Muchas de las solicitudes de acceso a la información pública han terminado en el Consejo para la Transparencia, donde han corrido distinta suerte. Uno de los fallos más relevantes tuvo lugar en las últimas semanas, cuando se ordenó al Servicio Agrícola y Ganadero entregarles todos los informes relativos a Hidroaysén, incluyendo las copias correos electrónicos institucionales intercambiados durante el proceso de evaluación ambiental.

“Este Consejo advierte que la información  requerida en la especie constituye un elemento esencial para el ejercicio del control social de la actividad de los organismos a quienes se ha requerido su intervención en la evaluación técnica del Proyecto Hidroeléctrico Aysén”, se lee en la resolución.

Pese a que el proyecto Hidroaysén ya fue aprobado, Patagonia sin Represas ha seguido buscando documentos que le permitan detectar irregularidades en el proceso. Tal como escribió el periodista de la organización en una columna publicada en CIPER, sospechan que el Plan Aysén lanzado por el Presidente Piñera en abril pasado daba por hecho la construcción de las represas, incluyendo a Hidroaysén entre los proyectos que había que acelerar, pese a que aún estaba en evaluación.

El documento contemplaba inversiones en energía por US$ 1.505 millones entre 2010 y 2014 y creen que es imposible llegar a ese monto si no se cuentan las represas. En el cuadro presentado por Piñera, se cita como fuente el Ministerio de Hacienda (ver imagen) por lo que a través de la Ley de Transparencia pidieron a esa cartera el desglose de los proyectos. Sin embargo, este 24 de mayo el subsecretario de Hacienda Rodrigo Álvarez les respondió que no poseen la información e incluye una imagen del mismo cuadro donde la fuente es el Gabinete Económico de Aysén, por lo que el requerimiento fue derivado a la Intendencia Regional.

Según los solicitantes, la información fue cambiada, tal como se aprecia en un nuevo cuadro en la última página del documento publicado en el sitio web del la intendencia.

La pregunta ahora es con qué información se elaboró el cuadro original y si dentro de los proyectos que se pretendía acelerar estaban Hidroaysén y Río Cuervo, la otra hidroeléctrica en evaluación. Si es así, los opositores a las represas creen que la intendenta Pilar Cuevas podría haber incurrido en una ilegalidad, pues es ella quien presidió la Comisión de Evaluación Ambiental que un mes más tarde aprobaría Hidroaysén.

La organización había pedido que Cuevas se inhabilitara de votar usando el argumento del Plan Aysén, a lo que la intendenta respondió que los US$ 1.505 millones corresponden a una inversión aproximada por “algunos (proyectos) eólicos que se quieren desarrollar en algunos sectores aislados y además mini hidros; también para otros sectores aislados, y se quieren incorporar más herramientas para el desarrollo de ERNC, para que así puedan estos desarrolladores de mini hidros invertir en este tipo de proyectos”.

Se espera que tras la derivación del Ministerio de Hacienda, la intendencia entregue documentos y cifras que avalen –o no– dicho monto.

En respuesta a las consultas de CIPER, el Ministerio del Interior dispuso todos los documentos relacionados con gastos que hizo y donaciones que recibió, para que fuesen revisados en la Oficina de Partes de la cartera, debido al gran volumen de documentos.

En esta revisión el ministerio exhibió documentos que indican que recibió diez donaciones en dinero para obras específicas, todas hechas desde el extranjero, por un total cercano a $ 3.121 millones. De esa suma, $ 2.570 millones provinieron del gobierno de la India, destinados al Fondo Esperanza (organismo vinculado al Hogar de Cristo que asiste a microempresas de subsistencia).

Otros documentos que CIPER revisó en las oficinas de la Subsecretaría de Interior fueron seis archivadores con certificados de donaciones en especies, que contenían desde peluches y juguetes, pasando por camionetas, ambulancias y carros de bomberos, hasta equipos e insumos para equipar el Hospital de Talca equivalentes a 4.427.500 euros aportados por el gobierno de Italia.

Compras y “Manos a la Obra”

Entre las compras directas realizadas por la Subsecretaría del Interior, se contabilizan ocho transacciones por un total de $263 millones en fletes, combustible de maquinaria y aviación, electrificación de aldeas y casetas de salvavidas con la bandera nacional para las playas devastadas por el tsunami.

Respecto del programa “Manos a la Obra”, que dispuso materiales de construcción para damnificados, el ministerio puso a disposición de CIPER las órdenes de compra a Easy, Sodimac y Construmart, las tres empresas designadas sin licitación para abastecer esta iniciativa, donde cada una recibió $2.666.666.667.

Transferencias a regiones

El subsecretario derivó la solicitud de CIPER a todas las intendencias y gobernaciones del país, solicitudes que han sido respondidas paulatinamente (vea los documentos). Obviamente, las regiones del norte y del extremo sur del país han contestado que no hay nada que informar ni documentos que entregar, porque no sufrieron los afectos del terremoto.

Según los datos entregados por Interior, CIPER calculó cuánto dinero fue traspasado a los distintos gobiernos regionales (sólo intendencias). El resultado fue de casi $17 mil millones en transferencias, de los cuales $ 470 millones fueron a la Región Metropolitana, $ 2.500 a Valparaíso, $ 3.800 a O’Higgins, $ 3.600 al Maule, $ 5.500 al Bío Bío y $ 1.020 a La Araucanía. El detalle sobre los gastos de las intendencias y gobernaciones que surge de los documentos puestos a disposición de CIPER es el siguiente:

1. Intendencia de Santiago

El 21 de abril de 2010 declaró urgente la necesidad de adquirir materiales de construcción para el programa “Manos a la Obra”, autorizando el trato directo con la red ferretera Materiales y Soluciones S.A. (MTS), en la resolución exenta Nº697.

En una primera etapa, el 3 de mayo de 2010 se aprobó el contrato con MTS, mediante el cual se destinaron $40 millones en materiales para las comunas de Conchalí, San Joaquín y Paine, tal como se grafica en la resolución exenta nº 755. En una segunda etapa, el 7 de septiembre de 2010 se amplió dicho contrato y se destinaron otros $60 millones para las comunas de Peñaflor, Cerrillos, Lampa, Lo Prado, Renca, Pudahuel y San Miguel. En total fueron $100 millones traspasados por la Subsecretaría del Interior a la Intendencia Metropolitana, sin embargo en la documentación  entregada se aprecian convenios con las distintas municipalidades por un total de $95 millones.

Además, en la resolución exenta nº 4953 del 5 de julio de 2010, la Subsecretaría del Interior aprobó $19.730.779 para las reparaciones del Museo de Arte Contemporáneo, propiedad de la Universidad de Chile. El 10 de diciembre de 2010 se aprobó el convenio marco entre dicha universidad y la Intendencia Metropolitana, donde ésta última se compromete a realizar los arreglos del museo.  El 10 de enero de este año se autoriza el contrato con la empresa Arquios Limitada, por un monto de $17.953.199. Es decir, $1.777.580 menos de lo que entregó Interior.

2. Intendencia de O’Higgins

El hoy ministro de Vivienda y Urbanismo, entonces intendente de la Región de O’Higgins, Rodrigo Pérez Mackenna, envió a CIPER copia de las resoluciones exentas de la subsecretaría del Interior que le transfirieron dinero para trabajos de reconstrucción. Todo ello está resumido en un cuadro consolidado de los fondos de emergencia administrados por esta intendencia. En total, fueron $3.817 millones, de los cuales se utilizaron $3.740 millones, devolviendo a Interior la cifra sobrante.

Además incluyó un resumen con la adquisición de viviendas de emergencia por comuna, en la que detalla la cantidad de mediaguas (3.275 en total), sus proveedores y el monto de cada compra. En total se ocuparon $1.912 millones en esta operación. No se especifica la calidad de las mediaguas ni el valor por unidad, pero, a primera vista, hay diferencias en los precios pagados por las viviendas.

Todos estos datos son resúmenes de la información. Los documentos que acreditan el uso de los recursos fueron puestos a disposición de CIPER en la Oficina de Partes de la Intendencia para su revisión.

3. Intendencia del Bío Bío

En su último día hábil como intendenta del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselberghe envió el 1 de abril a CIPER un CD con 153 archivos distribuidos en 41 carpetas con la información relativa a los gastos en reconstrucción. Cada una de las 29 carpetas principales representa una resolución que otorga financiamiento para la región, que va acompañada de las respectivas boletas, facturas y órdenes de compra que fundamentan dichos gastos.

En total, fueron un poco más de $6.041 millones traspasados a esta intendencia. El 13% de ese dinero provino de tres resoluciones imputadas a Donaciones de Emergencia recibidas por el Ministerio del Interior y destinadas a la reconstrucción del Mercado de Talcahuano, el Mercado de Dichato y el borde costero de esa misma localidad.

Todas las otras resoluciones fueron fundamentadas con la necesidad de “atender situaciones de emergencia”, un paraguas en el que se agruparon situaciones muy diversas, como arreglar los colectores de aguas lluvia de Tumbes, la remoción de escombros en Talcahuano, cambiar la desembocadura del estero Dichato y electrificar algunos campamentos de damnificados. Dentro de cada rendición hay boletas por productos tales como linternas, herramientas y agua; facturas de empresas de transporte para movilizar funcionarios; arriendo de maquinarias para remoción de escombros y contratos para la realización de trabajos específicas, llenan las miles de hojas de estas rendiciones.

Al revisar los documentos se aprecia que hay empresas que se repiten como beneficiarias de diversos contratos. Es el caso de Transportes Alcones (COTAL), Sodimac e Ingeniería y Construcciones Maqvhar (Factoring Security).

4. Intendencia de la Araucanía

En esta región el total de fondos asignados por el Ministerio del Interior fue de $982.472.376. El gasto realizado fue de $981.655.523 y se devolvió a Interior la suma de $816.853.

La información que entregó la intendencia consta de una nómina con todos los gastos realizados.

Algunos desembolsos que se destacan son tres tratos directos por 649 viviendas de emergencia con la inmobiliaria Constructora Santa María por un total de $517.576.418. El 10 de marzo de 2010, por 117 mediaguas se le pagaron $656 mil (sin iva) por unidad. Y el 12 de marzo, por otras 247 mediaguas se le pagaron $689 mil (sin iva) por cada una. Con dos días de diferencia, hubo una variación de $33 mil por el mismo producto de la misma empresa, lo que no se explica en la documentación aportada por la intendencia.

Por trato directo también se adquirieron 500 viviendas de emergencia a la empresa Constructora Central por un total de $294.522.620.

5. Intendencia del Maule

A diferencia de sus pares de las demás regiones afectadas por el terremoto, la Intendencia del Maule aseguró no tener la información solicitada por CIPER. Así quedó plasmado en dos oficios firmados por el intendente Rodrigo Galilea, correspondientes a las solicitudes derivadas a esa repartición. La respuesta resulta insólita si se piensa que Talca, Constitución y la zona costera de Iloca, que están entre las áreas más afectadas por el terremoto y posterior tsunami, se encuentran en esa región.

6. Intendencia de Valparaíso

No respondió

7. Gobernación Provincial Marga Marga:

Respondió adjuntando información con las viviendas de emergencia recibidas en la provincia. En total declara haber recibido 147 viviendas, detallando la cantidad y los proveedores para cuatro comunas, sin entregar ninguna otra información, como el monto pagado por cada una.

8. Gobernación Provincial Petorca:

Por el volumen de los documentos en cuestión, la información de los gastos por el terremoto realizados por la gobernación fueron puestos a disposición de CIPER para revisarlas en la Oficina de Partes y Archivo de la gobernación, en La Ligua.

9. Gobernación Provincial Bío Bío:

Por el gran volumen de los antecedentes, la información quedó a disposición de CIPER para ser revisada en la oficina del Departamento de Administración y Finanzas de la gobernación, ubicada en Los Ángeles.

10. Reparticiones sin información

Las siguientes reparticiones contestaron a CIPER que no tuvieron gastos en materia de reconstrucción o que no cuentan con documentos para responder a la solicitud realizada.

Intendencia Regional del Maule

Intendencia Regional de Coquimbo

Intendencia Regional de Tarapacá

Intendencia Regional de Arica y Parinacota

Intendencia Regional de Los Ríos

Gobernación Provincial de Colchagua

Gobernación Provincial de Quillota

Gobernación Provincial de Magallanes

Gobernación Provincial de Elqui

Gobernación Provincial del Ranco

Gobernación Provincial de Linares

Gobernación Provincial de Isla de Pascua

Gobernación Provincial de Arauco

Gobernación Provincial de Cachapoal

En el caso de la campaña solidaria realizada por Teletón, la respuesta indicó que esos dineros, por tratarse de una iniciativa privada, no fueron ingresados en el presupuesto del sector público”.

Reasignaciones presupuestarias

En cuanto a las reasignaciones presupuestarias, la cartera informó que el monto del presupuesto 2010 destinado a obras de reconstrucción asciende a $799.968.517.000, adjuntando el desglose por repartición, junto con el detalle de los recursos redestinados por un total de $376.739.428.000. Las reparticiones que más recursos recibieron fueron los ministerios del Interior, Educación, MOP y Vivienda.

En las reasignaciones presupuestarias hechas en el Ministerio del Interior, las regiones que vieron más recortados sus recursos destinados a planes o inversiones estipuladas en el presupuesto original –para reasignarlos a la reconstrucción- fueron Bío Bío, Maule y Araucanía. En Justicia la repartición que más redujo sus recursos en 2010 fue Gendarmería, recorte que fue objeto de una aguda polémica tras el incendio que afectó a la cárcel de San Miguel el 8 de diciembre del año pasado; en Defensa sucedió lo mismo con Carabineros y en el MOP, el recorte más significativo afectó a Vialidad. El Ministerio de Salud fue la tercera cartera -después de Obras Públicas e Interior- con más reasignaciones en su presupuesto original.

Recursos para 2011

Frente a la consulta sobre recursos destinados para obras de reconstrucción el año 2011, Hacienda “reitera la dificultad de separar a priori recursos específica y exclusivamente orientados a la reconstrucción”. Lo que se adjunta es un informe de gastos previstos para el 2011 en iniciativas de inversión en las regiones afectadas por la catástrofe (Valparaíso, O’Higgins, Maule, Bío Bío, Araucanía y Metropolitana), que ascienden a un total de $1.471.321.959.000, de los cuales $307.680.989.000 se ejecutarán en 2011 (Ver Parte 1 y Parte 2 del documento).

Platas de la Ley del Cobre

La ley 20.455, promulgada para obtener recursos que permitan financiar la reconstrucción, autorizó a ocupar US$ 300 millones en 2010 y la misma cifra en 2011, provenientes del fondo de la Ley Reservada del Cobre (recursos que habitualmente se usan en la compra de pertrechos para las Fuerzas Armadas). CIPER consultó a Hacienda en qué se usaron esos recursos en 2010 y la respuesta fue que hasta el momento no habían sido ocupados, por haberse recaudado tardíamente en 2010 (entre los meses de septiembre y diciembre) lo que impidió que fueran asignados al presupuesto de ese año. Los US$ 300 millones se mantenían, al momento de la respuesta entregada por Hacienda, el 15 de marzo de 2011, depositados en el mercado de capitales a la espera de ser ingresados al presupuesto. No hay un destino específico para estos dineros y, a medida que se vayan ejecutando obras con estos recursos, la autoridad deberá identificar en el presupuesto las inversiones hechas con platas provenientes de la Ley del Cobre.

Además, CIPER consultó sobre la definición que Hacienda tiene del concepto “pertrecho”, para poder distinguir bienes o inversiones cubiertas con fondos de la Ley Reservada del Cobre que –aún cuando sean para la reconstrucción de infraestructura de las Fuerzas Armadas- no afectan la seguridad nacional y, por lo mismo, no debiesen quedar bajo secreto. La respuesta fue que la Ley de Transparencia sólo permite el acceso a documentos y que la definición de “pertrecho” no está en ningún acta, resolución o cualquier otro “formato de soporte” definido, por lo que no puede “requerirse la entrega de información que solo está en la mente de la autoridad”.

Donaciones

Hacienda informó que el Fondo Nacional de Reconstrucción (FNR) había recaudado, al 18 de marzo de 2011, $7.045.921.721 (casi US$ 15 millones). A la fecha de la respuesta de la autoridad, había nueve donaciones hechas al FNR, por un total de $331.149.418, que aún no tenían un destino y estaban a la espera de la tramitación del Decreto Supremo Nº 131 –que se aprobó finalmente el 7 de abril de 2011-, que identificaría las obras a las que se pueden hacer aportes a cambio de beneficios tributarios.

Entre los proyectos específicos a los que se puede donar mediante el FNR, la respuesta de Hacienda identificó 21 obras privadas y 84 públicas, para las cuales se requiere un total de $29.813.509.381, de los cuales sólo tenía financiado un 22,5%.

La autoridad afirma que a la fecha “existen donaciones comprometidas y en tramitación por aproximadamente $27.828.020.660 (US$ 59.208.555). Sin entregar más detalles al respecto. Estos recursos están asociados a proyectos específicos que están en proceso de ser aprobados por Hacienda y Mideplan.

En la misma solicitud, se solicitó información sobre las reparticiones y municipios receptores de donaciones por parte de Escuelas para Chile, programa creado para gestionar los recursos de la campaña “Chile ayuda a Chile”. La respuesta indica que esos recursos no entraron en el presupuesto público, por tratarse de una iniciativa privada, por lo que Hacienda no tiene registro de ellos, pero no deriva la consulta a la repartición pública que debiese tener la nómina de las entidades receptoras de esas donaciones.

SVS, Aduanas y Cencosud

Dos de las consultas hechas a Hacienda fueron derivadas: una fue enviada a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y la segunda remitida, de manera simultánea, a Aduanas y al Servicio de Impuestos Internos (SII).

En el primer caso, la consulta requería los montos de los seguros cobrados para reconstruir viviendas u otros. La SVS respondió que en lo referente a vivienda, se habían pagado 125.063 siniestros, correspondientes 66% de los liquidados, por un monto total de US$ 1.291.958.000. Aún quedan 841 siniestros pendientes de pago.

En el caso de los siniestros distintos de vivienda, la SVS informó que se han pagado 15.666 siniestros, un 55% del total de los liquidados. El total es de US$ 2.218.791.000, quedando pendientes de pago 476 casos.

La consulta derivada a Aduanas y al SII consultaba por las investigaciones, multas o sumarios eventualmente realizados a raíz de la fiscalización a Cencosud (matriz de Jumbo, Easy y Paris), por mercadería ingresada como ayuda humanitaria para damnificados para el terremoto, pero que finalmente la empresa vendió. El SII no entregó repuesta dentro del plazo que indica la Ley de Transparencia y Aduanas denegó la información, argumentando que Cencosud (como tercero afectado por la petición de CIPER) se opuso y que aún había un proceso administrativo en curso contra Cencosud. Frente a la negativa de Aduanas, CIPER recurrió de amparo ante el Consejo para la Transparencia para obtener la información

Dirección de Presupuestos

Las mismas solicitudes hechas a Hacienda, fueron enviadas por CIPER a la Dirección de Presupuestos (Dipres), en cuanto a las platas relacionadas con la campaña “Chile ayuda a Chile”, el uso de los US$ 300 millones de la Ley Reservada del Cobre en 2010, el monto del presupuesto destinado a reconstrucción y los reajustes de los recursos entregados a las distintas carteras para enfrentar la emergencia.

La respuesta de la Dipres fue exactamente igual a la de Hacienda –incluso en su redacción- y está contenida en los Oficios 351, 352 y 353, firmados por la directora de Presupuesto, Rossana Costa.

La respuesta de Defensa fue que no realizó ninguna obra o gasto en tareas de reconstrucción en 2010, que no ha usado platas relacionadas con la Ley del Cobre, que no ha recibido donaciones ni tiene obras previstas para el 2011 referidas a restauración o reposición de bienes afectados por el terremoto.

Sobre los dineros utilizables para la reconstrucción de infraestructura y reposición de pertrechos de las Fuerzas Armadas, provenientes de fondos de la Ley Reservada del Cobre (US$ 300 millones en 2010 y otros US$ 300 millones en 2011), la autoridad contestó que no fueron ingresados ni administrados por la subsecretaría de Fuerzas Armadas.

Reasignaciones

En cuanto a reasignaciones presupuestarias que le afectaron, Defensa señaló que sufrió una reducción de $13.644 millones y US$ 10,5 millones de los recursos que debía recibir en 2010. Dichos ajustes se deben al Decreto Supremo Nº 388, que modificó el presupuesto para todo el sector público a objeto de redestinar fondos para la reconstrucción.

Otros gastos

En enero CIPER  presentó otra solicitud a Defensa pidiendo información sobre las compras realizadas por la cartera en el período posterior al terremoto. La autoridad contestó, respaldando su respuesta con facturas y contratos (Vea los documentos Parte 1 y Parte 2), que se realizaron 11 compras en cinco etapas. Nueve de estas compras se hicieron a la empresa de distribución de artículos de oficina Dimerc. El total de las compras es de $18.554.367 (las hechas a Dimerc sumaron $ 7.015.328). Todas se hicieron sin licitación, sino por Convenio Marco o trato directo.

Los recursos para las compras hechas por Defensa fueron proporcionados por el Ministerio del Interior, a través de la resolución Nº 4751, por un monto de $ 18.297.439.

La Subsecretaria de las Fuerzas Armadas informó que todos estos recursos fueron empleados en misiones de apoyo a las fuerzas desplegadas en las zonas de catástrofe y efectuadas por el Centro de Operaciones de Defensa (COD) y el Centro de Operaciones Logísticas (COL). Esto se materializó en gastos hechos en Personal ($8.762.000), vehículos ($2.777.039) e insumos ($6.758.400).

En el oficio ordinario 2336 informa que se gastaron $1.775.862.298 en cinco proyectos de “conservación de vías urbanas post sismos febrero 2010” entregados a cuatro constructoras: FV Limitada., Sociedad de Construcciones Inversiones ING. y Obras S.A., Icafal y Pehuenche Limitada (en ésta es socio el intendente de la Región del Maule, Rodrigo Galilea Vial).

La respuesta señala que las consultas de CIPER relacionadas con obras, donaciones y gastos realizados con fondos de la Ley Reservada del Cobre, deben “ser tratados e informados directamente por la División de Finanzas y Presupuestos del Minvu”, es decir, la misma entidad que le derivó al Serviu Metropolitano la solicitud de información.

2. Serviu de Valparaíso

Según la información entregada por el Serviu de esa región, se entregaron subsidios por un total de 1.497.061 UF (alrededor de $32.469 millones) en la región, lo que representa un 5% del total nacional.

Además, entrega una planilla de cálculo, en la que se señala que el plan de subsidios habitacionales para la reconstrucción nacional es de 61,7 millones de UF (equivalentes a cerca de $1.341.739 millones), de los cuales la región ocupa 2,6 millones de UF ($ 56.540 millones).

En la parte de Vialidad, el Serviu de Valparaíso informa de 36 obras en distintas etapas de desarrollo, que suman un total de $2.868.551.488. De esos 36 proyectos, ocho están en ejecución, 17 recepcionados, tres terminados y ocho aún en etapa de licitación.

3. Serviu de O’Higgins

En 56 páginas del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), el Serviu de O’Higgins envió todos los antecedentes “que respaldan pagos correspondientes al concepto de reconstrucción”. En total, los documentos entregados registran gastos por $5.912 millones.

Uno de los mayores desembolsos es por $2.600 millones en lo que parece ser una transacción inmobiliaria. Y “parece ser”, porque no se puede distinguir con claridad la información en los documentos presentados, aunque la operación es descrita como “pago de terreno a soc. agrícola Pilinko, don Marcos, don Mateo 1, 2, 3, Los Parques I y II”.

Otras transacciones llamativas son cuatro contratos con Constructora Las Araucarias, por $1.322 millones y otros cuatro con la constructora Vialfi, por 1.496 millones.

4. Serviu del Maule

Ante la solicitud de CIPER, el Serviu del Maule entregó información relativa a los subsidios entregados tanto en el 2010 como este año. En total, señala que se adjudicaron 19.544 subsidios, sumando más de 5 millones de UF, equivalentes a unos $111.435.330.165.

La autoridad respondió, además, que no ha hecho obras ni gastos con fondos del presupuesto regular ni de la Ley Reservada del Cobre ni de donaciones, por lo que no puede aportar antecedentes a esas consultas de CIPER.

5. Serviu de La Araucanía

La información entregada por el SERVIU de la Araucanía señala que se firmaron cinco contratos de “Conservación de vías urbanas dañadas por el sismo de febrero de 2010”, por un total de $1.074.525.260, los que según la autoridad, se encuentran ejecutados y pagados en un 100%.  Esos contratos se desglosan de la siguiente manera:

-         Constructora Campos y Henríquez Limitada: Tres contratos por $472.666.997

-         Constructora Jaime Peldoza: Un contrato por $162.479.180

-         Constructora Jorge Rojas Figueroa: Un contrato por $439.379.077

En términos de subsidios, el Serviu de la región de la Araucanía asegura que se han asignado 2.600, sin indicar el monto de dinero que involucran.

6. Serviu del Bio Bio

Después de responder en un oficio del 8 de abril que toda la información solicitada podía ser encontrada en la sección de transparencia de su página web, el Serviu de Bío Bío finalmente entregó a CIPER la información correspondiente a los subsidios habitacionales que tramitó en 2010, las obras de reconstrucción urbana que puso en marcha en ese mismo período y los presupuestos comprometidos para este año por ambos conceptos. El oficio 5102, firmado el 14 de abril, recién llegó a las oficinas de CIPER el 28 del mes pasado con una minuta de obras y gastos del Programa de Reconstrucción.

Según la información entregada, en 2010 se asignaron $8.700 millones en subsidios habitacionales, de un presupuesto total de 9.522 millones. Para este año, el monto previsto a desembolsar en materia de subsidios alcanza los $5.042 millones.

El plan de reconstrucción urbana gastó $9.555 millones en 2010 en los avances de cuatro proyectos que tienen un valor total de $28.271. Según la información entregada, el presupuesto para el año 2011, contempla 41 proyectos por un total de $56.901 millones.

Finalmente, el Serviu del Bio Bio informó que no financiaron obras ni inversiones con recursos de la Ley Reservada del Cobre, ni con donaciones.

Obras para 2011

Ante la consulta de CIPER sobre las obras de reconstrucción que tiene previstas la cartera para ejecutar en 2011, el ministerio entregó seis resoluciones exentas (4376, 5381, 5791, 2683, 3843, 6179) en las que detalla los proyectos del “Plan de Reparaciones Menores”  y del “Plan de mejoramiento de instalaciones escolares para establecimientos del sector particular subvencionado sin fines de lucro”. Los costos de estos arreglos van desde los $500 mil hasta los $80 millones por cada establecimiento. Aunque el ministerio no entregó el desembolso total que significarán estos arreglos CIPER hizo el cálculo, a partir de los documentos aportados por la autoridad, y bordearía los $30.682 millones.

Donaciones

CIPER solicitó el 23 de junio de 2010 la nómina de personas naturales o jurídicas que realizaron donaciones al Ministerio de Educación o a cualquier otro servicio, con fines educacionales. A partir de ese día comenzó un largo camino de respuestas insuficientes, que incluyeron un recurso de amparo fallado a favor de CIPER por el Consejo para la Transparencia para que la cartera entregara los antecedentes requeridos. El ministerio envió finalmente, el 21 de enero de 2011, una nómina con 97 donaciones, pero en ella no detalla ni el monto del aporte ni el RUT del donante ni la fecha en que se efectuó la entrega de los recursos, tampoco la ley mediante la cual se hizo la donación y que permitiría establecer si hubo beneficios tributarios a cambio.

Al solicitar esos antecedentes faltantes, el ministerio contestó, por medio del ordinario 254, del 17 de marzo de 2011, que “dicho listado (ya enviado a CIPER) es el único documento que obra en poder de esta Secretaría de Estado con la información que pudo ser recabada al respecto”. El documento asegura que no hay en los archivos de la cartera copia de actos administrativos que contengan contratos o convenios para canalizar aportes, ya que “el rol de este Ministerio en las donaciones informadas ha sido netamente de comunicador y facilitador, se limitó a conectar al donante con el beneficiario”.

En otras palabras, en el Ministerio no tienen registro de la cantidad de escuelas que han sido reparadas gracias a donaciones en el país. Un tema que puede ser complejo, si se toma en cuenta que sólo Escuelas para Chile (la iniciativa financiada con la plata de la campaña Chile Ayuda a Chile realizada por Teletón) destinó $30.000 millones para estos efectos.

Analizados estos datos, se solicitó el detalle de los hospitales construidos, reparados y los montos de cada uno de los hospitales mencionados en la presentación power point. La respuesta a estas nuevas consultas mostró divergencias con la información entregada anteriormente. Según los nuevos datos, el costo de los hospitales de “Construcción Acelerada” (835 camas) será de $20.544 millones ($6.716 millones menos que lo consignado en la respuesta anterior). También hay incongruencias en las cifras de las “reparaciones mayores”, pues la segunda respuesta indicó que se realizan en ocho hospitales con un costo total de casi $30.999 millones, suma que supera en $5.730 millones a la entregada en la información anterior.

La Subdere también entregó presupuestos de dos planes: del Fondo de Recuperación de Ciudades, por un monto de $17.897 millones, y la Provisión recuperación infraestructura local zona centro sur por un total de $24.792 millones.

Respecto de obras costeadas con donaciones, señaló que por medio de un aporte económico efectuado por el grupo Antofagasta Minerals está reparando caletas pesqueras de la región del Maule. Ese convenio fue suscrito por la empresa Minera Los Pelambres, que aportó un fondo de mil millones de pesos.

El ministerio argumentó que su publicidad “afectaría derechos económicos y comerciales tanto de los alumnos como de las universidades, porque conllevaría necesariamente la construcción de (un) ranking de las instituciones por parte de los usuarios de la información”. Según el mismo razonamiento, ese ranking “estadísticamente no sería válido, porque compara poblaciones con distinto nivel de representatividad y, además, porque la prueba realizada sólo midió un aspecto de la formación docente y no todos sus ámbitos”.

El razonamiento de la cartera que dirige Lavín fue avalado por el Consejo para la Transparencia, que rechazó el amparo interpuesto por CIPER en su Decisión Amparo ROL C666-10 con una larga exposición de argumentos legales que explican por qué la información debía permanecer bajo reserva.

Pues bien, ayer jueves, siete meses después de que la secretaría de Educación denegara los antecedentes solicitados, el ministro Joaquín Lavín dio a conocer un ranking con los resultados de la totalidad de las universidades cuyos egresados de Pedagogía rindieron la Prueba Inicia 2010.

El ministerio no sólo hizo público algo que había considerado debía ser mantenido en reserva. Además el ranking está construido con los mismos datos que la propia cartera de Educación estimó estadísticamente inválidos. Esto, de acuerdo con su razonamiento original, porque se trata de una prueba voluntaria que no rinden todos los egresados de Pedagogía. Tampoco todas las universidades: de las 59 instituciones que ofrecen carreras de educación, se presentaron alumnos de 43.

Pasando por alto las inconsistencias señaladas, el ministro centró su presentación en los paupérrimos resultados obtenidos por los últimos egresados de Pedagogía: sólo el 51% de ellos domina conocimientos generales básicos. El 2009 el porcentaje alcanzaba a un 53%. En esta área de conocimientos generales, sólo el 5% obtuvo más del 75% de las respuestas correctas. Los egresados con mención en Matemáticas obtuvieron un 42% de logros en sus respuestas frente a un 55% en Lenguaje.

En la prueba referida a Conocimientos Pedagógicos la situación es todavía más preocupante: sólo el 1% respondió más del 75% de las respuestas correctas. Pero hay algo aún peor: en la prueba de Habilidades de Comunicación Escrita, sólo un 2% logró un nivel aceptable en vocabulario y ortografía.

Top five

En lo referido a establecimientos que ofrecen la carrera de Pedagogía, los cinco mayores logros fueron obtenidos por las universidades Finis Terrae (71%), Católica de Chile (70%), De Chile (65%), Los Andes (65%) y Metropolitana de Ciencias de la Educación (64%). Sin embargo, si se considera que de la primera de estas universidades sólo rindieron la prueba 9 alumnos, y de la última, 66, los resultados resultan engañosos. Tal como lo señaló la carta de respuesta dirigida a CIPER por el ministerio para denegar el acceso a información que ahora se hace público.

Refrendando lo anterior, la carta de respuesta del ministerio agrega que la “falta de representatividad en la muestra se debe a que el número de examinados no es comparable entre la totalidad de alumnos de la universidad, los inscritos y quienes efectivamente la rindieron, ello debido a las diferencia de tamaño de las instituciones, lo que no permite una publicación de resultados a nivel institucional ni hacer comparaciones directas entre ellas (…) Por tanto, los resultados obtenidos actualmente por cada institución participante no pueden ser comparables entre sí”.

A mayor abundamiento, el Ministerio de Educación argumentó además otros motivos para mantener en reserva la información. Motivos estratégicos, porque la reserva “facilita la participación de las universidades”. Legales, pues los resultados “permite(n) prever la afectación del derecho a la igualdad, a través de la evidente estigmatización de alumnos e instituciones”. Y hasta motivos de competencia, por cuanto “en otros casos similares en los que se han solicitado estos resultados, las propias universidades se han opuesto expresamente a la entrega, lo que es un indicio de que el Ministerio carece de autorización de éstas para su difusión”.

A través del Departamento de Prensa del Ministerio de Educación, CIPER intentó sin éxito recoger una respuesta para conocer las razones del cambio de criterio en la publicación de los resultados de la Prueba Inicia.