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Al menos tres puntos negros provoca la insuficiente capacidad de Chile para fundir y refinar todo el cobre que produce: impide desarrollar una industria que utilice el mineral más elaborado, crear empleo y aumentar el valor de las exportaciones. Voces sindicales ya señalan que “el futuro de Codelco se juega en sus fundiciones y refinerías”. Por ello, las decisiones de la comisión que nombró la Presidenta para estudiar la “actividad de fundición y refinería del cobre” serán clave. En esta columna, Felipe Correa plantea por qué es necesario iniciar ahora el camino para llegar a tener un tercio de la capacidad de fundición y refinación de cobre a nivel mundial.

Los países cuando crecen, se parecen a las personas que entran a la etapa de la adultez: se vuelven responsables de su destino. Tengo la sensación de que un proceso de estas características se vive actualmente en Chile, lo que se expresa en varios ámbitos: en lo político, lo social, lo medioambiental, etc. Y también, en el hecho de que surgen voces que, respecto de nuestro desarrollo económico, llaman al país y a las políticas públicas a tomar las riendas del propio proceso de desarrollo.

En noviembre pasado la Presidenta Michelle Bachelet nombró una comisión especial encargada de estudiar la actividad de fundición y refinería del cobre en Chile, junto a las perspectivas para el futuro del sector.

Antes de continuar, vale la pena explicar brevemente de qué se trata la actividad de fundición y refinación del cobre. En el proceso productivo del mineral, una de las obtenciones más básicas se denomina concentrado de cobre, material que contiene aproximadamente un 30% de mineral de cobre, siendo el resto 70% escoria y otros subproductos. Sin embargo, este concentrado de cobre no sirve para ser utilizado si no pasa por un proceso de refinación. Así, el 100% del cobre que se extrae debe en algún momento ser refinado. De este proceso de refinación se obtiene cobre refinado cuyo grado de pureza puede llegar al 99,99% de cobre contenido. Sin embargo, no todo el cobre puede ser refinado directamente, pues la parte mayoritaria actualmente en nuestro país tiene que pasar, antes de ser refinado, por un proceso intermedio de fundición.

La designación de esta Comisión tiene una importancia crucial en un contexto en el que el país carece de la capacidad para refinar todo el cobre que se produce. Que Chile no cuente con la suficiente capacidad para fundir y refinar el cobre en el país, significa que la exportación de cobre está compuesta cada vez en mayor medida por concentrados, en vez de refinados. Evidentemente, la cada vez menor proporción de cobre refinado se convierte en una barrera para el establecimiento de una industria que utilice el mineral de formas más elaboradas, que agregue valor a la producción, que cree empleo y aumente también el valor de las exportaciones.

Y es por esto que la conformación de esta comisión especial es tan relevante, pues a pesar de que tanto CODELCO como autoridades del gobierno habían insistido en años anteriores en la necesidad de contar con mayores definiciones en torno a la actividad de fundición y refinación, no fue sino hasta fines del año pasado que por primera vez la Presidencia decide tomar cartas en el asunto. Sin duda, una tremenda y positiva señal para el desarrollo del país.

Esta columna busca explicar por qué es fundamental contar con nuevas inversiones en instalaciones de fundición y refinación del cobre, mismos argumentos que son presentados en un estudio reciente publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y que apuntan en la dirección de fortalecer la cadena productiva de la minería en Chile.

LA MINERÍA EN CHILE

El sector minero representa el 13% de todo lo que se produce en Chile al año (PIB). El valor de la producción minera es casi 200 veces la producción acuícola nacional, 24 veces el sector forestal, 17 veces el sector vitivinícola. Las exportaciones mineras son también alrededor del 60% del total de exportaciones del país. No por nada en los años 60’s la minería del cobre era llamada “La viga maestra de la economía chilena”, “El sueldo de Chile”. Y de todo el sector minero, la sola minería del cobre representa el 90%.

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Siendo la minería del cobre la actividad principal, el grado de elaboración del mineral ha descendido a través de los años (Gráfico 23). Esto se relaciona con lo ya mencionado: la producción y las exportaciones de cobre se hacen cada vez más en forma de concentrados que son finalmente refinados en otros países. La situación es relativamente grave si la tendencia se proyecta en el tiempo: de materializarse los proyectos mineros previstos, sin ningún tipo de intervención del Estado en la materia, el porcentaje de cobre refinado que Chile produciría bajaría desde un actual 47,5%, a solo un 12% de aquí a 10 años (COCHILCO, 2015).

La cada vez menor elaboración del cobre en Chile tiene una serie de consecuencias que explicaremos a continuación en seis puntos:

1)    Si el cobre no se refina en Chile, es muy difícil que se desarrolle una industria manufacturera. Y la historia muestra que los países desarrollados han llegado a ser lo que son en parte gracias al establecimiento de una fuerte industria manufacturera al interior de esos países (Chang, 2004). Desestimar la industria manufacturera significa, por tanto, hipotecar el desarrollo futuro.

2)    La creciente exportación de concentrados de cobre, en desmedro de la exportación de cobre refinado, implica que en la “escoria” que se exporta junto al mineral, van valiosos subproductos (como oro, plata, molibdeno, renio, sulfuro, etc.) que las mineras no necesariamente declaran como ventas. Al contrario, de exportar cobre refinado, el contenido mineral de las exportaciones es conocido pues los cátodos de cobre refinado que se exportan están compuestos en más de un 99% de cobre fino (el contenido es conocido). Para no ir más lejos, hace solo un par de semanas un reportaje de Ciper denunciaba las fallas de Aduanas en la fiscalización de las exportaciones minerales (ver nota). Producir y exportar cobre refinado permite aprovechar los valiosos subproductos que van junto al cobre, tanto para su transformación, como para que las empresas mineras tributen lo que corresponde por el hecho de vender minerales que son en realidad propiedad de todos.

3)    Los concentrados de cobre que exporta Chile están teniendo crecientes contenidos de arsénico. La alta presencia de esta sustancia tóxica determinó, por ejemplo, que el año pasado el gobierno de Zambia hiciera devolver un cargamento de concentrado de cobre chileno por superar el límite aceptado de arsénico contenido en ellos. El creciente contenido de arsénico hace difícil la aceptación de los concentrados de cobre por parte de los países a los cuales se dirigen las exportaciones. Refinar el cobre en Chile y exportarlo en su forma más pura plantea una solución eficiente al problema de aceptación de concentrados “sucios”. Y abre la puerta también para desarrollar una industria que aproveche el arsénico para usos productivos.

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1)    Una de las principales preocupaciones (incluso de los gerentes de la minería) es el creciente poder monopsónico de China en materia de fundiciones y refinerías. Debido a que el 35% de la capacidad de fundición a nivel mundial se ubica en China (Gráfico 29), estos pueden cobrar altos cargos por fundir y refinar el cobre en sus instalaciones, pues sus fundiciones son altamente superiores en eficiencia, además de tener la capacidad suficiente para absorber la producción de cobre concentrado proveniente de Chile (capacidad que Chile actualmente no tiene). Así, la construcción de nueva capacidad en fundiciones en Chile implicaría incluso un beneficio para las empresas mineras que operan acá, por la posibilidad que tendrían de elegir el lugar de fundición que les ofrezca mejores condiciones en términos de costos (mayor competencia).

2)    Crecientes pérdidas por deducciones metalúrgicas (o pérdidas metalúrgicas). Las deducciones metalúrgicas son parte de los ingresos de la actividad de fundición, pues las fundiciones no pagan a las mineras el 100% del cobre recibido, sino un porcentaje menor pues se asume que durante el proceso existe cierta pérdida del mineral. Estas deducciones son estándares internacionales y no necesariamente se relacionan con la capacidad real de la fundición para capturar mayores proporciones del metal. Algunas estimaciones sugieren que estas pérdidas representarían para CODELCO en torno a US$175 millones (Valdés, 2012) lo que lógicamente se transformaría en un ingreso extra para CODELCO si se decidiera a expandir la fundición y refinación de cobre en el país.

3)    La falta de capacidad en infraestructura de puertos y carreteras para el transporte de grandes cantidades de concentrado de cobre, lo que se transformaría eventualmente en inversiones sustanciales –que asumiría el Estado, por cierto- para adecuar la capacidad de los puertos nacionales. Esto se produce esencialmente porque para trasladar el concentrado de cobre el espacio utilizado es tres veces mayor al utilizado en el traslado de cobre refinado (el cobre concentrado solo tiene alrededor de un 30% de contenido de cobre, siendo el resto escoria). Según afirmó el año pasado un gerente de Anglo American en la Comisión de Energía y Minería del Senado, solo el puerto de Mejillones estaría habilitado para recibir barcos de mayor tamaño, lo que se convierte en un serio problema de infraestructura. Transitar hacia la producción de cobre refinado implicaría un ahorro en las inversiones que el Estado tendría que asumir para permitir la salida de los futuros concentrados.

Estas son solo algunas de las razones por las cuales es beneficioso y necesario que el Estado asuma en plenitud su rol conductor de la economía, y se decida a proponer una Política Nacional de Fundiciones (para más profundidad sobre cada uno de los puntos anteriores, ver estudio).

La construcción de nuevas instalaciones de este tipo en Chile es también rentable desde un punto de vista económico-comercial, bajo ciertas condiciones: una escala de producción suficientemente grande -por los altos costos fijos que requieren este tipo de construcciones-, y una tecnología de última generación –como la que se utiliza actualmente en China.

Algunos han argumentado en el pasado que si esta actividad fuera rentable, las mineras ya habrían invertido en sus propias fundiciones. La razón por la que no lo han hecho cabalmente es sencilla: la industria de fundiciones es esencialmente distinta a la de extracción minera. Las rentabilidades de la fundición, aunque positivas, son sustancialmente menores a las de la minería. Además no es el negocio de las mineras, no es lo que saben hacer. Tampoco es un negocio muy atractivo para los privados no mineros. La inversión necesaria es muy grande y no existe seguridad de contar con los minerales necesarios para mantener la actividad (pues los privados no-mineros no poseen explotación directa de yacimientos). Y es por esto justamente que se justifica la acción del Estado en esta materia, pues entre otras cosas, CODELCO y ENAMI tienen asegurada la provisión de mineral. Y Chile no estaría inventando nada nuevo: los países que han tenido éxito en la actividad de fundición y refinaría, históricamente han tenido una acción muy fuerte de parte del Estado. Aunque con diferentes estilos, los recientes casos exitosos de China e Indonesia ilustran el punto.

POR UNA POLÍTICA NACIONAL DE FUNDICIONES

Ya en la Expomin del 2014 se llamaba a una “política de fundiciones a nivel nacional”. En 2015 el vicepresidente de Enami enfatizaba que hacía falta una “política de Estado” respecto a la fundición del cobre en el país. A fines del año pasado el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile realizaba un seminario para tratar específicamente el tema del futuro de las fundiciones en el país, y este año incluso el Sindicato N°1 de Chuquicamata señalaba que “el futuro de Codelco se juega en sus fundiciones y refinerías”. Así, pareciera ser que existe una preocupación transversal entre los actores de la minería por el tema de la fundición y refinación del cobre.

Felizmente, el tema también se está instalando en los diseñadores de las políticas de desarrollo minero. En el recientemente lanzado Roadmap Tecnológico del Programa Minería Alta Ley de CORFO se considera la actividad de Fundición y Refinería como uno de los “núcleos traccionantes” (desafíos actuales) señalando que “Chile, como primer productor mundial de cobre, debe defender su posición en el mercado global a través de la venta de cátodos”. Este Roadmap señala también que “se requiere sacar las actuales operaciones del nivel de obsolescencia tecnológica en que se encuentran, actualizando y/o reemplazando dichas instalaciones”.

Así las cosas, en términos estratégicos parecen ser dos las opciones sobre las que una Política Nacional de Fundiciones se debería definir: 1) actualizar las instalaciones que existen actualmente, y/o 2) crear nueva capacidad de fundición. Nuestro análisis apunta hacia la conveniencia económica y social de la segunda opción: construir nueva capacidad en fundición y refinería que sea capaz de refinar el 100% del cobre concentrado producido en Chile (para más detalles, ver estudio). De esta manera nuestro país contaría con un tercio de las reservas mundiales, un tercio de la producción de cobre de mina, y además un tercio de la capacidad de fundición y refinación de cobre a nivel mundial. Estos tres tercios determinarían un liderazgo indiscutido de Chile en cuanto al cobre, incluyendo un impulso a la posibilidad de construir una industria manufacturera de productos de cobre de clase mundial.

Chile tiene todo lo necesario para avanzar. Existen profesionales altamente capacitados para poner en marcha paulatinamente las inversiones necesarias contenidas en una Política Nacional de Fundiciones. Al ser esta una actividad comercialmente rentable, y sumado a las bajas tasas de interés a las cuales son capaces de acceder las empresas del Estado, existen posibilidades ciertas de financiamiento. La provisión de concentrados está también asegurada por la aplicación de la Ley de Reserva del Cobre (y una redefinición del Decreto que regula esta Ley).

Es de esperar que la Comisión especial nombrada por la Presidencia se pronuncie en los próximos días de forma favorable sobre la necesidad de una Política Nacional de Fundiciones que aborde los elementos antes descritos, abandonando así lo que ha sido descrito como una posición cobarde por parte del Estado para desarrollarse en ámbitos productivos de carácter estratégico. Habrá que ver entonces si los técnicos, especialistas y políticos convocados en esta Comisión son capaces de seguirle el ritmo al proceso de maduración que el país ha mostrado en otros ámbitos, para dar por fin el salto y proponer lo que ya hace muchos años se había hecho necesario.