El uso periodístico de las herramientas de acceso a la información pública ha estado siempre entre los objetivos de CIPER. Por eso desde nuestra creación hemos utilizado las normas legales vigentes para solicitar información a las autoridades. En esta sección, encontrará el detalle de lo ocurrido en cada una de ellas. Además nuestros lectores pueden enviarnos las solicitudes de acceso a la información que hayan hecho para que sean publicadas y se les haga un seguimiento público a accesoinformacion@ciperchile.cl
El fallo establece que las empresas públicas no están obligadas a responder solicitudes de acceso a la información pública ni a entregar información de sus actividades y que el Consejo para la Transparencia no tiene competencia para ver reclamos contra ellas.
Pese a que el Ministerio de Justicia había sistematizado los datos oficiales de indultos, retrasó innecesariamente su entrega, recurriendo a resquicios de la Ley de Transparencia. A la luz del anuncio sobre nuevos indultos presidenciales casos a caso y con causales restingidas, resulta interesante constatar que de los 343 indultos otorgados por Frei, 14 corresponden a homicidios, 8 a parricidios y 56 a delitos ligados al tráfico de drogas. Los más comunes son por manejo en estado de ebriedad. Un documento obtenido tras un fallo del Consejo para la Transparencia permite revisar los argumentos caso a caso.
El Servel había declarado secreto el número de militantes de los partidos políticos, pero el Consejo para la Transparencia determinó que se trataba de información pública. Los datos permiten comprobar que el número de afilados a los partidos no tiene relación con los resultados electorales.
Los antecedentes financieros que la Fundación Futuro debe entregar al Ministerio de Justicia para su fiscalización son información pública. Así lo determinó el organismo encargado de zanjar las controversias por la aplicación de la Ley de Transparencia luego de que la fundación del presidente electo intentara evitar que salieran a la luz. La decisión se tomó el mismo día en que el gobierno aprobó los estatutos de la Fundación Cultura y Sociedad, a la que Sebastián Piñera pretende transferir Chilevisión. Ahora sus memorias y balances, así como los de casi 20.000 corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, podrán ser conocidos por cualquier ciudadano.
El Consejo para la Transparencia escuchó este viernes 22 los argumentos de la Fundación Futuro, el Ministerio de Justicia y CIPER para determinar si las memorias y balances de la fundación que preside Sebastián Piñera y que se encuentran en manos del gobierno para su fiscalización constituyen información pública o no.
CIPER realizó cinco solicitudes de acceso a la información pública sobre gasto electoral al Servel, que publicó algunos documentos en su página web, otros los entregó fotocopiados y un último documento se envió en un CD.
La Ley de Transparencia permitió conocer nuevos detalles del proyecto Costanera Center, cuyos permisos de edificación fueron cuestionados por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda. La solicitud de Defendamos la Ciudad a la Municipalidad de Providencia demostró que los predios se fusionaron recién en marzo pasado.
CIPER pidió al Senado las copias de las rendiciones de gasto de los parlamentarios. La respuesta de la Cámara Alta fue negativa. No existen. Hasta ahora, no se les exigía entregar comprobantes para respaldar sus reembolsos.
Esta solicitud de acceso a la información marca el primer reclamo de CIPER ante el Consejo para la Transparencia, el que ingresó el 10 de septiembre de 2009 con el número A 309-09. La entidad reclamada es la Subsecretaría de Justicia, que acogió las razones entregadas por la Fundación Futuro para no dar acceso a las memorias y balances que por ley ésta debe entregar anualmente.
CIPER dirigió solicitudes de acceso a información pública a la Dirección de Arquitectura del MOP y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ambas tenían por objeto acceder a los documentos que contienen los análisis técnicos y económicos que avalaron la decisión del gobierno de comprar y remodelar el edificio del Hotel Carrera para instalar ahí la nueva sede de la Cancillería
Una interpretación distinta a la Cámara de Diputados hace el Senado de la norma que regula la contratación de familiares. Mientras la primera exige a los parlamentarios que expliquen las “circunstancias excepcionales” que justifican los contratos, la Cámara Alta respondió los senadores no deben cumplir ese requisito.
Los diputados pueden contratar familiares sólo si entregan razones fundadas para ello. El presidente de la corporatión accedió a enviar información sobre los diputados que tienen parientes contratados, pero no entregó las razones que lo justificaron
Luego de dos fallidos intentos y gracias a la Ley de Transparencia, Carabineros y la Dirección del trabajo entregaron información importante sobre el negocio de la seguridad privada.
A propósito del Caso Mirage, CIPER pidió a la Cancillería la lista de integrantes de un viaje presidencial a Bélgica en 1992. La respuesta oficial indica que no hubo militares ni activiades relativas a la compra de armamento.
En abril de 2009 CIPER dirigió a la Fiscalía Nacional Económica dos solicitudes de acceso a información pública. En ambos casos se pedían documentos relacionados con la fiscalización de productores y comercializadores de medicamentos: laboratorios y farmacias. En todo momento la FNE mantuvo un expedito canal de comunicación para informar sobre los avances en la búsqueda de los documentos y en aquellos casos en que no tenía los antecedentes requeridos, indicó el lugar donde se podían ubicar y la fórmula para obtenerlos. Las respuestas formales a las solicitudes se recibieron el 24 de abril y el 14 de mayo. Revise acá los documentos.
CIPER es una institución independiente y sin fines de lucro que desarrolla reportajes de investigación usando sistemáticamente las leyes chilenas de libre acceso a la información.
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