“The Panama Papers”: La agente chilena de Mossack Fonseca que operaba en Las Vegas

Jueves 11 de septiembre de 2014. Son las 08:41 y la chilena Patricia Amunátegui Ossa está sentada en un banquillo de la Corte Distrital de Nevada (Estados Unidos), esperando ser interrogada por Dennis H. Hranitzky. El abogado Hranitzky representa a NML Capital, uno de los llamados “fondos buitres” que entabló un juicio contra la República de Argentina, país al que le reclama el pago de US$1.700 millones.

Amunátegui, quien lleva más de 15 años radicada en Estados Unidos, está nerviosa y opta por responder a las preguntas del abogado Hranitzky apoyándose en una intérprete español-inglés. En el juicio, en el que comparece en calidad de testigo, se intenta probar que MF Corporate –empresa de Nevada donde ella es la única empleada– es una sucursal del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (Mossfon), fundado en 1977 por los abogados Jurgen Mossack y Ramón Fonseca.

Lázaro Báez (Fuente: La Nación, Argentina)

Desde ese día hasta el 16 de marzo de 2015, cuando el juez de Nevada Cam Ferembach dicte sentencia, ejecutivos del bufete panameño harán lo imposible por borrar todo rastro que los vincule con la oficina que maneja Patricia Amunátegui. De esa operación, de la que el tribunal estadounidense nunca se enteró, dan cuenta una serie de correos que encontró CIPER y La Nación (Argentina) entre los 11,5 millones de registros de Mossfon que el Consorcio International de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) compartió con más de cien medios asociados.

Poderosas razones había para que Mossack Fonseca quisiera enterrar en ese momento todo vínculo con MF Corporate y con Amunátegui.

MF Corporate, empresa cuyo único rostro en Nevada es Patricia Amunátegui, quedó bajo la lupa de la justicia estadounidense tras revelarse que a través de esa oficina se gestionaron 123 sociedades offshore cuya propiedad es atribuida al empresario kirchnerista Lázaro Báez, protagonista del caso “La ruta de los dineros K”. Báez, que bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se adjudicó millonarios contratos de obras públicas con el Estado, comenzó a ser investigado en 2013 por el fiscal argentino José María Campagnoli bajo sospecha de haber utilizado esas sociedades para lavar US$ 65 millones.

Pocos días después que Patricia Amunátegui compareciera ante la Corte de Nevada, el ingeniero de sistemas de Mossack Fonseca, Luis Martínez, la contactó vía Skype. Martínez dejó rastro de esa conversación en un correo electrónico enviado el 17 de septiembre a varios ejecutivos del bufete en Panamá:

“Me preocupa mucho la Señora Patricia. Se le olvidan las cosas y se pone muy nerviosa, creo que con esta situación podemos quedar fácilmente en evidencia de que estamos ocultando algo (…) No se acordaba del password que ella misma actualizó del usuario espejo y tenía más de tres meses de no utilizarlo. Le ayudamos con esto y se le dio instrucciones de utilizar palabras o nombres que ella pueda recordar con facilidad (…) Debe tener mucho cuidado de dejar evidencia física de lo que imprime”, comunicó Martínez.

El comportamiento de Amunátegui encendió las alarmas en los cuarteles generales de Mossack Fonseca. Los esfuerzos que a partir de entonces desplegó el bufete para borrar las huellas que conectaban sus oficinas en Ciudad de Panamá con la de Nevada, tomaron el cariz de una operación de espías de la Guerra Fría.

DE SANTIAGO A LAS VEGAS

“No estoy segura. No me acuerdo. No me fijé”. Son las frases que más se repiten en la declaración judicial que prestó durante seis horas Patricia Amunátegui ese 11 de septiembre de 2014.

Amunátegui nació en Santiago y tiene 60 años. Casi un cuarto de ese tiempo lo ha vivido en Estados Unidos, primero en San Francisco (California), luego en Las Vegas (Nevada). En su declaración señaló que hizo estudios de secretariado en Chile y que trabajó un tiempo como secretaria de la vicepresidencia del Banco Santander. También mencionó su paso como empleada en una radioemisora, en una compañía de seguros y un emprendimiento que realizó a mediados de la década de los ’90 en Chile.

El 31 de marzo de 1994, Amunátegui creó en una notaría de Santiago la compañía Sun Industries Chile (nombre de fantasía Electric Beach),ensociedad con una empresa domiciliada en Uruguay: Iraway Sociedad Anónima. El capital inicial fue de $6 millones y el objeto de la sociedad: “La explotación de centros estéticos y de salud, balnearios u otros similares de esparcimiento, principalmente mediante el uso de máquinas ecológicas computarizadas”.  

Patricia Amunátegui

Un año antes, Amunátegui había importado desde California varias camas de bronceado por un total de US$7.600, las que sirvieron de base para un negocio que ella misma catalogó en su declaración ante la corte de “divertido” y de “el primero en su tipo (en Chile)”.

Desde 2002 Electric Beach figura con término de giro, según los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII). Para entonces, Patricia Amunátegui –que en junio de 2001 obtuvo pasaporte estadounidense– ya llevaba algunos años radicada en Estados Unidos y dividía su tiempo entre el trabajo y los estudios.

Gran parte del día lo dedicaba a sus labores en el casino Bally’s de Las Vegas, el mismo donde se grabaron escenas para las películas “Rocky IV”, protagonizada por Sylvester Stallone, y “Adiós a Las Vegas”, en la que Nicolas Cage interpreta a un alcohólico.

Si bien en su declaración no dio detalles de la labor que realizó en el Bally’s, un artículo de la revista norteamericana Vice, precisó que su rol era el de mesera de cócteles. En base a la información publicada por Amunátegui en su cuenta de Facebook, el mismo artículo se refiere a su gusto por el trekking, el yoga y su admiración por el Dalai Lama y Augusto Pinochet. Una de las páginas que sigue Amunátegui de la misma red social –“Chile Libre”– reivindica el rol de militares condenados por crímenes durante la dictadura, entre ellos, el del ex agente de la CNI Álvaro Corbalán.

A fines de los ’90 Amunátegui tomó un curso de asistente legal en la Universidad de Nevada (UNLV). Según su declaración en la corte, poco después ingresó a MF Corporate Services, aunque sin dejar de trabajar en el casino. Ante el tribunal de Nevada aseguró que nunca buscó un segundo empleo y que fueron personas de MF Corporate la que la contactaron.

“Pensé que era una buena oportunidad y dije que sí”, precisó Amunátegui que, a lo largo de todo el interrogatorio, insistió en limitar la relación de MF Corporate Services y Mossack Fonseca a un vínculo entre proveedor y cliente.

ÚNICA EMPLEADA

Terminada la indagación sobre la vida laboral de Amunátegui, el abogado representante de NML Corporate, Dennis H. Hranitzky, tomó un documento y se lo pasó.

-¿Reconoce ese documento como su contrato de empleo con MF Corporate Services Nevada? –le preguntó.
–Sí. Quiero estar segura, sí –respondió Amunátegui.

–¿Puedo pedirle que mire la última página?¿Reconoce su firma?
–Sí.

Jürgen Mossack y Ramón Fonseca

-¿Y reconoce la firma del señor Mossack y del señor Fonseca?
-Nunca vi su firma antes, asumo que sí.

El abogado de NML inquirió si antes de firmar su contrato se había reunido con los propietarios del bufete panameño. Amunátegui respondió que no, que solo los conoció tiempo después cuando viajó a Panamá para asistir a un seminario de ventas en el que debió promocionar a Nevada como jurisdicción offshore para hacer negocios. Luego los vería tres veces más, siempre en el contexto de este tipo de reuniones, según dijo.

Hranitzky siguió tratando de vincular a la oficina de Amunátegui en Nevada con las de Mossack Fonseca en Panamá:

–Tienen bonitas playas en Panamá –le dijo el abogado para distender el ambiente.
–Muy…Yo soy una persona playera, entonces…–contestó Amunátegui.

El paréntesis duró poco y el abogado interrumpió:

–¿Sabe usted si los señores Mossack o Fonseca han tenido alguna posición en MF Corporate Services?
-No, nunca pregunté.

Amunátegui era imprecisa y errática en sus respuestas. En reiteradas oportunidades el abogado tuvo que volver a preguntarle si lo que decía debía tomarlo como un no o como un sí. “Soy la única administradora y empleada de MF Corporate Service”, precisó luego, agregando que su rol era la de secretaria asistente de la dirección y que también se había desempeñado como vicepresidenta de la empresa. “No me gusta ser vicepresidenta de nada, así que solo lo hice por un periodo corto”, puntualizó.

-¿Entonces MF Nevada no tiene más empleados que usted?
-No –dijo la chilena.

El abogado le preguntó quién era la presidenta de MF Corporate. Amunátegui respondió: Imogene Wilson. Se trata de la misma ejecutiva panameña de Mossack Fonseca que tiene el rol de directora en más de 420 sociedades offshore creadas por el bufete en más de una docena de jurisdicciones. De hecho, Wilson es directora de la sociedad panameña Sierra Leona, cuyo beneficiario final es el empresario y ex timonel de la CPC, Alfredo Ovalle Rodríguez (ver reportaje).

Parte del trabajo de Patricia Amunátegui consistía en crear y mantener sociedades offshore listas para ser adquiridas por sus clientes. Si bien Amunátegui insistió en que MF era solo un proveedor de Mossack Fonseca, luego tuvo que reconocer que la compañía no tenía más clientes que la firma de abogados panameña.

TRAS LOS PASOS DE ALDYNE

El abogado Hranitzky también preguntó a Amunátegui si tenía otro rol en MF Corporate, a lo que la chilena respondió que había sido asignada como secretaria asistente para “otras corporaciones”, a objeto de “acelerar el proceso de incorporación o de legalización” de sociedades.

Amunátegui reconoció haber actuado como secretaria de Aldyne Ltd., sociedad domiciliada en Seychelles y cuyo agente registrado es Mossack Fonseca. Aldyne es la corporación de papel ligada a 123 sociedades atribuidas por el fondo NML al empresario kirchnerista Lázaro Báez y con las que se habrían hecho operaciones para lavar dinero. Desde 2003, año en que Néstor Kirchner asumió el poder, Báez, originario de Santa Cruz, facturó cerca de US$870 millones por contratos de obras públicas para el Estado. A Lázaro Báez se le ha acusado de ser el testaferro de la familia Kirchner, y de haber tejido a través de palos blancos una telaraña de sociedades para blanquear capitales.

“En el pasado firmé documentos para Aldyne (…) Pero en el pasado, no los he vuelto a firmar”, insistió Amunátegui cuando Hranitzky le preguntó por la compañía.

-¿Es MF Nevada la agente registrada de las 123 compañías de las que el fondo NML reclama información?–preguntó Hranitzky.

-No estoy segura de si somos nosotros todavía el agente registrado de todas ellas.

Amunátegui explicó que lo que hacía Aldyne era prestar servicios de “director nominal” para muchas sociedades. Y que ella, en calidad de directora o secretaria de Aldyne, firmaba documentos para esas mismas sociedades, los que podía legalizar rápidamente en Nevada.

Agregó que hacía tiempo, tres o cuatro años antes de su declaración (septiembre de 2014), había dejado de ser la secretaria asistente de Aldyne por recomendación de sus abogados, en vista de la inminente entrada en vigencia de nuevas regulaciones. Se refería a la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), política del gobierno estadounidense para reducir la evasión fiscal de ciudadanos norteamericanos con dineros depositados en el exterior.

Correos electrónicos incluidos en los millones de archivos filtrados de Mossack Fonseca dan cuenta de que la versión entregada por Amunátegui en la Corte de Nevada no era completa ni reflejaba la compleja situación que se vivía en el bufete panameño.

En un email del 10 de septiembre de 2013, solo un año antes de la declaración de la testigo chilena ante la Corte de Nevada, una ejecutiva de Mossack Fonseca instruyó “procesar la renuncia de la Sra. Patricia en la sociedad Aldyne Ltd. (…) La fecha de la renuncia sería el 5 de junio del 2013 (tres meses antes del envío del correo), que fue la fecha en que Damiani notificó lo de la noticia”. En el correo se adjuntó un linkal diario La Nación de Argentina con artículos sobre las sociedades de Lázaro Báez.

El hombre de la “noticia” es el abogado uruguayo Juan Pedro Damiani, quien no es un desconocido en esta historia. En 2014 fue vinculado por el periódico argentino Clarín con operaciones que habrían favorecido a Lázaro Báez y en las que se habrían utilizado sociedades pantalla para mover millones de dólares a una cuenta en Liechtenstein. Según el artículo, la creación de parte de las empresas fantasma vinculadas a Báez  -y que están bajo la administración de Aldyne– había sido solicitada por el estudio jurídico de Damiani. Esa versión fue desmentida en ese momento por el abogado uruguayo, pero los correos de Mossack Fonseca indican que tuvo un rol.

Juan Pedro Damiani

Lo que Damiani notificó a los ejecutivos de Mossack Fonseca el 5 de junio de 2013, fue que la sociedad Aldyne ya estaba en el radar de algunos medios transandinos que la involucraban como parte del complejo esquema a través del que Lázaro Báez habría hecho sus negocios.

Ese mismo 11 de septiembre de 2013, la abogada de Mossack Fonseca, Sara Montenegro, sugirió vía correo electrónico a otros ejecutivos de la compañía: “Lo mejor es que (Patricia Amunátegui) no firme nada más a nombre de la sociedad, hasta que este tema haya pasado (…) Nunca sabemos por dónde saltará la liebre”.

J.P. Damiani & Asociados ha sido un histórico cliente de Mossack Fonseca. El pasado domingo 3 de abril, el dueño de la firma, el uruguayo Juan Pedro Damiani, se convirtió en un protagonista de las nuevas revelaciones que emanaron de los “Papeles de Panamá” sobre el escándalo de las coimas de la FIFA y debió dejar su cargo en el Comité Independiente de Ética del organismo. Damiani fue el intermediario para la creación de sociedades offshore del ex vicepresidente del ente rector del fútbol mundial, Eugenio Figueredo, acusado de fraude y lavado de dinero. Hizo lo mismo para Hugo y Mariano Jinkins, acusados de pagar millones de dólares en sobornos para adjudicarse los derechos de transmisión de campeonatos de la FIFA en Latinoamérica (ver reportaje).

EL PUENTE CON CHILE

En los más de 11 millones de archivos filtrados de Mossack Fonseca, aparece una quincena de sociedades registradas en Nevada y vinculadas a Chile. En la constitución de la mayoría de ellas, Patricia Amunátegui tuvo un rol clave.

En el Decreto Supremo N° 628 del Ministerio de Hacienda que lista los países o territorios considerados paraísos fiscales o regímenes preferenciales nocivos, el estado de Nevada no aparece. Pero basta citar un párrafo de la entrevista que dio a El Mercurio  el 10 de abril pasado el ex director del SII, Ricardo Escobar, para confirmar que Nevada –producto del férreo secreto financiero que ofrece– es cada vez más atractivo para las grandes fortunas: “Hoy, el mejor paraíso fiscal de la Tierra está en Nevada, Estados Unidos”, dijo Escobar.

Entre las sociedades vinculadas a Chile y que fueron registradas en Nevada por la oficina que administra Amunátegui, figuran al menos siete relacionadas con personas que tienen inversiones en la industria de los casinos. La mayoría han sido o son accionistas del Casino de Talca.

Los hermanos Luis y Lientur Fuentealba Meier, controladoresdel Casino de Talca a través de la Corporación Meier SAC, han constituido entre 2002 y 2010 cinco sociedades en Nevada: Bluefield Management LLC, Lyon Investment Group LLC, Ivory Holding Services, Drywood Ventures y Lynton Trading Ltd.   

Según los registros de Mossack Fonseca, la entidad que administra a Lynton Trading Ltd es Aldyne, la misma sociedad bajo cuyo paraguas Mossack Fonseca administra las 123 empresas atribuidas a Lázaro Báez.

Otra de las sociedades vinculadas al Casino de Talca y que fue registrada a través de la oficina de Patricia Amunátegui en Nevada, es Gamex LLC (hoy inactiva según los registros de Mossfon). Sus titulares eran los estadounidenses Daniel Wisecarver Duell y Joe Luis López. Wisecarver controla el 35,8% del Casino de Talca según los estados financieros de 2015. Joe López mantuvo el 20,1% de la propiedad del casino hasta 2014, año en que vendió su parte a la Corporación Meier SAC controlada por los hermanos Fuentealba. Gamex LLC se abrió a través de las oficinas de Mossack Fonseca en Ecuador y fue incorporada en Nevada el 25 de agosto de 2009.

Lientur Fuentealba respondió a CIPER: “Puedo asegurarle que todas las sociedades que alguna vez tuvieron giro efectivo se sometieron plenamente a la legalidad. Abandoné hace muchos años ese proyecto de negocios y no tengo capitales fuera de Chile que pudiera repatriar”.

Studio 3521 LLC es otra de las compañías creadas por Mossack Fonseca. Su beneficiario es el austríaco Charles Hiten, quien hasta diciembre de 2014 fue director del Casino Monticello, ubicado en San Francisco de Mostazal. Mena y Guijón Abogados fue el estudio jurídico chileno que gestionó la apertura de esa sociedad con la oficina de Mossfon en Nevada, administrada por Amunátegui.

Los trámites para abrir esta sociedad – registrada el 25 de enero de 2013- se iniciaron el 12 de noviembre de 2012, día en que el abogado Xavier Guijón escribió a los ejecutivos de Mossack Fonseca: “Se constituirá una sociedad fuera de Chile (…) Nevada parece especialmente adecuada, pues los servicios serían en el mercado de los casinos de juego. La sociedad tendrá en principio un aporte de capital de unos US$300.000”.

En 2015, Hiten se radicó en Florida, Estados Unidos, tras ser nombrado director de una transnacional especialista en juegos de azar. Durante su estadía en Chile, Hiten creó junto a su esposa una segunda compañía registrada por Mossack Fonseca: H. Investment Trust, con domicilio en Islas Vírgenes Británicas. En varios de los archivos filtrados se menciona que esta sociedad es propietaria de la empresa chilena H. Investment SpA, constituida por un abogado de Mena y Guijón en marzo de 2013 con un capital de $148 millones.

Hiten no respondió a la carta enviada por CIPER.

TRANSPORTES, AGRICULTURA Y ENERGÍA

En julio de 2015, Amunátegui incorporó en los registros de Nevada la sociedad Balmark Group Ltd. Según los papeles de Mossack Fonseca el beneficiario de la sociedad es el empresario Mario Galdames Yáñez, con inversiones inmobiliarias y en transporte.

Galdames figura como el administrador de esta sociedad. Como único accionista de Balmark aparece Inversiones Magma Limitada, creada el 10 de diciembre de 2012. En los registros de Mossfon se señala que Magma tiene domicilio en San Ignacio 068, Quilicura (Santiago), misma ubicación que registra la empresa Logística Inversol Limitada, creada en 1999 y dedicada al transporte de carga. Los socios de Inversol son Galdames y su esposa, quienes la administran a través de Inversiones SN2 y de la propia Magma. La misma sociedad Inversiones Magma es el vehículo a través del que Galdames controla la Sociedad de Transportes Solmar y Transportes LI.

En los papeles de Mossfon no queda claro cómo Galdames gestionó su sociedad offshore en Nevada. De lo que sí hay registro es que con apoyo del representante en Chile de Mossack Fonseca, Juan Cristóbal Recart, Galdames solicitó la incorporación de otras dos sociedades en la isla caribeña de Anguila y en Wyoming (Estados Unidos): Westbrook Assets S.A. y Silver Sky LLC. En el formulario de solicitud de incorporación enviado al bufete panameño para proceder con el trámite, Galdames escribió que Westbrook se dedicaría a realizar inversiones en Chile y que el valor de sus activos estaría entre los US$250 mil y US$ 1 millón. Entre los directores de esta compañía aparece Galdames y el propio Juan Cristóbal Recart. Y como único accionista, la sociedad SN2 limitada.

Juan Cristóbal Recart (Fuente: Alba Management).

Los registros no permiten saber si esas dos sociedades fueron incorporadas a las jurisdicciones de Anguila y Wyoming. Galdames no devolvió llamados ni el correo electrónico enviado por CIPER.

The Ingelec Group LLC, es otra sociedad registrada por Mossack Fonseca en Nevada con un pie en Chile. En los registros aparece como su representante la cuestionada sociedad Aldyne. Ingelec fue creada el 2 de octubre de 2006 y es una empresa de capitales bolivianos representada por Raúl Quiroga Urquidi y René Fernández Weisser.

En abril de 2008, The Ingelec Group, cuya actividad está concentrada en el sector energético, constituyó Ingelec Chile con un capital de $100 millones.Ingeleces también propietaria de Inprolec, empresa que posee el 25% de la central termoeléctrica de Los Guindos, en la Región de Bío Bío (vendió el 75% de su participación este año a una filial de General Electric).

CIPER conversó con uno de los socios de la compañía, René Fernández, quien señaló que la sociedad de Nevada se creó con el fin de “aglutinar las acciones de la empresa” cuando ésta comenzó a expandirse en Latinoamérica. Aseguró también que The Ingelec Group LLC no tiene cuentas bancarias, ni ha hecho operaciones financieras.

MF Corporate y Amunátegui también fueron el agente registrado de Overlea Enterprises Limited, constituida en Nevada en junio de 2012 y cuyo objeto es la explotación agroindustrial. Su administrador es otra sociedad con domicilio en Anguila: Forbest LTD. Asociado a Overlea aparece el nombre del ingeniero agrónomo Nicolás González Larraín, uno de los más importantes empresarios agrícolas de la zona central. A través de su sociedad familiar Inversiones Santa Regina, controla sus propiedades y negocios más importantes: Frucentro, Frutícola Punitaqui, Agrícola La Vega y Los Huertos de Chocalán. También participa de la Agrícola El Pabellón.

Cinco meses antes de crear su sociedad en Nevada -a través de Mossack Fonseca- las principales inversiones de González Larraín experimentaron una modificación. En febrero de 2012 él y su esposa cedieron la “nuda propiedad” de Santa Regina (conservando el usufructo vitalicio) a Inversiones Talimay, sociedad de su hijo José Manuel. Los registros del bufete panameño indican que Overlea Enterprises se encuentra inactiva desde julio de 2014. CIPER contactó al empresario por correo electrónico y no obtuvo respuesta.

Otras dos empresas vinculadas a Chile registradas en Nevada son OTT International LLC y Brandideas International LLC. La primera fue creada el 20 de agosto de 2012, y entre sus beneficiarios figuran los empresarios Emilio Martinic García y Nancy Venegas Aguillón. La segunda quedó registrada en Nevada con fecha 7 de noviembre de 2014 y su beneficiaria es Venegas Aguillón. Vinculado a OTT International aparece también el propietario del canal de cable Vía X, Luis Venegas Almendras.

Luis Venegas señaló a CIPER que aquellas sociedades se encuentran inactivas y que fueron creadas para concretar un proyecto de contenidos digitales en varios países de Latinoamérica que no se ha llevado a cabo. “Las sociedades no han sido utilizadas y no son poseedoras de cuentas corrientes”, afirmó.

Una última sociedad es Ryefield Properties LLC, administrada por otra de las “sociedades paraguas” de Mossack Fonseca en Nevada: Plascot Limited. Al igual que en Aldyne, en Plascot la chilena Amunátegui también actuaba como secretaria. Ryefield fue inscrita el 2 de junio de 2011 y gestionada por Mossack Fonseca Chile. Como beneficiaria de Ryefield aparece Inversiones El Indalo Limitada y los poderes para actuar en nombre de la sociedad están manos de los chilenos: Yael Luft Parada, Ximena Inés Parada Gómez y Michael Luft Sinclaire (falleció en 2014).

Según el Diario Oficial, El Indalo, sociedad familiar de los Luft Parada, se creó en noviembre de 2008 y sus inversiones se concentran en el ámbito agrícola. Entre las empresas vinculadas a la familia aparecen: Inversiones Golán, Inversiones Las Pataguas, Agrícola Ben David, Exportadora Ben David y Ben Olam Fruit, creada en el año 2000 con un capital de $1.200 millones.

En noviembre de 2010, pocos meses antes de la creación de Ryefield en Nevada, la Exportadora Ben David II, constituida en diciembre de 2008 se dividió creándose una segunda sociedad: Inversiones El Almendro. Esta última se quedó con casi la totalidad de las acciones de Ben David II, avaluadas en cerca de $900 millones. CIPER le envió una carta a una de las apoderadas de la sociedad Ryefield, Yael Luft, pero ésta no respondió.

LIMPIAR LA ESCENA

Tras el intercambio de correos electrónicos que sostuvieron varios ejecutivos de Mossack Fonseca el 17 de septiembre de 2014, en el que manifestaron su preocupación por la actitud descuidada de la ejecutiva chilena, entró en escena el ingeniero Luis Martínez. Experto informático de Mossfon, Martínez, hizo un viaje relámpago a Nevada poco días después de que Amunátegui entregara su testimonio ante la justicia.

El 24 de septiembre, Martínez reportó por correo electrónico a la gerente corporativa de Mossack, Josette Roquebert, desde las oficinas de MF Corporate Services ubicadas en el número 5858 de la calle South Pecos de Las Vegas:

“Te confirmo que hay un teléfono que podemos instalarle que NO permite ver nuestro directorio corporativo ni que deje registrado los logs (registros) de llamadas. La desventaja es que la Sra. Patricia deberá acordarse de todas las extensiones a las que debe llamar o crearse una lista impresa o archivada en algún lugar para hacer las llamadas”.

Junto al cambio de teléfono, se instruyó una completa limpieza al computador de Amunátegui. Se realizaron al menos dos intervenciones al computador de la titular de MF Corporate. Una presencial y la otra remota. Los archivos extraídos se guardaron en los cuarteles generales de Mossfon en Panamá.

Oficina de Amunátegui en Las Vegas (Fuente: Mcclathydc.com)

El “asunto Amunátegui” era de la máxima urgencia y varias personas trabajaban en él. El mismo día en que el ingeniero llegó a la sede de Mossfon en Nevada, uno de los miembros de su equipo que intentaba limpiar vía remota el computador de la chilena desde Panamá, advirtió por correo electrónico que Amunátegui le había señalado que contrataría a una secretaria nueva: “Si la Sra. Patricia no está en la oficina y la chica está trabajando en Citrix (sistema de gestión de información digital utilizado por Mossfon) y llegan a revisar estamos mal. La Sra. Patricia no puede decirle a la chica nueva: si viene fulano, salte del Citrix. Eso levantaría sospechas”.

La visita a terreno de Martínez no hizo más que acrecentar las alarmas. Vía email advirtió a sus superiores: “Insisto…, la Sra. Patricia no tiene el perfil para pasar una auditoría básica sin dejarnos en evidencia. OJO!!!!”.

Las maniobras desplegadas por los empleados de Mossack Fonseca para ocultar los vínculos entre las oficinas de Nevada y Panamá no rindieron frutos. El 16 de marzo de 2015, el juez de Nevada Cam Ferembach falló que MF Corporate era el “alter ego” de Mossack Fonseca en Nevada.

“Cada una de las compañías supuestamente de Báez, tienen el mismo agente registrado, MF Corporate Services Ltd., entidad que tiene un empleado (Amunátegui), un cliente (Mossack Fonseca) y un dueño: Tornbell Associates Inc., compañía panameña cuyo agente es Mossack Fonseca y cuyos directores son todos empleados de Mossack Fonseca”, sentenció Ferembach.

La investigación sobre los dineros irregulares que habría amasado Báez bajo el gobierno de los Kirchner y sobre los complejos circuitos utilizados para llevarlos fuera de ese país aún se mantiene abierta. El 5 de abril pasado, Lázaro Báez fue detenido por la policía bonaerense en el aeropuerto para obligarlo a presentarse ante el juez al día siguiente. Su detención coincidió con el escándalo que provocaron en Argentina las revelaciones de los “Papeles de Panamá” publicados por el diario La Nación y que salpicaron al propio Presidente Mauricio Macri, quien también tenía vínculos con sociedades offshore.

Pese a todas las advertencias y reparos que había sobre su comportamiento, Amunátegui siguió en su puesto como titular de Mossack Fonseca en Nevada. La última intervención rastreable de la chilena en los millones de archivos del bufete panameño es un email fechado el 21 de diciembre de 2015. A esa fecha, la investigación contra Lázaro Báez en Argentina ya tenía nerviosos a otros beneficiarios de sociedades offshore que actuaban bajo el paraguas de Aldyne. Varios optaron por disolver sus sociedades o cambiar a su administrador. Precisamente, en este último correo de Amunátegui, la chilena le informa al ejecutivo  de Mossfon, Julio Rivera, que procederá a la disolución de la sociedad Xanadu International, pero que necesita alterar las fechas del trámite:

“Estimado (…) estaremos corrigiendo la fecha del formulario ya que aparece octubre. Es posible efectuar la disolución sin corrección, pero demostrará que nos demoramos dos meses en procesarla, por lo que prefiero corregir el formulario con fecha actual. ¿Le parece?”.

No se sabe si Rivera accedió o no a cambiar la fecha del formulario tal como sugirió Amunátegui. Lo que queda claro es que cuando se trataba de ocultar o alterar información, la chilena tenía a los mejores maestros.