No había problema con la sala UCI, ninguno.

-¿No estaba ocupada la mitad de la sala?

No. Tenemos una sala UCI perfectamente capaz de manejar no solamente eso, sino muchas otras cosas. Habitualmente ubicada en el quinto piso, había sido trasladada con todos sus instrumentos al cuarto con los mismos equipamientos, los mismos profesionales e incluso mejor equipada que la que estaba arriba. Desde esa perspectiva, teníamos condiciones de uso y contábamos con los expertos nacionales en el tema.

-¿Quiénes eran?

El doctor Mauricio Villavicencio y el doctor Víctor Rossel.

-¿No estaban de viaje en los Estados Unidos?

No, estaban aquí. Pero eso es irrelevante. Lo concreto es que el paciente cumplía criterios clínicos y nuestra única limitación, en caso de que necesitara una reexploración, era trasladarlo de vuelta a la clínica. Y eso se podía hacer y se hizo. Así que no fue temerario traérselo al INT para que viniera a tener un desastre aquí. Por supuesto que en condiciones ideales, al paciente lo mantengo el tiempo que sea necesario en mi UCI del quinto piso y no lo muevo hasta que lo transplante.

-Hay un correo que le envió a usted el jefe de servicio subrogante de pabellón, el doctor Rafael Selman, donde le dice que los médicos a los que se refiere estaban en el extranjero.

Esa es información interna del hospital. El colega que envió el correo estaba reemplazando como tercer jefe de la unidad porque el primero estaba en un curso en el extranjero y el segundo pidió permiso administrativo. En el mail pedía instrucciones de qué hacer con un paciente al que eventualmente podían estar fallándole estos dispositivos. Y la opinión de los médicos tratantes era que el dispositivo no estaba fallando. Eso fue categórico y así se puso en la ficha.

-En ese correo, el doctor Selman le dice que los médicos tratantes (Mauricio Villavicencio y Eduardo Turner) estaban en el extranjero y que no dejaron a cargo del paciente a ningún cirujano entrenado en manejo de asistencia ventricular. En la respuesta que usted le envió no lo refutó.

La decisión de hacer un convenio con una clínica particular estaba dada por la capacidad de resolver los problemas clínicos en su globalidad y, desafortunadamente, parte de estas denuncias están fundamentadas por problemas interpretativos de ciertos facultativos como el doctor Rafael Selman. Se lo digo para que quede constancia de esto, porque me lo dice como un hecho de la causa, como una verdad que tengo que salir a rebatir sólo porque el doctor Selman dictaminó en un mail que el médico tratante no estaba en Chile.

La decisión de hacer un convenio con una clínica particular estaba dada por la capacidad de resolver los problemas clínicos en su globalidad y, desafortunadamente, parte de estas denuncias están fundamentadas por problemas interpretativos de ciertos facultativos como el doctor Rafael Selman.

-CIPER tuvo acceso a esos correos y en su respuesta usted nunca le dijo al doctor Selman que eso no era cierto. Por el contrario, le dice que ellos dejaron al doctor Ernesto Larraín a cargo. Aquí no hay interpretaciones.

Quiero hacerle un alcance: cuando el Servicio de Salud contrata a una entidad, contrata la globalidad de sus servicios. En los casos de los 42 pacientes que han sido operados han participado más de 45 médicos en sus cuidados, entre los cuales, por el azar de estar contratados en la Clínica Dávila, dos de ellos que son cardiocirujanos y que además tienen la posibilidad de trabajar en el INT. Sin embargo, con fines de transparencia, en ese momento esos médicos estaban en servicio sin goce de sueldo. Yo no tenía cómo saber cuáles eran sus actividades afuera porque ya no los tenía bajo mi control. Si el doctor que operaba a los pacientes era “Pedro de los Palotes”, Larraín u otro, no tenía cómo controlarlo. Yo contraté los servicios y el equipo de la Clínica Dávila me ofrecía la globalidad de la atención que necesitaba para mis pacientes, incluyendo cardiocirugías, transplantes y asistencias ventriculares, cosa que ninguno de los otros lugares a los que podíamos optar cumplían. Tenía que tomar una decisión en ese momento y ese fue el centro que tomé. Y no solamente por razones de globalidad de atención clínica, sino que también por costos.

Entre los cuarenta y tantos médicos que atendieron en nuestros casos había también dos perfusionistas, que son los mismos que están contratados acá, y al menos dos anestesistas. Y ninguno de ellos está en comisión de servicio sin goce de sueldo. Desde esa perspectiva, el manejo clínico tanto en la Dávila como en el INT, fue razonablemente bueno. Cuando surgió la sospecha de que algo podría estar pasando con la cánula de este paciente (Orlando González), personalmente me acerqué un día sábado y conversé con el equipo tratante. Incluso solicité al doctor Larraín que se apersonara porque, si había que hacer algo, él tenía que estar involucrado. Los parámetros de laboratorio indicaban que estaba gravísimo, pero estable, con diálisis, respirador mecánico y desangramiento. Los parámetros de oxigenación de ventilación de ácido base estaban equilibrados. De todas maneras, por la sospecha, el doctor Larraín y el equipo tratante decidieron llevarlo de vuelta a la Clínica Dávila. Desafortunadamente, después de la operación el paciente presentó una hipertensión pulmonar refractaria al tratamiento y falleció.

-Considerando las condiciones en que se encontraba este paciente y las capacidades que tenían en el INT para recibirlo, ¿sinceramente cree que no afectó en nada el haberlo trasladado desde la Clínica Dávila?

En las condiciones gravísimas en que estaba desde un comienzo, el que haya sido manejado con una asistencia ventricular en la Clínica Dávila y después trasladado para acá, no tiene mayor relevancia. En los pacientes con paro cardíaco y que hacen shock, la mortalidad es de un 99% a un 100%. Nosotros lo sacamos de esa situación, pero aunque lo hubiéramos tenido acá, no lo hubiéramos podido transplantar porque estaba con diálisis y con insuficiencia respiratoria. Lamentablemente es así. Que eso se tenga como perspectiva, ya que lo que hacemos hoy hasta hace poco sólo se veía en clínicas privadas y para un segmento muy chico de la población. Nosotros trabajamos para el 80% de la población del país, la que está afiliada a Fonasa. Para eso estamos. Este paciente tuvo un adverso y falleció a pesar de todo el esfuerzo, pero dudo que en una clínica privada, siendo un paciente Fonasa, le hubiesen dado el mismo apoyo.

EL CONVENIO SIN LICITACION

-¿El convenio con la Clínica Dávila era la mejor opción? Las otras alternativas que le presentaron (Clínica Tabancura y Hospital Dipreca), según varios médicos, eran mejores, y fueron rechazadas sin que hubiera una explicación…

El objetivo era conseguir un lugar para poder seguir atendiendo a nuestros pacientes en un espectro que nos diera todas las posibilidades que requeríamos y con una urgencia administrativa de hacerlo de inmediato. Con la rigidez del sistema público, fue difícil llevar adelante un proceso de resolución inmediata y a un costo comparable o mejor que el que nos ofrecían las otras alternativas, pero lo hicimos. Todo el proceso administrativo fue enviado a la Contraloría General de la República para ser aprobado o rechazado. Tengo entendido que mañana (viernes 13 de abril) o pasado estará el informe final de su dictamen. La decisión de cerrar el trato con la Clínica Dávila se fundó en que nos podían dar la totalidad de las atenciones que hacíamos y a un costo que claramente era mejor. No es verdad que en el Hospital Dipreca y en la Clínica Tabancura iba a costar más barato y así se lo hicimos ver a las distintas personas que se quejaron, pero al parecer no quisieron escuchar.

-¿Es verdad que el acuerdo se cerró sin conocimiento del jefe de servicio de pabellón? Las personas consultadas por CIPER indican que él se enteró sólo cuando hubo que hacer el primer traslado de un paciente para ser intervenido quirúrgicamente y que en el convenio sólo podían participar dos médicos y dos cirujanos del equipo del INT que también trabajaban en la clínica.

La decisión estratégica del hospital de cuándo y dónde puedo mandar a hacer la producción de la cual soy responsable final, no se le consulta al jefe de servicio, se le comunica. Él no tiene potestad para disponer de los recursos físicos o económicos del hospital. Nosotros hicimos el intento formal para que nuestros médicos fueran a operar a la Clínica Dávila, pero por condiciones de acreditación sanitaria o por las razones que fueran, la clínica estaba en todo su derecho de decirnos lo que nos dijo: “No necesitamos más doctores. Yo tengo tres o cuatro cardiocirujanos que pueden hacer la producción que ustedes me están pidiendo, independiente de cómo se llamen, y tengo mis anestesistas”. Por más que quisiera que ellos trabajaran también en la clínica, no podía. ¿Qué es más importante: la satisfacción de un equipo de cardiocirujanos o la salud y amplitud de servicio de los pacientes? Yo consideré que lo era la posibilidad de darle todos los servicios concentrados en un solo lugar y a un costo más económico porque me permitía atender con los mismos recursos más pacientes. El doctor Rafael Selman, que trabaja en el Hospital Dipreca, quería que el convenio fuera con esa institución y por eso se sintió muy afectado. Pero Dipreca está en una situación muy delicada desde el punto vista asistencial, por dificultades administrativas internas. Así que no hubiéramos podido hacer la producción allá.

Desconozco si hemos vulnerado alguna norma, y tal vez peque de ingenuo porque no puedo leer todas las normas que saca el Ministerio. Y si quiere enfocarlo bajo esa perspectiva, sí, podemos tener algún grado de responsabilidad.

-¿Por qué se permitieron las obras siendo que existe una circular muy clara del Ministerio de Salud sobre cómo proceder para evitar casos de aspergilosis cuando se está con pacientes propensos a contagio?

Hay cosas que escapan a nuestro control. Nos preocupamos de atender a nuestros pacientes, pero es de común conocimiento que los hospitales del sistema público no están en condiciones ideales. Escapa a nuestro control que nuestra vecina, la Fundación Arturo López Pérez, haya decidido seis meses atrás hacer remodelaciones. Tampoco impedir que se modifique una estructura vetusta y se construya un nuevo jardín infantil para los funcionarios del Servicio de Salud Metropolitano Oriente (SSMO) a 30 metros del hospital. El programa Mi Hospital se Pone a Punto se implementó para mejorar los baños, las salas de espera, el aspecto, el acceso y la credibilidad. En medio de ese entorno que no podemos controlar, tuvimos en nuestro programa anual de transplantes de 2011 una racha que uno no puede predecir. Uno no puede planificar cuándo tener transplantes y dejar a los pacientes que tienen este acceso sin transplante por una condición potencial.

¿Pero no se está vulnerando una norma del Ministerio de Salud?

Lo desconozco, y tal vez peque de ingenuo porque no puedo leer todas las normas que saca el Ministerio. Y si quiere enfocarlo bajo esa perspectiva, sí, podemos tener algún grado de responsabilidad. En ningún momento se trató de una aspergilosis invasiva de brote. Nosotros sabíamos que el hospital no está construido idealmente para ejercer acciones tan complejas como las que realizamos, pero igual decidimos hacerlas. Tenemos que tomar las medidas preventivas para que no ocurran eventos inesperados, y para eso contamos con un protocolo de prevención, detección y manejo precoz de las posibles infecciones de pacientes sumamente complicados, como son los de transplantes. Este hongo de aspergilo está en todas partes: en su ropa, en la mía, en el polvo; y ciertamente cuando hay una obra física o hay ventoleras o movimiento de tierras uno debe estar muy atento para evitar los desastres.

UNA ENFERMEDAD OCULTA

-¿Por qué no se dio aviso de esos contagios al Ministerio de Salud?

La normativa dice que hay que avisar sobre los brotes, pero no tuvimos brote. El brote de aspergilosis es cuando muchos pacientes empiezan a infectarse y presentan una enfermedad clínica con el mismo tipo de hongo, la misma cepa. Eso no fue lo que pasó acá. No era el mismo hongo y ninguno de los pacientes desarrolló una enfermedad clínica porque nosotros, como parte del proyecto de protección de estos pacientes, dado que no tenemos las condiciones óptimas, les hicimos exámenes en etapa pre-clínica, por si acaso, a un costo bastante alto. Y apenas se detectó en estos pacientes la infección, se les hizo un tratamiento para salvaguardar sus vidas que también es bastante caro.

-La mañana del jueves 13 de abril, durante la inspección del SSMO, la enfermera jefe de pabellón les informó que usted la había presionado por estar preguntando por el nombre de los contagiados de aspergiliosis para que no se diera a conocer esto.

Desconozco eso. No he presionado a nadie para que no dé información. Yo me debo al estatuto que dice que no puedo revelar información clínica que le corresponde al paciente y divulgar sus nombres. No soy yo quien debe dar esa autorización. En Chile existe una confidencialidad de la relación médico-paciente y de los archivos clínicos. Por lo tanto, ni siquiera el director del hospital puede revelar los nombres.

-¿Usted presionó a alguien o intentó ocultar este tema del contagio de aspergilosis?

No, ¡enfáticamente no! Habría que ser muy mala leche para eso.

-Hablamos con los pacientes y ninguno sabía que habían sido contagiados con aspergilosis. ¿Por qué se les oculto también a ellos?

(Antes de que el director del INT alcanzara a decir algo, tomó la palabra el doctor Mauricio Villavicencio [MV], que también estaba en la oficina) Todos los pacientes sabían que estaban recibiendo medicamentos para el aspergilo. La mayoría de ellos no se acuerdan de todo lo que le damos por que son como 15 remedios y, auque uno le explica en la medida de lo humanamente posible, después se olvidan… Con los transplantes que se realizaron acá, el año pasado aumentamos en 200% los transplantes en Chile y se logró aumentar un 50% la tasa de transplante de corazón en el país. Lamentablemente existe sólo un equipo de transplante de corazón y pulmón. Y cada uno de los que lo conformamos hicimos un entrenamiento de transplante. Por eso me duele que los que no han hecho ese entrenamiento hablen de esto porque la verdad es que no saben. Me duele mucho que a la gente que está entrenada para esto no se le haya preguntado y el informe se haya publicado.

-¿O sea usted dice que los 31 profesionales que firman el documento que se entregó al Ministro de Salud, a las comisiones de Salud del Congreso, al Colegio Médico y a la directora del SSMO no tienen idea de nada y que mienten?

MV: No, no es que no tengan idea de nada, pero ellos no son especialistas en transplante…

Mi obligación como servidor público es responder con la verdad, la misma que ya he expuesto en las instancias que me lo han requerido. Yo me ofrezco a darle mi opinión una vez que los tenga a la mano para hacer un mea culpa público al respecto o exigir las disculpas de aquellos que pudiesen haberse equivocado en sus apreciaciones.

(El doctor Carlos Deck lo interrumpe y sigue con la respuesta) Hay que reconocer que muchos de los médicos que firman son anestesistas que participan en los transplantes y tienen acceso a todo lo que ocurre durante las operaciones. Pero también hay que decir que en la lista de 31 firmantes noté al menos a un becado y a dos personas que no son médicos, sino que enfermeros perfusionistas. Además aparece firmando una doctora que no es funcionaria del hospital, sino que viene a desarrollar actividades académicas o de investigación. La planta médica del hospital es de 86 médicos de una comunidad hospitalaria de 500. Por lo tanto es inexacto hablar de la mayoría de médicos: sólo 28 de esos 86 pusieron su firma. De los demás, muchos no están de acuerdo con esa carta. Aunque es cierto que hay que respetarla porque es un ejercicio de la libertad de expresión y creo que es bueno revisar los procesos para ver si se cometen errores, sobre todo en beneficio de nuestros pacientes.

-¿Usted cree que los médicos, los 28 que menciona como válidos, han faltado a la verdad en la denuncia que hacen a las diferentes instancias públicas?

Mire, tengo una opinión personal al respecto que me la voy a reservar porque hay procesos de auditoría que están evaluando nuestras actividades y aún están abiertos en la Contraloría General de la República, el Ministerio de Salud y el SSMO. Sería muy poco prudente pronunciarme antes de que esos dictámenes estén disponibles. Mi obligación como servidor público es responder con la verdad, la misma que ya he expuesto en las instancias que me lo han requerido. Ahora estoy esperando esos dictámenes para que me digan si estoy o no en lo correcto. Yo me ofrezco a darle mi opinión una vez que los tenga a la mano para hacer un mea culpa público al respecto o exigir las disculpas de aquellos que pudiesen haberse equivocado en sus apreciaciones.

La Pía Unión fundada por el sacerdote Alejandro Huneeus en 1928, pretendía ayudar a los sacerdotes que la integraban a acercarse a Cristo, pero desde los años 70 fue transformada por el sacerdote Fernando Karadima en un mecanismo para mantener bajo su control a los sacerdotes que se formaban en la parroquia de El Bosque. También la usó como un paraguas inmobiliario que permitía administrar los enormes recursos que llegaban a esa iglesia.
Es por eso que la Pía Unión, que hoy llega a su fin, está íntimamente ligada a los abusos que el sacerdote Karadima cometió y que de acuerdo a la justicia están prescritos.

Una investigación de CIPER detectó -solo en los alrededores de la Parroquia El Bosque- cinco propiedades a su nombre: dos departamentos están en la comunidad «Los Apóstoles», (el 602 de Avenida El Bosque Nº 915 y el 702 de Avenida El Bosque Nº 957, más cuatro estacionamientos y dos bodegas). Por cada uno la Pía Unión recibía unos 400 mil pesos mensuales de arriendo. Otra de las propiedades es una casa de calle Carlos Antúnez donada a la Unión Sacerdotal por Nicolás Arzía Goles, en 1984, y que les rentaba 700 mil pesos mensuales por concepto de arriendo.

Las últimas dos propiedades cuyo usufructo controlaba la Pía Unión Sacerdotal y en los hechos Karadima, son el «Centro Médico El Bosque», ubicado en Eleodoro Yáñez Nº 2820, por el que recibían un arriendo mensual de $2.100.000 (según declaró ante la justicia la administradora María José Riesco Bezanilla); y la misma Parroquia El Bosque, una manzana en uno de los barrios más caros de Santiago. Su avalúo fiscal es de 5 mil 164 millones de pesos (unos 10 millones de dólares). No paga contribuciones, por ser un lugar destinado al culto. Y como propietario figura la «Parroquia El Bosque», una entidad sin RUT, controlada por la Unión Sacerdotal.

La Pía Unión fue fundada en 1928 por el sacerdote Alejandro Huneeus con la idea de que la parroquia El Bosque se transformara en un lugar de formación de sacerdotes. En la concepción de Huneeus, la Pía Unión iba a ser el paraguas que cobijara su proyecto fundacional. Con dinero de su bolsillo compró la parroquia a Loreto Cousiño (pagó 1 millón 200 mil pesos de la época) y la donó a la Pía Unión. Y en esa espléndida construcción reunió a una decena de jóvenes que buscaban discernir su vocación sacerdotal.

Ente ellos estaba Fernando Karadima Fariña, quien llegó a El Bosque en septiembre de 1952, un mes después de la muerte de Alberto Hurtado.

Los documentos existentes no permiten tener claridad del sesgo que Alejandro Huneeus quería darle a su institución: se afirma, apenas, que la espiritualidad de la Pía Unión estará centrada en la obediencia al Arzobispo y en la adoración al Sagrado Corazón de Jesús. Esa falta de claridad despertó prontas sospechas en el clero santiaguino. Y ya que Huneeus había sido rector del Seminario Pontificio entre 1935 y 1939, el que levantara una suerte de seminario propio, se podía leer como una silenciosa protesta contra la línea formativa que se impartía en la Iglesia.

El sacerdote Bernardo Herrera, quien también fue rector del Seminario entre 1992 y 1994, recuerda que la crítica de fondo en contra de Alejandro Huneeus era “que no se entendía lo que quería hacer porque la Pía Unión no era una orden… y no estaba muy claro cuál era su espiritualidad. Me acuerdo que los que se le oponían más firmemente eran monseñor Jorge Medina y Sergio Valech, que eran formadores del Seminario del Arzobispado en años en que se enfrentaba una preocupante falta de vocaciones”.

Alejandro Huneeus siguió adelante con su proyecto. Sus estudiantes recibían buena parte de la instrucción de los mismos sacerdotes de la Pía Unión. Por su preparación e influencia, destacaba el sacerdote Emilio Tagle Covarrubias, quien en enero de 1958 fue nombrado obispo auxiliar de Santiago y en diciembre, tras la muerte del cardenal José María Caro, se desempeñó tres años como administrador apostólico del Arzobispado. Ejerció así como un arzobispo de facto, con las atribuciones pero sin nombramiento.

Más allá de los motivos que llevaron a Huneeus a crear su organización, a partir de los 60 en El Bosque se refugió una parte de la Iglesia que se sentía agredida por los cambios sociales que vivía el mundo. Y su respuesta era afincarse en la prédica moral desde una postura de superioridad, haciendo de los aspectos sexuales un asunto central de la fe y de la expresión de religiosidad. Incentivados por esas características que determinaron la identidad del círculo de El Bosque, la parroquia se convirtió en la favorita de una feligresía conservadora, que también recelaba del discurso social de la Iglesia «roja» que amenazaba directamente el sistema y sus bienes.

Como novicio de la Pía Unión, Fernando Karadima no solo tomó clases con el obispo Emilio Tagle. El plan formativo de los sacerdotes incluía retiros espirituales de una semana de duración con los jesuitas y aprobar los cursos de Teología de la Universidad Católica.

El profesor de estos primeros postulantes en la Universidad Católica fue Jorge Medina Estévez, futuro obispo de Valparaíso. Un asistente a esas clases recuerda que en una ocasión, Medina echó de la sala a Fernando Karadima. Consultado sobre ese incidente el sacerdote señaló a CIPER “Jamás ocurrió tal cosa, porque si lo hubiera echado no habría entrado más a mi clase”. Reconoció, eso sí, que fue su alumno y que era “joven tranquilo y criterioso”.

A fines de los 50 los novicios de la Pía Unión ya eran mirados con recelo por el resto de la comunidad de la Iglesia. “Había cierta envidia por el nivel social de nuestra gente y también porque la formación era muy buena”, relata uno de estos primeros postulantes que luego no se hizo sacerdote. Agrega que también les hacían burlas por la completa obediencia que se les exigía: “Nosotros, antes de recoger un papel, teníamos que pedirle permiso a nuestro superior. Me acuerdo que Jorge Medina se reía de eso”.

Años después, echando mano a esas costumbres, Fernando Karadima ejerció sobre los jóvenes que lo rodeaban un férreo control. Los obligaba a relatarle hasta los más ínfimos detalles de sus vidas privadas. Y también, a consultarle qué ropa usar, con qué mujer juntarse y qué amigos frecuentar. Verónica Miranda, la ex mujer de James Hamilton, cuenta que debían pedirle permiso para asistir a cualquier reunión social y que incluso su marido se preguntaba si usar determinado lápiz le parecería correcto al sacerdote.
Es imposible culpar a Alejandro Huneeus o a los formadores de los seminaristas de El Bosque por lo que Fernando Karadima hizo con el correr de los años. Pero en ese experimento conservador que llevó adelante Huneeus, algunos filtros no funcionaron debidamente. Tal vez esa y otras razones que se desconocen provocaron que en 1961 Roma ordenara que todos los seminaristas de El Bosque se fueran al Seminario Pontificio y siguieran ahí sus carreras. La producción de vocaciones como la había soñado Huneeus se terminó. También la de crear su propia congregación. Lo que sí está claro es que para entonces Karadima, quien había sido ordenado sacerdote en 1958, tenía sus vínculos sagrados y estaba listo para comenzar su carrera.
Durante los años en que reinó en el Bosque todos los lunes Karadima reunía a los sacerdotes que se habían formado a su alero y los confesaba. Esas sesiones de la Pía Unión eran parte de un implacable sistema de control que le permitió a Karadima lograr abusar física y sicológicamente de muchos de sus ex feligreses, entre los que están sus principales denunciantes, James Hamilton, Juan Carlos Cruz, Fernando Batlle y José Murillo.

Vea el Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago

Ayer por la tarde, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó por medio de un contundente fallo el reintegro inmediato de nueve alumnas del Liceo Carmela Carvajal de Providencia (A-44). A todas ellas se les canceló la matrícula para el año 2012 por haber participado en la toma del establecimiento durante las masivas movilizaciones estudiantiles que se desarrollaron el año pasado exigiendo profundas reformas a la educación en Chile.

El fallo de ayer, que fue la respuesta judicial al recurso de protección que las nueve alumnas y sus padres presentaron al verse impedidas de seguir cursando sus estudios en dicho liceo por orden del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, se suma a una docena de dictámenes de las Cortes de todo Chile que rechazan las expulsiones ligadas a las manifestaciones estudiantiles de 2011 y que fueron dados a conocer en un reportaje de CIPER a principios de este año.

En la parte medular del dictamen de la Corte de Apelaciones sobre el caso de las niñas del Liceo Carmela Carvajal de Prat, el tribunal plantea lo siguiente: “Esta Corte estima que lo obrado por la recurrida, Liceo A- 44 Carmela Carvajal de Prat, ha resultado desproporcionado, revistiendo su actuación visos de arbitrariedad, lo cual importa conculcar la garantía contenida en inciso 4° del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República (…)”. (Aquí puede ver el fallo)

En otra parte de la sentencia, se señala: “Estos sentenciadores no han logrado adquirir la convicción de que en los procesos que motivaron las sanciones aplicadas, se haya respetado a cabalidad el debido proceso, toda vez que se advierte que no existió una investigación de los hechos, sino que una citación para comunicar una decisión adoptada y de la que sólo alzarse, sin haber existido un proceso en el que se indagaran las situaciones fácticas y la posibilidad de que las recurridas formularan sus descargos”.

Entre las alumnas expulsadas y que han sido beneficiadas con la resolución, figura Scarlett Bravo, una de las voceras del movimiento estudiantil del Liceo Carmela Carvajal, cuya historia fue relatada por CIPER en el reportaje “Masivas expulsiones de líderes estudiantiles en liceos de Ñuñoa y Providencia”.

-Este fallo yo no lo tomo como un triunfo, sino como un mero acto de justicia que viene a enmendar una arbitrariedad que le ha provocado mucho daño a nuestra hija y a sus ocho compañeras, el que incluye la dilación que ha tenido este juicio provocada por los abogados del estudio “Carey & Allende”, a los que contrató la Corporación Municipal de Providencia, y que recurrieron a todo tipo de artimañas para dilatar el pronunciamiento –dijo a CIPER, Moisés Bravo, padre de Scarlett.

Lo que Moisés Bravo ni ninguno de los padres sabían sabía era que el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago no les abriría las puertas del Liceo Carmela Carvajal a sus hijas, como lo establece expresamente. Ayer, Bravo se comunicó con la directora del Liceo, Rosa Lidia del Valle, quien le respondió que no tenía ninguna información del dictamen judicial y que no lo podían recibir sin antes pedir una instrucción expresa para ello. Esta mañana, ya con el fallo hecho público, fue hasta el establecimiento junto a los otros padres para matricular a sus hijas, pero a pesar de la orden judicial, las puertas del liceo de excelencia permanecieron –y seguirán estando– cerradas.

EL CONTRAGOLPE DEL MUNICIPIO

Moisés Bravo asegura que el primer día de clases, la directora del liceo habló con él y los papás de las otras niñas expulsadas y les dijo que si la Corte de Apelaciones estipulaba que las jóvenes debían ser reincorporadas, ella lo haría de inmediato. Mientras esperaba esa resolución judicial, Bravo matriculó transitoriamente a su hija Scarlett en un liceo de La Florida, donde cursaría el tercer año de enseñanza media hasta que la Corte de Apelaciones ordenara al establecimiento de Providencia integrarla nuevamente. Tres de las nueve estudiantes expulsadas se habían negado a matricularse en cualquier otro establecimiento a la espera de que el tribunal ordenara su reintegración. Como esa orden se emitió ayer, esta mañana fueron hasta el recinto de Avenida Italia.

-Hoy fuimos al Liceo Carmela Carvajal para matricular a las niñas, pero la directora no nos permitió el ingreso. Conversó con nuestro abogado, Cristián Zuñiga, y le manifestó que por orden de la Corporación Municipal, que al final es por orden de Labbé, porque él es su presidente, no se iba a respetar el fallo porque iban a apelar a la Corte Suprema –cuenta el padre de Scarlett, la niña que se mudó desde la IXª Región exclusivamente para estudiar en el liceo de Providencia y que en 2010 fue galardonada con la Medalla al Mérito Carmeliano, un reconocimiento que el colegio municipal hace a sus alumnas por su compromiso con la institución.

Aunque resulta extraño después de haber tomado una posición tan confrontacional contra los estudiantes que participaron en las tomas que se realizaron el año pasado en los colegios de Providencia, la versión oficial del municipio es que el alcalde Cristián Labbé no tuvo injerencia en la decisión de apelar el fallo ante la Corte Suprema. Según comunicó a CIPER la alcaldía, la decisión de no respetar el dictamen y acudir al máximo tribunal la tomó la directora Rosa Lidia del Valle aconsejada por el asesor jurídico de la Corporación Municipal, Eduardo Vásquez. Esta mañana, el edil fue consultado en Radio Cooperativa sobre la negativa por parte de Del Valle a recibir a las alumnas, contrariando una orden judicial. En ese sentido, Labbé dijo que le “llama la atención que se haga tanto revuelo con un fallo de primera instancia, en circunstancias que a la Corporación aún le queda la instancia de apelar ante la Suprema”.

Cuando se le preguntó si consideraba justo o no que se mantuviera a las alumnas durante un mes y medio sin clases, Labbé agregó: “Es un problema que tienen que preguntarles a ellas por haberse metido en estas conductas. ¿Por qué no se matriculan en otro colegio? Si ellas están usando el camino de la apelación, tendrán que tomar los costos que ello implica”.

Los dichos del alcalde, a juicio de Bravo, demuestran que la estrategia que las autoridades del municipio están aplicando pretende dilatar el proceso para que las niñas al final se matriculen en otros colegios. El padre asegura que desde que interpusieron el recurso de protección, los abogados del colegio han extendido los plazos y entregado los antecedentes a último minuto, y que muchos de ellos han sido falsos, como los referidos a la conducta de las jóvenes y a sus calificaciones.

-Nosotros como padres tenemos que resguardar sus estudios, y si esto se dilata en el tiempo, evidentemente que vamos a tener que buscar otros establecimientos –dice Bravo.

CIPER se comunicó con la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, encargada de los colegios del municipio, para conocer los pasos que seguiría la dirección del Liceo Carmela Carvajal de Prats. Allí explicaron que después de apelar en la Corte Suprema –cosa que debería ocurrir en los próximos días–, la resolución de última instancia podría demorar entre uno y dos meses, lo que podría derivar en la pérdida del semestre para las nueve niñas expulsadas. En todo caso, aseguran que la Corporación no es la que llevará adelante la apelación, sino que los abogados Bernardita Vicuña y Eduardo Vásquez, ambos del estudio jurídico Carey & Allende, que han representado a la directora del liceo durante todo el proceso.  “De hecho, si los buscas en Google te va a aparecer que son abogados de ese estudio”, dijo la funcionaria de la Corporación. Pero esa explicación se contrapone con la versión oficial de la oficina de Labbé.

En el municipio explican que la representación judicial de la directora del liceo y de la Corporación recae en Eduardo Vásquez, asesor legal de la Corporación y quien además es socio del estudio de abogados Carey & Allende. Él fue quien asesoró a Rosa Lidia del Valle para ir por la apelación y así extender el proceso. Según la respuesta de la alcaldía, Vásquez actúa en este juicio como individuo y no como socio del estudio jurídico. De hecho, cuando CIPER preguntó por los honorarios que se le pagaban a los abogados de Carey & Allende por su patrocinio en el caso de las niñas del Carmela Carvajal, la respuesta fue: “La Corporación nada paga a Carey & Allende y la información sobre el honorario que se paga a Eduardo (Vásquez) puede ser solicitada a la Corporación”.

El 21 de marzo, el tribunal recibió un escrito en que la abogada Bernardita Vicuña delegaba su poder como representante de las autoridades del liceo a favor de Vásquez. Vicuña es parte del staff de Carey & Allende y nada tiene que ver con la Corporación.

Uno de los factores que mantienen desanimados a los padres de las alumnas expulsadas, ha sido el desentendimiento de las autoridades del Ministerio de Educación. Sobre eso, Bravo dice: “El ministro Beyer ha dicho que no se puede entrometer y que es algo que tienen que ver los tribunales de justicia. Pero si él, que es la autoridad en educación en este país no puede entrometerse, ¿entonces quién?”.

CIPER se comunicó esta mañana con el Ministerio de Educación, donde nos confirmaron que efectivamente, en este caso, no tienen contemplado hacer nada.

Vea además: Mujer de concejal de Maipú dice que en su casa se hicieron reuniones para favorecer a KDM con millonario contrato municipal.

La Municipalidad de Maipú solicitó al Ministerio Público que recabe antecedentes respecto de las declaraciones formuladas por la abogada Paula Díaz, esposa del concejal de esa comuna y actual aspirante a alcalde, Marcelo Torres (RN). En una entrevista que concedió a CIPER, la mujer afirmó que en su casa se reunieron cuatro concejales de Maipú para favorecer a la empresa KDM con millonarios contratos municipales relacionados con la basura y que su marido era visitado por un ejecutivo de KDM. El alcalde de Maipú, Alberto Undurraga (DC), corroboró a CIPER que presentó el escrito a la fiscalía local el pasado jueves 5 (vea el documento).

El martes 3 de abril CIPER publicó la entrevista a Paula Díaz, quien dio a conocer detalles de la denuncia por violencia intrafamiliar que interpuso contra su esposo, Marcelo Torres Ferrari, que además de concejal por Maipú es el Administrador Municipal de Cerro Navia. Torres fue formalizado el pasado 26 de marzo por la fiscalía de Colina, que investiga esta acusación de maltrato.

La reacción del municipio de Maipú no está relacionada con la denuncia de violencia intrafamiliar, sino con las declaraciones de la abogada Díaz referidas a que tres concejales se reunían con su esposo en su casa para buscar “resquicios legales” que les permitieran votar a favor de la empresa KDM en contratos relacionados con el servicio de recolección de basura y la elección del relleno sanitario al que se envían los residuos de la comuna. Estos concejales son Christian Vittori (DC, recién electo en primarias como candidato a alcalde de Maipú por la Concertación), Carlos Jara (PPD) y Carlos Richter (RN).

-Conozco a los concejales de Maipú que participaron en esa votación que favoreció a KDM, porque se reunían en mi casa (…). Venían los concejales Carlos Richter (RN), Christian Vittori (DC) y Carlos Jara (PPD). Supe por la prensa que la concejala Carol Bortnick (PPD) también votó por KDM, pero no la vi en esas reuniones. Ellos se juntaban para buscar resquicios legales para favorecer a una determinada empresa (…). Eran reuniones para ponerse de acuerdo en lo que debían decir en el concejo -dijo Paula Díaz a CIPER.

La abogada también señaló que un gerente de KDM visitaba a su marido, pero que se presentaba en la conserjería de su condominio con una identidad falsa:

-Marcelo me presentó a una persona joven, delgada. Me dijo que era un gerente o directivo de KDM y que se llamaba José Miguel Gutiérrez. Y luego esa misma persona vino a mi casa en más de una oportunidad. Y en las últimas visitas se registraba con otro nombre en la conserjería del condominio. Yo a veces respondía el teléfono para autorizar el ingreso. Marcelo me decía: “Va a venir Jesús Garay”. Entonces, cuando llamaban de portería y me decían “viene entrando Jesús Garay”, yo respondía: “Ok, déjelo entrar”. Pero cuando llegaba acá me daba cuenta de que era la persona que yo había conocido como José Miguel Gutiérrez.

EL OFICIO DE UNDURRAGA

Las declaraciones de Paula Díaz motivaron al alcalde Undurraga a solicitar antecedentes al Ministerio Público. El oficio ingresado por Undurraga a la fiscalía lleva el número 023 y está fechado el 5 de abril.

Las normas que rigen a los funcionarios públicos los obligan a denunciar, dentro de 48 horas, los delitos de los que tomen conocimiento. En este caso, el alcalde Undurraga explicó a CIPER que “no habiendo certeza de la comisión de un delito, pues hasta ahora no se han comprobado los dichos de doña Paula Díaz, no hemos presentado una denuncia formal. Optamos por solicitar a la fiscalía, antes de que se cumpliera el plazo de 48 horas, todos los antecedentes que ella pudiese tener sobre la materia y que nos permitan resolver si estamos frente a una situación en que se haya visto afectado el patrimonio municipal”.

El oficio enviado por el alcalde a la fiscalía señala: “En un contexto de denuncias por violencia intrafamiliar se alude a supuestas irregularidades que podrían afectar al Municipio de Maipú y cuyas consecuencias -de ser efectivos los hechos señalados-, podrían implicar afectación del patrimonio municipal”.

El documento solicita todos los antecedentes sobre la materia que pudiese tener el Ministerio Público “a fin de evaluar la pertinencia y oportunidad de presentar las acciones que procedieran, si fuere el caso”.

NUEVAS PESQUISAS

Dos son los procesos en los que el Ministerio Público podría tener información relacionada con los dichos de Paula Díaz. El primero es una investigación derivada de una querella interpuesta por la empresa Proactiva, la que reclama que la licitación para determinar el relleno sanitario al que se envía la basura de Maipú se hizo de manera tal que ella se vio impedida de participar, lo que habría favorecido a KDM. La segunda investigación ya está cerrada y fue solicitada por el alcalde Undurraga, debido a la difusión en Internet de una grabación de audio en la que aparece el concejal Torres y ejecutivos de KDM acordando argumentos para favorecer a esa empresa. Undurraga solicitó que la fiscalía investigara el origen y autenticidad de ese audio.

Funcionarios de la Municipalidad de Maipú dijeron a CIPER que la fiscalía determinó que el diálogo registrado en esa grabación no permite acreditar la comisión de un delito, pero que la investigación logró identificar a las personas que participaron en esa conversación.

Además de la solicitud hecha por la Municipalidad de Maipú al Ministerio Público, al menos tres son las novedades que se esperan en la investigación de la fiscalía derivada de la querella de Proactiva. La primera es que los abogados de Proactiva están haciendo gestiones para que la esposa de Torres reitere ante la fiscalía las declaraciones que hizo a CIPER. La segunda es que el Ministerio Público, a petición de los querellantes, revisaría el registro de visitas de la conserjería del condominio donde vivía el matrimonio Torres Díaz, para determinar si en ese inmueble se reunieron concejales y si Torres efectivamente fue visitado por un ejecutivo de KDM.

Por último, es altamente probable que los querellantes pidan que sea citado a declarar Eduardo Medina Aguayo, dirigente social y ecologista de Maipú. Esto, porque el periódico digital local radioeme.cl publicó este lunes 9 que Medina sería el autor de la grabación de audio en la que se escucha al concejal Torres y ejecutivos de KDM.

Jorrat es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y entre 1991 y 2007 ocupó cargos clave en el Servicio de Impuestos Internos (SII): primero como asesor de la Subdirección de Estudios, luego como jefe del Área de Estudios hasta que concluyó como jefe del Departamento de Estudios, donde entre otras tareas tenía la misión de proponer y evaluar cualquier proyecto de ley en materia tributaria.

Hasta antes de sus trabajos los economistas tenían un dogma: que en Chile, la distribución de ingresos sólo se podía mejorar con la política social del Estado y no aumentando impuestos. Este rezo arrancaba de una investigación realizada por tres economistas de renombre: Eduardo Engel, Alexander Galetovic y Claudio Raddatz, quienes en 1998 publicaron su famoso paper “Reforma Tributaria y Distribución del Ingreso en Chile”. En su investigación Engel, Galetovic y Raddatz concluyeron que “la redistribución del ingreso se debe realizar mediante el gasto social, no mediante la recaudación de impuestos”.

Esa máxima se enseñó como las Tablas de la Ley en las escuelas de Economía y en los cursos de Políticas Públicas en los últimos diez años. Hasta que Jorrat salió al camino con nueva evidencia y dos estudios determinantes: “Equidad Tributaria en Chile, Un Nuevo Modelo para Evaluar Alternativas de Reforma” y “La tributación directa en Chile: equidad y desafíos”.

“En el SII me tocó observar que personas que estaban vinculadas a universidades y tenían otros negocios, hacían una donación desde su empresa a la universidad el último día del año. Producto de esa donación, la empresa no pagaba impuestos, pues quedaba al ras entre gasto y utilidades”

En esta entrevista, Jorrat ahonda en los datos que dan origen a sus estudios y cuestiona fuertemente la propuesta de reforma tributaria del gobierno. “El impacto en equidad será nulo”, afirma. Su propuesta, en cambio, consiste en bajar el IVA, radicalmente: del 19% actual a un 6%. Es decir, un computador que valga 600.000 bajaría su precio en 70.000 pesos aproximadamente.

Cuando la mayor parte de los chilenos destina prácticamente todo su ingreso al consumo, realizar una baja así es sin duda un desahogo para los bolsillos. Sobre todo hoy en Chile, donde según la FAO los precios de los alimentos han subido más que en cualquier país de América Latina en el último tiempo.

Para compensar la caída de la recaudación fiscal Jorrat propone aumentar el impuesto que pagan los más ricos, del 13% actual al 25 %. Los más ricos, aquellos que ganan sobre 6 millones de pesos, constituyen una población de 48 mil personas, dice Jorrat. Aquí el investigador detalla algunos de los trucos y tretas que usan para pagar menos impuestos de los que debieran.

-En su estudio afirma que el principal problema del sistema tributario chileno es ser inequitativo. ¿Puede explicar por qué?
En Chile, las rentas empresariales soportan una carga tributaria mucho menor que las rentas del trabajo. En números, lo anterior significa que mientras no retiren las utilidades de sus empresas, los empresarios pagan sólo un 17% de impuesto. En cambio un trabajador dependiente o independiente tiene que pagar por todo lo que ha ganado, en una escala de 0 a 40%, independientemente de si gastó o ahorró sus ingresos. La principal desigualdad viene de ese tratamiento preferencial que reciben las rentas empresariales, al tributar sobre la base de retiros en vez de tributar por las ganancias obtenidas (lo que se llama base devengada), como hacen todos los trabajadores.

-¿Por qué tenemos un sistema como ése?
El propósito de nuestro sistema, creado en 1984, era estimular la reinversión de las utilidades: que los dueños de empresas, en vez de retirar sus ganancias, las reinvirtieran en la misma compañía para hacerla crecer. Además de incentivar la inversión se buscaba aumentar la liquidez de las empresas (el dinero disponible), lo cual era especialmente relevante para las firmas pequeñas. El argumento es que si la empresa retiene utilidades, paga menos impuestos, y por lo tanto, queda con más recursos disponibles como capital de trabajo.

-¿Se consiguió lo que se buscaba?
Claramente no es el mejor sistema para lograr estos objetivos. Por una parte, no asegura que las utilidades retenidas se destinen a inversión real y, por otra, es muy difícil para el Servicio de Impuestos Internos verificar si las utilidades se encuentran efectivamente dentro de la empresa. En la práctica, es un mecanismo que favorece la evasión y la elusión. De hecho, lo que ha ocurrido es que las utilidades retenidas se han acumulado en sociedades de inversión. De acuerdo a mis investigaciones, más del 50% de las utilidades que se han retenido están acumuladas en empresas cuyo giro es el de la “sociedad de inversión”. Esas utilidades están ahorradas en depósitos a plazo, fondos mutuos u otros instrumentos. Es decir, el sistema ha servido principalmente para estimular el ahorro dentro de estas sociedades, pues de esta manera los empresarios postergan el pago del impuesto global complementario, porque mientras no retiren las utilidades para su consumo personal, no van pagar ese impuesto.

“En Chile los impuestos aumentan la desigualdad”

-¿Esta es una práctica de todos los grandes empresarios? ¿Se puede afirmar que todos ellos tienen una sociedad de inversión donde acumulan las utilidades?
Sí, porque es la decisión más racional dentro de lo que permite la ley. Las personas que participan en empresas como propietarios, ya sea como accionistas o socios, son los que crean estas sociedades para recibir ahí las utilidades distribuidas por sus empresas productivas. Pueden tener una o dos sociedades de inversión y ahorran en ellas, pues de esa manera postergan el pago del impuesto. De acuerdo a las estadísticas, actualmente hay acumulados aproximadamente US$ 200 mil millones en utilidades sobre las cuales no se ha pagado impuesto. Eso es lo que se conoce como FUT, Fondo de Utilidades Tributarias. Y en mi opinión cualquier reforma que pretenda aumentar significativamente la recaudación o mejorar la equidad tributaria, debe pasar por terminar con este sistema de tributación.

-Hasta antes de sus estudios, en el debate público no se hablaba del FUT, ni de la práctica de acumular las utilidades en sociedades de inversión. ¿Cómo descubre que las utilidades que no se retiran y que debieran invertirse en la empresa se están ahorrando en sociedades de inversión?
Usando las bases de datos del SII. Porque en la declaración del impuesto a la renta se informan los saldos del FUT y lo que nosotros hicimos fue simplemente cruzar los datos con la actividad económica. El monto de US$ 200 mil millones es la suma del FUT de todas las empresas clasificado por actividad económica. Por otra parte, las sociedades de inversión, por su giro, no compran activos físicos. A lo más tendrán computadores. Eso permite demostrar que las utilidades no se reinvirtieron en activos productivos, como era el espíritu de la norma. Las sociedades de inversión son la forma en que la gente más rica ahorra. Solo que también de esta manera postergan el pago de los impuestos.

-De esos US$ 200 mil millones acumulados, tendrían que haber pagado impuestos…
Sí, al distribuirse tendrían que pagar en promedio un 15% ó 20% o más.

-Unos US$ 30 mil millones de dólares. Es mucho dinero.
Claro.

-De acuerdo a sus investigaciones, una de las consecuencias de este sistema tributario es la infinita creación de empresas. ¿Por qué conviene tributar como empresa?
A las personas les conviene tributar como empresas, pues tienen la posibilidad de pagar un 17% de impuesto mientras no retiren la plata. A un médico, por ejemplo, le conviene asociarse con otro médico o con la esposa y hacer una sociedad de profesionales. Luego de eso, tributa en primera categoría. Es decir, tributa como empresa y de ahí en adelante no paga nunca más el 40% sino a lo más el 17%. Y si se acoge al 14 bis, no paga ni siquiera el 17 por ciento.

-¿Cuánto paga en ese caso?
Nada, cero. Pago solo cuando retiro.

“De acuerdo con la encuesta CASEN hay del orden de 45 mil personas que ganan más de $6 millones mensuales. Sin embargo, en las declaraciones de impuesto a la renta sólo hay unas 15 mil personas en esta condición”

-¿Qué es el 14 Bis?
Es un régimen creado para las empresas pequeñas que venden menos de $200 millones al año. Para una industria eso es poco, pero para un profesional que trabaja en televisión, por ejemplo, son 200 millones de ingreso. Entonces, si ganas menos de $200 millones al año te conviene hacer un 14 bis: acoger tu empresa a ese régimen. En ese caso, pagas impuestos solo por lo que retiras ¿Qué hace mucha gente? Retira para sus gastos de vida. Pero pueden decirle al SII que retiran menos de lo que efectivamente sacaron. En este caso, vas a pagar el impuesto global complementario por lo que digas que retiraste. E incluso si retiras menos de $6 millones al año no vas a pagar nada, porque estás en el tramo exento. Y si retiras $10 millones, vas a pagar poco.

-¿Cómo es el comportamiento tributario de quienes ganan mucho dinero en Chile? En su estudio afirma que dos tercios del sector alto de la población debiesen pagar impuestos y no lo hace…
Sí, de acuerdo con la encuesta CASEN, hay del orden de 45 mil personas que ganan más de $6 millones mensuales. Sin embargo, en las declaraciones de impuesto a la renta sólo hay unas 15 mil personas en esta condición. Pero no sabemos cuánto de eso es evasión y cuánto elusión. Es probable que cuando el encuestador le pregunta a un empresario cuánto gana mensualmente, responda con una estimación de las utilidades, incluyendo aquellas que deja en la sociedad de inversión y que no tributan. Pero también hay mucha evasión. Las estimaciones más recientes muestran que se evade en torno al 30% del impuesto a la renta.

-La persona que gana $20 millones en televisión, ¿cuánto paga?
Es relativo. Si lo mete a una empresa, va a depender de cuánto declare que retira de esa empresa. Ahora, de los $20 millones debiese pagar por lo menos el 17 por ciento.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

-En su estudio llama la atención sobre el siguiente punto: en el sistema tributario chileno hay una serie de exenciones y beneficios tributarios que hacen que las empresas no paguen ni siquiera el 17%, sino menos, 13 ó 15%. ¿Puede explicar cuáles son esos beneficios?
Los beneficios tributarios, también llamados gastos tributarios, son disposiciones legales que se apartan de la regla general que establece la propia ley, y que buscan beneficiar a un determinado grupo de contribuyentes. De hecho, el que las utilidades retenidas no paguen impuestos es la exención más importante y está concentrada en el decil de mayores ingresos. Pero hay muchos otros. La depreciación acelerada que pueden usar las empresas. En la construcción está el crédito especial del IVA, que significa que la venta de viviendas no paga la tasa de 19% que pagan todos los bienes, sino una tasa de 6,7%. También están las exenciones de las ganancias de capital de los bienes raíces. Esta última no está cuantificada, pero en Estados Unidos las ganancias de capital de los bienes raíces son una de las rentas que están más concentradas en los más ricos y en Chile debe ocurrir lo mismo.

-¿Cómo funciona la exención de las ganancias de capital de los bienes raíces?
Supongamos que una persona natural compra un predio y después de varios años lo vende para un proyecto inmobiliario a un valor bastante más alto de lo que le costó. La diferencia entre el costo de la propiedad y el precio de venta representa un incremento patrimonial que debiera estar gravado con el impuesto a la renta, pero la ley dice que ese ingreso no es renta, y por lo tanto no paga impuestos. Hay gente que se ha hecho millonaria con estas operaciones, y no ha pagado ni un peso de impuestos. Y pueden hacerlo, pues no son prácticas ilegales.

“Hay tipos que buscan empresas con pérdidas que están quebradas y las compran. Luego, hacen una fusión con esa empresa y absorben las pérdidas. De esta manera dejan de pagar impuestos por varios años”

-Ese es un punto bien importante. Más allá de lo que es legal, hay prácticas abusivas. ¿Cómo se fija ese límite en materia tributaria? ¿Qué cosas, aún cuando son legales, se han transformado en un abuso?
Creo que un buen parámetro para analizar el uso que se le está dando a una exención es el espíritu de la ley que dio origen al beneficio tributario. En el caso de la depreciación acelerada, por ejemplo, justamente lo que se busca es que se deprecie rápido, así es que usar eso me parece éticamente correcto. Pero hay otras cosas en que a veces se va contra del espíritu de la norma. Un ejemplo: la ley permite que cuando una empresa tiene pérdidas, esa pérdida se rebaje en los períodos siguientes. Bueno, resulta que hay tipos que buscan empresas con pérdidas que están quebradas y las compran. Luego, hacen una fusión con esa empresa y absorben las pérdidas. De esta manera dejan de pagar impuestos por varios años. Bueno, esto es legal, pero no es el espíritu de la ley. Entonces lo que hace falta en Chile es una norma “antielusión”. En Estados Unidos, por ejemplo, no podrías hacer una cosa así, pues aunque la ley lo permita, tienes que demostrar que compraste la empresa por razones de negocios.

-¿Qué otro ejemplo podemos destacar?
El caso de la renta presunta. La empresa que está en renta presunta no lleva contabilidad y se presume que su renta es un porcentaje de sus ventas o de sus activos. Por ejemplo, en el caso del transporte, se presume que la renta que gana el transportista es el 10% del avalúo fiscal de sus vehículos. La renta presunta en general se pensó para los pequeños agricultores, pequeños transportistas de carga, pero hay una excepción: el transporte de pasajeros. Resulta que el transporte de pasajeros, independientemente del tamaño de la empresa y siempre y cuando no sea una sociedad anónima, está en renta presunta. Y podría estar en renta presunta una empresa gigante como Tur Bus, no sé si lo está, supongo que sí. (N de R. En un juicio de 2010 en que un empleado demandó el pago de gratificaciones, esta empresa argumentó que estas no procedían pues “Tur Bus Ltda. tributa bajo la modalidad de renta presunta, por lo que no está obligada a llevar libros de contabilidad y conforme lo señalado en el artículo 47 del Código del Trabajo, no está obligado al pago de gratificaciones, ya que tal artículo obliga laboralmente al empleador a pagar tales conceptos, siempre que concurran dos situaciones: a) que estén obligados a llevar libros de contabilidad, y b) que se obtengan utilidades o excedentes líquidos en sus giros. Situación que no se dan en los hechos, pues como insistentemente se ha señalado, la empresa Tur Bus Ltda., se acoge a un régimen de tributación en base a una renta presunta, no estando obligada a llevar tales libros de contabilidad”. (Ver el documento)

-Y como está acogida a renta presunta el sistema supone que una gran compañía como ésa gana un 10% del valor de sus vehículos…
Claro y en la práctica lo que gana es mucho más. Nosotros estimamos que es tres veces eso. El que una empresa grande esté ahí no tiene ninguna explicación. Los sistemas de renta presunta se diseñaron para personas con poca educación o con escasos recursos para pagarle a un contador, fundamentalmente de tres sectores: Agricultura, Transportes y Minería. La idea era que los pequeños contribuyentes pagaran una cantidad estimada, presunta. Ahora, ¿por qué quedó el transporte de pasajeros sin límites? No tengo idea.

-¿Hay grandes empresas de la Agricultura o de la Minería en la misma situación que Tur Bus?
No, porque en esos casos se les puso un límite de ventas. En el caso de la Agricultura, pueden acogerse a renta presunta agricultores que venden menos de 3.000 UTM ($118 millones) al año. Lo mismo en Minería. Lo que sí ocurre es que muchas empresas de otros rubros crean empresas de transporte de carga que cumplen los requisitos para acogerse a renta presunta, y las usan para transferir las rentas desde la empresa que tributa bajo el régimen general hacia la que tiene renta presunta.

“Si uno quiere un sistema tributario más equitativo no hay otra que aumentar los impuestos a las rentas del capital”

-Entiendo que las donaciones son otro espacio de abuso, ¿no?
Conozco el caso de las donaciones a universidades y ahí lo que se produce muchas veces son contraprestaciones. Por ejemplo, una universidad le presta un servicio a una empresa y para que salga más barato le dice ‘págame con donaciones’. Entonces la empresa le paga por el servicio a través de una donación y aprovecha el crédito tributario. Las donaciones a las universidades no solamente las rebajas como gastos sino que la mitad es crédito contra impuestos. O sea, cuando una empresa dona $1 millón a una universidad, el Fisco se está poniendo con el 58,5% de esa cantidad. Lo otro que me tocó observar cuando estudié las donaciones es que personas que estaban vinculadas a universidades y tenían otros negocios, hacían una donación desde su empresa a la universidad el último día del año. Producto de esa donación, la empresa no pagaba impuestos, pues quedaba al ras entre gasto y utilidades.

EL IMPUESTO Y LA DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

-En todos los países de la OCDE, el sistema tributario tiende a arreglar las desigualdades generadas por el mercado. ¿Qué pasa en Chile? ¿Es menos desigual después de aplicar los impuestos?
En el mundo, los impuestos hacen una parte de la tarea para disminuir la desigualdad, pero siempre el gasto social es importante. Hay países como Alemania o Italia, por ejemplo, que tiene un Gini, antes de impuestos y transferencias, similar al de Chile: de 0,50. Pero después de impuestos y transferencias este indicador cae a 0,30, es decir, unos 20 puntos. En Chile, en cambio, el Gini sube después de impuestos, o sea, en Chile los impuestos aumentan la desigualdad. Y después de las transferencias, cae apenas tres puntos: de 0,52 a 0,49. La diferencia está, evidentemente, en el sistema tributario.

-Si esto es así, por qué durante mucho tiempo académicos y economistas de izquierda y derecha plantearon que el camino para solucionar la desigualdad no era la reforma tributaria sino el gasto social. Decían en sus estudios que en Chile el sistema tributario tenía que garantizar eficiencia, pero para distribuir estaba la política social…
Esa idea está presente desde los ‘80, porque la mirada que tenía el gobierno de esa época fue que lo importante era el crecimiento, y que eso bastaba para lograr una mejor distribución del ingreso. Después, en los ‘90, el SII encargó un estudio a un grupo de académicos de la Universidad de Chile (Engel, Galetovic y Raddatz) sobre impuestos y distribución del ingreso, y la conclusión fue que lo importante era el gasto público y que los impuestos no servían para redistribuir.

-¿En base a qué concluyen eso?
Por dos razones. Primero, en ese minuto no se sabía de la importancia de las utilidades acumuladas en el FUT y, entonces, al igual que como se hace en la mayoría de este tipo de estudios, se consideraron sólo las rentas declaradas por las personas, que comprenden los retiros, pero no las utilidades retenidas en las empresas. Si se imputan esas utilidades a sus dueños, la conclusión es distinta, pues hay que considerar que dos tercios de las utilidades anuales se retienen. Entonces, el impacto de cualquier reforma que aumente los impuestos sobre las rentas del capital será distinto dependiendo de si se consideran o no esas rentas. En segundo lugar, creo que faltó simular el impacto en la distribución del ingreso de una reforma que cambiara radicalmente la forma en que se recauda, haciéndola similar a los países desarrollados, en donde el 60% de los ingresos tributarios provienen de impuestos a la renta y el 40% de impuestos al consumo. En Chile, la relación es exactamente la inversa.

-¿Cuál es la reforma que el Presidente Piñera debe proponer para que realmente se produzca un cambio en nuestra inequidad tributaria?
Gravar a los empresarios en base devengada. Hoy las utilidades de las empresas pagan el 17% y solo cuando se distribuyen pagan la tasa del global complementario. Nosotros decimos que es mejor que esa utilidad pague inmediatamente el impuesto. Esa es la única fuente importante de recursos. Ahí está la gran inequidad. O sea, si uno quiere hablar de un sistema más equitativo no hay otra que aumentar los impuestos a las rentas del capital.

-¿Si no se propone eso no hay cambio?
Puede haber otras formas de apuntar a lo mismo. Por ejemplo, subir bastante la tasa de primera categoría también es bueno, va en la misma línea.

“Aplicando tasas efectivas de 25% para arriba al decil más rico puedes lograr un cambio sustantivo en la distribución de ingresos”

-¿Cuánto tendrían que tributar las rentas del capital?
La escala del global complementario, que va desde 0 a 40%. En nuestro estudio planteamos que tributar un 40% es muy alto y proponemos bajar esa tasa a 30%. Con este cambio se logra un efecto tremendo. Porque hoy dos tercios de las utilidades solo pagan el 17%. Lo importante es que paguen un impuesto más alto y en el momento en que se generan las ganancias. Ahora, en nuestra propuesta evaluamos dejar la recaudación constante, porque no estábamos pensando en aumentar el volumen de lo recaudado sino simplemente ver si el sistema podía ser más distributivo. Luego de eso dijimos, si hacemos este cambio, recaudamos un montón de plata, ¿qué pasa si esa plata la destino a bajar el IVA? Entonces nos dio que podíamos bajar el IVA hasta un 6%. Y entonces ahí sí que la política tributaria tiene un impacto importante. Ese es el estudio que hicimos con Cantallopts y Sherman.

-De acuerdo a sus estudios, ¿a partir de qué rentas debe aplicarse un impuesto de 25 ó 30% para que generemos un país más igualitario?
Aplicando tasas efectivas de 25% para arriba al decil más rico puedes lograr un cambio sustantivo en la distribución de ingresos. Lo que pasa es que hoy la tasa efectiva no está ni cerca, es como 13%. Ahora, con estos cambios, no vamos a llegar a lo que pasa en Italia o Alemania, donde el Gini baja del 0,5 al 0,3.

-¿Por qué no podemos llegar a lo que ocurre en Italia?
Es que ese es otro punto: en los países ricos son todos más ricos, entonces todos pueden pagar impuestos. Aquí en Chile, en cambio, el 80% de la población está exenta.

-Pero eso es por otro problema: los sueldos bajos…
Claro, los sueldos son bajos. Si el país entero fuera más rico tienes más posibilidades de redistribuir con impuestos.

-Usted propone bajar el IVA hasta un 6%, un cambio drástico. Según el economista Eduardo Engel, sin embargo, los cambios en el IVA pueden terminar perjudicando a los más pobres. Por ejemplo, si se elimina el IVA a los alimentos, las personas de menos recursos ganan, porque pagan menos impuestos, pero también pierden, porque el IVA que pagan los ricos, que financia el gasto público que beneficia a los más pobres, no estará disponible. Según Engel, “por cada peso que los hogares pobres ahorran en IVA pierden el equivalente a tres pesos en gasto público que los beneficiaba”. ¿Qué contesta frente a ese argumento?
El argumento es correcto, bajo el supuesto que la disminución de IVA no se compensa con el aumento de otro impuesto. Sin embargo, siguiendo el mismo ejemplo, si se elimina el IVA a los alimentos y en su remplazo se sube el impuesto personal a la renta de los hogares ricos, de tal forma que la recaudación no cambie, el resultado es mejor todavía: los hogares pobres ahorran el IVA y no pierden nada, porque el gasto público sería el mismo. Es decir, si solo nos importara la progresividad de los impuestos, lo mejor sería eliminar el IVA y subir el impuesto progresivo a la renta.

-Además de las rentas del capital y el IVA, ¿qué otros temas son importantes?
Los impuestos a las externalidades negativas. Ahí hay un déficit. No existen impuestos a las externalidades negativas en Chile, salvo lo que le cobramos al tabaco. Pero en el caso de los combustibles, le cobramos más al que contamina menos. Habría que subir mucho eso. Lo mismo las bebidas alcohólicas. Pagan poco impuesto. También hay que cerrar otros vacíos, como el de la renta presunta.

-Hasta ahora lo que se conoce de la propuesta de reforma tributaria del gobierno es lo siguiente: elevar a 20% el impuesto de primera categoría, bajar el de segunda categoría y modificar algunas exenciones tributarias ¿Sirve de algo esa reforma? ¿A quién beneficia?
La única forma de lograr un avance significativo en equidad tributaria es incrementar la tributación de las rentas del capital para aproximarla a la de las rentas del trabajo. Esto se logra cambiando la tributación en base a retiros por una en base devengada, o bien, elevando sustantivamente la tasa de primera categoría. En ese sentido, el incremento de la tasa de primera categoría a 20% iría en la dirección correcta, pero su magnitud es bastante moderada, por lo que no creo que tenga un impacto significativo. Si a eso se agrega la disminución de los impuestos personales y lo que señaló el Presidente en cuanto a que se reduciría la tributación de las PYMES, pienso que el impacto en equidad será nulo.

-El gobierno propone bajar el impuesto a todos los trabajadores, dependientes o independientes ¿Qué piensa de esto?
Este tipo de cambios puede tener un costo fiscal significativo, además de afectar negativamente la progresividad. Hay que tener en cuenta que en la actualidad el 83% de las personas naturales está exenta del impuesto, por lo tanto esta medida beneficia sólo a las personas del quintil más rico: aproximadamente 1,5 millones de chilenos.

Raúl López Fuentes fue el primero en relatar a la policía paso a paso lo que Daniel Zamudio no pudo contar, porque después de esa noche, la madrugada del 3 de marzo, ya nunca más pudo emitir sonido. Durante tres horas, López y tres de sus amigos lo masacraron sin piedad en el Parque San Borja. 25 días después, Daniel murió. Tenía 24 años. Junto a López estaban Alejandro Angulo Tapia, que hace unos meses se presentó en un programa de televisión como imitador de Michael Jackson; Fabián Mora Mora, el más joven, un estudiante de psicopedagogía que interrumpió sus estudios cuando el año pasado falleció la tía con la que vivía; y Patricio Ahumada Garay, el “Pato Core”, el más violento y el único que no debería haber estado allí.

De los cuatro agresores, sólo Mora no registraba antecedentes. Angulo tenía dos detenciones, una en 2008 por hurto y otra en febrero de 2011 por robar y lesionar a dos ciudadanos peruanos. López había sido detenido cuatro veces en los últimos cuatro años, tres de ellas por hechos violentos. Pero lo del Pato Core, de 25 años, es otra cosa. Lo de él es un prontuario.

Antes de cumplir la mayoría de edad, Patricio Ahumada ya tenía en su cuenta nueve detenciones en el Servicio Nacional de Menores (SENAME), una de ellas a los 16 años, cuando lo encontraron en Quilicura portando un bate de béisbol modificado con clavos en su punta. Después de cumplir 18, su historial delictivo incluye otras 14 detenciones y cuatro juicios por hurtos, amenazas con arma blanca, robos con intimidación y con violencia. La última vez que cayó en manos de la policía, el 29 de marzo de 2007, Ahumada había amenazado a un hombre en Providencia para que le entregara su billetera, su mochila y su reloj. Se los quitó. Después le pegó y lo botó. En el suelo, le dio patadas y golpes de puño antes de irse. Ese mismo día Carabineros lo detuvo. Eso le significó una condena por cinco años y un día en la cárcel de San Miguel y la mala suerte de vivir la peor tragedia ocurrida en un centro penitenciario en el país.

El 8 de diciembre de 2010, la cárcel donde estaba recluido Ahumada ardió en llamas. Esa madrugada, 81 presos murieron calcinados. Pero el Pato Core se salvó. Como después del incendio se hicieron cambios a la infraestructura del penal, Ahumada fue trasladado junto a gran parte sus compañeros de prisión a Colina I, donde terminaría de cumplir su pena en noviembre de 2012. Pero eso no ocurrió. A fines de septiembre del año pasado, el Consejo Técnico le otorgó libertad dominical. Uno de los beneficios que contempla Gendarmería para reos de buena conducta y que demuestran un cambio que permite su reinserción en la sociedad. Un sistema positivo para la reintegración de personas que han delinquido, pero con fallas en su aplicación que han permitido que desde enero de este año, tres personas hayan sido liberadas para luego cometer delitos de extrema violencia. El caso del Pato Core es uno de ellos.

EL NEONAZI, EL FEMICIDA Y EL VIOLADOR

Como Patricio Ahumada no había terminado la enseñanza media, estando recluido postuló a un instituto donde podría nivelar sus estudios. Un punto macizo que se agregó a la buena conducta que exhibió durante los cuatro años que llevaba preso para que el Consejo Técnico del penal le concediera el permiso para salir todos los domingos. Eso fue el 29 de septiembre de 2011. Por un mes, Ahumada cumplió sin problemas el beneficio: después de salir por las mañanas, cada domingo por la noche volvió a Colina I para cumplir su condena. Por eso, el 28 de octubre lo autorizaron para salir sólo con fines educativos. Desde entonces, los días sábado podía salir para estudiar entre las 9:00 y las 18:00 horas en la escuela para adultos. Luego volvía a la cárcel y el domingo salía nuevamente. Uno de esos días, el sábado 7 de enero, escribió en su muro de Facebook: “Que se mueran todos”.

El Pato Core de nuevo cumplió. Entonces, por unanimidad del Consejo Técnico, de nuevo le otorgó un beneficio. Esta vez fue la libertad por todo el fin de semana. Eso partió el 25 de enero de este año y en eso estaba cuando la madrugada del 3 de marzo se encontró en el Parque San Borja con Daniel Zamudio y lo torturó hasta dejarlo a medio morir. Por supuesto, no volvió al penal.

Los beneficios de libertad a Patricio Ahumada, el simpatizante del movimiento neonazi que quebró una botella en la cabeza de Daniel Zamudio para luego marcarle con el vidrio roto tres svásticas en el cuerpo y quebrarle las piernas, fue sólo uno de los más de 7.000 beneficios que Gendarmería otorgó en 2011. Se los dieron a pesar de que dos informes psicológicos que se le habían practicado en la prisión eran negativos. Según esos reportes, el Pato Core no debía salir en libertad. Así fue que se transformó en uno de los tres errores en los últimos meses del sistema que entrega beneficios a reos de buena conducta.

El primero de esos errores fue el 11 de diciembre de 2011, cuando Carlos Deformes Lerdo, de 41 años, salió de la cárcel de Colina II con libertad dominical. Gendarmería le dio el beneficio “toda vez que ha realizado un buen aprovechamiento de su tiempo en reclusión y una salida al medio libre lo ayudará a consolidar los logros ya alcanzados”. Según publicó La Tercera, los diez integrantes del Consejo Técnico analizaron su caso con tres informes: uno psicológico, uno social y otro ocupacional. Todos indicaron que Deformes estaba apto para reintegrarse a la sociedad. Pero el mismo día que salió, ingresó a la fuerza a un departamento de una pareja en Ñuñoa, amarró al hombre y violó a la mujer. No volvió a la prisión. En los días siguientes, con otros dos asaltos con intimidación, se convirtió en el delincuente más buscado del país, hasta que el 24 de ese mismo mes Carabineros lo atrapó. Poco menos de 30 días después, Carlos Deformes se suicidó en prisión.

Después vino el caso de Carlos Almendras Almendras. Él cumplía desde 2004 una condena de 15 años en Colina II por dos robos con intimidación. Así fue hasta el 12 de febrero de este año, cuando Gendarmería decidió concederle la libertad dominical. Ese día salió libre, pero no volvió. Tres días después, apuñaló 15 veces a su mujer e hirió a su hija en Lo Barnechea.

¿Qué está fallando en el sistema de beneficios carcelarios? En la siguiente entrevista que CIPER realizó al subdirector técnico de Gendarmería, Miguel Ángel Jiménez Segura, se explica cómo funcionan los Consejos Técnicos que la institución tiene en cada penal del país y cómo se decide quién está apto para reinsertarse en la sociedad, pasando por alto informes que recomiendan lo contrario. También cómo los beneficiarios quedan en libertad de acción, sin ningún tipo de control, mientras están en la calle.

-Estamos trabajando en mejorar la política de otorgamiento de beneficios, no para disminuirlos, sino para disminuir el riesgo. Pero ese riesgo siempre va a existir –dice Jiménez.

CIPER contactó a Paula Díaz, la mujer del concejal, y conversó con ella en la amplia casa del exclusivo condominio El Algarrobal II, de Chicureo, donde vivía junto a Torres. Allí exhibió documentos que indican que había denunciado otras agresiones y que inició terapias por maltrato antes del episodio que acarreó la ruptura.

No es primera vez que Torres hace noticia. Ya había protagonizado actuaciones polémicas en las que favoreció a la empresa de basura KDM tanto en Cerro Navia, municipio del cual es administrador municipal, como en Maipú. En esta última comuna votó junto a otros cuatro concejales a favor de esa empresa en un contrato por cinco años (hasta octubre de 2016) y que involucra el pago de $ 3 mil millones anuales, aunque su oferta era más cara y significó un costo extra al municipio de $ 987 millones. Así quedó registrado en los reportajes de CIPER “Cuestionado contrato amarra a KDM con 22 comunas de Santiago hasta 2027” y “Contratos millonarios desatan guerra sucia por la recolección de la basura en Maipú”.

Paula Díaz decidió hablar con CIPER para relatar las agresiones de las que dice haber sido objeto y responder las acusaciones que le formuló Torres. En un comunicado, el concejal anunció que la había demandado “por divorcio culposo por infidelidad, alcoholismo y violencia reiterada”, asegurando que su mujer le exige $300 millones (vea la declaración de Torres).

Al igual que Torres, Paula Díaz es abogada. Trabajó en una filial de CorpBanca y en la Gobernación de Chacabuco. Dice que el único dinero que ha pedido, al contestar la demanda de divorcio, corresponde a la mitad del valor de la propiedad de Chicureo, pues sostiene que es parte de la sociedad conyugal. Y asegura que en esa casa Torres se reunió con tres concejales de Maipú -dos de ellos de la Concertación- para buscar “resquicios legales” que favorecieran a KDM. Uno de estos concejales, Christian Vittori (DC), acaba de ganar las primarias opositoras para postular a la alcaldía. Además, señala que un gerente de KDM visitaba a Torres, presentándose en la conserjería del condominio, donde se registra el ingreso de visitantes, con una identidad falsa.

-¿Cómo se produjo el episodio de violencia intrafamiliar que investiga la fiscalía?
El 7 de noviembre del año pasado, cerca de las nueve de la noche, yo estaba en el segundo piso haciendo dormir a nuestro hijo, de siete años, cuando mi marido llegó. Él me pidió la clave de acceso a mi notebook que estaba en la pieza del escritorio.

-¿Era habitual que le pidiera la clave?
Se la había dado en varias ocasiones, pero la olvidaba. Yo no tenía problema en dársela, porque no tenía nada que ocultar. Él tenía un notebook, pero nunca lo bajaba de su vehículo y nunca pude tener acceso a él.

-¿Esa noche usted le facilitó la clave?
Sí. Él me llamó desde el primer piso. Bajé, vi mi notebook encendido y él me dijo que me acercara. Logré percibir un correo antiguo de una ex pareja que tuve durante el período en que estuvimos separados con Marcelo, entre 2006 y 2008. Era un correo que hacía mención a la relación que existió con esa persona, pero no era un mensaje que evidenciara una infidelidad. Me di vuelta para mirarlo y él me dio una cachetada que me dio vuelta la cara. Me la dejó marcada. Me agarró de las muñecas y me empezó a insultar diciendo que yo era una puta y que me iba a echar de la casa. Escuché a nuestro hijo llorar en el segundo piso. Marcelo le gritaba “¡tu mamá es una prostituta!”. Logré zafarme y subí. Ahí me siguió violentado física y verbalmente. Me comparaba con una pareja que él tuvo cuando estuvimos separados. Me decía que ella era una mujer rica y deseada. Esa persona es la misma con la que él viajó al extranjero en diciembre de 2010, cuando nosotros teníamos vida en común. Él viajó con su amante, aunque me había dicho que era un viaje de negocios.

-¿Qué tipo de negocios tenía su marido?
Me dijo que debía viajar a México porque iba a entrar en contacto con un inversionista que estaba relacionado con un sistema de luminarias públicas.

-Entonces era un viaje de negocios para la municipalidad.
No, era para hacer negocios personales.

-¿Él hace negocios personales en ámbitos relacionados con gestión municipal?
Nosotros convivimos como matrimonio durante ocho años y nunca conocí sus negocios. Nunca me informó cómo ganaba el dinero para comprar y mantener una casa como ésta, de más de 500 metros cuadrados, en una parcela de 5.000 metros de un condominio exclusivo de Chicureo. En todo caso, ese viaje no fue de negocios, porque al final me enteré que había ido a Punta Cana con su ex pareja. Lo eché de la casa y se fue varias semanas. Me buscó, me dijo que esa mujer no significaba nada, me pidió perdón y una segunda oportunidad. Yo accedí a que volviera.

-¿Usted ya había denunciando otras agresiones?
En enero de 2011 le recriminé que mostraba poco interés por la situación emocional de nuestro hijo, que asistía a una sicóloga porque no se adaptaba al colegio y no tenía amigos. La sicóloga había pedido una entrevista conmigo y el papá. Y era la tercera vez que él la postergaba. Cuando le reproché su falta de interés, me insultó, me sacó a empujones de la habitación, me tiró al suelo y me provocó un esguince en la mano izquierda y una contusión en la cadera. Me dijo que me iba a sacar de la casa, que iba a instalar acá a su ex pareja. Él salió y estuvo varios días fuera…

-¿Certificó esas lesiones en algún centro médico?
Dos días después ya no podía mover la mano por el hematoma. Estaba sola en la parcela y Marcelo se había llevado todas las llaves, así que no podía asegurar la casa en la noche. Me sentía expuesta. Decidí ir a Carabineros a explicar la situación. Ellos me dijeron que debía hacer una denuncia por violencia intrafamiliar y me llevaron en una patrulla a la posta de Colina a constatar las lesiones.

-¿Tiene copia de esa constancia policial y de la constatación de lesiones?
No me quedé con copias, pero esos documentos existen y forman parte del expediente que presentó la fiscalía en la audiencia donde Marcelo fue formalizado. Ese incidente yo no se lo comenté a nadie. A mi familia le dije que había resbalado en el gimnasio. A las semanas, Marcelo volvió arrepentido. Yo le comenté que había hecho una denuncia y él me pidió que me desistiera y me prometió que la violencia no se iba a repetir. Me llamaron de la fiscalía preguntándome si quería iniciar una causa y fui personalmente a firmar una declaración donde me desistí. Ahora, en esta nueva investigación, acompañé copia de ese desistimiento. En julio de 2006 también dejé una constancia (vea el documento) en la Comisaría de la Familia. Esa vez Marcelo me echó de la casa, me tiró un plato de comida porque yo estaba enferma, tenía una infección urinaria, me sentía mal y no quería recibir a unas personas que él había invitado a cenar. Yo me fui con nuestro hijo a la casa de mi mamá. Estuvimos separados hasta 2008.

-¿Hubo otras agresiones?
Sí. En mayo de 2011. Ese día Marcelo estaba en la casa con su hermano Gonzalo, que es concejal por Colina. Nosotros tenemos dos perritas y Marcelo tenía a una sentada sobre la manta que ocupa nuestro hijo cuando ve tele. Le dije que no me gustaba que la Matilda se sentara en la manta, por las infecciones. Tomé la perra, la dejé en la terraza y cuando me vuelvo me encuentro con Marcelo de frente gritándome que ésta es su casa y que yo no decido lo que se hace en su casa. Me tomó de los brazos y me sacó a empujones por la puerta de entrada. Mi hijo lloraba. Me di la vuelta por el patio y entré por la terraza. Gonzalo, mi cuñado, estaba sentado en la salita donde vemos televisión y yo le gritaba pidiendo ayuda, pero no hizo nada. No hice denuncia, pero empecé una terapia sicológica.

-¿Con quién se trató y cuál fue el diagnóstico?
Tengo certificados y se adjuntaron en el proceso. En la investigación acompañé un informe de la sicóloga Mónica Farías, con quien estuve en tratamiento desde mayo de 2011 hasta noviembre de ese año. No pude seguir por razones económicas, porque mi marido dejó de ayudarme y estoy desempleada. Acompañé un informe de la siquiatra Rosemarie Fritsch, que diagnosticó “una depresión mayor de larga data, junto con una disfunción grave de pareja con violencia intrafamiliar”. Y entregué un certificado del Centro de la Mujer Santiago del Sernam que dice que desde agosto del año pasado comencé a ser atendida ahí por “violencia intrafamiliar en la relación de pareja”.

-El día de la agresión que investiga la fiscalía, ¿quién llamó a Carabineros, usted o su marido? Marcelo Torres difundió un comunicado en que afirma que él presentó una acción judicial contra usted por agresiones y que son testigos los carabineros que concurrieron a su domicilio esa noche.
Cuando subí al segundo piso a ver a mi hijo, me senté en la cama y Marcelo tiró mi notebook al suelo, lo pateó y lo hizo mil pedazos. Tomé el teléfono fijo de mi velador y cuando él se dio cuenta que estaba llamando a Carabineros, tiró el cable y lo cortó. En ese momento llegó un amigo de él, Gerardo Escalona, quien es apoderado en el mismo colegio de mi hijo, pero del curso de uno de los hijos de mi cuñado Gonzalo. Gerardo es dueño de una empresa que instala pasto sintético en campos deportivos

(N. de la R. Gerardo Escalona Barros es socio de la empresa GEB Chile Ltda, beneficiada en noviembre de 2011 con una licitación de la Municipalidad de Cerro Navia por $ 319 millones para “Habilitación e Implementación de infraestructura Deportiva y Recreacional en Escuela Públicas de la Comuna de Cerro Navia”. De acuerdo con esta versión de Paula Díaz, Escalona visitó la casa del administrador municipal de Cerro Navia sólo cinco días después de que se firmara el contrato entre la Municipalidad de Cerro Navia y su empresa GEB. El contrato se firmó el 2 de noviembre de 2011 y Escalona estuvo el 7 de noviembre en la casa de Torres, cuando ocurrió la agresión denunciada por Díaz).

Este hombre llegó a la casa y delante de él, Marcelo siguió insultándome. Y Gerardo me dijo “yo no puedo meterme”.

-¿Quién llamó a Carabineros y en qué momento llegaron?
Tomé mi celular y me comuniqué con mi mamá. Le pedí que llamara a Carabineros. Cuando llegó Gerardo, al poco rato llegó mi cuñado Gonzalo. Inmediatamente, llegaron dos patrullas de Carabineros, junto con mi mamá y mi hermano. Yo le decía al carabinero que Marcelo me había golpeado. “Ella me golpeó a mí”, les decía Marcelo. “Míreme la cara”, les decía yo, porque tenía las marcas del golpe. Se lo querían llevar detenido y en eso entró su hermano, el concejal Gonzalo Torres. Ahí me enteré, por mi mamá, que Gonzalo había estado hablando afuera con los otros carabineros, con la intención de que se retiraran, explicándoles que yo estaba ebria, que no había violencia y que sólo era un incidente porque Marcelo me había descubierto una infidelidad. Era un lunes en la noche, yo estaba haciendo dormir a mi hijo: ¡cómo iba a estar ebria!

-En el comunicado que Marcelo Torres difundió tras ser formalizado, dijo que el 12 de enero interpuso una demanda contra usted “por divorcio culposo por infidelidad, alcoholismo y violencia reiterada”.
Estoy dispuesta a someterme a todos los exámenes que la justicia determine o peritajes sicológicos y siquiátricos para comprobar que no tengo adicciones al alcohol o drogas. He sido evaluada todo este año por sicólogos y siquiatras. Hace ocho meses, tres meses antes de la agresión que denuncié y que originó la investigación, voy al Sernam a una terapia grupal todos los jueves. De todos los especialistas que me han visto, ninguno ha emitido un informe que indique que sufro un problema siquiátrico, trastorno de personalidad o adicciones. Y sobre su acusación de infidelidad, sólo puedo decir que Marcelo reconoció, en la misma demanda de divorcio que él interpuso, que “tomó la errónea decisión de viajar al extranjero” con una “amiga” y “ex pareja” y que estuvo “a lo menos una semana fuera del hogar común”. Así que él es el único que ha reconocido una conducta de infidelidad.

-Si, tal como usted relata, los carabineros vieron que tenía marcas físicas de una agresión, ¿por qué no detuvieron esa noche a su marido?
Llegó el abogado de Marcelo, Óscar Lantadilla, director jurídico de Cerro Navia, y me dijo “Paula, entiende, Marcelo es concejal, Gonzalo es concejal. Mira las implicancias políticas. Después se van a poner en la buena”. Marcelo exigía que me detuvieran. El abogado y Gonzalo presionaban a Carabineros. Mi hermano quedó afuera, tratando de distraer a mi hijo. En eso llegó el hermano menor de Marcelo, Ignacio Torres. Y como mi hermano no lo saludó, Ignacio le pegó un combo. En medio de todo ese alboroto, yo al final dije “ok, que no se vaya detenido, pero se va ahora mismo de mi casa”. Y Carabineros accedió a que Marcelo se fuera. Él se fue con su amigo Gerardo, con su abogado y con sus dos hermanos. Cuando salieron, se quedaron las dos patrullas y un carabinero me dice que están obligados a llevarme a constatar lesiones y estampar una denuncia. El carabinero de mayor rango me dijo si acaso yo estaba esperando formar parte de los femicidios. Creo que este carabinero que estaba a cargo percibió esta intención de tratar de disuadir invocando su calidad de concejales, para que carabineros simplemente se retirara y el hecho no quedara constatado.

-¿Carabineros la llevó a constatar lesiones?
Me llevaron en la patrulla a la posta de Colina. Ahí me constataron una lesión en la cara y otra en la muñeca. Y mi hermano fue llevado a constatar lesiones por el golpe que le dio mi cuñado.

-¿Tiene copia de esa constancia y el certificado de sus lesiones?
No. Como le digo, no me dejé copias, pero esos documentos están en la investigación. Porque ese hecho del 7 de noviembre dio origen a un proceso y todos estos papeles fueron derivados a la fiscalía de Colina. Y por eso la fiscal Nancy González, el 5 de diciembre de 2011, decretó fijar una primera audiencia de formalización para el 6 de febrero pasado.

-En su declaración pública el concejal Marcelo Torres dice que usted inició este proceso con el ánimo de obtener un pago de $ 300 millones y perjudicar su imagen.
En la fiscalía me informaron que la causa se inició sin mi ratificación, porque ya no se necesita la ratificación de la víctima en investigaciones por violencia intrafamiliar y porque había un antecedente de denuncia y constatación de lesiones dentro del mismo año (en enero de 2011). Dentro de la causa que inició la fiscal, mi abogado presentó una querella, pero este delito es de “acción pública” y, aún sin la querella, la fiscal está obligada a investigar hasta el final. Así que no puedo tener la intención de negociar bienes, porque no depende de mí que la investigación se detenga. Me llamó mi cuñado Gonzalo y el alcalde Luis Plaza (de Cerro Navia) y les expliqué que no depende de mí suspender este procedimiento. Si yo hubiese querido hacer un arreglo, habría escuchado a Luis Plaza. Yo supe que había un proceso en diciembre, cuando se me notificó la fecha para la audiencia del 6 de febrero y en el intertanto no hubo negociación alguna. En esa audiencia Marcelo no se presentó, porque no fue notificado, pero igual la jueza dispuso medidas cautelares prohibiendo que se me acerque.

-Pero el concejal Torres asegura que usted también está bajo medidas cautelares.
Sí. Cuando él se enteró que había una investigación por una denuncia en su contra con una querella nuestra, presentó una denuncia de violencia intrafamiliar en un Juzgado de Familia de Santiago. Lo hizo para equilibrar las cosas. Esa audiencia fue el 24 de febrero, donde él solicitó medidas precautorias para que yo no me pudiera acercar a él, pero eso no tiene sentido porque antes, el 6 de febrero, ya se había decretado a mi favor que él no se me acercara.

-¿Le ha pedido $ 300 millones a su marido?
En respuesta a su demanda de divorcio yo solicité al juez la mitad de la propiedad de Chicureo, que es menos de $ 300 millones. Yo no le he pedido ese dinero a Marcelo. Esto no es una negociación. Se lo pido a la justicia y estoy dispuesta a aceptar lo que el juez determine. Si dice que no tengo derecho, lo acato. Pido la mitad de la propiedad porque Marcelo la compró a su nombre justo cuando me pidió que le firmara la separación de bienes, en abril de 2004. Entonces, es obvio que la compró con dinero de la sociedad conyugal. Además, nunca se hizo la liquidación de la sociedad conyugal y la ley estima que mientras no haya liquidación, los bienes siguen siendo comunes. Tres días después de que lo sacaran los carabineros de esta casa, el 10 de noviembre de 2011, él firmó una dudosa renta vitalicia a favor de su hermano Gonzalo por una suma irrisoria, con el único objeto de extraer de su patrimonio esta casa y transferirla a su hermano. Y este lunes 26, cuando lo formalizaron, me enteré que el auto de uso familiar se lo traspasó a su otro hermano, Ignacio. La justicia tendrá que ver cuál es su patrimonio real, cómo él pagó esta propiedad, de dónde obtiene recursos para mantenerla, para pagar los $ 317 mil pesos mensuales del colegio de nuestro hijo o para pagar nuestros viajes. En 2011 fuimos a Cancún, a Buenos Aires, al Valle del Elqui, a Cuzco y Machu Pichu. Aparte de concejal, él es administrador municipal de Cerro Navia y usted puede ver en la página de transparencia cuánto gana.

(N. de la R. La información publicada por Cerro Navia indica que Marcelo Torres está en el grado 3 de la escala municipal de remuneraciones, correspondiente a un sueldo líquido de $ 1.794.299. En su declaración de intereses informa como única actividad complementaria su cargo de concejal en Maipú, lo que le genera ingresos mensuales por 12 UTM, equivalentes a unos $ 470 mil. En esa declaración, Torres indica que todas las sociedades comerciales en las que figura “corresponden a instituciones sin movimiento comercial o tributario”. En su Declaración de Patrimonio tampoco informa sociedades comerciales o inversiones, sólo anota la casa de Chicureo, que avalúa en $180 millones; un Jeep Cherokee 2005 que valora en $ 9 millones, mobiliario de su domicilio por $5 millones y una deuda de 5.400 UF con ING Créditos Hipotecarios).

-Antes de asumir como concejal y administrador municipal, ¿cómo generaba ingresos su marido para aportar al hogar?
Como le dije, nunca me habló de sus negocios. Él entró como abogado a la Municipalidad de Maipú en 2000, cuando fue elegido alcalde Roberto Sepúlveda. Ahí se convirtió en director jurídico de la municipalidad. Después de que asumió como director jurídico, cuando aún arrendábamos un departamento en Providencia y teníamos sólo un auto, se compró una caja fuerte y comenzó a manejar mucho efectivo. Todo lo pagaba en billetes. Una vez viajamos al norte y llevó una chaqueta en la que encontró $200 mil en billetes y no se acordaba de esa plata. Cuando Sepúlveda perdió la reelección, en 2004, Marcelo salió de la municipalidad y armó varios negocios: un servicio de reparto de correspondencia en moto, un negocio relacionado con restaurantes y una empresa que comercializaba contenedores para basura, de esos que se colocan en la vía pública, en las plazas. Su incursión en el área empresarial no le trajo beneficios, al contrario, le fue muy mal. En ese periodo en que él salió de la Municipalidad de Maipú, nos separamos. Durante el tiempo que estuvimos separados desconozco a qué se dedicó. La pensión que me daba era insignificante y no me la daba con regularidad. Tuvimos un juicio de alimentos y visitas, y él declaró que tenía muchas deudas y que no tenía cómo pagar una pensión. Pero en 2008 se postuló a concejal por Maipú. Desconozco cómo financió la campaña. Volvimos a vivir juntos y él pudo sostener el régimen de vida que llevábamos, porque en 2010 ambos decidimos que yo dejara de trabajar para atender los problemas de nuestro hijo.

-Usted cuenta que su marido incursionó en un negocio de contenedores de basura. Él ha sido cuestionado en ese rubro: votó a favor de la empresa KDM en Maipú, la que obtuvo un contrato de recolección de basura a pesar de que su oferta era más cara. Y como administrador municipal de Cerro Navia también se manifestó a favor de renovar un polémico contrato a KDM.
Yo sé que el tema de la basura siempre ha sido muy importante para Marcelo. Yo conocí a un gerente de la empresa KDM. Y también conozco a los concejales de Maipú que participaron en esa votación que favoreció a KDM, porque se reunían en mi casa. Me llamaba la atención, porque son concejales de partidos distintos al de Marcelo, incluso de la Concertación.

-¿Se reunían en su casa para discutir sobre el contrato municipal de la basura?
Eran conversaciones relativas a esas votaciones. Venían los concejales Carlos Richter (RN), Christian Vittori (DC) y Carlos Jara (PPD). Supe por la prensa que la concejal Carol Bortnick (PPD) también votó por KDM, pero no la vi en esas reuniones. Ellos se juntaban para buscar resquicios legales para favorecer a una determinada empresa.

-¿Se reunían a buscar argumentos que favorecieran a KDM en la licitación de la basura?
Sí. Y Marcelo, como abogado, maneja muy bien el tema administrativo municipal, ha hecho muchas bases de licitación. Era el más preparado para buscar los argumentos legales para favorecer a una empresa. Eran reuniones para ponerse de acuerdo en lo que debían decir en el concejo.

-Usted dice que conoció a un gerente de KDM, ¿él también visitaba su casa?
En una oportunidad, en el Alto Las Condes, Marcelo me presentó a una persona joven, delgada. Me dijo que era un gerente o directivo de KDM y que se llamaba José Miguel Gutiérrez. Y luego esa misma persona vino a mi casa en más de una oportunidad. Y en las últimas visitas se registraba con otro nombre en la conserjería del condominio. Yo a veces respondía el teléfono para autorizar el ingreso. Marcelo me decía: “Va a venir Jesús Garay”. Entonces, cuando llamaban de portería y me decían “viene entrando Jesús Garay”, yo respondía: “ok, déjelo entrar”. Pero cuando llegaba acá me daba cuenta de que era la persona que yo había conocido como José Miguel Gutiérrez.

(N. de la R. José Miguel Gutiérrez Sastre es gerente general de KDM S.A. según informa la web de la matriz de esa empresa: Grupo Urbaser-Danner).

-¿Y no le hacía presente a su marido lo extraño de esta situación?
La verdad es que Marcelo me informaba lo que él quería. Nunca logré que me diera explicaciones más allá de las que quería darme. Para mí era extraño, claramente, pero las razones por las cuales se registraba con otro nombre no las podría explicar. En todo caso, las visitas de los concejales y de “Jesús Garay” deben estar en los libros del registro de ingresos del condominio.

-Usted asegura que sufrió la violencia doméstica por años, ¿por qué una mujer con estudios superiores, un título profesional y una vida laboral activa, aceptó el maltrato durante tanto tiempo?
Una mujer que no ha sufrido violencia, nunca va a saber lo difícil que es salir. Tú te sientes enamorada de una persona que te anula, que disminuye tu autoestima, que te hace sentir que no vales nada y que no podrás salir adelante sola. Eso, en mi caso, fue más marcado porque Marcelo fue mi primer pololo, mi primer amor. La violencia se vive en un círculo que tiene primero una agresión, luego el arrepentimiento, después una etapa de luna de miel y estabilidad, hasta que vuelve la agresión. En ese proceso te ilusionas con que no habrá más violencia. Nosotros veníamos llegando del Cuzco, de un viaje súper lindo, enamorados, cuando ocurrió la última agresión. Eso pasó en noviembre del año pasado, pero esta vez yo estaba en terapia sicológica desde mayo y en agosto había entrado a una terapia grupal del Sernam que es especial para mujeres que sufren violencia en la pareja. Esas terapias, sentirme acompañada, me ayudaron mucho a romper el círculo, a decir “no más”.

Lea la renuncia de Eugenio Díaz a la CNA

Eugenio Díaz Corvalán, el consejero de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) investigado por la Contraloría por un contrato de honorarios que firmó con la Universidad del Mar para su acreditación siendo presidente en ejercicio de ese organismo, renunció a la CNA. La decisión que se conoció hoy, la tomó el miércoles pasado tras las declaraciones efectuadas por el ministro Harald Beyer, quien ante la gravedad de los hechos en que se ha visto involucrado Díaz, afirmó: “La opinión oficial del ministerio es que nos gustaría que Eugenio Díaz renunciara a la CNA”.

Según publicó CIPER ayer, Eugenio Díaz había decidido sólo suspender su asistencia a las reuniones. Así lo confirmó el actual presidente de ese organismo Iñigo Díaz.

Pero la presión sobre el consejero no cedió. Una muestra fueron las declaraciones del rector de la UDP, Carlos Peña quien dijo a CIPER que las universidades privadas que lo eligieron debían pedirle la renuncia “por haberse puesto en una posición objetivamente incompatible con el cargo público para el que fue electo”.

Las duras declaraciones en contra de Díaz se deben al contrato que este consejero firmó en 2011 con la Universidad del Mar para acreditarla. CIPER dio a conocer este documento y su efecto directo en la credibilidad de ésta y otras acreditaciones otorgadas por la CNA -avaladas por la firma de Eugenio Díaz- en dos reportajes publicados en enero pasado (“Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha” Parte I y Parte II). En ellos se mostraba que Díaz, siendo presidente de la CNA, participó en la acreditación de la Universidad del Mar 2010 y, semanas después, firmó un contrato de asesoría con esa institución para lograr que esa universidad volviera a acreditarse.

Según el contrato, si esa meta se conseguía, Díaz recibiría $ 60 millones. Una particularidad del acuerdo -que ha escandalizado a rectores y académicos consultados por CIPER- es la existencia de una bonificación por cada año de acreditación que Díaz lograra conseguir. Si la Universidad del Mar resultaba acreditada por dos años, él recibiría $15 millones extra; si lograba tres años, le pagarían $25 millones; si lograba cuatro años, $45 millones. El documento especifica que el pago sólo se efectuará “luego de que la resolución que concede la acreditación institucional a la universidad haya quedado firme o ejecutoriada, sin que pueda ser alterada”. (Ver contrato).

La revelación de lo que aparece como un mercado paralelo de acreditación universitaria sorprendió al ministerio en plena reformulación del sistema de acreditación de la educación superior en virtud de los severos y fundamentados cuestionamientos a la calidad de la educación que imparten decenas de universidades privadas así como institutos profesionales y centros de formación técnica. El cúmulo de irregularidades y operatoria del lucro en esa área le imponen hoy al ministro Beyer la tarea de establecer tanto normativas como altas exigencias en los instrumentos de fiscalización de la CNA y las universidades que el organismo acredita.

En ese cuadro, la permanencia de Eugenio Díaz en la CNA se estaba convirtiendo en un problema que podría afectar al conjunto de los consejeros y a las universidades que lo llevaron hasta esa importante posición. Basta recordar que en 2010, Eugenio Díaz condujo y participó en un proceso que terminó con la acreditación de TODAS las universidades e institutos profesionales que postularon al codiciado certificado que les abre el acceso al Crédito con Aval del Estado (CAE) para sus estudiantes. Hablamos de 16 universidades, 5 Centros de Formación Técnica y 10 Institutos Profesionales que recibieron el visto bueno de la CNA, una situación inédita y calificada de irregular por académicos consultados por CIPER.

¿FIN DEL PROBLEMA?

La renuncia de Eugenio Díaz está lejos de cerrar el capítulo que abrió su contrato con la Universidad del Mar. Son varios los actores principales del sistema universitario que piensan que la desidia de la propia CNA está en la primera línea de responsabilidad en la existencia de los conflictos de interés que hoy están sobre la mesa.

Para el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, la responsabilidad de la CNA estriba en que “a pesar de la evidencia y las reiteradas solicitudes e informes (el último de los cuales fue emitido por el Consejo Asesor Presidencial que creó el gobierno de Bachelet), la Comisión nunca ha regulado con claridad los conflictos de interés en que pudieren incurrir sus miembros, al extremo que hoy Eugenio Díaz puede decir, casi sin errar, que no ha transgredido regla alguna. El escándalo consiste entonces en que una función tan importante como la de esa Comisión se efectúa sin reglas o con reglas inexplicablemente laxas. ¿Qué puede explicar que un órgano encargado de supervisar la tarea universitaria sea, sin embargo, descuidado a la hora de formular reglas para si mismo?”.

Carlos Peña también critica el actuar de las autoridades del Ministerio de Educación de los distintos gobiernos, “entidad que nunca ha previsto –para la elección de representantes de las universidades privadas- un procedimiento que suponga previa deliberación y examen de los candidatos. La nominación de representantes está entregada a la más completa informalidad; sin plazos para la presentación de candidaturas y el previo examen de sus antecedentes”.

Las propias universidades privadas tienen una cuota de responsabilidad en esta situación, agrega Peña, pues “no han sabido generar un órgano de representación en el que, más allá de los simples intereses de las instituciones, se delibere acerca del interés general comprometido en la educación superior”.

“Es necesario que la CNA a la brevedad posible formule reglas relativas a los conflictos de interés de sus miembros y el Ministerio de Educación un procedimiento para que las universidades privadas adopten decisiones que sea compatible con los deberes públicos que la ley les confiere”, insiste el rector.

EL CANDIDATO DE LA MISTRAL

Según fuentes consultadas por CIPER Eugenio Díaz llegó a la CNA promovido por Alicia Romo, rectora de la Universidad Gabriela Mistral.

Así lo recuerdan quienes asistieron a la votación efectuada en diciembre de 2010 y donde las universidades privadas autónomas eligieron también al consejero Adolfo Arata. Las mismas fuentes agregan que dado que las universidades autónomas no tienen una orgánica establecida, las decisiones las terminan tomando un pequeño círculo, agrupado en la Corporación de Universidades Privadas, CUP. La entidad reúne a 14 casas de estudio entre las que destacan la Del Mar, las Américas, Autónoma, Pedro de Valdivia y Universidad Bernardo O`Higgins (UBO).

La voz cantante en la CUP la lleva la rectora de la Universidad Gabriela Mistral, Alicia Romo, quien pese a ser la dueña de una universidades que no es parte de ese círculo, es la rectora habitualmente consultada por la autoridad como representante de las autónomas por ser la universidad privada más antigua.

Una prueba del poder que ostenta Romo entre las universidades privadas se evidenció la semana pasada cuando ella y la CUP lograron recientemente imponer a sus candidatos en el directorio de la Comisión Ingresa: como consejero, Italo Giraudo, vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad del Pacífico; como suplente, Inés Aravena, secretaria general de la UBO. Ingresa es un organismo clave para el funcionamiento del negocio de la educación superior pues es la institución encargada de administrar el Crédito con Aval del Estado (CAE) que en 2010 entregó a las universidades privadas más de $60 mil 400 millones.

Un profesional que trabajó en la CNA durante más de un año y que asistió a las reuniones del consejo de ese organismo durante la presidencia de Eugenio Díaz, dice que éste tenía un fuerte vínculo con la Universidad Gabriela Mistral. Así relata uno de los tantos episodios que le tocó presenciar:

-Cuando la Universidad Gabriela Mistral habían iniciado su proceso de acreditación en la CNA, la rectora Alicia Romo invitó a los consejeros a tres almuerzos en su universidad. En una sesión del consejo, se les recordó a los integrantes que había un acuerdo de evitar contactos con instituciones en proceso de acreditación porque se podía teñir el proceso. Fue entonces que Eugenio Díaz dijo ante todos: “yo no voy a cumplir ese acuerdo, porque una de las funciones de promoción del presidente es acompañar a las instituciones”. Hubo un intenso debate entre los consejeros pero finalmente Díaz impuso su criterio y fue a los tres almuerzos. Lo mismo ocurrió con la Universidad del Mar con otra invitación. También hubo un fuerte debate que incluso subió de tono. Y terminó en lo mismo: Eugenio Díaz, indignado, hizo primar su autoridad y fue al convite”.

Los debates por los almuerzos con universidades en proceso de acreditación fueron confirmados por CIPER con otros consejeros. Gonzalo Zapata, ex secretario ejecutivo de la CNA, puntualizó a CIPER que ese fue un tema debatido entre los consejeros pues se estimaban que “las agencias deben mantener máxima independencia respecto de las universidades bajo su evaluación”. Y argumentó que lo que se buscaba para evitar los conflictos de interés era que el juicio de acreditación “se basara en la opinión de los pares evaluadores y de especialistas que han recogido y analizado los antecedentes con un protocolo conocido, y así impedir que influyan los prejuicios y las apreciaciones personales sobre las instituciones”. (Ver entrevista a Gonzalo Zapata)

CIPER intentó infructuosamente hablar con la rectora y dueña de la Universidad Gabriela Mistral para recoger su versión sobre su relación con Eugenio Díaz y su opinión sobre su renuncia a la CNA. Lo mismo ocurrió con la llamada que le hicimos a Eugenio Díaz, quien ayer nos cortó la comunicación.

El ministro respondió así a las consultas de CIPER sobre el contrato que Eugenio Díaz firmó (a través de una empresa de su propiedad) con la Universidad del Mar para acreditarla. CIPER dio a conocer esta denuncia en dos reportajes publicados en enero pasado (“Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha” Parte I y Parte II) que en esencia mostraban que Díaz, siendo presidente de la CNA, participó en la acreditación de la Universidad del Mar y, semanas después, firmó un contrato con esa institución en el que ofrecía sus servicios para lograr que esa universidad volviera a acreditarse.

Según el contrato, si esa meta se conseguía Díaz recibiría $ 60 millones. Una particularidad del acuerdo -que ha escandalizado a muchas fuentes consultadas por CIPER- es la existencia de una bonificación por cada año de acreditación que Díaz lograra conseguir. Si la Universidad del Mar resultaba acreditada por dos años, él recibiría $15 millones extra; si lograba tres años, le pagarían $25 millones; si lograba cuatro años, $45 millones. El documento especifica que el pago solo se efectuará “luego de que la resolución que concede la acreditación institucional a la universidad haya quedado firme o ejecutoriada, sin que pueda ser alterada”. (Ver contrato).

Actualmente el documento es analizado por la Contraloría en una investigación que busca determinar si se está en presencia de una compra y venta de acreditaciones. Ciper confirmó que a comienzos de marzo la Contraloría puso en conocimiento de la Fiscalía Oriente los antecedentes conocidos, de lo que se deduce que habría encontrado situaciones que pueden ser constitutivas de delito. El ministro Beyer afirmó que su cartera se sumó a la investigación que se está realizando. Agregó que tocó el caso de Díaz en la reunión sostenida este viernes 23 con la CNA:

-Una de las cosas que planteé aquí es que la CNA debe tener un código de ética que resuelva este tipo de problemas. En la CNA hay una discusión de si el contrato es legal o no, pero lo que se ha denunciado trasciende el comportamiento que se espera de una institución como ésta. No se debe permitir este tipo de cosas.

Agregó: “Estamos preparando un proyecto de ley para corregir las deficiencias que hay en el sistema de aseguramiento de la calidad y esperamos que, una vez que se apruebe el proyecto de ley, estas cosas no vuelvan a ocurrir”.

H. Beyer: “Una de las cosas que planteé aquí es que la CNA debe tener un código de ética que resuelva este tipo de problemas… No se deben permitir este tipo de cosas”.

-¿El ministerio no puede hacer nada para evitar que Díaz siga participando en la acreditación de otras universidades, como hace actualmente?
No tenemos ninguna posibilidad de pedirle la renuncia. No están los instrumentos. Esta persona fue nombrada por un conjunto de instituciones y se hubiera esperado que este conjunto de instituciones le hubieran pedido la renuncia y hubieran nombrado un reemplazante.

-¿Qué le parece que siga asistiendo a las reuniones de la CNA?
Mal nos parece. Nos hemos pronunciado sobre esto y nos hemos sumado a la investigación que se está realizando.

Eugenio Díaz fue nombrado consejero en 2007 por las universidades privadas. Luego consiguió ser reelegido a fines de 2010 en una campaña que, según fuentes consultadas por CIPER, lideró la Universidad Gabriela Mistral. CIPER llamó a la rectora de esa institución, Alicia Romo, para confirmar el respaldo de esa universidad a Díaz pero no obtuvimos respuesta.

LA CREDIBILIDAD DE LA CNA

La importancia del caso “Díaz-U. del Mar” no radica en los montos involucrados, sino en la fe pública que está en juego. La CNA -y la red de instituciones fiscalizadoras que dependen de ella- son la única garantía con que cuentan los 20 mil alumnos de la Universidad del Mar de que los dueños de esa casa de estudios provean educación de un estándar mínimo. Ese estándar está simbolizado en la palabra “acreditada” que lucen hoy en sus propagandas muchas universidades.

Eugenio Díaz tenía muy clara la fe pública en juego. En una entrevista dada al sitio Universia.cl, expresó que aunque los jóvenes no sabían concretamente qué es la acreditación, “intuyen que es algo bueno y lo piden y lo demandan”.

Pero no radica ahí toda la importancia de la CNA. Alcanzar la condición de “acreditada” permitió a los alumnos de la U. del Mar pedir el Crédito con Aval del Estado (CAE). Con la palabra “acreditada”, el horizonte de potenciales clientes de la universidad se amplió. Con el CAE los jóvenes pobres o de clases medias bajas que no tienen recursos y a los cuales los bancos no les van a prestar dinero, ahora sí cuentan con recursos. Esos jóvenes recibirán dinero del fisco, como préstamo, para pagar su educación. Es por el fuerte vínculo que hay entre la acreditación y los recursos públicos que se entregan a través del CAE que el trabajo de la CNA no es solo de fiscalización, sino que implica garantizar el buen uso de los dineros del Estado.

Evidentemente, esta enorme cantidad de dinero en juego hace que la presión de las universidades sobre la CNA para conseguir la acreditación sea también enorme.

Tras la publicación de estos antecedentes, entre los estudiantes y académicos de la U. del Mar ha crecido la preocupación de que la acreditación se revierta.

Juan José Ugarte, consejero de la CNA y jefe de la División de Educación Superior (Divesup) no descarta esa posibilidad:

-Esperaremos a tener a la vista el dictamen de Contraloría, que está haciendo una investigación muy exhaustiva. Han entrevistado a todos los actores. Por lo tanto, va a colocar a la vista pública todos los antecedentes para emitir un juicio final. Con esos antecedentes vamos a poder hacer un pronunciamiento sobre lo que viene a continuación -dijo Ugarte a Ciper, a la salida de la reunión con Beyer.
Sobre el contrato, puntualizó: “es irregular que un miembro de la CNA tenga un contrato y que no esté en la declaración de intereses”.

RENUNCIAS

Tras la publicación del artículo de CIPER, Díaz renunció a otra asesoría que le efectuaba a la Universidad Bernardo O’Higgins, a pesar de ser consejero de la CNA. El rector de esta universidad, Claudio Ruff Escobar, señaló a CIPER que “Eugenio Díaz estaba trabajando con nosotros en el proyecto de vinculación con el medio… yo estaba de vacaciones y me llamó en la primera semana de febrero después de la aparición de este artículo y me dijo que ponía su cargo a disposición. Acepté su situación porque él me dijo que necesitaba concentrarse en demostrar su inocencia. Nosotros leímos el artículo de CIPER y es una situación delicada. Él tiene que concentrarse en defenderse ante quien corresponda y nos dejó con libertad de acción. Nosotros tomamos esa libertad de acción y le acepté la renuncia”.

H. Beyer: “No tenemos ninguna posibilidad de pedirle la renuncia (a Díaz). Esta persona fue nombrada por un conjunto de instituciones y se hubiera esperado que ellas le hubieran pedido la renuncia”.

Díaz también presentó su renuncia a comienzos de marzo, “por motivos personales”, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, del que también era consejero. Para ese puesto había sido elegido como representante de los decanos de las escuelas de Derecho de las universidades del Consejo de Rectores de la Universidades de Chile (CRUCH) y también de las universidades autónomas. Los motivos de fondo de la renuncia no están claros, pues era inamovible hasta 2016. Pero diversas fuentes señalaron que, tras la publicación de los artículos de CIPER, hubo presiones de varios decanos para que Díaz dejara ese cargo.

La molestia también llegó al mismo CRUCH, cuya directiva analizó los reportajes citados. Una fuente de ese consejo señaló a CIPER que “existe un grupo importante de rectores, principalmente de universidades del Estado, preocupados por los alcances que tiene para el sistema de aseguramiento de calidad las denuncias de CIPER “. Agregó que “la asesoría de Díaz Corvalán a la Universidad del Mar le quita toda la credibilidad al sistema, pues ya no sólo se trataría de mano blanda para evaluar, sino que las implicancias podrían ser de otro tipo al haber dinero comprometido”.

Según la fuente, estos rectores esperan que la CNA saque un pronunciamiento y que exista algún mecanismo de auto-regulación, de forma que Díaz se abstenga de participar en la evaluación de instituciones mientras no se aclare su situación por parte de la Contraloría.

Pese a este ambiente y las presiones que ha recibido, Díaz ha seguido asistiendo a las sesiones de la CNA y votando por la acreditación o el rechazo de las instituciones que se someten a su juicio.

La CNA misma no ha emitido una opinión sobre el tema y hoy nadie sabe si el organismo, que preside Iñigo Díaz y cuyo secretario ejecutivo es Patricio Basso, avala la firma de contratos como el denunciado o condena el hecho.

Según la ley, ante una situación que toca las incompatibilidades o inhabilidades de los consejeros, el secretario ejecutivo de la institución debe informar a la CNA. El caso debe ser analizado en una sesión del consejo y quedar registrado en acta. Tal situación debió ocurrir en las sesiones del 4 y del 11 de enero de este año. Sin embargo, en la página web de la CNA figuran las sesiones anteriores y las posteriores a esas fechas. Las que debían abordar este tema son las únicas que faltan.

El hermetismo de la institución sobre el caso Díaz es total.

CIPER abordó a Iñigo Díaz a la salida del encuentro de Beyer con la CNA.

“La asesoría de Díaz a la U. del Mar le quita toda la credibilidad al sistema, pues ya no sólo se trataría de mano blanda para evaluar, sino que las implicancias podrían ser de otro tipo al haber dinero comprometido”, dijo a CIPER una fuente del CRUCH.

-El ministro Beyer estima que Eugenio Díaz debe renunciar a su cargo. ¿Qué opina usted al respecto?
-No puedo decir nada sobre este asunto hasta que termine la investigación de Contraloría.

-Beyer dice que no hay instrumentos para removerlo del cargo
-Efectivamente, no tenemos mecanismos para remover a un consejero de su cargo.

CIPER intentó hablar con Eugenio Díaz a la salida de la misma reunión, pero el consejero se negó. Hasta el momento las únicas declaraciones que ha emitido sobre su situación fueron las que dio a CIPER, publicadas en el reportaje “Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha por polémico contrato”.