Gabinete del presidente electo Sebastián Piñera.

El envío de una nueva Ley de Pesca, la Reforma al Código de Aguas y el Estatuto de los Temporeros son tres de los proyectos relevantes que deberá zanjar el próximo gobierno y que tendrán como protagonistas al nuevo equipo económico. CIPER revisó en diversos registros oficiales las inversiones que podrían provocarles conflictos de interés en esas áreas clave a los ministros de Hacienda, Economía, Minería y Agricultura. Después de los escándalos por la Ley de Pesca y el royalty minero en su primer gobierno, es urgente para Piñera poner una barrera entre los negocios privados y la gestión pública.

Por Catalina Albert, Pedro Ramírez y Fernando Vega

“Hoy día tenemos que construir sobre la base de dar un impulso a la inversión y que esa inversión nos traiga progreso y crecimiento”. Así resumió José Ramón Valente su principal tarea como próximo ministro de Economía del segundo gobierno de Sebastián Piñera. “La primera piedra es reactivar las inversiones. Chile lleva cuatro años perdiendo plata en inversiones”, agregó tras su nominación.

Economista de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad de Chicago, el socio de la consultora Econsult y consejero de Políticas Públicas del centro de pensamiento de la UDI, Libertad y Desarrollo, está convencido de su receta para reactivar el crecimiento económico. Como asesor de empresas y experto en finanzas -pero no en macroeconomía- ha enfatizado en innumerables ocasiones la importancia de acelerar la inversión.

El rol que ha tenido su empresa Econsult en el asesoramiento de varias compañías –de casi todas las áreas de negocios- le ha permitido conocer de primera mano la operatoria de diversos mercados a la par que un reconocimiento dentro del mundo privado. “Mi trayectoria me da elementos para poder ser un buen interlocutor con todos los sectores”, dijo a los periodistas que lo esperaban este martes, al ser consultado por los conflictos de interés que podría enfrentar una vez que asuma formalmente el nuevo gobierno el próximo domingo 11 de marzo.

En su rol de coordinador económico de la campaña presidencial de Piñera, Valente encabezó junto al también recién nombrado ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y al ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, las críticas a la conducción económica del gobierno actual, al que acusó de tener una impronta “anti empresarial, anti emprendimiento, anti sector privado y anti progreso” (vea sus declaraciones en radio Duna).

Considerado un neoliberal de tomo y lomo, como lo reflejan sus habituales columnas en El Libero y La Tercera o su libro “La rebelión del sentido común. Por qué la gente sabe más que los economistas y los políticos”, el ingeniero comercial asumirá un Ministerio de Economía que, según ha dicho a su propio entorno, resulta “desafiante”.  La tarea lo seduce, en gran parte, porque deberá asumir la coordinación con otras secretarías de Estado clave –como Minería y Agricultura– para acelerar los procesos de inversión y eliminar o morigerar lo que el nuevo gobierno considera “cuellos de botella” para los negocios.

Sebastián Piñera

Sebastián Piñera

En lo legislativo, una de sus principales tareas será cumplir la promesa de Piñera de generar una nueva Ley de Pesca. En noviembre pasado, tras los malos resultados de la primera vuelta electoral,  el presidente electo se comprometió a revisarla. Lo hizo tras reunirse por primera vez con su ex contendor de las primarias Manuel José Ossandón, cuando reconoció que “hubo un lobby muy fuerte que afectó a parlamentarios de todos los partidos”, debido al financiamiento irregular que recibieron políticos de parte de empresas pesqueras.

Valente conoce el sector de la pesca, un negocio en el que también ha asesorado a grandes inversionistas. En 2013, una de sus empresas, Econsult, compitió representando a compañías internacionales por los activos de la fallida pesquera española Pescanova en Chile. En la puja, también participaron las salmoneras Marine Harvest (Noruega), Cooke Aquaculture (Canadá), además de inversionistas chinos.

La reforma al Código de Aguas y la nueva Ley del Sernac –ahora sin facultades sancionatorias tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) – serán otros flancos que deberá cubrir Valente. Para ello, según dijo a sus cercanos, fue “instruido” por el presidente Piñera para trabajar coordinadamente con Felipe Larraín y los demás ministros de las carteras donde la inversión privada es considerada prioritaria: Minería (a cargo de Baldo Prokurica), Agricultura (Antonio Walker) y Obras Públicas (Juan Antonio Fontaine). Eso sin descuidar a las demás reparticiones.

Valente asume un ministerio que durante el anterior gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) estuvo marcado por problemas como el fallido Censo de 2012, el posible cohecho en la tramitación del royalty a la minería tras el terremoto de 2010 y los conflictos de interés en la Ley de Pesca, tres episodios que ocurrieron cuando Pablo Longueira (UDI) era el ministro. A eso se suman las boletas de Penta pagadas al entonces subsecretario Pablo Wagner (UDI), quien recibió ese dinero cuando se tramitaba el proyecto minero Dominga, perteneciente a uno de los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano. Wagner, además, fue el responsable del viciado proceso de licitación del Litio que inicialmente favoreció a SQM.

Longueira fue reformalizado en octubre pasado por cohecho en la tramitación del royalty, que se promulgó con un artículo enviado por el propio ex gerente general de SQM, Patricio Contesse. Y Wagner está formalizado por las boletas falsas que hizo a Penta y, luego de acogerse a la suspensión condicional de su pena por los ilícitos del Litio, debió donar $1 millón a Bomberos.

LOS NEGOCIOS DE VALENTE

Valente (55 años), es director de varias empresas chilenas y extranjeras como Soprole, Transelec, Telefónica, Brookfield, Banmédica, Universidad del Desarrollo, Penta Vida, Club el Golf 50 y Cementos Bío Bío. También integra el directorio de Fundación Alter-Ego.

De acuerdo a registros oficiales, el futuro ministro de Economía participa (por sí mismo o a través de sus empresas) en las sociedades Garreaud y Valente (G & V Trading Limitada) constituida en 1988 con el director de empresas Sutil, Luis José Garreaud.

En Econsult, donde ha sido “rostro” por más de 20 años, Valente figura tanto como socio en la matriz, como en la filial de administración de fondos.

José Ramón Valente

José Ramón Valente

Con el ex vicepresidente ejecutivo de la Corfo, su socio histórico Hernán Cheyre, comparte negocios en Econsult, Inversiones San Sebastián Limitada e Inmobiliaria Grupo Cuatro Mas Ltda, donde los otros accionistas son Antonio Mingo, Emilio Soto y Felipe Lamarca, entre otros.

Junto a su esposa, Verónica Stein Riedel, Valente figura asociado en las consultoras El Remanso y Los Peñascos, además de FAVAL SpA, la que aparece como su principal inversión: a noviembre de 2017 registraba un capital de $1.524 millones, según datos del Diario Oficial.

A través de Injoval S.A, Valente participa en la sociedad de su padre y de su hermano Ramón Valente y Cía Limitada, la que ha firmado contratos con el Estado por $78,8 millones, según indica la ficha de proveedores disponible en Mercado Público. El giro de esta empresa es obras menores en construcción y ventas de diversos productos. El sitio web dice que se dedican a la importación y comercialización de anteojos de sol y ópticos de “importantes marcas internacionales”.

EL RETORNO DE LARRAÍN

El nombre de Felipe Larraín siempre estuvo entre las apuestas del gabinete para el nuevo gobierno de Piñera. Se le mencionaba inicialmente para otras carteras, como Relaciones Exteriores, pero finalmente fue confirmado en Hacienda.

El actual director del Centro de Políticas Sociales y Económicas (Clapes) de la Universidad Católica, al que llegó tras el término del gobierno de Piñera, dejará en los próximos días la entidad que fue su principal ocupación en los últimos cuatro años.

Desde allí, Larraín se convirtió en 2014 en parte del Consejo de Líderes para el Desarrollo Sustentable de la ONU y miembro del Consejo Asesor del Banco Mundial, que calcula el indicador Doing Business. Este último recientemente estuvo en el centro de la polémica, luego de que el economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, dijera que por motivaciones políticas se manipularon las estadísticas de ese ranking –que mide la facilidad para hacer negocios–, perjudicando la posición de Chile bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Debido a que las sospechas de un eventual complot político apuntaron inicialmente a Larraín, el ex ministro afirmó -a través de un comunicado- que solo participó en dos reuniones y que nunca más fue contactado.

Desde 2015, además, ha estado yendo y viniendo de Paraguay, como asesor del Ministerio de Hacienda de ese país, donde propuso dos reformas que Chile aplicó hace una década: Ley de Responsabilidad Fiscal y un Fondo Soberano.

En 2016 fichó como director de Independencia, la mayor administradora de fondos inmobiliarios de Chile. Su renuncia a esta firma, la hará efectiva en los próximos días.

En abril de 2016, en su calidad de director de Clapes, Larraín participó en las audiencias públicas del Tribunal Constitucional donde expuso su rechazo a la mayoría de los cambios impulsados por la Reforma Laboral.

Felipe Larraín

Felipe Larraín

Una de las inversiones que a Larraín le ha acarreado críticas por un posible conflicto de interés es su participación en la Viña Quintay, la que le da derecho a un asiento en el directorio. Bajo su anterior administración de la cartera se impulsó un aumento de impuestos a los licores de más de 41° alcohólicos, lo que excluyó al vino por su baja graduación (quedó con una tasa de 15%, en tanto el tributo para los licores de alta graduación se elevó a 27%).

A mediados del año pasado, nueve de los 12 socios de la viña ubicada en Casablanca, vendieron su 81,6% a los familiares del también accionista Alejandro Weinstein (ex socio de CFR Pharmaceuticals). Larraín y su socio histórico, Hernán Gómez, siguieron en el negocio junto a Weinstein.

Según consigan los registros públicos y sus declaraciones de patrimonio, el futuro ministro de Hacienda posee 13 propiedades avaluadas en $ 966,7 millones, de las cuales una tiene destino habitacional y las demás corresponden a predios agrícolas de su conocido campo en Casablanca y en Río Claro (Región del Maule), donde constituyó dos sociedades controladas por sus hijos.

De acuerdo con los registros del Diario Oficial, Felipe Larraín Bascuñán ha desarrollado casi todos sus negocios con su mujer, la profesora de inglés Francisca Cisternas Lira y sus hijos. Inversiones El Boldal, es el principal vehículo de inversión y fue creada en 1992. A través de esta sociedad el ministro y su familia participan en negocios inmobiliarios y de asesoría en inversiones.

Según la Declaración de Patrimonio que entregó en 2014 al término del primer gobierno de Piñera, a través de El Boldal, Larraín y su esposa participan además en otras cinco sociedades de inversiones.

LAS INHABILITACIONES DE PROKURICA

En la tarea de destrabar inversiones y fomentar el crecimiento económico, Felipe Larraín y José Ramón Valente tendrán que entenderse con dos sectores clave: Minería y Agricultura. El titular de la primera cartera será el hasta ahora senador por Atacama Baldo Prokurica (RN), quien no se presentó a la reelección. Prokurica conoce el sector, no solo porque es una de las actividades económicas más relevantes de su región, sino porque forma parte de la Comisión de Minería y Energía del Senado, instancia que incluso ha presidido.

Dos de las áreas más relevantes para el rubro minero son los eventuales cambios a la normativa sobre derechos de aguas y el impulso a nuevas fuentes de energía. En ambas Prokurica podría enfrentar posibles conflictos de interés.

El futuro ministro ha declarado participación en tres sociedades comerciales, una de inversión (Cavtat Limitada) y las dos restantes agrícolas (Longomilla Limitada y Konavle Limitada). En la primera figura como controlador, con el 90% de la propiedad. En las dos últimas tiene el 25% de los derechos de cada una.

Las declaraciones de intereses y patrimonio que Prokurica ha presentado hasta ahora como legislador (vea la última de ellas) lo obligan a informar si tiene derechos de agua a su nombre o de las entidades que controla. Él ha declarado que no los tiene. Y eso, según la revisión que hizo CIPER, es efectivo. Pero una de las sociedades en las que tiene participación, aunque Prokurica no ejerce su control, sí tiene derechos de aguas. Es la Agrícola Konavle, en la que el senador participa en partes iguales con tres hermanos.

Baldo Prokurica

Baldo Prokurica

Konavle se creó en 1997 y, de acuerdo con el Diario Oficial, como aporte a su constitución se registró la Hacienda Chañaral de Aceituno con “sus correspondientes derechos de aguas”, los que no fueron detallados en ese registro. Además, en marzo de 2016 la Dirección General de Aguas concedió a Konavle el derecho a extraer 2 litros por segundo (l/s) en sus terrenos de Freirina. Asimismo, Konavle ha hecho solicitudes para constituir derechos para extraer 8 l/s y 13 l/s desde dos pozos, también en Freirina.

Consecuente con lo anterior, el senador Prokurica se ha inhabilitado en la tramitación de los cambios a la normativa del Código de Aguas. Esta iniciativa, impulsada por el actual gobierno, ha despertado mucha resistencia entre los empresarios de los rubros minero y agrícola, quienes sostienen que precariza la propiedad sobre derechos ya constituidos. Las bancadas de Chile Vamos han hecho eco de estas críticas y es altamente probable que breguen por hacer cambios sustantivos en el proyecto de ley, cuya resolución quedará en manos del nuevo Congreso que se constituirá en marzo próximo.

A pesar de que su voto podía ser clave para los intereses de su sector, Prokurica se inhabilitó en el debate. En la sesión del pasado 16 de agosto, pidió la palabra al inicio de la discusión: “Aunque aún no votamos acerca de la iniciativa que modifica el marco normativo de las aguas, voy a inhabilitarme, de acuerdo con el artículo 8° del Reglamento del Senado, en virtud de que pertenezco a una sociedad con derechos en ese ámbito”.

A pesar de sus intereses en los derechos de agua, Prokurica presentó en 2009 un proyecto de ley –junto a los senadores Carlos Bianchi y Alberto Espina– para privilegiar y asegurar el consumo humano, en condiciones de escasez hídrica, por sobre el abastecimiento de actividades productivas: “La función social de la propiedad, reconocida en la carta fundamental, también puede limitar u obligar a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas”, se lee en el encabezado de esa moción parlamentaria suscrita por el próximo ministro de Minería.

En las discusiones de proyectos que fomentan nuevas fuentes de energía renovable, que serán clave para el crecimiento del sector minero, Prokurica también enfrenta un conflicto de interés que lo ha llevado a inhabilitarse en el debate. Aunque integraba la Comisión de Minería y Energía, desistió de participar en estos temas, debido a que una de sus sociedades es propietaria de terrenos que se arriendan a tres proyectos de generación de energía eólica.

No obstante, un reportaje de CIPER reveló que, aunque se había inhabilitado en el debate, de todas formas participó en las negociaciones para destrabar el proyecto de ley que impulsó la ampliación de las fuentes de energía no convencionales (vea ese artículo de CIPER), lo que beneficiaba al sector con el que estaba haciendo negocios privados.

Por último, otro flanco que se le puede abrir a Prokurica es que su hermano Nicolás –con quien comparte propiedad en la sociedad agrícola familiar– fue favorecido en julio pasado con una sentencia del Juzgado de Letras de Freirina que constituyó a su favor una concesión de explotación minera en un paño de 36 hectáreas en esa comuna.

LOS DERECHOS DE AGUA DE WALKER

El nombre de Antonio Walker Prieto, futuro ministro de Agricultura, le permite al nuevo gobierno hacer un guiño al sector más conservador de la DC. Antonio es el quinto de los nueve hermanos Walker Prieto, tres de los cuales –Ignacio, Patricio y Matías– son parlamentarios de la falange con amplia trayectoria en cargos partidarios. Pero así como su figura puede abrir puertas hacia el centro político, también puede generar críticas por posibles conflictos de interés.

Walker es un empresario con una trayectoria de más de tres décadas en el rubro de la producción y exportación de frutas. De profesión técnico agrícola, con estudios en California, en 1988 fundó junto a su padre, Ignacio Walker Concha, la Agropecuaria Walker Prieto (Wapri), una de las más relevantes de la zona de Curicó y Talca. Dirigente de la agrupación de exportadores Fedefruta, entidad que ha presidido, una de sus preocupaciones es promover la innovación tecnológica y mejorar el trato laboral.

Fue uno de los fundadores de Frutales Gestión 2000, un grupo de 14 empresas del sector que comparten experiencias de transferencia tecnológica, y de Corporación Pomanova, entidad que tiene una veintena de técnicos que fomentan innovación productiva en los campos. Su empresa Wapri cuenta con departamentos de prevención de riesgos y de asistencia social y bienestar, que promueve el acceso de sus trabajadores a redes de beneficios sociales.

Antonio Walker

Antonio Walker

A diferencia de sus hermanos de la DC, Antonio Walker apoyó a Piñera tanto en 2009 como en la reciente campaña presidencial, pero solo en esta última asumió un rol protagónico, como encargado programático del sector agricultura.

Ya inmerso en el mundo político, varios son los temas clave que Walker deberá abordar en su tarea de empujar el carro del crecimiento económico junto a José Ramón Valente y Felipe Larraín. Uno de los más importantes será el acompañamiento al proceso final de la tramitación legislativa de la reforma al Código de Aguas, en la que también tendrá que coordinar esfuerzos con el futuro ministro Prokurica.

“No queremos especulación, apoyamos que el agua es para consumo humano como primera prioridad y que debemos hacernos cargo del cambio climático, pero nos preocupa que se legisle mal en el Código de Aguas”, declaró Walker, en diciembre pasado, a la revista Grupo Agro. En este punto, Walker ha hecho suyo el rechazo del empresariado a las normas que relativizarían la perpetuidad de los derechos, lo que a juicio del gremio instala un clima de inestabilidad y desincentivaría nuevas inversiones en el rubro.

En el debate sobre el nuevo marco normativo para los derechos de agua, el futuro ministro de Agricultura puede enfrentar un conflicto de interés. Su empresa Wapri aparece en el Diario Oficial solicitando la constitución de derechos en al menos cuatro ocasiones (desde 1990 a 2007) en las comunas de Teno y Río Claro. En total, Wapri, representada por Antonio Walker, ha pedido constituir o regularizar derechos por 279,8 l/s.

Los registros consultables en línea de la Dirección General de Aguas indican que Wapri tiene constituidos tres derechos de aguas por un total de 160,45 l/s. El primero es de septiembre de 2001 en Río Claro, por 116,6 l/s; el segundo de diciembre de 2001 en Teno, por 30 l/s, y el último de abril de 2009 en Río Claro, por 13,85 l/s.

Otro problema pendiente y relevante para el sector es el estatuto laboral de los trabajadores temporeros, también impulsado por el actual gobierno y que tendrá que ser despachado bajo la nueva administración. La mirada que tiene Walker sobre este tema, y que debiese reflejarse en su gestión al mando del ministerio, quedó plasmada en sus recientes declaraciones a la revista Grupo Agro. Allí, Walker sostuvo que el estatuto “duerme en el Congreso, donde se hicieron tantas intervenciones que terminó vulnerando su espíritu. Este era un acuerdo entre trabajadores y empresarios, y nuestra propuesta es volver a presentarlo, pero debe ser un estatuto claro para ambas partes”.

En materia de trato laboral, el pensamiento del próximo ministro de Agricultura quedó retratado tras una reunión de Fedefruta con la entonces ministra del Trabajo, Ximena Rincón, en junio de 2016. Entonces, Walker manifestó el deseo de que las futuras normas establezcan que “no pueda haber una huelga en (época de) cosecha y que la negociación colectiva pueda pactarse en una fecha lejana a los peaks de la temporada”. En esa misma cita, los dirigentes empresariales insistieron en la necesidad de contar con una ley de extranjería más flexible, que permita el ingreso de extranjeros con visas temporales para trabajar en el sector agrícola.