Transmisión eléctrica: La apuesta del gobierno de Piñera que hoy impulsa un ministro socialista

El extenso debate en el hemiciclo del Senado para el sencillo trámite de aprobar o rechazar en general el proyecto que modifica el sistema de transmisión eléctrica del país develó algo que ya se intuía: la iniciativa estrella del ministro socialista Máximo Pacheco no está exenta de controversia. A pesar del optimismo del titular de Energía en lograr apoyo transversal a un proyecto que tendría profundos impactos en todo el sistema eléctrico del país (incluso en generación y distribución), fuera de Santiago ha ido en aumento la sensación de que convertir a las regiones en territorios de uso intensivo de recursos naturales para el crecimiento de la matriz energética (los llamados “polos de desarrollo”), no es más que otro nombre para un concepto con muy mala prensa: las “zonas de sacrificio”.

Las críticas al proyecto original, que incluyen a senadores y representantes de la sociedad civil, indican que la definición de “polos de desarrollo” sería vía decreto del Ministerio de Energía, sin evaluación ambiental estratégica ni participación ciudadana, y con el riesgo de que se superponga a las definiciones regionales de desarrollo. La instauración de estos polos permitiría a la autoridad definir “franjas de interés público”, cuyos estudios preliminares realizaría el Estado, luego de lo cual serían entregadas a las transmisoras para que construyan y cobren a perpetuidad (a los usuarios) por el uso de las líneas y torres.

Estas y otras materias abordó el pleno de la Cámara Alta el miércoles 13 de abril, en un debate que superó las dos horas y con la intervención de 12 senadores. Aunque en esa discusión un grupo apoyó la iniciativa, también recibió duras críticas de varios legisladores. La tensión fue tal, que en varias ocasiones la mesa de la corporación fue conminada a consultar si había acuerdo para cerrar el debate y votar, pero no  se obtuvo la unanimidad reglamentaria para proceder de esa manera. 

Los senadores Juan Pablo Letelier (correligionario del ministro Pacheco), Alejandro Guillier (independiente e integrante de la Comisión de Minería y Energía, donde está radicada hoy la iniciativa), Antonio Horvath (Somos Aysén) y Lily Pérez (Amplitud), cuestionaron duramente los alcances del proyecto. Particularmente, por considerar que mantiene el modelo pro mercado del sistema actual, agregando la legalización de una visión extractivista hacia las regiones.

Los “polos de desarrollo” vistos como zonas de sacrificio, la resistencia a impulsar las energías renovables no convencionales (ERNC), la entrega a perpetuidad de franjas de interés público para uso y usufructo de las empresas eléctricas y el poder que se entregaría a Santiago para intervenir en ámbitos fundamentales del desarrollo regional, fueron algunos de los temas más controversiales.Pero no fueron los únicos. También está el riesgo político de aparecer apoyando una iniciativa con contenidos muy similares a una del gobierno de Sebastián Piñera, ya rechazada por la ex Concertación, hoy Nueva Mayoría.  La pregunta que algunos se hacen es ¿de qué sirve agregar al Partido Comunista, la Izquierda Ciudadana, el MAS y llamarse Nueva Mayoría, si en materia de desarrollo se profundiza el modelo en aspectos tan fundamentales como el de la energía? Una duda oportuna en épocas preelectorales.

CARRETERA ELÉCTRICA 2.0

En septiembre de 2012, producto de las movilizaciones contra la construcción de represas en la Patagonia, el gobierno de Sebastián Piñera ingresó al Senado el llamado proyecto de Carretera Eléctrica. La iniciativa fue calificada en esa época como “Ley HidroAysén”, al apuntar al talón de Aquiles de la sociedad de Endesa y Colbún para el uso masivo de los recursos hídricos de la zona austral con fines eléctricos: la línea de transmisión.

Fue la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta la encargada de iniciar su tramitación, en ese período bajo la presidencia de la senadora Isabel Allende (PS). Luego de un extenso debate, que contó con unos 27 expositores provenientes del mundo privado y  académico, además de ONGs y pueblos indígenas, la propuesta no logró el consenso necesario y quedó paralizada. Y así se mantiene desde marzo de 2013. En el fondo, no había agua en la piscina para avanzar en esa propuesta legal.

Pasaron poco más de dos años y un cambio de gobierno para que aspectos fundamentales contemplados en la frustrada Carretera Eléctrica reaparecieran, esta vez al alero de la Ley de Transmisión. Su impulsor, el ministro Máximo Pacheco, quien ha dicho que su principal énfasis, con la mirada puesta en Aysén, son las energías renovables sin el apellido de “no convencionales”. En el fondo, represas en las cuencas del centro y sur del país, incluidas las de la Patagonia, y pasando por Bío Bío, donde ya el Estado causó estragos sociales, culturales y productivos, con la construcción de las represas Pangue y Ralco.

La discusión de esta Ley de Transmisión no ha estado exenta de controversias.

El 16 de marzo de este año, en el seno de la Comisión de Minería y Energía, el consultor de Valgesta, Ramón Galaz afirmó que “la Carretera Eléctrica no hablaba de polos de desarrollo, sino de líneas de consumo y líneas de producción”. Esto, para controvertir lo que la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, había señalado: los polos de desarrollo ya estuvieron contemplados en la discusión previa. En la época en que se tramitaba la Carretera Eléctrica, Larraín asesoraba a José Antonio Gómez (PRSD), mientras Galaz hacía lo propio con el hoy desaforado senador Jaime Orpis (UDI).

Mirando el vaso medio lleno, Galaz tiene razón. Pero pensando en uno medio vacío, no. Porque aunque en el proyecto de la Carretera Eléctrica no estaban los “polos de desarrollo”, el gobierno los tenía (con ese nombre o con el de “polos de generación”) como aspecto fundamental de su propuesta. Así lo consigna la presentación del ministro de Energía del 10 de septiembre de 2012, donde se mencionan los alcances de la iniciativa: “La planificación troncal verá ‘ramales’ para conexión de polos de desarrollo. Los ramales son considerados troncales”, agregando dentro de los beneficios de la Carretera Eléctrica una “mayor diversificación e independencia de nuestra matriz energética, ya que se facilitará la conexión e inyección al sistema desde los polos energéticos, como por ejemplo centrales generadoras de energías renovables”. El mismo argumento al que hoy recurre Pacheco.

Esto es refrendado en el borrador de un protocolo de acuerdo negociado en febrero de 2013 entre el gobierno de Piñera y algunos parlamentarios, que nunca se llegó suscribir: “Fomento a los polos de desarrollo: se analizarán mecanismos que permitan fomentar el desarrollo de polos de generación que aprovechen la utilización de recursos naturales renovables existentes en el país para la producción de energía eléctrica a través del mejoramiento de los actuales procesos de expansión”. El documento no llegó a puerto al no contar con el acuerdo de legisladores clave de la Nueva Mayoría.

Otra de las similitudes que comparten ambos proyectos es la participación del Estado en el establecimiento centralizado de franjas para servidumbre por  causa de “interés” o “utilidad” pública, para luego traspasar dichos terrenos al sector privado. Además, en ambos se plantea que la holgura por no uso de las líneas (capacidad ociosa) sea cancelada por los consumidores: en el proyecto de Piñera un 75% (por 20 años) y en el de Bachelet, un 100% (28 años). Y, por último, las dos iniciativas establecían un método fast-track para la entrega de las concesiones eléctricas a las empresas que procederían a construir la transmisión.

La propuesta de Carretera Eléctrica fue ampliamente discutida. Tanto así, que pasados seis meses desde su ingreso, ni siquiera alcanzó a votarse la idea de legislar en el pleno del Senado. En cambio, el proyecto de Máximo Pacheco, en un plazo muy similar, ya ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y cuenta con el visto bueno en general del hemiciclo de la Cámara Alta.

Es que a pesar de las similitudes, el tratamiento para ambos cuerpos legales ha sido muy distinto.

Entre los 27 expositores convocados para dar su opinión sobre el proyecto de Piñera hubo múltiples representantes de la industria, pero también de pueblos indígenas, de organismos de derechos humanos y de regiones. En el caso del proyecto de Bachelet, de los 19 que fueron escuchados, 13 provienen del sector privado, dos a la academia (y proclives a la iniciativa) y solo tres a la sociedad civil. De pueblos indígenas, ninguno. De regiones, algo similar [1].

La ausencia de expositores extra empresariales y de regiones es un dato no menor. La participación ciudadana, y particularmente de los pueblos indígenas, es un tema sensible para quien el 6 de abril de este año volvió a asumir, en reemplazo del legislador Alejandro García-Huidobro (UDI), la presidencia de la comisión: la senadora Isabel Allende.

“Hay instituciones ligadas a los pueblos originarios que deben ser escuchadas en relación con el Convenio Nº 169 de la OIT, así como expertos constitucionalistas cuya opinión debe ser analizada”, dijo la parlamentaria sobre la Carretera Eléctrica en 2012, según consigna el informe de la comisión.

Por aquellos días, la hoy presidenta del PS tenía varias dudas más sobre el proyecto.El documento oficial de las sesiones de esos años reseña que la parlamentaria “advirtió que el proyecto no muestra con total claridad la forma en que promoverá las ERNC” y “destacó que su diseño no es compatible con las ERNC. Por lo mismo, agregó, la cuestión central es determinar si efectivamente el proyecto permitirá el ingreso de este tipo de energías al sistema actual. Por otra parte, también requirió antecedentes acerca de la experiencia existente en materia de consultas a las comunidades indígenas”.

Si ambos proyectos de transmisión comparten semejanzas fundamentales, sobre las cuales los senadores ya plantearon dudas hace tres años, lo lógico sería que se insista en mejorar tales aspectos en la nueva propuesta. Sin embargo, en la tramitación actual eso no ha sido necesariamente así.

El 28 de abril venció el plazo para presentar indicaciones, luego de lo cual se comenzaría a votar la modificación a lo aprobado por la Cámara de Diputados.  Sin embargo, en la sesión de este miércoles 4 de mayo prácticamente todas las propuestas que apuntaban a morigerar el modelo eléctrico mercantil pro uso intensivo de recursos naturales y que fueron presentadas por legisladores que no participan en la comisión, se declararon inadmisibles a proposición de la secretaría ejecutiva. No así las que formaban parte del acuerdo al que llegaron sus integrantes con el Ejecutivo.  Las principales víctimas: las indicaciones de los senadores Antonio Horvath (Somos Aysén), Guido Girardi (PPD), Rabindranath Quinteros (PS), Alfonso de Urresti (PS), Carlos Bianchi (independiente), Lily Pérez (Amplitud), Adriana Muñoz (PPD) y Jacqueline van Rysselberghe (UDI).

El uso extremo de la figura “fuera de las ideas matrices del proyecto” (que, en el fondo, es un argumento de corte más político) y el no patrocinio por parte del gobierno, permitió tal resolución gracias a la unanimidad de Allende, Alejandro Guillier (independiente), Jorge Pizarro (DC), Manuel José Ossandón (RN) y Alejandro García Huidobro (UDI), sin el necesario y fundamental debate al respecto. Incluso hubo casos en que fueron declaradas inadmisibles indicaciones muy similares a algunas que sí aprobó la Comisión de Minería y Energía de la Cámara.  En concreto, si no tenía la venia del Ejecutivo, no era siquiera conversable.

Como informara un artículo en Ciper de principios de este año, al abordar la nueva Ley de Transmisión los diputados de la Comisión de Minería y Energía hicieron profundos cambios a la iniciativa, como por ejemplo que un 70 % de la energía generada en los “polos de desarrollo” proviniera de fuentes de  ERNC, con un 30 % de energía renovable. Este último porcentaje se refiere a grandes hidroeléctricas, ya que son las únicas que no califican como ERNC -aunque sí como energías renovables- cuando superan los 20MW. La paradoja es que durante la tramitación de la Carretera Eléctrica de Piñera, entre los requerimientos de los senadores se exigía expresamente el fomento de las ERNC.  También en dicha instancia se aprobó que la figura de “polos de desarrollo” se sometiera a amplia participación ciudadana con evaluación ambiental estratégica.

Sin embargo, por gestiones del ministro de Energía, todas estas modificaciones fueron revertidas en la Comisión de Hacienda (en algunos casos incluso con la firma de Michelle Bachelet) y respaldadas el 19 enero por el pleno de la Cámara Baja. Los polos quedaron con un piso de 20 % de ERNC y sin evaluación ambiental estratégica.

Dicha sesión, donde los diputados aprobaron la Ley de Transmisión, develó un tema político de fondo: la rebaja de las ERNC en los “polos de desarrollo” y que no se sometan a evaluación ambiental estratégica se logró con una mayoría de votos de la derecha y algunos respaldos de la Nueva Mayoría.

Este escenario no pasó inadvertido para los senadores: “Consulto al ministro sobre su voluntad real de mejorar este proyecto y no de imponerlo, ya que no me parece correcto que se haya generado el tipo de votación que hubo en la Cámara” advirtió Juan Pablo Letelier (PS) al  ministro Pacheco en la sesión del miércoles 13 de abril. En la vereda opuesta, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), coincidiendo con sus colegas de Chile Vamos al dar sus argumentos, expresó: “Soy partidario de este gobierno solo en lo que a energía se refiere, en todo lo otro creo que lo hace muy mal”.

Intereses cruzados

La integración de la Comisión de Minería y Energía del Senado, donde se reinició el debate en detalle del articulado, no está exenta de situaciones complejas en estos días en que se reclama al mundo político mayor transparencia y probidad. Más aún en la tramitación de una iniciativa que el senador Jorge Pizarro (DC) calificó en la sala como “uno de los proyectos más importantes para el desarrollo del país”. En el caso del propio legislador por Coquimbo, mantiene lazos familiares con el ministro Máximo Pacheco, principal impulsor de esta ley. Sus hijos Jorge y Sebastián Pizarro Cristi están casados con Paula y Catalina Pacheco Flanagan, respectivamente. Es decir, el senador DC y el ministro PS son consuegros.

No es ese el único dato que enreda el desempeño de dicho espacio de discusión legislativa. Aunque participó en toda la discusión previa del proyecto, el senador Baldo Prokurica (RN) se inhabilitó tanto en las votaciones de la comisión como del pleno, cuando se aprobó la idea de legislar. El motivo: el artículo 8º del reglamento del Senado que estipula: “No podrán los senadores promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos, sus ascendientes, sus descendientes, su cónyuge, sus colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, ambos inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellos, o las personas mencionadas, tengan en el asunto”.

La duda que persiste es por qué el senador por Atacama no liberó su cupo en todo el debate previo, para que pudiera ser ocupado por otro legislador que efectivamente votara en una materia de tanta relevancia. Tanto así, que la comisión la está analizando casi en exclusiva. Haciéndose cargo de esto, el miércoles 4 de mayo fue reemplazado en la sesión de comisión por su correligionario Manuel José Ossandón.

Son estas algunas de las preguntas pendientes en un proyecto que cambiará la cara al desarrollo energético de Chile. Del Congreso depende que la iniciativa termine en un proceso renovador o, al contrario, en una larga y honda cicatriz que profundizará el modelo extractivista y pro mercado a ultranza por el que ha apostado Chile por ya demasiado tiempo [2].

Notas:

[1] El autor de este artículo, en calidad de presidente de la Corporación  Privada para el Desarrollo de Aysén, solicitó infructuosamente exponer una mirada extra metropolitana sobre la iniciativa. La premura en la tramitación y la imposibilidad de concordar una fecha que coincidiera con alguna visita a Santiago o Valparaíso (el viaje es de costo personal), hizo imposible esta posibilidad. Ejemplo de las dificultades (que se transforman en trabas) para que quienes son de regiones den su visión sobre los proyectos de ley que les afectan. 

[2] Este artículo se elabora basado en la gestión de seguimiento legislativo que el autor realiza a la Ley de Transmisión en conjunto con la organización Chile Sustentable.