Monseñor,

Hago pública esta carta, porque tengo la certeza que no tendrá ningún efecto, si la envío de manera privada.

Trabajo como académico en la Universidad Católica del Maule (UCM) desde el año 2006, en la cual usted posee el cargo de Gran Canciller, la máxima autoridad de la institución. Durante estos 11 años, los conflictos laborales que ha debido enfrentar la universidad, como también las otras instituciones educativas que pertenecen a la Iglesia Católica en Talca, no son menores. Por mencionar algunos de estos conflictos: en 2011, el Sindicato de Funcionarios de la UCM llevó a cabo una huelga que duró 12 días. En 2013, el sindicato de Académicos de la UCM estuvo en huelga durante 14 días. En el contexto nacional, ha sido una de las pocas huelgas de académicos (sino la única) que se ha hecho efectiva en el último tiempo, apoyada, además, por un número importante de centros de alumnos de las carreras que se vieron afectadas. En 2016, el Colegio Integrado de Talca, materializó una huelga de 10 días. En 2017, el Colegio Manuel Larraín de Talca se mantuvo en huelga por tres semanas, sin llegar a un acuerdo. Otra vez en la UCM, el Rector Diego Duran enfrentó en 2017, 18 causas en el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca y 13 en el Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó. Así mismo, en enero de 2017, la universidad se vio involucrada en una polémica, que apareció en algunos medios de comunicación al despedir a una profesora, que estaba vinculada al lanzamiento de un libro sobre VIH dentro de la Universidad.

Cuando fui Presidente del Sindicato en el año 2013, se materializó la primera huelga de académicos en la UCM. Según las autoridades de aquella época (el Rector era el mismo que hay ahora), la universidad acumulaba un déficit de 7.000 millones de pesos. Nunca hubo claridad en torno al manejo financiero de la institución, a pesar de que una de las promesas que se hizo para terminar con el conflicto, fue transparentar la información e identificar responsabilidades. Aquella promesa jamás se cumplió. Era de esperar. En las universidades católicas y, especialmente en la nuestra, se ha aprendido a jugar un juego de doble estándar: ser públicos para recibir recursos del Estado y ser privados para manejar, administrar e informar de estos recursos. Es la mirada de la derecha neoliberal chilena, que aboga por un Estado subsidiario empequeñecido, con escasas o nulas atribuciones para regular a los privados que financia. Es, también, la mirada de un sector conservador de la Iglesia, que posee colegios y universidades a lo largo de todo el país y que los administra, muy bien, como empresas privadas productivas. Usted pertenece a este sector, y así como no tiene problemas para conseguir que las instituciones que están a su cargo sean productivas, tampoco tuvo problemas para defender al Padre Fernando Karadima ante el Vaticano, argumentando que las acusaciones de abuso sexual que recaían en su contra se trataban de un complot de la izquierda y de los masones. Sin embargo, sí tuvo problemas en 2013 para apoyarnos como Directiva del Sindicato, cuando le solicitamos mayor transparencia en la universidad. En lugar de escucharnos y hacer algo, nos mandó a rezar.

Actualmente los dos sindicatos de la UCM, el de funcionarios, con 270 socios y el de académicos, con 285 socios, nos encontramos en una situación delicada. Usted conoce perfectamente esta situación, pero es bueno explicar de qué se trata (públicamente). Nuestras autoridades han decidido utilizar un resquicio del código laboral chileno, para eximirse de negociar colectivamente, lo cual, en la práctica, significa la muerte de los sindicatos. En términos específicos, el día 28 de septiembre, las autoridades de la universidad presentaron una reclamación ante la Inspección del Trabajo de Talca, para no tener que negociar colectivamente, por recibir más de la mitad de sus recursos del Estado, apelando al artículo 304 del Código del Trabajo. El día 23 de octubre, la Inspección del Trabajo de Talca, a través de la resolución 321, se pronunció a favor del sindicato y de su derecho de negociar. El 30 de octubre, la empresa UCM, interpuso un recurso de reposición de la reclamación, el que, nuevamente fue rechazado el 2 de noviembre. El día 5 de noviembre la empresa presentó, nuevamente, un recurso en el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, logrando paralizar, al menos temporalmente, una huelga que fue votada por el 75% de los académicos sindicalizados.

Usted, como máxima autoridad en la UCM, podría detener de inmediato la batalla legal que está impulsando el Rector de la universidad en contra de sus sindicatos… si quisiera. Pero, todo indica que usted no tiene ningún interés en hacerlo. El Rector no puede contravenir una orientación suya y menos en algo tan importante, como tratar de eliminar, de manera permanente (al menos, mientras la institución adscriba a la gratuidad), los procesos de negociación colectiva. Lamentablemente, esta batalla legal es el reflejo de una mirada pragmática que disocia, sin dificultades, el relato que se tiene como universidad católica en torno al trabajo, a la educación y a los derechos ciudadanos, y las prácticas autoritarias, excluyentes y contrarias a la participación real de los estamentos en la universidad. En este sentido, lo que está haciendo la UCM se contradice, expresamente, con la misma Doctrina Social de la Iglesia, que plantea que los sindicatos son elementos fundamentales del trabajo y de la sociedad (Rerum Novarum 27-28 Quagragesimo Anno 9-10; Lab Ex. 20; Cat. Igl. Cat. 2430). En efecto, la Doctrina habla de la “necesidad de asociarse”para lograr unión en las voluntades. Y en la Enciclica Laborem Exercem 20 habla “el derecho a asociarse; esto es, a formar asociaciones o uniones que tengan como finalidad la defensa de los intereses vitales de los hombres empleados en las diversas profesiones”. De la misma manera, la Doctrina social de la Iglesia reconoce el derecho a huelga como “moralmente legitima (Rerum Novarum 23; CIcat. 2434), y en Laborem Exercem 20: la huelga “es un método reconocido por la doctrina social católica como legítimo en las debidas condiciones y en los justos límites. En relación con esto, los trabajadores deberían tener asegurado el derecho a la huelga, sin sufrir sanciones penales personales por participar en ella”. Por todo esto, resulta chocante e incomprensible que el mismo Presidente del Comité de Ética de la UCM, el Dr. Marcelo Correa, (Doctor en Teología Moral) promueva la anulación de lo que ordena la enseñanza de la Iglesia y forme parte del equipo que representa esta política mercantilista de “negociación” de la empresa con sus trabajadores.

Difícilmente habrá de prosperar la pretensión de la UCM de aprovechar la Gratuidad en educación superior para eximirse de los procesos de negociación colectiva. Las consecuencias de esto serían enormes. Si, por alguna razón, llegara a tener éxito el recurso que está utilizando la  UCM, todos los sindicatos de las universidades privadas adscritas a la gratuidad, que financian más del 50% de su presupuesto mediante esta partida, estarían condenados a desaparecer. Pero no solo eso: todos los sindicatos de empresas que han financiado la mitad o más de su presupuesto, con recursos que provienen del Estado (por ejemplo, mediante licitaciones obtenidas en Mercado Público) en los últimos dos años, estarían seriamente amenazados y con grandes posibilidades de desaparecer. Esperemos que éste no sea el caso y que los antecedentes que entrego a usted, en esta oportunidad, permitan a las autoridades de la Iglesia de nuestra ciudad, replantear su postura en torno a los derechos laborales y sindicales.

Atentamente, Dr. Marcelo Rioseco Pais