Los desafíos de la entrega del royalty minero a municipalidades

Más de $93 mil millones se han comenzado a distribuir entre 307 municipios del país por disposición de la Ley del Royalty. En columna para CIPER, dos investigadores hablan de los avances y también riesgos que estas transferencias significan: «El desafío es avanzar en el fortalecimiento de los mecanismos de control sobre las municipalidades para garantizar el correcto uso de estos recursos».

El inicio de la entrega de los adelantos de los  fondos del royalty minero fue noticia el pasado 12 de abril. Estos dineros se dividen en dos: el Fondo de Equidad Territorial (FET), que asigna $70.755 millones en favor de trescientas comunas del país, y el Fondo Común Minero (FCM), que distribuirá $22.891 millones a 43 comunas para compensar el daño medioambiental producido por la minería. Ya conocidas las cifras, la presente columna tiene como propósito realizar un análisis acerca de la distribución de dichos recursos, que por primera vez se entregan de esta forma en el país (el gobierno ha prometido duplicar las cifras para el próximo año). Tanto los ministros de Hacienda como de Minería han destacado cómo esta nueva inyección de recursos a los municipios ayudará, entre otras metas, a la descentralización del país.

Reconocemos que la iniciativa constituye un avance. Sin embargo, y a la luz de los datos, consideramos que la distribución de ambos fondos sigue siendo insuficiente por dos motivos: (i) existe una mayor asignación promedio del FET a las comunas de la RM; y (ii) el moderado impacto promedio en los presupuestos municipales (4%). También planteamos nuestra preocupación acerca del correcto uso de estos fondos públicos por parte de las autoridades municipales, dado el creciente número de casos corrupción en el ámbito local. 

Es preciso centrarnos en los promedios nacionales a repartir en lo que a FET y FCM se refiere. Tal y como se puede observar en la TABLA 1, el FCM asigna mayores montos promedio en comparación al FET ($ 532 mil millones vs. $235 mil millones), sosteniéndose el principio de justicia territorial al favorecer a las 43 comunas dedicadas a la actividad minera. Complementariamente, 36 de las 43 comunas receptoras del FCM también reciben recursos vía FET, por lo que a primera vista se refuerza el criterio de justicia a la hora de distribuir los recursos. Sin embargo, y como se verá a continuación, existen ciertas inequidades más allá del cumplimiento aparente del criterio de justicia territorial. 

Al momento de analizar el promedio en la distribución de los recursos provenientes del FET, se aprecia la existencia de inequidades en la asignación de recursos. La TABLA 2 presenta una comparación respecto a los montos promedio recibidos vía FET por parte de las comunas de la RM (que ascienden a un total de 28) frente al resto de comunas del país (272). En cuanto a las cifras, las comunas de la RM reciben más del doble en comparación al resto ($562 mil millones vs. $202 mil millones). Es por esto que podemos señalar que el cumplimiento de equidad territorial sería parcial, principalmente porque el mecanismo del FET favorece de manera significativa a las 28 comunas de la RM.  Asimismo, el monto promedio que perciben estas 28 comunas es superior a lo percibido incluso por las comunas mineras vía FCM. Por consiguiente, el criterio de equidad o justicia territorial se cumple parcialmente.

Una potencial justificación ante la asimetría previamente descrita puede ser el hecho de que el 40% de la población de nuestro país reside en la RM. Esto último puede tener asidero, pero las expectativas de que estos recursos fortalezcan la descentralización o ayuden a cerrar brechas entre Santiago versus regiones deben ser moderadas, al menos desde el punto de vista financiero. Esto último se refuerza con nuestro próximo análisis que tiene relación con el impacto del royalty sobre el presupuesto de las comunas. 

A ojos ciudadanos, los recursos del FET y el FCM parecen cuantiosos, pero representan en promedio un 4% de los presupuestos municipales. Dicha cifra podría considerarse escasa si miramos que hay comunas cuyo aporte recibido representa el 1%, tal y como sucede en Arica, San Antonio, Coyhaique y Rancagua. Por otro lado, también encontramos casos en los que estos aportes engrosarán las arcas comunales en un 10% (Machalí, Diego de Almagro y Petorca). Incluso, encontramos que hay municipios que aumentarán su presupuesto en un 21% como sucede en las comunas de Andacollo y Catemu.

¿Qué implica esto en la práctica? Andacollo (población: 11.828 personas) y Catemu (población: 15.482 personas) recibirían $76.003 y $50.574 por persona anualmente. Es decir, si le entregáramos a cada habitante el dinero en cuotas mensuales, recibirían 12 pagos de $6.334 (Andacollo) y $4.214 (Catemu) respectivamente. Por lo tanto, las municipalidades que recibirán estos recursos tienen como desafío maximizarlos, priorizando así proyectos de alto impacto con el propósito de evitar que los ingresos se diluyan en acciones menores.

Otro punto a analizar tiene que ver con la insuficiencia de estos avances. Siendo más específicos, estos recursos han sido asignados sin mayores transformaciones en la normativa. Si bien, el gobierno ha establecido criterios claros, como la no utilización de estos dineros para el pago de deudas o informar al Congreso sobre su ejecución, estas instrucciones son limitadas pensando en que, al día de hoy, seguimos contando con alcaldes que gozan de un amplio grado de discrecionalidad en cuanto a sus atribuciones, sin mayores contrapesos tanto internos como externos. Esta situación es doblemente preocupante si consideramos que actualmente contamos con más denuncias por cargos de corrupción a nivel local que municipios a lo largo del país. Por ende, uno de los principales desafíos en este tema será el de fortalecer los mecanismos de control para que las autoridades municipales no hagan un mal uso de estos recursos. 

En términos generales, el royalty a la minería constituye un avance. No obstante, hay desafíos pendientes, especialmente por las brechas evidentes que hay en la asignación de recursos vía FET a la hora comparar los promedios entre la RM y el resto de las regiones del país. Asimismo, el impacto sobre los presupuestos municipales —salvo excepciones— sigue siendo moderado, por lo que los municipios tendrán el enorme desafío de administrar eficazmente estos recursos.  Esto último abre una gran interrogante, que guarda relación sobre el apego a los estándares de transparencia y probidad en cuanto al buen uso de estos recursos, más todavía en un contexto de desconfianza surgido a raíz de los crecientes casos de corrupción a nivel local y en año electoral. Por consiguiente, el desafío es avanzar en el fortalecimiento de los mecanismos de control sobre las municipalidades para garantizar el correcto uso de estos recursos.