El uso periodístico de las herramientas de acceso a la información pública ha estado siempre entre los objetivos de CIPER. Por eso desde nuestra creación hemos utilizado las normas legales vigentes para solicitar información a las autoridades. En esta sección, encontrará el detalle de lo ocurrido en cada una de ellas. Además nuestros lectores pueden enviarnos las solicitudes de acceso a la información que hayan hecho para que sean publicadas y se les haga un seguimiento público a accesoinformacion@ciperchile.cl
Durante la investigación para la elaboración del reportaje La conexión de Patricio Rojas con las coimas de los Mirage y sus negocios con el Ministerio de Defensa, CIPER envió solicitudes de acceso a la información a múltiples organismos que podían tener antecedentes relativos a instituciones y personas vinculadas al ex ministro de Defensa Patricio Rojas. [...]
El 10 de octubre de 2007, CIPER solicitó a la subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, información acerca de los montos percibidos en la institución por concepto de prestaciones de servicios a particulares a través de su departamento OS10. La petición se hizo en el marco de una investigación acerca de los policías que se han visto involucrados en delitos, que fue publicada el 20 de noviembre del mismo año bajo el título “Paco-ladrón: Delincuentes de uniforme”. Blanco pidió los datos a la Dirección General de Carabineros y la respuesta fue emitida 7 días después de publicado el reportaje. En ella decía que “Carabineros de Chile, a través de la Subdirección de Seguridad, no presta servicios a particulares en materias inherentes a seguridad privada”. También agregaba que ellos eran quienes fiscalizaban la materia y que las personas que se desempeñan en el rubro deben contar con su autorización.
El 3 de octubre de 2008 CIPER publicó una investigación que demostró que a lo menos 13 de los 38 senadores no habían incluido todas sus inversiones y sociedades en las declaraciones de intereses y de patrimonio que por ley están obligados a hacer. La investigación de CIPER incluyó solicitudes de información a la Superintendencia de Valores y Seguros, a la presidencia y a la secretaría del Senado, comparaciones con diversos registros de datos económicos (comerciales y oficiales) y consultas por escrito a los mismos senadores preguntando por posibles omisiones o inconsistencias en los datos que incluyeron en sus declaraciones.
El lunes 28 de julio CIPER solicitó a la Contraloría General de la República acceso a las declaraciones de patrimonio de los todos los alcaldes de la zona metropolitana y de las principales ciudades de regiones. La solicitud fue respondida al día siguiente y la Contraloría dio acceso a los documentos, destinando a un funcionario a tiempo completo para facilitar la consulta y fiscalizar que no se sacaran fotocopias, fotografías o copias en formato digital de los originales, en concordancia con el fallo del Tribunal Constitucional del 6 de diciembre de 2005. La consulta en lo referido a las declaraciones de los alcaldes metropolitanos se realizó los días 29, 30 y 31 de julio, y en relación a los documentos de los jefes comunales de provincia se efectuó los días 06 y 07 de agosto. Lea aquí las reproducciones de los documentos.
El 15 de mayo de 2008 se envío una carta al presidente del Senado, Adolfo Zaldívar Larraín, pidiendo acceso a las copias de las declaraciones de intereses y de patrimonio de los senadores. Cuatro días después, Zaldívar informó que la solicitud sería enviada a la Comisión de Régimen Interior del Senado.
Casi dos semanas después de que CIPER solicitara información respecto a los préstamos con garantía de prenda industrial sin desplazamiento, la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep) entregó cifras actualizadas de las millonarias pérdidas generadas por el programa de crédito implementado en 1994 por Guillermo Arenas Escudero -destituido director del Registro Civil y ex director de Dicrep- y ampliado por su sucesor Óscar Santelices.
Para la elaboración del reportaje sobre el impacto de la inmigración en el sistema de salud público, Ciper pidió a la subsecretaria de Salud Pública, Lidia Amarales, todos aquellos datos que dieran cuenta del fenómeno. La autoridad respondió que la información estadística sobre extranjeros atendidos por el sistema público y el costo de esas prestaciones “no existe”.
Dos gruesos archivadores con 1.292 páginas contienen las actas del Comité de Ministros para el Transporte Urbano de Santiago, en cuya primera sesión (29 de abril de 2003) fue bautizado como Transantiago. Desde entonces, el comité que dirige el ministro de Transportes de turno se ha reunido 41 veces para analizar y coordinar los detalles del plan. Con una solicitud de acceso a la información, Ciper obtuvo copias de esas actas, una suerte de registro histórico de la toma de decisiones y del flujo de informaciones que concentraron en sus manos las autoridades del polémico Transantiago.
Como precedente para las solicitudes de acceso a la información, es importante destacar que el 28 de noviembre de 2006, el codirector de Ciper, John Dinges, solicitó acceso a los antecedentes que fundaron la resolución número 43 del Ministerio de Bienes Nacionales que indemnizó a quienes consideró los dueños del expropiado diario Clarín o sus respectivos herederos.
El 15 de junio de 2007 se envió una carta al gerente general de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Edmundo Dupré, con una solicitud de acceso a la información sobre el resultados de todas las licitaciones de bienes y servicios realizados durante el año 2006, con la identificación de quienes se las adjudicaron y los montos involucrados.
El 22 de junio de 2007 se envió una carta al subsecretario de Transportes, Danilo Núñez, pidiendo acceso a información concerniente al plan Transantiago. El subsecretario contestó el 11 de julio, adjuntando un CD con una serie de documentos referentes a los estudios del plan de transportes, así como los contratos y documentos bancarios. La respuesta y parte de dichos antecedentes se publican a continuación.
El 11 de septiembre de 2007 se envió una carta a la Contraloría General de la República pidiendo acceso a declaraciones patrimoniales de algunos funcionarios del Estado. Hasta ahora dicho organismo no ha contestado la solicitud pese a haberse cumplido los plazos legales.
El 12 de septiembre de 2007 se envió una carta a la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) solicitando acceso a la nómina de beneficiarios de pensión de montepío en dicha institución. A fines de ese mes, Dipreca concedió una entrevista en la que contestó todas las preguntas, pero advirtió que no entregaría los documentos solicitados por afectar información personal de sus afiliados, resguardada por la Ley Nº19.628. Sin embargo, la entrevista fue satisfactoria para los fines periodísticos.
El 24 de septiembre de 2007 se envió una carta a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), con copia a la Comisión Asesora para la Protección de los Derechos de las Personas, solicitando acceso a la nómina de beneficiarios de una pensión de montepío en dicha institución.
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